El curso escolar ha comenzado este miércoles en Castilla y León sin incidencias "relevantes" para 176.955 alumnos de Infantil, Primaria, Educación Especial y los estudiantes de ESO matriculados en CEIP en 1.068 centros educativos.

Los próximos días 14 y 21 se incorporarán a los centros los estudiantes del resto de etapas educativas, según han informado a Europa Press fuentes de la Junta.

Para la Consejería de Educación, esta apertura, caracterizada por una normalidad distinta a la de otros cursos por la pandemia generada por el Covid-19, supone el primer "gran paso" para garantizar el derecho a la educación en un año "tan atípico".

Así, el curso arranca marcado por las medidas establecidas en los protocolos, elaborados en estrecha coordinación con las autoridades sanitarias, y para el que ha sido necesario un mayor esfuerzo en la planificación por parte de los servicios centrales de la Consejería de Educación, las direcciones provinciales y los equipos directivos de los centros.

Del total de los 176.955 estudiantes que han comenzado hoy las clases, 116.693 están escolarizados en centros públicos y 60.262 en centros concertados. Al desglosar el cómputo total por enseñanzas, 52.945 escolares cursan segundo ciclo de Infantil; 122.529, Primaria; 1.307, Educación Especial; 174 son los alumnos que estudian ESO en centros de Primaria.

En lo que se refiere a los 1.068 centros educativos que imparten segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial, así como los centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP) con estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria matriculados en ellos, la Administración educativa autonómica señala que 805 son públicos y 263 concertados.

TRANSPORTE ESCOLAR

Asimismo, los alumnos de los centros públicos que comienzan hoy las clases cuentan con 842 rutas de transporte escolar para centros de Infantil y Primaria y 136 rutas de Educación Especial, estando prevista su utilización por, aproximadamente, 14.000 usuarios.

Las nueve direcciones provinciales de Educación no han comunicado incidencias relevantes en el comienzo de curso. Lo más destacado ha tenido lugar en la Zona Básica de Salud de Puebla de Sanabria, donde han faltado 214 alumnos - 23 en Palacios de Sanabria, 95 en Puente de Sanabria, 20 en Revellinos y 76 en Puebla de Sanabria-.

Fundación Santa María la Real y Fundación Telefónica han puesto en marcha en el mes de octubre ocho nuevas Lanzaderas Conecta Empleo para ayudar a personas en desempleo de Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha y Región de Murcia a reactivar con éxito su búsqueda de trabajo, usando nuevas técnicas y herramientas de prospección laboral.

Para ello, ambas fundaciones cuentan con la cofinanciación del Fondo Social Europeo a través del programa operativo POISES; y la colaboración de diversas administraciones públicas de dichos territorios, según detallan en un comunicado.

Las ocho Lanzaderas Conecta Empleo se pondrán en marcha en Córdoba, Jaén y Granada, en Andalucía; Las Palmas de Gran Canaria y San Cristóbal de La Laguna, en Canarias; Puertollano y Talavera de la Reina, en Castilla-La Mancha; y Murcia, en la Región de Murcia.

Todas ellas comenzarán a finales de octubre y estarán operativas hasta finales de marzo de 2021, ofreciendo de forma gratuita orientación laboral, acompañamiento y asesoramiento hasta un máximo de 240 personas en desempleo.

Estas ocho nuevas Lanzaderas Conecta Empleo se suman a las 25 que funcionan desde mayo en un formato virtual con más de 500 participantes y que concluirán a finales de este mes de septiembre.

Pueden participar en las mismas hombres y mujeres en situación de desempleo, con edades comprendidas entre los 18 y los 60 años, con cualquier nivel de estudios (ESO, Formación Profesional, Bachillerato, Universidad, Master, etc.) y proceder de cualquier sector profesional, con o sin experiencia previa.

Las personas participantes se reunirán varios días a la semana de forma virtual (a través de diferentes aplicaciones informáticas) y de forma presencial, en locales cedidos gratuitamente por las administraciones públicas donde se contará con todas las medidas de higiene, distancia social y seguridad requeridas. No obstante, si la situación por la pandemia se agrava, el programa pasará a un formato totalmente online.

Las personas interesadas en participar disponen hasta el 9 de octubre para realizar su inscripción en la web del programa 'www.lanzaderasconectaempleo.es'.

El Ayuntamiento de Almonte (Huelva) ha convocado una junta local de seguridad para abordar las peregrinaciones extraordinarias a la localidad debido a la estancia de la Virgen del Rocío en la iglesia parroquial. De hecho, la filial de Fuengirola (Málaga) ha suspendido la suya debido al alto número de casos registrados en la localidad malagueña.

De este modo, según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, la estancia extraordinaria de la Virgen del Rocío en la Iglesia parroquial de Almonte, a causa de la pandemia del coronavirus, hace que la peregrinación extraordinaria que, fuera de la romería, realiza cada una de las hermandades filiales a la aldea de El Rocío, tengan este año como destino la localidad de Almonte

El próximo domingo, 13 de septiembre, comienza el calendario de esas peregrinaciones extraordinarias de hermandades y agrupaciones rocieras, motivo que ha llevado al Ayuntamiento almonteño a convocar una reunión de la Junta Local de Seguridad.

En la misma, además de los titulares de las concejalías de Seguridad Ciudadana y de El Rocío, han participado representantes de las administraciones provincial, regional y central, fuerzas y cuerpos de seguridad, Policía Local, Guardia Civil, Policía Autonómica y Protección civil de Almonte, así como la vicepresidenta primera de la hermandad Matriz de Almonte.

Las hermandades filiales de Los Palacios y Villafranca, Castrense y Chiclana de la Frontera abren el citado calendario, este año sujeto a una lógica incertidumbre y especial cautela ante el desarrollo de la pandemia por coronavirus.

En este sentido, la hermandad de Fuengirola ha anunciado que no hará su peregrinación por los muchos contagios que esta ciudad malagueña está teniendo, una medida que cualquiera de las 126 hermandades deberá adoptar en situaciones similares, según se recoge en las medidas y recomendaciones de seguridad para evitar los contagios facilitadas por la Matriz, que la junta local ha tenido oportunidad de conocer hoy.

Entre las medidas destacan el mantenimiento de la distancia de seguridad y mascarillas, limitación del número de peregrinos y limitación del aforo de la iglesia, entre otras, así como la colocación de pantallas en el santuario para las personas que por restricción de aforos no puedan venir a la parroquia almonteña. La medida más drástica que se contempla sería la interrupción temporal del calendario de peregrinaciones, en el supuesto de que en Almonte hubiera un incremento significativo de contagios.

"COLABORACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES"

En declaraciones a los periodistas, el titular de la concejalía de Seguridad Ciudadana, Manuel Ángel Fernández, y la concejal de El Rocío, Macarena Robles, han coincidido en señalar el especial empeño puesto en la colaboración entre administraciones que, una vez más, se pone en marcha, junto a la Hermandad Matriz de Almonte, para velar por la seguridad de los peregrinos que vienen a Almonte por encontrarse aquí la Virgen del Rocío.

"Teniendo en cuenta las circunstancias especiales que estamos viviendo hemos tenido que aunar, todavía más si cabe, más empeño, más esfuerzo y más coordinación en una serie de medidas, y en base a las recomendaciones de la Hermandad Matriz", han dicho.

