El líder de Más País, Íñigo Errejón, se ha mostrado contrario este domingo a las amenazas que ha recibido la familia de Canet de Mar (Barcelona) que reclamó que la escuela ofreciera un 25 por ciento de la escolarización en castellano. «Todos los insultos están absolutamente fuera de lugar y todos los políticos incendiarios están absolutamente fuera de lugar», ha apostillado.

Preguntado por este caso en un acto celebrado este 12 de diciembre en Madrid, acompañado por sus compañeras de partido Mónica García y Rita Maestre, para defender las leyes LGTBI y Trans de la Comunidad de Madrid, Errejón ha aseverado que representan «un Madrid que no insulta, que no agrede, que no quiere enfrentar pueblos».

«Representamos un Madrid que no quiere sembrar la discordia y, lo contrario, quiere fomentar y construir la convivencia entre los pueblos» ha afirmado el líder de Más País que ha lamentado que «políticos del Partido Popular comparen la situación en Cataluña con la situación en Sudáfrica».

«Solo un necio o un irresponsable haría algo así. Es una absoluta barbaridad. Todos los insultos están fuera de lugar pero yo pediría que en esto nadie intentara generar un incendio para rascar unos cuantos votos», ha alertado.

«Eso el Partido Popular lo ha hecho en otras ocasiones con Cataluña y le ha causado muchísimo sufrimiento a la ciudadanía, y ha separado mucho más a los pueblos España. Yo pediría que nadie utilice esto para incendiar y para rascar algunos votos», ha reiterado.

Por ello, ha insistido en que los representantes públicos tienen «una posición de responsabilidad mayor en la ciudadanía». «Alguien que dice que en una comunidad de nuestro país hay una situación como la de Sudáfrica lo está haciendo por desconocimiento o porque en realidad intenta incendiar para sacar los máximos votos. Y eso no es una buena forma de hacer política», ha aseverado.

«Yo pediría simplemente que no sobre actuemos, que no exageremos, que no insultemos. Yo creo que nosotros, los representantes públicos, no debemos estar para generar problemas, sino para ayudar a solucionarlos. Y escuchado declaraciones estos últimos días que me parece que buscan más agravar los problemas», ha zanjado.

Una veintena de personas han participado este domingo en la manifestación, organizada por AnimaNaturalis y CAS International, en la plaza de España de Palma, para reivindicar que «ni galgos ni podencos son un instrumento».

Según ha informado la portavoz de AnimaNaturalis, Arantxa Laguna, en declaraciones a los medios, «con la manifestación de este domingo, lo que se hace es intentar luchar para que los más de 50.000 galgos que, de acuerdo con las cifras de las protectoras que los recogen, son abandonados, apedreados o colgados de un árbol al año en España, tengan los mismos derechos que cualquier animal que está en casa».

Y es que, hay que recordar, ha continuado diciendo Laguna, que «el galgo, junto al podenco, es el animal que más se abandona en todas las perreras y protectoras de España» porque «cuando los cazadores ven que ya no corren, no son ágiles y no les sirven los descartan».

En esta línea, ha apuntado que «aún hay que dar gracias de los que llevan a galgos y podencos a una protectora, porque, en la mayoría de los casos, cuando no sirven al cazador, son colgados de árboles». Una acción que, ha hecho hincapié, se ha convertido en una tradición «muy triste».

Asimismo, ha agradecido que «cada vez exista una mayor conciencia de la situación de estos animales». Y, ha avanzado que desde las entidades animalistas «se trabaja para incorporar los derechos de galgos y podencos en la Ley de Bienestar Animal de España».

CONSIGNAS A FAVOR DE GALGOS Y PODENCOS DURANTE LA MANIFESTACIÓN

Durante la manifestación, además de atender a los medios, Laguna ha leído un manifiesto y ha animado a la veintena de asistentes a corear consignas en favor de la protección de galgos y podencos.

Así, durante el acto, que ha sido organizado por AnimaNaturalis y CAS International, se han podido escuchar gritos como «basta ya de maltrato animal», «no son herramientas» y «galgos y podencos no son instrumentos».

El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta (PSC), ha apuntado este domingo en Granada que «la derecha está tan desatada» que «llama incluso comunista al Papa», y ha criticado la «falta de sentido de Estado» que a su parecer está mostrando el PP, a cuyos líderes ha acusado de explicar «milongas» ante las que ha pedido «conservar un mínimo de memoria».

Así, en su intervención en el 26 Congreso Provincial del PSOE de Granada, se ha referido a asuntos de política nacional como la reforma laboral, en torno a la cual ha aludido a las críticas del PP, partido a cuyos dirigentes Iceta ha pedido que no haga «pagar a todos ese ardor de estómago», que les «está quemando por dentro».

Ha incidido en que el Gobierno apuesta por llevar a cabo la reforma laboral con «acuerdo» con los agentes sociales, y «hasta el último día del año» trabajará en esa dirección.

Sobre Cataluña, ha resaltado que con el PP en el Gobierno central se celebraron una «consulta» y un «referéndum» ilegales, y se llegó, tras la declaración unilateral de independencia, a un «choque de trenes». Sin embargo, «cuando las cosas se rompieron», el PSOE en la oposición tendió la mano a Rajoy, pues «había cuestiones» que «están por encima de lo que podía haber sido un legítimo» interés de partido.

Ha criticado también la postura del hoy principal partido de la oposición con el indulto de los líderes del procés, del que «ahora ya no se habla mucho» porque el Ejecutivo socialista «tenía razón». «Eso distensionó la sociedad catalana», ha remachado sobre este tema.

En el ámbito de sus competencias, ha hecho alusión a la oposición al bono cultural, y ha dicho no sentirse extrañado por ella pues «difícilmente puede creer» en una medida así quien «no apoya la cultura.

Sobre Andalucía, ante un auditorio en que ha estado también el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha incidido en que estará «mejor» gobernada de nuevo por los socialistas para así, entre otras cuestiones, avanzar en la senda de «garantizar derechos» y de la igualdad. «Queremos vivir mejor todos juntos», ha resumido, llamando a poner «freno» a un Gobierno del PP con Vox tras los siguientes comicios autonómicos de 2022, aún no convocados.

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha resaltado este domingo en Granada la «unidad» que se está trenzando en los congresos provinciales de la formación, añadiendo que «tan solo hace unos meses alguno podía pensar que era impensable», aunque él sabía que iba a «ocurrir», en un objetivo «no exento de mucho trabajo».

Esta «unidad» es clave para ganar las elecciones autonómicas y volver a gobernar en la Junta de Andalucía, que es su fin principal, ha indicado el dirigente socialista en el 26º Congreso Provincial del PSOE de Granada. Durante su intervención ha incidido ante sus compañeros que, más allá de que se puedan «manejar encuestas», no se puede «asumir como inevitable» ningún escenario de cara a las próximas elecciones andaluzas de 2022, aún no convocadas.

Por ello es necesario «coger el motor del cambio», ha explicado Espadas, que ha explicado que es necesario estar a la altura del espíritu del 4D y que «no venga» una fuerza como Vox a cuestionar la capacidad de autogobierno de Andalucía.

Ha señalado como «única» la oportunidad ante las próximas elecciones autonómicas de contraponer la «agenda del cambio» del Gobierno central con la «ausencia absoluta» de iniciativa política de la que ha señalado que adolece el Ejecutivo de Juanma Moreno, al que ha acusado de haber apostado en todo momento por una prórroga del Presupuesto de la Junta por «cálculos electorales».

