Los grupos de la oposición han reclamado este miércoles a la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, que asuma sus responsabilidades en el caso de la vacunación irregular contra la pandemia de la covid-19 de algunas personas, como los directores de los hospitales bilbaínos de Basurto y Santa Marina, Eduardo Maiz y José Luis Sabas, y han mostrado sus dudas ante las explicaciones de la consejera en sede parlamentaria.

En la comparecencia semanal de la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ante la Comisión de Salud del Parlamento vasco para informar sobre la situación de la pandemia, la consejera ha informado de la "investigación" que ha llevado a cabo su departamento sobre la vacunación irregular contra la pandemia de la covid-19 en los hospitales de Basurto y Santa Marina.

Sagardui ha explicado que en el hospital de Santa Marina, además de su director gerente, José Luis Sabas, también fueron vacunados contra el covid cuando no les correspondían, otros directivos y 16 personas no adscritas al centro, como cuatro representantes sindicales, personas de servicios religiosos y personal que gestiona la cafetería, entre otros.

En el caso de lo ocurrido en el hospital de Basurto, ha informado de que, junto al destituido director de dicho centro, el 13 de enero recibieron la vacuna del coronavirus el jefe del Servicio de Medicina Interna, la microbióloga responsable en funciones de control de infección y la jefa del Servicio de Enfermedades Infecciosas.

No obstante, la consejera de Salud ha afirmado que no entiende que los partidos de la oposición pidan su dimisión porque, en cuanto ha conocido estos casos, ha "actuado", en referencia a los directores de los Hospitales de Basurto y Santa Marina que fueron obligados a abandonar sus cargos.

La parlamentaria de EH Bildu Rebeka Ubera ha acusado a PNV y PSE de "querer ocultar información a la ciudadanía para proteger sus intereses políticos particulares". "Es triste y siento vergüenza ajena porque estando en la situación de pandemia en la que estamos, que la consejera tenga que aclarar si ha mentido o no; que tengamos que estar hablando sobre si ha ocultado algo o no", ha subrayado.

Para EH Bildu, "es grave que la consejera de Salud haya ocultado que no se han cumplido las prioridades de la campaña de vacunación" y ha preguntado a Sagardui si en una situación actual de emergencia como la actual está en condiciones de seguir siendo consejera de Salud

Ubera ha señalado que la versión de la consejera y del exgerente del hospital Santa Marina son "contradictorias" y cree que las preguntas a las que tiene que responder "son muy concretas".

"Puede haber fallos y se puede entender que se meta la pata. Se puede perdonar si se dice la verdad pero no se puede perdonar la mentira y mentir a la ciudadanía es muy grave. En este momento, la consejera de Salud tiene que dar confianza a la ciudadanía y hasta ahora no lo ha hecho", ha insistido.

Además, ha defendido que los responsables de las OSI de Osakidetza y del Departamento de Salud "tienen que ser ejemplares" y ha criticado que los mandos actúan "como si las vacunas fueran suyas". "Queremos que se asuman responsabilidades. Aquí hay que hacer una limpieza y lo que pedimos es que se actúe con sinceridad para prestigiar las OSI, Osakidetza, el Departamento, para prestigiar la política y sobretodo para garantizar y cuidar la salud de la ciudadanía", ha reclamado.

Tras escuchar las explicaciones de la consejera, el parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU Jon Hernández ha afirmado que "el escándalo es mayor" que la semana pasada porque existen "versiones contradictorias" y tienen "dudas importantes sobre si el departamento podría haber estado al corriente o no de esas vacunaciones".

"Hay que aclarar si el Departamento y la propia consejera estaban al corriente de que se habían hecho esas vacunaciones y si sabían previamente de que se iba a vacunar de aquella manera", ha reclamado.

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

Para Elkarrekin Podemos-IU las explicaciones de la consejera "no son convincentes" y ha insistido en solicitar una Comisión de investigación parlamentaria con el objetivo de "escuchar e investigar para aclarar lo sucedido", ya que existen "diferentes versiones de lo que ha pasado".

Hernández ha preguntado a la consejera si se autorizan remesas de vacunas sin su supervisión. "Usted dice que no estaba tanto de algunas de las cuestiones que nos ha explicado y al menos uno de los gerentes dimitidos o cesados, el señor Sabas, dice que sí estaba usted al tanto. Es muy importante aclarar esto porque si estaba al tanto cuando insiste en que no lo estaba, le correspondería dimitir", ha defendido.

Además, cree que ante estos hechos "no es el momento de sentir pena y rabia" como dijo este pasado martes el lehendakari sino de "que se sepa toda la verdad".

La parlamentaria de la coalición PP+Cs Laura Garrido ha pedido a Sagardui que aclare si alguien de la dirección de Osakidetza y del Departamento de Salud conocía estas vacunaciones irregulares, especialmente en el caso de Santa Marina, tras las declaraciones de su director gerente afirmando que la consejera conocía que se iba a vacunar a toda la plantilla del hospital.

La parlamentaria ha pedido que aclare quién organizó las vacunaciones "a escondidas", por qué hubo un "desfase" en el número de dosis enviadas al hospital Santa Marina. "Si esto es una descoordinación usted debería de asumir su responsabilidad", ha subrayado.

"TIENE QUE IRSE, COMO SABAS"

Para PP+Cs, las explicaciones de la consejera presentan "dudas razonables" sobre el hecho de que el exgerente del hospital Santa Marina, José Luis Sabas, se vacunara sin que Sagardui lo supiera. "Si usted ha hecho dimitir al señor Sabas, según él bajo amenazas y coacciones por parte de la consejera; si usted autorizó esta vacunación como la del resto de la plantilla, está claro que usted tiene que irse junto con el señor Sabas", ha reclamado.

Garrido cree que el "buen nombre" de Osakidetza ha sido "manchado" la pasada legislatura por las irregularidades en la OPE y ha señalado que este asunto de las vacunaciones presentan "muchas dudas" respecto a la actuación de la consejera. "Consideramos que usted no está capacitada para seguir en su cargo", ha zanjado.

La parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha comenzado su intervención condenando las agresiones a agentes de la ertzaintza y policías locales en varios disturbios registrados la semana pasada.

Además, ha afirmado que la consejera de Salud "conocía lo que se iba a hacer y permitió" las vacunaciones irregulares y cree que Sagardui ha hecho "dejación de sus responsabilidades" al diseñar un protocolo de vacunación "insuficiente". "Desde Vox le solicitamos que dimita y si no sabe conjugar el verbo dimitir, que el lehendakari la cese", ha pedido.

GRUPOS EN EL GOBIERNO

El parlamentario del PNV Luis Javier Telleria ha destacado que el Departamento de salud ha hecho "muy buen trabajo" con la "investigación" y cree que los vacunados "se saltaron conscientemente una norma de la propia Osakidetza".

Además, ha acusado a los grupos de la oposición de "zancadillear" al Gobierno con ese asunto que cree que son "dos gotas en un océano de problemas" con el que "se ha pretendido crear un gran pantano" para "desgastar" al Gobierno y "desprestigiar" a Osakidetza.

El parlamentario del PSE Ekain Rico, por su parte, ha defendido que el Departamento de Salud remitió una instrucción "clara" a todos los centros con un protocolo de vacunación "específico", que no incluye personal directivo y sí a la plantilla que está "en primera línea".

"Los protocolos de vacunación son claros y están para que se cumplan", ha insistido antes de pedir a la consejera que "se depuren las responsabilidades" en el ámbito de la investigación.

El portavoz de Justicia del PP en el Congreso, Luis Santamaría, ha acusado este miércoles a PSOE y Unidas Podemos de "hacer trampas" en la comisión de investigación sobre la operación 'Kitchen' porque, según ha recalcado, solicitan en el Congreso documentación de la que ya disponen al estar personados en la causa. Por eso, ha avanzado que su partido está estudiando qué pasos puede dar "para evitar estos abusos" y que los grupos ejerzan su función en "un régimen de igualdad".

"Los socialistas y Podemos están personados en la pieza siete que se está juzgando en el juzgado central de instrucción número 6 y, en consecuencia, tienen acceso a todos los documentos del expediente judicial. Son unos tramposos", ha declarado Santamaría.

En este sentido, el dirigente del PP ha subrayado que PSOE y Podemos están "utilizando" ese expediente judicial para los trabajos de la comisión 'Kitchen' y, como prueba de ello, ha citado que en el acuerdo de creación de este órgano "se menciona un escrito de la Fiscalía Anticorrupción donde se incorporan entrecomillados y se señala a personas".

"ESTÁN JUGANDO CON LAS CARTAS MARCADAS"

Además, y tras la última documentación requerida sobre oficios policiales, Santamaría ha preguntado "cómo lo saben" y ha recalcado que "la única forma de saberlo es porque están personados y tienen acceso a la documentación" de la causa, que investiga el supuesto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas para evitar que las investigaciones judiciales salpicaran a cargos del partido.

"Acaban de pedir la documentación que ya tienen. Esto es hacer trampas y un descaro", ha enfatizado, para añadir que PSOE y Unidas Podemos están "jugando con las cartas marcadas y se guardan todas los ases en la manga".

En este punto, ha señalado que el Grupo Popular está "estudiando" qué pasos puede dar para impedir esta "utilización" que, a su juicio, está haciendo PSOE y Podemos de la comisión de investigación de la operación 'Kitchen'.

Según Santamaría, el Congreso tiene que "garantizar" que la función parlamentaria de los diputados en esta comisión de investigación "sea ejercida en un régimen de igualdad". A su entender, lo "lógico" es que la Mesa de la Cámara Baja y la propia mesa de la comisión "eviten estos abusos".

"TEMOR COMPARTIDO" DE PSOE Y PODEMOS A VILLAREJO

Asimismo, el portavoz de Justicia del PP en el Congreso ha señalado que Unidas Podemos al final ha solicitado la comparecencia del excomisario José Manuel Villarejo "para salvar la cara", ya que el partido morado no la consideraba prioritaria la semana pasada.

Santamaría considera que PSOE y Podemos no van por separado en esta comisión de investigación "sino de la mano" porque "el temor que tienen a Villarejo es compartido". "Pero este listado diferenciado le permite a Podemos salvar la cara", ha aseverado.

El dirigente del PP ha insistido en que "a quién más parece preocupar el contenido de esa comisión es a PSOE y Unidas Podemos", si bien ha recordado que esas dos formaciones tienen mayoría en esa comisión de investigación, "en cuyo nombre están escritas las conclusiones".

Tras asegurar que PSOE y Podemos "han estado mareando la perdiz seis meses" con esta comisión, ha denunciado que hayan aprobado su plan de trabajo aplicando el "rodillo y sin aceptar las propuestas presentadas por los grupos parlamentarios".

La que fuera jefa de ETA María Soledad Iparraguirre, alias 'Anboto' o 'Marisol', ha negado este miércoles haber entregado material explosivo y armamento a un comando de la banda terrorista en 1994 para que colocaran un artefacto explosivo en una entidad bancaria en la localidad de Getxo (Vizcaya).

Iparraguirre --que ha respondido sólo a su abogado-- ha vuelto a negar, como en los tres juicios anteriores ante la Audiencia Nacional, que fuera conocida en la banda como 'Anboto'. Tesis que ha sido respaldada por los dos miembros del comando --Agustín Almaraz y Aitor Fresnedo-- que atentó contra la oficina de Credit Lyonnais.

Sin embargo, los agentes de la Guardía Civil responsables de la toma de declaración de ambos cuando fueron detenidos en los noventa, han indicado que en ese momento sí que reconocieron a 'Anboto' como Maria Soledad Iparraguirre y que además la identificaron en rueda fotográfica. Esto ha sido refutado por ambos etarras señalando que ya no recordaban lo declarado debido a que han pasado muchos años, y Fresnedo ha apuntado que además él declaró después de haber sido "salvajemente torturado".