Las medidas anti-Covid por la seguridad sanitaria estarán a cargo de la hermandad Matriz en el interior del templo y de las fuerzas y cuerpos de seguridad --Policía Local, Guardia Civil, Policía Autonómica y efectivos de Protección Civil de Almonte--, en la vía pública, tanto de esta localidad como en la aldea de El Rocío.

Según ha explicado el citado concejal, "debido al número insuficiente de la plantilla de la policía local de Almonte, el Ayuntamiento ha llegado a convenios con los distintos municipios de la zona que nos estén nutriendo con bastantes efectivos policiales, quedando cubiertas las necesidades tanto de Almonte como de la aldea de El Rocío". "Se suma la labor de la Guardia Civil, de la Policía Autonómica y de Protección Civil de Almonte".

Por su parte, Macarena Robles ha considerado como esencial pedir a la ciudadanía "comportamientos responsables y colaboración, cumplimiento de las normas y respeto a las directrices y recomendaciones tanto de las fuerzas y cuerpos de seguridad como del ayuntamiento de Almonte y de la hermandad Matriz de Almonte".

Los Servicios Epidemiológicos de la Junta de Castilla y León en Soria han registrado ocho positivos más concernientes al brote de Sars-CoV-2 declarado en Valdemaluque, lo que deja la cantidad de contagiados en 38, según han informado desde la Delegación de la Junta en Soria.

Del total, 18 casos pertenecen a la Zona Básica de Salud de El Burgo de Osma, dos a la Zona Básica de Soria Norte, uno a la Zona Básica de Soria Rural y 12 son desplazados. Las cinco personas restantes pertenecen a la Zona Básica de San Leonardo y se trata de convivientes de la misma familia.

El origen del brote es mixto, familiar y de ocio, y según los Servicios Sanitarios no hay transmisión comunitaria.

Cuatro personas procedentes de este brote se encuentran hospitalizados, una de ellas trasladada en el día de ayer a la UCI.

La Dirección General de Salud Pública, a través del Servicio Territorial de Sanidad de Soria permanece atenta en las tareas de vigilancia y el control epidemiológico de los brotes.

La labor realizada mediante el correspondiente control de casos, con las encuestas de contactos y la investigación de las relaciones sociales de estas personas, tanto en sus entornos familiares como sociales y laborales, ayuda a prevenir y controlar cualquier contingencia sanitaria provocada por el coronavirus.

La Junta de Castilla y León apela a la responsabilidad individual y colectiva de los ciudadanos, cumpliendo las medidas básicas de distancia social, higiene de manos y uso obligatorio, con carácter general, de la mascarilla en vías públicas, ámbitos urbanos al aire libre y espacios cerrados de uso o abiertos al público, con el fin de evitar situaciones que pudieran suponer riesgo de contagios y rebrotes de la enfermedad.

El fiscal Jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, sustituirá este jueves a los fiscales del caso 'Tándem', Ignacio Stampa y Miguel Serrano, en el interrogatorio del que fuera coordinador del equipo legal de Podemos José Manuel Calvente en la Audiencia Nacional por la pieza 10, denominada 'Dina'.

Fuentes fiscales consultadas apuntan que la razón de este cambio es la "trascendencia política" de esta pieza separada, en la que se investiga el robo del teléfono móvil de Dina Bousselham en 2015 cuando era asesora del líder de Podemos, Pablo Iglesias, y el posterior uso de sus datos.

Al hilo, cabe recordar que el caso afecta de lleno al vicepresidente segundo del Gobierno, que dejó de tener la condición de perjudicado en el mismo después de que el magistrado Manuel García-Castellón entendiera que su actuación había tenido consecuencias en el esclarecimiento de los hechos investigados.

A esto se suma que desde hace una semana el partido Vox ejerce en esta causa como acusación popular. Este nuevo actor también presentó una querella contra Iglesias, Bousselham, la abogada de ésta Marta Flor, y el fiscal Ignacio Stampa, si bien el juez no la ha admitido de momento al constatar un defecto procesal subsanable.

Fuentes consultadas apuntan que el partido de Santiago Abascal trabaja para subsanar ese defecto "en breve" y resaltan que tienen de plazo para presentarlo en forma hasta el viernes 11 de septiembre.

CALVENTE NO COMPARTÍA LA ESTRATEGIA DEL PARTIDO

La citación de Calvente como testigo, llegó después de que El Confidencial y El Mundo publicaran parte de una conversación entre letrados de Podemos en la que se ponía de manifiesto que Calvente cuestionaba la estrategia jurídica emprendida por el partido a raíz de la apertura de la pieza.

En concreto, y según ha explicado el propio Calvente, él advirtió en el partido de que la exasesora había hecho capturas de pantalla de conversaciones que meses después, y tras el robo del terminal, aparecieron publicadas en medios de comunicación, por lo que en aquel momento no se podía asegurar que Podemos hubiese sido víctima de las "cloacas.

Así pues, y dado que cuando se abrió la pieza 'Dina', en marzo de 2019, Calvente aún dirigía los servicios jurídicos del partido morado, y él mismo se ha pronunciado en medios de comunicación sobre su oposición a que se utilizara políticamente esta causa judicial, el magistrado ha decidido citarle para escuchar su versión de los hechos.

Calvente fue despedido de Podemos en diciembre de 2019 tras la acusación de Marta Flor, otra de las letradas del partido y asimismo representante de Bousselham --y hasta hace unas semanas de Pablo Iglesias-- en la pieza 10 del 'caso Villarejo', por acoso sexual y laboral, justo cuando Calvente investigaba posibles irregularidades contables en el partido.

Un juez de Madrid archivó recientemente la denuncia de Flor al no detectar indicios de acoso. Paralelamente, el abogado denunció las supuestas irregularidades contables de Podemos ante los juzgados de Plaza de Castilla de la capital.

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) ha emitido este miércoles un comunicado en el que insta a los gobiernos a planificar "cuidadosamente" el transporte y distribución de la vacuna contra el Covid-19 una vez se desarrolle para asegurar una preparación adecuada de los agentes de la industria implicados.

La IATA señala que la industria de carga aérea ha desempeñado siempre un papel fundamental en la distribución de vacunas siguiendo sistemas de distribución bien establecidos y con control de temperatura. Por tanto, será "crucial" para el transporte de la vacuna para el coronavirus, pero "no se producirá sin una planificación cuidadosa".

Esta capacidad será crucial para el transporte y la distribución rápida y eficiente de las vacunas Covid-19 cuando estén disponibles, y no se producirá sin una planificación cuidadosa, dirigida por los gobiernos y apoyada por las partes interesadas de la industria.

El consejero delegado de IATA, Alexandre de Juniac, ha señalado que la entrega de las vacunas será "la misión del siglo" para la industria de carga aérea, pero que "no sucederá sin una cuidadosa planificación previa". De Juniac ha añadido que el momento para ello "es ahora", para que se pueda cooperar a través de las cadenas de logística para que las instalaciones, los acuerdos y los movimientos fronterizos estén listos para cuando llegue el momento.