El también alcalde de Sevilla ha destacado en este contexto la labor como «partido de gobierno» del PSOE, y se ha preguntado que se está «incubando» en Andalucía entre el PP y Vox, aludiendo a que podría alcanzar a un posible «pacto» para «cargarse el Estatuto de Autonomía» en detrimento de otras políticas como la apuesta por la lucha contra la violencia de género, a cuya última víctima mortal en Granada ha recordado ante el plenario.

Espadas ha pedido tener recordar «dónde estaba la derecha» en el 4D, o qué pedía en el referéndum para el Estatuto, a la par que ha defendido la vigencia de la Ley de Memoria Histórica de Andalucía.

El Congreso Provincial del PSOE, que elige en el Parque Tecnológico de la Salud de Granada a la dirección que, con José Entrena a la cabeza, comandará desde este domingo el partido en Granada, ha comenzado pasadas las 10,00 horas con un homenaje a los ex secretarios provinciales.

Cuenta también con las intervenciones durante la jornada del ministro de Cultura y Deportes, Miquel Iceta, el alcalde de Granada, Francisco Cuenca; el secretario de Organización del PSOE-A, Noél López; del secretario federal de Política Municipal, Alfonso Gómez de Celis; y el propio Entrena.

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha asegurado que la previsión del caudal máximo del río Ebro a su paso por la capital aragonesa «ha disminuido considerablemente», en torno a los 2.300 metros cúbicos por segundo, y la punta de la crecida en la ciudad se ha retrasado, por lo que las afecciones «van a ser menores de las previstas inicialmente» y va a haber más tiempo para prepararse, ha apuntado.

Azcón, que ha visitado este domingo, 12 de diciembre, los barrios rurales de Juslibol, Alfocea y Monzalbarba, para conocer los trabajos que se están realizando con el objetivo de evitar incidencias por la crecida del río Ebro, ha reiterado que lo fundamental es prever los daños que se puedan producir.

«Prever es lo que estamos haciendo: desalojando granjas y párquines privados, donde se va a filtrar el agua, y poniendo párquines alternativos, el desalojo de las urbanizaciones que toda la vida se han visto inundadas y buscando espacios alternativos a esas personas», ha contado el alcalde.

En este sentido, se han habilitado espacios de aparcamiento para los vecinos que tengan que sacar sus vehículos de garajes con posibilidad de inundación, en el Arrabal: frente al Centro Cívico de la Estación del Norte y la Administración de Hacienda del barrio, en la explanada entre el Centro Municipal La Jota y el Colegio Público Marie Curie, y el terreno próximo al CMF Azucarera.

Además, se van a desalojar las viviendas –la mayoría segundas viviendas– de la parte baja del barrio rural de Alfocea.

200 TRABAJADORES MUNICIPALES

En el operativo están implicados unos 200 trabajadores municipales, del servicio de emergencias, bomberos, Policía Local, servicios sociales e infraestructuras.

Para concluir, Azcón ha subrayado que la Confederación Hidrográfica del Ebro ha dicho que la crecida no va a ser «tan destructiva» como se preveía, ya que «aguas arriba, el río ha tenido salidas más importantes –en Navarra– y a Zaragoza no llegará tanto» Eso sí, «siempre atentos, porque el río es impredecible», ha sentenciado.

El PP defenderá este martes en el Congreso cambios legales para facilitar la revisión de los contratos de adjudicación de obras públicas por el aumento de precios de las materias primas y los problemas de abastecimiento, con el fin de revisar sus precios y el plazo de estos trabajos.

De esta forma, los ‘populares’ llevarán al Pleno de la Cámara Baja una proposición no de ley registrada el pasado noviembre en la que piden actuar ante las dificultades sobrevenidas para las constructoras, que pueden llegar a enfrentarse a «contratos leoninos» con las administraciones públicas por el cambio de coyuntura y evitar un «enriquecimiento injusto» de los poderes públicos.

EXIGEN CAMBIOS EN LA LEY DE CONTRATOS Y DE DESINDEXACIÓN

Por ello, reclaman concretamente la modificación de dos normas concretas, la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley de desindexación de la economía, dos normas impulsadas por el Gobierno de Mariano Rajoy, para flexibilizar las condiciones previstas para modificar los contratos de obra y ampliar las situaciones de excepcionalidad que amparan una revisión de los precios.

Asimismo, piden incluir en la Ley de contratos una fórmula de actualización extraordinaria de los precios de los materiales recogidos en los contratos en vigor y que estos se contemplen en todos los pliegos en tramitación mientras dure esta «situación de excepcionaldad económica».

En su exposición de motivos, el PP destaca cómo entre abril de 2020, en plena pandemia, y agosto de 2021, el coste del acero ha aumentado un 105%, el aluminio un 81%, el cobre un 77% y la madera un 49%. Unido al encarecimiento del petróleo y derivados y los costes energéticos, asegura que este contexto «amenaza la viabilidad de muchos proyectos», con un incremento de coste total de las obras de un 22% de media.

SEGURIDAD JURÍDICA Y «MEDIÁTICA» PARA REVISAR LOS CONTRATOS

Todo ello frente a una regulación «muy rígida» de la contratación pública en lo que respecta a las modificaciones de los contratos en cuanto a precios y plazos de ejecución que creen conveniente reformar para permitir que cualquier posibilidad de modificación pueda ser invocada «de manera casi automática» por cualquier parte afectada, pues hasta ahora únicamente los órganos de contratación tienen potestad de incluir mecanismos de revisión de precios, y la mayoría no los recogen.

En este sentido, los ‘populares’ piden «total seguridad jurídica y ‘mediática'» para amparar este tipo de modificaciones ante una «mal ‘extendida sospecha'» de que estas modificaciones «puedan encerrar causas ajenas al interés general».

INTERESA RECUPERAR LOS PRECIOS COMO REFERENCIA

Por otro lado, los ‘populares’ también piden modificar la Ley de desindexación de la economía para revisar y ampliar, aunque sea de forma temporal, la cláusula que permite actualizar los precios y rentas a la inflación, que establece que las empresas contratistas puedan acceder a una revisión de los precios de los materiales en casos excepcionales, cuando la ejecución ya rebase el 20% y hayan transcurrido al menos dos años.

Esa ley de desindexaciòn es la que esgrimió el Gobierno de Mariano Rajoy para desvincular de la inflación la actualización de precios y rentas, como los salarios, y que se acabó reflejando en su reforma de las pensiones con un mecanismo de revalorización ajeno a la evolución del IPC.

El líder de Más País, Íñigo Errejón, se ha pronunciado este domingo sobre el caso de Juana Rivas, a quien el Gobierno concedió un indulto parcial aunque este viernes el Juzgado de lo Penal número 1 de Granada rechazó suspender la ejecución de la pena impuesta. «El Gobierno tomó una decisión y a esa decisión se le tiene que dar cauce», ha afirmado Errejón.

El político ha hecho estas declaraciones en un acto celebrado este domingo en Madrid, acompañado por sus compañeras de partido Mónica García y Rita Maestre, en un encuentro con la militancia en Chueca para defender las leyes LGTBI y Trans de la Comunidad de Madrid.

