El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) avaló este jueves la designación de Dolores Delgado como fiscal general del Estado por 12 votos a favor y 7 en contra. El órgano de gobierno de los jueces dicta que la candidata cumple los requisitos legales exigidos para asumir el cargo. La decisión cuenta con un voto particular discrepante al que se han adherido varios vocales y varios votos concurrentes.
Tras una reunión de hora y media de duración se ha votado únicamente la propuesta presentada por el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, que se limitaba a afirmar que la candidata cumple con lo establecido, sin pronunciarse sobre su idoneidad.
En el inicio del encuentro se encontraban ausentes los vocales Vicente Guilarte y Wenceslao Olea. Tampoco estaba presente la vocal Pilar Sepúlveda, que intervino por videoconferencia. Los 19 asistentes han dado su punto de vista en la reunión.
Según fuentes del órgano de gobierno de los jueces la reunión ha discurrido en términos formalmente correctos pero los argumentos en contra del nombramiento de Dolores Delgado han sido duros.
Tal y como se preveía el CGPJ ha votado dividido sobre la idoneidad de un candidato a fiscal general del Estado por primera vez. Se han presentado varios votos concurrentes, es decir que sus autores reconocen que Delgado cumple con los requisitos legales para ocupar el cargo pero creen que no es idónea y que debería abstenerse de tomar decisiones en relación a la causa del ‘procés’. También se ha formulado un voto particular al que se adhieren varios vocales discrepantes de los que fueron nombrados a propuesta del PP.
El nombramiento de Delgado va a ser de los más polémicos de los vistos en democracia aunque no el único. Hasta ahora sus antecesores han pasado el examen de idoneidad con un voto en contra como máximo, salvo en el caso del también ministro Javier Moscoso, que pasó de ser titular de Presidencia a ser fiscal general del Estado, con seis votos en contra.
El examen del candidato a fiscal general del Estado es preceptivo, pero no vinculante para el Ejecutivo que nombra a la persona que ocupará el cargo. El sector conservador del CGPJ no oculta su “profundo malestar” por este nombramiento que interpreta como un intento de someter a la Fiscalía a los intereses del Gobierno y han barajado durante el día la posibilidad de forzar una segunda votación sobre la imparcialidad de Delgado.
Los vocales conservadores se habían planteado la idea de forzar una segunda votación que fuera más allá de la valoración de los requisitos que exige la ley para ser nombrado fiscal general del Estado y que Delgado cumple sobradamente.
Una valoración subjetiva de este tipo ya se planteó en 1997 con motivo de la elección de Jesús Cardenal a propuesta del Gobierno de José María Aznar. En aquella ocasión el pleno apoyó su idoneidad pero mostró su preocupación por determinadas manifestaciones del candidato que consideraron contrarias a los preceptos constitucionales en relación al divorcio o al matrimonio homosexual.
También la elección de Eligio Hernández en 1992, bajo gobierno socialista, fue controvertida. Estuvo sólo dos años en el cargo y lo abandonó poco antes de que el Tribunal Supremo dictaminara que su nombramiento fue ilegal por no contar con al menos 15 años de ejercicio como jurista.
El Gobierno calcula que a principio de febrero, Delgado podría tomar posesión de su cargo una vez pasado el examen de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, tras lo cual su nombramiento será votado en pleno. Hasta entonces el teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas ocupará el cargo en funciones.
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