Las vacunas deben manipularse y transportarse de acuerdo con la normativa europea, a temperatura controlada y sin demora para garantizar la calidad del producto. Teniendo en cuenta que la escala de la actividad una vez que se desarrolle la vacuna.

Además, al ser productos "de gran valor" deben tomarse medidas para proteger los envíos de la manipulación o el robo. Por tanto, será necesario trabajar con las autoridades sanitarias y aduaneras para garantizar la seguridad de las vacunas y su manipulación apropiada al pasar por la aduana.

Además, la IATA propone una serie de medidas que pueden facilitar el transporte de la vacuna, como la aplicación trámites rápidos para los permisos de sobrevuelo y aterrizaje, eximir a las tripulaciones de cuarentena obligatoria o conceder prioridad a la llegada de esos envíos.

Por último, recuerda que los gobiernos deben tener en cuenta la actual reducción de la capacidad de carga que hay en la industria del transporte aéreo mundial ya que muchas aerolíneas han reducido sus flotas ante la pandemia.

LANZA UNA PLATAFORMA PARA AYUDAR A LA INDUSTRIA AÉREA

La IATA ha lanzado la plataforma ONE Source para ayudar a la industria de carga aérea a ajustar las necesidades de transporte con la capacidad de las infraestructuras.

La plataforma servirá para dar una información más precisa sobre los vuelos de carga aérea, pensado especialmente para el transporte de productos sanitarios.

Toda la información que contiene la aplicación ha sido verificada por la IATA para ayudar a garantizar su exactitud. Es gratuita para todos los proveedores de servicios de la cadena de suministro de carga aérea.

La comisión de expertos encargada de la elaboración del anteproyecto de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) ha entregado este miércoles al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, su propuesta de regulación integral, que supondrá la superación del modelo decimonónico a través de la figura del fiscal como investigador de las causas penales.

El Gobierno prevé tramitar la propuesta como el Anteproyecto de Ley en el plazo de un mes, según ha informado justicia.

La propuesta parte de anteriores intentos que no llegaron a cristalizar en el Parlamento, como fue el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2011 y la Propuesta de Código Procesal Penal de 2013, junto con las reformas operadas en la actual LECrim por la Ley Orgánica 13/2015 en materia tecnológica y la ley 41/2015 en relación con las garantías procesales, según ha informado el ministerio en una nota.

El texto según adelanta el Ministerio, se sitúa a la vanguardia en cuestiones como la utilización del ADN, la prueba científica, el tratamiento automatizado de datos y las búsquedas inteligentes, las investigaciones encubiertas en entornos digitales o la denuncia telemática.

Otra cuestión destacada de la nueva regulación es la creación de un régimen de protección especial para los menores y las personas con discapacidad durante el proceso penal.

CLARIDAD DEL LENGUAJE EN EL ARTICULADO

Asimismo, respondiendo a las directrices marcadas por el propio ministro, en el lenguaje utilizado para la redacción del articulado se ha priorizado la claridad y sencillez con el fin de hacer la norma un ejemplo de norma jurídica comprensible.

El cambio de modelo, según Justicia, responde también a la necesidad de dar cumplimiento a las obligaciones internacionales contraídas por España y armonizar el ordenamiento español con el Derecho europeo. Además, la implantación del nuevo paradigma procesal penal permite un mejor encaje de la figura, de reciente creación, de la Fiscalía Europea.

En este sentido, Campo ha manifestado su voluntad de convertir el futuro anteproyecto "en un verdadero marco de debate donde el ministerio de Justicia se mostrará tan permeable como interesado en integrar la visión de todos los colectivos que tengan interés en participar del necesario proceso de transformación de nuestra justicia penal".

"Nuestra intención es que sus propuestas se vean reflejadas en el texto que se presente finalmente a las cámaras", apostilla, insistiendo en que "dada la envergadura e importancia del proyecto, es fundamental concitar un gran consenso, algo que solo será posible desde la participación de todos".

De este modo, una vez aprobado el anteproyecto en primera vuelta en Consejo de ministros, desde el Ministerio se abrirá un estrecho diálogo con el conjunto de la comunidad jurídica y otros sectores implicados con objeto de convertir la tramitación de la norma en un proceso que califica como "de construcción colectiva".

Varias organizaciones feministas y por los derechos sociales han puesto en marcha una campaña para exigir "responsabilidades y destituciones" en los servicios públicos de vivienda, Etxebide, y de empleo, Lanbide, ambos del Gobierno Vasco, por "negar protección y ayuda a una mujer víctima de violencia machista y con discapacidad del 57% e ignorar las recomendaciones al respecto emitidas por el Ararteko".

El grupo La Posada de los Abrazos, la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Bizkaia, el colectivo Mujeres del Mundo-Babel, la organización Trabajadoras NO Domesticadas, el Centro Asesor de la Mujer Argitan y la plataforma contra la exclusión social Berri-Otxoak se han unido para denunciar el caso y exigir que "Lanbide, Etxebide y el conjunto del Gobierno Vasco defiendan los derechos que asisten a las mujeres víctimas de violencia machista".

Los colectivos, que se han concentrado este miércoles ante la sede del Gobierno Vasco en Bilbao, han denunciado que, "a pesar de las campañas instituciones en contra la violencia machista, a la hora de la verdad los servicios públicos de empleo Lanbide y de vivienda Etxebide no tienen en cuenta la situación de las mujeres maltratadas, a las que, como en el último caso defendido por el Ararteko, se les niega tanto el acceso a la vivienda como a las prestaciones sociales, a pesar del peligro para la integridad de las víctimas".

La reclamación se produce precisamente después de que la institución del Ararteko haya emitido una resolución en la que reclama al Departamento de Vivienda que "rectifique" la decisión del delegado en Bizkaia de "negar a la víctima de violencia machista la inscripción en el registro de Etxebide de solicitantes de vivienda protegida". Esta actuación de Etxebide ha supuesto, además, que Lanbide reclame a la mujer 3.800 euros, han indicado los colectivos.

"Los hechos revelados por el Ararteko son de una gravedad tan grande que ya no basta con rectificar, sino que el Gobierno Vasco debe demostrar con hechos que se toma en serio la protección y lucha frente al machismo, y para ello tiene que cortar cabezas políticamente e imponer sanciones por sendas actuaciones que son, además de injustas, humillantes y vejatorias, revictimizan vergonzosa y desvergonzamente a una mujer protegida por la justicia porque ha sufrido violencia de género", han advertido.

Las entidades sociales han pedido también a las fuerzas políticas que "exijan en el Parlamento Vasco explicaciones y responsabilidades por este hecho".

Las asociaciones han advertido del inicio de movilizaciones "hasta conseguir que se rectifique y se impongan sanciones ejemplificadoras por estos hechos", y han instado al lehendakari, Iñigo Urkullu, a que dé "un paso adelante y demuestre que no hay impunidad en las actuaciones violentas contra las mujeres, que no sólo se producen por parte de las parejas machistas sino que, como en esta ocasión, también se producen por parte de una Administración pública que ni entiende ni quiere entender situaciones que son dramáticas y que ponen en riesgo la vida de las personas".

Canarias ha contabilizado este miércoles 250 nuevos positivos --frente a los 178 del día anterior-- lo que eleva la suma de acumulados a 9.656 desde que arrancó la pandemia, según recoge el balance de datos que actualiza cada día la Consejería de Sanidad.

