La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Mar Espinar, ha cuestionado que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, pida «consenso» a la oposición para salvar la «chapuza» que ha hecho el equipo de Gobierno al pretender designar como embajador de la ciudad al cineasta Tim Burton. «Ocultan los informes de los cronistas y ahora el alcalde pide consenso a los grupos municipales para intentar que salvemos al equipo de gobierno de semejante chapuza. El Grupo Municipal Socialista ya lo denunció y se retiró de la comisión de Cultura», ha recordado Espinar en declaraciones a Europa Press.

Almeida ha declarado este miércoles que «no será un nombramiento ni a espaldas ni en contra del criterio de los Cronistas de la Villa» y que buscarán «el acuerdo y un amplio consenso respecto del resto de grupos municipales». «Lo que pasa es que hay prisas porque Tim Burton estará en Madrid la próxima semana y no quieren hacer el ridículo. La sensación que tenemos es que son plenamente conscientes del daño que están generando a la imagen de Madrid y no saben cómo explicarle a Tim Burton la situación que ellos mismos han creado», ha expuesto Espinar.

El Tribunal Supremo ha acordado anular la Orden de la Guardia Civil número 3 de 11 de abril de 2019, que regula los ascensos a cabos dentro del Cuerpo, al considerar que debió haberse tramitado como un reglamento. En una sentencia, recogida por Europa Press, los magistrados han estimado el recurso que presentó la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) contra la Orden por la que se aprueban las bases generales que rigen los procesos selectivos para el acceso al curso de capacitación para el ascenso al empleo de cabo de la escala de cabos y guardias, así como las normas generales del curso de capacitación y su plan de estudios.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha concluido que dicha Orden debió ser elaborada y aprobada por el procedimiento correspondiente a las disposiciones generales. Así las cosas, ha precisado que, como no se hizo de ese modo, quedó aquejada de un vicio procedimental invalidante. En 14 folios, el tribunal ha explicado que la Orden en cuestión, dado su contenido y sus características, es un reglamento o disposición general. Ello, ha puntualizado, implica que debe elaborarse por el procedimiento correspondiente y aprobarse por la autoridad pertinente.

En la resolución, de la que ha sido ponente el magistrado Luis María Díez-Picazo, el Supremo ha indicado que la Orden General no es «una especie de instrucción de servicio o circular con eficacia meramente interna o», como llegó a defender la Abogacía del Estado, una medida puramente autoorganizativa.

Los magistrados han insistido en que la Orden «regula aspectos relevantes de la relación de servicio de empleados públicos, como son los Guardias Civiles, de manera que afecta a sus derechos, cargas y deberes». En este sentido, han señalado que «esto no puede nunca ser considerado como algo puramente interno a la Administración Pública».

Así las cosas, el Supremo ha asegurado que el hecho de que exista una relación de sujeción especial e incluso una estructura jerárquica «no justifica que el superior pueda regular libremente las vicisitudes de la relación de servicio de sus subordinados, ni menos aún que tal regulación -en vez de calificarse de reglamento- se considere sin mayores precisiones como una orden a los subordinados». En el marco de la sentencia, el tribunal ha acordado imponer las costas del recurso contencioso-administrativo a la Administración General del Estado, fijándolas en un máximo de 3.000 euros.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado que el abastecimiento de alimentos está asegurado en España y en la Unión Europa, pese a la incertidumbre derivada de la guerra de Ucrania, lo que ha provocado una situación económica «extraordinaria» y que una presión de costes que es «real».

«El funcionamiento del sector es muy complicado y el primero que lo dice es el ministro, porque estamos sometidos efectivamente a una situación económica que es extraordinaria y a una presión de costes que es real, pero al mismo tiempo el abastecimiento estará asegurado. No existe ningún peligro inmediato en ningún producto, ni en España ni en la Unión Europea, de falta de abastecimiento y lo quiero decir bien claro», ha subrayado en una rueda de prensa tras reunirse con las organizaciones agrarias.

El titular de Agricultura ha reconocido que el momento es «complicado, difícil y con mucha incertidumbre» derivada de la guerra en Ucrania, lo que se ha traducido en una volatilidad de los mercados «muy importante», con impacto en la evolución de los precios de las materias primas.

«La salida de grano de Ucrania constituye un elemento fundamental, por no olvidar lo que se refiere a la producción de fertilizantes, que en estos momentos están a un precio dos o tres veces más elevado respecto a lo que estaban hace un año. Esto nos plantea un problema sin duda de precio, pero también de abastecimiento», ha señalado. Asimismo, Planas ha subrayado que la ley de la cadena alimentaria ha tenido un efecto «muy positivo», que, según ha indicado, «evidentemente no significa que todo su potencial se haya, en modo alguno, logrado», teniendo en cuenta que su entrada en vigor es del pasado mes de diciembre.

«Nos queda mucho por hacer desde el punto de vista del trabajo en la cadena alimentaria, desde el punto de vista de la transparencia», ha señalado Planas, quien ha añadido que el cumplimiento de dicha norma permite, a diferencia de crisis anteriores, que todo el peso no recaiga sobre agricultores y ganaderos, lo que se significa lograr un equilibrio entre el trabajo del campo, el de la industria y el de la distribución, con el fin de que la formación de precios «sea más equilibrada y no una formación del final de la distribución hacia abajo».

