El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) avaló este jueves la designación de Dolores Delgado como fiscal general del Estado por 12 votos a favor y 7 en contra. El órgano de gobierno de los jueces dicta que la candidata cumple los requisitos legales exigidos para asumir el cargo. La decisión cuenta con un voto particular discrepante al que se han adherido varios vocales y varios votos concurrentes.

Tras una reunión de hora y media de duración se ha votado únicamente la propuesta presentada por el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, que se limitaba a afirmar que la candidata cumple con lo establecido, sin pronunciarse sobre su idoneidad.

En el inicio del encuentro se encontraban ausentes los vocales Vicente Guilarte y Wenceslao Olea. Tampoco estaba presente la vocal Pilar Sepúlveda, que intervino por videoconferencia. Los 19 asistentes han dado su punto de vista en la reunión.

Según fuentes del órgano de gobierno de los jueces la reunión ha discurrido en términos formalmente correctos pero los argumentos en contra del nombramiento de Dolores Delgado han sido duros.

Tal y como se preveía el CGPJ ha votado dividido sobre la idoneidad de un candidato a fiscal general del Estado por primera vez. Se han presentado varios votos concurrentes, es decir que sus autores reconocen que Delgado cumple con los requisitos legales para ocupar el cargo pero creen que no es idónea y que debería abstenerse de tomar decisiones en relación a la causa del ‘procés’. También se ha formulado un voto particular al que se adhieren varios vocales discrepantes de los que fueron nombrados a propuesta del PP.

El nombramiento de Delgado va a ser de los más polémicos de los vistos en democracia aunque no el único. Hasta ahora sus antecesores han pasado el examen de idoneidad con un voto en contra como máximo, salvo en el caso del también ministro Javier Moscoso, que pasó de ser titular de Presidencia a ser fiscal general del Estado, con seis votos en contra.

El examen del candidato a fiscal general del Estado es preceptivo, pero no vinculante para el Ejecutivo que nombra a la persona que ocupará el cargo. El sector conservador del CGPJ no oculta su “profundo malestar” por este nombramiento que interpreta como un intento de someter a la Fiscalía a los intereses del Gobierno y han barajado durante el día la posibilidad de forzar una segunda votación sobre la imparcialidad de Delgado.

Los vocales conservadores se habían planteado la idea de forzar una segunda votación que fuera más allá de la valoración de los requisitos que exige la ley para ser nombrado fiscal general del Estado y que Delgado cumple sobradamente.

Una valoración subjetiva de este tipo ya se planteó en 1997 con motivo de la elección de Jesús Cardenal a propuesta del Gobierno de José María Aznar. En aquella ocasión el pleno apoyó su idoneidad pero mostró su preocupación por determinadas manifestaciones del candidato que consideraron contrarias a los preceptos constitucionales en relación al divorcio o al matrimonio homosexual.

También la elección de Eligio Hernández en 1992, bajo gobierno socialista, fue controvertida. Estuvo sólo dos años en el cargo y lo abandonó poco antes de que el Tribunal Supremo dictaminara que su nombramiento fue ilegal por no contar con al menos 15 años de ejercicio como jurista.

El Gobierno calcula que a principio de febrero, Delgado podría tomar posesión de su cargo una vez pasado el examen de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, tras lo cual su nombramiento será votado en pleno. Hasta entonces el teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas ocupará el cargo en funciones.

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El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) -a propuesta del presidente del Tribunal Supremo y del órgano de gobierno de los jueces, Carlos Lesmes- decidió este jueves paralizar el nombramiento de cargos judiciales «en la confianza de una pronta renovación de la institución», una vez constituidas las Cámaras después de las últimas elecciones generales y formado Gobierno.

En un comunicado, el CGPJ indicó que los procesos selectivos para la cobertura de las vacantes judiciales y gubernativas volverían a ponerse en marcha «si en un tiempo prudencial no se constatan avances de cara a esa renovación» para evitar «perjuicios en el servicio público de la Administración de Justicia».

En este momento, son cinco las plazas convocadas para las que el Pleno del CGPJ debía designar próximamente un titular: tres de magistrado en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y la presidencia de la Audiencia de Ourense.

El Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato de cinco años venció el 4 de diciembre de 2018, ha cubierto desde entonces todas las plazas judiciales y gubernativas que han ido quedando vacantes en ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial, que en su artículo 570.2 prevé expresamente que, durante el tiempo que esté en funciones, la única competencia que no podrá ejercer es la elección de un nuevo presidente de la institución.

También el Tribunal Supremo, en un reciente auto de su Sala Tercera notificado el pasado 1 de octubre que desestimaba la petición de dos asociaciones judiciales de suspender cautelarmente la convocatoria de diversas presidencias y plazas en órganos judiciales colegiados, subrayó que “el normal desarrollo de la administración de justicia requiere la pronta cobertura de las plazas vacantes tanto judiciales como gubernativas”.

Según el CGPJ, la existencia de tres vacantes en la Sala Segunda del Alto Tribunal, por ejemplo, supone que el 20 por ciento de su planta -formada por el presidente y catorce magistrados- esté sin cubrir, por lo que de prolongarse en el tiempo esta situación el normal funcionamiento de la sala se vería, a su juicio, «gravemente resentido».

Desde que está en funciones, el CGPJ ha nombrado a diez magistrados del Tribunal Supremo para plazas que habían quedado vacantes por jubilación (en 9 de los casos) o por renuncia de su anterior titular (en el otro).

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Podemos celebrará este viernes la reunión del Consejo Ciudadano Estatal que prometió su secretario general, Pablo Iglesias, la misma noche electoral, pero en una situación mucho más cómoda que la que parecía entonces. Lo hará desde el Gobierno de España, sin representantes de la siempre crítica federación andaluza y su principal interés estribará en conocer quién será el portavoz de la Ejecutiva del partido.

La reunión está convocada a las 16.30 horas en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, donde Podemos celebra tradicionalmente las reuniones de su máximo órgano entre asambleas ciudadanas, equivalente al Comité Federal del PSOE.

Además, el encuento se iniciará, también como siempre, con una intervención en abierto del propio Iglesias, tras la que comenzará el debate entre los consejeros y los secretarios generales autonómicos o sus delegados.

Entre éstos, destaca la ausencia, confirmada a Servimedia desde Podemos Andalucía, de cualquier representante de la organización territorial más crítica del partido, la dominada por la corriente interna de Anticapitalistas a la que pertenecen la secretaria general, Teresa Rodríguez, y el alcalde de Cádiz, José María González, ‘Kichi’. Cuando Rodríguez faltaba, solía acudir a los consejos ciudadanos su secretario de Organización, Pablo Pérez Ganfornina, pero no será así en esta ocasión.

El motivo esgrimido para esta ausencia es que Adelante Andalucía, la marca en la que quiere convertir Rodríguez su espacio político, celebrará precisamente este fin de semana en Mollina (Málaga) un encuentro bajo el lema ‘Andalucía Horizonte 2023’ para lograr autonomía respecto a Podemos. La intención última es que Adelante Andalucía se convierta en las sucesivas convocatorias electorales en una especie de confluencia como los Comunes en Cataluña.

Adelante Andalucía y los Anticapitalistas en general se han mostrado críticos durante el último año con, primero la intención, y luego la consecución, de un Gobierno de coalición en el que Unidas Podemos apuntala al PSOE renunciando a impugnar el orden político, a los socialistas como partido hegemónico de la izquierda y también al proyecto y el programa fundacionales de Podemos.

Sin embargo, el haber logrado acceder al Gobierno, tras una llamada de Pedro Sánchez a Iglesias al día siguiente de las elecciones que éste no podía sospechar cuando prometió analizar los resultados en un Consejo Ciudadano, ha debilitado la posibilidad de que las desavenencias internas se extendieran de Andalucía a otras comunidades.

Logrado el objetivo que persiguió la dirección, el Consejo de este viernes, que se aplazó hasta después de la investidura de Sánchez, servirá principalmente para que el secretario general exhiba el éxito que muchos pusieron en duda en los últimos meses y para remodelar el Consejo de Coordinación y adaptarlo a la nueva situación derivada del paso de algunas de sus figuras más destacadas al Ejecutivo, como Irene Montero, Ione Belarra, Noelia Vera, Nacho Álvarez y el propio Iglesias.

La principal incógnita, una vez designados Pablo Echenique como portavoz parlamentario y Sofía Castañón como portavoz adjunta, es quién pasará a ocupar el puesto de portavoz del Consejo de Coordinación, órgano ejecutivo del partido, y responsable por tanto de las tradicionales ruedas de prensa de los lunes.

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El ‘efecto Greta’ ha provocado que el 69% de padres con hijos menores de 20 años realice un consumo “más consciente” gracias a ellos, que se han convertido en jóvenes “empoderados y conscientes con influencia intergeneracional”.

Así se desprende del III Estudio Marcas con Valores ‘El poder del consumidor-ciudadano’, impulsado por la consultora estratégica 21gramos para investigar los comportamientos “emergentes” del consumidor en España y que también revela que el 82% de los ciudadanos “admira” a aquellas personas que consumen “con conciencia”.

Para la CEO de 21gramos, Marta González-Moro, el estudio ha conseguido medir una “tendencia imparable” de consumo “consciente” impulsado por la también conocida como ‘generación Greta’, cuyo “liderazgo y compromiso está influyendo a otras generaciones rápida y visiblemente”.

“Los resultados de este tercer estudio nos revelan un escenario esperanzador en el que los cambios individuales sientan las bases hacia el necesario y radical cambio cultural de nuestra era”, sentenció.

Entre sus conclusiones, presentadas este jueves en el auditorio de CaixaForum Madrid, también destaca el hecho de que el 72% de padres piensa que sus hijos tienen más información de la que han tenido ellos, lo que implica seis puntos más que en 2017. Junto a ello, el 58% cree que sus hijos comprarán más marcas con valores porque están “mucho más concienciados” con la sostenibilidad y la justicia social, cifra que representa un incremento del 9% respecto al análisis de 2017.

Además, el 46% de consumidores “boicotea» o evita comprar marcas que hacen un “mal uso» de sus datos y crece el “buycot” para “premiar” la “ética” de las empresas, ya que el 24% de los ciudadanos eligen sus marcas en base a valores.

Por otra parte, según el estudio, ocho de cada diez consultados asegura comprar sólo si necesita algo y hasta el 83% de los ciudadanos está dispuesto a cambiar de tienda en el caso de que tenga unos valores “más afines”. Además, el 72% sopesa la opción de pagar más por productos fabricados de forma sostenible y el 51% declara que, cuando viaja, considera el impacto medioambiental a la hora de elegir el medio de transporte.

De los ciudadanos que compran marcas éticas, el 68% lo hace en el sector de la alimentación o bebida; un 33%, en el ámbito de moda y complementos y un 23%, en salud y cuidado personal. Asimismo, un 80% busca una “segunda vida” a ropa o juguetes, según informó 21gramos a través de un comunicado en el que puntualizó que los ‘baby boomers’ son los que más desconfían de las marcas mientras que la generación Z es la que más “contrasta” la información sobre el compromiso de las marcas.

A este respecto, el 44% de ciudadanos están interesados y buscan información sobre el compromiso ambiental de las marcas y el 16% estaría incluso dispuesto a pagar más por ello.