El archipiélago cuenta con 6.284 casos activos, 104 más que el lunes, al registrarse dos personas fallecidas en Gran Canaria y 144 altas --3.183 personas han superado ya la enfermedad en las islas--.

De las personas que pasan la enfermedad actualmente, 51 están en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), tres más que el martes, otras 207 están hospitalizadas (-2) y el resto, un total de 6.026, están aisladas en sus domicilios.

Por islas, Gran Canaria ha sumado este martes 182 casos nuevos que suben el acumulado a 5.441 y los activos a 4.393 --3.631 en la capital, Las Palmas de Gran Canaria-- con un total de 57 fallecidos (+2), seguida de Tenerife, con 18 casos nuevos --2.736 acumulados y 1.108 activos-- y 119 muertos.

En Lanzarote se han registrado 38 casos nuevos con lo que los acumulados suben a 854 y los activos a 556, mientras que la cifra de fallecidos sigue en 7.

En el caso de Fuerteventura, con 10 positivos este miércoles, los acumulados suben a 391 y los activos a 138; y en La Palma, sin nuevos casos, se alcanzan los 162 y 31 respectivamente.

La isla de El Hierro ha contabilizado un nuevo caso, por lo que los acumulados ascienden a 45, 42 de ellos activos, mientras que en La Gomera, con un nuevo positivo, se alcanzan los 23 y 12 casos, respectivamente.

Hasta la fecha, en Canarias se han realizado 282.144pruebas PCR para detectar el coronavirus, con un 4,28% de muestras positivas.

La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas está en contacto con el Ayuntamiento de Llíria (Valencia) y ofrecerá "colaboración máxima" si alguna de las familias quiere trasladar a su pariente de la residencia DomusVi de esta localidad a otra plaza pública disponible: "Que se pongan en contacto con el ayuntamiento y nosotros lo facilitaremos al máximo".

Así lo ha indicado el director general de Infraestructuras de Servicios Sociales, Enric Juan, en declaraciones a los medios para informar de las actuaciones realizadas tras la denuncia pública de una exempleada de la residencia que grabó imágenes de ancianos desasistidos, por la que la Fiscalía Provincial de Valencia ha abierto de oficio diligencias de investigación penal.

En este centro privado hay 35 plazas públicas concertadas y, según ha indicado Juan, el consistorio es el encargado de tramitar los recursos de la dependencia y "sabe cómo puede tramitar los cambios" de estas a otras plazas si así lo piden las familias. Se pueden solicitar, ha recordado, en cualquier momento, como también pasar de un tipo de prestación a otra.

"Nosotros ofrecemos colaboración máxima, si alguna de las familias quiere trasladarse que se ponga en contacto con el ayuntamiento y nosotros lo facilitaremos al máximo", ha indicado.

Respecto a la investigación abierta tras la difusión de las imágenes de la exempleada, ha recordado que ya había incoado un expediente sancionador sobre esta residencia ante denuncias previas de los familiares, que está en su última fase y en el que se ha propuesto una multa de 174.000 euros a la empresa.

Esas denuncias estaban relacionadas en algunos casos con "el trato que se daba a los usuarios" o sobre las propias condiciones en que se encontraba la infraestructura. La Inspección "fue, comprobó los detalles, se han hecho inspecciones de seguimiento para ver qué aspectos se subsanaban y cuáles no y en base a eso es por lo que se ha impuesto sanción".

Las denuncias se produjeron en 2019 y, según Enric Juan, la Conselleria ha actuado siempre tanto de oficio, dentro del plan de inspección, como a raíz de las quejas. Preguntado sobre si cree que se debería haber estado más pendiente de este centro a raíz de esas denuncias, ha indicado que "es de las que más se ha visitado", con cuatro visitas en los últimos meses antes de la pandemia e incluso en 2020. "Desde ese momento no hemos tenido ya más quejas de las familias y por eso no se ha actuado", ha agregado.

Así, ha reiterado: "Hemos ido de oficio a instancias de la familias y en cuanto hemos tenido conocimiento de alguna actuación se ha actuado de manera inmediata".

A la luz de las nuevas imágenes, el director general ha precisado que se ha dado traslado de este hecho a Fiscalía y a la Inspección de Servicios Sociales "por si hay nuevos hechos que se tengan que investigar", se incoarán "los expedientes que toque para depurar responsabilidades" y si hace falta se hará una nueva visita.

RESPONSABILIDADES Y CONTRATO

"Vamos a comprobar primero mediante la Inspección de Servicios Sociales la veracidad de los hechos, si pueden ser constitutivos de alguna sanción, si puede ser algún delito si así Fiscalía lo determina y a partir de ahí se derivarán las responsabilidades tanto por la Ley de Servicios Sociales como posiblemente por incumplimientos contractuales", ha dicho.

Preguntado sobre si la empresa, DomusVi, funciona peor que otras del sector, ha indicado que es un análisis que queda pendiente porque aún estamos en pandemia pero la percepción general es que la Covid-19 "ha afectado de forma muy desigual a las residencias".

El sector, ha añadido, "funciona de manera adecuada de forma general" pero la incidencia en algunas "ha sido bastante mayor y en algunos grupos empresariales también ha sido bastante mayor que en las residencias públicas por ejemplo", algo que "habrá que investigar".

El cordón sanitario establecido en Santoña ha "frenado la curva" ascendente de contagios en la villa cántabra, al disminuirse los contactos y, en consecuencia, el número de casos positivos, que era precisamente el objetivo del 'cordón sanitario' establecido el pasado 2 de septiembre durante un periodo, en principio, de 14 días.

"La curva se está frenando", ha valorado la directora general de Salud Pública del Gobierno de Cantabria, Paloma Navas, en una rueda de prensa que ha ofrecido junto al consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, para informar de la evolución de la pandemia en la región, donde por ahora no se prevén medidas de confinamiento en otros municipios y se mantienen las implantadas en Santoña.

"En este momento, porque esto cambia de día en día -ha dicho el titular del departamento- no hay ningún municipio en el que, de momento, nos plantemos hacer una resolución de confinamiento".

SE CONTIENE EL COVID EN SANTOÑA

En su comparecencia ante los medios, Rodríguez ha agradecido el comportamiento a "todos los satoñeses", que "se han tomado este asunto muy en serio".

Y es que a la vista de los últimos datos, "la cosa va mejor" en el municipio, y se ha conseguido "contener" la expansión del Covid-19 en la villa, aunque eso no quiere decir que se esté "todavía en una situación de no riesgo". La incidencia es de 671 casos por cada cien mil habitantes, casi el doble que la de Cantabria y España, de 235 y 236, respectivamente.

En este sentido, ha apuntado que el 'cordón sanitario' -que implica diferentes restricciones y el aislamiento del municipio- se mantiene en principio durante el plazo de dos semanas días decretado, y la posibilidad de acortarlo o incluso ampliarlo dependerá de la evolución de las cifras de contagios.

"Habrá que ver en función de la evolución de los datos. Todavía es muy pronto para tomar una conclusión al respecto", ha señalado el consejero. "Se tiene que confirmar esa tendencia a la baja y se tiene que confirmar que tenemos una incidencia acumulada que indica que no hay transmisión comunitaria", ha agregado.