«Queda tarea por hacer y vamos a continuar», ha destacado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, quien, preguntado por una posible reunión con la gran distribución tras la propuesta de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de topar los precios de los alimentos básicos, ha asegurado que no tiene previsto reunirse con la gran distribución en los próximos días, pese a mantener encuentros periódicos. «Mantenemos un contacto prácticamente cotidiano, no tengo previsto en los próximos días ninguna reunión específica con el sector de la distribución y evidentemente ninguna medida en ese sentido», ha señalado.

1.000 MILLONES

Asimismo, Planas ha señalado que «lo razonable» es que agricultores y ganaderos tengan unos precios «estables» que «aseguren la dignidad y la rentabilidad», al tiempo que ha destacado que la ley de la cadena alimentaria, el seguro agrario, la PAC y las medidas adoptadas por el Gobierno, entre ayudas directas y fiscales, suman una cantidad estimada en una cuantía muy superior a los 1.000 millones de euros. «Son un instrumento necesario para conseguir que la rentabilidad del sector se mantenga en un contexto en el cual es absolutamente necesario», ha señalado el ministro, quien ha reiterado el compromiso «firme» del Gobierno con el sector agrario.

Planas ha presidido la reunión del Comité Asesor Agrario, con la participación de las organizaciones profesionales agrarias Asaja, COAG y UPA, que ha calificado de «útil y constructiva» y en la que ha agradecido «el buen diálogo, el gran trabajo de interlocución y la aportación de ideas, fundamentales, por parte de las organizaciones agrarias». En el encuentro, el ministro ha señalado que el Gobierno ha llevado a cabo un seguimiento «exhaustivo» de la situación del sector para solicitar a la Unión Europea la adopción de medidas urgentes.

En breve, el sector agrario y ganadero podrá percibir hasta 3.400 millones de euros por el incremento del anticipo de las ayudas de la PAC, lo que dotará de mayor liquidez a explotaciones afectadas por la pérdida de rentabilidad, además de poner en marcha de manera directa ayudas que han contribuido a paliar los efectos económicos y sociales en las explotaciones agrarias. «El Gobierno está realizando un esfuerzo sin precedentes para mantener la viabilidad de un sector estratégico de la economía española y que nunca antes se había puesto en marcha para mantener la rentabilidad de agricultores y ganaderos en un momento de gran complejidad para toda la ciudadanía», ha asegurado Planas.

La Administración General del Estado ha resuelto convocatorias vinculadas al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia por un importe de más de 11.000 millones de euros y ya hay más de 53.000 proyectos en marcha gracias a unos fondos que benefician a más de 50.000 empresas, centros de investigación y ciudadanos.

Así lo ha trasladado la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, durante la clausura del primer evento anual en España sobre el Plan de Recuperación, Recuperación y Resiliencia, que ha contado con la intervención del vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis. «El balance es impresionante», ha destacado la vicepresidenta, tras poner en valor que el esfuerzo de las distintas administraciones que colaboran en el Plan de Recuperación ha permitido alcanzar un ritmo de más de 2.000 millones de euros mensuales en convocatorias de licitaciones de ayudas o de obras públicas.

Según los datos ofrecidos por la titular de Economía, hasta la fecha se han celebrado más de 100 conferencias sectoriales y se han asignado más de 18.300 millones de euros a las comunidades autónomas para que puedan invertir dentro del ámbito de sus competencias. Gracias a estas transferencias, se están desarrollando proyectos que llegan a casi 25.000 beneficiarios, de los que más de 8.000 son empresas.

La vicepresidenta ha enumerado los once Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) aprobados por el Gobierno y ha puesto en valor las reformas impulsadas hasta ahora, poniendo especial énfasis en la laboral «que ha permitido europeizar el mercado de trabajo y resolver uno de los lastres principales de la economía española». De cara a los próximos meses, Calviño ha recordado que está manteniendo contactos con comunidades y grupos políticos para elaborar la adenda al Plan de Recuperación, que prevé aprobar antes de que acabe el año para movilizar los 7.700 millones de euros de transferencias adicionales asignadas a España y los más de 84.000 millones de euros en préstamos.

EL PLAN, QUE YA ALCANZA VELOCIDAD CRUCERO, IMPULSA A LA ECONOMÍA

La vicepresidenta ha destacado que la salida de la crisis causada por la pandemia está siendo muy diferente de las del pasado, no solo gracias a las medidas puestas en marcha para hacer frente al impacto de la crisis, sino también por el impulso del Plan de Recuperación. «Esto se proyectó, sobre todo, en las expectativas de los ciudadanos y de las empresas y de los inversores», ha enfatizado la vicepresidenta. De hecho, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado recientemente que el PIB se elevó en 2021 fue del 5,5%, al tiempo que el empleo y la inversión también siguen creciendo «con fuerza», incluso en este complejo entorno internacional.

Con todo, la vicepresidenta ha remarcado que la «prioridad» del Gobierno en estos últimos dos años ha sido la ejecución del Plan de Recuperación, lo que ha permitido que ya en 2022 se esté alcanzando «velocidad crucero». Pese a esto, la vicepresidenta ha reconocido que Europa se enfrenta ahora a retos muy difíciles que vienen de la guerra en Ucrania, de la inflación o el cambio climático, por lo que ha insistido en la necesidad de dar una respuesta conjunta en las medidas.