Las conclusiones de esta investigación son “una invitación” a sumarse a la “consumocracia”, tendencia que, según 21gramos, “no hace más que crecer” y que también impregna la filosofía de las empresas hasta el punto de que entender al consumidor consciente es el reto más presente en el plan de marketing, según el 75% de expertos consultados, seguido de los desafíos sociales y medioambientales (52%).

Esta investigación cualitativa y cuantitativa se ha basado en una encuesta a 1.010 personas de entre 16 y 65 años y entrevistas a jóvenes menores de 24 años, ha contado con la implicación de más de 60 expertos y académicos y ha incluido una consulta en profundidad con altos directivos y la revisión de más de 150 fuentes secundarias.

Marcas como Estrella Galicia, Leroy Merlin, Quirónsalud y Samsung, que apuestan por la sostenibilidad, han apoyado la realización de este estudio, en colaboración con la Asociación de Marketing de España y que cuenta con Nielsen en la medición y análisis de resultados y además está avalado por Corporate Excellence.

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El Consejo de Ministros propondrá el nombramiento de la exministra de Justicia Dolores Delgado como nueva fiscal general del Estado en sustitución de María José Segarra.

La propuesta de nombramiento se someterá a informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y posterior examen del Congreso de los Diputados. Delgado es la tercera mujer que ocupa el cargo de fiscal general del Estado.

Ministra de Justicia desde 2018, su paso por esta departamento ha sido polémico. Experta en terrorismo como fiscal de la Audiencia Nacional durante casi un cuarto de siglo comenzó su andadura en la política con el escándalo de las grabaciones que había hecho el comisario José Manuel Villarejo.

El pleno del Congreso de los Diputados llegó a reprobar hasta en tres ocasiones a la ministra precisamente por el contenido de los audios con Villarejo. La última de ellas, votada en noviembre de 2018 -fue impulsada por el PP y apoyada por Ciudadanos, UPN y Foro Asturias- salió adelante pese a la oposición de PSOE, Podemos, PDeCAT y Compromís.

ERC permitió que la iniciativa saliera adelante absteniéndose. Previamente, el Parlamento ya la había reprobado el 9 de octubre del mismo año también a instancias del PP y también fue reprobada en el Senado.

Los populares, por su parte, la acusaron de no respaldar al instructor del ‘procés’, Pablo Llarena, cuando fue demandado por Puigdemont y de imponer a la Abogacía del Estado la acusación por sedición a los líderes del 1-O en el juicio que se desarrolló en el Tribunal Supremo.

Estas presiones acabaron con la destitución del abogado del Estado responsable de la acusación del Gobierno en la causa del ‘procés’, Edmundo Bal, que defendía partidario de acusar de rebelión en línea con la Fiscalía. A finales de septiembre, el Pleno del Senado reprobó a Delgado por considerar que la titular de Justicia no había defendido al juez Pablo Llarena.

El Gobierno considera que Delgado se equivocó al nombrar a Segarra a la que consideran tibia a la hora tomar decisiones y le achacaban falta de dirección incluso cuando las posiciones de la Fiscalía tenían sesgos conservadores prejudiciales para el Ejecutivo. Ese fue el caso, por ejemplo, del máster de Pablo Casado, que el Tribunal Supremo decidió no investigar después de que la Fiscalía defendiera que no había datos que avalaran que lo había conseguido de manera fraudulenta.

El nombramiento de Delgado se interpreta como una corrección de esa situación y un mensaje claro de la voluntad del Ejecutivo de dar un giro progresista a la actuación de la fiscalía general del Estado.

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La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) alertó este jueves de la presencia de “alto contenido” en gluten no declarado en el etiquetado de hamburguesas de vacuno Aberdeen angus con vino tinto y hierbas marca ‘Waitrose’ procedentes de Reino Unido.

Como medida de precaución recomendó a los consumidores con intolerancia que se abstengan de consumirlo aunque precisó que no comporta ningún riesgo para el resto de consumidores.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) tuvo conocimiento, a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (Rapid Alert System For Food and Feed-Rasff), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de este país relativa a este producto que se presenta en envases de 270 gramos.

La alerta afecta a todas las fechas de caducidad desde el 19 de diciembre de 2019 hasta el 21 de enero de 2020, ambas inclusive y dicho producto ha sido distribuido a la Comunidad Valenciana.

La Aesan ya ha procedido a informar de estos hechos a las autoridades competentes de todas las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri).

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Los jóvenes por el clima del movimiento Fridays For Future se concentrarán mañana frente a la Embajada de Australia en Madrid para solidarizarse con los incendios que asolan al país y que han calcinado ya una superficie similar a todo Portugal.

Como cada viernes, los jóvenes del movimiento que inició la activista sueca Greta Thunberg protestarán mañana contra el cambio climático, aunque esta vez han decidido que la concentración sea frente a la sede diplomática, sita en el número 259 del Paseo de la Castellana, a las 19.00 horas.

“Lo que estamos viendo ahora en Australia, con más de 80.000 kilómetros cuadrados devorados por las llamas, 28 muertos y mil millones de animales afectados, sin contar a todos los desplazados que no podrán volver a sus casas, no es una simple catástrofe natural, son las dramáticas consecuencias de una crisis climática”, denunció el colectivo de jóvenes.

Sólo en 2019 han ardido más de cinco millones de hectáreas alrededor del mundo con incendios como el de Australia o los de Bolivia, Rusia o la Amazonía brasileña, a los que hay que añadir los fuertes incendios forestales sufridos entre 2018 y 2019 en California (Estados Unidos).

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La empresa municipal Esmasa comenzará el próximo lunes, 20 de enero, la limpieza de los fosos de las islas ecológicas en Alcorcón, tras haber ejecutado un plan de choque donde se mejorarán también las deterioradas.

El concejal de Servicios a la Ciudad del Ayuntamiento de Alcorcón, Jesús Santos, valoró que los trabajos avanzan “con buenos resultados”. Por ello, tras poner en orden el servicio de recogida, “ahora nos lanzamos a intervenir sobre las islas ecológicas dañadas”. Además, “la llegada de la empresa especializada para limpiar fosos nos permitirá resolver un problema que se llevaba cronificando durante ocho años. Paso a paso, la ciudad vuelve a la normalidad”.

El proceso comienza con una intervención sobre la isla donde, si procede, se ejecuta un procedimiento de desratización y se sustituye por una chapa que sella el foso. Posteriormente, la empresa especializada acude a la isla intervenida y limpia el foso para después rellenarlo con arena y cal, volver a poner la chapa e instalar los contenedores de superficie.

100 ANTES DE VERANO

El plan de choque espera intervenir en más de 100 islas antes del verano. Este fue el objetivo que el Gobierno municipal valoró en rueda de prensa a principios de la semana donde la alcaldesa, Natalia de Andrés, respaldó la celeridad de las actuaciones destacando que no se ha perdido “ni un minuto de tiempo para resolver el problema”, recordando que hubo que “dotar de partidas presupuestarias suficientes a la empresa municipal para poder abordar la situación”.

Las próximas actuaciones están programadas para la calle Sahagún, calle Fuenlabrada y calle Mayor, calle Tordesillas, calle Cambados o calle Sapporo, entre otras.

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La Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) denunció este jueves el “intervencionismo” del Ejecutivo central para implantar los precios notificados y la eliminación del cupón precinto y advirtió de que los nuevos plazos para la verificación de medicamentos “vulneran” la Directiva Antifalsificación.

Así lo expuso a través de un comunicado en el que precisó que el Real Decreto 717/2019 de 5 de diciembre “defrauda las expectativas del sector por alargar los plazos”.

Principalmente, aquellos relacionados con cuestiones que, a su juicio, “requerirían soluciones inmediatas” como es la implantación de la verificación de medicamentos, de los precios notificados y la eliminación del cupón precinto.

Según el Observatorio del medicamento correspondiente al mes de noviembre de 2019, este decreto “pone de manifiesto en su conjunto” la “desconfianza hacia lo privado de una administración intervencionista”.

Por otro lado, advirtió de que la creación de nuevos plazos para la verificación en el Sistema Nacional de Salud “podría ser contraria al Reglamento Delegado de la Directiva Antifalsificación”.

En este punto, recordó que modifica el Real Decreto 1345/2007 de 11 de octubre, por medio de un artículo único que afecta a “numerosos decretos” del mismo e introduce modificaciones “sustanciales” con relación a los medicamentos homeopáticos y el sistema de verificación.

“Sólo resulta favorable en sus derogaciones sobre medicamentos de especial control médico y sobre la imposición de visados”, prosiguió FEFE.

Junto a ello, señaló que según los datos de la Consultora IQVIA en su informe ‘Sell in’ de medicamentos adquiridos por los almacenes de distribución y por los hospitales, mientras el consumo hospitalario crece a un ritmo del 7,2%, el de las oficinas de farmacia lo hace solo al 1,6%.

Según este mismo informe, el mercado hospitalario, integrado por unos 400 hospitales, superó al de las oficinas de farmacia hace más de dos años a precio de venta de laboratorio (PVL).

A la luz de estos datos, FEFE defendió que el “verdadero problema” al que se enfrentan las administraciones sanitarias es el consumo de medicamentos en hospitales, mientras que el de las farmacias “se mueve desde hace años en límites próximos a la inflación y al crecimiento del PIB”.

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El Grupo Parlamentario Popular registró este jueves en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas en las que pide al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que diga “cuándo hará caso al criterio que mantenían sus socios de coalición (de Unidas Podemos)” sobre el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, y “decidirá, por fin, cesarle”.

En la iniciativa del PP, firmada por el secretario general del grupo, Guillermo Mariscal, y los diputados José Antonio Bermúdez de Castro y Pilar Marcos, se pregunta al vicepresidente segundo del Ejecutivo, Pablo Iglesias, si sigue manteniendo que Tezanos debe dimitir o ser cesado ‘ipso facto’ por el uso partidista que hace de las encuestas del CIS, tal y como señaló en octubre.

En la exposición de motivos de la batería de preguntas se asegura que la utilización del CIS como “centro de influencia sociológica” a favor del PSOE ha sido “evidente” en todas las convocatorias electorales desde que Tezanos está al frente del organismo. También se recuerda que pidió, en un artículo de la revista Temas, el voto a favor del PSOE como fórmula para salir del bloqueo político antes de las elecciones del 10 de noviembre.

El PP se dirige a la Mesa del Congreso para que el Gobierno responda por escrito si “el mantenimiento del señor Tezanos al frente del CIS responde a la decisión del Gobierno de seguir inflando las previsiones demoscópicas del PSOE” y para que aclare si “el CIS del señor Tezanos seguirá dependiendo de la Vicepresidencia primera del Gobierno o pasará a formar parte de las competencias del director del Gabinete de la Presidencia”, Iván Redondo.

“¿Cuál será la relación entre el CIS de Tezanos y la nueva Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de País a Largo Plazo que se va a crear en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno?”, pregunta el partido liderado por Pablo Casado, que también quiere saber si “siguen manteniendo los miembros del Gobierno aún no afiliados al PSOE sus críticas al uso prosocialista del CIS por parte del señor Tezanos”.

En concreto, el PP se dirige a Iglesias para exigirle que diga si “sigue manteniendo que el señor Tezanos debe dimitir o ser cesado ‘ipso facto’ por el uso partidista que hace de las encuestas del CIS”. “¿Qué opina el socio preferente del presidente Sánchez en la coalición progresista del consejo de Tezanos de votar al PSOE?”, insisten desde el Grupo Parlamentario Popular.