En declaraciones a los medios, al ser preguntado por esta cuestión, Errejón ha recordado que «el Gobierno aprobó un indulto parcial» y que ese indulto parcial «necesita luego de medidas de la judicatura».

«Creo que lo razonable es que se le dé cauce. Ha habido ahora una sentencia que nosotros respetamos, aunque no compartimos porque buena parte de la motivación parece marcadamente ideológica, pero la respetamos» ha subrayado Errejón que ha hecho un llamamiento para que en este tema se sea «un poco más responsable».

«Pero me parece que todo caso que el Gobierno tomó una decisión y a esa decisión se le tiene que dar cauce», ha insistido.

En concreto, las palabras del líder de Más País hacen referencia al auto de este viernes del Juzgado de lo Penal número 1 de Granada que rechazó suspender la ejecución de la pena impuesta a Juana Rivas, condenada a un año y tres meses de prisión por la sustracción de sus dos hijos menores en el verano de 2017.

Según el juez Manuel Piñar, Rivas «no ha mostrado arrepentimiento» lo que, a su juicio, indica que podría cometer nuevamente el mismo delito e incide también en «el peligro que para los menores supondría la plena libertad de la madre», apuntando a supuestos «indicios de abusos sexuales a uno de los menores cuando estaban bajo su custodia».

El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta (PSC), ha destacado este domingo la «capacidad para renovar» liderazgos del PSOE y se ha mostrado partidario de seguir una recomendación: «Antes de hablar mal de un compañero, que caiga la lengua al suelo».

En una intervención en el Parque Tecnológico de la Salud (PTS) de Granada, con motivo del Congreso Provincial del PSOE granadino, Iceta ha explicado que la socialdemocracia, que ha defendido que es el proyecto que «más consenso concita» en el momento actual en Europa y el mundo, «nunca se fue» y es así por su historia, sus valores, su organización, y también su «capacidad de renovar» liderazgos, como, ha especificado, ha realizado el PSOE con Pedro Sánchez en el ámbito estatal, y en Andalucía con Juan Espadas, presente en el plenario.

Esto «da vigencia» a un proyecto, así como capacidad para «adaptarse» y dar «nuevas respuestas a nuevos problemas» desde las convicciones, ha señalado Iceta, que ha recordado una de las «primeras lecciones» que oyó en sus inicios como militante socialista: «Antes de hablar mal de un compañero que caiga la lengua al suelo».

En ese contexto, ha indicado que Juan Espadas es «buena persona» además de ser «trabajador» y «riguroso», y que «ha sabido trenzar acuerdos siempre en beneficio de Sevilla», donde es alcalde, y «lo hará seguro en Andalucía».

Según Iceta, el líder de los socialistas andaluces es la persona «que hace falta», no solo al partido sino también a Andalucía en su conjunto, pues el PP, ha proseguido «ha decidido hipotecarse a Vox», jugando todo «a una sola carta», ya que cree que es «caballo ganador», cuando para el ministro es «un percherón que sólo camina marcha atrás».

Ha defendido también en su intervención el fortalecimiento de los servicios públicos tras la crisis del coronavirus, lo cual es «incompatible con despedir a trabajadores públicos de la sanidad, en Andalucía o donde sea».

Ha llamado a unirse y a «trabajar juntos» olvidando «los colores políticos» y poniendo por delante los intereses generales, en lo que se ha llamado gobernanza y que Miquel Iceta ha dicho que prefiere llamarle federalismo, antes de rendir homenaje a la declaración de Granada y a Alfredo Pérez Rubalcaba.

Se trata de avanzar hacia una «Andalucía equilibrada, en la que quepa todo el mundo» y evitar que la derecha gobierne de mano de «la extrema derecha» porque en esa fórmula no cabrían las mujeres y los jóvenes Lgtbi que luchan por sus derechos. En ese sentido, ha indicado que el PSOE acompañará a Espadas en su lucha para volver a la Junta desde las ocho provincias, y desde toda España. «Cuando queremos podemos», ha concluido.

La Guardia Civil, en el marco de la operación Ricina, ha desarticulado con la colaboración de la Policía Local seis centros de producción de marihuana en seis viviendas de Chauchina (Granada), donde han incautado 1.588 plantas de cannabis sativa y siete kilogramos de marihuana y ha investigado a un total de 15 personas.

En esta operación, ha investigado hasta el momento a once personas por delitos contra la salud pública por cultivo de droga y delitos leves de defraudación de fluido eléctrico, y a cuatro personas más por delitos leves de defraudación de fluido eléctrico, según ha detallado la Benemérita en un comunicado.

El elevado consumo de electricidad necesario para el cultivo clandestino de cannabis sativa es el responsable de apagones, averías en transformadores e incluso del cableado que sale ardiendo en arquetas. Estos problemas, de manera recurrente, se soportan en un conocido barrio de la localidad de Chauchina y que está provocando las quejas de los vecinos afectados y del propio Ayuntamiento.

La Guardia Civil ha informado que está multiplicando sus esfuerzos para perseguir este tipo de delitos en la provincia. Tras las quejas, los investigadores de la Guardia Civil de Santa Fe han averiguado que en diez viviendas de Chauchina había un consumo «inusualmente alto» de electricidad, por lo que se sospechaba que pudieran estar cultivando cannabis sativa de manera intensiva.

Una vez identificadas las viviendas sospechosas, la Guardia Civil ha desplegado un dispositivo en torno a ellas y han procedido al registro. En el primero, los agentes han encontrado 167 plantas de cannabis sativa y sucesivamente hasta en seis actuaciones 407, 90, 207, 105 y 612 plantas.

Durante los registros en la calle Ginés de los Ríos, la Guardia Civil ha visto a uno de los vecinos sospechosos sacar su vehículo de la cochera.

Lo interceptaron y al registrar el maletero comprobaron que este individuo, al ver el dispositivo, trataba de huir con siete kilogramos de marihuana.

Además, al registrar su vivienda, los agentes no descubrieron ninguna plantación, pero los técnicos de Endesa sí que descubrieron una acometida irregular a la red eléctrica.

En las otras nueve viviendas registradas, estos mismos técnicos de Endesa que habían acudido a apoyar a los agentes de la Guardia Civil, también han descubierto dobles acometidas ilegales a la red.

La Guardia Civil y Endesa colaboran de forma permanente en la detención de anomalías en la red eléctrica con el fin de garantizar no solo el suministro para el resto de ciudadanos, sino también su seguridad.

Esta actuación se incardina en la operación Miller, una operación que está desarrollando la Guardia Civil a nivel nacional contra el cultivo ilegal de marihuana.

La Fiscalía de Valencia ha duplicado el número de investigaciones abiertas por delito de odio en un año, al pasar de las 28 incoadas en 2020 a las 57 durante este ejercicio, y ha reclamado fomentar la protección a las víctimas, campañas de sensibilización e incluir la aporofobia como circunstancia agravante en el Código Penal.

Así se desprende de la memoria que ha presentado el ministerio público en el año 2020 relativa a los delitos de odio, sección dirigida en Valencia por la fiscal Susana Gisbert.

En todo el año 2020 se abrieron en la Fiscalía de Valencia 28 diligencias de investigación penal por un delito cometido con ocasión de ejercicio de los derechos fundamentales garantizados por la Constitución –delito de odio– mientras que durante este ejercicio –a falta de concluir diciembre–, ya se han abierto 57, es decir, el doble.