Durante la vista de este miércoles, Iparraguirre ha comparecido tras las mamparas de protección, algo que ocurrió también en alguno de los juicios previos, si bien no en todos. En su turno final de palabra se ha declarado inocente de los hechos por los que era juzgada y ha subrayado que sentarla en el banquillo por algo que ocurrió hace 27 años es anacrónico y es muestra de "una justicia vengativa".

"Muestra una justicia vengativa que en lugar de buscar soluciones ahonda aun más en el conflicto por medio de la represión", ha añadido, para luego comentar que constata que a la Sala le resulta incómodo que se trate el tema de la tortura sufrida por miembros de ETA.

Por eso, ha abogado por una "justicia reparativa" que permita avanzar en el proceso de resolución en el País Vasco y que "permita a Euskal Herria seguir adelante y hacer frente a los problemas actuales y cerrar las heridas".

EL COMANDO ITSASADAR

El fiscal, que ha elevado a definitivas sus conclusiones, con leves modificaciones sobre alguna sustancia explosiva que incluía en su escrito, solicita doce años de prisión por el delito de estragos terroristas para 'Anboto', además de la prohibición de que vuelva a Getxo por un periodo de cinco años.

En su escrito de acusación, el fiscal sostenía que los integrantes del comando 'Itsasadar' "confeccionaron un artefacto deflagrante, compuesto por explosivo amosal, con un temporizador mecánico, colocándolo en una bolsa de plástico que depositaron hacia las 00.44 horas del día 14 de septiembre de 1994 en la fachada del banco Credit Lyonnais España de Getxo. El comando avisó telefónicamente de la colocación de la bomba, que estallaría 30 minutos después.

Según el Ministerio Público, el material explosivo, los temporizadores mecánicos y eléctricos, las dos pistolas, un subfusil, las cuatro cajas de balas, los dos manuales (uno de ellos sobre manejo de explosivos) y 500.000 pesetas, fueron entregados a estos dos miembros de ETA por Iparraguirre en marzo de 1994.

FISCALÍA VS DEFENSA SOBRE EL ALIAS

Gran parte de la vista de este miércoles ha girado en torno a demostrar si realmente María Soledad Iparraguirre era 'Anboto' o no. Para el fiscal no hay duda y en su exposición final ha incidido que "queda acreditado que sí era Anboto y por tanto era jefa de los comandos legales de ETA --no fichados por la Policía-- en el momento de los hechos".

"Sus funciones eran dar adiestramiento, suministrar material explosivo e indicar los objetivos contra los que los comandos deben atentar", ha recordado, para añadir que incluso uno de los testigos ha reconocido que Iparraguirre le impartió el curso en manejo de explosivos en Francia, "aunque haya tratado de desdecirse" posteriormente.

Ha apuntado además que la elección del objetivo de esa entidad francesa no era casual porque en esa época hay un cambio de paradigma y se varía hacia ese tipo de objetivos, algo que coincide con la llegada a jefa de comandos de 'Anboto'. "Su participación es por tanto mediata en este atentado", por lo que ha sostenido que ahí entra la calificación de autoría o, "cuanto menos", cooperación necesaria.

NO HAY PRUEBA "VÁLIDA"

Por su parte, la defensa de Iparraguirre ha pedido la libre absolución de su cliente al entender que "no hay prueba válida o suficiente para enervar la presunción de inocencia". Y ha pedido no caer en el "automatismo" de calificar a Iparraguirre como 'Anboto'.

En su informe, ha tratado de desacreditar las declaraciones de los peritos de inteligencia y las declaraciones policiales de los dos etarras que formaron parte del comando al entender que se realizaron en situación de incomunicación y vulnerando los derechos fundamentales de los detenidos. Y ha apuntado que es extraño que ambos dieran nombres y apellidos de otros miembros voluntariamente.

Al hilo, ha indicado que el reconocimiento fotográfico que estos etarras hicieron de Iparraguirre era sobre una imagen del 81, cuando tenía 19 años, por lo que ha dudado que fuera real. "Curiosamente todos reconocen sin género de dudas a Iparraguirre", ha apuntado, para luego recordar que un reconocimiento fotográfico por si solo "no constituye prueba para destruir la presunción de inocencia".

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado esta tarde, en una edición extraordinaria, las resoluciones del Gobierno regional por las que, desde esta medianoche, se establece el anunciado confinamiento perimetral de los municipios de Laredo, Colindres, Polanco y Santa María de Cayón así como el cierre de su hostelería, comercios minoristas y academias o la suspensión de determinadas actividades por su alta incidencia de casos de coronavirus.

Además, se limita el número de personas en los espacios públicos a cuatro o en los domicilios, donde solo podrán reunirse los convivientes.

Estas restricciones, que entran en vigor a las 00.00 horas de este jueves, 28 de enero, son por un periodo de 14 días --aunque podrán prorrogarse o dejarse sin efecto en función de la evolución epidemiológica de estos municipios-- se han articulado, por una parte, a través de un decreto del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y, por otro, en una resolución de la Consejería de Sanidad.

En el decreto del presidente de Cantabria se establece la restricción de la entrada y salida de personas a estos cuatro municipios salvo en el caso de desplazamientos justificados, la limitación a cuatro del número máximo de personas en espacios públicos tanto abiertos como cerrados (está en seis en el resto de la comunidad), la limitación de reuniones exclusivamente entre convivientes en espacios privados o domicilios, y el máximo de diez personas en lugares de culto.

A éstas se suman las aplicadas por resolución del consejero de Sanidad, que marca que deberán permanecer cerradas al público las zonas interiores y exteriores de los establecimientos de hostelería y restauración, excepto para servicio de entrega a domicilio o recogida --con excepción de comedores laborales y escolares--.

También deberán cerrar establecimientos minoristas excepto de primera necesidad (alimentación, bebidas, farmacias, veterinarias, ópticas, prensa, combustible, etcétera). En el caso del servicio de peluquería, solo se permite a domicilio.

Además, se suspenden todas las actividades en centros deportivos, culturales y de ocio y las actividades deportivas colectivas, así como la formación presencial que imparten entidades para la formación de empleados públicos, academias, autoescuelas y entidades de formación profesional para el empleo.

En estas resoluciones se justifican las medidas adoptadas aludiendo a un informe de la Dirección General de Salud Pública de este miércoles, en el que se indica que, en la semana del 18 al 24 de enero, los indicadores de la situación epidemiológica, particularmente los referidos a la incidencia acumulada, se mantienen en niveles "extremos" y los indicadores sanitarios, como la ocupación hospitalaria y de UCI, están en una estadio "alto" o "extremo.

Además, se indica que el análisis realizado de su evolución durante las dos últimas semanas muestra que los indicadores epidemiológicos (incidencia acumulada o incidencia acumulada en mayores de 65 años) actualmente se encuentran "al alza".

El objetivo de las medidas es disminuir el impacto de los factores de riesgo de la transmisión disminuyendo la probabilidad de exposición a los mismos, evitando la generación de situaciones donde pueda concurrir y minimizando el riesgo cuando estos ocurran.

Se busca restringir la generación de casos secundarios y cadenas de transmisión fuera del entorno inmediato, es decir, en el ámbito social y domiciliario, y fuera del lugar de residencia de los casos así como disminuir los espacios y oportunidades donde la adherencia a las medidas de prevención es menor debido a la "relajación" de los espacios y momentos de ocio y la posibilidad de ejecutar medidas de control (identificación de contactos) es menor.

También se quiere reducir el número de personas expuestas a casos en el ámbito social, domiciliario y desconocido; y el de contactos estrechos por cada caso confirmado fuera de su entorno inmediato (grupo burbuja); los brotes y el número de casos asociados con vínculo epidemiológico en el ámbito social y domiciliario.

Además, se busca restringir la generación de casos secundarios y cadenas de transmisión en el ámbito social y laboral a partir de casos asintomáticos no diagnosticados.

La directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), María Jesús Lamas, y el presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, Jesús Aguilar, han suscrito este miércoles un nuevo convenio de colaboración con el objetivo de seguir colaborando en todo lo relacionado con la información de medicamentos y productos sanitarios y contribuir a un uso más seguro de los mismos.

Ambas instituciones promoverán acciones conjuntas formativas e informativas, dirigidas tanto a profesionales como a ciudadanos, en el ámbito de los medicamentos y productos sanitarios. Además, el convenio recoge la posibilidad de colaborar en el intercambio de información de interés y desarrollar actividades científicas y técnicas de forma conjunta que potencien la información objetiva y rigurosa sobre los medicamentos y que contribuyan a un uso más responsable de los mismos.

En este sentido, la AEMPS y el Consejo General ya están colaborando en el desarrollo de acciones dentro del Plan Nacional frente a las Resistencias a los Antibióticos, entre ellas una campaña de educación sanitaria que será presentada en las próximas semanas.

"Este convenio es muy especial porque no podríamos cumplir con nuestra misión - garantizar la calidad, seguridad, eficacia y correcta información de medicamentos y productos sanitarios- sin la participación de los farmacéuticos", ha señalado la directora de la AEMPS, María Jesús Lamas.

Por su parte, el presidente del Consejo General, Jesús Aguilar, ha destacado "la importancia de este acuerdo que permite avanzar en la suma del potencial de dos grandes instituciones, su personal e infraestructuras, para ponerlo al servicio del interés general".

Ambas entidades han destacado entre sus preocupaciones los problemas de suministro, motivo por el que se han comprometido a continuar trabajando en el impulso de iniciativas encaminadas a mejorar la accesibilidad al medicamento por parte de los pacientes y, en general, cualquiera que redunde en garantizar y promover los derechos de los ciudadanos en el acceso a los mismos, combatiendo los efectos derivados de posibles faltas de abastecimiento.

También se avanzará en el desarrollo de los Sistemas de Farmacovigilancia, Vigilancia de Productos Sanitarios y Cosmetovigilancia u otras iniciativas encaminadas a la vigilancia de la salud pública, con la participación activa de los 75.000 farmacéuticos colegiados y las 22.102 farmacias.

En la reunión además han tratado la necesidad de garantizar el buen uso de los test de diagnóstico de COVID-19. Esto es imprescindible, en primer lugar, para evitar la sensación de falsa seguridad en la ciudadanía, algo que pueda llevar a un menor cumplimiento de las normas de higiene y distancia social.

En segundo lugar, por la preocupación ante un uso de estos test fuera de sus especificaciones, por personal no cualificado, o por su adquisición en canales que no ofrezcan seguridad y garantías, puesto que esto puede suponer una menor fiabilidad. Y por último, para informar a todos los usuarios y usuarias de cuál es el objetivo y la utilidad de cada tipo de test.

La comunidad autónoma de Extremadura ha registrado en las últimas 24 horas 796 casos positivos de Covid-19 confirmados, lo que supone un ascenso respecto a los 692 de este pasado martes.

Sin embargo, los pacientes ingresados en los hospitales han registrado un ligero descenso, hasta las 754 personas, no así los que se encuentran en las UCI, que ascienden a los 98, cuatro más que la jornada anterior. Se han dado 803 altas médicas, lo que equivale a una cifra total de 46.462 altas.

En la jornada hay que lamentar el fallecimiento de 31 personas con diagnóstico Covid-19 positivo, lo que supone un total de 1.410 decesos desde el inicio de la pandemia.

El Área de Salud de Mérida comunica cinco fallecidos, que son una mujer de 73 años de Valverde de Mérida, otra de 89 de Arroyo de San Serván, un varón de 83 años de Torremejía, y un varón y una mujer de 90 y 86 años de Mérida.

La de Badajoz notifica diez fallecidos: dos varones de 80 años y una mujer de 84 años de San Vicente de alcántara, dos mujeres de 80 y 66 años, de Montijo, una mujer de 87 años de Olivenza, dos varones de 58 y 90 años de Badajoz, una mujer de 91 años de Guadiana y una mujer de 96 años de La Codosera.