EN ESTE MOMENTO NO SE PREVÉN CONFINAMIENTOS EN OTROS MUNICIPIOS

Sobre la posibilidad de que "a corto plazo" se adopten medidas similares a la de Santoña en otros municipios cántabros, Rodríguez ha señalado que "de momento no", aunque hay que analizar las situaciones particulares.

Así, ha apuntado que en determinadas poblaciones hay una "incidencia alta" del Covid que indica que "hay casos". En este sentido, ha explicado que para la incidencia se tienen en cuenta por un lado los positivos nuevos en un periodo concreto -que suele ser 14 días- y la población del municipio, y se ponen en relación con cien mil habitantes.

Por eso, "cuatro casos en una población de mil habitantes da una incidencia muy alta", ha evidenciado Rodríguez, para puntualizar a continuación que si por ejemplo esos cuatro positivos se detectan en un solo domicilio "no suponen ningún riesgo para la comunidad".

Y también hay que tener en cuenta a la hora de determinar la incidencia y adoptar medidas si han aparecido casos terciarios o cuaternarios en los contactos que siguen los rastreadores, ha señalado el consejero de Sanidad.

Con todo ello, ha concluido que, "en este momento, porque esto cambia de día en día, no hay ningún municipio en el que, de momento, nos plantemos hacer una resolución de confinamiento".

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Salamanca ha ratificado las medidas sanitarias preventivas para la contención de la COVID-19 en la capital salmantina que la Junta de Castilla y León había solicitado prorrogar durante siete días más.

Según han informado fuentes de la Junta en un comunicado, el auto judicial conocido esta tarde concluye que según los informes expuestos por la Administración autonómica, se producen "numerosos y nuevos contagios por COVID-19 que es preciso controlar a fin de evitar una mayor expansión del virus con el consiguiente riesgo para el resto de la población".

Por esta razón, según la Junta, se considera que las medidas adoptadas por la Junta de Castilla y León son urgentes y necesarias para la protección de la Salud Pública. Además, el Juzgado señala que se trata de medidas idóneas e ineludibles ya que lo que pretenden es evitar la aglomeración de personas y procurar que se respeten las medidas de distanciamiento.

Entre las medidas prorrogadas destaca que la participación en cualquier agrupación o reunión de carácter privado o familiar se limitará a un número máximo de diez personas, "tenga lugar tanto en espacios públicos como privados, excepto en el caso de personas convivientes".

En los velatorios se deberá respetar un máximo de quince personas en espacios al aire libre o de diez en espacios cerrados y la participación en la comitiva para el enterramiento de la persona fallecida se restringe a un máximo de quince personas, entre familiares y allegados además de, en su caso, la persona que oficie el acto de despedida del difunto.

En cuanto a los lugares de culto, ceremonias nupciales y otras celebraciones religiosas o civiles se deberá respetar un máximo de 50 personas en espacios al aire libre o de veinticinco en espacios cerrados, sin superar en ningún caso un tercio del aforo.

En el caso de establecimientos de hostelería y restauración y sociedades gastronómicas el consumo en el interior de bares y cafeterías se deberá realizar sentado en mesa. En los restaurantes y sociedades gastronómicas está prohibido el consumo en la barra y en la zona de cafetería o bar.

"En todo caso, tanto en el interior de los locales como en terrazas al aire libre, deberá garantizarse una distancia mínima entre mesas y agrupaciones de mesas de 1,5 metros con un máximo de seis personas por mesa o agrupaciones de mesas", recuerdan las mismas fuentes.

En todos los establecimientos de hostelería y restauración y sociedades gastronómicas, así como, en su caso, en las terrazas al aire libre, no se permite el consumo de pie. En estas actividades se extremará el uso de mascarilla y la distancia interpersonal. "Estas mismas medidas se aplicarán a todo establecimiento, actividad o instalación en el que se preste algún tipo de servicio de hostelería, restauración o de terraza", indican las mismas fuentes.

En cuanto a la actividad en cines, teatros, auditorios, circos de toldo, plazas, recintos e instalaciones taurinas y espacios similares, así como en recintos al aire libre y en otros locales y establecimientos destinados a espectáculos públicos y actividades culturales y recreativas será de aplicación un límite máximo de veinticinco personas para lugares cerrados y de cincuenta tratándose de actividades al aire libre.

Por su parte, la práctica de la actividad física y deportiva no federada al aire libre se podrá realizar de forma individual o colectiva, sin contacto físico y hasta un máximo de cinco personas de forma simultánea. En las instalaciones y centros deportivos podrá realizarse actividad deportiva en grupos de hasta cinco personas, sin contacto físico.

La práctica de la actividad deportiva federada de competencia autonómica podrá realizarse de forma individual o colectiva, sin contacto físico y hasta un máximo de cinco personas de forma simultánea en el caso de los entrenamientos. No se aplicará este límite en las competiciones donde las reglas federativas garanticen espacios diferenciados para cada equipo.

Todavía queda por ratificar, por parte de un Juzgado de Valladolid, las mismas medidas para el caso de la capital vallisoletana.

Cantabria ha sumado en las últimas horas 172 nuevos contagios de coronavirus, 109 ayer martes y 63 hasta las diez de la mañana de este miércoles, con lo que el número de casos activos en la región se eleva a 1.443, de los que 48 están ingresados, nueve en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Valdecilla, y los 1.395 restantes en cuarentena domiciliaria.

No obstante, pese al nuevo incremento de contagios -casi un 11% más que la víspera- Sanidad observa una "bajada del ritmo de crecimiento", algo compatible con el mes de septiembre, por la reducción de la vida social tras las vacaciones de verano y la vuelta a la rutina, según ha apuntado el consejero, Miguel Rodríguez, para quien esta situación "favorece que la epidemia se controle".

Así lo ha manifestado en una rueda de prensa que ha ofrecido este miércoles junto a la directora general de Salud Pública, Paloma Navas, para informar de la evolución del Covid-19 en la región, que roza los 6.000 infectados en lo que va de pandemia, en concreto 5.993, de los que se han curado 4.328 (el 72%), mientras se mantienen en 222 los fallecidos.

La mayoría de los contagios, 5.093, se han conocido por prueba PCR y 900 a través de test detección anticuerpos. En total, se han hecho 160.777, que suponen 27.658 por cada 100.000 habitantes.

BAJA EL RITMO DE CRECIMIENTO

Pese al nuevo incremento diario de casos, el consejero ha indicado que ha "bajado el ritmo de crecimiento", ya que el aumento semanal ahora es del 6% y en semanas anteriores esa tendencia era "mucho más alta".

Y si se tiene en cuenta la incidencia del virus en España, Cantabria está "exactamente en la media" nacional, con una incidencia en los últimos 14 días de 235 casos por cada cien mil habitantes en la región y 236 en el conjunto del país.

Por municipios, la distribución no es regular, y ha apuntado al respecto que para determinar la situación epidemiológica de uno de ellos hay que tener en cuenta otros datos al margen de la incidencia acumulada, que es un factor "importante pero no el único".

En cuanto a los brotes -cuando se identifica un punto en común de los contagios, algo que no sucede en más del 40% de los casos detectados en la actualidad- Navas ha indicado que suelen ser "mixtos", esto es, que una persona se contagia fuera de casa y luego transmite el virus en el domicilio.

