La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, remitió este mismo viernes un requerimiento a la Consejería de Educación y Cultura de la Región de Murcia para que “excluya el ‘pin parental’ en las instrucciones de comienzo de curso” y así no tener que acudir a los tribunales en caso de que el gobierno murciano desoiga este aviso.

Así lo aseguró Celaá en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, como reclamo de que “la legalidad se restablezca”.

En su web, Vox, que apuesta por el ‘pin parental’ para mantener su apoyo político al Gobierno de la Región de Murcia, explica que el denominado ‘pin parental’ busca combatir el “evidente adoctrinamiento en ideología de género” de los menores a través de una solicitud de los padres que va dirigida a los directores de los centros educativos de sus hijos.

En ella solicitan que se les informe “previamente, a través de una autorización expresa sobre cualquier materia, charla, taller o actividad que afecte a cuestiones morales socialmente controvertidas o sobre la sexualidad”, que puedan resultar “intrusivos para la conciencia y la intimidad” de los hijos, “de tal modo que como padre o madre pueda conocerlas y analizarlas de antemano, reflexionar sobre ellas y en base a ello dar consentimiento o no” para que el alumno bajo su tutela asista a dicha formación.

La herramienta, según Celaá, “vulnera el derecho fundamental constitucional de los niños a ser educados” y “excede con mucho las propias competencias del centro educativo, que tiene atribuidas por ley”.

La ministra también subrayó que el ‘pin parental’ afectaría a las denominadas actividades “complementarias” y que éstas también “son currículum básico” que “determina el centro y que se aprueba en Consejo Escolar donde tienen presencia las familias”. “Forman parte de ese tronco del curriculum de obligado cumplimiento”, recalcó y no son actividades voluntarias.

Por ello, insistió en que, frente al ‘pin parental’ “no podemos pensar que los hijos pertenecen a los padres” y en la defensa del “interés superior del menor”.

“Si esto fuera considerado, podríamos llegar a que surgiera un absurdo de que un grupo antivacunas no quisieran que los niños no fueran educados en la importancia terapéutica de las vacunas, o que la niñas, por el hecho de serlo, no tienen el mismo derecho a la educación que los niños”, comparó.

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Amnistía Internacional alertó este viernes de que el conocido como ‘PIN parental’, que permite a los padres vetar la presencia de sus hijos en talleres o charlas escolares con ideas con las que no comulgan, puede dar lugar a “situaciones absurdas” como que familias negacionistas impidan a su hijo aprender sobre la teoría de la evolución de Darwin.

Este PIN que defiende Vox, y que se pondrá en marcha en Murcia con la connivencia de PP y Ciudadanos, permite que los padres de los estudiantes decidan sin consecuencias a qué charlas o actividades extracurriculares acuden sus hijos, como talleres de salud afectivo sexual o diversidad LGTB.

“Sería aceptar la idea de que estas actividades que ayudan a no discriminar son negativas”, denunció el responsable de Educación de Amnistía Internacional en España, Carlos Sanguino. La ONG asegura que esta propuesta dejaría a varios alumnos sin formación en derechos humanos como el respeto a la diversidad sexual por decisión de sus progenitores.

“La necesidad de derechos humanos en el aula no es un invento español; hay una veintena de países de la Unión Europea que incluyen asignaturas y programas de derechos humanos sin gran debate o polémica. La necesidad de enseñar contenidos sobre diversidad, mujer o educación sexual tampoco es un invento español”, dijo Sanguino.

El Gobierno de España ya ha avanzado su intención de combatir el PIN parental para evitar que se ponga en marcha en comunidades autónomas como Murcia, donde se hará efectiva una “autorización expresa de las familias para la participación de sus hijos en actividades complementarias”, permitiendo así que los padres veten la presencia de sus hijos en determinados talleres, según el acuerdo de presupuestos firmado por PP, Ciudadanos y Vox.

“Esto supondría poner por encima el interés de las familias al interés superior del menor y su derecho a tener herramientas que le permitan identificar y combatir situaciones de discriminación en su vida diaria”, alertó Amnistía Internacional.

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El Consejo de Ministros aprobó este viernes el nombramiento de Sara Aagesen, asesora de la ministra Teresa Ribera en la anterior legislatura, como secretaria de Estado de Energía, puesto en el que sustituirá a José Domínguez Abascal.

Así lo explicó la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo, donde destacó el papel de Aagesen en el diseño del borrador del Plan Nacional Integral de Energía y Clima 2021-2030 y en la estrategia de largo plazo a 2050.

La nueva secretaria de Estado -ingeniera química por la Universidad Complutense de Madrid (UCM)- representó a España en la comisión negociadora de la cumbre climática COP25, celebrada el pasado diciembre en Madrid.

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El sector de Enseñanza de FeSP-UGT apoya las declaraciones y las medidas anunciadas por la ministra de Educación, Isabel Celaá, en relación a la imposición del ‘pin parental’ y “no va a tolerar” lo que considera un “ataque” al profesorado de los centros públicos, a través de esta herramienta que, según Vox busca la autorización de los padres para combatir la ideología de género.

En una nota, UGT apunta que considera “intolerables” las acciones que algunas comunidades autónomas como la Región de Murcia están adoptando en relación al ‘pin parental’, “una iniciativa que pretende que los padres del alumnado tengan que autorizar su asistencia a actividades complementarias en el centro escolar, ya que supone una medida de imposición dirigida a socavar el derecho a la educación y pretende condicionar los proyectos educativos de los centros docentes y su programación anual”.

El sindicato recuerda que “ya existen mecanismos suficientes recogidos en la Ley de Educación que regulan con precisión la autonomía de los centros y los sistemas de desarrollo y control de los proyectos educativos de los centros docentes, su programación general anual e incluso las competencias reguladas legalmente de los órganos colegiados o de su profesorado”.

Por ello, el Sector de Enseñanza manifiesta que «el ‘pin parental’ no sólo es ilegal, sino que es una injerencia ante la labor que desarrollan los profesionales de la educación en los centros y supone un grave ataque al derecho del alumnado a una educación que permita su desarrollo integral”.

En su web, Vox explica que el denominado ‘pin parental’ busca combatir el “evidente adoctrinamiento en ideología de género” de los menores a través de una solicitud de los padres que va dirigida a los directores de los centros educativos de sus hijos. En ella solicitan que se les informe “previamente, a través de una autorización expresa sobre cualquier materia, charla, taller o actividad que afecte a cuestiones morales socialmente controvertidas o sobre la sexualidad”, que puedan resultar “intrusivos para la conciencia y la intimidad” de los hijos, “de tal modo que como padre o madre pueda conocerlas y analizarlas de antemano, reflexionar sobre ellas y en base a ello dar consentimiento o no” para que el alumno bajo su tutela asista a dicha formación.

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La exposición ‘Del SiDa NoDa a #SiemprePreservativo. Tres décadas frente al VIH y el Sida’ finalizará su presencia en Madrid el próximo domingo, 19 de enero, para iniciar un recorrido por diferentes comunidades autónomas. El nuevo ministro de Sanidad, Salvador Illa, visitó hoy la muestra, instalada en el Museo Nacional de Artes Decorativas.

Se trata de la primera exposición que organiza el Ministerio de Sanidad para mostrar a la ciudadanía las diferentes campañas institucionales que a lo largo de más de 30 años ha realizado el Gobierno de España para hacer visible la epidemia del VIH, prevenirla y sensibilizar sobre ella, según informa en un comunicado.

La exposición, inaugurada el pasado 28 de noviembre en el Museo Nacional de Artes Decorativas, ha sido solicitada, por el momento, por la Comunidad Valenciana, Asturias, Islas Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha y Galicia.

“A través de los videos, carteles y diversos materiales de las distintas campañas que recoge la muestra, se puede observar el cambio de percepción y conocimiento de la sociedad respecto al VIH y el sida”, considera la administración.

La primera campaña que se realizó, ‘SiDa NoDa’ (1988), mostró a la sociedad una enfermedad “desconocida, contagiosa y mortal”, de la que la inmensa parte de la población desconocía sus formas de contagio.

La última campaña, ‘#SiemprePreservativo’, lanzada en junio de 2019, sigue promoviendo el uso del condón para evitar el contagio de VIH y otras Infecciones de Transmisión Sexual entre la población más joven, tras detectarse un repunte del contagio de estas últimas, sobre todo de gonorrea.

El Ministerio de Sanidad recuerda con esta iniciativa que la prevención es tan necesaria como hace 40 años, cuando se detectaron los primeros casos de VIH. En 2018 fueron diagnosticados 3.244 nuevos casos de VIH en España. El 85% de ellos en hombres.

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La Policía Nacional desarticuló una división asentada en España de la organización criminal trasnacional United Tribuns y detuvo durante la operación policial a 16 personas, además de registrar 18 inmuebles, fincas y locales.

La operación, con la colaboración de Europol y la BKA alemana, concluyó con la desarticulación de esta división española de la banda criminal que operaba en España bajo la apariencia de legalidad para controlar el tráfico de drogas en Mallorca mediante el enfrentamiento violento con otros grupos rivales.