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El ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá, subrayó este jueves el apoyo de la ciudadanía española a las políticas de integración y aseguró que ocho de cada diez españoles creen que el Gobierno debe desarrollar este tipo de programas.

Escrivá realizó estas declaraciones en el Foro de Alto Nivel de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que arrancó hoy en París y que mañana viernes dará paso a la primera reunión ministerial sobre Migración e Integración.

El ministro aludió a un estudio de Sigma Dos elaborado en 2016 a partir de 1.200 entrevistas en todo el territorio nacional, que recoge la percepción positiva que los españoles tienen del fenómeno de las migraciones.

«Sin llegar a constituir una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, la inmigración sí aparece entre los principales temas de interés público», señaló.

Según los resultados del trabajo, el 69% de los españoles cree que debe aumentar la cooperación con los países de origen; el 90% opina que debe existir una política común en la Unión Europea; el 65% es partidario de que España se una al Pacto Global para la migración regular; el 72% cree que el Gobierno español debe aceptar la llegada de barcos con inmigrantes que hayan sido rechazados por otros países; el 89% apoya que los hijos de inmigrantes nacidos en España tengan los mismos derechos que los españoles, y el 65% defiende políticas que abran nuevas vías legales a la entrada de población inmigrante.

Además, Escribá afirmó que «los flujos migratorios son un asunto clave para nuestro futuro, teniendo en cuenta que se está reduciendo de manera relevante la población española en edad laboral». “Debemos adelantarnos para lograr que los flujos migratorios que lleguen a España sean los que realmente necesitamos”, comentó. Algo que a su juicio «sería posible con una política migratoria que ponga el foco en el largo plazo y que esté menos guiada por el ciclo económico u otros aspectos coyunturales”.

“La inmigración legal y ordenada es una oportunidad de crecimiento y enriquecimiento para nuestra sociedad; una oportunidad para construir sociedades más prósperas, más diversas y más cohesionadas”, concluyó el ministro.

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El PP recomendó este jueves a la exministra de Justicia Dolores Delgado que actúe con “dignidad” y “rechace” el cargo de fiscal general del Estado, ya que “carece de la imparcialidad necesaria” para desempeñar esta función.

Así lo verbalizó el secretario general del PP, Teodoro García Egea, a través de su perfil de Twitter: “Si a Delgado le quedara algo de dignidad, debería rechazar el cargo”, sostuvo.

Según el ‘número dos’ de Pablo Casado en Génova, Delgado “carece de la imparcialidad necesaria para este puesto”. “Pedro Sánchez, una vez más tirando por los suelos la separación de poderes”, se quejó.

Así lo trasladó García Egea después de que el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) avalase esta tarde la designación de Delgado como fiscal general del Estado por 12 votos a favor y siete en contra.

El órgano de gobierno de los jueces dictaminó así que la candidata cumple los requisitos legales exigidos para asumir el cargo, aunque la decisión contó con un voto particular discrepante al que se han adherido varios vocales y varios votos concurrentes.

Fuentes populares incidieron en que esta decisión del CGPJ “obliga a Delgado a rechazar el nombramiento como fiscal general del Estado” si es que “le queda alguna dignidad personal y profesional”.

Desde Génova admitieron que Delgado “seguramente reúne los requisitos para acceder al puesto”. “Eso nadie lo discute, tampoco el PP”, transmitieron.

Eso sí, resaltaron que los vocales «han omitido trasladar la idoneidad para el cargo de Delgado” y que “sólo se limitan a validar que cumple los requisitos formales”. Según las citadas fuentes, lo que se ha puesto “en entredicho” es su “imparcialidad” para ejercer esta función.

Criticaron así que “pase directamente de dirigir el Ministerio de Justicia a la Fiscalía General del Estado” y subrayaron que “no hay ningún precedente de un nombramiento tan cuestionado por la carrera judicial y fiscal”.

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La patronal catalán Foment del Treball reivindicó este jueves que “Barcelona mantiene su firme compromiso con el Mobile World Congress (MWC)”.

En un comunicado, los empresarios catalanes afirmaron que “las instituciones y los agentes económicos de la ciudad de Barcelona, donde se celebra desde el año 2006 el encuentro anual de la industria de la comunicación móvil más importante del mundo, trabajan y tienen el compromiso firme de preservar y ofrecer las mejores condiciones para que la capital catalana siga siendo la sede mundial de este acontecimiento fundamental, que está ya comprometido por la Fira de Barcelona hasta 2023”.

En este sentido, Foment recordó que, con motivo del MWC, más de 100.000 profesionales del sector visitan la ciudad cada año durante la última semana de febrero, generando 14.000 empleos temporales y con un impacto económico de 473 millones de euros, además de proyectar la ciudad de Barcelona “como una de las metrópolis más atractivas del mundo para los negocios”.

Por este motivo, Foment considera que “esta feria es esencial para la economía española” y reivindica que “Barcelona reúne y aporta, y así continuará haciéndolo a partir del año 2023, la oferta más cualificada para continuar siendo la anfitriona del congreso”.

“Barcelona ha mantenido la capitalidad del congreso desde hace 14 años y, por tanto, ha competido con las principales ciudades europeas que como Madrid, pero también Paris, Londres y Frankfurt, desearían ganar la sede de este evento principal de la tecnología y la comunicación”, indicó la asociación empresarial.

En la misma línea, defiende que “la capital catalana acumula muchos años de trabajo de fondo que conecta a todos los agentes económicos e institucionales de la ciudad: las empresas, las industrias, las universidades y escuelas de negocios, los centros de innovación e investigación y, por supuesto, las instituciones políticas”.

Por todo ello, el comunicado de Foment concluye proponiendo que “Madrid y Barcelona han de mostrar su capacidad de colaboración y de ofrecer al mundo propuestas complementarias para sumar y construir un país mejor”.

El comunicado de Foment llega después de que este mismo jueves la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, haya afirmado que el Gobierno madrileño intentará lanzarse a por la organización del MWC.

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La Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (Forta) nombró hoy a Juande Mellado (Madrid, 1970) presidente de este ente, en sustitución de Núria Llorach, quien estuvo al frente los últimos seis meses.

Juande Mellado es Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra y ha trabajado entre 1990 y 1996 en Diario 16 de Málaga.

Asimismo, ha sido corresponsal de Cambio 16 en Andalucía Oriental y trabajó como enviado especial en la guerra de Ruanda en el año 1994. También ha sido socio fundador de la consultora Comunicación & Turismo, donde gestionó la comunicación de la Universidad de Málaga y del Puerto de Málaga.

Profesor de Periodismo Especializado en EADE Málaga (1997-1999), ocupó el cargo de redactor jefe y subdirector del periódico La Opinión de Málaga desde 1999 a 2008. Además, ejerció como director de Comunicación de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía entre 2008 a 2010, y en febrero de ese año asumió la dirección de La Opinión de Málaga, donde impulsó la transformación digital del periódico.

En mayo de 2018, se incorporó como coordinador de Comunicación y Estrategia de Marca de Turismo y Planificación Costa del Sol y, en 2019, ha sido director general de Comunicación Social de la Junta de Andalucía hasta su elección como director general de la agencia pública empresarial de la radio y televisión de Andalucía en julio de ese mismo año.

Mellado sustituye en el cargo a Núria Llorach de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

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La Comunidad de Madrid ha puesto desde este jueves a disposición de los usuarios de transporte público 1.470 plazas de aparcamiento disuasorio junto a la estación de Cercanías de Colmenar Viejo, que fueron inauguradas por el vicepresidente regional, Ignacio Aguado.

Estas plazas forman parte de las más de 46.000 que contempla el plan de aparcamientos disuasorios que impulsa el Gobierno autonómico, conocido como Plan Aparca+T.

El aparcamiento de Colmenar Viejo servirá como prueba piloto para la configuración definitiva de la red regional de parking disuasorios, según Aguado, que presentó la puesta en marcha de este servicio junto al consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras, Ángel Garrido, y al alcalde colmenareño, Jorge García.

Según Aguado, la puesta en marcha de esta red de aparcamiento ayudará a que los madrileños se desplacen “de una forma rápida, sostenible y barata” y constituye un ejemplo del compromiso en materia de movilidad del Gobierno regional.

«DISCRIMINACIÓN POSITIVA»

“Más allá de aparcar tu vehículo, Aparca+T ofrece una serie de servicios asociados que invitan a usar el transporte público para cualquier desplazamiento”, afirmó el vicepresidente madrileño.

Aseguró que el sistema cuenta “con todas las facilidades para encontrar plaza, con la garantía de tener tu vehículo en condiciones de seguridad y con diferentes alternativas para moverse por la Comunidad de Madrid”.

Por estos motivos, invitó a todos los vecinos a descargarse esta aplicación y a conocer lo que es y lo que ofrece Aparca+T.

Garrido dijo que con este plan de aparcamientos disuasorios «se lleva a cabo una discriminación positiva que anima al uso de la red de transporte público. No se trata de penalizar el uso del coche particular, sino de presentar una alternativa que, por precio, seguridad y tiempo de trayecto, anime a recurrir al vehículo privado solo como conexión entre el domicilio particular y la estación de tren o la parada del autobús”.

VALIDACIÓN EN EL CAJERO

El acceso al aparcamiento es gratuito con un título de transporte válido, que debe utilizarse el mismo día, y la estancia es por un máximo de 18 horas continuadas.

Para ello, se ha impulsado un sistema de control de acceso y un sistema de tarifas ligado a dicho uso, que garantiza la gratuidad de los usuarios de transporte público durante la estancia.

De este modo, la entrada al aparcamiento se realiza de forma ordinaria, tomando un ticket en la entrada. A la salida, ese ticket se valida en el cajero con la tarjeta de transporte público que se haya utilizado ese día.

Además, a partir del 24 de enero, a través de una aplicación móvil se podrá validar desde el teléfono móvil el acceso al aparcamiento disuasorio sin necesidad de pasar por el cajero. Una vez registrados en la aplicación, los usuarios accederán y saldrán automáticamente del aparcamiento, que está dotado con lectores de matrícula.

MÁS DE 90 APARCAMIENTOS

El Plan Aparca+T se desarrollará en tres fases a lo largo de 12 años. La primera concluye en 2021 y, para entonces, se calcula que se dispondrá de 25 aparcamientos y un total de 16.000 plazas. Al final del periodo, en el año 2029, la red alcanzará más de 90 aparcamientos con más de 46.000 plazas, que permitirán reducir el tráfico de acceso a la capital durante la hora punta.

Este plan comprende dos líneas de actuación. La primera es ampliar y adecuar los aparcamientos ya existentes mediante la instalación de barreras de paso y delimitando las plazas, así como dotándolos de vigilancia y de una nueva imagen identificativa e integrándolos en la plataforma de gestión.

En segundo lugar, se construirán estacionamientos en puntos estratégicos de la región ligados a los corredores de entrada y salida de la capital.

La inversión total prevista es de 200 millones de euros. Después de Colmenar Viejo, el Consorcio Regional de Transportes ya está ultimando los convenios para los dos siguientes aparcamientos disuasorios que se incorporarán a la red Aparca+T y que también servirán como experiencia piloto en Ciudad Universitaria y el Wanda Metropolitano.

La red Aparca+T utilizará las últimas tecnologías para informar a los usuarios del aparcamiento disuasorio más próximo y, en una segunda fase, de su ocupación en tiempo real.