El área de Don Benito-Villanueva notifica cinco fallecidos: un varón de 87 años de Don Benito, un varón de 70 años de Santa Amalia, una mujer de 74 años de Fuenlabrada de los Montes, un varón de 84 años de Castuera y una mujer de 74 años de Villanueva de la Serena .

Plasencia, por su parte, comunica tres fallecidos: una mujer de 96 años de Aldeanueva del Camino, un varón de 85 años de La Granja y un varón de 70 años de Cabezuela del Valle. El área de Cáceres comunica tres fallecidos: un varón de 84 años de La Cumbre, una mujer de 85 años de Guadalupe y una mujer de 76 años de Cañaveral.

Finalmente, el Área de Salud de Llerena-Zafra notifica tres fallecidos: una mujer de 83 años de Medina de las Torres, una mujer de 89 años de Los Santos de Maimona y un varón de 63 años de Zafra; el de Navalmoral de la Mata comunica el fallecimiento de una mujer de 65 años de Madrigal de la Vera; y la de Coria notifica el fallecimiento de un varón de 92 años de Zarza la Mayor.

En cuanto a los brotes, se comunica uno en Badajoz con ocho positivos y seis contactos y otro en Mérida con 11 positivos y 43 contactos. Asimismo, se cierra un brote en Torrecillas de la Tiesa.

ÁREAS DE SALUD

Respecto al reparto de nuevos casos por áreas de salud, la de Badajoz notifica 270 casos confirmados. Tiene 262 pacientes hospitalizados, 36 de ellos en UCI. Registra 216 fallecidos y ha dado 12.935 altas, mientras que la de Cáceres ha notificado 114 casos positivos. Tiene 118 pacientes ingresados, de los que 17 están en UCI. Acumula 413 fallecidos y ha dado 6.682 altas.

Mérida registra 155 casos confirmados. Tiene 119 personas hospitalizadas, de las que 19 están en UCI. Acumula 184 fallecidos y ha dado 9.443 altas; Don Benito-Villanueva de la Serena notifica 94 casos positivos. Hay 118 pacientes hospitalizadas, de los que 14 están en UCI. Acumula 174 víctimas mortales y 5.906 pacientes curados.

A su vez, el área de Plasencia registra 68 casos positivos. Tiene 60 pacientes hospitalizados, de los que 12 están en UCI. Ha registrado un total de 168 fallecidos y ha dado 3.182 altas; y la de Navalmoral de la Mata ha notificado 39 casos confirmados. Tiene 16 pacientes ingresados y ha registrado 97 fallecidos. Ha dado 2.763 altas.

Finalmente, el Área de Salud de Llerena-Zafra registra 43 casos positivos. Tiene 44 pacientes ingresados. Ha registrado un total de 91 fallecidos y ha dado 3.578 altas; y Coria registra 13 casos positivos. Tiene 17 pacientes hospitalizados. Un total de 67 personas han fallecido y se han dado 1.973 altas.

La evolución de la covid-19 en Galicia y la necesidad de implantar más medidas restrictivas ha llevado a la Xunta a decretar el cierre temporal al público de los albergues de toda Galicia en pleno año Xacobeo.

La medida, publicada en el Diario Oficial de Galicia este martes, está ya en vigor y establece que este tipo de establecimientos turísticos deben permanecer sin actividad, al menos, hasta el 17 de febrero, periodo por el que se extienden el resto de limitaciones, como el cierre perimetral de todos los municipios y de la Comunidad, así como la reducción de reuniones a personas que convivan.

Por el contrario, los hoteles y resto de alojamientos turísticos podrán mantener su actividad para aquellos clientes que se hayan desplazado a Galicia, o entre municipios, por alguno de los motivos justificados.

En este caso, la ocupación de las zonas comunes no podrá superar el 50% de su capacidad y se podrán facilitar únicamente servicios de hostelería y restauración para los clientes alojados. Las instalaciones deportivas, como piscinas o gimnasios, permanecerán cerradas.

CIERRE DE ACTIVIDAD NO ESENCIAL

Como ya estaba vigente en tres municipios con medidas restrictivas adicionales --lo conocido como modelo Carballiño--, desde este miércoles deben permanecer cerradas en Galicia todas las actividades no esenciales, lo que incluye a bares y locales de hostelería, que solo podrán operar para servicio de recogida o a domicilio --en este último caso con un límite de horario de las 24,00 horas--. Sí estarán abiertos los bares y restaurantes de centros hospitalarios, de enseñanza o lugares de trabajo.

También se suspenderán espectáculos culturales, deportivos y feriales y actividades recreativas o de ocio y deberán cerrar cines, teatros, auditorios, bibliotecas, museos, salas de conciertos o centros de ocio infantil. No tendrán actividad salas de juego, tiendas de apuestas o casinos.

LIMITACIONES AL DEPORTE

En el ámbito deportivo, permanecerán cerrados los estadios, pabellones, pistas de patinaje, piscinas de competición o gimnasios. Podrán permanecer abiertas instalaciones deportivas que celebren entrenamientos o competiciones de ámbito estatal, profesional o no profesional, pero está prohibida la asistencia de público en cualquier caso. Se mantiene la suspensión de competiciones de ámbito autonómico.

Además, las personas que realicen actividad deportiva, de forma individual y al aire libre, deben llevar siempre mascarilla de protección.

En el ámbito de las competiciones deportivas oficiales no profesionales de ámbito estatal de modalidades que puedan implicar contacto, los equipos y deportistas gallegos deberán realizar entrenamientos y competición en "grupos de composición estable" y realizar test serológicos o pruebas similares cada 14 días naturales.

La totalidad de los miembros de la expedición de los equipos procedentes de otras comunidades que se desplacen a Galicia para estas competiciones deben realizar test serológicos o pruebas similares en origen entre 72 y 24 horas antes del partido, prueba o competición. Deben comunicar su llegada y alojamiento, así como la prueba, a las autoridades sanitarias.

La reunión que el viernes mantendrán el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y su homólogo estatal, Pedro Sánchez, ha marcado la comparecencia en la Cámara del mandatario gallego, quien ha aprovechado para buscar el apoyo de los grupos políticos a las propuestas que llevará a La Moncloa, entre duras críticas al Gobierno estatal por "no gestionar ni dejar gestionar" la pandemia.

Feijóo ha arrancado su comparecencia recordando vidas perdidas en la pandemia, con la voz entrecortada, y unas palabras de reconocimiento a los profesionales que en los ámbitos sanitario y sociosanitario trabajan para combatir los efectos de la covid-19. Y a renglón seguido, ha defendido su gestión y la toma de medidas, entre ellas las últimas restricciones, que han entrado en vigor a las 00,00 horas de este miércoles.

Mientras los líderes de la oposición --Ana Pontón (BNG) y Gonzalo Caballero (PSdeG)-- le han afeado su "falta de autocrítica" y su estrategia de "confrontación", Feijóo ha replicado que "mientras sea presidente" atenderá antes a las recomendaciones del comité clínico que a las que le formule cualquier partido político. Y ha vuelto a insistir en que el confinamiento general que tendría "terribles" consecuencias económicas y sociales, por lo que debe ser "el último recurso".

En todo caso, para no generar "falsas expectativas" a una "sociedad madura" como la gallega, ha admitido que no puede cerrar la puerta a que haya que endurecer más las medidas y ha advertido que, si bien los datos gallegos de tasa de mortalidad y presión asistencial, por ejemplo, son aún "mejores" que los del conjunto estatal, la Xunta "no dudará en aplicar medidas más rigurosas" si es "imprescindible".

Y él, ha añadido, dará la cara ante los gallegos para anunciarlas. Lo hará porque es el presidente --ha dicho-- de un Gobierno "en el que nadie se esconde". En el polo opuesto ha situado al Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez, al que ha instado a "asumir sus responsabilidades", ya que "toda España se encuentra en el pico de la tercera ola".

8M Y ELECCIONES CATALANAS

A las puertas de su encuentro con Sánchez, Feijóo ha rememorado el reciente rechazo del Ministerio de Sanidad, aún con Salvador Illa al frente, a flexibilizar el toque de queda y ha lamentado que el Ejecutivo estatal "ni gobierne ni deje gobernar" a las comunidades autónomas por priorizar "criterios políticos de corto alcance", en referencia a las elecciones catalanas.

"Es triste que se mantenga en un segundo plano", ha sostenido Feijóo, quien ha criticado que, en un contexto de gravedad, los ciudadanos tengan que observar "el relevo del ministro de Sanidad" o el "despliegue de miembros del Ejecutivo en actos de campaña". "Pero lo más grave es que, por encima de todo, se impidan a las comunidades los instrumentos que vemos necesarios desde la primera línea", ha afirmado.

Asimismo, ha cuestionado que el Ejecutivo de Sánchez tome decisiones "inspiradas por criterios políticos de corto alcance". "¿Por qué se le restó importancia a la primera de ola de marzo? ¿Porque había que celebrar el 8M?", se ha preguntado, antes de equiparar lo sucedido con que no se adopten medidas como adelantar toque queda pese a que lo piden varias autonomías porque "hay que celebrar a toda costa elecciones en Cataluña".

PROPUESTAS

Y tras las críticas, ha pedido a la oposición apoyo para las propuestas que planteará en su reunión del viernes, entre las que ha incluido, precisamente, flexibilizar el toque de queda, y también abrir el debate sobre en qué contextos se podría exigir que sea obligatorio el uso de las mascarillas FFP2 --analizando el impacto económico que podría derivar de esta medida--.

Entre sus peticiones estará también alcanzar "un consenso nacional" por el teletrabajo, que España se dote de una herramienta legislativa para la gestión de la pandemia "a largo plazo" o la necesidad de disponer un calendario de vacunación definido "de principio a fin". En este punto, ha esgrimido que el suministro debe hacerse, para las próximas fases, en porcentaje equivalente a la población diana.

"Si el próximo grupo prioritario van a ser los mayores de 80 años, y Galicia tiene el 8,2% de estos mayores, la Comunidad tiene que recibir el 8,2% de las vacunas", ha apostillado.

Asimismo, Feijóo pedirá al presidente del Gobierno que fije "criterios objetivos" al respecto de los fondos habilitados para las comunidades.

"CONFRONTACIÓN" Y "FALTA DE AUTOCRÍTICA"

Por su parte, tanto la líder del BNG, Ana Pontón, como el secretario xeral del PSdeG han coincidido al críticar que Feijóo acuda de nuevo a la "confrontación" con el Estado y a culpabilizar a la ciudadanía para eludir sus "responsabilidades" en la gestión de la pandemia. Frente a ello, le han emplazado a "anticiparse" y a "ponerse a gobernar".

En primer lugar, en un turno de réplica en el que también ha críticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esté "haciendo campaña" en lugar gestionar la pandemia, Pontón ha acusado a Feijóo de ser "incapaz" de anticiparse y le ha reprochado también su falta de "autocrítica".

La líder nacionalista, que ha alertado de la gravedad de los datos, ha censurado que "lo primero" que hiciese Feijóo después de la Navidad fuese "echar la culpa" a los gallegos de la situación "sin hacer autocrítica" y le ha reprochado que "no fuese capaz de poner sobre la mesa la única medida que es capaz de cortar de raíz" los contagios que, en su opinión, pasa por "un confinamiento de dos semanas", ampliable.

"¿Qué más tiene que pasar?", se ha preguntado Pontón, que ha mostrado su "mano tendida" para colaborar con la Xunta en la gestión de la pandemia.

También ha trasladado su voluntad de colaboración para doblegar al virus el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, quien se ha mostrado muy crítico con la estrategia política de "confrontación" que, en su opinión, lleva a cabo Feijóo, al que ha emplazado a "ponerse a gobernar" y "proteger a la gente. Así, le ha recordado que tiene "todas las competencias" en el marco del Estado de Alarma decretado en el ámbito estatal.