Esta organización habría blanqueado los beneficios procedentes de sus actividades ilícitas mediante un entramado empresarial dedicado a proporcionar a los miembros contratos y nóminas fraudulentas. Además, contaba con fuertes vínculos en la extrema derecha radical y violenta.

Esta división española de United Tribuns formaba parte de una estructura internacional con presencia en otros países como EE.UU, Alemania, Austria, Bosnia, Bulgaria, Dinamarca, Francia, Italia, Suiza, Tailandia y Turquía. Los miembros de esta red se encuentran vinculados al tráfico de drogas, a la explotación de mujeres para la prostitución y al ajuste de cuentas con bandas rivales.

REDES SOCIALES

En la investigación, se descubrió la intensa actividad en redes sociales de la organización, a través de cuantiosos perfiles creados para la difusión de postulados radicales. En estas cuentas se observaron las vinculaciones que mantenían los miembros de la organización con otras extremistas neonazis, nacionales e internacionales.

La organización criminal funcionaba bajo una apariencia de legalidad similar a la de conocidas bandas moteras como Ángeles del Infierno o Satudarah, pero durante los registros realizados se descubrió un laboratorio de speed y ketamina, oculto en un trastero en el que se incautó una gran cantidad de productos químicos y alrededor de 1 kilogramo de cocaína.

Durante los registros también se incautaron materiales de equipamiento policial como placas de Policía Nacional, así como balizas GPS para instalar a las organizaciones criminales rivales y controlar sus movimientos, una pistola táser y un sacabombines para la apertura de puertas.

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Fundación ONCE y Fundación Smedia (Grupos Smedia) firmaron este viernes un convenio de colaboración por el que se comprometen a trabajar juntas en la mejora de la accesibilidad de las personas con discapacidad al teatro.

Concretamente, el acuerdo lo suscribieron José Luis Martínez Donoso, director general de Fundación ONCE, y Enrique Salaberria, presidente de Grupo Smedia, quienes coincidieron en señalar que la plena inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad implica su participación en todos los ámbitos de la vida, incluido el cultural.

Desde esta perspectiva, Martínez Donoso puso el acento en la importancia de que los agentes culturales sean sensibles a las necesidades de los espectadores con discapacidad y contribuyan así a hacer realidad su plena inclusión.

Por su parte, Enrique Salaberria destacó la enorme responsabilidad social que debe tener la cultura y, en particular, el sector de las artes escénicas, para impulsar y llevar a cabo los trabajos necesarios que contribuyan a mejorar la vida del conjunto de la sociedad.

Desde esta perspectiva, Fundación Smedia (y por extensión el Grupo Smedia) y Fundación ONCE se comprometen a impulsar acciones conjuntas para mejorar la accesibilidad universal en la actividad teatral gestionada por las empresas del citado grupo en diferentes ciudades españolas.

Estas acciones se centrarán en la promoción y mejora de la accesibilidad universal y el diseño para todas las personas de los teatros del Grupo Smedia, en la formación del personal en materia de accesibilidad universal e inclusión social y en estudiar la incorporación de personas con discapacidad dentro de los diferentes equipos de trabajo.

Con más de cien estrenos y un millón de espectadores anuales, Grupo Smedia, es el grupo empresarial líder en gestión de teatros en Madrid y, también, uno de los principales grupos de España en gestión de teatros. El citado grupo cuenta con una trayectoria de prolongado e intenso trabajo dedicado a la promoción cultural, y en especial, a la producción, realización y distribución de obras de teatro y espectáculos de primer nivel, con la rotunda vocación de facilitar la accesibilidad universal a sus instalaciones y alcanzar la satisfacción de los espectadores.

Teatro Edp Gran Vía, Teatro Cofidis Alcázar, Teatro Fígaro y Pequeño Teatro Gran Vía son los recintos que adoptarán las medidas pertinentes para asegurar la accesibilidad universal, en igualdad de condiciones con las demás personas. Cabe destacar el Teatro Albéniz, un histórico de la ciudad de Madrid que volverá abrir sus puertas en otoño de 2020, y que nacerá como un teatro accesible, tanto en sus instalaciones como en la incorporación de personas con discapacidad a sus equipos de trabajo.

Para la puesta en marcha de estas mejoras, Fundación ONCE asesorará al Grupo Smedia, especialmente en el diseño y ejecución de las acciones en las que sea necesaria una visión inclusiva de las personas con discapacidad.

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El presidente de la Confederación Estatal de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) y vicepresidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Anxo Queiruga, planteó al nuevo Gobierno que “tiene que ser prioritario legislar de una vez por todas la figura de la asistencia personal”, que en su opinión, transcurridos 13 años desde la aprobación de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, continúa en el “limbo”.

Queiruga se expresa en estos términos en un artículo de opinión publicado en el boletín ‘Cermi.es semanal’, en el que señala que tenemos que tener todas las posibilidades de alcanzar una autonomía plena y, para ello, es fundamental que el Gobierno sea consciente de la importancia de apostar por la autonomía de las personas y de que se trata de un derecho que tiene que estar garantizado en cualquier lugar del país”.

Además, califica de “intolerable” que “ni si quiera un 1% de todas las prestaciones para personas en situación de dependencia de nuestro país sean para asistencia personal. Muchas personas de nuestro grupo social siguen en la estacada, incluso hay seis comunidades donde no hay ni una sola persona con esta prestación y las iniciativas que se están poniendo en marcha son, en muchos casos, sucedáneos de asistencia personal, que en realidad no permiten desarrollar una verdadera vida independiente».

Igualmente, defiende que la legislación sobre derechos de las personas con discapacidad tenga la misma fuerza que las leyes sobre otros asuntos. A su juicio, “la legislación que los recoge tiene que tener el mismo peso que el resto del ordenamiento jurídico, estableciendo los mecanismos necesarios para que todos los horizontes que se van marcando se cumplan una vez llegada la fecha”.

De este modo, pone como ejemplo que “de nada nos sirve tener una normativa avanzada si a la hora de la verdad las empresas siguen sin reservar el 2% de sus puestos de trabajo a las personas con discapacidad”.

Por otra parte, la publicación contiene un reportaje que aborda la necesidad de seguir mejorando la accesibilidad de los cruceros, a partir del I Congreso Internacional TUR4all de destinos accesibles de cruceros, que tuvo lugar en Valencia el pasado mes de diciembre.

El nuevo número de ‘Cermi.es semanal’ contiene también una entrevista con Pilar Morales, activista del sector de la discapacidad que llegó a ser presidenta de Cermi Región de Murcia y que sigue muy ligada a la lucha por la igualdad de los derechos de esta parte de la ciudadanía.

También incluye una entrevista con la cantante Carmen Linares y una reseña sobre el libro ‘El derecho a la vida familiar de las personas con discapacidad’, de Cristina Guilarte, que desgrana las principales barreras que siguen existiendo en este sentido.

Por último, ‘Cermi.es semanal’ repasa toda la actualidad sobre discapacidad de la última semana, destacando las iniciativas legislativas registradas por Ciudadanos en el Congreso de los Diputados y en el Senado para acabar con las esterilizaciones no consentidas por razón de discapacidad, práctica que mayoritariamente sufren las adolescentes y mujeres.

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La nueva ministra de Igualdad, Irene Montero, aseveró este viernes en el segundo Consejo de Ministros del gobierno de coalición que «el pin parental (que impulsa Vox) rompe claramente el Pacto de Estado contra la Violencia de género» y anunció que comparecerá a petición propia en la comisión de seguimiento de esta pacto tanto en el Congreso como en el Senado para abordar esta cuestión..

En su opinión, el ‘pin parental’ que ha impuesto Vox en Murcia y quiere hacerlo también en Madrid, que impide que los estudiantes acudan a formación en igualdad, derechos humanos o contra la violencia de género, como recoge la Lomce, si sus padres no lo autorizan «es un elemento claro de censura educativa.»

«Es una clara ruptura del Pacto de Estado contra la violencia de género», destacó Montero, y luego agregó que «los niños de padres homófobos o machistas tienen derecho a recibir educación afectivo sexual», saber que pueden amar a quienes quieran y cuando quieran

La educación en valores igualitarios es uno de los pilares de la democracia y de este Gobierno«, concluyó.

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El Consejo de Ministros aprobó este viernes el nombramiento como secretario de Estado de Seguridad de Rafael Pérez Ruiz, hasta ahora jefe de Gabinete en el Ministerio del Interior, y como directora de la Guardia Civil a María Gámez, que era en la actualidad la subdelegada del Gobierno en Málaga.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo, la portavoz del mismo, María Jesús Montero, confirmó la designación de estos dos altos cargos de Interior, cuyos nombres se venían barajando en los últimos días.

Sobre el nombramiento de Gámez como directora de la Guardia Civil, Montero dijo que es un “orgullo” que haya sido el gabinete de Pedro Sánchez el primero que haya designado a una mujer al frente de la Benemérita.

Gámez es licenciada en Derecho, experta en Derecho Constitucional Sanitario y diplomada por el Programa de Alta Dirección de Empresa del Instituto Internacional de San Telmo. Es funcionaria del Cuerpo Superior de Administradores Generales de la Junta de Andalucía.