Ha precisado al respecto que los que surgen en la hostelería y la industria son los que tienen "mayor riesgo" de presentar un número elevado de infectados, por lo que la responsable de Salud Pública ha pedido extremar las medidas en estos entornos.

Y es que en entornos laborales, y al igual que sucede en centros educativos, no se aplica la limitación de un máximo de diez personas en reuniones familiares y contactos y eventos sociales, y que si pueden ser "lo más pequeñas posibles, mejor", ha remachado.

PERFIL CONTAGIADOS Y HOSPITALIZADOS

Del perfil de afectados, el consejero ha señalado que en esta "segunda etapa" del Covid-19 en Cantabria se están contagiando "fundamentalmente" personas jóvenes.

Así, más de la mitad (el 60 por ciento) tienen menos de 45 años, y por franjas de edades hay un 24% de afectados de entre 15 y 30 años e idéntico porcentaje entre los de 30 y 45 años.

La "buena noticia" es que un 20% de los infectados son mayores de 60 años, con lo que se está consiguiendo "proteger" a la población de más edad y a las que el virus puede provocar una mayor repercusión en su salud si se contagian.

En cuanto a los infectados que precisan hospitalización, el responsable de Sanidad ha indicado que se trata fundamentalmente de personas que desarrollan neumonía (66% de los supuestos) u otras infecciones respiratorias.

Por otro lado, sobre la realización de pruebas en Cantabria se sigue la tendencia de la semana pasada, cuando se hicieron 9.810 PCR con una tasa de detección del 10%.

Ante esto, Navas ha aprovechado para agradecer y pedir colaboración ciudadana a la hora de respetar las cuarentenas de contactos de un positivo, por "respeto" a la Ley de Salud Pública y, también, al conjunto de la sociedad.

Al hilo, ha apelado al "esfuerzo" de las personas que se contagian para recordar con quiénes han estado y en qué lugares, porque "esto marca la diferencia en el control de la pandemia".

CIERRE OCIO NOCTURNO Y PROSTÍBULOS

En el turno de preguntas, cuestionado por el cierre del ocio nocturno, el consejero de Sanidad ha reiterado que no tiene "ninguna duda" de que se trata de una medida "positiva" para intentar frenar la pandemia, que fue adoptada -además- por unanimidad de los responsables del ramo de todas las comunidades autónomas y el ministro, Salvador Illa, que "algo sabemos cuando tomamos decisiones de este tipo".

De otro cierre, el de los clubes de alterne, ha recordado que es efectivo desde su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) el pasado lunes.

COROAUTO DE MEDICINA AL PALACIO DE DEPORTES Y TEST DE SALIVA

En otro orden de cosas, sobre el segundo 'coroauto' de Santander instalado de forma temporal en el aparcamiento de la Facultad de Medicina, Rodríguez ha indicado que se trasladará al Palacio de Deportes de la ciudad en los próximos días, ya que la idea es cambiar la ubicación antes de que empiece el curso universitario para no "interferir" en el desarrollo del mismo.

Preguntado por la posibilidad de implantar en la región nuevos test de saliva para detectar el Covid, ha indicado Sanidad y Valdecilla están valorando no solo esa técnica, sino también otras.

Así, se implantaría en la región si los responsables de laboratorio del hospital la consideran "adecuada", está "disponible" y es "asequible".

Ha destacado que en la actualidad en Valdecilla se procesan 1.500 pruebas diarias, que desde que se hacen hasta que se conocen los resultados tardan 4 horas como mínimo.

A propósito de lo anterior, pero respecto al ensayo de la vacuna de Oxford que iba a llegar a España en diciembre y que se ha suspendido al sufrir uno de los participantes en el estudio clínico una enfermedad inexplicable, el consejero cántabro cree que se ha actuado "de forma correcta", siguiendo las pautas de estos estudios que se hacen "con absoluta seguridad".

Finalmente, sobre los rastreadores militares ofrecidos por el Estado y solicitados por Cantabria, ha indicado que algunos efectivos se han desplazado ya a la región para conocer la forma de trabajar y coordinarse aquí y empezarán a desarrollar esta labor en los "próximos días", ha concluido.

El Consejo de Dirección de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) ha acordado la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra la resolución del pasado 31 de agosto del Ministerio de Cultura y Deporte en el procedimiento de solicitud de autorización para operar como entidad de gestión en España planteado por Sociedad Española de Derechos de Autor (SEDA).

"Lamentamos tener que haber tomado esta medida después de haber recuperado el diálogo y las buenas relaciones con el Ministerio de Cultura y Deporte, pero nos vemos obligados a tomar esta decisión en defensa de nuestros socios, de la propiedad intelectual en el sector de la música y del conjunto de la cultura de España", ha explicado la entidad en un comunicado.

Desde la SGAE han alertado que la nueva entidad "carece" de plan de viabilidad y no dispone de los medios materiales para desarrollar su función, además de "no contar con el conocimiento propio de la gestión de la propiedad intelectual".

Tal y como la sociedad de autores remarcó en su escrito de alegaciones en el seno del expediente administrativo, esta nueva entidad "cede gran parte de la administración de sus derechos a entidades extranjeras y pone en riesgo el sector cultural español".

SGAE se ha mostrado sorprendida ante el hecho de que el Ministerio de Cultura haya podido conceder esta licencia de entidad de gestión en el ámbito musical "cuando un informe técnico objetivo y fundamentado, elaborado por la Subdirección General de la Propiedad Intelectual, máximo órgano competente, rechazaba precisamente esta posibilidad.

"Queremos mostrar nuestra preocupación por las graves consecuencias que puede tener para el patrimonio cultural español y para el mercado europeo de las entidades de gestión y creemos que lejos de favorecer los intereses generales de la propiedad intelectual en la música, supondría un elevado riesgo para los titulares de derechos de autor y una gran inseguridad jurídica para los usuarios", ha señalado.

El presidente de la SGAE, Antonio Onetti, ya se mostraba "sorprendido" en una entrevista con Europa Press la semana pasada de que a esta entidad "se la mire con lupa" mientras surgen nuevas sociedades como SEDA que nacen con "un plan de viabilidad que no es verosímil".

"Sus estatutos no cumplen ni con la directiva europea ni con la Ley de Propiedad Intelectual y han aportado un plan que se basa que en dos años van a tener un 50% de cuota de mercado. Eso ninguna empresa que llega nueva a un sector en que ha habido una sola entidad puede alcanzarlo, es difícil de creer. Hay muchas deficiencias y me sorprende que se le haya concedido licencia en esas condiciones", lamentó.

Onetti ve además "otro aspecto preocupante" para la nueva entidad de derechos musicales: su financiación "básicamente viene de entidades de gestión francesa e inglesa" y el reparto estará "subcontratado" con otra entidad francesa. "Eso es confiarle la gestión de nuestro patrimonio musical a una entidad francesa", reiteraba.

LICENCIA PARA SEDA

La entidad de derechos de autor SEDA recibió el pasado 31 de agosto la licencia del Ministerio de Cultura y Deporte y ya puede operar, tal y como confirmó a Europa Press uno de sus fundadores, Manuel Recio (Patacho).