Además, el plan es que se vayan incorporando, paulatinamente, otros servicios asociados, como la instalación de puntos de recarga eléctrica, reserva de plazas para coches de carsharing o sistemas de préstamos de bicicletas.

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Correos se ha comprometido a dotar a los carteros rurales con furgonetas de empresa para que estos trabajadores no sigan utilizando sus propios vehículos en los repartos.

Así lo indicó este jueves la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que señaló que de esta forma la empresa pública atiende una de sus reivindicaciones.

El pasado martes, CSIF envió una carta al presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, en la que pedía que dotara a más de 3.000 carteros rurales de toda España con estos vehículos profesionales, debido al incremento en los envíos de paquetes en todo el país y al considerar que están asumiendo “un riesgo innecesario” al utilizar sus coches.

En concreto, CSIF denuncia que “estos trabajadores se encuentran a veces con que los paquetes no caben en los maleteros de vehículos pequeños y se ven obligados a transportarlos en los asientos traseros o delanteros, con el consiguiente peligro que eso supone”. Además, critica que desde 2011 Correos paga a los trabajadores 0,23 euros por kilómetro, una cantidad que CSIF considera “absolutamente insuficiente”.

En este sentido, CSIF señaló que el presidente de Correos ha garantizado que los carteros rurales que lo soliciten contarán con furgonetas “en el plazo más breve posible” y subraya que uno de los objetivos del Plan Estratégico que preparan es fortalecer el reparto rural.

Asimismo, Serrano indicó a CSIF que pondrá en marcha una Comisión de Trabajo que determine el número de vehículos que hacen falta y fije las reglas de acceso a los mismos lo antes posible.

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El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 31 de Madrid ha denegado la aplicación de la medida cautelarísima solicitada por Más Madrid para paralizar el traslado de los residuos de la Mancomunidad del Este a Valdemingómez.

La magistrada Miriam Bris García determina en su auto, con fecha 16 de enero de este año, que no se aprecian “circunstancias de especial urgencia para la adopción de medida cautelar inaudita parte”, es decir, sin oír antes al Ayuntamiento de Madrid.

Tal y como se recoge en el texto judicial, la medida solicitada viene referida a un conjunto de autorizaciones de tratamiento de residuos urbanos que aparecen ya implementadas, ya que los residuos de la Mancomunidad del Este se están trasladando a la Planta de Tratamiento de Valdemingómez (PTV) desde el pasado sábado 28 de diciembre.

“Dicha circunstancia, unida a la complejidad de la cuestión, y los intereses generales presentes en la materia, aconsejan no adoptar pronunciamiento alguno en tanto no sea escuchada la administración demandada”.

La juez solicita las alegaciones del Ayuntamiento de Madrid antes de las 15 horas del próximo martes, 21 de enero para valorar si procede la aplicación de medidas cautelares.

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El PSOE de la Asamblea de Madrid registró este jueves una proposición no de ley para que se desarrolle un plan autonómico que garantice el cumplimiento de derechos de la infancia, algo para lo que se demanda la ampliación de centros de primera y segunda acogida para de “evitar el hacinamiento”.

El PSOE también plantea poner en marcha un pacto regional de garantía de derechos de los menores extranjeros no acompañados, en el que participen grupos políticos con representación parlamentaria, la Federación Regional de Municipios y Provincias, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos y las entidades sociales que trabajan en este sector.

Con esta iniciativa, el PSOE pide que se incremente el número de profesionales en cada centro, así como el desarrollo de programas que favorezcan la convivencia dentro de los centros y en el entorno.

La diputada socialista Purificación Causapié informó de que este pacto tendría una réplica en los barrios y municipios donde se encuentren los centros de acogida. En estos ámbitos se creará una mesa de diálogo, en la que además de ayuntamientos, asociaciones de vecinos y Ongs, participarán centros educativos y recursos para el empleo de la zona.

La parlamentaria explicó que esta iniciativa parlamentaria responde a la necesidad de que el Gobierno regional actúe de manera inmediata en la atención y protección de los menores no acompañados que viven en la Comunidad, petición que ya ha hecho el propio Defensor del Pueblo.

«NECESARIO Y URGENTE»

Causapié consideró “necesario y urgente” convocar de nuevo un pacto para “apoyar a los menas” y pidió a la Administración autonómica que sea “transparente” y deje de actuar “con opacidad en este tema”.

A juicio de esta diputada, desde la Comunidad “tiran permanentemente balones fuera” sobre los menas, cuando “hay que tomar medidas para resolver esta cuestión”.

Esta representante del PSOE añadió que “tienen que colaborar el Gobierno del Estado, la Comunidad y los ayuntamientos para que funcione un engranaje y, entre todos, seamos capaces de atender a los menores”.

En la citada iniciativa también se insta a implementar recursos dirigidos a prevenir y atender adicciones, problemas de salud mental, así como atención psicológica a menores que hayan sido víctimas de trata, abusos sexuales y físicos, y cualquier otro malestar psicológico y emocional.

Asimismo, los socialistas quieren ampliar los programas dirigidos a jóvenes extutelados con recursos para favorecer su inserción social y laboral tras el tiempo de acogida, desarrollar una campaña de información y sensibilización para trasladar una imagen positiva de los menores y tomar medidas específicas para prevenir y combatir la xenofobia y el acoso escolar.

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La primera semana de febrero tendrá lugar en el Congreso la sesión de apertura solemne de la legislatura en la que el Rey pronuncia un discurso al Hemiciclo ante todos los nuevos diputados y senadores. Sólo falta que Casa Real cierre el día exacto de este acto solemne, según trasladaron a Servimedia fuentes parlamentarias.

Esta ceremonia no se produjo en la pasada legislatura -la que resultó de las elecciones del 28-A- por la repetición de la citas con las urnas, ya que su celebración suele producirse una vez ya se ha constituido el nuevo Gobierno. Tampoco en 2016 hubo apertura solemne de la XII Legislatura, en la que presidió Patxi López el Congreso, porque la falta de acuerdo entre los partidos derivó en una nueva convocatoria de comicios.

La primera semana de febrero congregará así en el Congreso a los diputados y senadores elegidos en las elecciones generales celebradas el pasado 10 de noviembre, junto al Gobierno en pleno y otras autoridades del Estado.

La última vez que se celebró este acto, en la apertura solemne de la XII Legislatura, en su primera ceremonia solemne los diputados y senadores de Unidos Podemos optaron por no aplaudir las palabras del jefe del Estado.

En la ceremonia de 2016 fue la primera vez que los trabajadores del Congreso se sumaron al saludo al jefe del Estado. Entonces, miembros de la Junta de Personal, que representa a los trabajadores de la Cámara, participaron en el saludo protocolario al Rey, a la Reina, a la Princesa de Asturias y a la infanta Sofía que tuvo lugar en el Salón de Pasos Perdidos del Palacio del Congreso, una vez levantada la sesión tras los discursos en el hemiciclo.

Al discurso del Rey en el hemiciclo asistieron prácticamente todos los diputados y senadores excepto los de ERC y los de EH Bildu. Sin embargo, los de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea escucharon sus palabras pero no participarán en el saludo protocolario al jefe del Estado.

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El ministro de Sanidad, Salvador Illa, recibió este jueves a su homólogo de Gambia, Ahmadou Lamin, para explorar vías de cooperación en la implantación de la atención sanitaria universal en el país africano.

El objetivo del encuentro ha sido conocer de cerca las políticas de universalidad y accesibilidad a la sanidad vigentes en España. El Gobierno de la República de Gambia tiene prevista la aprobación de una ley que facilite el acceso universal a la salud, así como la mejora de las condiciones de su sistema de salud con el apoyo de la Fundación Draman y los fondos de ayuda al desarrollo.

El ministro Illa recordó el compromiso del Gobierno español con la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible y, en concreto, con lograr la cobertura de salud universal especialmente de los sectores más vulnerables.

Además, se interesó por los proyectos que está llevando a cabo el Gobierno de Gambia para extender la cobertura sanitaria y trasladó a su homólogo la voluntad del Gobierno español de colaborar en este propósito.

En el caso de España, el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria en las mismas condiciones a todas las personas que se encuentran en España está garantizada a través del Real Decreto Ley 7/2018 de 27 de julio.

En el encuentro también participaron el secretario general de Sanidad, Faustino Blanco, y la directora general de Cartera Básica de Servicios y Farmacia del Sistema Nacional de Salud (SNS), Patricia Lacruz.

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La consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, Paloma Martín, anunció este jueves que la Comunidad de Madrid trabaja en una estrategia contra el maltrato y el abandono de animales de compañía, así como en el Reglamento de Desarrollo de la Ley de Protección y Bienestar Animal para garantizar la máxima protección a los animales que viven en la región.

La consejera realizó este anuncio en la presentación del calendario contra el abandono y por la adopción de animales de compañía que se celebró en el Parque de las Minas en Pozuelo de Alarcón, uno de los doce escenarios del almanaque.

“La Comunidad de Madrid es una región solidaria y responsable. Estos valores son, sin duda alguna, los que han inspirado este calendario, con el que queremos sensibilizar a la ciudadanía de la necesidad de adoptar perros y gatos, como la mejor manera de garantizar el bienestar de los animales abandonados”, afirmó.

También dijo que el compromiso del Gobierno regional se ejemplifica en las 12 protectoras madrileñas y los 12 funcionarios, en representación de todas las consejerías que conforman el Ejecutivo regional, que participaron en la elaboración de este almanaque, con el que también se pretende concienciar sobre la tenencia responsable de animales.

En total se imprimieron 2.800 ejemplares de pared y 5.000 de mesa que se repartirán a través de las protectoras participantes para fomentar la adopción responsable entre los ciudadanos de la región.

Se ha contado con la colaboración de las siguientes protectoras animales: Centro Integral de Animales de Compañía de la Comunidad de Madrid (CIAAM), Asociación Nacional Amigos de los Animales (ANAA), Sociedad Protectora de Animales y Plantas (SPAP), Salvando Peludos, La Madrileña, Arca de Noé, Animales con un Nuevo Rumbo (ACURN), Asociación Nacional para la Integración y Convivencia de los Animales (ANICA), Asociación para la Protección y Defensa de Animales, Plantas y el Medio Ambiente de Leganés (PROA), Adoptalo.com, Asociación para la Liberación y Bienestar Animal (ALBA) y La Voz Animal.

Asimismo, participaron funcionarios de las distintas consejerías de la Comunidad de Madrid como agentes forestales, policías de la Bescam, bomberos, profesores, médicos, trabajadores sociales, enfermeros, terapeutas, personal del 112 y del Metro de Madrid, así como investigadores del Imidra y del Canal de Isabel II.

ADOPCIONES

Paloma Martín también se refirió a “la infinita solidaridad” de los madrileños, ya que durante 2019 se adoptaron 5.803 animales que estaban siendo atendidos en albergues y centros de acogida de la región, de los que 3.046 eran perros y 2.757 gatos.

En este calendario también se pone el acento en el aporte positivo que tienen las mascotas como animales de compañía en el caso de pacientes con necesidades especiales, así como invidentes, enfermos, ancianos o los beneficios que tienen en acciones de asistencia y terapia.

Entre las medidas puestas en marcha por la Comunidad de Madrid para favorecer la adopción de animales abandonados destaca el Salón de la Adopción, que se celebra cada año y que en 2019 celebró su decimocuarta edición, para sensibilizar contra el abandono.