EXPERIENCIA EN GESTIÓN

La nueva responsable de la Benemérita ha desarrollado gran parte de su labor profesional en la Junta andaluza, donde ha sido delegada del Gobierno autonómico en la provincia de Málaga y ha trabajado en la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz. También ha sido concejal del PSOE en la capital malagueña.

Asimismo, el Consejo de Ministros nombró este viernes como secretario de Estado de Seguridad a Rafael Pérez Ruiz, hasta ahora jefe de Gabinete del titular del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Pérez es licenciado en Derecho, juez de carrera y ha sido letrado del Consejo General del Poder Judicial, donde ejerció la jefatura de la sección de Oficina Judicial. Como juez ha desempeñado sus funciones en diversos juzgados de primera instancia e instrucción y en el juzgado de lo penal número 1 de Córdoba.

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El 30% de los españoles considera que el desarrollo de máquinas y sistemas basados en la inteligencia artificial empeorará la sociedad, según el estudio de la Fundación BBVA ‘Valores y actitudes en Europa hacia la ciencia, la tecnología y la naturaleza’ presentado este viernes en la sede de la entidad en Madrid.

El estudio, que tiene como objetivo conocer el conjunto de creencias, valores y preferencias de los ciudadanos de los cinco países más poblados de la Unión Europea, indica que aunque el 49% de los españoles considera que mejorará la vida, el 30% cree que la empeorará.

Sin embargo, España es el país más optimista. En el resto de países analizados (Alemania, Francia, Reino Unido e Italia), la media refleja que el 44% de los entrevistados cree que el desarrollo de máquinas y sistemas basados en la inteligencia artificial empeorará la sociedad. Destaca Francia sobre el resto de países. Además, en todos hay un porcentaje significativo que no se pronuncia al respecto. En España, ese porcentaje es del 21%.

La energía nuclear es la tecnología que menos gusta a los españoles, ya que el 45% considera que hará empeorar su vida. Por el contrario, 9 de cada 10 (89%) encuestados en España contestó que la energía solar “hará que mejore” su vida. Los ordenadores (77%), Internet (75%) y el teléfono móvil (75%) también son tecnologías que consideran que mejorarán la vida.

En comparación con los otros cuatro países encuestados, España se diferencia del promedio porque expresa expectativas más favorables hacia todas las aplicaciones.

El director de la Fundación BBVA, Rafael Pardo, valoró estos resultados explicando que hay una «asociación entre ciencia y progreso social». «Va unido», afirmó.

En líneas generales, los resultados del estudio reflejan que la medicina y la salud, junto a los temas medioambientales son los que más interesan a la población española, que se sitúa por encima de la media de los otros países en el interés que expresan.

En cuanto a las herramientas de comunicación, el teléfono móvil, seguido de la televisión e Internet son los medios que consideran más importantes; las redes sociales, las que menos.

Cuando se pregunta a los ciudadanos si creen que la ética debe poner límites a los avances científicos, en todos los países, salvo España, la mayoría considera que sí debe hacerlo, destacando en esta posición los alemanes, seguido de los franceses. En el caso de los españoles, tan solo el 36% cree que la ética debe poner límites a la ciencia, en comparación con el 55% que cree que la ética no debe ponerlos.

METODOLOGÍA

La investigación, llevada a cabo de abril a julio de 2019, estudia la opinión sobre ciencia, tecnología y naturaleza de Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido. En cada país se ha preguntado, a través de una encuesta administrada cara a cara en el hogar, a 1.500 personas mayores de 18 años.

Este tercer estudio fue precedido por uno dedicado al ámbito público, en el que se trataban temas como la política, la economía o los medios, y otro dedicado a la esfera privada (referido a religión, ética y moral).

El trabajo de campo ha sido coordinado y ejecutado por la red de la empresa de investigación de mercados ‘Ipsos’. Del diseño y análisis del estudio se encargó el Departamento de Estudios Sociales y Opinión Pública de la Fundación BBVA.

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El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, expresó este viernes su temor a que la Fiscalía esté avanzando ya «por un sendero que ha fijado» el Gobierno al proponer a Dolores Delgado como fiscal general del Estado.

Bal expresó ese temor en rueda de prensa al conocer que la Fiscalía de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo “no se opone” a que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, siga en su cargo en tanto no se resuelva el recurso presentado por su defensa ante el Supremo en contra de su inhabilitación.

«No quisiera ser malvado y empezar a pensar que ya camina por un sendero que ha fijado» el Gobierno, aseguró. «Quiero seguir teniendo confianza en el Ministerio Fiscal».

Sin embargo, alertó de que esa decisión «no es más que prolongar la agonía del señor Torra», porque es previsible que en pocos días su inhabilitación sea firme y se preguntó por ello los motivos de que la Fiscalía persista en esa posición.

Bal dejó claro que quiere mantener la confianza en la Fiscalía «hasta que se me demuestre lo contrario».

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El Grupo Parlamentario de Vox registró una proposición no de Ley sobre un Plan Hidrológico Nacional y un sistema

nacional de recursos hídricos que garantice el suministro de agua para todos los españoles.

Vox presentó esta proposición al considerar que el agua es un bien de todos, indispensable y generador de riqueza. Entiende así que es «de extrema necesidad» un Plan que abarque todas las demandas hidrológicas de las regiones de España y un sistema nacional de suministros hídricos que «integre la gestión de cuencas y garantice el acceso al agua de todos los españoles», según afirma un comunicado del partido.

El plan que propone Vox, responde a «las exigencias ambientales de los ríos españoles, estableciendo un sistema nacional de tratamiento, saneamiento y depuración de aguas residuales para su posterior reutilización».

Según la formación, la implantación de un verdadero plan hidrológico se debe impulsar la creación de una

«autoridad única» que coordine las actuaciones necesarias para llevar a cabo una gestión del agua «sometida al bien común».

Frente a la división y «reparto desigual» del agua en los diferentes territorios, Vox presentó este plan para que se promueva «el interés general y vertebre nuestra nación» garantizando el acceso igualitario del agua.

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El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) anuló este viernes el decreto de la Generalitat que permitía la reapertura de las ‘embajadas’ catalanas. La decisión se opone así a la intención del Gobierno de Quim Torra de volver a abrir delegaciones en seis países: Reino Unido e Irlanda, Alemania, Estados Unidos, Italia, Suiza y Francia. Todas ellas quedaron clausuradas con motivo de la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

El TSJC estima así el recurso presentado por el Ministerio de Asuntos Exteriores contra ese precepto de la Generalitat que declara nulo. Además, el tribunal condena al Gobierno catalán al pago de las costas hasta el límite de 2.000 euros.

El recurso presentado por el Ministerio de Asuntos Exteriores señala que la Generalitat catalana incumplió la ley que establece que las comunidades autónomas tienen que informar previamente al Ejecutivo central de la apertura de delegaciones para la promoción exterior de la región.

La sentencia establece que el caso se derive a los Ministerios de Asuntos Exteriores y al de Hacienda. Ambos departamentos tendrán que comunicar la propuesta y, en virtud de los principios de unidad de acción y eficiencia de la gestión de los recursos públicos, deberán adoptar una determinación para la adecuación «al orden competencial».

En sus informes, que deben aportar en los próximos 10 días, ambos ministerios tienen que constatar «la fecha de entrada de la solicitud en el órgano». Por el momento, la justicia catalana considera que la Generalitat no realizó los trámites pertinentes para la aprobación.

Según el TSJC, el procedimiento «se desarrolló aparentemente en un solo día, el 25 de junio, emitiéndose los informes en esa fecha o en la siguiente, el propio 26 de junio, en que fue aprobado por el Govern de la Generalitat».

El Tribunal Superior destaca la «palmaria vulneración, en la elaboración y aprobación» del decreto para la restitución de las delegaciones, así como la «nulidad de pleno derecho de dicha disposición general».

Exteriores no ha seguido la línea de recurrir las reaperturas de las llamadas ‘embajadas’, ya que en septiembre del pasado año el Govern aprobó otros seis decretos para reabrir delegaciones en el extranjero que no fueron recurridos.

En el caso de los decretos de creación de nuevas ‘embajadas’ en Argentina, Túnez y México, el Gobierno cree que algunos fallos de anteriores decretos se han subsanado y se reserva la posibilidad de acudir a la justicia para su cierre en caso de que se vulnere la legalidad, aunque en un primer momento pidió la paralización cautelar de su apertura.

En la actualidad, la Generalitat cuenta con 16 oficinas abiertas en el extranjero. Tras el cierre de todas las ‘embajadas’, menos la de Bruselas, con la aplicación del artículo 155, la Generalitat reabrió varias al dejar de estar tutelada por el Estado y lo hizo sin permiso, por lo que su decisión fue recurrida. Sobre ella se ha pronunciado este viernes el TSJC.

Ya en septiembre pasado, la Generalitat aprobó seis nuevos decretos y Exteriores no los recurrió. Se trata de las ‘embajadas’ de Londres, París, Washington, Roma, Berlín y Ginebra. Precisamente, el ministerio había pedido la paralización cautelar en Londres, Berlín y Ginebra por entender que trabajaban a favor del proyecto independentista pero el TSJC la rechazó por “extemporánea”.

