La Conselleria de Salud y Consumo del Govern balear ha informado este miércoles de la restricción de la movilidad en cuatro barrios de Palma, Son Gotleu, Can Capes, Soledat Nord y Son Canals, con el objetivo de frenar el aumento de contagios por COVID-19.

Así lo ha anunciado la consellera de Salud y Consumo, Patricia Gómez, en una rueda de prensa en la que ha estado acompañada por el alcalde de Palma, José Hila. Tanto Gómez como Hila han destacado "la alta densidad de población", una causa que influye en la transmisión de la enfermedad.

Pese a la restricción de la movilidad, la consellera ha especificado que no afectará a quienes se tengan que desplazar para asistir a centros, servicios y establecimientos sanitarios, al trabajo, a los centros docentes y educativos, incluidas las guarderías, a los bancos, al juzgado, la renovación de permisos administrativos, así como para realizar exámenes oficiales.

La resolución de la Conselleria de Salud se publicará este miércoles en el Boletín Oficial de les Illes Balears (BOIB) y entrará en vigor este viernes a las 22.00 horas. El objetivo, según Salud, es "evitar las situaciones que pueden favorecer los contagios, sobre todo en lugares cerrados donde se producen aglomeraciones de personas, con escasa ventilación o donde no se usa mascarilla".

La consellera ha especificado que para dictar esta resolución se han seguido criterios epidemiológicos, sociales y asistenciales. En el primero, se han tenido en cuenta el número de PCR positivas, "muy elevadas durante agosto", la incidencia acumulada en los últimos 14 días y la tasa de positividad. "La transmisión comunitaria de los cuatro barrios es la más elevada de Mallorca", ha dicho.

En cuanto a los criterios sociales, la Conselleria se ha basado en la densidad de población, el número de positivos en la misma vivienda y la edad media de la población. Además, Gómez ha recalcado que el área de Salud de los cuatro barrios es el que "tiene más presión asistencial" de la Isla.

Así, el Hospital de Son Llàtzer, que corresponde por zona, ha pasado, en agosto, de 6 a 49 ingresos por COVID-19 y de 4 a 11 en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

La consellera de Salud y Consumo ha comentado que, en cuanto los desplazamientos personales, se restringe la libre entrada y salida de personas en el núcleo de población correspondiente a la zona básica de salud de Son Gotleu. No obstante, la circulación por las carreteras, calles y viales que transcurren por la zona se permite siempre que tengan origen y destino fuera del núcleo de población.

El Govern permite la circulación de personas residentes, respetando las medidas de protección, si bien se recomienda que la población permanezca en su domicilio y se desaconsejan los desplazamientos y la realización de actividades no imprescindibles.

En cuanto a los establecimientos y locales comerciales, no podrá superarse el 50% de la capacidad. Salud impone que deberán cerrar como muy tarde a las 22.00 horas y se deberá establecer un horario de atención con servicio prioritario para personas mayores de 65 años.

La resolución prevé, entre otros aspectos, que las reuniones sociales no pueden superar las cinco personas si no son convivientes. Dicha prohibición incluye bodas, servicios religiosos --salvo las ceremonias fúnebres y velatorios--, celebraciones y la práctica deportiva.

Se suspende la actividad de los lugares de culto, salvo la celebración de funerales, pudiendo realizarse siempre y cuando no se supere el 33% de su capacidad y con un máximo de 15 personas. La resolución de Salud también prohíbe la realización de ferias y fiestas populares, verbenas y otros eventos populares, tanto de organización privada como municipal o insular.

Los restaurantes, bares y cafeterías limitarán su aforo al 50%, tanto en espacios interiores como exteriores, y la ocupación máxima será de cinco personas por mesa o agrupación de mesas. No se permite el consumo en barra y deberán cerrar como máximo a las 22.00 horas.

Las actividades en academias, autoescuelas y centros privados de enseñanzas podrán impartirse de forma presencial siempre y cuando no se supere una capacidad del 50% respecto al máximo permitido. Las actividades que realicen se limitarán a grupos máximos de cinco personas y se establecerán medidas de seguridad.

La resolución suspende la actividad de los gimnasios y centros deportivos de todo tipo, parques y jardines, y parques infantiles de uso público y locales de ocio infantil. Se exceptúan de dicha suspensión los establecimientos y espacios cedidos por el Ayuntamiento a los centros educativos.

También se establece que los incumplimientos individualizados de lo dispuesto en la resolución conlleva sanciones. Todas estas medidas afectarán en torno a 23.000 residentes de Son Gotleu, Can Capes, Soledat Nord y Son Canals, a excepción de las calles Manacor, Reyes Católicos y Aragón.

HILA APELA A LA RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL

Ante estas medidas, el alcalde de Palma, José Hila, presente en la rueda de prensa, ha apelado a la responsabilidad individual y ha recalcado que "es fundamental". "Palma ganará esta batalla si cada ciudadano la gana", ha dicho Hila, quien ha confesado "estar optimista porque Palma siempre ha salido de las situaciones difíciles".

Asimismo, ha reconocido su "preocupación" por estos barrios, "con una alta densidad de población". Hila ha señalado que muchos ciudadanos de esta zona viven en viviendas pequeñas, algo que dificulta el aislamiento.

El alcalde ha anunciado que Emaya desinfectará cada día las calles de estos cuatro barrios y se aumentarán las ayudas para que se pueda cumplir el aislamiento. También ha comunicado que se informará a la población y se trabajará en la concienciación ciudadana.

Por último, Hila ha recalcado que los dispositivos policiales se irán incrementando según las necesidades, pero que Policía Local y Policía Nacional partirán con las patrullas que se utilizaron durante el estado de alarma.

La secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul, ha afirmado este miércoles que la visita del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, a Canarias por la crisis migratoria "nunca se ha anulado".

Así lo ha puesto este miércoles de manifiesto durante su participación telemática el Foro Canario de Inmigración, donde agregó que el ministro "hace un seguimiento personal y exhaustivo de estos avances en materia de acogida".

En cuanto a la situación de las infraestructuras para albergar migrantes Jalloul ha afirmado que "El Gobierno de España responde. Y no, no lo hace de forma espontánea ni improvisada. Hay un plan de choque en marcha desde que llegamos a esta Administración".

"Habilitamos un centro de migraciones propio en Tenerife --continuó-- y estamos trabajando en otros dos centros de gestión propia en distintas islas en Canarias, en cuya búsqueda e instalación llevamos desde hace varios meses".

En un comunicado, la Secretaría de Estado de Migraciones ha recordado que nunca se había realizado en el archipiélago un despliegue de medios propios como éste, a pesar de que las islas han vivido episodios de presión migratoria en las tres últimas décadas.

Asimismo, Jalloul ha recordado el compromiso del Gobierno en la gestión de los flujos de inmigración irregular que llegan a las costas canarias. "Las plazas de acogida de emergencia que actualmente se están utilizando en Canarias no existían en octubre de 2019. Se han buscado y acondicionado distintos recursos de acogida a lo largo de 2020", ha explicado.

De igual modo, ha recordado que sólo en Canarias, el Ministerio ha creado 700 plazas en las dos últimas semanas para responder de forma eficaz a la llegada a la que están expuestas las islas. "El Gobierno de España responde y se adapta al flujo de llegadas y a las necesidades surgidas por el Covid-19. A finales de 2019 no había más de 100 plazas de acogida en las islas y hoy contamos con más de 1.700", aseveró.

Por otro lado, sobre el traslado de migrantes a establecimientos hoteleros tras días en una carpa en el muelle, ha dicho que "Desplegando temporalmente plazas hoteleras hemos contribuido a activar un sector golpeado por la crisis del COVID-19".

La secretaria de Estado ha recordado que los hoteles desplegados para acogida temporal de personas migrantes estaban cerrados, y que su adaptación ha permitido que cientos de personas regresen a sus puestos de trabajo, como proveedores de electricidad, alimentarios, seguridad, gestorías laborales o mantenimiento.

El teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, ha presentado este miércoles un escrito ante la Sala de lo Penal de este órgano instando a la continuación del procedimento contra el magistrado del Tribunal Constitucional Fernando Valdés por presunta violencia de género, han informado a Europa Press en fuentes fiscales. En el informe ha intervenido también la fiscal de violencia contra la mujer Pilar Martín Nájera.

El informe fue solicitado por la Sala de Vacaciones del Tribunal Supremo tras recibir la exposición razonada remitida por la juez de Majadahonda (Madrid) que inició las diligencias y luego las al alto tribunal dada la condición de aforado del magistrado del tribunal de garantías.

Una vez recibido el veredicto de Fiscalía, el ponente de la pieza de admisión, el magistrado Antonio del Moral, deberá ahora decidir si propone la apertura formal de una causa criminal contra Valdés en el alto tribunal.

Valdés, magistrado del TC desde 2012 a propuesta del PSOE, fue arrestado el pasado 11 de agosto por agentes de la Guardia Civil en su domicilio del municipio madrileño de Majadahonda y permaneció unas horas detenido, para pasar después a disposición judicial.

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Majadahonda, especializado en Violencia Sobre la Mujer, se hizo cargo del asunto, pero el magistrado está aforado ante el Supremo, de modo que es la Sala Segunda (de lo Penal) de este tribunal la única que puede investigarle.

Tras su detención y comparecencia en el juzgado de Majadahonda, Valdés fue puesto en libertad sin fianza tras valorar la juez el estado de salud y la edad del magistrado (75 años), y teniendo en cuenta la epidemia sanitaria derivada de la pandemia de coronavirus, según fuentes jurídicas. Ahora está a la espera de que el Supremo decida si procede abrir una investigación por su conducta.

Podemos, que ejerce la acusación popular en la causa contra la familia Pujol Ferrusola, solicita para el expresidente de Cataluña Jordi Pujol una pena de hasta 20 años de prisión por los delitos de blanqueo de capitales, falsedad documental y organización criminal. Esta pena podría verse reducida a 16 años en caso de que se estime la figura de asociación ilícita en lugar de la de organización.

De igual forma, solicita en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, el partido 'morado' interesa para la mujer del expresidente Pujol, Marta Ferrusola, penas que irían de los 13 a los 17 años de prisión por asociación ilícita --subsidiariamente organización criminal-- y blanqueo de capitales. Apunta Podemos que el papel de Ferrusola, al igual que el de Jordi Pujol, en esa asociación ilícita era la de dirección.

La petición de penas asciende en el caso del primogénito del clan familiar, Jordi Pujol Ferrusola, para quien esta parte pide 50 años y seis meses de prisión por asociación ilícita, blanqueo, falsedad documental y delitos contra la Hacienda Pública en relación al IRPF de hasta cinco años de 2007 a 2012. Al igual que ocurre con sus padres y hermanos, estas penas pueden verse incrementadas en caso de que se decida que cuadra más el delito de organización criminal que el de asociación ilícita, por lo que llegaría a los 54 años y seis meses.