«En nuestro país, la medida más visible es la que lleva a que todos estemos hoy con el abanico por el requisito de los 27 grados, pero ya nos está permitiendo ahorrar en energía sin tener un impacto demasiado negativo desde el punto de vista del bienestar de los ciudadanos», ha apuntado la ministra. Además, ha celebrado que a nivel europeo se esté avanzando en la reforma del mercado eléctrico para coordinar las acciones que amortiguan el impacto del alza de los costes energéticos, al tiempo que se ha abogado por asegurar un reparto más justo del impacto de la guerra.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha lamentado que el recibo de la luz no traslade a los consumidores de manera fidedigna el ahorro que está representando la batería de medidas adoptadas por el Gobierno para contener el impacto del alza de los precios energéticos en la factura. En declaraciones a la prensa tras reunirse, junto al ministro de Consumo, Alberto Garzón, con representantes de las asociaciones de consumidores españoles para recabar sus propuestas para el plan de contingencia en el que trabaja el Gobierno, Ribera reconoció que es «un poco frustante» que los recibos de la luz de los consumidores «no trasladen toda la información».

En concreto, las facturas eléctricas de muchos consumidores en el mercado libre han empezado a incorporar el concepto por la denominada ‘excepción ibérica’ correspondiente a la compensación por el uso de gas natural para la generación de electricidad, lo que supone un incremento con respecto al precio pactado. Las eléctricas no tienen la obligación de desglosar este nuevo término en la factura, si bien algunas compañías lo están incluyendo para ofrecer información más detallada acerca de lo que está abonando el usuario.

En este sentido, Ribera consideró que en las facturas, sin embargo, no aparece reflejado «cuánto se ha ahorrado el consumidor» por la batería de medidas (fiscales, excepción ibérica…) del Gobierno que, estimó, han supuesto un ahorro de «entre un 20% y 30%» con respecto a si no se hubieran adoptado. «El precio del gas se ha multiplicado por diez, por lo que se ha incrementado lo que pagamos, pero mucho menos de lo que hubiera sido sin esas medidas», añadió.

UN ENCUENTRO «CONSTRUCTIVO» CON LOS CONSUMIDORES.

Respecto a la reunión con las asociaciones de consumidores, dentro de la ronda abierta por el Ejecutivo con los distintos actores implicados de cara a la elaboración del plan de contingencia que se debe presentar a Bruselas, Ribera destacó que fue un encuentro «interesante, constructivo y potente». La ministra agradeció la colaboración de las asociaciones de consumidores a lo largo de estos meses, con propuestas «concretas que se han tomado en consideración para hacer frente a los precios de la energía».

«Lo hacemos también en este momento ultimando el plan de contingencia que queremos compartir lo antes posible y que parte de la premisa fundamental del compromiso del Gobierno para que todas las medidas sean eficaces, facilitar la contención de precios, el ahorro de consumos energéticos y hacerlo pensando en la protección de las familias y del tejido productivo». «No habrá medidas que no estén pensadas en estas dos máximos, que son la base de la economía», dijo.

Asimismo, insistió en la necesidad de «mantener el diálogo» abierto con estas asociaciones de la sociedad civil y «trabajar para poder llegar a comunicar de la mejor manera posible en todos los hogares lo que ocurre y el modo de acceder a las ayudas existentes como el bono social». Además, indicó que se debe trabajar en conseguir «una mayor transparencia» en la información de las facturas que llegan a los hogares.

IMPORTANCIA DE CONTAR CON LA SOCIEDAD CIVIL Y UN DIÁLOGO ABIERTO

Por su parte, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, apuntó la importancia de «contar con la sociedad civil y tener el diálogo abierto» en estos momentos, con el fin de enriquecer las respuestas de la política pública y conocer de primera mano qué es lo que está haciendo este Gobierno». Garzón puso en valor que el Gobierno ha tenido como «prioridad» el dar respuesta a la situación planteada por el alza de precios energéticos y lo ha afrontado con «múltiples medidas». Igualmente, aseguró que se debe abordar la actual situación «con justicia social» y hacerlo al mismo tiempo que se «acelera la transición ecológica».

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha urgido a «pactar ya» los Presupuestos Generales del Estado para el año que viene y ha demandado al PSOE «pisar el acelerador», tanto en las cuentas públicas como en el desbloqueo de la ley de vivienda o la derogación de la ley ‘mordaza’. En declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, la dirigente de la formación morada ha señalado que la relación con los socialistas es buena y que las cuentas públicas son un buen momento para demostrar que el Gobierno de coalición es «garantía de certezas y estabilidad», máxime ante la crisis provocada por la guerra de Ucrania.

Según ha destacado Montero, los Presupuestos son importante para la «emergencia» que atraviesa el país y deben atender no solo esas «urgencias» que genera el contexto de crisis, sino también el abordaje de «problemas estructurales» y potenciar, por ejemplo, las políticas de conciliación. En cuanto al debate en materia fiscal, la titular de Igualdad es favorable a fórmulas de armonización fiscal entre territorios pero sobre todo a medidas de mayor progresividad, con mayor tributación tanto para rentas muy altas y grandes empresas, como las energéticas, que están además experimentando beneficios récord.

