La asociación empresarial de gestores de centros asistenciales de Bizkaia, Gesca, ha atribuido los brotes en las residencias a las dificultades de cumplir con todas las medidas de prevención dado el perfil de los usuarios, en su caso, personas con niveles muy altos de dependencia. Sus responsables han destacado los esfuerzos que han realizado para "salvaguardar" la salud de las personas que viven y trabajan en sus centros.
Esta reflexión ha sido realizada en un encuentro con los medios de comunicación celebrado en Bilbao en el que han participado el presidente de Gesca, Carlos del Campo, el vicepresidente, Santiago Cabales y el portavoz de la asociación, Aitor Pérez.
Gesca es una asociación que agrupa a diez entidades que gestionan, en la actualidad, 27 residencias y 22 centros de día en las que atienden a 4.832 personas, de las que 3.697 están en residencias y 1.135 en centros de día. El perfil de sus usuarios son personas muy mayores, de más de 86 años de media, con grados altos de dependencia reconocida (grados II y III) y que son mayoritariamente enfermos crónicos, polimedicados frágiles y con algún tipo de deterioro cognitivo en un porcentaje superior al 56%.
El personal empleado en las entidades integradas en Gesca es de 2.600 profesionales y, en la actualidad, Gesca representa el 34,6% de las plazas residenciales de Bizkaia.
En la comparecencia, han presentado el informe "El impacto de la pandemia en el sector residencial; aprendiendo de lo vivido para construir un futuro mejor para las personas dependientes" y han destacado que su prioridad desde el inicio ha sido "salvaguardar la salud de las personas que viven y trabajan en los centros" y, para ello, han estado al servicio de las autoridades sociales y sanitarias del Territorio.
Según han explicado, se han vivido meses "muy difíciles" en los que las residencias se tenido que ir adaptando a la situación y a los protocolos, que, sobre todo, al inicio eran "cambiantes".
Los representantes de Gesca han señalado que, durante la pandemia, las residencias de Bizkaia están "cumpliendo de manera escrupulosa" con todos los protocolos y recomendaciones" dictados por las autoridades sociales y sanitarias. Además, han destacado que están sometidas a una "inspección y control permanente".
Tras indicar que diariamente se informa a la Diputación, a Osakidetza y a la fiscalía sobre la situación de los centros, han señalado que esta pandemia les ha obligado a desarrollar planes de convivencia y contigencia, reduciendo el número de integrantes de las unidades convivenciales
Según han manifestado, la pandemia ha obligado a reestructurar los centros, se tuvo que adquirir material, aumentar las plantillas y reforzar la limpieza, entre otras medidas adoptadas.
ESFUERZO DE LOS CENTROS
Han añadido que, gracias al "esfuerzo" realizado en los centros, la letalidad entre las personas contagiadas en las residencias ha sido "muy inferior" al de personas mayores que viven en sus domicilios.
No obstante, han señalado que la crisis ha "golpeado con dureza" a las residencias, pero han manifestado que es algo que ha pasado en toda Europa, en todos los países avanzados. Por otra parte, han señalado que no hay ningún indicio de que la pandemia haya "atacado más" a los centros privados que a los públicos. Tampoco se han encontrado correlaciones que indiquen que el impacto de la pandemia ha sido mayor en unos centros que en otros por su tamaño
Los responsables de Gesca han asegurado que, en las residencias, el coronavirus "ha entrado por las puertas" y en aquellas zonas en las que la prevalencia de la enfermedad "era más alta", el impacto en los centros "ha sido mucho mayor". Ante el hecho de que se hayan producido brotes en algunas de ellas, han reconocido que cumplir todas las medidas de prevención es "imposible" dado el perfil de sus usuarios.
En este sentido, han explicado, por ejemplo, que son personas muy dependientes y que, en algunos casos, no se puede guardar la distancia porque necesitan ayuda. También han aludido a las dificultades que implica hacer entender a personas con deterioro cognitivo que tienen que mantener continuamente puesta la mascarilla o que no pueden salir de su habitación, cuando, en su momento, así se estableció.
Según han manifestado, salvaguardar las medidas es "más complejo" y es "difícil" el trabajo de precaución con este perfil de usuarios. En este sentido, han indicado que ocurre lo mismo que pasa en la calle que, cuando no se cumplen todas las medidas, llegan los contagios y los brotes.
No obstante, han indicado que la vacunación, aunque con todas las cautelas, permite ver "un poco luz" y, de acuerdo a los plazos establecidos por las autoridades, esperan que en la primera semana de febrero ya hayan podido lograr la "inmunidad de rebaño" porque se haya concluido de administrar la segunda dosis de las vacunas. En el caso de los usuarios, han manifestado que prácticamente todos sus usuarios y trabajadores se han vacunado de la primera dosis.
RETOS
También han aludido a los retos del futuro, el primero de ellos, según han apuntado, seguir "salvaguardando la salud de las personas que viven y trabajan en el centro.
Otro de los retos, tiene que ver con el desequilibrio económico que se está dando en los centros porque han aumentado los gastos y descendido los ingresos. Según han explicado, se ha dado un "significativo" descenso de la ocupación en la residencias del territorio, que han cifrado en un 25%.
En concreto, han asegurado que uno cada cuatro camas está vacía, pese a lo cual se está haciendo "el esfuerzo de mantener las plantillas". Esta situación se ha dado cuando, en cambio, han aumentado los gastos porque se ha contratado a más personal, se ha incrementado "sustancialmente" el absentismo, se han reforzado los protocolos de limpieza y desinfección y ha crecido "exponencialmente" la compra de materiales de protección "a unos precios desorbitados".
Por ello, han pedido a la Diputación crear una mesa para abordar este desequilibrio porque el "equilibrio está roto". Según han señalado, hay muchos centros están dificultades económicos y, si no se soluciona, pueden estar "en peligro". Su intención es trasladar a la institución foral los aspectos que se deben revisar y establecer un marco regulatorio que garantice que todos los centros sean viables.
En el caso de Gesca, sus asociados facturan anualmente en conjunto más de 130 millones por su actividad y generan un retorno de más de 43 millones a las arcas públicas. Sin embargo, estiman que esta crisis provoca que su facturación caiga aproximadamente un 15%.
Otro de los retos existentes tiene que ver con la falta de profesionales en el ámbito sanitario, un problema que ya existía y que se ha agravado durante la pandemia. "No hay personal sanitario formado", ha añadido.
También han aludido al "gran daño reputacional" que está sufriendo su sector y se está dando un debate "demagógico". A su juicio, se está cuestionando un sistema público de servicios sociales y se está acusando al sector de "incumplir reiteradamente" la normativa vigente en aspectos como ratio de personal o cumplimiento de protocolos.
También ha negado la precariedad laboral porque sus trabajadores se rigen con el convenio de Bizkaia, que es "sustancialmente más ventajoso" que el estatal. Además, la gran mayoría de los trabajadores tienen contratos indefinidos. Por otra parte, han asegurado que no es cierto que los fondos buitres estén controlando las entidades, ya que se trata de fondos de inversión.
En relación al debate sobre un nuevo modelo de atención, han indicado que consideran necesario avanzar en la atención a las personas dependientes y explorar modelos alternativos.