De las 28 de 2020, se investigaron 18 incitaciones al odio y otras ocho se abrieron por actos que entrañaban humillación, entre los cuales se incluían casos de lesiones y de amenazas. De ellas, 15 y 4 respectivamente fueron archivadas.

Además, el ministerio público abrió unas diligencias el pasado año por ofensa a los sentimientos religiosos; y otra por discriminación en el ámbito laboral. En ambos casos también se terminó en sobreseimiento.

LA COVID Y LOS DELITOS DE ODIO

La pandemia por Covid-19 estuvo el año pasado muy presente en las víctimas por delito de odio. De esta forma, desde Fiscalía se instruyeron al menos tres asuntos relacionados con el coronavirus y el odio.

El primer caso fue el de las diligencias incoadas a propósito de la denuncia presentada por la aparición de unas pegatinas en varios contenedores de la ciudad donde se hacía referencia a la Covid y se decía ‘Psoe asesino’. Estas diligencias fueron archivadas por falta de autor conocido.

La segunda investigación se abrió tras varios mensajes en banderas colgadas de balcones en el período de confinamiento que rezaban ‘Pedro S Pablo I. Asesinos’. También en este caso acabó decretándose el archivo por entender en este caso que no había suficientes indicios de infracción penal.

Y las terceras diligencias se incoaron a raíz de una nota anónima dirigida a la persona y familia del denunciante, personal sanitario en la crisis de la Covid, en la que le instaban a abandonar la vivienda por ser unos ‘apestados contaminantes’. En este caso, y a pesar del evidente reproche ético, también hubo que archivar las actuaciones por no haber autor conocido.

Al respecto, desde el ministerio público alertan de que las crisis «siempre» se ceban con personas más vulnerables y las víctimas de delito de odio «son vulnerables de todo punto». En pandemia, han añadido, «es más que probable que muchas personas víctimas de delitos de odio se hayan abstenido de denunciar».

PROBLEMAS DETECTADOS

Desde la sección de odio de la Fiscalía de València se alude en la memoria al «problema» para conocer la existencia de delitos competencias de la sección de tutela penal de la igualdad.

Al respecto, concretan que cuando las diligencias se incoan por denuncia o atestado ante el juzgado, «no es fácil siempre tener conocimiento y hacer el seguimiento para asumirlo ya que, aunque la remisión de copia de los atestados por parte de las fuerzas y Cuerpos de Seguridad ayuda, no siempre es posible localizar estas actuaciones entre los 21 juzgados de instrucción de la capital y los 18 partidos judiciales repartidos por la provincia».

Otra «disfunción» detectada por el ministerio público es que a veces queda en manos de la policía o guardia civil calificar el contenido como de odio. Por eso ven «muy importante» la preparación de todos los operadores, jurídicos o no, que intervienen en esos temas.

PROPUESTAS

Así mismo, desde Fiscalía ven «deseable» que por parte de la legislación, bien nacional o autonómica, se regulara algún tipo de sanciones administrativas o penales que llenen el vacío dejado por los extintos juicios de faltas. «Muchas veces nos topamos con conductas que están en el límite del delito de odio pero que no deberían quedar sin un reproche, bien penal, bien administrativo», se advierte en la memoria.

Además, se aboga por fomentar la protección de las víctimas de delitos de odio para potenciar que denuncien y que no queden invisibilizadas por miedo; así como la distinción, a efectos estadísticos, de los distintos tipos de discriminación por el motivo concreto por el que se realizan.

Desde Fiscalía también se reclama potenciar la existencia de campañas que hagan conocer la labor de las instituciones en general y de la fiscalía en particular en los delitos de odio, y animar a que se denuncien estos hechos, tanto por parte de quienes los sufren como de quienes los conocen.

Por último, considera una «necesidad urgente» que cristalice la modificación proyectada respecto de la agravante y el delito de odio para incluir en ellos la aporofobia. «Con la pandemia, la crisis y el consiguiente aumento de la pobreza, es previsible que nos encontremos con estos supuestos en los que, además, las dificultades de que quienes la sufren acudan a solicitar ayuda se multiplican», se advierte.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico trabaja en una aplicación informática del registro de aguas para el control y monitorización de las centrales hidroeléctricas y los aprovechamientos de aguas. Sin embargo, ha retrasado su puesta en marcha hasta dentro de más de un año, durante el primer semestre de 2023.

Este registro mantendrá actualizada la información de las explotaciones para la gestión de los datos de estas centrales, automatizará toda modificación en los certificados y las inscripciones del Registro de Aguas y tendrá actualizado permanentemente la localización geográfica de las captaciones y usos del agua.

Así consta en la respuesta del Gobierno registrada en el Congreso, al portavoz de Transición Ecológica de Unidas Podemos y presidente de esta comisión en la Cámara Baja, Juantxo López de Uralde, sobre su promesa de impulsar un registro público y accesible de estas concesiones.

UNIDAS PODEMOS LAMENTA LA FALTA DE UN REGISTRO PÚBLICO

En su pregunta, Uralde señalaba que en julio de 2019 el Ministerio que dirige Teresa Ribera lametaba no contar con un registro público donde consultar la caducidad de las concesiones, y que preparaba uno con vistas a tenerlo listo en dos años. Transcurrido el plazo, lamenta, no existe un registro público para consultar dicha caducidad.

Y es que Uralde señalaba que la falta de este registro impedía el control de la caducidad de concesiones, que facilitaba ampliaciones en las mismas frente al cambio de sus condiciones de explotaciones, un nuevo concurso o, directamente, su reversión para su gestión pública, como en el caso de la presa de Ricobayo (Zamora).

El caudal de esta explotación, cuya concesión caducaba en 2010 pero fue ampliada en 1990 sin que se publicara en ningún boletín oficial, fue vaciado por Iberdrola este verano para maximizar los aprovechamientos, en plena crisis de precios, y despertó las críticas de autoridades municipales, autonómicas y del propio Gobierno, motivando un endurecimiento de la normativa sobre estos recursos.

YA EXISEN REGISTROS Y SE PUEDE SOLICITAR SU CERTIFICACIÓN

Sin embargo, Transición Ecológica explica en su respuesta que los organismos de cuenca ya llevan un Registro de Aguas en las que inscriben de oficio las concesiones, incluidas aquellas para la producción de energía eléctrica, y los cambios autorizados para su titularidad o sus características.

Estos registros, apostilla, tienen carácter público y es posible solicitar del organismo de cuenca las certificaciones sobre su contenido.

En todo caso, informa que a través de la Subdirección de Dominio Público Hidráulico e Infraestructuras de la Dirección General del Agua, y en colaboración con los organismos de cuenca, el Ministerio trabaja en la elaboración de la citada aplicación informática del Registro de Aguas, como un sistema de información.

UN REGISTRO TELEMÁTICO, ACTUALIZADO Y DE ACCESO INMEDIATO

Los objetivos de la misma pasan por permitir una «gestión dinámica» de los datos de estos aprovechamientos, la automatización de los certificados con validez legal, la agilización de las entradas, modificaciones y salidas de inscripciones en el Registro de Aguas, la permanente actualización del mismo y la localización geográfica de las captaciones y usos del agua.

