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El CGPJ afronta un debate bronco sobre la idoneidad de Dolores Delgado, con ausencia de dos de sus vocales

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está reunido desde las 17.00 horas para evaluar si Dolores Delgado cumple con los requisitos establecidos por la ley para ser nombrada fiscal general del Estado. Su presidente, Carlos Lesmes, remitió esta mañana a sus 20 vocales una propuesta de informe en la que se limita a afirmar que la candidata cumple con lo establecido, sin pronunciarse sobre su idoneidad.

En el momento del inicio de la reunión se encontraban ausentes los vocales Vicente Guilarte y Wenceslao Olea. Tampoco estaba presente la vocal Pilar Sepúlveda, que tiene previsto intervenir por videoconferencia.

El CGPJ está compuesto por veinte vocales y su presidente. Son Rafael Fernández Valverde, Vicente Guilarte Gutierrez, Álvaro Cuesta Martínez, José Antonio Ballestero Pascual, Gerardo Martínez Tristán, Enrique Lucas Murillo de la Cueva, Clara Martínez de Careaga García, Juan Martínez Moya, Roser Bach Fabregó, Nuria Díaz Abad, Rafael Mozo Muelas, Wenceslao Francisco Olea Godoy, Carmen Llombart Pérez, Pilar Sepúlveda García de la Torre, María Concepción Sáez Rodríguez, Juan Manuel Fernández Martínez, María Victoria Cinto Lapuente, María del Mar Cabrejas Guijarro, José María Macías Castaño y María Ángeles Carmona Vergara.

Los informes de valoración sobre anteriores candidatos a ocupar la Fiscalía General del Estado se pronunciaban explícitamente sobre su idoneidad para el cargo, un matiz que ahora evita Lesmes para concitar consensos, según indican fuentes del CGPJ. Así, se limita a asegurar que cumple con los requisitos previstos en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para el puesto.

Previsiblemente la propuesta de Lesmes saldrá adelante, no sin polémica, ya que vocales conservadores del CGPJ intentarán forzar una doble votación: en la primera de ellas se aprobaría su idoneidad formal como jurista española de prestigio con más de 15 años de experiencia, mientras que la segunda valoraría de manera subjetiva la imparcialidad de la candidata que ha sido ministra de Justicia del Gobierno socialista.

El examen del candidato a fiscal general del Estado es preceptivo, pero no vinculante para el Ejecutivo que nombra a la persona que ocupará el cargo. El sector conservador del CGPJ no oculta su “profundo malestar” por este nombramiento que interpreta como un intento de someter a la Fiscalía a los intereses del Gobierno.

En principio, Delgado encajaría en ese perfil idóneo puesto que es jurista española, con 15 años de experiencia y de reconocido prestigio. Las dudas de los sectores conservadores se centran en si será imparcial a la hora de ejercer el cargo, teniendo en cuenta que acaba de cesar como ministra de Justicia y que ha sido diputada en las filas socialistas.

A lo largo del día se han ido matizando las posiciones de quienes pretendían directamente votar en contra de la idoneidad de Delgado y con las horas se abrió paso una postura menos radical que apuesta por reconocer que la candidata cumple con los requisitos que establece la ley pero, advirtiendo de que su nombramiento puede perjudicar la imagen de la Fiscalía.

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