Desde la entidad se apuntó a que el Ministerio ha valorado tanto que los Estatutos de SEDA cumplen con los requisitos establecidos en la legislación como que se ha presentado un plan de viabilidad para "asegurar la eficaz administración" en todo el territorio español.

También añadió que la concesión de la licencia a SEDA "favorece los intereses generales de la protección de la propiedad intelectual". SEDA se constituyó el pasado 5 de noviembre de 2019 y un mes después se presentó ante el departamento encabezado por José Manuel Rodríguez Uribes.

Patacho explicó que la idea inicial era la de haber obtenido la licencia antes del 30 de junio de 2020, para que varios de los autores que estaban en la SGAE --que administra derechos de autor musicales, sector al que está dirigida exclusivamente la nueva entidad-- pudieran tramitar su baja.

Navarra registró este martes 196 nuevos casos positivos de infección por Covid-19, según los datos facilitados por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), tras realizar en el sistema público de salud 2.298 pruebas PCR, con un 8,4% de positivos.

En la jornada de ayer, en los hospitales navarros se contabilizaron 16 nuevos ingresos relacionados con esta enfermedad, ninguno de los cuales fue en UCI. Este martes no se registraron en Navarra fallecimientos por Covid-19, por lo que el número total de muertes por esta causa se mantiene en 540.

Por zonas, en Pamplona y Comarca se registra el 40% de los positivos, el área de Tudela tiene el 29%, y a la de Estella pertenecen el 9% de los casos.

En cuanto a la distribución de los casos registrados por franjas de edad, el grupo mayoritario es el de 15 a 29 años, con el 28% de los casos; seguido del grupo de entre 45 y 59 años, con el 23% del total. A continuación, está el de los comprendidos entre los 30 y los 44 años, con un 19%; le sigue el de menores de 15, con el 16%; luego el grupo de entre 60 y 75 años, con el 11%; y, finalmente, se encuentra el de mayores de 75 años, con el 3%. La edad media de los nuevos casos se sitúa en los 36,1 años. En cuanto al género, el 51% son hombres y un 49% mujeres.

En la red hospitalaria de Navarra permanecen 117 personas ingresadas con Covid-19, ocho de las cuales se encuentran en puestos UCI y otras 15 en hospitalización domiciliaria. Los demás, 94 pacientes, están en planta. Todas estas personas dieron positivo en una prueba PCR, sea esta infección o no el motivo de su ingreso hospitalario y ocupan espacios Covid-19.

Respecto a la incidencia acumulada en Navarra de infecciones por el virus, si se suman los casos de ayer, a día de hoy, se sitúa en 11.598.

En la actualidad, 36 profesionales sanitarios del Sistema Público de Salud están afectados por Covid-19, un 0,29% de una plantilla de cerca de 12.400 trabajadores. En la última semana, entre el 1 y el 8 de agosto, han sido 23 los profesionales sanitarios afectadas por Covid-19.

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha afirmado este miércoles que "es más sensato" gestionar el asunto de Gibraltar "con una negociación" que simplemente con Reino Unido marchándos sin más de la UE, cosa que "solo sería dañina" para Reino Unido y para España.

Así lo ha afirmado en una conversación con el exministro británico y ex comisario europeo Peter Mandelson, organizada por Global Council. En ella, ha afirmado que si Reino Unido finalmente se aparta del acuerdo de salida que firmó con la UE "se arriesga a dañar la confianza", porque el tratado "es el resultado de un ejercicio de confianza entre Reino Unido y la UE".

Y la "confianza", ha añadido, es un "activo importante en las relaciones internacionales", sobre todo para un país de la talla que tendrá Reino Unido en el "nuevo mundo". "Espero que la Administración británica entienda esto y podamos cerrar este capítulo", ha añadido.

Para la ministra española, el Brexit tiene un "pecado original", y es que parte de "un malentendido", que "lo que importa hoy es la independencia", cuando, a su juicio, lo que de verdad importa es "la gestión de la interdependencia".

González Laya ha trasladado una idea similar en otra videoconferencia, esta vez con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rumanía, que organizaba su conferencia anual. En ella ha defendido que España apuesta por el multilateralismo en las relaciones internacionales no porque sea "naíf" sino porque para un país mediano la mejor manera de gestionar la interdependencia es con un sistema multilateral, no con la "ley de la jungla".

En esta intervención se ha referido también a la situación de Bielorrusia, subrayando que España no tiene "una ambición geopolítica" de sumar al país a la UE o a la OTAN, sino que lo que quiere es apoyar a quienes defienden determinados valores.

Un proceso electoral fallido y, más importante, la agresión y represión contra civiles que han sufrido formas increíbles de violencia no lo toleramos en Europa", ha dicho.

Su colega rumano, Bogdan Aurescu, ha insistido, por su parte en que la UE tiene que "seguir presionando" al Gobierno de Aleksander Lukashenko "para que haya diálogo con la oposción y no represión".

González Laya ha hablado de los desafíos inmediatos de la UE --ha mencionado el Sahel como uno de los principales peligros geopolíticos-- y también de la necesidad de una autonomía estratégica europea como concepto de largo plazo.

Autonomía, ha dicho, no concebida como autarquía o como un continente que se encierre "detrás de altos muros", sino para tener algo que decir en las nuevas normas mundiales, "algo que requiere más músculo, mientras Europa sufre cierta fragmentación".

Así, se trataría de reforzar la autonomía en materia de defensa --con el vínculo con la OTAN-- pero también de comercio, economía e industria, con "campeones industriales europeos", no solo alemanes o franceses, que tengan capacidad de invertir y desarrollar nuevas tecnologías --desde el 5G a la economía del hidrógeno--.

A su juicio, precisamente la primera gran prueba de esta capacidad será precisamente la inversión europea en vacunas contra el Covid-19, y no solo los mecanismos para su compra, sino para su producción y distribución dentro y fuera de la UE.

La titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña, Marta Canales Gantes, considera que, atendidos los artículos 214 y 215 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no ha lugar a la aclaración de la sentencia sobre el Pazo de Meirás que la pasada semana le planteó la defensa de la familia Franco.

La magistrada indica en el auto, notificado este miércoles, que la resolución dictada es "clara y motivada al respecto", informa sobre su contenido el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

En concreto, los abogados de la familia solicitaban que la jueza detallara su decisión de negar a los herederos del dictador el derecho a la liquidación del estado posesorio, esto es, a la indemnización por los gastos de mantenimiento del pazo en que hubieran incurrido.

ARGUMENTOS DE LA SENTENCIA

La magistrada entiende en la sentencia que no cabe la liquidación del estado posesorio, al ser la propiedad incorporada al patrimonio de la familia Franco "de mala fe".

Esa mala fe se materializa "cuando, tras aceptar el caudillo la donación del Pazo de Meirás, en su calidad de jefe del Estado, otorga una escritura pública el 24 de mayo de 1941 con la sola finalidad de inscribir este bien a su nombre en el Registro de la Propiedad, sin mediar precio alguno".

Recuerda además la jueza en la sentencia que el Estado asumió todos los gastos de la residencia estival que fue gestionada y administrada como residencia oficial del jefe de Estado, por lo que afirma que "el Pazo de Meirás se gestionaba de forma idéntica al Palacio de El Pardo".