«Es el momento en esta crisis para que se aprieten el cinturón los que nunca se lo han apretado», ha enfatizado para reivindicar la pertinencia de un impuesto a grandes fortunas y patrimonio, que propuso Podemos y que a su juicio ahora suscita cada vez más respaldo en Europa y otros organismos internacionales. De esta forma, Montero ha señalado que el Ejecutivo está en la línea de lograr que «los que más tienen» aporten más y terminar con una «fiscalidad injusta», donde el mayor esfuerzo lo hace la clase trabajadora. Finalmente, ha criticado que el PP precisamente propone el modelo «opuesto», consistente en «beneficiar a grandes empresas, eximir de impuestos a los ricos y degradar los servicios públicos».

El diputado del Partido Popular Pablo Hispán ha acusado este miércoles al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, de «blanquear» el régimen de Vladimir Putin por reunirse con el diplomático ruso Vladímir Voronkov, secretario general adjunto de la oficina de Lucha Contra el Terrorismo de las Naciones Unidas.

En un debate en el Congreso con la ministra de Defensa, Margarita Robles, el diputado del PP ha cuestionado la política exterior del Gobierno de Pedro Sánchez y sus «divisiones» respecto a la guerra de Ucrania y la OTAN.

En este contexto, ha denunciado que Albares se haya reunido con el diplomático ruso en Nueva York, donde se celebra la Asamblea General de Naciones Unidas. «¿Le parece sensato que mientras Putin anuncia un nuevo paso en la escalada militar Albares blanquee el régimen ruso?», ha preguntado el parlamentario ‘popular’.

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ya mantuvo una reunión bilateral con Voronkov a principios de septiembre con motivo del Congreso Mundial de las Naciones Unidas sobre las Víctimas del Terrorismo que se celebró en la sede de la ONU en Nueva York.

Pero además, el diplomático ruso viajó a España el pasado mes de mayo para participar en una conferencia sobre derechos humanos, sociedad civil y lucha contra el terrorismo que organizaron en Málaga de forma conjunta el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y la Oficina de Naciones Unidas para la Lucha contra el Terrorismo (UNOCT).

De hecho, Voronkov fue el encargado de la apertura del acto junto al propio Albares y también intervino en la clausura, esta vez en compañía de Grande-Marlaska. Pero además, el Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de junio la apertura en Madrid de una delegación de la oficina de la ONU dirigida por el diplomático ruso, con la previsión de que empezase a funcionar este mes de septiembre.

El Papa ha aceptado la renuncia del obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla, y ha nombrado administración apostólico de esta diócesis al hasta ahora obispo auxiliar de Madrid, Jesús Vidal, según ha informado la Conferencia Episcopal Española (CEE) tras la comunicación de la Nunciatura apostólica.

Reig Pla, de 75 años, fue nombrado obispo de Alcalá de Henares el 7 de marzo de 2009 fue nombrado obispo de Alcalá de Henares y tomó posesión de la diócesis el 25 de abril de ese año. Nació el 7 de julio de 1947 en Cocentaina (Alicante), diócesis de Valencia. Cursó estudios eclesiásticos en el seminario mayor de Valencia, donde obtuvo el bachillerato en Teología en 1970. Es licenciado en Sagrada Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca (1973) y doctor en Teología Moral por la Pontificia Universidad Lateranense de Roma (1978). Fue ordenado sacerdote en Valencia el 8 de julio de 1971.

El 22 de febrero de 1996 fue nombrado obispo de Segorbe-Castellón. Recibió la ordenación episcopal el 14 de abril del mismo año. El 24 de septiembre de 2005 se hacía público su nombramiento como obispo de Cartagena, diócesis de la que tomó posesión el 19 de noviembre. En la Conferencia Episcopal Española es miembro de la Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida.

Por su parte, el nuevo administrador apostólico, Vidal Chamorro nació el 6 de mayo de 1974 en Madrid. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, en 1997. Este mismo año ingresó en el seminario conciliar de La Inmaculada y San Dámaso, en Madrid. Fue ordenado sacerdote el 8 de mayo de 2004. En 2007 obtuvo la licenciatura en Teología, en la especialidad de Teología Moral, por la Universidad Eclesiástica San Dámaso.

El 29 de diciembre de 2017 se hacía público su nombramiento como obispo auxiliar de Madrid, asignándole la sede titular de Elepla, que tenía como metropolitana a Sevilla. Recibe la ordenación episcopal el 17 de febrero de 2018. En la Conferencia Episcopal Española es presidente de la Subcomisión Episcopal de Seminarios desde marzo de 2020.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha avanzado que su grupo facilitará la tramitación de la ley de equidad y cohesión sanitaria, conocida como ‘Ley Darias’, tras pactar con el PSOE intentar modificar el texto durante la fase de enmiendas para incluir más limitaciones a la externalización sanitaria.

En declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Congreso, ha avanzado que el espacio confederal rechazará las enmiendas a la totalidad presentadas por Junts, PDeCAT, Cs y Vox (que se abordarán de forma conjunta) a esta normativa y, por tanto, garantiza su apoyo a que continúe su recorrido en el Congreso tras hablar «intensamente» durante estos días con el PSOE y con la titular de Sanidad, Carolina Darias. Y es que los morados habían avisado el pasado lunes que no garantizaban su respaldo a la ‘Ley Darias’ si el PSOE no accedía a cambiar el texto emanado del Consejo de Ministros, al considerar que su redacción no incluía restricciones reales a la privatización sanitaria ni derogaba la ley 15/1997 que impulsó el expresidente popular José María Aznar.

AHORA TRATARÁ DE CONVENCER

También los dos grupos que conforman el Ejecutivo mantendrán conversaciones con los aliados parlamentarias como ERC y Bildu, así como otras formaciones nacionalistas como el PDeCAT para llegar a un consenso y que el proyecto de ley pueda superar el debate a la totalidad, que tendrá lugar este jueves. Y es que son conscientes de la aritmética parlamentaria que tiene la cámara y la preocupación de los grupos catalanes y vascos por la posible afectación a competencias autonómicas en materia sanitaria. Para superar este choque interno entre las dos formaciones, Echenique ha detallado que el acuerdo político consiste en negociar posibles cambios al texto, pues a Unidas Podemos quiere establecer límites a las fórmulas de gestión indirecta.

TENSIÓN

Por tanto, ha primado la voluntad de modificar el texto y emplazarse a un debate más largo para lograr una postura común entre PSOE y Unidas Podemos, reconociendo en el ala morada que ahora las posturas son distintas sobre el contenido e la ley y que entraña una discusión jurídica con el Ministerio. Echenique ha querido agradecer la disposición de la ministra de Sanidad y del grupo socialista para abordar estas diferencias y resolver la situación.

Ayer, el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, confió en poder llegar a un consenso con Unidas Podemos sobre la ley pero también pidió a sus socios comprender la realidad territorial del país, dado que sin fórmulas de concertación hay comunidades, como en el caso de Cataluña, donde prestar el servicio sanitario sería imposible.

Mientras, los morados llevan meses avisando de que restringir la externalización de la gestión sanitaria es crucial y veían insuficiente la definición de la excepcionalidad que el proyecto legislativo contempla para habilitarla, pues entiende que no hay límites ambiciosos en el texto emanado del Consejo de Ministros y que se dejaba todos los criterios en manos de las comunidades. Y es que Unidas Podemos aspira a incluir que la externalización excepcional no sea superior a un año de duración, que en ningún caso se despliegue para la gestión de hospitales o centros de salud y no prorrogar conciertos sanitarios con el sector privado.

El PSOE ha decidido compensar a su exportavoz en el Congreso Héctor Gómez con el cargo de presidente de la Comisión Constitucional de la Cámara, un puesto que venía ejerciendo el nuevo portavoz del Grupo Socialista, Patxi López. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, designó a López el pasado mes de julio como nueva voz del grupo mayoritario en el Congreso, en sustitución de Gómez, que apenas ha estado un año en el cargo.

Ahora, según han informado a Europa Press fuentes socialistas, la dirección del grupo ha decidido proponer precisamente a Gómez para que cubra la vacante dejada por López al frente de la Comisión Constitucional, el órgano parlamentario de mayor rango después del Pleno. En concreto, la candidatura de Gómez se votará el próximo martes, en la primera reunión que celebrará la Comisión Constitucional en este periodo de sesiones.

Gómez sucederá así a Patxi López, que presidió el Congreso entre enero y julio de 2016, durante la primera ‘legislatura corta’, y estaba al frente de la Comisión Constitucional desde julio de 2019. Antes que él, estuvo presidida por el también expresidente del Congreso el ‘popular’ Jesús Posada, y por el exvicesecretario general del PSOE Alfonso Guerra.

COMPLEMENTO SALARIAL

Los partidos reservan las presidencias de comisión para parlamentarios veteranos o miembros destacados de sus formaciones, dado su carácter institucional. Este puesto conlleva un complemento salarial de 1.551,58 euros en concepto de gastos de representación. En verano de 2021, cuando Gómez sucedió a Adriana Lastra en la Portavocía del Grupo Socialista, se optó por la misma fórmula para compensar a la entonces todavía vicesecretaria general del PSOE. En su caso, fue elegida para presidir la Presidencia de la Comisión del Estatuto de los Diputados, el órgano que se encarga de gestionar las incompatibilidades de sus señorías y de tramitar los suplicatorios que llegan a la Cámara.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha asegurado que aún no se empezado a tramitar la petición que presentó la familia del expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán con el fin de que se conceda la medida de gracia al exdirigente socialista, condenado a seis años de prisión por prevaricación y malversación. Así ha respondido la titular de Justicia al diputado del PP Carlos Rojas, quien le ha preguntado durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso si el Ejecutivo va a indultar a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán después de conocerse la sentencia del caso ERE.

«Me pide usted que me pronuncie anticipadamente ante un caso que ni tan siquiera hemos incoado el expediente», ha dicho la ministra para luego acusar al dirigente ‘popular’ de llevar a cabo una «estrategia» para «sacar jugo populista» de la sentencia emitida el pasado 14 de septiembre por el Tribunal Supremo que, según ha recordado, «tiene dos votos discrepantes».