El socialista, que ha censurado la "soberbia" mostrada por Feijóo y le ha llamado a "bajarse del pedestal", ha cargado contra la "política del anuncio continuo" del mandatario gallego, a quien le gusta, ha dicho, "ponerse las medallas cuando las cosas van bien", pero después pone el foco en la actuación de otras administraciones, sobre todo del Gobierno, así como en la propia ciudadanía.

Sobre este punto, ha subrayado que son las autoridades las que tienen que ser "implacables" y ha mostrado su rechazo a una "policía de balcón" alentada por las palabras de Feijóo al señalar a los ciudadanos de la responsabilidad del avance de los contagios. "No ponga a la gente contra la gente", le ha reclamado.

Por último, el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, ha defendido la gestión realizada por la Xunta de la pandemia con base en el "saber especializado" de los expertos y ha acusado a la oposición de confundir "improvisar" con "ajustar" las medidas a las necesidades.

De este modo, ha censurado que Caballero culpe a la Xunta de intentar "salvar la Navidad" cuando el Ejecutivo estatal tomó decisiones más restrictivas que las del Ministerio de Sanidad y ha criticado también que la única solución por parte del BNG pase por un confinamiento total.

"Pontón propone el confinamiento de 15 días, Caballero dice que es lesivo e inconsistente, afortunadamente no tenemos un bipartito", ha ironizado Puy, que ha subrayado que las propuestas que hace el presidente de la Xunta "son razonables" y contrastan con una actuación por parte del Ejecutivo estatal "empañada" por la campaña electoral catalana.

Los positivos por Pruebas Diagnósticas de Infección Activa (PDIA) detectados en miembros de la comunidad educativa obligan a la Consejería de Educación a cerrar 38 nuevas aulas en las todas las provincias, excepto en Ávila.

La medida afecta hoy a cinco grupos de Burgos, once de León, cinco de Palencia, cuatro de Salamanca, dos de Segovia, uno de Soria, ocho de Valladolid y dos en Zamora y en estos momentos hay 317 aulas en cuarentena en Castilla y León.

Así en Burgos, la medida afecta a dos grupos en el CEIP Alejandro Rodriguez de Valcarcel, otra en el Claudio Sanchez Albornoz y otro en el Antonio Machado. La quinta pertenece a una clase de Primaria del CEIP Santa María de Aranda de Duero; en León a dos unidades en los colegios Sagrado Corazón, Leonés Jesús Maestro y Nuestra Madre del Buen Consejo, de la capital y a una unidad en el CEIP Teodoro Martínez Gadañón, de San Andrés del Rabanedo, el CRA Valle Del Boeza, en Las Ventas de Albares, La Inmaculada, en Ponferrada, Pradoluengo, en Bembibre y CRA Armellada.

En Palencia la medida afecta a dos grupos del CEIP Sofía Tartilán y a un grupo del CEIP Modesto Lafuente y del CEIP Marques de Santillana, ambos en la capital, y a otra en el Centro Don Bosco de Villamuriel de Cerrato; y en Salamanca a un aula del colegio Pizarrales y otra de los Salesianos San José, de la capital, y al IES Ramón Olleros Gregorio, de Béjar, y al colefio Misioneras de la Providencia de Ciudad Rodrigo.

Igualmente, en Segovia se ha cuarentenado a dos aulas en la provincia, una del CRA 'Riaza', en Riaza, y otra del CEO 'La Sierra', en Prádena; en Soria a un grupo de segundo de Educación Infantil del CEIP Los Doce Linajes, en la capital; en Valladolid a un aula de los colegios Alonso Berruguete y Miguel Delibes, el IES Pinar de la Rubia, el CPREE El Corro y la Escuela de Artem en la capital y a una unidad en los colegios Félix Cuadrado Lomas, de La Cistérniga, y Gloria Fuertes y Pinoduero, de Tudela; mientras que en Zamora a un grupo del CPC Corazón de Maria y otro en el EEI Virgen de la Concha, ambos en la capital.

Los equipos COVID-colegios realizarán pruebas diagnósticas a alumnos y profesores que hayan mantenido contacto estrecho con los casos positivos.

De las 317 aulas que están en cuarentena, 18 corresponden a la provincia de Ávila; 26 a Burgos; 44 a León, 34 a Palencia, 35 a Salamanca, otras 36 a Segovia, 14 a Soria, 82 a Valladolid y 28 a Zamora.

Desde que empezó el curso, se han confirmado, a través de las pruebas diagnósticas realizadas por los equipos Covid-Colegios, 789 casos de alumnos y 62 de trabajadores con PDIA positiva. Un tal de 37 de esas confirmaciones se ha producido en la última jornada y corresponden a 31 alumnos y seis trabajadores.

La Junta de Castilla y León recuerda, a través de un comunicado, a los padres de los niños que estén pendientes de resultados de PDIA que no los lleven a su centro educativo hasta que termine el periodo de cuarentena.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha confirmado el archivo de la causa contra el portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, la actual secretaria autonómica de Cultura, Raquel Tamarit, y dos funcionarios por supuestamente no haber acatado las órdenes de paralización y demolición de unas obras que fueron declaradas ilegales cuando el ahora diputado era alcalde de la localidad valenciana de Sueca.

De esta forma, la Audiencia, en un auto fechado el 1 de diciembre y facilitado este miércoles por Compromís, confirma la decisión del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Sueca de sobreseer el caso al considerar que "de las diligencias practicadas (...) no aparece debidamente justificada la perpetración de ilícito penal alguno".

Ante esta resolución, los impulsores de la denuncia --que sostenían que se habrían producido en el año 2007 unas irregularidades administrativas ante una construcción sin licencia-- interpusieron un recurso de apelación que ahora ha sido desestimado.

El auto argumenta, entre otros motivos, que "existe una patente debilidad indiciaria respecto de la infracción que señala la parte recurrente que no tiene expectativas de ser enriquecida con lapráctica de las diligencias que se solicitan".

"Puede contraargumentarse a la anterior afirmación, que, precisamente, si no se practican dichas diligencias no podrán obtenerse datos para valorar si cabe obtener los fines investigativos. Sin embargo, el círculo argumental se rompe si partimos de la idea de que no cualquier hipótesis posible de eficacia justifica lapráctica de cualquier diligencia. Es aquí donde entra en juego la racionalidad, como factor de corrección. Visto lo expuesto, en este caso la debilidad es tan evidente que no puede pretenderse la apertura o la continuación de un proceso judicial de investigación sobre la base esencial de la propia palabra", añade la Audiencia.

El auto, contra el que no cabe recurso, informa de que tanto Tamarit como Baldoví solicitan la condena en costas de los recurrentes. Al respecto, afirma que "la temeridad respecto de Tamarit es evidente", ya que "recurrir la resolución incluyendo el sobreseimiento respecto de ella sin incluir razonamiento alguno respecto de la misma, ni justificar que en ese periodo tenía alguna competencia respecto del expediente es una conducta temeraria que debe ser sancionada con la imposición de sus costas". En cuanto al resto, se declaran de oficio.

Tras conocer la resolución, desde Compromís recuerda que elaño pasado el Juzgado de Sueca ya decretó el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones, como también hizo Fiscalía, donde los denunciantes también presentaron unadenuncia.

"CONCIENCIA MUY TRANQUILA"

En un comunicado, Joan Baldoví celebrado el archivo definitivo de la causa: "Siempre tuve la conciencia muy tranquila. Hoy más que nunca la justicia nos ha dado la razón a aquellos nos teníamos quecomer titulares poco agradables cuando nunca hicimos nada que nos pudiera avergonzar", asevera.

Y añade: "Hoy termina una batalla judicial absurda y se demuestra que tanto Tamarit como yo siempre hemos defendido, por encima de todo y de todos, los intereses de nuestro pueblo, Sueca".

Por su parte, Raquel Tamarit --que no era aún alcaldesa de Sueca cuando ocurrieron los hechos denunciados-- agradece que en la sentencia se condene a los recurrentes a pagar las costas del juicio por su "temeridad" al incluirla en un proceso judicial en el que no tenia ninguna competencia al respecto.

"Me alegra que la Audiencia Provincial haya sido tan contundente condenando el comportamiento 'temerario' de los denunciantes, se hademostrado que mi implicación en este caso era solo por razones políticas que nada tienen que ver con el supuesto incumplimiento de la legalidad", recalca.

La directora médica de Atención Primaria de Cantabria, Beatriz Josa, cuya madre fue vacunada de Covid hace dos semanas cuando la campaña se dirigía a sanitarios del servicio de emergencias del 061, ha presentado su dimisión al trascender este hecho, pero la gerente de Atención Primaria, Alicia Gómez, ha rechazado la renuncia.

"Primero dimito yo. Así de claro", ha sentenciado Gómez en declaraciones en las que ha explicado lo ocurrido, y que a su juicio "más ético no ha podido ser" destacando que se ha actuado, además, "con total transparencia".

La responsable de los centros de salud de la región considera "vergonzoso" y una "mediocridad" que se pida la destitución de la directora médica por este asunto, y cree que ese extremo no se puede "admitir" como tampoco "se debería consentir".

Según ha relatado, para vacunar a los sanitarios del 061 se mandaron al centro de salud de Nueva Montaña de Santander, donde tiene su sede este servicio, los viales con las dosis necesarias, conforme a la relación de trabajadores pedida y remitida previamente.

Así, aunque los viales coincidían con el número de empleados del listado, sobraron "dos dosis", de las que dio cuenta la coordinadora, así como también de que no encontraba en el centro -que asimismo alberga la Línea 900 de información Covid- a "nadie" sin inmunizar. "Todo el mundo" se había puesto ya la vacuna, ha indicado Gómez.

Ante esto, y teniendo en cuenta que el suero solo se puede administrar en las seis horas siguientes a su descongelación, la coordinadora llamó a la directora médica, ya que a ella no se le ocurría a quién poner las dosis sobrantes.

De este modo, Beatriz Josa planteó la posibilidad de administrar la vacuna a su madre, de 87 años, y tuvo que "dar mil vueltas" para que alguien acercara a la mujer al centro, extremo que finalmente llevó a cabo un familiar.

Al trascender este hecho, la gerente de Atención Primaria tiene sobre la "mesa" la renuncia de la directora médica, pero se niega a aceptarla: "Primero dimito yo", ha advertido, al considerar "vergonzoso" solicitar o admitir el cese por algo así.

QUE SE APROVECHEN LAS DOSIS, NO SE PUEDEN PERDER

Alicia Gómez cree que en el arranque de la campaña de vacunación del Covid el Servicio Cántabro de Salud y la Gerencia de Atención Primaria no han actuado con la "suficiente previsión" como para decidir qué hacer con las dosis sobrantes, más allá de determinar "que se aprovechen", porque "no se pueden perder".

Se trata de algo que está sucediendo "en todos los centros" de atención primaria, de modo que cuando han sobrado dosis se han buscado personas a las que ponérselas para no perderlas.

"Era lo que había que hacer: optimizar las dosis, no tirarlas", ha zanjado para concluir la gerente de Atención Primaria de Cantabria, que rechaza así la dimisión de la directora médica.

El sistema educativo gallego sigue sumando cifras 'récord' de contagios en esta tercera ola de la pandemia. Este miércoles ha alcanzado un nuevo máximo de casos, tras registrar un total de 3.400 positivos en los centros, institutos y escuelas infantiles del territorio.

El total de casos activos en las instalaciones educativas aumentó en unos 48 respecto al día anterior, la menor diferencia entre jorandas desde la vuelta a las clases tras las Navidades.

A pesar de ello no solo se mantiene la tendencia de incremento de este indicador registrada de las últimas semanas, sino que los centros cuentan este miércoles con 1.150 positivos más que hace siete días.