La formación 'morada' señala en su escrito que existen indicios de que la familia Pujol Ferrusola ha aprovechado "su posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana durante decenios, para acumular un patrimonio desmedido, directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas".

Ya a mediados de julio, el juez instructor de esta causa en la Audiencia Nacional, José de la Mata, propuso enviar a juicio al expresidente, a su mujer Marta Ferrusola y a sus siete hijos por formar presuntamente una organización criminal.

En el auto de transformación de la causa en procedimiento abreviado y que ponía fin a la investigación de la pieza principal de este caso, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 consideraba que los hechos serían constitutivos de delitos de organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y falsedad documental.

Además de toda la familia Pujol Ferrusola, el magistrado procedía también contra otras 18 personas que habrían participado o colaborado en las actividades ilegales, entre ellos la exmujer de Jordi Pujol Ferrusola, Mercé Gironés, o los empresarios Luis Delso Heras, Carlos Sumarroca Coixet y Carlos Sumarroca Claverol.

Según el auto, la investigación, que se ha alargado más de siete años, ha acreditado que parte de esas "actividades corruptas" que habría cometido la familia coincidieron en el tiempo con la Presidencia de la Generalitat de Cataluña que ostentó Jordi Pujol entre 1980 y 2003.

PETICIÓN DE PENAS

Tras las penas solicitadas para el matrimonio y el hijo mayor, la siguiente más elevada es la que se interesa para la exmujer de Jordi Pujol Ferrusola, Mercè Gironés. Se pide hasta 44 años de cárcel por delitos de asociación ilícita --subsidiariamente organización criminal--, blanqueo, falsedad documental y delitos contra la hacienda pública por el IRPF de 2007 a 2012.

Para el resto de hermanos, la petición de penas oscilan desde los seis años que solicitan para Marta y Mireia Pujol Ferrusola, hasta los 18 años y seis meses que se interesan para Josep Pujol Ferrusola, pasando por los 9 que piden para Oleguer, Oriol y Pere. A todos ellos se les imputan delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales.

Sobre el origen de la fortuna del 'clan Pujol', la acusación popular de Podemos señala que "existen indicios sólidos que acreditan que no proviene, como se alega por los miembros de la familia, de una herencia familiar procedente de Florensi Pujol Brugat.

LA FUENTE DE LA FORTUNA: PAGOS ILÍCITOS

Al hilo, apuntan que el origen en ocasiones se sitúa en "pagos ilícitos realizados por terceras personas", en su mayor parte vinculadas con distintas empresas, que realizaban abonos millonarios a la familia disimulados bajo distintas estructuras societarias más o menos sofisticadas y utilizando diferentes paraísos fiscales y fórmulas contractuales.

Como contraprestación a esos pagos, las empresas lograban la influencia de la familia Pujol "en adjudicaciones, cambios decalificación urbanística, adjudicación de concesiones, etc., a lo largo y ancho del espacio geográfico catalán".

La acusación sostiene además que en otras ocasiones, otros muchos casos, no había vinculación específica entre el pago a los Pujol a cambio de una adjudicación, sino que se realizaba "para crear o mantener una buena relación con la familia".

Recuerdan asimismo que "el liderazgo de la organización" estaba encarnado en el expresidente Jordi Pujol y su mujer MartaFerrusola Lladós quien, de hecho, se autodenominaba la "madre superiora de la congregación". Debajo de estos, y siguiendo sus instrucciones, se encontraban Jordi Pujol Ferrusola ("el capellán de la parroquia"), y coordinada con éste su cónyuge, y socia, Mercè Gironés.

MULTA POR EL BLANQUEO DE 123 MILLONES

Además, Podemos señala que los miembros de la familia Pujol-Ferrusola, incluida Mercè Gironés, deberán responder directa, conjunta y solidariamente por la pena de multa de los delitos continuados de blanqueo cometidos como directores o miembros activos dela asociación ilícita o grupo criminal al que pertenecen, y cuantifican el valor de los bienes blanqueados en más de 123 millones de euros.

A esa cantidad, indican, deben hacer frente en distintas proporciones. Así, el expresident debería responder por el diez por ciento, su mujer por el cinco, Jordi Pujol Ferrusola por el 25 por ciento y el resto por porcentajes que varían entre el cinco y el diez por ciento.

En su escrito de acusación, Podemos también pide el comiso de las comisiones ilícitas recibidas, de las ganancias y de las cantidades obtenidas por la facturación ilícita de las empresas de las que eran titulares os acusados, y que ascienden a más de seis millones de euros.

Asimismo, señalan que procede el decomiso de las cantidades recibidas de manera irregular por el partido político ConvergenciaDemocrática de Cataluña (CDC) que ascienden a 2,2 millones de euros.

Por otro lado, interesan la declaración en calidad de testigos de hasta 128 testigos, entre los que se encuentra la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, María Victoria Álvarez.

Un intento de 'okupación' en una vivienda de Vigo ha acabado en una reyerta multitudinaria, en la que hay resultado heridas al menos 6 personas, y en la que se han ocasionado daños materiales en la propia vivienda y en un vehículo de su propietario.

Según ha informado la Policía Local, los hechos tuvieron lugar en la tarde de este martes, cuando una mujer de 33 años de edad, V.J.C., intentó 'okupar' una vivienda del Barrio de las Flores junto con sus dos hijas menores. Para ello forzó la entrada de la casa con una pata de cabra.

Al percatarse de lo ocurrido, los vecinos avisaron al propietario del inmueble, que se presentó en el lugar y alertó a la mujer de que debía abandonar la vivienda, que no estaba vacía, y que si no se iba avisaría a la Policía. Inicialmente, la mujer pareció acceder, pero señaló que, como ya había introducido algunos de sus enseres en la vivienda, llamaría a sus familiares para que la ayudasen a sacarlos.

Sobre las 22,00 horas, se presentaron en el lugar varios familiares y amigos de esta mujer, "portando palos y bastones", y se enfrentaron con el dueño de la casa, diciéndole que no se irían y que estaban allí para defender a la mujer en caso de que quisiera echarla.

"Sin mediar provocación alguna", según ha informado la Policía, "comenzaron a insultar y amenazar al hombre" y, ante el alboroto, varios vecinos salieron a la calle. Finalmente, se juntaron unos 30 vecinos que, según relataron posteriormente, fueron insultados, amenazados y agredidos por los allegados de la mujer 'okupa'.

HERIDOS Y DAÑOS MATERIALES

Como consecuencia de esta reyerta, resultaron heridas al menos 6 personas: el dueño de la vivienda objeto de disputa, al que golpearon en la cabeza, mandíbula, hombros y tórax; una vecina de la zona, que acabó con un brazo roto y fue trasladada en ambulancia al hospital Álvaro Cunqueiro; así como otras 4 personas con diferentes lesiones que se trasladaron por sus propios medios al PAC de la calle Pizarro (y que confirmaron que presentarían denuncia).

No obstante, fuentes policiales han precisado que es posible que hubiera más heridos, pero que varios implicados huyeron a la llegada de las dotaciones policiales, y otros no quisieron reseñar las lesiones por miedo a las amenazas y represalias de los agresores.

De hecho, han apuntado las mismas fuentes, algunos de los vecinos relataron que "están hartos de este tipo de acciones por parte de individuos que viven en la zona, ya que son constantes las peleas entre ellos, generando muchos problemas de convivencia".

Además de las personas heridas, también se registraron daños en la vivienda cuyo propietario trató de evitar la 'okupación', con rotura de cristales y persianas. Los atacantes también rompieron el parabrisas de la furgoneta de este hombre, y causaron daños en la ventana trasera izquierda del vehículo, y otros desperfectos.

IDENTIFICADOS

La Policía logró identificar en las inmediaciones del lugar donde se produjo la reyerta a varias personas, sospechosas de haber participado en los hechos, y que los agentes ya conocían por ser "habituales de este tipo de conductas".

Así, fueron identificados J.J.B., de 33 años de edad, y su hijo, que se encontraba indocumentado; y otra persona, I.G.L., de 26 años de edad, todos ellos vecinos de Vigo.

Los sospechosos fueron interceptados cuando trataban de huir en un vehículo, en cuyo interior los agentes encontraron un palo y un bastón, que fueron incautados. También se localizaron, en los alrededores, otros 4 bastones y un martillo supuestamente utilizados en la reyerta.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha acordado inadmitir de plano los recursos interpuestos por el Partido Popular y 52 diputados de Vox contra el Decreto que incluyó al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia. Estima que no se da el presupuesto de legitimación activa en los recurrentes.

En un auto dado a conocer este miércoles, la Sala recuerda su jurisprudencia sobre la falta de legitimación activa de los partidos políticos, grupos parlamentarios y diputados que recurren de manera individual para impugnar actos y disposiciones generales cuando no se esgrime la titularidad de un derecho ni interés legítimo.

Añade que "no se trata de un supuesto relativo al ejercicio de una acción popular y que no puede invocarse el mero interés por la legalidad o la infracción de la jerarquía normativa para justificar la legitimación activa, como en este caso al aducir la vulneración de una norma con rango de ley. Tampoco resulta relevante, en los términos en los que se invoca, que el recurso se interponga por el primer partido de la oposición".

REQUISITOS PARA QUE LOS PARTIDOS RECURRAN

La Sala explica que ello no significa que los partidos políticos no puedan interponer recursos, pero siempre que concurra esa conexión específica con su actuación o funcionamiento, como sucede en los casos de impugnaciones respecto de actos de la Junta Electoral o cualesquiera otros que afecten a su propia esfera delimitada por la defensa de sus propios derechos o intereses legítimos, pero no cuando se trate de intereses que únicamente proyecten sus efectos, como es el caso, en la esfera política.

En su auto la Sala Tercera explica también que la solución contraria, es decir, reconocer la legitimación de los partidos políticos y de los diputados a título individual para impugnar cualquier actuación del gobierno y de la administración (y también en los de ámbitos local y autonómicos) "equivaldría a reconocerles una suerte de acción popular encubierta, que no tienen atribuida por nuestro ordenamiento jurídico".

Como ejemplo, se refiere a sentencias de su propia Sala en las que se ha declarado la citada falta de legitimación activa de otros partidos políticos: Compromís para impugnar el acuerdo de un pleno municipal que aprobó su presupuesto anual, Izquierda Unida para impugnar un real decreto sobre enseñanza o el otorgamiento de permisos de investigación, Partido Socialista Obrero Español para impugnar una orden ministerial, y partido político Familia y Vida para impugnar el reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Ana María Alonso Zarza, geóloga y catedrática de la Universidad Complutense de Madrid, ha sido nombrada directora del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), una entidad con casi 175 años de historia que lleva su actual nombre desde 1927 y está reconocido desde 1986 como Organismo Público de Investigación (OPI).