«¿Cree que esta ministra se va a pronunciar sin haber recabado los informes?», ha añadido, en referencia a los textos que deben aportar el Ministerio Fiscal y el Alto Tribunal. Y ha incidido en que el Ejecutivo dará a la petición de indulto de Griñán la misma tramitación que a cualquier otra solicitud. «Este Gobierno cumple con la ley», ha señalado.

En el marco de su intervención, Llop ha incidido en que el Gobierno de Pedro Sánchez «no es el Gobierno de la Kitchen», en referencia al procedimiento que se sigue en la Audiencia Nacional para investigar el presunto espionaje parapolicial al extesorero del PP Luis Bárcenas. «Cojan un espejo. Espejito, espejito mágico, cuál es partido que ha sido condenado por la corrupción. A ver qué le dice. Aplíquese el cuento», ha espetado la ministra, que también ha aprovechado para acusar al PP de no cumplir con la Constitución ante la situación de bloqueo que atraviesa el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

EL PP: «EL PSOE NO PUEDE INDULTAR AL PSOE»

El dirigente ‘popular’ ha defendido que su partido sí cumple con la Carta Magna y le ha recordado a Llop que «sentencia solo hay una» y que si niega la dictada por el Supremo respecto a los ERE «debe dejar el cargo». Durante el debate, el diputado ha insistido –al igual que lo hizo ayer el coordinador general del PP en el Senado– en que los socialistas «no han pedido perdón» por la gestión de Chaves y Griñán de los ERE. Al hilo, además, ha subrayado que «si el Gobierno indulta a los expresidentes del PSOE estará dañando la confianza en la justicia y faltando a su palabra de no indultar por corrupción». «El PSOE no puede indultar al PSOE, estaba en el cógido ético del PSOE», ha añadido.

LAS SENTENCIAS DEL TEDH

En el marco de la sesión de control al Gobierno, el diputado del PNV Mikel Legarda ha preguntado a la ministra si considera satisfactorio el grado de cumplimiento por parte del Estado español de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Llop ha reconocido que siempre se puede mejorar, pero ha subrayado que España es uno de los países miembro con menor número de sentencias condenatorias y uno de los estados que menos tiempo tarda en ejecutar las sentencias de Estrasburgo.

Legarda ha considerado que la visión de Llop es «muy complaciente» y ha recordado que España tiene 22 sentencias del TEDH pendientes de cumplimiento. «Es el tercer país por la cola en materia de cumplimiento. Solo le superan Chipre y Hungría», ha señalado para luego preguntar a la ministra qué medidas pretende adoptar para mejorar esta situación.

La titular de Justicia ha insistido en que la ejecución de las sentencias condenatorias del TEDH «son procedimientos muy complejos» y que la media de duración de dichos procedimientos en España es de tres años, cifra «por debajo de la media» del resto de Estados. «El Ejecutivo considera que España cumple con lo que se le obliga», ha zanjado.

El Gobierno considera que el presidente ruso, Vldimir Putin, tiene perdida la guerra en Ucrania aunque haya apostado por provocar «más muertes y más destrucción» con su decisión de movilizar a sus ciudadanos para la contienda. «Putin decide que haya más dolor, más destrucción, más muertes, pero la guerra la tiene perdida –ha afirmado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en los pasillos del Congreso–. Por mucho que intente crear más destrucción y generar más dolor, la guerra la van a perder».

El ministro se ha referido así a la declaración del presidente ruso, que este miércoles ha anunciado una «movilización parcial» de la población en plena guerra en Ucrania, donde las fuerzas rusas han sufrido varios varapalos en las últimas semanas a raíz de una serie de contraofensivas de las tropas ucranianas.

SE AVECINA UN INVIERNO COMPLICADO

También la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se ha pronunciado sobre este anuncio que a tachado de «noticia dramática» que confirma que «una guerra larga y cruel, enormemente injusta y dura». A su juicio, la guerra también va a ser «enormemente cruel» para los ciudadanos rusos, «movilizados a la fuerza en una guerra que ni les va ni les viene, ni les va a mejorar en nada su vida». Su conclusión es que para la Unión Europea y para el resto del mundo se «augura un invierno complicado» y «por eso es precisamente fundamental mantenerse unidos a nivel europeo».

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha rechazado las críticas lanzadas por el PP sobre un aumento en las llegadas de migrantes de forma irregular a España a través de Baleares y ha acusado al principal partido de la oposición de estar ya en «campaña electoral» haciendo «un mitin». Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, la diputada ‘popular’ Margarita Prohens ha asegurado al ministro que en el archipiélago balear estas entradas de migrantes han aumentado un 15%, la misma cifra si se habla solo de Ibiza y en un 116% en el caso de Cabrera.

Además, ha apuntado que han sido 223 las personas argelinas que han llegado a Baleares en «un día» y ha recordado noticias leías en los medios como «la fuga de 20 pasajeros» de un avión en Son Sant Joan; o el registro de «una ola de pateras» con 371 argelinos «en tres días». Para Prohens, estas cifras son consecuencia de la acción del Gobierno porque, según ha indicado, «cuando más hace falta una política exterior de colaboración, Sánchez rompe relaciones con Argelia» y «Baleares es la más perjudicada» ante esta situación.