De hecho, el balance facilitado por la Xunta no detalla los nuevos contagios que se registran en los centros educativos ni los alumnos afectados por cuarentenas, sino los casos que permanecen en activo y las aulas y centros cerrados por decisión de la autoridad sanitaria (no se recoge si es por iniciativa del equipo directivo de la escuela).

La evolución de los contagios obliga a mantener cerradas al menos 160 aulas, ocho escuelas infantiles y un centro de educación especial, el CEE Miño de Ourense, que cuenta con la menos cinco casos en sus instalaciones.

Una de ellas es el punto de atención a la infancia de Friol, con un positivo. El resto de centros clausurados son la escuela infantil municipal A Cañiza, el PAI de Riós, la Praia Xardín de Boiro, Pequenecos de Curtis, Unitaria de A Pobra de Trives, la municipal de Viveiro y la unitaria de Forcarei, esta última con un total de seis contagios.

A CORUÑA SUBE

Los centros más afectados se concentran, de nuevo, en la zona de A Coruña con un total de 948 positivos y al menos 37 unidades cerradas. De hecho, el área de sanitaria coruñesa cuenta con más contagios que los que había en todas las escuelas e institutos de Galicia al final del primer trimestre.

Arteixo, en concreto, cuenta con parte de los casos más graves de todo el sistema educativo gallego, especialmente el IES Manuel Murguía con una treintena de positivos, el CEIP de Arteixo con 23 positivos y seis aulas cerradas, el CEIP Ponte dos Brozos con 24 y 1 aula cerrada, y el CEIP de Galán, que pese a contar con 12 contagios ha clausurado al menos tres aulas en sus instalaciones.

Otros centros con cifras importantes de afectados son el privado La Grande Obra de Atocha con 25 positivos y un aula cerrada; el CPR Plurilingüe Liceo La Paz con 21; el CPR Plurilingüe Sagrado Corazón con 18 casos; el CPR Plurilingüe Santo Domingo con 13, el CIFP Ánxel Casal Monte Alto con 13; el CPR Plurilingüe Compañía de María con 15; el CPR Eiris con 18; o el IES Plurilingüe Eusebio da Guarda con 12, todos ellos en A Coruña.

En la misma ciudad, destacan el CPR Plurilingüe Fogar de Santa Margarida con 13 positivos y el CPR Plurilingüe Salesiano San Juan Bosco con 14.

En A Laracha, el CEIP Ramón Otero Pedrayo registra 12 positivos y un aula cerrada; en Betanzos, el CEIP Francisco Vales Villamarín 11 positivos y 2 aulas cerradas; en Cambre, el CEIP Wenceslao Fernández Flórez, 11 positivos y un aula cerrada; en Coiros, la EEI de Coirós de Arriba 13 positivos y un aula cerrada; y en Sada, el CEIP Pedro Barrié de la Maza cuenta con 14 positivos y una unidad cerrada, entre otros

VIGO, LA SEGUNDA CON MÁS CASOS

La centros del área de Vigo suman, por su parte, un total de 622 positivos, 51 aulas cerradas y una escuela clausurada.

Entre ellos, el CPI da Cañiza con 21 casos y 1 aula cerrada, el CEIP Marquesa do Pazo da Mercé de As Neves con 12 casos y 1 unidad clausurada, el CEIP Fermín Bouza Brey de Ponteareas con 14 positivos y 2 aulas cerradas y el CPR Plurilingüe Santiago Apóstol con 15.

Asimismo, el IES Val do Tea registra 11 positivos y 1 unidad cerrada, el IES Mendiño de Redondela 13 positivos, el CPR Santa María de Tui 12 positivos y 2 aulas cerradas y el IES San Paio 13. En Vigo, por su parte, destaca el María Inmaculada con 15 positivos y una unidad clausurada.

El área sanitaria de Santiago registra este martes 503 positivos, 20 aulas y 1 centro cerrado. Los casos más importantes son el CPR Plurilingüe La Salle (16), el CPR Plurilingüe San José de Cluny (14), el IES Antón Fraguas con 22, y el CEIP Plurilingüe Monte dos Postes con 14 positivos y un aula cerrada.

Por su parte, el área sanitaria de Pontevedra asciende a 402 positivos, 19 aulas y 2 centros cerrados. Los más afectados son el CEIP de Viñas de Poio y el IES del mismo municipio con 17 y 16 casos, respectivamente.

Además, el CEIP Álvarez Limeses de Pondevedra suma 10 casos y 2 aulas cerradas, el CEIP Plurilingüe Cruceiro de Sanxenxo 24 positivos y 1 aula cerrada, y el CEIP Plurilingüe Rosalía de Castro 11 positivos y dos aulas afectadas.

OURENSE, LUGO Y FERROL

El área sanitaria de Ourense registra 371 positivos, 18 aulas y 3 escuelas cerradas. Entre ellos destacan el IES de Allariz (20 contagios y un aula cerrada), el CPR Plurilingüe Santa María (13 y un aula cerrada) y el CPR Plurilingüe Santa Teresa de Jesús (14), ambos de Ourense. En Xinzo da Limia, el CEIP Carlos Casares suma 15 positivos y 1 aula cerrada.

El área sanitaria de Lugo registra además 309 positivos, nueve unidades y dos centros cerrado, entre los que destaca el IES Río Cabe de Monforte de Lemos con 27, el IES María Sarmiento de Viveiro con 14.

El área sanitaria de Ferrol cierra el listado con 245 positivos y 16 aulas cerradas, entre ellos el IES de Fene con 12 positivos, el CIFP Ferrolterra con 11 y el CEIP Couceiro Freijomil de Pontedeume con 19 contagios y al menos 2 unidades cerradas.

La vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, se ha plantado frente al "negacionismo" del Holocausto y ha asegurado el "compromiso firme" del Gobierno con leyes como la ley de Memoria Democrática y la ley de Igualdad de Trato.

"Sí, frente a quienes niegan, combaten y discuten tantas verdades que son tan necesarias para avanzar, ocurrió una masacre en toda línea en Europa contra judíos, gitanos, disidentes, antifascistas españoles, testigos de Jehová, contra aquellos que no cumplían un canon macabro de una definición de la propia humanidad que en sí misma es la antihumanidad", ha subrayado Calvo.

En este sentido, ha precisado que uno de los retos a los que se enfrenta el mundo en la actualidad "se inició negando la tragedia e ignominia que supuso el Holocausto". "Negar la verdad nos coloca en una zona de peligro extraordinario, a nuestra propia existencia, a las convenciones con que somos capaces de convivir y respetarnos", ha precisado.

Así lo ha expresado este miércoles durante su intervención en el Acto de Estado en el Senado en Memoria del Holocausto, para recordar a las víctimas del genocidio que tuvo lugar en Europa a manos de los nazis, que asesinaron a 6 millones de judíos, a cientos de miles de gitanos, a decenas de miles de personas con discapacidad, testigos de Jehová, homosexuales y a miles de republicanos españoles.

Cada 27 de enero se conmemora el Día Internacional en Memoria del Holocausto, coincidiendo con la fecha de la liberación del campo de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau, de la que se cumplen ya 76 años.

Tras asegurar que hay actos como este que "no están en la agenda sino en la conciencia" y que este año de la pandemia, la obligación era "aún mayor", la vicepresidenta primera ha manifestado el "compromiso firme" del Gobierno con la defensa en todo momento de "los valores de la convivencia y la democracia".

Esto, según ha añadido, se materializa en las leyes y, por ello, ha puesto de relieve dos normas "de máxima importancia" que se dispone a aprobar el Ejecutivo: la de Memoria Democrática y la de Igualdad de Trato. "No hay más compromiso que las normas que nos damos por procedimiento democrático con la exigencia de su cumplimiento", ha destacado.

Calvo también ha agradecido a los diplomáticos que ayudaron a miles de judíos a escapar del Holocausto, como el español Ángel Sanz Briz. "Fueron sencillamente humanos y valientes", ha ensalzado. Y ha invitado a seguir manteniendo la "memoria viva" de lo que ocurrió porque "la desmemoria es una enfermedad pero el olvido es un delito contra ellos".

NO CAER EN EL OLVIDO

Por su parte, la presidenta del Senado, Pilar Llop, ha insistido en que "no se puede tolerar el negacionismo ni la distorsión del Holocausto" ni tampoco "caer en el olvido", para lo que ha destacado la importancia de transmitir las lecciones aprendidas a las nuevas generaciones.

"Nuestra obligación es permanecer alerta", ha asegurado Llop, al tiempo que ha advertido de que, aunque en la actualidad se cuentan con mejores mecanismos de control, "ninguna sociedad está completamente protegida de la sinrazón".

Por ello, ha subrayado la importancia de defenderse de "fenómenos pseudopolíticos, como el populismo y la polarización que crecen en las sociedades" y que le generan "mucha preocupación".

"El populismo es un río que esconde peligrosas corrientes que recorren Europa. Debemos rechazar contundentemente cualquier movimiento, idea, gesto, expresión xenófoba, racista, supremacista o negacionista de los derechos humanos, y aquellos movimientos o ideas que deslegitiman las instituciones democráticas", ha añadido.

También ha recordado el actual "drama de la crisis humanitaria" de miles de personas que huyen de la guerra, que sufren desplazamientos forzosos y conflictos, y que "merecen que su dignidad, sus derechos y su integración sean respetados por cada Estado".

ENSEÑAR EL HOLOCAUSTO EN LA ESO

En el Acto de Estado ha intervenido asimismo el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE), Isaac Benzaquén, quien ha pedido a todas las comunidades autónomas que incluyan la historia del pueblo judío y el Holocausto en el currículo de los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) siguiendo el ejemplo de "la Comunidad de Madrid o Aragón".

Este estudio desde la escuela, según ha dicho, es importante ante el "recrudecimiento del antisemitismo". "En Europa siguen asesinando a judíos por el hecho de serlo y los actos antisemitas siguen creciendo", ha advertido.

En el caso de España, ha precisado que los colegios judíos y las sinagogas están protegidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ha lamentado que "los cementerios judíos son profanados", como ocurrió recientemente en el de la comunidad judía de Madrid. Si bien, ha indicado que "estos actos execrables son obra de unos pocos fanáticos ajenos al sentir de la inmensa mayoría de la sociedad".

QUE EL PUEBLO GITANO NO SEA SILENCIADO

Por su parte, Henar Corbi ha leído unas palabras del director del Instituto de Cultura Gitana, Diego Luis Fernández, en memoria de "los más de 500.000 gitanos muertos por la barbarie nazi" y ha pedido que "nunca más el pueblo gitano sea silenciado" y que reciba el "reconocimiento que le corresponde" no solo centrado en "aspectos asistenciales.

En recuerdo de los 10.000 republicanos españoles deportados y asesinados en campos de exterminio, ha intervenido la vicepresidenta de Amical Mauthausen y otros campos, Concepción Díaz Berzosa, quien ha alertado de que en la actualidad se observan "algunos de los elementos que produjeron el Holocausto" como los "movimientos neofascistas, partidos de extrema derecha, grupos que proclaman consignas negacionistas a todo y escupen barbaridades en las redes sociales" y que "han conseguido estar presentes en las instituciones políticas". "Estamos ante un viejo espectro", ha avisado.

En el acto, también han estado presentes, entre otros, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, el rabino de Madrid Moshé Bendahan, y el director del Centro Sefarad-Israel, Miguel de Lucas. Durante el mismo, se han encendido seis velas en memoria de las víctimas del Holocausto y se ha escuchado la melodía 'Eli, Eli', de David Zehavi para el poema de Hannah Szenes, y el 'Gelem, Gelem', himno tradicional gitano nacido en los campos de concentración.

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Salamanca (USAL) ha aprobado por unanimidad la concesión de su "máxima distinción estatutaria" al colectivo sanitario, una Medalla de la Universidad que servirá de "reconocimiento" por la labor que está llevando a cabo durante la pandemia.