Esta iniciativa cuenta con el apoyo y la colaboración del Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid, donde en su última edición un total de 170 animales (123 perros y 47 gatos) fueron adoptados de modo presencial, 70 más que en la edición de 2018.

Además, desde el Ejecutivo se siguen impulsando diversas acciones para fomentar la adopción de animales abandonados, a través de la difusión en redes y en medios de comunicación para fomentar la adopción responsable y evitar el abandono de animales, así como la creación de un Comisionado de Bienestar Animal.

La Comunidad de Madrid cuenta también con el Centro Integral de Animales de Compañía de la Comunidad de Madrid (CIAAM), un centro regional puntero a favor del bienestar animal, que dispone de un teléfono de atención las 24 horas, y está gestionado por la Federación de Asociaciones Protectoras y de Defensa Animal de la Comunidad de Madrid (FAPAM) que aglutina a once entidades.

Entre sus funciones no sólo está la acogida y cuidado de los animales, también el control sanitario y la promoción de una adopción eficaz, así como el seguimiento de los animales una vez cerrada la adopción y la divulgación de campañas educativas y de sensibilización.

En 2019 en el CIAAM se acogieron 429 perros, de los cuales 78 estaban identificados y 351 sin identificar. Se adoptaron 361 perros y 21 fueron recogidos por sus propietarios. En cuanto a los gatos, se registraron 558 de los que solo cinco estaban identificados y se adoptaron 234 gatos.

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La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha solicitado ya al Congreso de los Diputados y al Senado su comparecencia para presentar las líneas maestras de su departamento para la próxima legislatura.

La jefa de la diplomacia española anunció la petición de comparecencia a través de su perfil en la red social Twitter. No obstante, tardará un tiempo en materializarse, puesto que el mes de enero no es hábil en las Cortes y además se deberá esperar a que se constituyan las comisiones en ambas cámaras.

González Laya proclamó de manera entusiasta durante el acto de intercambio de carteras que “Spain is back; Spain is here to stay” como proclama del papel que desea que España juegue en la escena internacional.

También ha comentado que una de sus prioridades al frente de la diplomacia española será “reenfocar” la política de cooperación al desarrollo, una materia en la que España “lo puede y lo sabe hacer muy bien”.

«GRAN OPORTUNIDAD»

Apuntó que se abre una «gran oportunidad” para “posicionar a España en el lugar que le corresponde en Europa y en el mundo”; para desarrollar “más geopolítica” y “apalancar” las virtudes de España con la labor de Borrell en Bruselas; para “profundizar” las relaciones con América Latina y el Caribe; para “reforzar los lazos” con África, un continente “hermano y vecino”; y para aprovechar el potencial comercial que ofrece Asia.

A su vez, señaló que desde Exteriores centrará sus esfuerzos en defender “los valores democráticos, los derechos humanos, el multilateralismo, la paz, las personas, la prosperidad y el planeta”.

Por su parte, dijo ser consciente de la “lista de cuestiones internas” que afectan directamente al Ministerio de Exteriores, tales como su nueva sede o la mejora de las condiciones laborales de sus miembros, y comprometiéndose a abordarlas “sin prisa, pero sin pausa”.

RETOS

La nueva ministra de Exteriores tendrá que hacer frente a la gestión del ‘Brexit’ que previsiblemente se concretará el próximo día 31 de enero, previa ratificación del Parlamento británico y de la Eurocámara, tras la victoria por mayoría absoluta del Partido Conservador en las elecciones británicas.

El hecho de que el Parlamento británico haya dilatado la ratificación del acuerdo de salida -tanto el acordado con Theresa May como el concertado con Johnson- ha confinado a la mitad el periodo transitorio, que estaba previsto que fuera de 21 meses (entre marzo de 2019 y diciembre de 2020) y que ahora será de once meses, siempre y cuando la salida se produzca el próximo 31 de enero. Una funcionaria española, Clara Martinez Arberola, será la ‘número dos’ del jefe del equipo egociador europeo, Michel Barnier, en esta etapa.

Actualmente existen dudas en Bruselas sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo de tamaña envergadura en menos de un año, lo que ha llevado a Bruselas a sugerir que Reino Unido tendrá que solicitar una prórroga del periodo transitorio. Sin embargo, Johnson ha rehusado en campaña electoral esta posibilidad.

AMÉRICA LATINA

Estas dudas toman forma ante el hecho de que los acuerdos de libre comercio con Canadá y con Mercosur se fraguaron tras nueve y 15 años de negociaciones, respectivamente.

Otro de los lugares del mundo donde la nueva jefa de la diplomacia española tendrá que fijar su atención será América Latina, una zona donde España siempre ha intentado ejercer su influencia, más ahora con la tensión que se vive en varios de sus países, especialmente Bolivia, país con el que se mantiene una latente crisis diplomática, con expulsiones recíprocas de diplomáticos.

Además, González Laya se estrena en el cargo con una crisis internacional en Oriente Medio tras el ataque de EEUU contra el aeropuerto internacional de Bagdad en el que pereció el comandante iraní Quasem Soleimani.

Este hecho ha provocado, además del incremento de la tensión en una zona ya de por sí conflictiva, que se ha agravado con el ataque iraní a dos bases iraquíes con presencia de tropas estadounidenses, el anuncio de EEUU de sancionar económicamente a Irán y la aprobación en el Parlamento de Irak de una moción que insta al presidente del país a pedir a EEUU la retirada de sus tropas de su país.

También lo hace en un momento de guerra comercial entre EEUU y China y entre Washington y la UE, con el establecimiento recíproco de aranceles.

González Laya también tendrá que desarrollar el III Plan África, que coloca a esta zona del mundo como un nuevo eje prioritario de la política exterior española.

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El secretario general del PP, Teodoro García Egea, acusó este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de “querer adoctrinar” a los niños “con charlas extracurriculares”, mientras “deja elegir si dan clases de religión o no”.

Así se pronunció a través de su perfil de Twitter en réplica al apunte que poco antes había puesto en esta misma red social Sánchez asegurando que en el Gobierno serán “firmes” a la hora de combatir el denominado ‘pin parental’ que se ha impuesto en la Región de Murcia para que los padres puedan decidir la formación de género que reciben sus hijos en las aulas.

“Pedro Sánchez quiere adoctrinar a tus hijos de forma obligatoria con charlas extracurriculares. Sin embargo, deja elegir si dan clases de religión o no”, denunció García Egea.

El ‘número dos’ de Pablo Casado en Génova y cabeza de lista del PP por Murcia aseguró que en su partido quieren “libertad para todo”.

“El pin parental vulnera el derecho de los niños y niñas a la educación. Se trata de un derecho fundamental, de un derecho constitucional”, destacó Sánchez en su mensaje por redes sociales, respaldando así la iniciativa de recurrirlo que ha impulsado el Ministerio de Educación que lidera Isabel Celaá.

Educación recurrirá por la vía judicial «cualquier iniciativa dirigida a socavar el derecho a la educación y censurar la actuación de los centros docentes y su profesorado».

En un comunicado, el Ministerio de Celaá subrayó que la imposición del denominado ‘pin parental’ por parte de la Región de Murcia a sus centros educativos -con el que se pretende que los padres de los alumnos tengan que autorizar de manera previa y expresa la asistencia de sus hijos a cualquier tipo de actividad celebrada en el centro escolar, recibiendo una información anticipada de todas ellas- «es contraria a la Ley Orgánica de Educación (LOE), las propias normas autonómicas de esta región, así como a la Ley Contra la Violencia de Género».

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El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está reunido desde las 17.00 horas para evaluar si Dolores Delgado cumple con los requisitos establecidos por la ley para ser nombrada fiscal general del Estado. Su presidente, Carlos Lesmes, remitió esta mañana a sus 20 vocales una propuesta de informe en la que se limita a afirmar que la candidata cumple con lo establecido, sin pronunciarse sobre su idoneidad.

En el momento del inicio de la reunión se encontraban ausentes los vocales Vicente Guilarte y Wenceslao Olea. Tampoco estaba presente la vocal Pilar Sepúlveda, que tiene previsto intervenir por videoconferencia.

El CGPJ está compuesto por veinte vocales y su presidente. Son Rafael Fernández Valverde, Vicente Guilarte Gutierrez, Álvaro Cuesta Martínez, José Antonio Ballestero Pascual, Gerardo Martínez Tristán, Enrique Lucas Murillo de la Cueva, Clara Martínez de Careaga García, Juan Martínez Moya, Roser Bach Fabregó, Nuria Díaz Abad, Rafael Mozo Muelas, Wenceslao Francisco Olea Godoy, Carmen Llombart Pérez, Pilar Sepúlveda García de la Torre, María Concepción Sáez Rodríguez, Juan Manuel Fernández Martínez, María Victoria Cinto Lapuente, María del Mar Cabrejas Guijarro, José María Macías Castaño y María Ángeles Carmona Vergara.

Los informes de valoración sobre anteriores candidatos a ocupar la Fiscalía General del Estado se pronunciaban explícitamente sobre su idoneidad para el cargo, un matiz que ahora evita Lesmes para concitar consensos, según indican fuentes del CGPJ. Así, se limita a asegurar que cumple con los requisitos previstos en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para el puesto.

Previsiblemente la propuesta de Lesmes saldrá adelante, no sin polémica, ya que vocales conservadores del CGPJ intentarán forzar una doble votación: en la primera de ellas se aprobaría su idoneidad formal como jurista española de prestigio con más de 15 años de experiencia, mientras que la segunda valoraría de manera subjetiva la imparcialidad de la candidata que ha sido ministra de Justicia del Gobierno socialista.

El examen del candidato a fiscal general del Estado es preceptivo, pero no vinculante para el Ejecutivo que nombra a la persona que ocupará el cargo. El sector conservador del CGPJ no oculta su “profundo malestar” por este nombramiento que interpreta como un intento de someter a la Fiscalía a los intereses del Gobierno.

En principio, Delgado encajaría en ese perfil idóneo puesto que es jurista española, con 15 años de experiencia y de reconocido prestigio. Las dudas de los sectores conservadores se centran en si será imparcial a la hora de ejercer el cargo, teniendo en cuenta que acaba de cesar como ministra de Justicia y que ha sido diputada en las filas socialistas.

A lo largo del día se han ido matizando las posiciones de quienes pretendían directamente votar en contra de la idoneidad de Delgado y con las horas se abrió paso una postura menos radical que apuesta por reconocer que la candidata cumple con los requisitos que establece la ley pero, advirtiendo de que su nombramiento puede perjudicar la imagen de la Fiscalía.

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Colectivos feministas -como la Federación de Mujeres Progresitas o la de Mujeres Separadas y Divorciadas- se encuentran «sorprendidas y preocupadas» por los primeros nombramientos del Ministerio de Igualdad, como los de Beatriz Gimeno, directora del Instituto de la Mujer y Boti García, responsable de Diversidad Sexual y Lgtbi, porque consideran que se está priorizando al sector Lgtbi frente a los derechos que demandan las mujeres.

Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas explicó a Servimedia que tanto Gimeno como García «son mujeres de reconocido activismo e implicación, pero su perfil es muy concreto y determinado. Nos preocupa que esto suponga un guiño al activismo ‘queer'» que, según Besteiro, «choca frontalmente con las teorías feministas», además de que esto suponga un retroceso en las conquistas de las mujeres y en la lucha por la igualdad.