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El expresidente socialista de la Generalitat de Cataluña José Montilla descartó este viernes en el ‘Fórum Europa. Tribuna Catalunya’ que en EL momento político actual se pueda reeditar un gobierno tripartito en Cataluña.

Montilla recordó en el encuentro informativo que organizó en Barcelona Nueva Economía Fórum que cuando se habla de un gobierno tripartito “nos referimos a un Ejecutivo catalanista y de progreso” que tuvo dos etapas, una con Pasqual Maragall al frente y otra con el propio Montilla, pero “la sociedad catalana ha cambiado y la correlación de fuerzas en el Parlamento también”.

Por ello, opinó que no es el momento de copiar “cosas del pasado” y añadió que “ni los partidos son los mismos”, poniendo como ejemplo que en aquella etapa en los programas electorales no se hablaba ni de consultas ni de referéndums ni de independencia, en alusión a las formaciones nacionalistas.

En cualquier caso, dijo que en el contexto actual de Cataluña, en el que no se sabe si se convocarán elecciones, hablar de escenarios sobre un posible acuerdo de gobierno tripartito “tiene poco sentido”.

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El portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, elogió este viernes el «buen criterio» de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que discreparon en un voto particular de la idoneidad de Dolores Delgado para ser Fiscal General del Estado.

En rueda de prensa en el Congreso, Edmundo Bal reiteró que su partido ya avanzó que considera «inidóneo» ese nombramiento por el «evidente perfil político» de Delgado, que no se corresponde con los principios con los que debe funcionar la Fiscalía.

Denunció que nunca en cuarenta años de democracia se había procedido a una propuesta «con esta falta de pudor, sinvergonzonería, falta de decoro» y sin respetar siquiera «las formas» requeridas.

A continuación explicó Bal que el CGPJ debe pronunciarse sobre la «idoneidad» de ese perfil pero esta vez se ha pronunciado solo sobre el cumplimiento de los requisitos jurídicos, que son solo dos: ser español y tener más de quince años de antigüedad en la carrera.

Recordó que cuando se nombró a María José Segarra el informe del CGPJ fue unánime, y aunque ella procedía de la Unión Progresista de Fiscales, resaltó, incluso los vocales «conservadores» también la consideraron idónea. siete vocales «con buen criterio» han emitido un voto particular en el que expresan que Dolores Delgado es una persona «francamente inidónea» para ese puesto.

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El expresidente de la Generalitat José Montilla valoró positivamente este viernes en el ‘Fórum Europa. Tribuna Catalunya’ el acuerdo político que facilitó la investidura y la formación del Gobierno de coalición de de Pedro Sánchez, pero indicó que nadie debe pensar que será un camino sencillo porque los partidos de derecha, según dijo, arremeterán constantemente contra el Ejecutivo.

Montilla pidió en el encuentro informativo que organizó Nueva Economía Fórum en Barcelona al independentismo que asuma el fracaso de la vía unilateral y añadió que desde la política estatal se debería entender que el ‘procés’ expresa un malestar basado en la existencia de problemas reales en el autogobierno catalán.

En este contexto, consideró positivos “los actos de coraje” que, según él, protagonizaron Pedro Sánchez y Oriol Junqueras y sus fuerzas políticas para cerrar un acuerdo para intentar dar respuesta “al laberinto político” en el que está inmersa España.

Además de constatar que tendrán que hacer frente a los discursos patrióticos de una derecha y un centro derecha con muchas dificultades, a su juicio, para entender los problemas de fondo que hay que abordar en Cataluña.

Reconoció que la mesa bilateral de diálogo abierta tras la negociación entre el PSOE y el PSC con ERC para ahondar en el debate político se ha cerrado en unas circunstancias políticas muy difíciles, pero insistió en que era necesario desbloquear la situación.

No obstante, el también exsenador socialista reclamó que el desarrollo del diálogo se desarrolle al margen de las decisiones judiciales que se adopten en el futuro.

Además, alertó sobre la dura oposición que ejercerá una derecha que a su entender, con sus gritos por la unidad de España lo único que consigue es ponerla en riesgo. “La unidad de España y la convivencia tienen que ser fruto de una propuesta compartida, no un conjunto de consignas de incomprensión y de miopía política”, reiteró.

En cualquier caso, se mostró esperanzado sobre el resultado que se puede alcanzar desde esta mesa para dialogar pero alertó de que no hay y no habrá una solución “milagrosa” a la situación política actual, sino que considera que la vía de futuro pasa por alcanzar acuerdos puntuales que den soluciones.

Asimismo, se mostró partidario de que la negociación se desarrolle en el marco de los gobiernos, no de los partidos, e intó al Gobierno de la Generalitat a que tenga en cuenta al conjunto de la sociedad y de las fuerzas políticas que la representan.

INDULTOS

Por otra parte y sobre la posibilidad de que se solicite un indulto o una amnistía para los políticos procesados por el 1-O, el expresidente Montilla eludió posicionarse al respecto y se limitó a decir que este asunto generará un debate en la sociedad en la política.

«Es evidente que hay determinadas figuras que nuestro Código Penal recoge pero que estaban pensadas para otros escenarios, no para los que se han producido», señaló.

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Orange España anunció hoy el nombramiento de Stéphane Varret como director financiero, cargo que será efectivo a partir del próximo 1 de marzo.

Varret sustuye a Diego Martínez, que el pasado noviembre fue nombrado director de la división de negocio residencial.

Stéphane Varret entró en 1998 al grupo (entonces France Telecom) procedente de la auditora KMPG. Tras desempeñar diferentes posiciones en control de gestión y desarrollo de negocio en distintas entidades de la operadora naranaja en París, emprendió en 2008 su carrera internacional dentro del grupo en la división de Oriente Medio y África (OMEA).

Ha ocupado puestos de responsabilidad en Senegal, Jordania y Costa de Marfil. En este último país era consejero delegado adjunto desde 2018.

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Un total de 130.200 turistas españoles visitaron Japón en 2019, lo que supone un incremento del 9,5% con respecto a 2018 y un nuevo récord histórico.

Según los datos de la Oficina Nacional de Turismo de Japón (JNTO), estos datos afianzan a España como 5º mercado emisor europeo de viajeros a Japón.

En la cabeza de este ranking de países europeos se sitúa el Reino Unido con 424.200 viajeros (+27% con respecto a 2018), motivado principalmente por el número de aficionados al rugby que se desplazaron a Japón para presenciar los partidos de sus respectivas selecciones en la Copa del Mundo de Rugby celebrada en otoño.

En segundo lugar, aparece Francia (336.400 viajeros, +10,3%), seguido de Alemania (236.500 viajeros, +9,8%) e Italia (162.800 viajeros, +8,5%).

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El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, acusó este viernes al Gobierno de «engañar» a la opinión pública sobre el contenido del acuerdo presupuestario alcanzado en Murcia y el ‘pin parental’ exigido por Vox para apoyar las cuentas del ejecutivo regional.

En rueda de prensa, Bal sentenció que Ciudadanos no ha avalado «ninguna autorización especial» a los padres de los alumnos murcianos para que puedan recibir determinadas enseñanzas. De hecho, subrayó, allá donde se ha planteado esa posibilidad «hemos votado en contra», como ocurrió recientemente en Cantabria. «No aceptamos ese concepto», afirmó.

El acuerdo alcanzado, aseguró, implica que se tienen que cumplir los preceptos constitucionales sobre enseñanza y todo lo relacionado con los derechos de los padres y los hijos. El Gobierno, denunció, ha anunciado un recurso contra una medida «que todavía no sabe cómo se va a implementar.

Bal se preguntó qué pasa con el derecho de los padres de Cataluña a educar a sus hijos en castellano, y si el Gobierno presidido por Pedro Sánchez ha puesto en marcha algún mecanismo para garantizarlo, dado que «ahora eso enfadaría mucho a sus socios». «Llama mucho la atención», dijo, «la hipocresía» en este terreno, «engañando sobre su contenido».

Aseguró que lo pactado en Murcia implica que no habrá decreto alguno «que establezca ningún tipo de nueva autorización de los padres» sobre las charlas o enseñanzas que puedan recibir, y que se tiene que cumplir la ley regional en materia de derechos LGTBI, por lo que «no va a ser necesario ningún tipo de autorización paterna».

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Investigadores del Centro de Investigación Biomédica en Red (Ciberobn), adscritos a la Universidad de Barcelona (UB), han concluido que la irregularidad en los horarios de las comidas durante los fines de semana, denominada por los autores como ‘eating jet lag’, podría estar relacionada con la obesidad.

Según informó este viernes el Ciberobn, estos resultados, publicados en la revista científica ‘Nutrients’, se obtuvieron de factores como la calidad de la dieta, el nivel de actividad física, el jet lag social (la diferencia en los horarios de sueño durante el fin de semana) o el cronotipo (la predisposición natural a un determinado horario de sueño y vigilia).