Estará integrado, según el Ministerio por «elementos e información de carácter alfanumérico y cartográfico, referidos a las características del aprovechamiento de aguas (características del derecho, captación y uso) y a su descripción, y elementos de carácter documental que contendrán la imagen del título administrativo o judicial que otorgue o reconozca el derecho».

«Se tratará de un registro telemático que permitirá mantener actualizada la información y garantizará el acceso inmediato a la misma y a valorar la legalidad de los derechos al uso del agua», señala el Ministerio, que en todo caso prevé poder tener operativa esta aplicación informática en el primer semestre de 2023.

Izquierda Unida Aragón presentará una proposición no de ley el próximo martes, 14 de diciembre, en las Cortes autonómicas para que el Departamento de Educación reduzca las actuales ratios máximas de alumnado por aula.

El objetivo de IU es mejorar la calidad de la enseñanza aragonesa y colaborar en la lucha contra la COVID-19, habida cuenta de que la franja de edad comprendida entre los cero y los 14 años es en la actualidad la que acumula más porcentaje de contagios, especialmente, las aulas de Educación Infantil, sector en el que no es obligatoria la mascarilla.

El coordinador y portavoz parlamentario de IU Aragón, Álvaro Sanz, ha pedido que no se confunda la ratio media de Aragón, a la que siempre hace referencia el consejero de Educación, con la ratio máxima de alumnado por aula.

Sanz ha recordado que el titular del ramo, Felipe Faci, siempre dice que Aragón tiene las ratios globales más bajas de España y aplica las medias del total de alumnado, dividido por el total de profesorado de Aragón. Un ejemplo sería un aula urbana con 33 alumnos de Bachillerato que, sumada con un aula rural de Bachillerato de 15 alumnos, da 24 alumnos de media general. «Pero esta aseveración teórica no es consuelo para el aula urbana de 33, que sigue teniendo 33», ha apuntado el diputado.

Esta circunstancia se produce porque en el curso 2020-2021, en medio de la pandemia, las ratios máximas que se utilizaron fueron bajas para evitar los contagios. Por ejemplo, un aula de Primaria tenía como ratio máxima 22 escolares, de manera que con 23 o más alumnos se desdoblaban en 2 aulas de 12 y 11 alumnos.

DESOÍR A LA MINISTRA

Sin embargo, desde IU han advertido que el actual curso 2021-2022, el de la «nueva normalidad», todas las Comunidades Autónomas «desoyeron» a la ministra de Educación, Pilar Alegría, que abogaba por mantener las ratios bajas anteriores y establecieron ratios más altas: 25 en Infantil y Primaria, 27 en Secundaria y 30 en Bachillerato.

Con una circunstancia que IU ha resaltado y es que estas ratios altas se pueden aumentar en un 10 por ciento más en algunas circunstancias de escolarización. Con este incremento, las ratios máximas pueden llegar a tener 28 en Primaria, 30 en Secundaria y 33 en Bachillerato.

CALIDAD EDUCATIVA

Según el coordinador general de IU Aragón, al Gobierno de Aragón no le ha importado nada la calidad de la enseñanza a pesar de que la comunidad educativa y los especialistas han advertido de la bondad de las ratios bajas para la atención individualizada y para mejorar el clima de la clase».

También Sanz ha criticado la «falta de cumplimiento» del Ejecutivo de los acuerdos alcanzados en las Cortes de Aragón en relación con el descenso de ratios tras aprobar iniciativas presentadas por su formación política y que el Gobierno regional no ha puesto en marcha.

«Tampoco Educación ha utilizado para este fin los recursos económicos extra-Covid del Gobierno del Estado recibidos en los años 2020 y 2021», ha lamentado.

NEGOCIACIONES CON SINDICATOS

Ante esta situación, IU plantea en su iniciativa parlamentaria que el Departamento de Educación abra negociaciones con los sindicatos docentes, con el objetivo de alcanzar acuerdos sobre descenso de ratios máximas antes de 31 de mayo de 2022, para que dicho descenso fuera efectivo en el próximo ejercicio 2022-2023.

Si no se llega a acuerdos en esa fecha indicada, IU propone que las ratios máximas a aplicar en 2022-23 sean: Infantil, 20; Primaria, 22; Secundaria, 25; Postobligatorias, 28. En el último punto de su proposición no de ley, IU pide que el porcentaje de aumento especial baje al 5 por ciento y no sea el 10 por ciento y, cuando se supere el 5 por ciento de aumento de alumnado, el aula se desdoble automáticamente.

«Cada día que pasa nos da la impresión que la Covid-19 va a quedarse durante un tiempo y, por ello, creemos necesario establecer medidas de lucha contra el virus y se hace imprescindible bajar las ratios máximas de alumnado por aula», ha concluido Sanz.

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha publicado la resolución definitiva de la primera convocatoria del Programa Unico-Banda Ancha, que permitirá extender la banda ancha de muy alta velocidad, superior a 100Mbps, a 168.652 hogares y empresas situados en 551 municipios de Andalucía.

La extensión de redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad está financiada con fondos del Plan de Recuperación y movilizará una inversión público-privada que asciende a 479,4 millones de euros, según ha informado en un comunicado la Delegación del Gobierno en Andalucía.

Centrada en ‘zonas blancas’ (sin cobertura de al menos 30 Mbps) y ‘zonas grises’ (con conectividad de banda ancha a menos de 100 Mbs), la convocatoria otorga en toda España a 52 proyectos –de los 160 presentados– ayudas de 249,9 millones de euros, una dotación histórica en este tipo de programas para extender la banda ancha ultra rápida a 1,27 millones de hogares y empresas en 4.500 municipios españoles, la mitad de ellos en Castilla y León, Cataluña y Andalucía.

El despliegue de la conectividad ultra rápida alcanzará, por ejemplo, además de a los casi 170.000 hogares y empresas en Andalucía, a más de 300.000 de Castilla y León y 151.000 de la Comunidad Valenciana.

La mayoría son zonas blancas, aquellas que no disponen de cobertura de redes de velocidad de al menos 30 Mbps, ni planes para su dotación en los próximos tres años.

El resto de proyectos se desarrollarán en zonas grises, aquellas que solo disponen de cobertura de banda ancha o de previsiones para su dotación en el plazo de 3 años por parte de un solo operador.

El Programa de Universalización de Infraestructuras Digitales para la Cohesión (Unico) canaliza una de las principales inversiones del Plan de Recuperación en el área de la conectividad digital con el objetivo de ampliar la cobertura de banda ancha al 100% de la población.

El Plan de Recuperación tiene prevista una inversión de 2.000 millones de euros hasta 2023 para extender y mejorar las infraestructuras digitales, reforzar la cohesión territorial y hacer frente al reto demográfico.

El objetivo, también recogido en la agenda España Digital 2025, es que el 100% de la población española tenga cobertura de banda ancha en 2025. En la actualidad, España es líder en conectividad en Europa.

Según el último Índice de Economía y Sociedad Digitales DESI, que elabora la Comisión Europea, el 92% de la población española cuenta con cobertura de banda ancha a 30Mbps, el 65% en zonas rurales y el 87% tiene cobertura de infraestructuras digitales que permiten velocidades de, al menos, 100 Mpbs.

La Fiscalía de Cantabria ha solicitado una pena de nueve años de prisión a un joven acusado de intentar matar a otro al que apuñaló, y de año y medio de prisión a otro hombre que supuestamente ayudó a huir al agresor.