Según ha informado este miércoles el Ministerio de Ciencia e Innovación, la nueva directora ha tomado posesión del cargo en un acto que ha contado con la presencia de Rafael Rodrigo, secretario general de Investigación.

En su discurso, Alonso Zarza ha agradecido al ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, su confianza al encomendarle la dirección del instituto y ha defendido la importancia de apostar por la ciencia en momentos tan complejos como el actual.

"Vivimos un momento difícil pero a veces las grandes cosas ocurren en situaciones como esta. Por eso debemos apostar por la ciencia de calidad que se hace en instituciones como el IGME", ha indicado, para después añadir: "Nuestra única responsabilidad no es hacer la mejor ciencia que podamos, también estamos obligados a lograr que la sociedad sepa qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos".

Asimismo, ha manifestado que la divulgación y la comunicación de la ciencia "deben ser tan importantes" como lo es "la investigación, la innovación y la asistencia técnico científica que el instituto presta a las administraciones.

Ana María Alonso Zarza es la segunda mujer y la primera geóloga en llegar a la dirección en los casi 175 años de existencia del IGME.

TRAYECTORIA

Alonso Zarza es catedrática de la Universidad Complutense de Madrid en el Departamento de Mineralogía y Petrología de la Facultad Ciencias Geológicas y ha sido hasta el mes de julio pasado, presidenta de la Sociedad Geológica de España (SGE). También es investigadora del Departamento de Geología Sedimentaria y Cambio Medioambiental del Instituto de Geociencias (IGEO), Centro Mixto CSIC-UCM, del que fue directora.

Según el Ministerio, la excelencia de su trabajo científico le hizo merecedora en 2016 de la 'Walther Medal', uno de los mayores reconocimientos internacionales en el área de la geología y que concede cada año la Asociación Internacional de Sedimentología.

Entre sus principales líneas de investigación destacan la sedimentación en cuencas continentales, la diagénesis de carbonatos y la conservación del patrimonio geológico. Además de su trayectoria en la Universidad Complutense ha ejercido su actividad docente en cursos de especialista sobre carbonatos continentales en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Católica de Chile; ha sido Courtesy Research Associate en la Universidad de Oregón (EEUU) y profesora visitante en la Universidad de Edmonton (Canadá).

Como presidenta de la Sociedad Geológica de España desde 2016 hasta 2020 ha participado en la coordinación nacional del Geolodía, una de las mayores actividades de divulgación científica que tienen lugar en España y que cada año cuenta con la participación de más de 600 docentes e investigadores y la asistencia de más de 10.000 personas.

El consejero de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía, Juan Bravo, ha remitido una segunda carta tras la enviada el pasado 13 de abril a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con la propuesta del Gobierno andaluz para impulsar la inversión mediante la figura de la colaboración público-privada mediante una modificación de la Ley de Contratos del Sector Público.

Esta nueva misiva, según ha indicado la Junta en una nota, se envía tras la Conferencia de Presidentes del pasado día 4 "en la que el presidente de la Junta propuso al presidente del Gobierno la necesidad de contribuir al fomento de la colaboración público-privada y el presidente del Gobierno solicitó la propuesta para analizarla y empezar a trabajar de forma conjunta entre ambas administraciones".

Bravo ha subrayado la importancia de esta fórmula "como motor de recuperación y generación de empleo y riqueza", cuyo impulso "venimos solicitando desde el mes de mayo" al Gobierno central. Los efectos socioeconómicos de la pandemia del covid-19 exigen actuaciones contundentes en política económica y la inversión en infraestructuras públicas se revela como uno de los elementos esenciales de recuperación sin presionar las capacidades presupuestarias", ha incidido el consejero.

Según Bravo, en el contexto actual la colaboración público-privada se configura como "una herramienta clave para el impulso y desarrollo de infraestructuras estratégicas, pero para su empuje y promoción es vital resolver determinadas deficiencias identificadas que tiene el sistema de colaboración público-privada en España, y que afectan a todas las fases del ciclo de su preparación, contratación, ejecución y finalización de contratos".

Así, desde la Junta de Andalucía se ha solicitado al Gobierno de España, a través de esta misiva, la modificación de la regulación establecida en la normativa sobre desindexación de la economía española, vinculada a la Ley de Contratos del Sector Público, y que "actualmente constituye en la práctica un obstáculo para el impulso, desarrollo y realización de contratos de concesión en un momento tan importante", según ha evaluado.

En el documento se explica que la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público regula la duración de los contratos, que se calcula en función de las obras y servicios que constituyan su objeto. Según su planteamiento, si el contrato sobrepasara el plazo de cinco años, la duración máxima no podrá exceder del tiempo que se calcule razonable para que el concesionario recupere las inversiones realizadas, junto con un rendimiento sobre el capital invertido, teniendo en cuenta las inversiones necesarias para alcanzar los objetivos contractuales, sin que el contrato de concesión de obras pueda exceder el plazo de 40 años, o 25 años el de servicios.

La carta refleja que el RD 55/2017 de 3 de febrero, que desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española en su artículo 10 determina el periodo de recuperación de la inversión, estableciendo el parámetro de "rentabilidad razonable del proyecto", en el rendimiento medio en el mercado secundario de la deuda del Estado a 10 años más un diferencial de 200 puntos básicos --aproximadamente <2,5 por ciento a día de hoy--.

Según Bravo, "esta tasa no es representativa de las rentabilidades reales que actualmente se dan en el mercado, cuyas condiciones son variables a lo largo del tiempo y sus niveles de rentabilidad están estrechamente relacionados con el riesgo de cada proyecto, por lo que resulta irreal pretender financiar a este tipo esta clase de inversiones en infraestructuras".

El consejero ha subrayado que "es fundamental volver a situar a Andalucía como un lugar atractivo para invertir y así afrontar la recuperación económica". "Tenemos que seguir simplificando trámites", ha apuntado Bravo, quien para ello ve preciso eliminar "trabas burocráticas" y agilizar procedimientos.

Para el titular andaluz de Hacienda, iniciativas como la colaboración público-privada o el Decreto ley de mejora y simplificación normativa "son ahora más necesarias que nunca" para captar inversiones y hacer viables proyectos que reactiven la economía, que impulsen el crecimiento económico y el empleo.

"La estabilidad económica y administrativa, así como también política y presupuestaria, evidenciada esta en el cumplimiento de las reglas fiscales, fueron claves para generar confianza en Andalucía por parte de inversores nacionales y extranjeros. Ahora debemos seguir apostando por mantener e incrementar esta confianza", ha sentenciado.

FONDOS EUROPEOS

Tras haber visitado la Diputación de Almería, Bravo ha destacado la importancia de los fondos europeos como otra vía de reactivación, indicando que Europa "ha puesto encima de la mesa a los españoles más de 140.000 millones de euros para hacer proyectos y ser capaces de hacer una transformación.

Por ello, desde la Junta van a empezar "a trabajar ya con la Dirección de Fondos Europeos" para plasmar ese dinero "en proyectos reales para defender en Europa y que sean una realidad".

En este sentido, ha apuntado a retos como "la transformación digital y la apuesta por las energías renovables" en los que "Almería tiene mucho que aportar porque tiene mucha capacidad de crecimiento", añadiendo que la provincia "puede ser una de las más beneficiadas si se hace justicia en el reparto de los fondos de recuperación económica".

RTVE Cataluña duplicará en la nueva temporada las horas de emisión en catalán, que tendrá como principales novedades el debate 'Obrim fil' con Xavier Sardà, y los espacios 'Cafè de idees' y 'Desmarcats', que se emitirán simultáneamente por La 2 y Ràdio 4.

En la rueda de prensa de presentación, la administradora única de RTVE, Rosa María Mateo, ha recordado que en enero de 2019 anunció la intención de que se duplicara la programación en catalán en un año y se cuadruplicara en dos, y ha celebrado que "se haga realidad" pasando de 24 a 48 horas.

Mateo ha dicho que no ha podido ser en un año estricto, pero que ha habido "empeño" para que la propuesta saliera adelante, y ha asegurado que ella cree en los cambios para avanzar.

El director de Información y Actualidad de RTVE, Enric Hernández, ha incidido en que RTVE Catalunya quiere "satisfacer las necesidades de todos los catalanes y de ser la televisión de todos".

La temporada, bajo el lema 'Ho fem per tu' (Lo hacemos por ti), tendrá como una de las novedades el magazine matinal 'Cafè d'idees', con Gemma Nierga, que se emitirá simultáneamente por La 2 y Ràdio 4 y que tiene como intención "sentar cada día a un político de Catalunya que tenga alguna cosa que decir": el espacio contará con un bloque inicial de información a cargo de Laura Mesa.

El programa deportivo 'Desmarcats' también se emitirá de forma simultánea por La 2 y Ràdio 4 diariamente, y la emisión de los 'Grans documentals' de la tarde contará con la opción dual de poder seguirlos en castellano o en catalán

Otras de las novedades de TVE Cataluña serán el debate social 'Obrim fil' se emitirá la noche de los jueves, en el que los presentadores Xavier Sardà y Ana Boada profundizarán en las cuestiones de actualidad para la ciudadanía, y 'La Metro', un informativo que pondrá el acento en la información del área metropolitana de Barcelona presentado por Quim Barnola.

Jèssica del Moral presentará el programa de entetenimiento de las tardes 'En línia' en una temporada que también contará con la docuserie de cultura y divulgación 'Perduts en el temps', dirigida por Jordi Soler y presentada por Bruno Oro, que resigue espacios abandonados, y el programa de humor '20vint', que llevará a monologuistas de la escena catalana

RÀDIO 4

Respecto a Ràdio 4, la emisora incorpora el programa 'Després del col·lapse', conducido por Samanta Villar, un espacio de reportajes sobre la situación originada por la pandemia, el espacio de divulgación 'Fem salut', con Xavi Collado, y el despertador 'El cantamanyanes', de Joan Arenyes.

El director de RTVE Cataluña, Pere Buhigas, ha señalado que el centro "es una auténtica fábrica que no acaba solo con la programación en catalán", y ha dicho que se está trabajando en una docena de proyectos, como volver al teatro en catalán y hacer un portal de noticias en esta lengua.

La Asociación Interprofesional de la Avicultura de Carne de Pollo (Propollo) ha considerado "totalmente injustificada" la "actitud de confrontación" por parte de los representantes de los sindicatos UGT FICA, CC.OO. Industria y CIG ante la negociación del convenio colectivo de mataderos de aves y conejos y el anuncio de la convocatoria de una huelga los próximos días 13 y 14 de octubre.