El rector de la institución académica, Ricardo Rivero, ha mostrado su satisfacción por el acuerdo alcanzado y ha puesto a disposición de las autoridades sanitarias "todos los recursos" de la USAL para "lo que sea preciso" en la lucha contra la covid.

En este sentido, además de indicar que está "disponible" el Colegio Arzobispo Fonseca, como en la primera ola, ha puesto como ejemplo otros servicios que los sanitarios podrían precisar como dependencias, personal de laboratorios o nuevas tecnologías.

En cuanto a otros asuntos tratados en el Consejo de Gobierno, Ricardo Rivero ha destacado también la aprobación del Plan Estratégico de la Universidad de Salamanca, que ahora tendrá que abordarse en el Consejo Social.

Sobre este documento, ha explicado que el equipo de Gobierno ha incorporado "modificaciones menores y técnicas" solicitadas por algunas personas "disconformes", antes de la aprobación en el Consejo de Gobierno, ya obtenida, y en el Consejo Social, que será el siguiente paso.

MEDALLA

La medalla de la universidad salmantina es el máximo galardón que concede la institución académica a personas y organizaciones a las que el estudio reconoce "una labor extraordinaria".

La última vez que la Universidad de Salamanca concedió este honor fue al catedrático emérito de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid Elías Díaz García, en enero de 2019.

Antes que él también la obtuvieron, entre otros, el presidente de la República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, el que fuera presidente del Consejo Social de la USAL, Salvador Sánchez-Terán, y Gloria Begué Cantón, primera catedrática y decana de la Universidad de Salamanca.

Entre las instituciones, algunas de las que cuentan con este galardón son la Cámara de Comercio de Salamanca, las universidades de San Marcos de Lima y Nacional Autónoma de México y el Parlamento Europeo.

La universidad tiene previsto organizar una ceremonia de entrega en marzo en el Colegio Fonseca, "uno de los edificios emblemáticos del estudio", que durante la primavera de 2020 se transformó en un espacio para la recuperación de los enfermos leves infectados por COVID-19.

La Comisión Europea ha instado a AstraZeneca a enviar a la UE dosis de su vacuna desde alguna de las dos plantas que la farmacéutica tiene en Reino Unido si ha registrado problemas de producción en una de las plantas que tiene dentro del bloque, en Bélgica y Alemania.

El Ejecutivo comunitario ha puntualizado que el contrato con la compañía prevé que las entregas a los Estados miembros se harán desde cuatro fábricas, de las cuales dos se encuentran en Reino Unido, una en Bélgica y la cuarta en Alemania.

"No hay jerarquía entre las plantas. En esos contratos hay cuatro plantas pero no diferencia entre las de Reino Unido y las de la UE. Las de Reino Unido son parte de nuestros acuerdos de compra anticipada", ha reiterado en una comparecencia de prensa la comisaria de Salud, Stella Kyriakudes.

La chipriota ha añadido que en el contrato no se especifica que "un país, o Reino Unido, tenga prioridad por haber firmado antes". "Contempla un calendario trimestral y si fuera el caso (que un país concreto tiene preferencia), AstraZeneca tendría que haberlo puesto en una cláusula", ha señalado.

Bruselas, ha insistido Kyriakides, rechaza la "lógica" de que "se sirve primero al que llega primero". "Puede funcionar en una carnicería de barrio, pero no en contratos y desde luego no en nuestros acuerdos de compras anticipadas", ha subrayado.

Además, la Comisión Europea ha invitado a AstraZeneca a publicar el contrato firmado entre ambas partes para la adquisición de hasta 400 millones de vacunas, puesto que entiende que su consejero delegado, Pascal Soriot, ya ha desvelado algunas de las cláusulas protegidas por confidencialidad en la entrevista que concedió este martes a varios medios europeos.

La vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford todavía no está autorizada en la UE, pero se espera que la aprobación por parte de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) pueda llegar este mismo viernes. La tensión entre Bruselas y la compañía ha ido en aumento desde que la semana pasada la segunda comunicara que el ritmo de las entregas a los Estados miembros será mucho menor del pactado por problemas en la producción de las dosis.

EXPLICACIONES INSUFICIENTES

Hasta ahora, AstraZeneca ha argumentado que el retraso en la entrega de dosis de su vacuna a los Estados miembros de la UE se debe a un peor "rendimiento" en una de las fábricas que tiene en la UE, una razón que Bruselas ve "inconsistente" porque da por seguro que la empresa tiene más vacunas en el resto de plantas, según han explicado fuentes comunitarias.

"No se nos ha dicho cuál es el problema real", critican las mismas fuentes, que apuntan incluso a "diferentes versiones" dentro del equipo de representantes de AstraZeneca que han mantenido conversaciones con la Comisión Europea. "No nos creemos que no tengan 'stock' (de vacunas) en las otras tres plantas", han enfatizado.

Las dos partes se reunirán de nuevo esta tarde a partir de las 18.30 horas y Bruselas espera que el grupo farmacéutico explique "con claridad" cómo piensa solucionar el problema y cumplir con el contrato.

De cara a dicho encuentro, Kyriakides ha instado a la farmacéutica a "involucrarse completamente, reconstruir la confianza, dar información completa y cumplir sus obligaciones contractuales, sociales y morales".

Aunque la comisaria no querido entrar en cifras concretas, fuentes de la Comisión señalan que AstraZeneca prevé entregar únicamente un cuarto de las dosis prometidas para todo el tercer trimestre, que alcanzaban una cantidad de "tres cifras". Esta reducción es "inaceptable" para Bruselas.

Lo que sí ha querido dejar claro Kyriakides es que Bruselas no prohibirá ni restringirá las exportaciones de vacunas desde la UE a terceros países, sino que el mecanismo que propondrá esta semana tendrá el objetivo de aportar "transparencia" y "claridad" con respecto a las dosis que son producidas en la UE y a quién se entregan.

Un 94,1% de los profesionales de distintas áreas relacionadas con la publicidad perciben cambios en los hábitos de consumo durante los primeros seis meses de 2020, según concluye el estudio 'Influencia de la publicidad en las actuales tendencias de consumo'.

La investigación ha sido presentada este miércoles por Sonia Díaz, socia en Estudio de Comunicación, y Miguel Ángel Corrales, presidente y editor de 'La Publicidad'. Ambas entidades han realizado este trabajo en base a las respuestas de 203 expertos en publicidad en medios, agencias y departamentos de empresas.

Según este estudio, el 50,8% de los profesionales que han observado cambios en los hábitos de compra opina que el principal es el trasvase del ámbito presencial al digital. Además, el 56,5% de los que han apreciado estos cambios cree que se deben a las circunstancias derivadas de la pandemia de la COVID-19 y que son "una tendencia imparable".

Los profesionales consultados en este estudio apuntan al 'branded content' programado en los medios digitales, tanto nativos como versiones 'online' de los convencionales, como el tipo de publicidad que más influye en las compras 'online'.

El informe señala que la publicidad en medios 'online', tanto nativos como versiones digitales de los convencionales, tiene mucha o bastante influencia en el consumo para un 94,3% de los entrevistados.

Respecto a los medios convencionales, la influencia de la publicidad en las compras 'online' es significativa (mucha o bastante) para un 71,4% de los entrevistados en la televisión, para un 54,7% en la radio, y para un 25,8% en la prensa impresa.

Por otro lado, la investigación destaca que todos los profesionales de las agencias de medios consideran mucha la influencia de la publicidad enfocada al e-comerce en medios digitales.

Los formatos de publicidad nativa branded content y content ads son los que mayor valoración tienen con un 83,4% y un 76%, respectivamente, sumando quienes valoran mucha y bastante influencia.

Además, el estilo emocional para la creatividad publicitaria es el que más convence al conjunto de los entrevistados (49,8%), seguido del informativo (17,7 %), y el 63,1% cree que es posible generar publicidad 'online' eficaz que no sea programática.

El fiscal jefe de Castellón, José Luis Cuesta, ha dimitido este miércoles tras conocerse que ha recibido la vacuna contra la Covid-19 antes de que fuera su turno. La fiscal general del Estado (FGE), Dolores Delgado, ha aceptado la renuncia al constatar el incumplimiento por su parte de lo dispuesto en la Estrategia de vacunación para la Covid-19 en España.

Cuesta alega para su renuncia, según comunicado de la Fiscalía General del Estado, "motivos personales". Pero, añaden, se ha constatado que ha incumplido con esa estrategia de vacunación que fue aprobada por el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y ejecutada por las Comunidades y Ciudades Autónomas.

Por su parte, la Conselleria de Sanidad ha confirmado a Europa Press que ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias en las que se ha producido la vacunación del hasta ahora fiscal jefe de Castellón, adelantada por elDiario.es.

José Luis Cuesta fue nombrado fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Castellón en noviembre de 2012, en sustitución de Javier Carceller, y fue reelegido en el cargo cinco años después, en enero de 2018.

Recientemente ha trascendido que la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) decidió trasladar a la fiscal superior de la Comunitat Valenciana y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) supuestas injerencias de Cuesta, denunciadas por la Junta Sectorial de Jueces de los Juzgados de Instrucción de Castellón.

Por su parte, la Comisión Permanente del CGPJ, en la sesión celebrada el 23 de julio de 2020, tomó conocimiento del acuerdo adoptado por el TSJCV en relación a la Junta de Jueces de Castellón, sin que haya trascendido si ha adoptado alguna decisión.

La renuncia de José Luis Cuesta es la segunda que se produce este miércoles en la Comunitat Valenciana por el mismo motivo, ya que la concejala de Sanidad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Dénia (Alicante), Cristina Morera (PSPV), ha comunicado que ha presentado su dimisión "irrevocable" después de hacerse público que se vacunó el pasado 12 de enero contra la Covid-19 por no "desperdiciar" la dosis.

LA ESTRATEGIA DE VACUNACIÓN

Según esa estrategia de vacunación elaborada por el Ministerio de Sanidad en diciembre, se hacía imprescindible generar un sistema de priorización dado que el número de dosis en un primer momento no abarca a toda la población. Así, en el documento estratégico proponían un modelo mixto de criterios para esa priorización, teniendo en cuenta que existe igualdad en dignidad y derechos. "Todo ser humano, por el mero hecho de serlo, es igualmente digno y socialmente útil", decía el texto.

Y remarcaba que quedaban prohibidas establecer prioridades en el acceso a las vacunas basándose únicamente en características tales como raza, etnia, religión, sexo, edad, nacionalidad, origen, discapacidades, condición económica o social y otros.

En el baremo a la hora de decidir que los primeros en ser vacunados debían ser los ancianos en residencias y los sanitarios, se incluían principios como el de necesidad, equidad, protección de personas en situación de vulnerabilidad, beneficio social y reciprocidad.

También se tuvieron en cuenta criterios como el riesgo de morbilidad grave y mortalidad, el riesgo de exposición en entornos donde circula el virus, el riesgo de impacto social o económico negativo, o el riesgo de transmitir la infección a otros.

La Junta de Extremadura permitirá a partir de este viernes, 29 de enero, la apertura del comercio minorista, aunque únicamente de lunes a viernes en horario de 10,00 a 14,00 horas, mientras que mantiene cerrada la hostelería y los gimnasios.

Además, la comunidad autónoma también ha prorrogado el aislamiento perimetral de todos los municipios de Extremadura, así como el toque de queda a las 22,00 horas.

Así lo ha anunciado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, en el que ha avanzado esta "cierta flexibilización" de las medidas para frenar contagios de coronavirus, aunque "en ningún caso" es una desescalada.

En su intervención, el titular extremeño de Sanidad ha resaltado que aunque la comunidad continúa en una "situación muy complicada" respecto a la incidencia del coronavirus, con 1.330 casos por cada 100.000 habitantes, los indicadores muestran "claramente que la tendencia está consolidándose a la baja".