El juicio se celebrará este jueves, 16 de diciembre, a las 09.30 horas en la Sección Primera de la Audiencia Provincial, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad.

El ministerio público considera los hechos constitutivos de un delito de tentativa de asesinato -la víctima sufrió riesgo vital- y encubrimiento.

Según su escrito, el acusado, de 18 años, había mantenido una hora antes un altercado con otro chico, de 19 años, a quien conocía porque había sido pareja de su hermana y ambos «se llevaban mal».

La acusación pública considera que «ambas partes de encontraron o se buscaron, pero sin mediar más que unas pocas palabras entre ellos» y que el acusado salió del vehículo que conducía un amigo -el otro procesado-.

Así, cuando estaba frente al perjudicado «sacó sorpresivamente un cuchillo de cocina, con filo único y unos 15 centímetros de largo, clavándoselo en el abdomen» a la víctima, a la que apuñaló «en un solo lugar, pero empujando o hurgando tres veces, dejándole el intestino fuera de la cavidad abdominal y a la vista».

El acusado huyó «inmediatamente» en el vehículo que conducía su amigo, quien le ayudó a «huir del lugar a toda prisa».

Según informe del forense, la víctima sufrió un riesgo de «carácter vital, de no haber mediado atención médica y tan rápido como se le proporcionó».

DELITOS Y PENAS

Los hechos constituyen, a juicio de la Fiscalía, un delito de asesinato en grado de tentativa -del que es autor el supuesto agresor- y otro delito de encubrimiento -atribuido al conductor del vehículo en el que huyó el anterior-.

La pena solicitada para el primero asciende a nueve años de prisión y el pago de una indemnización de 7.600 euros a favor del agredido, y de 12.300 euros para el Servicio Cántabro de Salud por los gastos médicos generados.

Para el segundo, la petición de condena asciende a un año y medio de cárcel.

El ministro de Universidades del Gobierno, Manuel Castells, ha defendido que la inmersión lingüística es un modelo que ha funcionado aunque «por razones políticas e ideológicas se ha politizado hasta un extremo».

«El modelo de inmersión en las escuelas ha funcionado sin tensiones. El problema es cuando pasa a ser una trinchera político-ideológica», ha advertido en una entrevista publicada en el diario ‘Ara’ y recogida este domingo.

Ha pedido tener cuidado «con fijar demasiado las cuotas» de las lenguas en las aulas, porque considera que hacerlo podría dificultar la solución social, dice, de un problema.

Después de que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) obligue a ejercer el 25% de las clases en castellano en las aulas catalanas, Castells ha defendido que «las decisiones de los tribunales se deben asumir.

«PRECARIEDAD» DEL PROFESORADO

Ha acusado a los anteriores gobiernos de haber «empobrecido de manera increíble las universidades públicas» que, según sus datos, han sufrido recortes del 21% en la última década, donde también ha habido un aumento de demanda.

Además, ha advertido de la «precariedad de gran parte del profesorado» en Cataluña y de la dificultad que supone captar a profesionales de fuera de España.

El juzgado ha decretado el ingreso en prisión provisional para el joven que fue detenido por la Policía Nacional, tras entregarse en la comisaría, después de apuñalar a un compañero de clase en un bar de Ourense.

Los hechos ocurrieron en la mañana del viernes, cuando un varón agredió con un arma blanca a otro por la espalda en un establecimiento hostelero situado en las inmediaciones del IES A Carballeira. El presunto autor de los hechos se dio a la fuga, lo que motivó la activación de un dispositivo de búsqueda por parte de las fuerzas del orden.

La víctima fue atendida en un primer momento en el establecimiento para más tarde ser evacuado a un centro hospitalario, donde ingresó en estado estable. Según informa la Policía Nacional, se recupera «con normalidad» y podría ser dado de alta a lo largo de este domingo.

El presunto agresor fue detenido al presentarse en dependencias policiales en la mañana del sábado, tras casi 24 horas de búsqueda. Se entregó acompañado de una mochila con varias armas blancas, entre ellas una navaja de tipo mariposa con una hoja de unos 10 centímetros con posibles restos de sangre y que, previsiblemente, fue la utilizada en la agresión. También entregó otras dos navajas, dos cuchillos de caza y otros dos de sierra.

Según relata la Policía Nacional, el detenido «no dio explicación alguna» sobre los motivos que le llevaron a apuñalar a su compañero de clase, aunque sí detalló que había pasado la noche escondido por la zona de A Valenzá para no ser descubierto, hasta que finalmente se entregó en comisaría.

Tras declarar tanto él como los testigos, el joven fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión provisional.

El expresidente del Gobierno y del PP Mariano Rajoy está citado este lunes ante la comisión del Congreso que investiga la operación ‘Kitchen’ y acudirá, según ha avanzado él mismo, dispuesto a contestar a las preguntas que se le formulen. Con su testimonio se pondrá el broche final a las comparecencias que arrancaron el pasado mes de marzo con el testimonio del ex tesorero del partido Luis Bárcenas.

Tras el interrogatorio al ex jefe del Ejecutivo los comisionados empezarán a redactar las conclusiones a las que hayan llegado tras un año con la comisión abierta. Este informe tendrá que ser aprobado antes de que acabe 2021 por el órgano que preside la socialista Isaura Leal y, ya en el primer periodo de sesiones de 2022, se elevará al Pleno para su ratificación.

Desde que empezaron las comparecencias en marzo, han pasado por la comisión casi 40 personas que, según los partidos, podían arrojar luz sobre ese asunto estuvieran o no directamente relacionadas con la supuesta trama orquestada desde el Ministerio del Interior para espiar a Bárcenas en busca de pruebas que pudieran implicar al dirigentes ‘populares’ en casos de corrupción.

Así, se ha podido escuchar a los principales afectados, Bárcenas y su esposa Rosalía Iglesias; a policías y expolicías implicados, como el ex comisario José Manuel Villarejo y el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño, que acudieron en dos ocasiones; a investigadores de la trama ‘Gürtel’, como Manuel Morocho; y a otros protagonistas, como el que fuera chófer de Bárcenas Sergio Ríos.

VILLAREJO DICE QUE RAJOY ESTABA «DETRÁS»

También han desfilado diversos responsables políticos como el principal imputado, el ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, quien fue su ‘número dos’ en el ministerio Francisco Martínez; la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal o el ex director general de la Policía Ignacio Cosidó, quien fue citado dos veces.

Y el lunes le llega el turno al que era presidente del Gobierno y del PP cuando sucedieron los hechos investigados, que no está imputado por este asunto, y que ya ha avanzado su disposición a colaborar con la comisión y contestar a los diputados.

El pasado 20 de octubre, en su segunda comparecencia ante la comisión, Villarejo admitió que en marzo de 2014 mantuvo una reunión con Cospedal en su despacho de la sede de ‘Génova’, en la que también estuvo presente un abogado del partido y una mujer próxima al presidente.

El objetivo del encuentro, dijo, era tratar la documentación sensible que estaría a disposición de Bárcenas. Villarejo admitió que, en un momento dado, Rajoy entró en el despacho pero no desveló qué fue lo que dijo el presidente del Gobierno. «Con Rajoy tuve un par de encuentros. No es lo mismo que esté hablando con Cospedal y baje el presidente y me diga qué tal, a trabajar, y se vaya. No es una reunión», comentó.