El Procicat ha aprobado este miércoles una actualización de las medidas sanitarias en el ámbito educativo de cara al inicio de curso que establece que durante "al menos" las dos primeras semanas todos los alumnos catalanes a partir de seis años deberán llevar mascarilla.

Al tratarse del inicio de curso y que el alumnado no procede de un grupo estable, la obligación se alargará por este periodo, por indicación de la Agencia de Salud Pública de Cataluña, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Pasado el periodo de dos semanas se revisará la obligatoriedad a partir de los seis años y se determinará en función del territorio y el estado de la pandemia de covid-19.

COMUNICACIÓN LOS MIÉRCOLES

Todos los miércoles se comunicará a cada escuela si el lunes siguiente continúa la obligatoriedad de llevar o no mascarilla, en función de las condiciones de la pandemia.

Como norma general, la mascarilla es obligatoria en clase en escuelas e institutos a partir de los 12 años, y a partir de los seis años en los territorios donde se requiera según el estado de la pandemia.

El documento establece que, igual que en cualquier entorno comunitario, el uso de mascarilla en los centros educativos sea obligatorio para adultos, pero para los docentes de primero y segundo ciclo de Infantil no será exigible cuando su uso, por razón de la actividad docente, pueda interferir gravemente en el objetivo pedagógico.

El Procicat también ha aprobado que las reuniones entre las escuelas y las familias no pueden ser presencial y que las reuniones de los claustros deben ser telemáticas y solo presenciales de forma excepcional, en grupos inferiores a 10 personas.

Ha dado el visto bueno al cribado poblacional utilizando las escuelas e institutos desde la tercera semana de septiembre y priorizando las escuelas donde haya casos.

Los departamentos de Educación y Salud también han actualizado la sintomatología de covid-19 entre los menores y forman parte la fiebre por encima de 37,5 grados, tos, dificultad para respirar, dolor de garganta, resfriado nasal, fatiga y dolores muscualares, dolor de estómago y pérdida de gusto u olfato.

La Generalitat ha precisado que el dolor de garganta y el resfriado nasal se consideran síntomas si existe fiebre u otras manifestaciones consideradas en la tabla de sintomatología del coronavirus.

Los Mossos d'Esquadra han identificado a 22 personas en el desalojo la mañana de este miércoles de un bloque de pisos turísticos en el barrio del Poble Sec de Barcelona, que un grupo dedicado presuntamente a los robos de forma multirreincidente había ocupado.

Según ha explicado en un comunicado la policía catalana, los delincuentes que ocuparon la vivienda habían realquilado algunos pisos a terceras personas, a quienes habían cobrado 1.500 euros por vivir allí, según las propias víctimas.

De les 22 identificados, nueve son delincuentes multirreincidentes, tres menores de edad, y el resto han manifestado ser víctimas de la presunta estafa, por la que los Mossos ya han abierto una investigación.

Tras problemas de seguridad ciudadana y conflictividad con los vecinos de la zona, los Mossos pusieron en conocimiento de la autoridad judicial todos los hechos y los numerosos incidentes y finalmente el Juzgado de Instrucción 32 de Barcelona ha autorizado el operativo policial, que ha permitido desactivar y neutralizar este edificio, y que ha empezado sobre las 7.30 horas.

Una vez finalizado el operativo, los Mossos han entregado el bloque a sus legítimos propietarios, que han hecho tapiar la azotea con ladrillos, han cambiado las cerraduras y han instalado alarmas en cada vivienda.

MALESTAR DE LOS DUEÑOS

Según han explicado fuentes de los propietarios del edificio a Europa Press, convirtieron los siete domicilios del bloque en apartamentos turísticos, y fue durante el confinamiento cuando fueron ocupados por personas que causaban conflictos con los vecinos de la zona y alguna vez les habían intentado robar y los habían atacado a ellos mismos, lo que ha generado mucho malestar.

Varios vecinos de la zona han asegurado que están "desesperados", que llevan cinco meses con peleas, en contacto con los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana pidiendo medidas policiales para mejorar la seguridad de la zona y aseguran que muchos vecinos que alquilaban pisos contiguos se han ido porque los inquilinos del bloque intentaban entrar en sus casas por las terrazas.

INCIDENTE CON CUCHILLOS

Los vecinos de la zona han explicado a Europa Press que habían más personas ocupando ilegalmente los pisos, pero que a raíz de un incidente grave hace tres semanas, tras un intento de robo, muchas de ellas se fueron.

Este altercado ocurrió la noche del pasado 17 de agosto, cuando dos ocupantes del inmueble, tras frustrarles un robo, atacaron a varios vecinos con cuchillos dejándolos heridos de gravedad, uno de las cuales con amputaciones de dedos y cortes importantes en los brazos y el cuerpo.

Uno de los ocupantes del piso que presuntamente cometió el ataque fue detenido y ha ingresado en prisión preventiva, y el otro está identificado y tiene una orden de busca y captura, han indicado a Europa Press fuentes policiales.

El Parlamento catalán aprobará este miércoles por la tarde la ley que pretende limitar el precio del alquiler después de que el Sindicat de Llogaters, ERC, los comuns y la CUP hayan alcanzado un acuerdo con JxCat.

En declaraciones a los medios, el portavoz del Sindicat de Llogaters, Jaime Palomera, ha celebrado que el acuerdo no modifica contenido de fondo de la ley que busca "poner un tope" a los alquileres y que presentaron JxCat, ERC, comuns y la CUP pero que después JxCat trató de enmendar.

Una de las enmiendas de JxCat solicitaba que la limitación del precio no se aplicara a los pequeños propietarios que tuvieran ingresos inferiores a 5,5 veces el Indicador de renta de suficiencia (IRSC) --que equivale a 3.130 euros mensuales-- y, tras el pacto alcanzado este miércoles, ese límite quedará en la nueva norma reducido a 2,5 IRSC, que equivale a "unos 2.000 euros incluyendo el alquiler", en función de la población.

También se incorpora la rehabilitación y las obras de mejora de las viviendas que permitirían incrementar el precio del alquiler.

Palomera ha reivindicado que a partir de ahora "ningún contrato de alquiler podrá superar el precio del anterior contrato" y además se incentivarán pequeños descensos del precio si están por encima del precio medio de su zona.

Después de que el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) considerara inconstitucionales varios de los artículos de la norma, el portavoz del Sindicat de Llogaters ha sostenido que si esta ley acaba en el Tribunal Constitucional (TC), dependerá de la "voluntad política" del Gobierno central.

ALBERT BATET

El presidente de JxCat en el Parlament, Albert Batet, ha celebrado que "ahora es un proyecto de ley mucho mejor, mucho más potente", y ha destacado que la prioridad de su grupo ha sido defender a los pequeños propietarios.

Considera que con este pacto han conseguido poner "unas bases óptimas para defender al pequeño propietario de la situación actual y de la realidad", y también incorporar mejoras en la vivienda.

"Es un hito para JxCat que hayamos conseguido este punto", y ha subrayado que esta ley sigue la línea de las leyes sociales que se aprobaron en la anterior legislatura y que fueron suspendidas por el TC, y espera que no acabe de la misma manera porque los comuns, que forman parte del Gobierno central, la apoyan.