27% MENOS DE LLEGADAS A PENÍNSULA Y BALEARES

Sin embargo, Grande-Marlaska ha rechazado estas cifras que, según ha indicado, demuestran que el PP «ya está en campaña electoral» dando unos datos que «no son la realidad». Así, ha indicado que, en lo que va de 2022, las entradas por la costa peninsular y Baleares han caído un 27% con respecto a 2021.

También ha asegurado que las entradas de forma irregular a España de ciudadanos argelinos ha caído este año, con respecto al anterior, en un 37% y ha explicado que se ha aumentado en un 7% el número de personal de fuerzas y cuerpos del Estado en el archipiélago. «Todo lo que se perdió con ustedes lo hemos recuperado», ha apuntado dirigiéndose al PP. Según ha indicado, estas cifras «se consiguen con política migratoria», «trabajando con los países de origen y tránsito» y «luchando contra las mafias que trafican con personas». «Siga con el mitin», le ha dicho a Prohens.

EL PP PIDE «UNA POLÍTICA EXTERIOR SERIA»

Sin embargo, la diputada ha acusado al ministro del Interior de no hacer «una política exterior seria». «Lo primero es reconocer que existe esta nueva ruta migratoria», le ha señalado. Además, asegura que tiene «abandonados» a los cuerpos y fuerzas de seguridad en Baleares y que la Guardia Civil está «desbordada» con esta situación y ha tenido que dejar de ocuparse de «cuestiones de seguridad ciudadana».

«Han pasado de recibir al Aquarius a permitir que duerman hacinados en un garaje», ha denunciado la portavoz ‘popular’ en este tema. «Sigue con el mitin de populismo», ha lamentado el ministro, quien ha llamado a Prohens a no negar los datos.

La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha acusado al Partido Popular de ir a la manifestación del pasado domingo en Barcelona en defensa del castellano en las aulas «agarrados del brazo» del presidente de Vox, Santiago Abascal, para «alentar un sentimiento anticatalanista». «Fueron a Cataluña con el único objetivo de arengar la división y el enfrentamiento. Fueron a la manifestación agarrados del brazo de Abascal porque pretenden volver a la Cataluña de 2017 y alentar un sentimiento anticatalanista», ha sentenciado Alegría.

Así lo ha manifestado este miércoles la ministra de Educación y FP durante su intervención en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, al ser preguntada por la diputada del Grupo Parlamentario Popular Sandra Moneo por el amparo que da el Ejecutivo a los alumnos en Cataluña. La ministra ha insistido, en referencia al cumplimiento del 25 por ciento de horas lectivas en las escuelas catalanas, en que «hay una paralización de la sentencia establecida por el propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que ha elevado una cuestión de constitucionalidad al Tribunal Constitucional». «Por cierto, avalada por la Abogacía del Estado», ha matizado.

«Les pido honestidad y franqueza para que expliquen que no fueron el domingo pensando en Cataluña y sus familias», ha dicho Alegría dirigiéndose a los populares, al tiempo que ha recordado que Alberto Núñez Feijóo «no quiere aparecer en las fotos», ya que «no quiso ir el domingo a Barcelona para provocar un Colón 2». Así, ha añadido que el líder popular «hizo práctica de su ejercicio favorito, el escondite». «A pesar de lo que está, haciendo los ciudadanos comprueban que Feijóo no es lo que era. Ni intentando dividirnos con la lengua lo van a conseguir ocultar», ha apostillado.

Igualmente, la titular de Educación ha afirmado que los alumnos catalanes tienen «el mismo amparo que tienen todos los estudiantes que en estos momentos se están formando en las comunidades autónomas con lengua cooficial y que está perfectamente recogido en la ley educativa, que garantiza que todos estos estudiantes, cuando terminen la enseñanza obligatoria, dominarán perfectamente el castellano y la lengua cooficial».

EL PP CULPA AL GOBIERNO DE «INACCIÓN» Y «CÓMPLICE» DE LA GENERALITAT

Al respecto, la diputada del PP ha afirmado que «no es así» y que «la realidad es que lo que ocurre específicamente en Cataluña, donde los tribunales han tenido que defender los derechos lingüísticos de sus alumnos, no ha ocurrido en otra comunidad autónoma».

«Usted con su inacción es tan culpable de lo que ocurre en los colegios de Cataluña como lo es el señor Cambray (consejero de Educación de la Generalitat)», ha señalado Moneo, destacando que el Gobierno ha suscrito un acuerdo con la Generalitat «que blinda el catalán y expulsa el castellano de las escuelas, en contra de la propia sentencia del TSJC y, lo que es peor, en contra de la Constitución que reconoce el derecho del castellano a ser lengua vehicular».

En este punto, la diputada del PP ha resaltado que este acuerdo convierte al Ejecutivo «en cómplices en el incumplimiento de la ley. Ustedes son el problema». «Pedimos que cuanto antes se marchen ya», ha apuntado.

Con motivo del Día Mundial del Alzheimer, el Ministerio de Sanidad recuerda que está promoviendo actuaciones amparadas en la mejor evidencia disponible para progresar en la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y los cuidados de las personas con Alzheimer y las personas cuidadoras, de la mano de las comunidades autónomas, las sociedades científicas y las asociaciones de pacientes.