Por tanto, se trata de "unas cifras preocupantes pero alentadoras", ha resaltado el consejero de Sanidad, quien ha señalado que esta "cierta flexibilización" de las medidas es "solo el comienzo de lo que puede ser el futuro" si continúa la tendencia a la baja de los contagios.

SOLO LOCALES ABIERTOS A LA CALLE

En cuanto a la apertura de tiendas a partir de este viernes, Vergeles ha explicado que inicialmente se permitirá un periodo de siete días, revisable en función de la evolución de los contagios, y la apertura deberá ser de 10,00 a 14,00 horas de lunes a viernes.

Así, podrán abrir los establecimientos de una superficie igual o menor a 400 metros cuadrados, y cuyo local esté abierto a la calle y no en un centro comercial, ya que en caso de que se generen colas en el local, ésta tenga apertura al exterior, ha explicado.

Ante esta apertura, la Junta ha recomendado por un lado a los clientes que vayan a comprar individualmente, no acompañados, y por otro, que los locales presten atención preferente a los mayores de 65 años por ser población vulnerable.

El aforo de estas tiendas que podrán abrir sus puertas no podrá ser superior al 30 por ciento de lo permitido, y en estos comercios se permitirá también, ha añadido Vergeles, la recogida de aquellos productos que se hayan comprado por vía telemática.

COCHES, MUEBLES Y ELECTRODOMÉSTICOS

Además, la Junta de Extremadura también permitirá a partir de este viernes la apertura de concesionarios de coches, tiendas de muebles o de electrodomésticos que tengan más de 400 metros cuadrados, y que podrán abrir también de 10,00 a 14,00 horas y de lunes a viernes, pero únicamente podrán recibir a un cliente, que deberá contar con cita previa.

Respecto a la actividad física, la Junta de Extremadura mantiene cerrados los gimnasios, aunque sí autoriza que "una persona, realizando deporte individual, entre la que se encuntra la caza deportiva, pueda desplazarse entre municipios para realizar esa actividad concreta.

Vergeles ha defendido que el ejercicio físico "tiene que ser un remedio no farmacológico para combatir las consecuencias de la fatiga pandémica", ha resaltado.

INCIDENCIA EN EXTREMADURA

En cuanto a los datos aportados por el consejero de Sanidad, Extremadura presenta este miércoles una incidencia de 1.330 casos por 100.000 habitantes a los 14 días, y de 563 casos a los 7 días, que están "por encima de la media española", pero "con una tendencia de aplanamiento de la curva o de descenso, que es más pronunciado a la incidencia a los 7 días".

Además, de las alrededor de 6.200 pruebas de infección por coronavirus que se realizaron este pasado martes en Extremadura, el 11,8 por ciento fueron positivas, una tasa "bastante más baja que los días anteriores".

Esta tendencia de "aplanamiento" de la curva de contagios viene a corroborar, a juicio de Vergeles, que la implantación de las "medidas más drásticas" en la región hace unas semanas, como el cierre de comercio y hostelería o adelanto del toque de queda a las 22,00, "han dado un resultado que juntos, la sociedad con el gobierno estamos siendo capaces de ir descendiendo en las cifras de incidencia".

Unas cifras de incidencia que "todavía están muy altas", ha recordado el titular de Sanidad, quien ha reiterado que Extremadura está "en una situación muy complicada", por lo que es necesario "seguir haciendo todos los esfuerzos colectivos para seguir disminuyendo las cifras".

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha informado este miércoles que la Junta está realizando un "seguimiento continuo de la evolución" del enjambre sísmico que afecta a Granada y su área metropolitana, por si hiciera falta activar la fase de emergencia de su Plan de Emergencia ante el Riesgo Sísmico, ahora mismo en preemergencia, ya que, conforme a datos de los expertos, la serie de terremotos se puede prolongar en el tiempo.

En una visita el Centro de Coordinación de Emergencias del 112 en la provincia de Granada, Bendodo, que también ha estado en el Instituto Andaluz de Geofísica y Prevención de Desastres Sísmicos, ha seguido de primera mano las intervenciones que se están llevando a cabo en relación a la serie de sismos que se están produciendo en la zona de la Vega granadina.

Bendodo, que ha dicho entender "el miedo y la incertidumbre general" de los granadinos en un momento como el actual, ha manifestado que "Andalucía está preparada para gestionar estas contingencias porque tenemos unos servicios de emergencias a la vanguardia del país que garantizan la seguridad e intervención en todo momento con unos protocolos específicos".

"Desde el Gobierno andaluz tenemos el compromiso de colaborar con todas las administraciones", ha añadido el consejero, "y estamos cerca de todos los afectados en la evaluación de los daños por si fuera necesario cualquier tipo de actuación".

Los tres movimientos sísmicos registrados esta madrugada con una magnitud superior a 4 en la escala Richter y sus más de 30 réplicas de menor intensidad en el área de Santa Fe, Atarfe, Chauchina y Cúllar Vega han generado más de 500 llamadas al 112 desde seis provincias de Andalucía y 40 municipios distintos. En total, el centro de coordinación de emergencias de la Junta ha gestionado más de 700 avisos desde que se inició el pasado sábado la actual serie sísmica.

El titular de Interior ha resaltado que el Ejecutivo andaluz mantiene permanentemente "una vigilancia estrecha" de este fenómeno, por lo que ha anunciado un refuerzo de las salas de coordinación de emergencias del 112. También se ha intensificado la habitual coordinación con la Subdelegación del Gobierno y los municipios de la zona afectada por los sismos.

Bendodo ha agradecido "el comportamiento ejemplar de la población" ante la serie de terremotos registrados en la provincia granadina y ha pedido a los ciudadanos que "atiendan a los canales oficiales de emergencias y no hagan caso de los numerosos bulos que se están divulgando en las redes sociales".

Además, ha transmitido "tranquilidad, calma y ánimo a todos los habitantes de la zona afectada por el miedo y la incertidumbre que están viviendo estos días, porque tengo la certeza de que juntos vamos a superar esta adversidad".

INCIDENCIAS EN MUNICIPIOS

Entre los daños materiales que han provocado los seísmos producidos en estas últimas horas en la provincia de Granada se ha procedido a la evacuación preventiva del instituto de Enseñanza Secundaria Virgen de las Nieves de Granada capital, junto con la inspección de grietas registradas en domicilios de la calle Ronda de Belén de Santa Fe y en la calle Tinar de Albolote.

Además, se ha recibido un aviso por la caída de cascotes a un patio en la calle Aretusa de Granada capital y también se ha requerido la actuación de bomberos en la revisión de una fachada de la calle Mercurio de Maracena, donde, de manera preventiva, se ha evacuado a los vecinos hasta que concluya la revisión técnica del inmueble sin que haya constancia de daños personales en ninguna de estas incidencias.

El servicio de extinción de incendios y los técnicos trabajan también en la evaluación de daños por grietas en dos chimeneas en dos casas de Atarfe, grietas en un piso de la Plaza del Realejo de Granada y en una fachada de un inmueble de la calle Rosa de Luxemburgo de Santa Fe.

La concatenación de estos movimientos sísmicos ha motivado el paso a fase de preemergencia del Plan de Emergencia ante el Riesgo Sísmico en la provincia de Granada por parte del delegado provincial del Gobierno de la Junta, Pablo García, a las 23,30 horas del pasado martes.

En esta fase los fenómenos sísmicos se producen sin ocasionar víctimas ni daños materiales relevantes, por lo que, desde un punto de vista operativo, el nivel se caracteriza por el seguimiento instrumental y el estudio de dichos fenómenos, así como por el consiguiente proceso de información a los órganos y autoridades competentes en materia de Protección Civil y a la población general.

TERREMOTOS SUPERFICIALES

Desde el mes de diciembre del pasado año se están registrando una serie de terremotos superficiales al noroeste de la ciudad de Granada en el entorno de las localidades de Atarfe, Pinos Puente y Santa Fe. Se trata de terremotos superficiales con una profundidad menor de diez kilómetros, y con magnitudes, en su mayoría, inferiores a 2,5.

Según el Instituto Andaluz de Geofísica, la actividad sísmica en la depresión de Granada responde a la relajación de la deformación acumulada por la tectónica de la zona y suele caracterizarse por series sísmicas (sucesión de eventos sísmicos relacionados espacial y temporalmente). La serie se ha reactivado a finales de enero de 2021 y el día 23 se registró un terremoto con magnitud de 4,4 al noroeste de Santa Fe que, igual que el de esta noche fue sentido en numerosas poblaciones y con algunos daños, aunque ninguno de carácter estructural y una persona herida de carácter leve.

Con el consejero, han estado en la visita al 112 Andalucía, entre otros, la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, el alcalde de Granada, Luis Salvador, y la subdelegada del Gobierno, Inmaculada López Calahorro, que ha mandado un mensaje de "solidaridad" a la población que ha dormido fuera de casa por miedo a los seísmos, y ha resaltado la coordinación entre administraciones.

El Tribunal de Cuentas denuncia en un Informe que un significativo número de ayuntamientos no suspendieron, ni total ni parcialmente, los contratos de servicios de limpieza y de vigilancia y seguridad privada a pesar de que muchas de las instalaciones o dependencias estuvieron cerradas durante la vigencia del primer estado de alarma.

Así se recoge en el Informe de Fiscalización de los contratos de servicios de limpieza y de vigilancia privada celebrados por las entidades locales de aquellas Comunidades Autónomas sin órgano de control externo propio, es decir, de Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja y la Región de Murcia.

Según se desprende de este informe, muchos ayuntamientos de estas regiones no suspendieron estos contratos pese a referirse a instlaciones como las escuelas infantiles, colegios públicos, palacio de exposiciones, museos, etc.

Esto evidencia, según el Informe, "una gestión indebida" de los recursos por parte de la Administración contratante al continuar destinando gasto público a actuaciones carentes de utilidad sobre edificios fuera de uso a pesar de disponer de la posibilidad legal de suspender los correspondientes contratos, "con el consiguiente ahorro para el presupuesto de la entidad local".

PROLONGACIONES IRREGULARES DE LOS CONTRATOS

De otro modo, el Informe también destaca que muchos ayuntamientos también están realizando una "prolongación irregular" de la ejecución del contrato, mediante la continuación de la prestación del servicio, así como a su abono conforme a los precios estipulados en el contrato ya extinguido.

Por otra parte, advierten que, en más de la mitad de los contratos examinados, se ha observado que no se han valorado las repercusiones y efectos en el cumplimiento por la entidad local de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Además, en lo que respecta a la fase de ejecución, el Informe dice que en un elevado número de contratos no se nombró un responsable del contrato que permitiera ejercer una mayor diligencia en la vigilancia y control de la ejecución del servicio, para que se cumplieran las condiciones y los plazos establecidos en el contrato.

RECOMENDACIONES

Por todo ello, el Informe termina con una serie de recomendaciones a estas entidades locales, tales como establecer mecanismos de planificación y gestión de su actividad contractual que permitan concluir la tramitación y adjudicación de sus contratos con la debida antelación, evitando situaciones de contratación irregular.

También recomiendan dotarse de los procedimientos adecuados para cuantificar el presupuesto de licitación y el valor estimado de los contratos y su adecuación al precio general de mercado a partir de una correcta estimación de los costes directos e indirectos, y definir indicadores adecuados para la valoración de los criterios de adjudicación dependientes de un juicio de valor que salvaguarden los principios de publicidad, transparencia y objetividad, informadores de la contratación pública.

Andalucía suma este miércoles 27 de enero 6.625 casos de coronavirus, la cifra más alta que lo que va de semana y superior a los 5.922 positivos de hace siete días, según datos de la Consejería de Salud y Familias, que contabiliza 85 muertes, tres más que la víspera y 24 más que el miércoles pasado.

La comunidad alcanza una tasa de incidencia de casos de Covid-19 por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días de 915,3, cifra que es 5,4 puntos superior a los 909,4 del martes --jornada en la que bajó la tasa por primera vez desde diciembre-- y 241 puntos más que la del miércoles pasado (674,3).