Según los investigadores, se trata del primer trabajo que demuestra la importancia de la regularidad en los horarios de las comidas —incluyendo fines de semana— para el control del peso, y podría ser un elemento a tener en cuenta como parte de las pautas nutricionales para prevenir la obesidad.

RELOJ BIOLÓGICO

En los últimos años se ha demostrado que el cuerpo asimila de manera diferente las calorías en función de la hora del día, de modo que, por ejemplo, comer o cenar tarde se ha relacionado con un mayor riesgo de obesidad. Según explicó Maria Izquierdo Pulido, investigadora del Ciberobn, del departamento de Nutrición, Ciencias de la Alimentación y Gastronomía de la UB, «esta diferencia está relacionada con nuestro reloj biológico, el cual organiza temporalmente nuestro organismo para asimilar y metabolizar las calorías que consumimos durante el día». Por la noche, sin embargo, «prepara al cuerpo para el ayuno que se produce mientras dormimos».

«En consecuencia —continuó la investigadora—, cuando la ingesta tiene lugar de una manera regular, el reloj circadiano asegura que en el organismo se pongan en marcha las vías metabólicas que ayudan a asimilar los nutrientes. Sin embargo, cuando se ingieren alimentos en una hora inusual, los nutrientes pueden actuar sobre la maquinaria molecular de los relojes periféricos (fuera del cerebro), alterando su horario, y por lo tanto modificando las funciones metabólicas del organismo».

En el nuevo estudio, realizado en una población de 1.106 personas jóvenes (de 18 a 25 años de edad) en España y México, los investigadores han analizaron la relación entre el índice de masa corporal y la variabilidad en los horarios de las comidas en el fin de semana respecto al resto de días.

CAMBIO DE HORARIOS

Para ello, los autores utilizaron un nuevo marcador que engloba los cambios en los horarios de las comidas (desayuno, comida y cena) durante los fines de semana: el ‘eating jet lag’, que se ha propuesto por primera vez en este trabajo.

«Nuestros resultados indican que cambiar los horarios de las tres comidas durante los fines de semana está asociado a obesidad. El mayor impacto sobre el IMC se produciría cuando tenemos una diferencia de horarios de 3,5 horas o más. A partir de este punto, es cuando el riesgo de obesidad podría verse incrementado, ya que hemos observado que los individuos que presentaban más de 3,5 horas de eating jet lag incrementaban su IMC en 1,3 kg/m2», explicó la primera autora del trabajo, María Fernanda Zerón Rugerio.

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La Comisión de Mercados y Competencia (CNMC) ha emitido un informe desfavorable a la última subida de precio propuesta por Telefónica para la cuota de línea de acceso al teléfono fijo.

En un informe elaborado a petición de la ya extinta Secretaría de Estado de Avance Digital tras la propuesta de subida de precio que le planteó Telefónica, la Sala de Supervisión Regulatoria de la CNMC concluye que el incremento pretendido por la operadora “conllevaría una reducción de la asequibilidad del servicio”.

La CNMC ya dispuso en sendos informes de 2017 y 2018 que los encarecimientos decididos por Telefónica afectaban “negativamente a la asequibilidad del servicio de acceso” y “especialmente a la asequibilidad por parte de los colectivos de rentas más reducidas”.

Telefónica quería elevar el precio de la cuota de línea de 14,38 euros mensuales a una cantidad protegida como “confidencial” en el informe de la CNMC.

De forma adicional, el operador también quería aplicar una subida en una proporción equivalente al precio de las llamadas desde teléfono fijo con destino a otros fijos provinciales e interprovinciales, a teléfonos móviles y a teléfonos fijos ubicados fuera de la Unión Europea.

ALEGACIONES DE TELEFÓNICA

En defensa de la subida, Telefónica ha argumentado al Gobierno que esos 14,38 euros de la cuota de línea se encuentran “sustancialmente por debajo de la media de los países del espacio europeo”. Pero a la CNMC le salen otras cuentas en la comparativa, y estima que el precio medio es de 12,67 euros.

Telefónica aduce además que el incremento del precio de la cuota de abono y de los precios de varios tipos de llamadas desde teléfono fijo no tendrá impacto sobre la asequibilidad del servicio telefónico fijo. La afirmación de Telefónica se basa en una lectura de los principales indicadores macroeconómicos de la economía española durante los años de recuperación que siguieron a la crisis financiera de 2008 y cita, entre otros, el crecimiento del producto interior bruto (total y per cápita), del índice de precios de consumo y del gasto en consumo final de los hogares españoles. Alega, además, que los aumentos del salario mínimo interprofesional y de las pensiones mínimas ejecutados durante los años 2018 y 2019 compensarían cualquier efecto perjudicial que pudiera tener el aumento del precio de la cuota de abono y de las llamadas desde teléfono fijo.

El último dato que cita Telefónica se refiere al porcentaje de gasto que realizan los hogares españoles en consumir servicios de comunicaciones electrónicas, situado en torno al 3%, lo que según Telefónica serviría para limitar la incidencia de las subidas notificadas. La interpretación de la compañía sugiere que la evolución de estos indicadores habría permitido sucesivos incrementos del poder adquisitivo de los consumidores que compensarían el impacto de cualquier subida de precios que aplicara a la cuota de línea.

Los datos recabados por la CNMC muestran que los consumidores que componen este segmento del mercado de telefonía fija «se caracterizan por estar ubicados en entornos relativamente rurales, por ser mayores a los 65 años de edad y por pertenecer a las clases sociales bajas o media bajas. “Por tanto, los efectos de las subidas comunicadas por Telefónica se concentrarán en unos colectivos sociales vulnerables”, señala el informe de la CNMC, que concluye que en este contexto «la subida notificada por Telefónica conllevaría una reducción de la asequibilidad del servicio».

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó este viernes de la “amenaza” que supone la escasez de nuevos medicamentos para combatir la resistencia a los antibióticos, ya que la inversión privada en investigación está decayendo y apenas hay avances para combatir esta resistencia.

“Nunca la amenaza de la resistencia a los antibióticos ha sido más inmediata; necesitamos soluciones con urgencia”, declaró el director general de la OMS, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus. En este sentido, apeló a la industria farmacéutica para contribuir e innovar con nuevos medicamentos.

Dos nuevos informes de la organización sanitaria de Naciones Unidas revelan “debilidad” a la hora de desarrollar antibióticos capaces de afrontar enfermedades resistentes, dada la escasez de inversión en investigación para desarrollar nuevos fármacos que supongan una innovación con respecto a los ya existentes.

Los informes de la OMS apuntan a que la investigación y el desarrollo de nuevos antibióticos está dirigida, principalmente, por pequeñas o medianas empresas, mientras que los grandes laboratorios “continúan saliéndose de este campo”.

De hecho, la organización sanitaria asegura que los 60 fármacos que hay actualmente en desarrollo suponen sólo un “pequeño beneficio” sobre los tratamientos ya existentes, mientras que pocos de ellos focalizan sobre la bacteria más resistente: las bacterias Gram negativas.

Uno de los puntos más preocupantes que cita el informe de la OMS es la falta de antibióticos que se centren en combatir la resistencia a la bacteria ‘New Delhi metallo-beta-lactamase 1’, con sólo tres fármacos. Esta bacteria es muy resistente a un amplio marco de antibióticos, según explicó la organización médica.

“Es importante focalizar en la inversión pública y privada para el desarrollo de tratamientos eficaces contra las bacterias más resistentes, porque nos estamos quedando sin opciones”, alertó una de los principales asesoras de la OMS en resistencia antimicrobiológica, Hanan Balkhy. “Tenemos que asegurarnos de que, una vez se hayan desarrollado tratamientos, éstos lleguen a todo el que lo necesite”, agregó.

No obstante, los informes de la OMS no sólo contienen malas noticias, pues también revelan que los agentes para tratar la tuberculosis y la bacteria de la diarrea (Clostridium difficile) muestran grandes avances.

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Los incendios forestales calcinaron el año pasado un total de 83.962,69 hectáreas en España, lo que supone un 15% menos respecto a la media del último decenio (99.082,83), después de que 2018 acabara con la cifra más baja de superficie quemada por el fuego desde 1963.

Los datos provisionales proporcionados por las comunidades autónomas al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Medio Ambiente, recogidos por Servimedia, indican que del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 indican que 2019 fue el sexto año con menor superficie forestal quemada por los incendios en el decenio 2009-2018, por detrás de 2018 (25.695,22), 2014 (48.717,83), 2010 (54.769,88), 2013 (61.690,61) y 2016 (67.996,26).

De la superficie arrasada por el fuego, que supone el 0,302% del territorio nacional, un total de 10.166,06 hectáreas corresponden a vegetación herbácea (pastos y dehesas) y el resto, a vegetación leñosa, concretamente 47.544,31 de matorrales y monte abierto, y 26.252,32 de superficie arbolada.

El año pasado se produjeron en España un total de 10.883 siniestros forestales, de los que 3.593 fueron incendios (que arrasaron al menos una hectárea) y 7.290 conatos (menos de una hectárea quemada).