El movimiento ‘queer’ sostiene que los géneros no están en la naturaleza biológica humana sino que son el resultado del devenir social, teoría no compartida por las feministas.

«Esperamos que las personas recién nombradas tengan la suficiente objetividad para impulsar la igualdad sin sesgos y no que apuesten sólo por el movimiento ‘queer’ y Lgtbi. Es un deseo y una petición que espero sea escuchada por la ministra», concluyó Besteiro quien agregó que su federación ya ha enviado una carta a Irene Montero en la que le solicita una reunión lo antes posible.

Por su parte, Ana María Perez del Campo, presidenta de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, también reveló a esta agencia que espera contestación por parte de Montero de la misiva que le ha enviado solicitando una reunión con el colectivo feminista «para que nos desvele las líneas maestras de lo que va a hacer».

Pérez del Campo, que se mostró «feliz» de tener un gobierno progresista, mostró su preocupación por los dos primeros nombramientos de la cartera de Igualdad «y también mi sorpresa», pero se mostró confiada en que «las políticas que salgan del Ministerio avalen la lucha de las mujeres por conseguir la igualdad» y que los objetivos prioritarios no sean sólo relativos a la reivindicación del colectivo Lgtbi. «El verdadero enemigo de la libertad sexual y de la igualdad es la extrema derecha de Vox, que no respeta los derechos humanos», concluyó.

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El precio del barril de Brent de entrega en marzo de 2020, el de referencia en Europa, se sitúa este jueves, a las 18.00 horas, en 64,87 dólares estadounidenses, lo que supone una subida del 1,36% con respecto al anterior cierre (64 dólares).

En la jornada de hoy, tras abrir al alza en 64,26 dólares, el barril marcó su mínimo diario en 63,9 y su máximo en 64,97 dólares. De esta manera, a pesar de la subida en el precio de hoy, en la última semana el coste del petróleo se ha reducido en un 0,99%.

Sin embargo, en relación a sus mínimos históricos del 20 de enero de 2016, de 27,10 dólares, el precio del barril de Brent acumula una subida superior al 135%.

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Los afectados por la explosión de la petroquímica de Tarragona pueden reclamar indemnizaciones por los daños ocasionados como consecuencia del suceso y la propietaria de la planta, Industrias Químicas del Óxido de Etileno (Iqoxe), debe hacerse cargo de los perjuicios ocasionados por la deflagración de este martes.

Así lo aseguró este jueves Facua-Consumidores en Acción a través de un comunicado en el que precisó que está recibiendo consultas de familiares de heridos en el accidente ocurrido en la planta petroquímica de La Canonja, a los que trasladó su «solidaridad» y sus «condolencias» por las tres víctimas mortales.

Explicó que los usuarios deben presentar sus reclamaciones ante Iqoxe, del grupo empresarial Cristian Lay con sede en Jerez de los Caballeros (Badajoz), para pedir indemnizaciones por todos los daños y perjuicios que pudieran haber sufrido, “con independencia de su naturaleza, tanto morales como patrimoniales”, según apuntó la organización.

Tras aseverar que los afectados tienen de plazo hasta un año desde el suceso para presentar sus reclamaciones exigió que se “depuren responsabilidades por las consecuencias tan graves que ha tenido el accidente” y reclamó “celeridad” en la investigación sobre lo ocurrido además de urgir a la Generalitat a llevar a cabo su propia investigación para “evitar nuevos accidentes en el futuro”.

PROTOCOLO

En otro orden de cosas, consideró “alarmante” que los servicios de Emergencias de la Generalitat “no recibieran la llamada de aviso que la empresa debía haber realizado para notificar el suceso”.

“Según el protocolo vigente, las alarmas suenan cuando se activa el nivel 3, cosa que no sucedió en Tarragona, que sólo llegó al nivel 2, al no tratarse de un compuesto tóxico para la población”, abundó para, a continuación, indicar que el protocolo señala que la empresa “debe proceder a avisar tanto a Emergencias como al 112 en una llamada cuando se dan este tipo de sucesos”.

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Los Premios Cygnus, que organiza el Instituto para el Estudio y Desarrollo de las Ciencias y las Artes Audiovisuales junto a la Universidad de Alcalá de Henares (UAH), se entregarán mañana en el paraninfo de la institución académica en una gala por donde pasarán artistas como Belén Cuesta, Ara Malikian o Antonio Resines.

Tras la resaca de los Premios Feroz que se celebran este jueves en Alcobendas, el viernes a las 19.00 horas será el turno de los Cygnus. Sin embargo, los galardonados ya se conocen y la Mejor Película en este certamen es ‘Abuelos’, dirigida por Santiago Requejo. El premio al Mejor Director será compartido entre Ana Pérez-Lorente y Antonio Resines por ‘Historias de nuestro cine’.

En total se entregarán 11 Premios Cygnus a todos los ganadores de las películas, documentales, series y programas de televisión, tanto nacionales como internacionales, escogidos para esta edición de 2020, cuyo criterio de selección está basado en la “solidaridad y transmisión de valores”.

El premio al Mejor Productor será para Juan Gordon por ‘Yuli’, mientras que Belén Cuesta será reconocida con el Cygnus a Mejor Actriz por ‘La trinchera infinita’. El premio al Mejor Actor será recogido por Edu Soto por su papel en ‘Los Rodríguez y el más allá’, mientras que la estatuilla a mejor guion se entregará a Marta González de Vega y Santiago Segura por ‘Padre no hay más que uno’.

La Mejor Película de animación ha sido ‘Buñuel en el laberinto de las tortugas’, mientras que el premio a la Mejor Banda Sonora Original (BSO) será otorgado a Ara Malikian por ‘Ara Malikian: Una vida entre las cuerdas’.

Además, el reconocimiento especial por una trayectoria como exhibidor de cine será entregado a Tomás Junquera. El galardón como mejor documental en televisión ha recaído en ‘Mario Vargas Llosa, escribir para vivir: Mario y los perros’ de TVE; y el premio al mejor programa o serie de televisión será recogido por Javier Sardá por ‘Juego de niños’, también del ente público de radiotelevisión.

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El nuevo precio de la bombona de butano que entrará en vigor el próximo martes será de 13,37 euros, impuestos incluidos, lo que supone un ascenso de 0,63 euros por bombona frente al precio de este bimestre de 12,74 euros, un 4,95%.

Según informaron a Servimedia fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica, este nuevo precio estará vigente durante dos meses, hasta el tercer martes de marzo, cuando se revisará de nuevo según las cotizaciones internacionales. Con este ascenso, la bombona suma dos bimestres al alza tras cinco bimestres a la baja.

El incremento de enero es consecuencia del fuerte ascenso de las cotizaciones de la materia prima (+12,56%) y el incremento de los fletes (+6,92%) con respecto al bimestre anterior.

Con la actual fórmula de fijación del precio la bombona acumula un descenso del 23,6% desde marzo de 2015, cuando se alcanzó el máximo de 17,5 euros. El mínimo se produjo en julio de 2016, cuando bajó hasta los 11,27 euros.

El precio regulado afecta a las bombonas de butano que más comúnmente utilizan los hogares, envases con carga igual o superior a ocho kilos e inferior a 20, cuya tara sea superior a nueve kilos.

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El delegado del Área de Economía, Innovación y Empleo, Miguel Ángel Redondo, asistió este jueves a la firma del acuerdo de colaboración suscrito entre la Agencia para el Empleo de Madrid y Sanitas Mayores con el objetivo de incentivar la inserción laboral de las personas desempleadas en el sector de atención a la dependencia.

Mediante este acuerdo, ambas entidades se comprometen a llevar a cabo actuaciones conjuntas, aprovechando las infraestructuras y recursos materiales y humanos con que cuentan con el fin de establecer una relación público-privada que conlleve una mayor eficacia en la incorporación de personas desempleadas al mercado laboral.

Para ello, Sanitas Mayores -compañía que se dedica a la atención y servicios a mayores en centros residenciales, centros de día, y atención de mayores en el hogar- pondrá en conocimiento de la Agencia para el Empleo aquellas ofertas de trabajo que considere adecuadas, facilitando para ello la descripción de los perfiles profesionales correspondientes a los puestos de trabajo ofertados, así como las demás condiciones de contratación.

La Agencia para el Empleo, que imparte cursos de formación de atención a la dependencia en instituciones, de gerocultor y de personal de cocina y mantenimiento, entre otros, atenderá de forma personalizada y especializada aquellas ofertas de puestos de trabajo presentadas para la cobertura de necesidades de contratación de trabajadores.

Para ello, realizará estudios de casación en sus bases de datos entre aquellos perfiles registrados cuyas competencias y habilidades se ajusten a los perfiles del empleo ofertados y preseleccionará a los candidatos idóneos para cada oferta de puesto de trabajo.

Sanitas Mayores también colaborará en el desarrollo de cursos de formación en materia de atención a la dependencia dirigidos a la obtención de certificados de profesionalidad que imparte la Agencia para el Empleo y facilitará la realización de prácticas no laborales vinculados a dicha formación.

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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha propuesto a la subdelegada del Gobierno en Málaga, María Gámez, como nueva directora general de la Guardia Civil, una elección que tiene que recibir el visto bueno del Ministerio de Defensa.

Desde que esta semana Marlaska decidiera prescindir de Félix Azón como director general del Instituto Armado, el titular de Interior comenzó a estudiar perfiles que se ajustaran a la idoneidad del cargo optando finalmente por Gámez, según confirmaron a Servimedia fuentes socialistas.

No obstante, para que el nombramiento sea efectivo requiere también del visto bueno de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que todavía no ha tomado una decisión al respecto, según informaron a esta agencia fuentes gubernamentales.

De recibir el plácet de Robles, María Gámez se convertirá en la primera mujer que dirige a la Guardia Civil en la historia de este cuerpo.

Gámez, nacida en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), optó en dos ocasiones sin éxito a la Alcaldía de Málaga llegando a retirarse de la política en 2016.

En ese momento, regresó a su puesto como funcionaria de carrera de la Junta de Andalucía en la Delegación de Cultura en Málaga hasta que, con la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, fue reclutada como subdelegada del Gobierno en Málaga.

Licenciada en Derecho por la Universidad de Málaga y Diplomada en Alta Dirección de Empresas por el Instituto Internacional San Telmo, tuvo el primer cargo político relevante como delegada provincial en Málaga de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, de 2004 a 2007.

Este último año fue nombrada delegada del Gobierno de la Junta en Málaga. Después, se convertiría en la candidata del PSOE para disputar al popular Francisco de la Torre la Alcaldía de Málaga.

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El Ibex-35 subió este jueves un 0,64%, poniendo fin a una racha a la baja que se ha prolongado durante cinco sesiones sucesivas, gracias al fuerte impulso de buena parte de las compañías de mayor capitalización del parqué.

Así el selectivo acabó en los 9.572,50 puntos, tras haber marcado un máximo en algún momento de la jornada en los 9.579,50 y un suelo en 9.481,60 puntos.

Las alzas más significativas se las anotaron las acciones de Ence (+5,85%), Viscofán (+4,39%), ACS (+3%), Enagás (+2,46%) y Merlín Properties (+2,44%).