"Consideramos totalmente injustificada la falta de diálogo y actitud de confrontación por parte de los representantes de los sindicatos UGT FICA, CC.OO. Industria y CIG, pues no representa el espíritu de diálogo que se ha mantenido en todo momento por parte de nuestra asociación interprofesional en la mesa de negociación del convenio colectivo", ha señalado la junta directiva de Propollo.

En este sentido, ha explicado que el equipo de Propollo expuso en la reunión mantenida con los representantes sindicales una propuesta de actualización del convenio colectivo basada en un contexto que "desgraciadamente afecta de forma global a todos, profesionales, empresas, administraciones públicas y estados, y que ha supuesto una grave crisis económica sin precedentes en el sector avícola".

Ante las consecuencias de esta pandemia en la actividad económica de todos los sectores, con pérdidas que en abril de este año se han estimado en más de 600 millones de euros solo para el sector avícola, la junta directiva de la interprofesional realizó una propuesta que mantiene "importantes esfuerzos y compromisos" por parte de las empresas asociadas, y que incluyen mejoras salariales que "no son mencionadas por los representantes sindicales de estas dos organizaciones".

Entre los puntos incluidos en estas propuestas presentadas por Propollo, se encuentra el apoyo a los empleados más jóvenes, con un "importante" incremento sobre su salario base para los ejercicios 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025.

"Confiamos en que los representantes sindicales reevalúen su decisión y suscriban la propuesta empresarial efectuada. Añadir más conflictos en la sociedad y en la industria en nada facilitará la paz social tan necesaria para la salida de la crisis, el empleo y una recuperación del consumo en momento tan excepcional en la sociedad española", ha resaltado Propollo.

La directora de casting Sara Bilbatua recibirá el Premio Zinemira que conceden el 68 Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que se celebra del 18 al 26 de septiembre, y las asociaciones de productores Ibaia y EPE/APV en reconocimiento a una personalidad destacada del cine vasco.

Bilbatua, responsable del casting de más de 75 producciones audiovisuales en los últimos 25 años, recogerá el galardón en la Gala del Cine Vasco que el teatro Victoria Eugenia de la capital guipuzcoana acogerá el 22 de septiembre durante la celebración de la 68 Zinemaldia, según han informado sus organizadores.

Tras licenciarse en Psicología por la Universidad del País Vasco (EHU/UPV), Sara Bilbatua (Eibar, 1958) realizó estudios de arte dramático en el Laboratorio de Teatro William Layton de Madrid. Su primer trabajo como directora de casting fue en 1994 en la película Justino, un asesino de la tercera edad, dirigida por el tándem Santiago Aguilar-Luis Guridi, conocidos como La Cuadrilla.

Desde entonces, se ha convertido en una de las más conocidas responsables de casting en España gracias a su trabajo junto a cineastas como Pedro Almodóvar ('Todo sobre mi madre', 'Hable con ella'), Juanma Bajo Ulloa ('Airbag'), Mariano Barroso ('Éxtasis', 'Los lobos de Washington'), Daniel Calparsoro ('Salto al vacío'), Isabel Coixet ('A los que aman'), Julio Medem ('Los amantes del círculo polar', 'Lucía y el sexo', 'Caótica Ana'), Jaime Rosales ('La soledad', 'Petra'), Guillermo del Toro ('El espinazo del diablo', 'El laberinto del fauno'), David Trueba ('La buena vida') o Carlos Vermut ('Magical Girl', 'Quién te cantará'), además de muchos otros.

Entre los proyectos de televisión en los que ha participado a través de su agencia Tanami Casting destacan series como 'La línea invisible', 'Velvet Coleccción', 'Tiempos de guerra', 'Refugiados', 'Gran Reserva', 'Gran Hotel', 'Amar es para siempre', 'Maitena. Estados alterados', 'La señora' o 'Hermanos & detectives'. Además, en 2004 escribió y dirigió el cortometraje 'El aire que respiro', que fue incluido en el catálogo Kimuak del Gobierno Vasco.

Bilbatua recibirá el Premio Zinemira en la Gala del Cine Vasco, en la que también se proyectará 'Bizimina', un cortometraje dirigido por Migueltxo Molina, Pablo Iraburu y Jon Maya que hibrida documental y danza para construir un relato que reconforte en estos tiempos de pandemia.

Hasta la fecha, han recibido el galardón honorífico Imanol Uribe (2009), Álex Angulo (2010), Elías Querejeta (2011), Michel Gaztambide (2012), Juanba Berasategi (2013), Pedro Olea (2014), Karmele Soler (2015), Ramón Barea (2016), Julia Juaniz (2017), Ramón Agirre (2018) y José María Txepe Lara (2019).

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome (DO), ha acusado al presidente de la Diputación, Manuel Baltar (PP), de haberlo traicionado y al Partido Popular (PP), hasta ayer su socio de Gobierno, de intentar darle "un golpe de Estado" en el Ayuntamiento. A pesar de ello ha esgrimido su lealtad y ha asegurado que no dimitirá porque, ha añadido, "va a ganar la honestidad".

Así lo ha trasladado este miércoles en rueda de prensa, en la que ha roto su silencio tras semanas de acusaciones y una denuncia en Fiscalía por parte de cinco de sus concejales por una presunta irregularidad en la gestión de los fondos públicos de Democracia Ourensana, hechos que el regidor ha negado rotundamente y ha atribuido a una "trama" orquestada por el PP.

"Baltar me traicionó, pero yo a él no, soy un tío leal", ha reiterado Jácome, a la vez que ha tildado la situación que vive en estos momentos como "una de las traiciones más épicas de la política municipal", algo que ocurre, ha asegurado, "cuando vienes a cambiar el mundo".

El alcalde también ha apuntado al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, de estar detrás de esta "trama", dado que "se esperó a que pasasen las elecciones" para comenzar las acusaciones y no poner "en riesgo" la figura del líder popular por haber amparado el pacto con Jácome tras los comicios locales de mayo del 2019.

Jácome ha asegurado que comenzó a desconfiar cuando, recientemente, en una cena entre su exnúmero dos y líder de los díscolos, Miguel Caride, otras personas de DO, Baltar y Jorge Pumar --el hasta ayer teniente de alcalde por el PP--, los de su partido le comentaron delante de los populares que lo iban a "detener" y que por ello debía dimitir inmediatamente.

"Entonces están en la misma trama", ha referido Jácome. "Cuando ceso a los dos concejales, los del PP cesan", por lo que "estaba todo secuenciado, estaban todos en auténtica coordinación" --en referencia a los ediles críticos de DO y a los populares--, ha añadido.

Pocos días después, Caride le habría dicho en un encuentro fortuito en la calle que lo suyo estaba "muy avanzado" y que iban a detenerlo "pasado mañana": "Tú ya has cumplido tu sueño, ya has sido alcalde, dimites esta mañana y es mucho más suave", le habría comentado el también exportavoz municipal de la formación ourensana.

LA DIPUTACIÓN

Jácome ha acusado al PP de "comprar a Miguel Caride" --quien ejerció además de abogado del regidor durante 10 años-- para "garantizar la estabilidad de la Diputación", donde los populares gobiernan en coalición gracias a los dos diputados de DO: uno de ellos, el propio Caride, y el otro, Armando Ojea, vicepresidente del organismo y afín a Jácome. El PP, con 13 diputados, necesita solo uno más para establecer mayoría.

Asimismo, ha advertido de que si le "traiciona el PP en el Ayuntamiento" --de hecho, ayer le retiró su apoyo de coalición--, él "no" va a "apoyar en la Diputación" su pacto con los populares, por lo que la institución provincial "automáticamente quedaría en minoría". Es por ello, ha justificado, por lo que el PP abordó a Caride.

El momento clave llegará con el pleno para la aprobación de los presupuestos en la Diputación, que se celebrará este mes, donde se comprobará si el propio Caride vota en contra o se coloca del lado de Baltar. Si tomase esta última opción, ha dicho Jácome, es que todo lo relacionado con la "trama" es "cierto": "Si podemos 'chimparlo' (al alcalde), bien, si no, que se joda Ourense", ha puesto en boca del PP.

Jácome ha dejado la puerta abierta para darle, si fuera el caso, el gobierno de la Diputación al PSOE: "Si no hay pacto con el PP en el Ayuntamiento, nuestra primera opción siempre fue el PSOE, eso está claro".

LA GESTIÓN DE LOS FONDOS DE DO

Ayer, el PP suspendió "temporalmente" su pacto de Gobierno con DO en el Ayuntamiento de Ourense supeditando un regreso a que Jácome ofreciera las explicaciones oportunas sobre las presuntas irregularidades en el tratamiento del dinero público de su partido.

Al respecto, el regidor ha referido sentirse sorprendido por esta apelación, ya que él es "un adalid de la anticorrupción", y por que fuese precisamente el PP quien le pidiese las cuentas: "Me lo dice el PP, que avaló la compra de periódicos viejos por 2,7 millones de euros".

Jácome también se ha mostrado estupefacto porque, ha referido, fue el PP quien le sugirió estar en silencio estos días: "El PP me dijo 'no los ceses de sus competencias, enfría y atornilla, no hagas nada'", ha abundado, otro hecho más que demuestra, según él, que "lo tenían todo en la hoja de ruta".

Sobre las cuentas del partido, se ha negado a mostrar documentos porque, ha aclarado, "no hay ningún partido que enseñe sus extractos bancarios, por la Ley de Protección de Datos y porque nadie desvela sus proveedores y sus costes", aunque sí ha afirmado que presentará sus números "donde" haya "que presentarlos".

Acerca de las dudas sobre su gestión de los fondos, ha subrayado que "en el timón" de su persona "están 1.000 millones de euros" de dinero público que él maneja para, así, "frenar mordidas", algo, ha insinuado, que puede molestar a cierta gente.

EL FUTURO DEL AYUNTAMIENTO

La postura de Jácome ahora mismo es firme: se mantendrá como alcalde con el apoyo de un solo concejal --Armando Ojea-- en un gobierno en clara minoría tras una "tremenda infidelidad" de los díscolos, "gente a la que" le dio "todo en política", ha manifestado. Todas las carteras municipales serán asumidas por ambas personas.

En ningún momento el alcalde ha sopesado la idea de dimitir porque "sería el colmo que los traidores ganaran esta partida" y piensa que "va a ganar la honestidad": "No pararé hasta transformar esta ciudad y los traidores no lo van a evitar", ha expuesto.

El regidor ha destacado que esta situación "no tiene por qué paralizar" Ourense y que, a partir de ahora, "se tratará de buscar pactos puntuales de proyectos". "He venido para cambiar Ourense, nunca les fallaré y lo vamos a conseguir", ha finalizado Pérez Jácome.

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha pedido llevar a los migrantes que han llegado en los últimos días a las islas y que permanecen en carpas en el Muelle de Arguineguín (Gran Canaria) a infraestructuras que son del titularidad del Estado y que en la actualidad no están ocupadas.