Además, hubo 14 grandes incendios forestales (más de 500 hectáreas), cuando la media del decenio es de 23, por lo que 2019 fue el cuarto año con menos cantidad de siniestros de ese tipo, sólo por detrás de 2018 (3), 2014 (7) y 2010 (11).

EL NOROESTE, LA REGIÓN MÁS AFECTADA

El noroeste (Asturias, Cantabria, Galicia, País Vasco y las provincias de León y Zamora) concentró un 43,03% de los incendios y conatos forestales en 2019, en tanto que el resto de siniestros se repartieron entre las comunidades interiores (las provincias de las regiones no costeras, salvo León y Zamora), con un 38,72%; el área mediterránea, con un 17,66%, y Canarias, con un 0,59%.

En cuanto a la superficie forestal arrasada por el fuego, un 45,98% pertenece al noroeste, un 28,50% a las comunidades interiores, un 13,69% al área mediterránea y un 11,83% a Canarias.

La superficie arbolada calcinada se produjo fundamentalmente en las comunidades interiores (33,06%), por delante del noroeste (30,26%), el área mediterránea (20,56%) y Canarias (16,13%).

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La Fundación Másfamilia otorgó este viernes a Sacyr la certificación de Empresa Familiarmente Responsable (EFR), lo que ratifica la labor de la compañía, que cuenta con más de 90 medidas que favorecen la conciliación, el bienestar y el equilibrio entre la vida laboral, familiar y personal de sus empleados.

Para conseguir el certificado, la compañía superó una auditoría externa en la que se analizaron todas las medidas que se están implantando en la empresa en relación a la calidad en el empleo, igualdad de oportunidades, flexibilidad espacio-temporal, desarrollo personal y profesional y apoyo a la familia.

El presidente de Sacyr, Manuel Manrique, señaló que para su compañía “es una prioridad apostar por medidas que permitan que la plantilla desempeñe su trabajo en un entorno que propicie la conciliación de la vida familiar y laboral”.

El certificado EFR, que otorga la Fundación Másfamilia, es una herramienta de gestión que aporta una metodología sencilla y eficaz para posibilitar los procesos de conciliación en las empresas, además de fomentar el apoyo en la igualdad de oportunidades y la inclusión, tomando como base la legislación vigente y la negociación colectiva.

De las más de 90 medidas ya implementadas, los empleados de Sacyr valoran “muy positivamente” los proyectos como “la flexibilidad horaria, la implantación del club deportivo, que promueve la práctica del deporte, y el plan de igualdad de la compañía”, señalaron desde Sacyr en un comunicado.

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El expresidente de la Generalitat de Cataluña José Montilla advirtió este viernes en el ‘Fórum Europa. Tribuna Catalunya’ al Ayuntamiento de Barcelona y al Ejecutivo de Quim Torra de que la celebración del Mobile World Congress (MWC) en Barcelona “no es una batalla que tengan ganada para siempre”.

Lo dijo en el encuentro informativo que organizó Nueva Economía Fórum en Barcelona cuando se le preguntó por las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en las que expresaba su interés en que la capital de España acoja ese congreso internacional en el futuro.

Montilla insistió en que a pesar de que el MWC está arraigado en Barcelona desde hace años –tiene firmado contrato con Fira de Barcelona hasta 2023- las constantes amenazas de las huelgas de los taxistas o del transporte público que alteran la celebración de la feria no son beneficiosas y son un riesgo para garantizar su permanencia.

El expresidente de la Generalitat destacó la labor que está realizando Fira de Barcelona, cuyo presidente Pau Relat estaba presente en el acto, e hizo un llamamiento a intensificar los trabajos para evitar que se den estas complejas situaciones a través de la coordinación con otras instituciones y entidades económicas y sociales.

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Globalia Corporate Tavel (GCT), la marca del grupo Globalia dedicada al segmento de viajes de negocio, anunció este martes la suma de 16 nuevas adjudicaciones de grandes corporaciones por más de 21 millones de euros.

En 2020, GCT gestionará los viajes corporativos de SacyrFluor, Fremap, Puertos del Estado, Fraternidad-Muprespa, Istobal, Rafa Nadal Academy, Fremantle Media, Alpargatas Havaianas, Redexis, Froneri Iberia, Universidad Rey Juan Carlos, Universidad Rovira i Virgili, Universidad de Sevilla, Patronato de Turismo de Asturias, Gran Teatro del Liceu y de la Universidad de Salamanca.

El director nacional de GTC, Ignacio González, señaló que “la aportación de valor añadido que ofrecen a los viajes de empresa, además de las soluciones tecnológicas y administrativas, y la flexibilidad constante que dan al servicio son algunos de los puntos clave que han consolidado a la marca en el sector”.

Además de los 16 nuevos contratos, GCT ha renovado su acuerdo con la empresa de ingeniería Sener, a la que gestiona desde 2013 por un valor anual estimado de 10 millones de euros. Así, con las incorporaciones y esta renovación, desde CGT “refuerzan su posicionamiento dentro del Business Travel”.

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La presidenta del Congreso del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, declaró este viernes en el ‘Fórum Europa. Tribuna Catalunya’ que el respeto a las instituciones es básico para el buen funcionamiento del sistema democrático, por lo que pidió a los políticos que pongan la responsabilidad institucional por encima de los intereses partidistas.

Batet presentó en el encuentro informativo que organizó en Barcelona Nueva Economía Fórum al expresidente de la Generalitat de Cataluña José Montilla, de quien destacó su respeto a las instituciones. En este sentido, la presidenta de la Cámara Baja reclamó a los políticos que entiendan que “las instituciones están por encima del juego político y de los intereses legítimos pero partidistas de partido” y que representan al conjunto de la sociedad.

Definió a Montilla como una persona “brillante” que defiende la justicia, la igualdad y la libertad, “un hombre que se ha hecho así mismo” y del que también subrayó la generosidad con la que se ha movido en el campo político, desde el respeto y el diálogo con los demás.

Asimismo, alabó el compromiso de Montilla con Cataluña y con España, un sentimiento “sin contradicciones”. A su juicio, los mejores momentos que ha vivido Cataluña llegaron de la mano de los que creen que las dos realidades se complementan y se refuerzan, “de los que creemos y tendemos puentes, no los rompemos y sí los reforzamos”.

Batet advirtió de que la sociedad pierde la confianza si no hay unas instituciones fuertes, respetuosas y leales. Por ello, advirtió que el uso partidista de las mismas se convierte en una herramienta al servicio de los partidos y “pone en peligro el sistema democrático”.

Defendió que para que el sistema político funcione hay que respetar los espacios de representación “de todos”, sin excluir a nadie y se refirió al actual Gobierno de la Generalitat: “La Presidencia de la Generalitat se debe a todos los ciudadanos de este país, piensen como piensen”.

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Las entidades que forman parte de la Alianza Residuo Cero (Aeress, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Retorna, Rezero y Surfrider España) han impulsado un manifiesto en el que piden al nuevo Gobierno «acabar con los envases de un solo uso» y la puesta en marcha de un Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) de envases de bebidas en España.

La Alianza Residuo Cero se ha unido a los movimientos internacionales Zero Waste Europe y Break Free From Plastic, según informó este viernes Ecologistas en Acción.

Las entidades llamaron a implementar un modelo de economía circular en el que todos los envases puedan conservar el valor de sus materiales y no acaben contaminando el medio natural, para lo cual proponen el SDDR, que funciona en más de 40 regiones de todo el mundo. Esta herramienta permitiría alcanzar un objetivo de reutilización del 70% para los envases de bebidas en 2025 y podría ampliarse a tazas y todo tipo de envases.

El SDDR equivale a la práctica llevada a cabo en España hasta los años 80 del siglo pasado de ‘devolver el casco’. Se trata de un sistema con el que los consumidores que compran un producto pagan una cantidad adicional de dinero (depósito) que les será reembolsada al devolver el envase o producto al comercio.

Gracias a este sistema, en algunos países europeos se han alcanzado las tasas más altas de recogida selectiva, de alrededor del 90%.

Precisamente, la nueva legislación europea contra los plásticos de un solo uso indica que en 2029 se deberá cumplir con el objetivo de recoger selectivamente el 90% de las botellas de plástico, con el objetivo intermedio del 77% en 2025. Asimismo, la legislación obliga a que todas las botellas de bebidas sean producidas con un 30% de contenido reciclado en 2030.

La Alianza Residuo Cero recalcó que España debe transponer esta directiva antes de finales de 2021. La propia UE y convenios internacionales como el Convenio de Barcelona (UNEP-MAP) recomiendan los sistemas de depósito como la mejor herramienta para lograr esos objetivos.

Desde el punto de vista ambiental, la Alianza Residuo Cero destacó que los SDDR pueden evitar hasta un 40% de la basura que llega a los mares y abren la puerta al uso de los envases reutilizables. En el caso del vidrio podrían usarse hasta 50 veces y en el del plástico hasta 20 veces, antes de ser convertidos en nuevos envases.

A modo de ejemplo, el mar Mediterráneo es la sexta gran zona de acumulación de plásticos del planeta. Según Andrés Cózar, profesor de Ecología de la Universidad de Cádiz, los datos registrados son equiparables a los niveles que se dan en las grandes áreas de acumulación de los océanos (debido a las corrientes) o giros, como la llamada ‘isla del plástico’ del Pacífico.