Al otro lado del parqué y con los mayores descensos se situaron Grifols (-2,18%), Meliá Hotels (-1,44%), Ferrovial (-0,56%), Inmobiliaria Colonial (-0,51%) y Cie Automotive (-0,39%)

Entre los valores de mayor capitalización bursátil cerraron también a la baja los títulos de Inditex (-0,32%), mientras que lograron subidas las cotizaciones de BBVA (+0,23%), Repsol (+0,34%), Naturgy (+0,53%), Caixabank (+1,03%), Telefónica (+1,04%), Iberdrola (+1,11%), Endesa (+1,39%) y Santander (+1,44%).

Por su parte, la prima de riesgo descendió hacia el entorno de los 68 puntos.

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El diputado y secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, pidió este jueves que el vicepresidente Pablo Iglesias explique si Podemos se nutrió de dinero “de la coca” y del “narcoterrorismo”, al entender que de estas fuentes procedían los fondos que la formación morada pudo haber recibido de la Bolivia de Evo Morales o de la Venezuela chavista.

Ortega Smith, en una entrevista con Servimedia, hizo estas consideraciones al referirse al hecho de que su partido haya presentado una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción contra la financiación de Podemos, después de que el Banco de Bolivia haya confirmado que cuando Evo Morales estaba en el poder se hicieron pagos a la empresa Neurona Consulting, vinculada a la formación morada.

Esta empresa, con la que se relaciona al fundador de Podemos Juan Carlos Monedero, ha participado en campañas electorales de este partido y habría realizado vídeos para Bolivia mientras Evo Morales estaba en el poder.

“VINCULACIÓN DIRECTA”

En este sentido, Ortega Smith señaló que la investigación en Bolivia indica que la financiación de Podemos ha tenido una “vinculación directa” con “regímenes narcoterroristas” de Latinoamérica. Añadió que espera que las pesquisas que siguen las autoridades bolivianas sobre la formación morada tengan su reflejo también en Venezuela y Brasil.

Por este motivo, este dirigente de Vox señaló que Iglesias debe explicar la relación de las cuentas de su partido con Evo Morales o el chavismo, a los que el partido de Santiago Abascal considera vinculados al tráfico de drogas. “Esperamos que el vicepresidente del Gobierno”, afirmó, “responda ante una llamada de cooperación internacional y dé explicaciones de cómo se financió su partido, de dónde sacó ese dinero, que provenía de la coca o de la droga en Venezuela y del narcoterrorismo”.

Ortega Smith concluyó que en su partido van a ser “muy exigentes” para que Iglesias cumpla “los requerimientos internacionales para que se persone a declarar en Bolivia”, en referencia a la causa que se ha abierto en este país sobre las finanzas de la formación morada.

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CCOO mostró este jueves su malestar por las críticas de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y pidió a esta asociación que cumpla la ley ya que denuncia que “a día de hoy siguen incumpliendo en muchos Convenios el SMI de 2019”.

A este respecto, en un comunicado, CCOO denunció que “resulta paradójico que quien se considera una organización progresista, se posicione públicamente en contra de la posibilidad de la subida del SMI hasta los 1.000 euros”.

En esta línea, lamentó que “miles de trabajadores siguen esperando que COAG desbloquee los convenios colectivos y les pague los salarios que legítimamente les corresponden”.

Además, señaló que con independencia de que el SMI de 2020 llegue a los 1.000 euros, en España las patronales CEOE y Cepyme acordaron con los sindicatos que todos los Convenios Colectivos, deben tener como mínimo 1.000 euros de salario mensual desde el 1 de enero de 2020.

“Por tanto deben dejar de presionar al Gobierno, cumplir con la ley y dar ejemplo respetando lo que han firmado los Agentes Sociales en el AENC 2018-2020”, indicó CCOO.

Por todo ello, concluyó que “el campo español no se merece empresarios con esa visión tan cicatera que pretenden que las explotaciones sean competitivas con salarios indecentes” y que “no es de justicia social que pretendan comparar las condiciones laborales de las personas trabajadoras españolas con las de Marruecos en lugar de hacerlo con las de Francia, Italia y otros países productores similares a España”.

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Las renuncias de las exministras Dolores Delgado y Beatriz Corredor a sus actas como diputadas esta semana llevan al Grupo Parlamentario Socialista en la Cámara Baja a dos miembros de la Ejecutiva del PSOE.

Corredor, ex ministra de Vivienda, renunció hace unos días a su condición de diputada por motivos personales, lo que supuso que corriera la candidatura del PSOE por Madrid y, en su lugar, Isaura Leal vuelva al Congreso.

Leal, que fue diputada de la última legislatura hasta que se constituyó la nueva el pasado 3 de diciembre de 2019 -formando parte de la Diputación Permanente-, no revalidó en las urnas su escaño porque el PSOE en Madrid obtuvo 10 escaños y ella era la número 11.

La renuncia de Corredor ha permitido que la ex Alta Comisionada frente al Reto Democrático y encargada de Función Pública en la Ejecutiva del PSOE recupere así su condición de diputada.

RENUNCIA DELGADO

Por su parte, la ex ministra de Justicia Dolores Delgado presentó ayer miércoles -minutos antes de las 16 horas- su renuncia al acta en el registro del Congreso.

De esta manera, a efectos del 15 de enero consta que ya no tiene la condición de diputada, requisito previo para que el pleno del Consejo General del Poder Judicial analice esta tarde su propuesta como nueva fiscal general del Estado.

En el artículo 59 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal se dice que “los miembros del Ministerio Fiscal no podrán pertenecer a partidos políticos o sindicatos o tener empleo al servicio de los mismos. Asimismo, tampoco podrán tomar parte en las elecciones legislativas, autonómicas o locales más que para emitir su voto personal”. Precisamente, esta cuestión es la que el PP esgrimirá para recurir su nombramiento porque Delgado fue en las listas del PSOE al Congreso.

La marcha de la Cámara Baja permitirá a Omar Anguita, líder de Juventudes Socialistas y miembros de la dirección del PSOE, estrenarse en el Congreso.

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La exministra de Defensa y exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal ha sido reclutada por el bufete de abogados CMS Albiñana & Suárez de Lezo al que se incorporará como socia del Departamento de Procesal y Arbitraje realizando funciones de coordinación de un equipo multidisciplinar integrado por 27 abogados que realizarán trabajos en materia de derecho procesal civil y mercantil, concursal, panel económico y contencioso-administrativo, además de litigación bancaria.

El bufete emitió un comunicado en el que confirmó este fichaje que se ha concretado después de que Cospedal haya pasado año y medio apartada de la vida política, habiendo cumplido todos los trámites que exige la normativa en relación a los altos cargos y al personal que ha desempeñado responsabilidades en las Administraciones Públicas.

Cospedal subrayó que ha concluido una etapa “de la que me siento muy orgullosa” y apuntó que “siempre que me he apartado de la política he vuelto a mi profesión porque me considero una persona absolutamente comprometida con ella, con vocación de excelencia y lealtad”.

El bufete detalló que ha elegido a Cospedal por el “completo plan de acción” que le presentó, a lo que se suma su “prestigio y valía profesional”. También añadió que su elección tuvo lugar tras un “minucioso proceso de selección” realizado por una firma de ‘headhunters’ que en el último año ha realizado un ‘mapping’ entre profesionales del Derecho, siendo determinantes su “excelencia”, “solidez jurídica” y “capacidad”.

El socio director del bufete, César Albiñana, afirmó que Cospedal es “una excelente abogada, conocedora del sector, acostumbrada a la toma ágil de decisiones y con importantes dotes para la gestión de equipos”.

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Hispasat y Gogo anunciaron hoy un acuerdo de arrendamiento de capacidad espacial sobre el satélite Amazonas Nexus, con el fin de responder a la creciente demanda global de servicios de conectividad de alta velocidad en vuelo.

Gogo ha arrendado varios gigahercios de capacidad en banda Ku a bordo del nuevo satélite de Hispasat, cuyo lanzamiento está previsto para la segunda mitad de 2022, con el fin de dar servicio a sus clientes en América y en la región atlántica.

Hispasat y Gogo han trabajado conjuntamente para optimizar el diseño del satélite con el objetivo de proporcionar mayor rendimiento y capacidad para el mercado aeronáutico.

El Amazonas Nexus es un satélite de alto rendimiento que servirá de reemplazo al Amazonas 2 en la posición orbital de 61º Oeste. El nuevo satélite contará con una carga útil especialmente dedicada a la conectividad aérea y ofrecerá capacidades adicionales orientadas a verticales como la conectividad en movilidad, las comunicaciones corporativas o el despliegue de redes celulares. Además, embarcará un Procesador Digital Transparente de última generación (DTP por sus siglas en inglés), una innovación tecnológica que aumentará sustancialmente la flexibilidad del satélite, facilitando su adaptación a los cambios que puedan producirse en la demanda.

“Estamos muy satisfechos de apoyar a Gogo prestándole el mejor servicio para sus clientes de las líneas aéreas de todo el mundo”, aseguró Miguel Ángel Panduro, consejero delegado de Hispasat. “La asociación con Gogo pone de manifiesto el importante papel que Hispasat va a tener en la provisión de capacidad para servicios aéreos. El mercado de la conectividad en vuelo constituye un segmento creciente para la capacidad satelital y esperamos que sea una de las bases del futuro crecimiento de Hispasat», concluyó Panduro.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró este jueves que en el Ejecutivo serán “firmes” en combatir el llamado ‘pin parental’ que se ha impuesto en la Región de Murcia para que los padres puedan decidir la formación de género que reciben sus hijos en las aulas.

“El pin parental vulnera el derecho de los niños y niñas a la educación. Se trata de un derecho fundamental, de un derecho constitucional”, destacó Sánchez en un mensaje por redes sociales, respaldando así la iniciativa de recurrirlo que ha impulsado el Ministerio de Educación que lidera Isabel Celaá.

Por esa consideración, explicó Sánchez, Educación “recurrirá ante los tribunales la decisión del Gobierno de la Región de Murcia”. “Seremos firmes”, advirtió el jefe del Ejecutivo en un mensaje que enlaza con el vídeo de Celaá en el que anuncia la medida.

Educación recurrirá por la vía judicial «cualquier iniciativa dirigida a socavar el derecho a la educación y censurar la actuación de los centros docentes y su profesorado».

En un comunicado, el ministerio de Celaá subrayó que la imposición del denominado ‘pin parental’ por parte de la Región de Murcia a sus centros educativos -con el que se pretende que los padres de los alumnos tengan que autorizar de manera previa y expresa la asistencia de sus hijos a cualquier tipo de actividad celebrada en el centro escolar, recibiendo una información anticipada de todas ellas- «es contraria a la Ley Orgánica de Educación (LOE), las propias normas autonómicas de esta región, así como a la Ley Contra la Violencia de Género».

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Las tres principales organizaciones agrarias -Asaja, COAG y UPA- remitieron hoy una carta conjunta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para expresarle su «preocupación» por «la ausencia de atribuciones al Ministerio de Agricultura en materia de desarrollo rural» en el real decreto de este 12 de enero por el que se reestructuran los departamentos ministeriales del nuevo Ejecutivo.

En el caso del ministerio que dirige Luis Planas, se indica que será competente para la «ejecución de la política del Gobierno en materia de recursos agrícolas, ganaderos y pesqueros, de industria agroalimentaria y de alimentación».

Así Asaja, COAG y UPA lamentan que entre estas atribuciones no figure el desarrollo rural, «que sí estaba contemplado por el anterior real decreto del 7 de junio de 2018, máxime cuando esta materia, pilar esencial de la PAC, tampoco figura entre las atribuciones de ningún otro departamento ministerial».