Así lo ha asegurando durante unas declaraciones a los medios tras presidir la sesión inaugural del Foro Canario de Inmigración, que contó con la participación de la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, y la Subdelegada del Gobierno en Las Palmas, Teresa Mayáns Vázquez, de forma presencial; y el presidente de la Comisión LIBE del Parlamento Europeo, Juan Fernando López Aguilar, la secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul, y representantes locales, insulares, del Estado, colectivos y asociaciones, de forma telemática.

"La primera solución es que los espacios de titularidad pública que no están siendo ocupados se ocupen con urgencia y la segunda es que estar personas no vienen a Canarias para quedarse, lo que quieren es seguir su tránsito hacia Europa", observó al tiempo que hizo especial hincapié en que la UE no puede "cerrar la puerta" a esta realidad.

CANARIAS HA CEDIDO HASTA 7 INFRAESTRUCTURAS AL ESTADO

Torres resaltó en este punto que la situación exige respuestas y soluciones, por lo que durante el encuentro ha puesto sobre la mesa que Canarias, a requerimiento del de España y aunque no era su competencia, ha cedido durante todo este tiempo diferentes infraestructuras, hasta siete, "que son residencias escolares para el acogimiento de inmigrantes mayores de edad".

Aquí, recordó que la competencia de los migrantes mayores de edad es del Gobierno de España y la de los menores no acompañados del Ejecutivo canario junto a los cabildos.

De igual modo, el presidente señaló que desde 2018 se ha ido viendo un repunte en la llegada de pateras y que la actualidad la cifra de migrantes llegados a la islas se ha multiplicado por siete, motivo por el cual entendió que Europa tiene que activar mecanismos de seguridad, ya que "no se puede esperar más".

VIGILANCIA "ESCRUPULOSA" Y UN ACOGIMIENTO "DIGNO"

"Hay más vectores --aseveró el presidente--. La vigilancia debe ser escrupulosa y junto a ello, cuando llegan a Canarias deben tener los migrantes un digno acogimiento en las instalaciones que están destinadas a ese fin".

Por este motivo, Canarias ha demandado que se ponga a disposición del ministerio competente aquellas infraestructuras que son de titularidad del Estado que están libres y que pueden ser ocupadas para dar esa respuesta.

"Lo que no puede ser es que haya centenares de personas en carpas en el puerto de Arguineguín", aseveró mientras apuntó que habrá reuniones "inmediatas" entre ministerios para arbitrar los mecanismos pertinentes.

QUE NO SE USE EL ASUNTO DE MANERA PARTIDISTA

El presidente opinó que no es una situación sencilla e hizo un llamamiento a separa este asunto del debate partidista. "No juguemos con el dolor de las personas --dijo--. Por su puesto las cosas se pueden hacer mejor o peor pero si hacemos de esto una lucha partidaria iríamos mal".

"No puede ser que un fenómeno migratorio que llega a la frontera sur de Europa termine ahí porque estaremos fallando al concepto de UE en el que la RUP de Canarias participa y pertenece", afirmó para insistir en que Europa "no le puede dar la espalda a esta situación".

SANTANA: "QUE SE DEJE DE ACTUAR CON ESPONTANEIDAD"

Por su parte, la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, ha visto necesario que se coopere entre todas las administraciones --UE, Gobierno de España y Canarias-- se mismo modo que se hizo cuando la crisis de los cayucos del año 2006.

"Hemos solicitado que se deje de actuar con espontaneidad --resaltó--, que se dote a Canarias de recursos estables [en referencia a centros de acogida] y que sean éstos en régimen abierto para poder cumplir con un trato digno a estas personas".

Mientras, a la UE trasladó el deseo del archipiélago de que se vuelvan a activar los fondos que estaban vigentes desde 2004 y hasta 2010 para poder atender a los migrantes menores no acompañados que llegan a las islas.

Al ser preguntada por el hecho de que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, no vaya a viajar finalmente a Canarias, Santana mostró su malestar y esperó que cumpla "pronto" con su compromiso.

Seis militares del cuartel de Mungia han dado positivo en covid-19, lo que ha obligado a poner en cuarentena a alrededor de otros 50 militares, la mayoría de una misma unidad, que habían estado en contacto con los primeros, según han informado a Europa Press fuentes del acuartelamiento, en el que están destinados unos 500 militares.

El estado de los seis militares que han dado positivo en coronavirus es leve o no presentan síntomas, y ninguno está hospitalizado. En concreto, tres permanecen en el cuartel y otros tres en sus domicilios.

Por su parte, el medio centenar de militares obligado a guardar cuarentena, por ser contactos estrechos de los seis contagiados, permanecen en sus domicilios, y ya les ha realizado las PCR, con resultado negativo confirmado en dos tercios de las pruebas y a la espera de los análisis pendientes.

135 POSITIVOS EN MUNGIA

La localidad, que no llega a los 18.000 habitantes, acumula entre el 2 y el 8 de 135 positivos por PCR, según los últimos datos recogidos en los informes del Departamento de Salud.

En este municipio vizcaíno, el pasado 1 de septiembre el Departamento de Salud llamó a las personas que entre los días 21 y 26 de agosto estuvieron en la taberna Goieta (Aritz bidea, 2) a ponerse en contacto telefónico con su centro de salud o con el teléfono del Consejo Sanitario, en el 900 20 30 50, para solicitar cita previa para la realización de una PCR.

Además, la semana pasada se detectaron 21 positivos en covid-19 entre los usuarios de la residencia San José Etxe Alai de la localidad, en el marco del cribado puesto en marcha por la Diputación de Bizkaia para detectar posibles contagios en residentes y trabajadores del centro.

Este mismo miércoles, la Diputación Foral de Bizkaia ha anunciado que el viernes pondrá un dispositivo especial en Mungia para realizar un cribado preventivo a los profesionales de 20 centros sociosanitarios (residenciales y de atención diurna) de personas mayores y personas con discapacidad de la comarca de Mungialdea y los municipios del entorno.

Los equipos forales de respuesta rápida estarán en el recinto ferial de Mungia que el Ayuntamiento de la localidad ha puesto a disposición de la Institución foral. Este nuevo dispositivo especial sucede a los ya realizados en Gernika y Amorebieta-Etxano.

Este miércoles se ha formalizado la marcha de uno de los alcaldes más veteranos de Galicia, el brionés José Luis García (PSOE), que ha dicho adiós al ayuntamiento coruñés de Brión tras 41 años al cargo del municipio, en el que el edil socialista y hasta ahora teniente de alcalde, Pablo Lago, asume el bastón de mando de forma provisional hasta la celebración de un pleno extraordinario en el que la corporación elegirá al nuevo regidor.

"Ser vuestro alcalde, el alcalde del pueblo donde nací, es el mayor honor que una persona puede tener". Así se ha pronunciado, según recoge un comunicado, García en su despedida en el pleno ordinario celebrado en Brión este miércoles, donde ha agradecido a los vecinos el "entendimiento" con el gobierno local en las últimas cuatro décadas.

"Sin esa complicidad no habría sido posible hacer todo lo que hicimos a lo largo de estos casi 42 años", ha señalado el ya exalcalde, que ha repasado sus años en el cargo, de los que destaca que Brión consiguió "ser un ayuntamiento pionero en muchas cosas" como en llevar el abastecimiento y saneamiento a todas sus aldeas o ser el primer municipio de Galicia que empleó la lengua gallega en sus actas.

Ante la nueva etapa que se abre en la corporación local tras su salida, García ha mostrado su confianza en el que tanto el pleno municipal como el gobierno que deja tendrá "la capacidad y las mismas ganas de trabajar por esta tierra" que él tenía hace cuatro décadas.

"Me preguntaban el otro día cuál era el secreto para ser alcalde durante tanto tiempo. La cuestión es muy simple: cuando un vecino viene al ayuntamiento porque tiene un problema, lo que hay que hacer es ponerse en su piel y preguntarse: '¿qué me gustaría a mí que hiciera el ayuntamiento?'. Y después preguntarse: '¿y qué me permite hacer la ley?'. Y si no sabéis lo que dice la ley, ya os lo dirá el señor secretario", ha señalado.

El pleno se ha centrado exclusivamente en la despedida de García, a quien los portavoces de PP, Waldo Carballo García, y BNG, Tito Souto Castiñeira, han agradecido su tarea y la actitud mantenida con la oposición a lo largo de estos años.

Su puesto al frente de la corporación local lo asume el hasta ahora teniente de alcalde, Pablo Lago, que ejercerá como alcalde provisional hasta la celebración de un pleno extraordinario que tendrá lugar en las próximas dos semanas.

El Instituto de Investigación y Tecnología Alimentaria (IRTA) ha confirmado este miércoles en un comunicado un caso asintomático de virus del Nilo Occidental en un caballo de Amposta (Tarragona).

Se trata de un potro al que se le han detectado anticuerpos frente al virus, que no había sido vacunado previamente, y que no se había movido fuera del territorio recientemente, "lo que confirmaría que la infección se produjo en la zona del Montsià", ha indicado el IRTA.

El virus ya se había detectado en animales en Catalunya en los años 2017 y 2018, pero este año el programa de vigilancia activa se ha intensificado a raíz de los casos descubiertos en Andalucía en las últimas semanas.

En 2010 y 2016 se detectaron en España algunos casos de la enfermedad en personas, pero este verano del 2020 ha sido la primera vez que ha aparecido un brote con muchos casos con cuadros neurológicos graves y tres muertos hasta la fecha.

Tras este primer positivo en Catalunya, se ha puesto en marcha el Programa de alerta, prevención y control del virus del Nilo Occidental en huéspedes animales, y se ha activado el programa de vigilancia de arbovirus en mosquitos coordinado por la Conselleria de Salud de la Generalitat para realizar inspecciones entomológicas y control vectorial en la zona.

Según el IRTA, la vigilancia en équidos y aves es "primordial" para detectar el virus precozmente y determinar las áreas de riesgo, pero también han recordado que el virus sólo se transmite de las aves a los équidos o de aves a las personas, a través del mosquito 'Culex pipiens', que pica preferentemente a los pájaros.

El vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha pedido este miércoles al secretario general del PP, el murciano Teodoro García Egea, que vocalice "un poco más" en sus intervenciones porque le ha costado entenderle, mientras que el 'popular' le ha instado a aprender "todos los acentos".

El rifirrafe ha tenido lugar durante la sesión de control al Ejecutivo en el Pleno del Congreso de los Diputados, en el que Iglesias ha pedido a García Egea abordar una "cuestión de forma".