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El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero cree que «no hay polémica» sobre la propuesta de nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado.

Zapatero, en una entrevista en TVE recogida por Servimedia, destacó que tiene «muy buena opinión» sobre la exministra de Justicia, de la que confesó que «siempre» aparecía en la terna para nombramientos en la judicatura durante su mandato.

Para el expresidente, esta es una «polémica excesiva», como «tantas en los últimos tiempos». Destacó que hay que «superar una cierta inmadurez» que constata en esta polémica porque se trata de seguir haciendo un «servicio público». Y añadió que, si ese paso no pudiera darse ,»estaría prohibido» por ley. En cualquier caso, insistió en que el Gobierno de coalición le «gusta» y vaticinó que «va a durar.

En este sentido, criticó que al Partido Popular le cuesta «mucho» perder y, a su vez, «digerir» las derrotas electorales mientras que los socialistas eso lo hacen con «elegancia».

Con este contexto, donde ve que «el compromiso, la relación y la confianza» entre el PSOE y Unidas Podemos en el Gobierno es «muy fuerte», Zapatero consideró que el presidente Pedro Sánchez tiene que intentar un «mínimo de entendimiento» con Casado.

CATALUÑA

El presidente indicó que toda la situación en Cataluña “deriva de la política” y, por tanto, es un “conflicto político” que emanó del recorte al Estatut que hizo el tribunal Constitucional al texto que aprobó el Parlament y que había refrendado la ciudadanía.

Zapatero, que indicó que se trata de un conflicto “político, porque desde luego deportivo no es”, indicó que la solución pasa por “volver a un acuerdo que los ciudadanos de Cataluña ratifiquen”.

“Porque todo empezó ahí”, recordó aludiendo al Estatut, y ahora “llevamos diez años de sentencia en sentencia y de conflicto. Así las cosas, apostó por el diálogo impulsado por este Ejecutivo y señaló que el Ejecutivo tiene “la responsabilidad de que no tengamos otros diez años para otra sentencia de conflicto, sino de recuperación de la convivencia».

Zapatero reconoció que le produce hasta “irritación” cuando escucha que “estamos peor que cuando ETA mataba”, en clara referencia a las palabras que dijo la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo. “Cuando oigo eso, pienso: qué poca conciencia de país y qué poco patriotismo”, apostilló, porque el fin de la banda terrorista se logró sin concesión alguna porque la democracia española “se impuso”.

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El sindicato Jupol presentó una querella en los juzgados de instrucción de Barcelona contra el director general de la Policía, Francisco Pardo, y el director adjunto Operativo, José Ángel González, por no asegurar la seguridad de los policías desplegados en los disturbios de Cataluña.

Para Jupol, la organización del operativo que se puso en marcha en Cataluña con motivo de los disturbios protagonizados por independentistas radicales tras la sentencia del proceso independentista fue «nefasta», según afirma el organismo en un comunicado.

El secretario general del sindicato, José María García, aseguró que existía una «falta de efectivos», ademñás de una «mala organización» y una «importante falta de medios y recursos» que permitieran a los agentes de la Policía Nacional proceder a frenar los disturbios de una forma segura y efectiva.

Jupol presentó por ello esta demanda ante los principales responsables de la ‘operación Ícaro’, en el que se les acusa de un delito de lesiones por imprudencia y otro contra los derechos de los trabajadores.

En la querella se relata lo vivido por los agentes del Cuerpo Nacional de Policía durante los disturbios. El sindicato policial destacó en el documento que los agentes tenían que “reciclar” el material antidisturbios ya utilizado y que incluso las ambulancias no podían acceder a las zonas de disturbios para poder atender a los heridos.

También se señaló que no activaron los vehículos antidisturbios propiedad de la Policía Nacional, vehículos con los que se «podía haber frenado la violencia de los radicales».

Todos estos fallos organizativos suponen, para este sindicato, «graves delitos». «Las malas decisiones, la inexistente evaluación de riesgos y la falta de medios humanos y materiales son las principales causas del gran número de heridos en las filas del CNP», afirmó García.

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La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) aseguraron este viernes que es un “hecho histórico” que reciben “con esperanza” que la subdelegada del Gobierno en Málaga, María Gámez, pueda ser la primera mujer en ser nombrada responsable de la Benemérita.

AUGC y AEGC valoraron así, a través de sendos comunicados, que el Ministerio del Interior haya propuesto el nombre de Gámez para estar al frente del Instituto Armado, propuesta que debe ser respaldada por el Ministerio de Defensa y ratificada en el Consejo de Ministros.

En este sentido, AUGC señaló que conoce a Gámez y puede dar testimonio de su “talante dialogante y la capacidad profesional y política”, por lo que le da “la bienvenida con el deseo de que reestablezca una línea positiva de integración y comunicación con las asociaciones profesionales, línea que se había quebrado durante el periodo anterior”.

“LISTÓN MUY BAJO”

Al mismo tiempo, esta asociación dijo que es “absolutamente necesario que se produzca un cambio de calado” al frente de la Benemérita y afronte “retos” como el nuevo despliegue territorial de la Benemérita o el establecimiento de una jornada laboral de los agentes “que facilite la conciliación”.

Por su parte, AEGC dijo que el posible nombramiento de Gámez al frente del Instituto Armado será un “dato histórico” al tratarse de una mujer, pero pidió “no se quede solo en eso en un dato histórico”, ya que la mayoría de agentes tienen un “listón muy bajo” en cuando a derechos y condiciones laborales.

Esta asociación añadió que espera que el cambio al frente de la Guardia Civil “traiga por fin los cambios” que demandan para la institución, como “un nuevo despliegue territorial que ofrezca, de verdad, seguridad a los ciudadanos de la España rural y aumente la plantilla a cifras anteriores a la crisis” económica.

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El expresidente de la Generalitat José Montilla aseguró este viernes en el ‘Fòrum Europa. Tribuna Catalunya’ que Cataluña ha perdido autogobierno y liderazgo en el conjunto de España como consecuencia del proceso soberanista que ha sumido a los sucesivos ejecutivos autonómicos y al actual de Quim Torra en una escasa gobernabilidad que ha tenido nefastas repercusiones en la evolución económica.

Montilla hizo estas declaraciones en este desayuno informativo organizado en Barcelona por Nueva Economía Fórum, donde se mostró muy crítico con las consecuencias que ha tenido el desafío independentista en la comunidad.

Si bien considera que el tejido económico y la sociedad catalana han soportado las tensiones, subrayó como cierto que los años de parálisis y de conflicto han afectado negativamente a la reputación económica de Cataluña y a su peso en el conjunto de España.

El también exsenador socialista concretó que si bien el ‘procés’ puede que no sea la única causa sí que ha contribuido a paralizar la gobernabilidad de Cataluña porque “el gobierno ha dejado de gobernar”, olvidando que si hay una manera de reforzar el autogobierno es “gobernando” y manifestó que es apremiante hacer frente a las urgencias que tiene la sociedad y la economía catalana.

Para ello, instó al Gobierno de España a dotarse de una “agenda catalana” para abordar de forma prioritaria aspectos como la política industrial, las reformas económicas y empresariales, la actuación contra el mercado laboral y la atención especial al sector de la automoción inmerso en un proceso de cambio y el fomento de la innovación y la investigación.

Montilla pidió al nuevo Gobierno central que tenga en cuenta la situación catalana para poder abordar los temas prioritarios y las reformas económicas necesarias y la crisis territorial e institucional, a su entender, “la más importante” en décadas.

En su opinión, la situación en Cataluña se deriva de ocho años en los que la política se ha centrado únicamente en el ‘procés’ y en el llamado conflicto catalán, con graves consecuencias sociales y derivando en una crisis política sin precedentes. A todo ello, el expresidente se preguntó qué ha sacado de provecho de todo ello la sociedad catalana cuando el autogobierno no se ha reforzado, sino todo lo contrario, se ha debilitado y ha perdido poder de influencia en la política estatal. “Algunos dicen que se ha internacionalizado la situación catalana, pero no se dan cuenta de que lo que se ha conseguido es convertirla en una preocupación”, concretó.

Además, recordó que abandonar la gobernabilidad provoca que los ciudadanos acaben por entender que las instituciones “son algo prescindible” y se consolida el sentimiento de “la desafección” hacia las propias instituciones. De hecho, Montilla, que ya hablada de desafección en 2007, cree que se ha convertido en “frustración” en una gran parte de la sociedad catalana y advirtió a los ejecutivos soberanistas de que gobernar “no es hacerlo únicamente para algunos, sino para el conjunto de la sociedad”.

“Si el gobierno de Cataluña hasta ahora no ha sido capaz de llevar a cabo una auténtica agenda de gobierno, por responsabilidad y patriotismo se debería consultar a la ciudadanía”, aludiendo así a unas posibles elecciones autonómicas.