A su juicio, esa era la forma que Rajoy tenía para demostrar que él estaba «detrás» de la operación y que podía confiar en los «emisarios» que la mandaba. Según la versión de Villarejo, en su intercambio de SMS con el presidente, éste le hacía preguntas «concretas» por si había novedades relativas a Bárcenas, ya que no se fiaba de la información que le llegaba del Ministerio de Interior sobre el espionaje al ex tesorero.

El pasado viernes, en una entrevista a Onda Cero, Rajoy rebatió a Villarejo recalcando que no ha visto al ex comisario en su «vida», que tampoco conoció nunca la operación ‘Kitchen’ y que es «absolutamente falso» que tuviera un teléfono para mensajearse con él.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, concluyó el pasado mes de julio, al cerrar la instrucción, que no hay nada que permita sostener que Villarejo tuviera «comunicación directa» con Rajoy.

COSPEDAL NO QUISO HABLAR

Aquel auto, en el que, además, el juez desimputaba a Cospedal y a su marido, Ignacio López del Hierro, fue recurrido, entre otros, por la Fiscalía y las acusaciones que ejercen el PSOE y Unidas Podemos, que insistieron en que hay que seguir investigando a Cospedal.

Pero esos recursos aún no se han resuelto y a eso se agarró esta semana Cospedal para no responder a las preguntas de los comisionados relativas a la ‘Kitchen’. Anticorrupción y los socialistas también han reclamado que siga investigando sobre el papel de Rajoy, pero el ex presidente ha dejado claro que, a diferencia de la que fue su ‘número dos’ en el PP, el sí responderá a los comisionados.

El PSOE sostiene que la investigación debe continuar y mira a Rajoy y Cospedal, por ser, en su opinión, quienes pudieron dar las órdenes por ser los «principales beneficiarios» del presunto espionaje al ex tesorero para requisarle pruebas contra dirigentes del partido y evitar que acabaran en manos de los tribunales.

También apunta a una «posible responsabilidad» de Rajoy la Fiscalía Anticorrupción, quien reprocha a García-Castellón que quiera «delimitar artificialmente en el ámbito del Ministerio de Interior» el caso del espionaje a Bárcenas.

La Reina Letizia será la encargada de inaugurar este lunes el Instituto Cervantes en Dakar, el primero en África, un continente donde el interés por el español va en aumento.

El nuevo centro, el primero que se inaugura desde el abierto en Hamburgo (Alemania) en 2011, tendrá como objetivo principal promocionar la lengua y la cultura españolas en toda África subsahariana, donde hasta ahora solo había dos Aulas Cervantes, la de Dakar, creada en 2010 y que continuará en funcionamiento, y la de Abiyán (Costa de Marfil), creada recientemente.

La Reina estará acompañada en el acto inaugural por el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y el secretario de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo, Juan Fernández Trigo, así como por la embajadora de España en Senegal, Olga Cabarga.

Entre los invitados a la inauguración, según ha informado el Instituto Cervantes, estará el cantante, compositor, empresario y político senegalés Yousou N’Dour, exministro de Cultura y Turismo.

Además, hay previsto un debate sobre la presencia y el creciente interés por el español en Senegal a cargo de Ndeye Amy Ndiaye, profesora de APES (Asociación de profesores de español de Senegal) y Ángela Rodríguez Perea, profesora de la Universidad Cheikh Anta Diop, que estará moderado por el director del Instituto Cervantes de Dakar, Néstor Nongo Nsala.

También habrá dos breves actuaciones musicales a cargo de Raúl Rodríguez y Sirifo Kouyate, que fusionan las músicas española y senegalesa, y otra de afroflamenco de la mano de Dem Dikk, liderado por el músico Sidy Samb.

Una vez concluido el acto, Doña Letizia recorrerá las instalaciones del nuevo centro, comenzando por el aula multimedia, con capacidad para unas 50 personas. Después visitará la exposición ‘ILUSTRAD/AS. Una mirada a la creación femenina en la ilustración de vanguardia’, que reúne doce ilustraciones de otras tantas creadoras de referencia, así como la biblioteca.

Por último, la Reina firmará en el Libro de Honor, descubrirá una placa conmemorativa de la inauguración y cerrará la visita con un saludo a los embajadores hispanoamericanos, hispanistas y representantes de la colonia española.

EL ESPAÑOL EN ÁFRICA

Según el Instituto Cervantes, el África Subsahariana es a día de hoy la tercera región del mundo en número de alumnos de español, con más de 1,5 millones, el 6,5 por ciento del total de personas que aprenden español.

Costa de Marfil es el país con más alumnos de español –y quinto a nivel mundial por detrás de Estados Unidos, Brasil, Francia e Italia–, con más de 566.000 alumnos, seguido por Benín, con unos 412.000 estudiantes, y Senegal, con 350.000.

El nuevo centro, ubicado en una villa independiente de 686 metros cuadrados construida en los años sesenta, dispone también de tres aulas, sala de profesores y diversos despachos repartidos en dos plantas. Asimismo, gracias a que se encuentra en una parcela de más de 1.500 metros cuadrados, tendrá espacios al aire libre para albergar actividades culturales, académicas y de esparcimiento.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tuvo ocasión de visitar ya las instalaciones, aún sin concluir, el pasado mes de abril durante su visita a Dakar y sostuvo que su apertura demuestra la «apuesta clara y decidida de España por Senegal y por toda África» y también el compromiso de España por fomentar la cooperación cultural.

«Senegal representa una gran oportunidad y un territorio estratégio para la expansión de la lengua española», resaltó el presidente, que tuvo ocasión de firmar, como primer invitado, en el Libro de Honor, además de descubrir una placa conmemorativa y mantener un encuentro informal con profesores y alumnos de español.

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea tratarán el lunes la respuesta europea ante el despliegue militar ruso frente a las fronteras en Ucrania, en una reunión en la que los Veintisiete redoblarán el mensaje de aviso a Moscú aunque sin tomar medidas preventivas.

El Consejo de Exteriores de la UE buscará dar una imagen de firmeza frente a la actitud beligerante rusa en Ucrania y empezar a discutir el paquete de sanciones contra Rusia, después de desplegar equipamiento pesado, vehículos armados, tanques, drones y sistemas electrónicos con fuerzas de combate frente a las fronteras ucranianas, lo que ha hecho saltar las alarmas.

El objetivo es reiterar a Moscú que cualquier agresión contra su vecino tendrá un alto coste, pero a la vez la UE quiere que con este enfoque de disuasión se rebaje la crisis. En Bruselas cunde la idea de que hay que actuar con inteligencia y por eso el bloque europeo mide sus pasos para no contribuir a aumentar la tensión, algo que podría usar Rusia para justificar un ataque contra Kiev.

«Trabajamos muy duro para evitar ese escenario con contactos también con las autoridades rusas», ha apuntado un alto cargo de la UE, que ha destacado por otro lado los contactos con el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov.

Se espera que los Estados miembros «pongan sobre el papel» los planes para responder a Moscú pero no se espera ningún anuncio ya el lunes, después de que el propio Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, haya descartado medidas preventivas pero sí haya amenazado con un «arsenal de sanciones» en coordinación con Estados Unidos para «cortocircuitar» la economía rusa en caso de agresión.