"Creo que se nos entiende regular cuando hablamos con la mascarilla puesta", ha señalado Iglesias, quien ha pedido a renglón seguido al secretario general del PP que vocalice "un poco más" en su siguiente intervención porque le ha costado "entender algunas cosas".

"Se lo digo con sinceridad; creo que he entendido la pregunta, y es si asumo la responsabilidad del Gobierno", ha señalado Iglesias, quien ha contestado que asume "toda la responsabilidad del Gobierno".

En su contrarréplica, García Egea ha emplazado a Iglesias a "salir más, que España es muy diversa en los acentos, y hay que entender todos".

Andalucía ha vuelto a bajar el ritmo de contagios y este miércoles suma 781 casos confirmado por PCR después de que este martes volviera a superar los mil positivos -1.043- en un solo día, según ha informado la Consejería de Salud y Familias, que anota cinco fallecidos más, tres en Almería, uno en Cádiz y otro en Málaga.

La provincia que suma mayor número de positivos en 24 horas es Granada con 175, seguida de Sevilla con 150, Málaga con 135, Cádiz con 109, Almería con 87, Córdoba con 51, Jaén con 42 y Huelva con 32. Según ha destacado la Consejería, la Dirección General de Atención Sanitaria ha realizado un total de 1.577.532 pruebas, 739.720 PCR y837.812 test rápidos.

La evolución acumulada de los datos en los últimos siete días refleja 4.775 casos diagnosticados por PCR, con 344 hospitalizados, 23 ingresados en UCI y 36 fallecidos en toda Andalucía.

Además, este miércoles hay 65 nuevos hospitalizados, al sumar 19 en Sevilla, 12 en Málaga, once en Cádiz, nueve en Granada, seis en Córdoba, cinco en Almería, dos en Jaén, y uno en Huelva. Respecto a las personas que han pasado por una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), se han sumado dos en 24 horas.

Actualmente, 765 pacientes confirmados con Covid-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 118 se encuentran en UCI. Málaga continúa como la provincia andaluza con más hospitalizados con 228, de los que 32 están en UCI --también la provincia con más hospitalizados en este Unidad--, seguida de Sevilla que tiene 138, 16 en UCI; Cádiz con 110 hospitalizados, 19 en UCI; Córdoba con 87, 13 en UCI; Almería con 88, 16 en UCI; Granada con 80 pacientes, 12 en UCI; Jaén con 29, nueve en UCI; y Huelva con cinco, uno en UCI.

De acuerdo con los datos acumulados de la Consejería de Salud, Andalucía ha registrado 37.905 casos confirmados por PCR, 781 en 24 horas, después de sumar 1.043 este martes, 661 este lunes, 680 este domingo, 1.030 este sábado, 1.021 este viernes, 1.038 el jueves y 884 el miércoles. La comunidad alcanza las 1.566 muertes por Covid-19, tras sumar cinco fallecidos en 24 horas.

Por su parte, la cifra de hospitalizados sube hasta los 7.874, 65 más en 24 horas, después de subir en 79 este martes, 52 este lunes, 41 el domingo, 105 el sábado, 72 el viernes, 57 el jueves y 70 el miércoles. La cifra de pacientes que han pasado por UCI se sitúa en los 903 tras sumar dos en 24 horas y el número de curados llega a los 19.882, 255 más en 24 horas.

En cuanto a los datos provincializados acumulados de la Consejería de Salud, de las 1.566 muertes en Andalucía, Málaga se sitúa como la provincia con más fallecidos con 308 -uno más-, seguida de Sevilla con 303, Granada con 302, Jaén con 194, Cádiz con 191 -uno más-, Córdoba con 124, Almería con 92 -tres más- y Huelva con 52.

Las alteraciones del gusto y el olfato son síntomas comunes a la Covid-19 con más afectación en jóvenes y no hospitalizados, y que se recuperan más tarde de ello que los pacientes ingresados, según los resultados de un estudio multicéntrico realizado en 15 hospitales españoles con 989 pacientes.

En concreto, los datos, publicados en 'Journal Investigation Allergology and Clinical Immunology', han mostrado una prevalencia de alteración del olfato del 53 por ciento y de un 52 por ciento en alteración del gusto. Además, uno de cada cinco pacientes presenta estas alteraciones como primer síntoma de la enfermedad.

En la investigación han participado varios otorrinolaringólogos, miembros de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL-CCC), mediante una encuesta elaborada por su Comisión de Rinología, Alergia y Base craneal anterior. Asimismo, ha sido liderado por la doctora Adriana Izquierdo-Domínguez, del Hospital Consorci Sanitari de Terrassa y de la Unidad de AlergoRino del Centro Medico Teknon, miembro también de la SEORL-CCC.

"Hemos visto que no hay unos síntomas específicos de las vías respiratorias altas que nos permitan distinguir la infección causada por el virus SARS-CoV-2 de otras infecciones virales como el rinovirus, la influenza, el virus Ebstein-Barr y otros coronavirus. Sin embargo, las investigaciones realizadas nos permiten señalar la alteración del olfato como un síntoma característico de la Covid-19, debido a que el virus se sitúa en el epitelio respiratorio, por lo que puede afectar al neuroepitelio olfatorio. Por lo tanto, una disfunción en este sentido o en el del gusto, debe alertar en la situación actual de pandemia sobre una posible infección por SARS-CoV-2", ha comentado la doctora Izquierdo.

Otro de los resultados que ha permitido obtener el estudio es que una mayor gravedad de la pérdida del olfato y del gusto se asocia a un menor requerimiento de ingreso hospitalario. Los pacientes que precisan ser hospitalizados presentan síntomas de tos, fiebre y disnea de forma significativa. "Hemos encontrado que una mayor gravedad de la Covid-19, con una edad de más de 60 años, hospitalización y mayores niveles de proteína C reactiva, se asocian a menor afectación del olfato que en los pacientes con Covid-19 ambulatorios y más jóvenes", ha apostillado la doctora Izquierdo.

Además, también se ha comprobado que el perfil de pacientes con pérdida grave de olfato, además de ser más joven es predominantemente femenino. En cuanto a la mejora y recuperación del sentido del olfato, casi el 50 por ciento de los pacientes con Covid-19 mejoraron a las 2 semanas del diagnóstico, cuanto más grave es la pérdida de olfato más tarde se recupera.

En general se produce una mejora de forma espontánea, pero en un porcentaje de pacientes esa alteración persiste en el tiempo, afectando el sabor, la calidad de vida y la seguridad, ya que mediante el olfato se evitan riesgos de inhalación de agentes tóxicos o consumo de alimentos en mal estado", ha avisado el presidente de la Comisión de Rinología, Alergia y Base de Cráneo Anterior de la SEORL-CCC y uno de los autores del estudi, Isam Alobid.

Por otra parte, otro estudio español realizado en cinco hospitales españoles con cerca de 200 pacientes no hospitalizados, y publicado en agosto en 'European Archives of Oto-Rhino-Laryngology' por la doctora Maria Jesus Rojas y colaboradores también médicos de la SEORL-CCC, ha puesto también de manifiesto que las mujeres afectadas por el Covid-19 sufren pérdida del gusto y el olfato de forma más frecuente y más grave que los hombres.

El Gobierno de Cantabria ha informado este miércoles del primer caso de coronavirus en un alumno de la región desde que se retomaron las clases presenciales hace tres días, el 7 de septiembre. Se trata de un niño que fue al colegio ese lunes y el positivo se ha detectado este miércoles, cuando se han puesto en marcha los protocolos establecidos por las consejerías de Sanidad y Educación con motivo de la 'vuelta al cole'.

De este primer contagio de Covid-19 entre el alumnado de la Comunidad Autónoma ha dado cuenta el titular de Sanidad, Miguel Rodríguez, y la directora general de Salud Pública, Paloma Navas, en una rueda de prensa que ambos han ofrecido para trasladar la evolución de la pandemia en Cantabria.

Ninguno de los dos ha indicado de qué centro educativo se trata y han declinado, además, ofrecer más detalles al respecto, por cuestión de protección de datos que en este caso afectan a un menor de edad y para evitar su identificación.

De momento, al haberse detectado este miércoles el positivo a raíz de una prueba PCR, se han activado los protocolos establecidos y se están valorando las medidas a desarrollar en estos supuestos, sin que por ahora se haya acordado el cierre del aula o del colegio afectado.

Podemos, que ejerce la acusación popular en la causa contra la familia Pujol Ferrusola, solicita para el expresidente de Cataluña Jordi Pujol una pena de hasta 20 años de prisión por los delitos de blanqueo de capitales, falsedad documental y organización criminal. Esta pena podría verse reducida a 16 años en caso de que se estime la figura de asociación ilícita en lugar de la de organización.

De igual forma, solicita en su escrito de acusación, el partido 'morado' interesa para la mujer del expresidente Pujol, Marta Ferrusola, penas que irían de los 13 a los 17 años de prisión por asociación ilícita -subsidiariamente organización criminal- y blanqueo de capitales. Apunta Podemos que el papel de Ferrusola, al igual que el de Jordi Pujol, en esa asociación ilícita era la de dirección.

La petición de penas asciende en el caso del primogénito del clan familiar, Jordi Pujol Ferrusola, para quien esta parte pide 50 años y seis meses de prisión por asociación ilícita, blanqueo, falsedad documental y delitos contra la Hacienda Pública en relación al IRPF de hasta cinco años de 2007 a 2012. Al igual que ocurre con sus padres y hermanos, estas penas pueden verse incrementadas en caso de que se decida que cuadra más el delito de organización criminal que el de asociación ilícita, por lo que llegaría a los 54 años y seis meses.

La formación 'morada' señala en su escrito que existen indicios de que la familia Pujol Ferrusola ha aprovechado "su posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana durante decenios, para acumular un patrimonio desmedido, directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas".

Ya a mediados de julio, el juez instructor de esta causa en la Audiencia Nacional, José de la Mata, propuso enviar a juicio al expresidente, a su mujer Marta Ferrusola y a sus siete hijos por formar presuntamente una organización criminal.

En el auto de transformación de la causa en procedimiento abreviado y que ponía fin a la investigación de la pieza principal de este caso, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 consideraba que los hechos serían constitutivos de delitos de organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y falsedad documental.

Además de toda la familia Pujol Ferrusola, el magistrado procedía también contra otras 18 personas que habrían participado o colaborado en las actividades ilegales, entre ellos la exmujer de Jordi Pujol Ferrusola, Mercé Gironés, o los empresarios Luis Delso Heras, Carlos Sumarroca Coixet y Carlos Sumarroca Claverol.

Según el auto, la investigación, que se ha alargado más de siete años, ha acreditado que parte de esas "actividades corruptas" que habría cometido la familia coincidieron en el tiempo con la Presidencia de la Generalitat de Cataluña que ostentó Jordi Pujol entre 1980 y 2003.