«Hay que tener en cuenta que el Alzheimer va mucho más allá de la pérdida de memoria ya que afecta al comportamiento, a las capacidades cognitivas y a la realización de las actividades de la vida cotidiana, disminuyendo la autonomía y la independencia de quienes lo padecen, conllevando un importante coste humano y económico para las personas cuidadoras», señala en un comunicado.

Desde la Estrategia en Enfermedades Neurodegenerativas del Sistema Nacional de Salud (SNS) se ha elaborado en colaboración con la Confederación Española de Alzheimer (CEAFA) el ‘Manual para el entrenamiento y apoyo de cuidadores de personas con demencia‘ y su contenido es una adaptación de la herramienta iSupport de la Organización Mundial de la Salud traducido al español yajustado a las particularidades de España.

Desde el Ministerio de Sanidad se ha abordado esta patología dentro de la Estrategia en Enfermedades Neurodegenerativas, aprobada por el Consejo Interterritorial en 2016 con el consenso de todos los agentes implicados y basándose en la mejor evidencia científica disponible. Posteriormente, en el año 2017, España apoyó el Plan de Acción Mundial en respuesta a la demencia 2017-2025 de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El pasado 2 de diciembre fue aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) el Documento de Abordaje de Alzheimer y otras demencias, el cual busca avanzar más allá de la Estrategia global, y abarcar aquellos aspectos particulares del Alzheimer que no habían quedado recogidos en la Estrategia en Enfermedades Neurodegenerativas en cuanto a aspectos clínicos, asistenciales y sociales, así como los recursos disponibles en los que pueda basarse la coordinación.

Tanto la Estrategia como el Plan de Acción Mundial confluyen en las líneas de trabajo principales que se deben poner en marcha para mejorar tanto la vida de las personas con Alzheimer como de las personas cuidadoras y familias, al tiempo que marca objetivos para reducir el impacto en salud de los pacientes, en el entorno donde viven y en los proveedores de servicios sanitarios y sociales.

En concreto, señala Sanidad, «la Estrategia es un instrumento de enorme utilidad para que las comunidades autónomas implementen acciones que mejoren la calidad de la atención sanitaria y social promoviendo la equidad en las prestaciones sanitarias del SNS».

El Ministerio de Sanidad viene además apoyando esta Estrategia a través de la distribución de fondos a las CCAA desde el año 2018. En concreto, este año la cuantía del presupuesto ha alcanzado la cantidad de 1.409.035 euros.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido este miércoles en el Congreso que el acercamiento de presos de ETA se realiza en cumplimiento de la ley penitenciaria para evitar la «exclusión social» una vez que se ha puesto fin a la política de dispersión tras la derrota de la banda terrorista.

Grande-Marlaska ha respondido de esta forma al diputado de Vox Antonio Salvá, con el que ha cruzado reproches tras mostrarle su respeto por ser víctima de ETA, ya que es padre del guardia civil Diego Salvá, asesinado junto a Carlos Sáenz de Tejada en el atentado en Palmanova en 2009, uno de los más de 300 casos sin resolver.

«Bien podría usted escupirnos a la cara explícitamente, aquí tiene mi cara y me escupe, la afrenta no sería mayor», ha señalado Salvá en la sesión de control al Gobierno, mostrando su rechazo al «indulto encubierto» por los terceros grados que promueve el Gobierno Vasco y el PNV en beneficio de los presos de ETA acercados a cárceles de esta comunidad autónoma.

Grande-Marlaska ha tenido un momento inicial de duda tras escuchar a Salvá. «No sé qué decirle, si dejar que transcurra el tiempo en silencio», ha iniciado su réplica, añadiendo que el Gobierno cumple la ley penitenciaria. «Los traslados son aplicación de la ley, es un derecho el cumplir la pena en las inmediaciones del domicilio para evitar la exclusión social. La política de dispersión era una política antiterrorista; vencida ETA, desaparece», ha argumento el ministro del Interior.

Grande-Marlaska ha afeado el tono de Salvá, señalando que el diputado de Vox ha «escupido a otra víctima que hoy ejerce de político», en referencia a sí mismo y su etapa como juez de la Audiencia Nacional. Además, ha afeado que se «ponga en tela de juicio» a funcionarios de prisiones y jueces, que son los encargados de «controlar las penas privativas de libertad».

El ministro ha sostenido que los acercamientos de presos de ETA, como de cualquier otro interno, se lleva a cabo con «estudios individualizados y científicos» y que son las juntas de tratamiento de las cárceles quienes proponen dichos traslados. «Usted ha faltado el respeto a esos funcionarios que fueron objetivo de ETA», ha añadido, apostillando que «no todo vale» contra un Gobierno «absolutamente democrático y legítimo».

En su turno, Salvá ha reprochado que las víctimas de ETA «se pudren en el olvido» y que, mientras los verdugos de su hijo aún no han sido identificados, siguen los homenajes a miembros de la banda terrorista en las calles del País Vasco y Navarra. «La bala de ETA asesina tres veces», ha concluido Salvá, en referencia a la víctima del atentado, a los políticos que traicionan y al olvido, «que es donde usted pretende llevar a las víctimas».