Esta conferencia impartida por el expresidente Montilla contó con la presencia de la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, encargada a su vez de la presentación a un auditorio en el que se congregaron entre otros el primer secretario del PSC, Miquel Iceta; la Delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera; los máximos representantes de patronales y sindicatos, además del presidente de Fira de Barcelona, Pau Relat; representantes de los grupos políticos con representación en el Parlamento catalán; y Miquel Roca Junyent, uno de los artífices de la actual Constitución Española.

Justamente a la reforma de la Carta Magna también hizo referencia Montilla al asegurar que “necesita modificaciones” y que es necesario hablar de reformas constitucionales sin recelos a través de iniciativas políticas y legislativas que partan del debate y el consenso, aunque admitió que, en el contexto actual, es aún difícil hablar en estos términos. “Ir hacia la vía federal sólo será posible desde la construcción de consensos”, añadió, “igual que el que permitió la Constitución del 78”.

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La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) reconocerá este sábado al alcalde de Moraleja de Matacabras (Ávila), Félix Álvarez de Alba, por haber sido el munícipe de menor edad en la historia de la democracia, ya que lleva al frente de su pueblo desde que tiene 18 años.

Tomó posesión en 1991, cuando alcanzó la mayoría de edad y ganó las elecciones en esta localidad de unos 50 habitantes. Desde entonces, ha renovado su cargo de manera continuada al frente del Ayuntamiento, por lo que recibirá un reconocimiento de manos del secretario general de la FEMP, Carlos Daniel Casares.

Ahora tiene 46 años y compagina la Alcaldía de Moraleja de Matacabras con su cargo como diputado provincial en Ávila por el PP, así como el de presidente de la Mancomunidad de Madrigal. Además de alcalde ha sido carretillero, conductor de retroexcavadora, agricultor y encargado de producción, según consta en su currículum publicado por la Diputación de Ávila.

Mañana, sábado, será premiado por haber sido el alcalde más joven de la democracia española, ya que accedió a la Alcaldía cuando contaba con sólo 18 años, dos meses y 21 días.

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El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero no dudó este viernes en expresar su rechazo al llamado ‘pin parental’ que Vox defiende y que supone que los padres puedan decidir la formación sobre género que reciben sus hijos en las aulas.

“Ya se imagina, me parece un error”, dijo directamente el expresidente en una entrevista en TVE recogida por Servimedia cuando se le preguntó por esta cuestión que el PP y CS han admitido en Murcia y con la que Vox pretende condicionar también en la Comunidad de Madrid su respaldo a los presupuestos regionales.

Rodríguez Zapatero recordó al presidente del Partido Popular, Pablo Casado, que su partido ha perdido elecciones “cuando se radicaliza”, por lo que le aconsejó que reflexione sobre si quiere que el suyo sea un partido vinculado a la protesta o convertirse en un “líder” del país y, por tanto, en alternativa.

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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado la circular por la que se establecen las normas de balance de gas natural, que regula el procedimiento por el que cada comercializador debe mantener un equilibrio entre el gas que introduce en el sistema y el que detrae para venderlo.

Esta circular, publicada hoy en el BOE y que entra en vigor mañana o el 1 de abril en parte de sus disposiciones, regula los desequilibrios que se producen, llamados desbalances, en la red de transporte, en las plantas de regasificación de GNL y en los almacenamientos subterráneos básicos de gas natural.

En particular, se regulan los mecanismos de cálculo de balance operativo de estas instalaciones; el cálculo del balance de gas de los usuarios, incluidos los procedimientos de cálculo de desbalances y sus recargos; los requisitos de garantías por desbalances; y las obligaciones de información sobre el balance.

Para conseguirlo, en la circular se define un modelo de aplicar, objetivo, transparente y homogéneo para todas las instalaciones del sistema. De esta manera, se trata de incentivar a los usuarios para que asuman la responsabilidad de gestionar sus balances y, para ello se ponen a su disposición las herramientas necesarias, a la vez que se establecen medidas dirigidas a garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones.

De esta manera, cada día de gas, se calculará un balance para los usuarios de la red de transporte; un balance para los usuarios de las plantas de GNL en el conjunto de las mismas; y un balance para los usuarios de los almacenamientos subterráneos en el conjunto de éstos.

Esto supone que cada usuario comenzará cada jornada de gas desde una posición de equilibrio en las áreas de balance y dispondrá de herramientas necesarias para mantenerla al final del día. En el caso de que no consiguiera mantener dicha posición será penalizado económicamente en cada área de balance, y, además, se regularizará físicamente su desbalance con el fin de asegurar el correcto funcionamiento de las instalaciones.

Por dicho motivo, los usuarios deberán constituir y actualizar garantías de acuerdo con el nivel de riesgo que asumen con el objetivo de cubrir posibles impagos de sus desbalances. Con ello se reduce el riesgo de fraude y se contribuye a la sostenibilidad y estabilidad económica del sistema gasista.

Según la CNMC, estos cambios redundarán positivamente en la mejor operación de las infraestructuras, promoverán una gestión más eficiente y más segura del sistema gasista y contribuirán a su mejor uso.

Paralelamente el organismo sostiene que incrementarán la liquidez y el nivel de competencia en el mercado gasista en beneficio de todos los consumidores de gas natural.

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Los siete vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que firmaron el voto particular en contra de la idoneidad de Dolores Delgado para ocupar el puesto de fiscal general del Estado sostienen que su nombramiento, inmediatamente después de haber dejado de ser ministra de Justicia, no cumple con “los estándares de imparcialidad del Tribunal de Justicia de la Unión Europea” (TJUE).

Los vocales Nuria Díaz Abad, José María Macías Castaño, Juan Martínez Moya, Juan Manuel Fernández Martínez, Gerardo Martínez Tristán, Carmen Llombart Pérez y José Antonio Ballestero Pascual insisten en que Delgado “no es idónea para ocupar el cargo” y advierten de que su elección puede acabar afectado al crédito de la institución.

En su sesión del jueves, el CGPJ avaló que Dolores Delgado cumple los requisitos exigidos por la ley para ser nombrada fiscal general del Estado, pero no se pronunció sobre su idoneidad. El informe final fue respaldado por 12 de sus miembros y votado en contra por otros siete. Los vocales Vicente Guilarte y Wenceslao Olea estuvieron ausentes y no se pronunciaron.

Fue la vocal Nuria Díaz la que anunció la presentación del voto particular al que se sumó el resto de firmantes. Su argumento principal es que el visible compromiso de la candidata con el Gobierno del que ha sido ministra puede empañar la imagen de independencia de la Fiscalía y llegan a decir que “no basta que se haga justicia, sino que es necesario que se vea que se hace justicia”.

Citan el criterio de las instituciones europeas que “consideran que el Estatuto independiente de los fiscales es un requisito imprescindible del Estado de Derecho” y en ese sentido dicen que “la asunción de la responsabilidad de Fiscal General del Estado sin solución de continuidad, inmediatamente después de haber cesado en su cargo de ministra de Justicia y de diputada del partido político que sustenta al Gobierno proponente, supone un serio impedimento para garantizar a la ciudadanía la imagen de autonomía e imparcialidad que ha de exigirse al fiscal general del Estado”.

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Los españoles utilizan las redes sociales especialmente para ver contenido y no para compartirlo pues, aunque uno de cada cinco dedica 22,5 días de tiempo acumulado al año a ellas (1,5 horas diarias), no siempre publican algo.

De hecho, según un estudio de Hubside en colaboración con Ipsos, aunque los españoles tienen una media de 3,7 perfiles en redes sociales diferentes, sólo publican en 1,73 perfiles.

El estudio también muestra que las principales críticas a las redes sociales son la sobreexposición (63%), junto con la imagen distorsionada que muestran de la realidad (50%) y los riesgos a los que exponen a los más jóvenes (47%), como ‘grooming’ o sextorsión.

Entre los españoles que prefieren no compartir contenido en redes sociales, el 52,9% considera que se trata de información personal que, en cierto modo deja de ser exclusivamente de su propiedad. Además, un 36,4% afirma que hay mejores formas de compartir información en el mundo digital.

Por otra parte, el 37% de los españoles tiene una página web personal o quiere tener una, y tres de cada cinco la utilizan para compartir sus aficiones.

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El Consejo General de la Abogacía Española continuará exigiendo al Ministerio de Justicia que abone todos los servicios del turno de oficio ante la ausencia de respuestas concretas por parte del equipo saliente del departamento.

La Abogacía contactó durante estos últimos días con los todavía altos cargos de Justicia sin obtener de ellos «respuestas concretas ni satisfactorias», por lo que sus servicios jurídicos continúan elaborando el recurso en el que reclaman la totalidad de las cantidades que el Ministerio ha dejado de admitir con fecha correspondiente al mes octubre de 2019.

Según un comunicado de la Abogacía, aunque los posicionamientos de los altos cargos del Ministerio han sido conciliadores para canalizar los impagos, «la falta de consistencia de las propuestas y la interinidad de los interlocutores» han sido clave para mantener una «postura de firmeza».

Los decanos confían en el «profundo conocimiento» del funcionamiento de la Justicia por parte Juan Carlos Campo, el nuevo titular de la cartera, y en que por ello pueda jugar un «papel decisivo» para los intereses de los abogados.

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