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La Conselleria de Salud y Consumo de las Islas Baleares ha informado este miércoles de la restricción de la movilidad en cuatro barrios de Palma, Son Gotleu, Can Capes, Soledat Nord y Son Canals, con el objetivo de frenar el aumento de contagios por COVID-19.

Así lo ha anunciado la consellera de Salud y Consumo, Patricia Gómez, en una rueda de prensa en la que ha estado acompañada por el alcalde de Palma, José Hila.

Tanto Gómez como Hila han destacado "la alta densidad de población", una causa que influye en la transmisión de la enfermedad.

Pese a la restricción de la movilidad, la consellera ha especificado no afectará a quienes se tengan que desplazar para asistir al centro sociosanitario, al trabajo o los centros docentes y educativos.

Canarias ha registrado este miércoles la llegada de otras seis pateras con 145 migrantes a bordo, que se suman a los dos centenares de personas en situación irregular que arribaron ayer a las costas del archipiélago, uno de ellos fallecido.

Cuatro embarcaciones llegaron este miércoles a Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. La primera se localizó sobre las 00.34 horas y fue rescatada por Salvamento Marítimo, quien trasladó a los 41 ocupantes de la misma al Muelle de Arrecife (Lanzarote), siendo necesario el trasladado de uno de ellos a un centro sanitario.

Más tarde, a las 03.47 horas se recibió un aviso sobre la localización de una nueva embarcación irregular, que fue trasladada al Muelle de Arguineguín, donde llegó sobre las 05.00 horas con 25 ocupantes en su interior.

Prácticamente a la misma hora que la segunda patera alcanzaba el puerto, una segunda arribaba por sus propios medios a la zona del Charco de Maspalomas con unas 19 personas por el momento, ya que continúa el dispositivo de búsqueda de los ocupantes.

Los migrantes fueron asistidos por el personal del Servicio se Urgencias Canario (SUC) y de Cruz Roja, todos en aparente buen estado de salud.

Igualmente, una patera con 60 migrantes a bordo de origen subsahariano -59 adultos y un menor- fue rescatada en la mañana de este miércoles por la Salvamar Mízar a 15 millas al sur de Fuerteventura, informan fuentes de Salvamento Marítimo a Europa Press.

La embarcación fue avistada por un buque de la armada y tras realizar el rescate, los migrantes, que presentan buen estado de salud, fueron trasladados al puerto de Gran Tarajal.

La llegada de los 150 migrantes este miércoles se suman a los 200 que fueron rescatados este martes y trasladados a Tenerife y, en su mayoría, a Gran Canaria. En una de estas embarcaciones, uno de los migrantes había fallecido.

Según datos del Ministerio del Interior, el aumento de la llegada de pateras a las islas en lo que va de año que se ha incrementado en casi un 600 por ciento en los primeros ocho meses del año.

Así, hasta el 31 de agosto, 3.933 migrantes han llegado a Canarias en pateras, lo que supone un aumento del 573,5% con respecto al mismo periodo del año pasado cuando llegaron 584 personas. Por el contrario, el número total de migrantes en situación irregular que llegaron a España en los primeros ocho meses del año ha descendido un 26 por ciento.

Julio Araújo, la única persona investigada por la desaparición Sonia Iglesias en agosto de 2010, ha fallecido en su domicilio durante la madrugada de este miércoles.

Fuentes de su entorno familiar ha confirmado su muerte como consecuencia de un cáncer de pulmón que padecía desde hace años y después de que su estado de salud se agravase en los últimos meses.

Julio Araújo, de 62 años de edad, tenía un hijo fruto de su relación con su Sonia Iglesias y otros dos de un matrimonio anterior, además de dos nietos.

Aunque él era el único sospechoso de la desaparición de su pareja, la investigación policial fue incapaz de reunir pruebas lo suficientemente sólidas en su contra por lo que el caso se archivó judicialmente de manera provisional.

Su última comparecencia ante la Policía Nacional fue en febrero de 2018, cuando tuvo que acudir a declarar a en calidad de investigado por el homicidio de la pontevedresa. A pesar de la expectación mediática, rechazó hacer comentarios ante los medios de comunicación o dar su versión públicamente.

Su abogado, en plena investigación sobre la casa familiar que Julio Araújo tenía en San Mauro, afirmaba que su cliente estaba con una "tranquilidad y serenidad absoluta" porque, según defendía, "no ha tenido intervención en estos hechos".

La Fiscalía de Menores de la provincia de Barcelona ha constatado un aumento en los delitos sexuales, con 115 el año pasado (39 violaciones y 76 abusos), mientras que en 2018 se registraron 92, y en 2017, 70, un crecimiento que el fiscal coordinador del servicio, Francisco Tabuerna, ha tachado de "preocupante".

Los datos de la memoria de 2019 señalan que los delitos de violencia en el ámbito familiar se han mantenido en valores similares (164 en 2019, 223 en 2018 y 201 en 2017), igual que los delitos de lesiones (515, 477 y 498), ante lo que Tabuerna destaca que durante el año pasado no hubo "brotes específicos de delincuencia", y que las cifras globales sobre delitos cometidos por menores en la provincia de Barcelona fueron muy similares a las de 2018.

El año pasado se duplicaron los delitos de homicidio y asesinato respecto a 2018, pasando de seis a 12, y también aumentaron los robos con violencia, pasando de 574 en 2018 a 798 en 2019, y el fiscal constata que "no ha descendido el número de infracciones registradas, sino que ha habido un aumento en la criminalidad en determinados tipos de infracción".

La Fiscalía registró 8.739 diligencias preliminares en 2019 en esta materia, e incoó expedientes en el 39,51% (3.453) de estas, mientras que los Juzgados de Menores de Barcelona adoptaron el año pasado 570 medidas cautelares: en 268 ordenaron el internamiento del menor en un centro cerrado (en 2018, fueron 183), y en 302 la libertad vigilada (el año anterior, 204).

Tabuerna considera suficientes los recursos para cumplir las medidas de internamiento y libertad vigilada, si bien señala que "las deficiencias se localizan en la medida de convivencia con un grupo educativo".

En este sentido, lamenta que "el número de plazas disponible resulta insuficiente, lo que implica que en ocasiones sea difícil dar respuesta inmediata, cuando atendiendo a las circunstancias del caso y especialmente en delitos de violencia en el ámbito familiar, es la medida más adecuada".

1.500 CONDENAS, EL 78% DE CONFORMIDAD

Los Juzgados de Menores de la provincia dictaron 1.781 sentencias en 2019, de las que 1.586 fueron condenatorias: de estas, en el 89,05% de casos la defensa acordó una conformidad por la condena que pidió la Fiscalía.

En cambio, en el 21,12% de condenas no hubo acuerdo entre las partes, y los juzgados también dictaron 195 sentencias absolutorias, que suponen el 10,95% del total.

Las condenas implicaron diferentes medidas: 94 amonestaciones, 384 internamientos cerrados (108 más que en 2018), 224 internamientos en régimen semiabierto (18 más), 20 internamientos terapéuticos (tres más), y dos internamientos en centros abiertos (uno más).

También se impusieron 1.538 condenas de libertad vigilada (164 más), 106 servicios a la comunidad (uno más) y 127 medidas de tareas socioeducativas (cuatro más).

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita la condena de 3 años y 6 meses de prisión para la directora de una granja escuela de Soto del Barco, de dos monitoras y de la entidad propietaria de la instalación, como responsable civil, por la muerte de un niño de 5 años en el verano de 2017, ahogado en la piscina del centro. Los padres del menor fallecido sufrieron una reacción mixta de ansiedad y depresión, con secuelas.

El escrito de acusación provisional del Ministerio Fiscal ha sido presentado en el Juzgado encargado de la instrucción del procedimiento, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Pravia.

El Ministerio Fiscal sostiene que, el día 12 de julio de 2017, los padres del menor, nacido en 2012, acudieron a conocer las instalaciones del Palacio de La Bouza, en Soto del Barco, y a entrevistarse con la directora del mismo, con la finalidad de inscribir al menor en los cursos y colonias de verano. La inscripción sería en régimen externo.

Al conocer las instalaciones, los padres del menor comprobaron que existía una piscina y advirtieron de forma clara, rotunda y concreta a la directora del centro, que el niño tenía pánico al agua. "La acusada oyó a los progenitores y los tranquilizó de forma verbal pero no adoptó ningún tipo de medida", sostiene el escrito del Ministerio Público.

Tal es así, que la directora omitió cualquier tipo de diligencia, hasta la mínima y elemental, en el cuidado del menor al realizar la actividad de piscina porque no advirtió a las dos monitoras también acusadas (la primera, trabajadora del centro en condición de monitora de actividades juveniles, la segunda pese a que no se formalizó contrato alguno, como monitora en prácticas, en tanto solo había realizado el examen teórico), que se ocupaban del grupo de menores de 5 a 9 años.

La directora también obvió cualquier tipo de diligencia cuando adscribió en calidad de monitoras al grupo de menores solo a las dos acusadas y ello pese que el grupo era notoriamente elevado y contaba con al menos 17 niños para realizar la actividad de piscina.

La piscina infantil no se encontraba debidamente separada de la otra piscina más profunda, violando así el art 9 apartado a) del Decreto 140/2009, que obliga a una separación de vasos, de forma que se impida el acceso fácil o involuntario. El muro no impedía de forma alguna el paso de un vaso a otro, por lo que ya en repetidas ocasiones algunos de los menores que asistían al campamento lo habían saltado.

La directora además no ordenó la señalización de la profundidad de la piscina, tanto máxima como mínima, siendo obligatoria su señalización en la zona de playa del vaso y no contrató socorrista alguno para la piscina, en tanto ninguna de las acusadas monitoras tiene la titulación que les habilite como tal.

Socorrista de cuya falta había sido advertida en inspección realizada el 17 de julio de 2017 por la Agencia de Sanidad, exigiendo su presencia y debida titulación en informe elaborado por la Dirección General de Salud Pública, que fue notificado a la propia instalación el día de los hechos, a las 12.15 horas.

La directora tampoco no había solicitado al Instituto Asturiano de la Juventud autorización para el desarrollo y organización de actividades de aire libre en el Principado de Asturias. La inscripción del menor se formalizó el día 13 de julio de 2017 ante la secretaria del centro, volviendo la madre del menor a poner especial hincapié en la circunstancia concreta de que el niño padecía de un trauma con el agua. Tal es así que, en la ficha de inscripción, la secretaria del centro escribió, en el apartado de recomendaciones: "Pánico al agua, cuidado en piscina".

La inscripción se realizó para los días martes, jueves y viernes hasta el 15 de agosto. El mismo día 13 de julio, el menor inició el curso y la madre del niño volvió a advertir del trauma con el agua que tenía el menor, esta vez a una de las monitoras, que fue la persona que los recibió a su entrada.