En la misiva, las tres organizaciones afirman que el desarrollo rural es parte esencial de la política agraria «y se complementa de forma indisoluble con el resto de medidas e intervenciones que son de aplicación para asegurar el modelo europeo de agricultura, basado en explotaciones familiares y la asunción de importantes compromisos de producción, medioambientales, sociales y territoriales, que constituyen un todo alrededor de la actividad agraria y el medio rural.

A Asaja, COAG y UPA les preocupa «que los fondos que llegan a España destinados al desarrollo rural, fundamentalmente provenientes de la Unión Europea, pudiesen perder su configuración actual, siendo desgajada su gestión entre diversos ministerios y departamentos, ante las modificaciones en marcha en la estructura del Gobierno.

Las tres organizaciones coinciden en que debe ser el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación quien siga capitaneando la negociación y la aplicación de la política agraria de España, tanto en el Primer Pilar relativo a pagos directos y medidas de gestión de los mercados agrarios, como en el segundo pilar de la PAC, de Desarrollo Rural. A su juicio, ambos pilares son complementarios e indisociables.

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La presidenta de Microsoft España, Pilar López, aseguró este jueves que «la amenaza a la ciberseguridad es más real que nunca” y consideró que la mayoría de las empresas «no están preparadas para responder a un ataque que pueda paralizarlas por completo».

Durante los ‘Desayunos Esade’, López afirmó que, afortunadamente, estamos avanzando y cada vez se tarda menos en detectar un ciberataque.

«Antes pasaban 200 días desde que se producía uno hasta que la empresa atacada lo detectaba; en el caso de Microsoft, hemos reducido a horas ese número de días necesario para detectar un ataque. Las empresas tienen que aprender a protegerse y diseñar un plan global de seguridad que incluya la correcta gestión de la identidad, la detección de amenazas, la protección de datos y la monitorización unificada”, señaló.

Para la responsable en España de la tecnológica estadounidense, la clave para liderar el futuro está en la «intensidad tecnológica» (‘tech intensity’), como se conoce a la apuesta por “invertir en aquellas tecnologías que diferencian y potencian la capacidad competitiva de cada empresa”.

Una ecuación donde, en su opinión, no tiene cabida aquello que no sea un factor diferencial, “el resto es simplemente un ‘commodity’”, y donde las alianzas son fundamentales. “En Microsoft creemos que son la mejor forma de hacer crecer y desarrollar la tecnología, siempre y cuando se establezca un vínculo de confianza”.

“Para nosotros, la confianza es un elemento esencial. Está ligada íntimamente a la privacidad, como derecho fundamental; a la responsabilidad en el desarrollo tecnológico, desde el punto de vista de la transparencia, la equidad y la inclusión; y a la seguridad”, agregó.

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El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se reunió hoy con representantes de Cooperativas Agroalimentarias de España, a quienes reiteró su compromiso con un fomento de la integración de este sector «que favorezca un modelo cooperativo empresarial, profesionalizado y generador de valor y empleo».

Fue la segunda reunión con sectores de su departamento después de su toma de posesión esta legislatura, tras la primera que mantuvo ayer, miércoles, con las principales organizaciones agrarias.

El ministro expresó la importancia de que las cooperativas españolas alcancen una dimensión relevante que les permita hacer frente a los retos de una economía global en las mejores condiciones, en cuanto a capacidad de negociación, posibilidades de acceso a nuevos mercados y potencial innovador, según informó el ministerio en un comunicado al término de la reunión.

En el encuentro, las dos partes analizaron los principales temas de interés para el sector agroalimentario, como la situación de los mercados de aceite de oliva y del hortofrutícola, especialmente el de los cítricos, en cuyo ámbito el Ministerio trabaja con el objetivo de lograr la estabilización de los precios.

Asimismo, en el encuentro se abordaron aspectos relacionados con la reforma de la Política Agrícola Común (PAC). El ministro insistió en la defensa que hace España de un presupuesto suficiente para hacer frente a la mayor ambición ambiental y climática del nuevo periodo de programación.

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ManpowerGroup estima que la creación de empleo crecerá un 1,3% en 2020, con 261.000 nuevos puestos de trabajo, la peor cifra desde 2014 (205.000), por lo que la ocupación “entrará en un contexto de desaceleración, arrastrada por los menores avances de la construcción y de la ocupación pública”.

Así se recoge en su ‘Índice de empleo en 2020’ presentado este jueves, que revela que, pese a que este año se generarán nuevos puestos netos de trabajo, su censo será un 35,8% inferior a los 407.000 contabilizados durante el pasado ejercicio.

Los datos de la consultora de recursos humanos auguran una continuidad en la mejora de la ocupación, aunque a tasas más moderadas entre este año y 2021, añadiéndose unos 270.000 empleos de media en los dos años. Según su estudio, cogerá ritmo precisamente el próximo año y crecerá entonces un 1,4%, con un total de 279.000 empleos adicionales.

Durante la presentación del informe, el director de la región mediterránea de ManpowerGroup, Raúl Grijalba, aseguró que “es buena noticia que en un contexto de desaceleración se puedan crear en torno a 250.000 empleos anuales”, pero alertó de la “fragilidad” de ese crecimiento porque cualquier modificación excesiva en torno a la flexibilidad “marcaría la toma de decisiones empresariales”.

Grijalba puso el foco en “mantener y consolidar los 2,9 millones de empleos creados” y en “fomentar la creación de empleo estable, pero garantizando el crecimiento del país y la transformación de las organizaciones, en un contexto global de Cuarta Revolución Industrial”.

El informe fue desgranado por el catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona, Josep Oliver, que explicó que el empleo creado en los últimos años se correspondió especialmente al sector terciario, que aglutina en la actualidad el 75,5% del volumen total de ocupación, un 1,8% por encima del resto de países de la Eurozona.

Oliver también se refirió al sector de la industria, que aportó un 19,1% al crecimiento de empleo en 2019, pero que está todavía 13,3 puntos por debajo de los niveles previos a la crisis, y al de la construcción, que está un 53,5% por debajo de los registros de 2007 y que, según el catedrático, “será difícil que se recuperen porque están pagando los excesos de entonces”.

Asimismo, el informe destaca que la recuperación se ha caracterizado por una particular e intensa demanda de servicios turísticos, cuyo nivel de pernoctaciones alcanzó en 2019 una cifra récord de 343 millones y por el comercio exterior de bienes, especialmente las exportaciones, que registraron máximos históricos (289.000 millones de euros).

Esta circunstancia se ha reflejado en mayores aumentos del empleo de la hostelería, que ha pasado del 7% del volumen total entre 2000 y 2012 a casi el 8,7% en 2019, y de los servicios a las empresas, cuyo peso ha ascendido desde el 11,5% al 14,2%. En palabras de Oliver, estos dos sectores “han arrastrado el crecimiento del empleo en los últimos años”.

Sin embargo, el informe refleja que el sector del comercio está encontrando dificultades para avanzar a ritmos de expansiones en épocas postcrisis, ya que desde 2014 ha crecido un 1,3%, mientras que entre 1985 y 1991 avanzó un 4,1%, y entre 1997 y 2008, un 4,6%, “probablemente reflejando el impacto del cambio técnico en la oferta comercial”, aseguró Oliver.

ASALARIADOS

En cuanto a las características del empleo, el informe indica que el trabajo asalariado creció un 20,5% entre 2014 y 2019, situándose el pasado año un 1,8% por debajo de los registros anteriores a la crisis, mientras que los no asalariados crecieron un 2,1% y se sitúan un 15,7% por debajo del nivel previo a la crisis. Así, el 97,8% del empleo creado desde 2014 ha sido de asalariados.

Dentro del empleo asalariado, el empleo temporal creció un 38,9% entre 2014 y 2019, mientras que el indefinido aumentó un 15%. Sin embargo, el empleo temporal se sitúa un 17,8% por debajo de los valores que registraba en 2007, mientras que el indefinido se encuentra un 5,7% por encima.

En cuanto al tipo de jornada, la completa creció un 20,3% en el periodo 2014-2019 y la parcial, un 1,6%, pero la primera se sitúa un 7,6% por debajo del nivel de 2007 y la parcial acumula una ganancia del 23,1%. Por tanto, se desprende del informe que el 98,5% de todo el empleo generado desde 2014 ha sido de jornada completa.

En lo que respecta a la cualificación, en el periodo 2014-2019 creció un 18,7% y pasó de representar el 61% al 58% del total de empleo creado. Respecto al inicio de la crisis, aumentó la proporción de profesionales (del 19,7% al 22,2%) y de trabajadores cualificados (del 53% al 54,1%), mientras que se redujo la de técnicos (del 12,1% al 10,7%) y la de personal sin cualificar (del 15,1% al 13%).

FEMINIZACIÓN DEL EMPLEO

En cuestiones demográficas, Oliver señaló que “el proceso de feminización del empleo no para” y que “pronto habrá paridad en términos ocupacionales”, ya que, pese a que el empleo femenino (+16,2%) ha crecido menos que el de los hombres (+18,1%), se encuentra 5,4 puntos por encima de los niveles previos a la crisis. En cambio, el empleo masculino se encuentra un 11,1% por debajo de los registros de 2007.

Oliver destacó en este sentido la comparación de los datos actuales, en los que la aportación femenina al empleo es del 45,6%, con los de 1977, cuando la presencia de la mujer en el mercado laboral estaba representada con solo el 28%. Esto se debe, según el catedrático, a la “progresiva terciarización del mercado” y al “cambio sectorial, ya que la mujer tiene mayor facilidad de acceso al empleo en el sector servicios que en el de la construcción”.

ENVEJECIMIENTO DEL EMPLEO

Por edad, los trabajadores de más de 35 años aumentaron un 20,7% entre 2014 y 2019 y están un 19,8% por encima del nivel de 2007, mientras que los de 34 años o menos crecieron un 7,7% y se encuentran un 41,3% por debajo de su nivel en 2007, pasando de representar el 40% en 2007 al 24,9% en 2018.

El catedrático indicó que “el empleo crece más a medida que aumenta la edad”, siendo el grupo de personas entre 55 y 66 años el que más ha aumentado desde 1996 (+143,9%). Según Oliver, “la estructura del país presiona para que los ocupados vayan teniendo más edad”

AVANCE DE LA INMIGRACIÓN

Uno de los datos “más significativos” del informe para Oliver es el del avance de la ocupación inmigrante (+46,3%) por delante de la nativa (+12,4%) desde 2014, pero de manera “particularmente relevante” en 2018 y 2019, cuando el empleo inmigrante creció un 17,1%, frente al 1,9% del nativo.

Este avance refleja que los inmigrantes superan el nivel de empleo de la época anterior a la crisis de 2007 en un 6,7%, representando en la actualidad un 17,8% del total de la ocupación en España. El catedrático indicó que, por tipo de empleo, “los hombres están mayoritariamente en el sector de la construcción y en el peonaje industrial, mientras que las mujeres desarrollan trabajos de apoyo doméstico y acompañamiento de personas”.

Tanto Oliver como Grijalba hicieron hincapié en que “el futuro del empleo debe centrarse en la formación y las competencias de los profesionales. “Será eso lo que garantice nuevas oportunidades de acceso al mercado laboral y lo que impulse la productividad y competitividad de las compañías, aseguró Grijalba.

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