En apoyo a Ucrania, los países de la UE ya mantienen línea directa con Kiev para reforzar su defensa ante las acciones híbridas a las que se enfrenta. «Ya hay medidas positivas para ayudar a mejorar su resistencia en la esfera de desinformación», ha subrayado el alto cargo de la UE.

DEBATE SOBRE VENEZUELA Y SANCIONES CONTRA EL GRUPO WAGNER

En la agenda de los ministros está la situación en Venezuela, después de las elecciones regionales y locales del pasado 21 de noviembre que contó con observadores europeos.

La idea es que la UE juegue un papel y haga seguimiento de la situación en el país, con la vista puesta en las conversaciones entre Gobierno y oposición en México.

El lunes verán la luz las sanciones europeas contra tres entidades y ocho personas implicadas con el Grupo Wagner, el grupo paramilitar ruso presente en distintos países africanos y que resultó clave para los conflictos en Libia y Ucrania.

Con esta medida, la UE quiere contrarrestar la creciente influencia de este colectivo en África y disuadir a socios como Malí de contratar sus servicios, lo que va en contra de las misiones militares que la UE mantiene en la región del Sahel.

La Fiscalía de Jaén ha solicitado nueve años de prisión para un hombre, de 46 años, acusado de violar a una mujer cuando ésta se encontraba durmiendo de madrugada en un descampado situado junto al Museo Íbero de Jaén.

Los hechos, según recoge el escrito de calificación provisional del Ministerio Público, señala que los hechos sucedieron el 10 de agosto de 2019, sobre las 4,00 horas, cuando la víctima, junto a otra mujer, se encontraba durmiendo en un descampado ubicado en las cercanías del Museo Íbero.

El procesado, aprovechando que se encontraba dormida, «la inmovilizó con gran fuerza para evitar resistencia» y para ello le sujetó las manos, le tapó la boca y presuntamente consumó la violación. Como consecuencia de la agresión sexual, la víctima «tuvo lesiones que precisaron tan solo una primera asistencia facultativa, tardando en curar unos días y sin que conste secuelas físicas».

El Ministerio Público ha calificado los hechos como un delito de agresión sexual en concurso ideal con un delito leve de lesiones. Por ello, reclama que se le imponga la pena de nueve años de cárcel y siete años y medio de libertad vigilada, además de prohibición de acercarse y comunicarse con la víctima.

Otra de las cuestiones que propone la Fiscalía es que la clasificación en tercer grado no se haga hasta que el acusado cumpla al meno la mitad de la condena.

En lo que respecta a la responsabilidad civil, Fiscalía le reclama una indemnización de 5.000 euros por los daños morales ocasionados a la víctima, además de abonar 45 días por cada día de curación y otros 65 euros por cada día de incapacidad de la víctima.

El acusado fue detenido fuera de la provincia de Jaén días después de que sucediera la agresión sexual. El Juzgado de Instrucción número 2 de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) fue el encargado de decretar el ingreso en prisión provisional, medida que fue ratificada por el Juzgado de Instrucción número 3.

La Sección Tercera de la Audiencia de Jaén tiene previsto juzgar esta causa el próximo miércoles, 15 de diciembre. Para el día del juicio está previsto que declare por videoconferencia tanto la víctima como la mujer que se encontraba con ella en el descampado.

Los nacimientos en España han experimentado una caída de un 3% hasta octubre de este año, con respecto al mismo periodo de 2020. Concretamente, doce Comunidades Autónomas han experimentado una caída en su tasa de natalidad, siendo la Comunidad de Madrid y Cataluña las que encabezan la caída de nacimientos en términos absolutos este año en comparación con el mismo periodo del año pasado, según los datos que refleja el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De enero a octubre de 2021 han nacido en España 281.712 niños, lo que supone 8.742 menos –un 3% menos– que en el mismo intervalo de tiempo de 2020.

Por años, los nacimientos en España durante los 10 primeros meses de cada año registran una tendencia constante a la baja ya que se sitúan en 281.712 en 2021; 290.454 en 2020; 299.944 en 2019; 309.794 en 2018; 326.249 en 2017 y 342.610 en 2016.

COMUNIDAD DE MADRID Y CATALUÑA, LAS DE MAYOR CAÍDA

Por Comunidades Autónomas, la que mayor caída presenta este 2021 en cuanto a nacimientos es la Comunidad de Madrid, donde nacieron en los diez primeros meses del año pasado 45.167 niños frente a los 42.259 que han nacido hasta octubre de 2021. Es decir, este año han nacido 2.908 niños menos en la capital.

Asimismo, en Cataluña también ha decrecido el número de nacimientos en 2021. En concreto, se han registrado 48.215 nacimientos durante los diez primeros meses de este año, 1.570 niños menos que en 2020 donde nacieron 49.785 niños.

La Comunidad Valenciana también ha experimentado un descenso en su tasa de natalidad este año, donde han nacido 826 niños menos que en 2020, cuando nacieron 30.521 neonatos.

Siguiendo la tendencia a la baja en nacimientos se encuentra Castilla y León, donde han nacido 818 niños menos que en 2020, cuando nacieron 11.677 niños. Le sigue País Vasco, donde este año han nacido 11.928 niños, frente a los 12.635 que nacieron en 2020 –un descenso de 707 niños–; Castilla-La Mancha también ha visto mermar su tasa de natalidad este año, en el que han nacido 579 niños menos que en 2020, cuando nacieron 12.607.

También Canarias refleja un descenso en nacimientos durante los diez primeros meses de 2021, donde han nacido 10.621 niños frente a los 11.157 que nacieron en el mismo periodo en 2020. Es decir, 536 niños menos. Asimismo, Galicia ha visto este año decrecer su tasa de natalidad, ya que en 2021 han nacido 474 niños menos que en 2020, cuando nacieron 12.943 niños.

Más alejadas de estas cifras pero también con tendencia a la baja en cuanto a natalidad, se sitúan La Rioja, donde han nacido 232 niños menos que en 2020, cuando nacieron 1.967; Extremadura, donde han nacido en 2021 6.032 niños frente a los 6.243 del año pasado, una diferencia de 211 niños menos; Baleares, que ha registrado una cifra de 133 niños menos que en 2020, cuando nacieron 8.027 niños; y, finalmente, Asturias, donde también han descendido ligeramente los nacimientos en 62 niños este 2021 en el que han nacido 3.976 bebés.

SUBEN LIGERAMENTE LOS NACIMIENTOS

No obstante, pese a las cifras a la baja que ha experimentado España a nivel nacional, ha habido otras comunidades en las que han subido ligeramente los nacimientos como es el caso de Aragón, donde han nacido este año 8.257 niños, 563 más que en 2020 cuando nacieron 7.694 (de enero a octubre).

Le sigue la Región de Murcia, donde este año han nacido 378 bebés más que en 2020 cuando nacieron 11.112. En Cantabria también ha nacido 66 niños más. Es decir, en 2021 la cifra de nacimientos en esta comunidad es de 2.970, frente a 2020 cuando nacieron 2.904 niños.

En esta línea creciente de nacimientos se sitúan finalmente las comunidades de Navarra, donde han nacido en los diez primeros meses de este año 49 niños más que en 2020, año en el que nacieron 4.274 bebés, y Andalucía, donde prácticamente la cifra ha sido invariable con respecto a 2020, ya que solo han nacido 2 niños más que en 2020, cuando nacieron 55.627 niños, siendo la Comunidad Autónoma donde más niños han nacido este 2021.