Las dos monitoras tenían a su cuidado al grupo de menores, de 5 a 9 años, en el que estaba el menor. De tal forma que, desde el día 13 de julio al día de los hechos, 25 de julio de 2017, el menor acudió al centro 4 días, siendo el 25 de julio el quinto día de asistencia. Durante ese periodo, las acusadas fueron conocedoras del trauma que el menor padecía con el agua, ya que este se negaba incluso a ponerse el bañador y, una vez en la piscina, sus incursiones al agua se limitaban a entrar y salir de forma casi inmediata.

Al quinto día de asistencia al centro del menor, el 25 de julio de 2017, sobre las 15.20 horas, las acusadas, una vez estaban en el recinto de la piscina con su grupo de menores, se sentaron en unas hamacas en el punto más alejado del vaso infantil, sin extremar cautela alguna sobre el menor y ello pese a que el número de niños que había en la piscina era muy elevado, 17 niños, y conocían que el número de menores que corresponde a cada monitor titular es de 10 niños.

Pese a que algunos de los menores jugaban alrededor de la piscina, y lo hacían corriendo y con una pelota. En concreto, los de fuera jugaban a la pelota con los de dentro. Y allí permanecieron sentadas durante 10 minutos, sin tomar precaución alguna, hasta que una de las menores que jugaba a bucear en la piscina de vaso grande, en la parte con más profundidad, observó que la víctima se encontraba en el fondo de la misma, de rodillas pegado al suelo, por lo que lo subió a la superficie, hasta el bordillo de la piscina, pidiendo ayuda, alertando así a las monitoras acusadas.

Así, una de las monitoras lo saco al exterior y, seguidamente, las acusadas procedieron a realizarle técnicas de reanimación sin resultado alguno, hasta la llegada de personal sanitario. .

El titular del negocio El Palacio La Bouza es una entidad que no tenía concertado seguro de responsabilidad civil. La entidad es responsable del funcionamiento, mantenimiento, salubridad y seguridad de la piscina, conforme al artículo 4 del Decreto 149/2009, de 11 de noviembre.

El día de los hechos se encontraba en la piscina, en compañía de las monitoras, una tercera persona, que había llegado el día 21 de julio al Palacio de La Bouza en prácticas de observación, que durarían 4 días, en base a un convenio existente entre la facultad en la que estudiaba y el Palacio, por lo que carecía de contrato y ni tan siquiera estaba trabajando allí, siendo su misión simplemente la de observar el trabajo que desarrollaban las monitoras pero sin participación alguna en el cuidado, atención y actividades de los menores en la piscina y, por tanto, en los hechos.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de homicidio por imprudencia grave del artículo 142.1 del Código Penal, en su modalidad de imprudencia profesional. Y solicita que se condene a cada una de las acusadas a 3 años y 6 meses de prisión, con inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena, así como la inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, cargo u oficio durante 4 años.

En concepto de responsabilidad civil, las acusadas, conjunta y solidariamente, y directamente la entidad, indemnizarán a los padres del menor con 250.000 euros (125. 000 euros a cada uno) por daños morales, más 10.800 euros a cada uno de ellos por las lesiones y 6.000 a cada uno por las secuelas, más los intereses legales correspondientes.

El gran incendio forestal de Creek, en California, ha provocado la mayor nube producido por el humo, o pirocúmulo, vista en Estados Unidos, con una altura superior a los 45.000 pies (15 kilómetros).

La enorme y densa nube creada el 5 de septiembre era una nube de pirocumulonimbos (pyroCb) y la columna de humo resultante que creció hacia arriba fue detectada y confirmada el 6 de septiembre de 2020. Una nube de pirocumulonimbos también se llama cumulonimbus flammagenitus. Los orígenes de la última palabra son del latín que significa "llama" y "creado a partir de".

Esto describe perfectamente una nube causada por una fuente natural de calor, como un incendio forestal o un volcán. El aire caliente que sale del fuego puede llevar vapor de agua a la atmósfera y generar nubes. Se puede crear cualquier tipo de nube convectiva. En este caso, se creó el cumulonimbus, o nube de tormenta. La precipitación y los rayos también pueden ocurrir con este tipo de nubes, lo que crea el riesgo de que el fuego se expanda debido al aumento del viento debido a la corriente descendente de las precipitaciones o al crear nuevos incendios debido a los rayos. Estas son todas las cosas que los responsables de la lucha contra los incendios deben tener en cuenta mientras continúan tratando de combatir el fuego.

"Los valores del índice de aerosol creado por la nube de pirocumulonimbus indican que este es uno de los eventos de pirocb más grandes (si no el más grande) visto en los Estados Unidos", según el doctor Colin Seftor, científico atmosférico del Centro de Vuelo Espacial Goddard en Greenbelt, Maryland.

Este fuego de rápido movimiento está ardiendo en los distritos de Madera y Fresno del Bosque Nacional Sierra. El incendio comenzó cerca de las comunidades de Big Creek y Huntington Lake y avanzó rápidamente provocando evacuaciones. La madera en el área tiene aproximadamente un 80-90 por ciento de mortalidad de árboles por el escarabajo de la corteza, que proporciona suficiente combustible para la propagación del fuego.

Inciweb informa que el incendio ha aumentado a 55.000 hectáreas hasta el 8 de septiembre de 2020. La causa del incendio aún está bajo investigación. Las preocupaciones por el clima continúan afectando a los bomberos ya que las condiciones cálidas y muy secas se mantuvieron hasta el día 8 con una humedad relativa muy baja.

Fundación Artemisan ha iniciado contactos con distintos representantes políticos y de las administraciones para advertirles de que el fin de la moratoria a la prohibición de cazar en Parques Nacionales va a generar una "complicada situación" que puede suponer al Estado y a las comunidades autónomas un coste de 320 millones de euros en indemnizaciones.

La entidad cinegética recuerda que el fin de la moratoria establecida en la Ley de Parques Nacionales de 2014, que fijaba unas excepciones que permitían cazar en estas áreas protegidas, llegará a su fin el próximo 5 de diciembre.

La Ley 30/2014 de 3 de diciembre de Parques Nacionales que prohíbe cazar y pescar en tales áreas permitía ciertos derechos de caza y establece que privar de esos derechos pasa necesariamente y previamente por el intento de llegar a acuerdos voluntarios con los "afectados" previa aprobación de los criterios técnicos o, en su defecto, mediante los correspondientes de expropiación forzosa. Para ello se establecía un plazo de 6 años que llegará a su fin el próximo 5 de diciembre.

Sin embargo, la entidad cinegética asegura que no le consta que se haya realizado "ninguna actuación" en esa línea y, considera que, como consecuencia de ello, las administraciones competentes "tendrán que indemnizar a los propietarios por las limitaciones de uso".

De acuerdo con sus cálculos, Fundación Artemisan estima en unos 320 millones de euros el valor de estas indemnizaciones, a lo que se sumaría el coste que conllevaría realizar el control de poblaciones por parte de personal autorizado.

En ese sentido, indica que las administraciones competentes tendrán que afrontar los gastos derivados de los controles poblaciones de diversas especies que habrá que realizar, ya que la entidad alerta de que "de no hacerlo se podría producir un verdadero desastre medioambiental, que incidirá directamente en la flora protegida y en la expansión de enfermedades como consecuencia del exceso de poblaciones".

Hasta la fecha los controles son realizados por los cazadores sin que la administración tenga que asumir esa inversión y Fundación Artemisan afirma que al contrario "a día de hoy son los cazadores los que realizan importantes inversiones económicas para el control de especies, generando ingresos para la administración a través de licencias y otros trámites, así como riqueza económica para las poblaciones del entorno.

De ese modo, afirman que con la entrada en vigor de tal prohibición, será la administración la que previo pago tendrá que contratar cuadrillas que controlen poblaciones, algo que para los cazadores es "un sinsentido" que el se tengan que afrontar ese coste económico en indemnizaciones, especialmente en la situación de crisis provocada por el coronavirus.

Con las reuniones con representantes de distintas formaciones políticas y de las administraciones Fundación Artemisan pretende exponer la "complicada situación que se va a generar" el próximo 5 de diciembre, y les propondrá distintas soluciones como una modificación de la Ley de Parques Nacionales que autorice una nueva moratoria de caza y pesca o una modificación que permita la caza y la pesca en aquellos Parques Nacionales donde estas actividades hayan constituido una actividad tradicional generadora de empleo y riqueza y no sea incompatible con la propia figura del Parque.

El vicepresidente primero del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha manifestado este miércoles que el Ejecutivo está reflexionando en nuevas actuaciones ante la pandemia de Covid-19 y ha precisado que trabaja en tres ámbitos, el comunicativo, "en el que tenemos que llegar a colectivos con más conductas de riesgo"; el normativo, "revisando nuevas medidas con aforos, limitaciones...", y el régimen sancionador.

En concreto, ha comentado que están estudiando ser "más rigurosos" con el régimen sancionador para "evitar situaciones de riesgo, como por ejemplo los botellones". "Vamos a ser bastante más rigurosos, atendiendo a las dificultades porque hay que encontrar a esas personas in situ", ha apuntado, para comentar "las dificultades de las fuerzas policiales para encontrar las conductas en el momento". Hay que ser estrictos con la gente que no cumple", ha manifestado.

En este sentido, ha comentado que "la mayoría de la sociedad cumple con sus obligaciones cívicas y sanitarias pero una parte de la sociedad no lo está haciendo". "Hay más de 900 denuncias puestas por Policía Foral", ha dicho, para apostar por incrementar la tarea de control. "Pasados bastantes meses de labores de concienciación, tenemos que ser más serios en el régimen sancionador", ha agregado.

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome (DO), ha afirmado que el PP, que hasta el pasado martes era su socio de gobierno, está intentando darle "un golpe de Estado" en el ayuntamiento y ha acusado a los populares de "comprar" a Miguel Caride, el que era su número dos y ahora líder de los concejales críticos con el regidor.

Así lo ha trasladado en una rueda de prensa en la mañana de este miércoles en la que ha roto su silencio tras semanas de acusaciones por una presunta irregularidad en la gestión de los fondos públicos del partido Democracia Orensana (DO).

Jácome ha afirmado ser víctima de "una de las traiciones más épicas de la política municipal" y ha responsabilizado también al presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, y al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de estar detrás de todo. "Se esperó a que pasasen las elecciones" para, dice, no ponerles "en riesgo".

El regidor ha apuntado que comenzó a desconfiar cuando, recientemente, en una cena entre Caride y otra persona de DO, Baltar y Jorge Pumar --el hasta el martes teniente de alcalde por el PP-- le comentaron que lo iban a "detener" y que por ello debía dimitir inmediatamente. "Entonces están en la misma trama", ha sentenciado Jácome.