Los 85 fallecidos de esta jornada suponen la mayor cifra de decesos desde el sábado cuando perecieron 88 personas. El martes murieron 82, el lunes 45 y el domingo 25.

Cádiz es la provincia que suma más muertes, con 21, seguida de Sevilla con 15, Málaga con 13, Almería con doce, Granada con nueve, Córdoba con siete, Huelva con cinco y Jaén con tres.

En cuanto a los positivos, los 6.625 de esta jornada son superiores a los 4.751 de la víspera y a los 5.922 del miércoles pasado. Entre medias, se han sumado 4.496 el lunes, 7.070 el domingo, 7.757 el sábado, 7.816 el viernes --mayor cifra diaria de toda la pandemia-- y 7.409 el jueves.

Málaga es la provincia que más positivos suma, con 1.371, seguida de Sevilla con 1.305 y Cádiz con 1.234. El resto de provincias suman menos del millar con 780 en Granada, 609 en Córdoba, 539 en Almería, 441 en Huelva y 347 en Jaén.

MÁS DE 600 PACIENTES EN UCI

Los pacientes ingresados en los hospitales andaluces por Covid-19 suman su vigésimo quinta jornada consecutiva de subidas hasta los 4.268, 149 más que el martes, mientras que los pacientes que se encuentran se encuentran en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) son 606, 36 más que en la víspera.

Por provincias, Málaga continúa como la provincia con más hospitalizados con 891 y 95 de ellos en UCI, seguida por Cádiz con 805 y 92 en UCI, Sevilla con 729 y 99 en UCI, Granada con 551 y 106 en UCI --mayor cifra de pacientes en UCI--, Córdoba con 373 y 71 en UCI, Almería con 391 y 83 en UCI, Jaén con 292 y 38 en UCI y Huelva con 245 y 22 en UCI.

De acuerdo con los datos de la Consejería, Andalucía ha registrado desde el inicio de la pandemia 377.395 casos confirmados --6.625 en 24 horas-- y ha alcanzado las 6.135 muertes tras sumar 85. Por su parte, la cifra acumulada de hospitalizados sube hasta los 27.941, 426 más. La cifra de pacientes que han pasado por UCI alcanza los 2.719, tras sumar 37 en la última jornada, y el número de curados es de 252.678 después de sumar 1.649.

CÁDIZ REGISTRA 21 MUERTES

En cuanto a los datos provincializados acumulados, de los 6.135 fallecidos desde el inicio de la pandemia --85 más--, Sevilla con 1.292 se mantiene como la provincia con más muertes --15 más--, seguida por Granada con 1.189 --nueve más--, Málaga con 950 --13 más--, Jaén con 708 --tres más--, Cádiz con 798 --21 más--, Córdoba con 632 --siete más--, Almería con 400 --12 más-- y Huelva con 166 --cinco más--.

Por su parte, los casos confirmados por PCR o test rápidos de antígenos alcanzan los 377.395 desde el inicio de la pandemia --6.625 más--, liderados por Sevilla con 79.764 casos --1.305 más--, seguida de Málaga con 63.584 --1.371 más--, Granada con 58.676 casos --780 más--, Cádiz con 51.288 --1.234 más--, Córdoba con 36.353 --609 más--, Jaén con 34.675 --347 más--, Almería con 33.916 --539 más-- y Huelva con 19.139 --440 más--.

Los casos acumulados de coronavirus que han requerido hospitalización son 27.941 --426 más en 24 horas--, con Sevilla a la cabeza con 6.059 --86 más--, seguida por Granada con 4.766 --57 más--, Málaga con 5.265 --101 más--, Jaén con 3.120 --63 más--, Córdoba con 2.885 --41 más--, Cádiz con 2.757 --17 más--, Almería con 2.030 --48 más-- y Huelva con 1.059 --13 más--.

De ellos, 2.719 han pasado por la UCI en Andalucía --37 más en 24 horas--, con la provincia de Sevilla a la cabeza con 579 --tres más--, seguida de Granada con 487 --siete más--, Málaga con 401 --tres más--, Córdoba con 324 --seis más--, Cádiz con 306 --cuatro más--, Almería con 301 --once más--, Jaén con 263 --tres más-- y Huelva con 58.

Finalmente, la cifra de curados alcanza los 252.678 en toda la región, 1.649 más que en la víspera, con Sevilla a la cabeza con 57.415 --248 más--, seguida de Granada con 44.773 --204 más--, Málaga con 38.926 --267 más--, Cádiz con 29.562 --278 más--, Jaén con 25.374 --196 más--, Córdoba con 24.658 --152 más--, Almería con 21.034 --276 más-- y Huelva con 10.936 --28 más--.

POR ENCIMA DE MIL LA TASA DE ALMERÍA Y HUELVA

Según los datos consultados en el IECA, la incidencia acumulada en los últimos 14 días se sitúa de media en la región en 915,3 casos por cada 100.000 habitantes, con Almería a la cabeza con 1.197,1. Detrás se sitúan Huelva con 1.047,7; Cádiz con 998,8; Málaga con 995; Córdoba con 920,5; Granada con 860,7 ; Jaén con 837,8 y Sevilla con 704,5.

El PSOE y Unidas Podemos han mantenido este miércoles una reunión para "coordinar su acción conjunta" en el nuevo periodo de sesiones que está a punto de arrancar; un encuentro en el que han participado tanto miembros del Gobierno como los portavoz parlamentarios, y que llega tras semanas de desencuentros entre las dos formaciones que forman el Gobierno de coalición.

Según fuentes del PSOE y Unidas Podemos, en la reunión han participado, en representación de los socialistas, la portavoz parlamentaria y vicesecretaria general del partido, Adriana Lastra; la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero; el secretario general de la Presidencia del Gobierno, Félix Bolaños; y el secretario general del Grupo Socialista, Rafael Simancas.

Por parte de Unidas Podemos estaban la ministra de Igualdad y 'número dos' de Podemos, Irene Montero; la secretaria de Estado para Agenda 2030, Ione Belarra; el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique; el secretario de Estado de Derechos Sociales y responsable de Economía de Podemos, Nacho Álvarez; el presidente del grupo parlamentario y dirigente de En Comú Podem, Jaume Asens; y el portavoz adjunto en el Congreso y representante de IU, Enrique Santiago.

En concreto, las dos formaciones han analizado este miércoles "el horizonte legislativo conjunto y subrayado el compromiso compartido de hacer de 2021 el año de la recuperación y la confianza". También han coincidido en que "la respuesta la emergencia sanitaria y la reducción del impacto social y económico de la pandemia" son sus "prioridades inmediatas".

"EN PARALELO, AMBAS FORMACIONES SUMAN SU TRABAJO AL GOBIERNO"

Asimismo, han querido aprovechar para dejar claro que "en paralelo, ambas formaciones suman su trabajo al Gobierno para impulsar los objetivos y compromisos en relación con los cuatro grandes ejes de transformación: la transición ecológica, la digitalización de la economía, la igualdad de derechos reales de mujeres y hombres, y la cohesión social y territorial".

Los dos partidos que comparten el Gobierno han protagonizado en las últimas semanas algunos importantes desencuentros, por ejemplo, a cuenta de la reforma de las pensiones en la que trabaja el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, y que los 'morados' se han enorgullecido de haber corregido para evitar que supusiera, a su recorte para los pensionistas.

El debate sobre la subida del SMI, que finalmente ha quedado congelado por ahora, en contra de lo que querían los 'morados', o el nuevo rechazo del PSOE a investigar al Rey emérito en el Congreso, como defiende la formación de vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ha generado también tensiones recientemente en ambos sectores del Ejecutivo.

LA MARCHA DE ILLA O LA REFORMA DE LAS PENSIONES, ÚLTIMAS POLÉMICAS

El modo en el que el ya exministro de Sanidad Salvador Illa ha dejado el Gobierno para encabezar la candidatura del PSC en las elecciones catalanas del 14 de febrero, sin comparecer por última vez en el Congreso y en plena tercera ola del coronavirus, tampoco ha sentado bien a Unida Podemos, que se enfrentará al PSOE en esos comicios dentro de En Comú Podem.

Por su parte, los socialistas ya han mostrado en numerosas ocasiones su malestar por la costumbre de Unidas Podemos de hacer públicas sus discrepancias para presionar al PSOE en los debates que se estén desarrollando dentro del Consejo de Ministros, como ocurrió, por ejemplo, con la mencionada reforma de las pensiones o las políticas relativas a vivienda, alquileres y paralización de desahucios.

INICIATIVAS POR SU CUENTA Y ENFRENTADAS EN EL CONGRESO

A este respecto, Unidas Podemos llegó a presentar incluso una enmienda por su cuenta a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 del Gobierno del que forma parte para platear esa paralización de los desahucios, generando un gran enfado en las filas socialistas. El Grupo Socialista llegó a acusar a los 'morados' de incumplir el protocolo de funcionamiento y coordinación que firmaron cuando se conformó el Gobierno de coalición hace un año.

Y la semana pasada, el PSOE registró en solitario una proposición de ley de igualdad de trato, argumentando que llevaban trabajando en ella durante años y que se había pactado delegar este asunto en los grupos parlamentarios, a pesar de que Unidas Podemos denunció después que el Ministerio de Igualdad de Montero ya estaba trabajando en esta cuestión e hizo público su malestar.

En ese protocolo de funcionamiento y coordinación el PSOE y Unidas Podemos acordaron, de hecho, la creación un órgano para dirimir sus discrepancias, la llamada 'Comisión Permanente de Seguimiento del Acuerdo', y también otra a nivel parlamentario. No obstante, estos órganos a penas se han reunido como tal en este primer año del Gobierno de coalición o, al menos, no hay constancia de ello.

Ambas formaciones argumentan, siempre que se les pregunta al respecto, que el contacto entre los portavoces parlamentarios, o entre los miembros del Gobierno --empezando por el presidente Sánchez y su vicepresidente segundo Iglesias-- es "constante", según fuentes.

En la reunión que han mantenido este miércoles el PSOE y Unidas Podemos, las fuentes consultadas aseguran que los dos partidos han repasado el "trabajo de colaboración realizado en el primer año de coalición progresista", que ha estado, a su juicio, centrado en la respuesta a la emergencia sanitaria de la COVID-19 y la reducción del impacto social y económico de la pandemia.

La Policía Nacional en colaboración con la Inspección de Trabajo, en el marco de la operación 'Minguela', ha detenido a tres personas pertenecientes a un clan familiar como presuntas autoras de los delitos de fraude a la Seguridad Social, falsedad documental y estafa por valor de unos 800.000 euros.

La investigación, culminada este pasado día 22 de enero, se inició en el mes de agosto del año pasado fruto de la colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social y otros organismos públicos y se centró en un clan familiar, el matrimonio y su hijo mayor de edad--era mero intermediarios--que a través de la figura de un empresario individual autónomo proporcionaba a los agricultores de la provincia de Valladolid mano de obra para el campo.

Los trabajadores eran dados de alta en la Seguridad Social, si bien nunca se abonaban las cuotas estipuladas para tal efecto, por lo que el beneficio neto del autónomo intermediario es del cien por cien, entregando a estos jornaleros un salario mísero por jornadas maratonianas.

'MODUS OPERANDI'

Este grupo comienza su andadura empresarial en el año 2013, con la creación de la primera de diez sociedades dedicadas a la actividad de apoyo a la agricultura.

En su inicio, las empresas individuales figuran a nombre de los dos cabecillas. Cuando la deuda generada por ambos es muy elevada y comenzaban a recibir requerimientos de pago, creaban un entramado de empresas a nombre de allegados o familiares.

Estos nuevos empresarios en realidad ocupan la figura de falsos autónomos (testaferros). La empresa individual desarrollaba la misma actividad, mismos clientes, domicilios y responsables.

Era el matrimonio el que dirigía la actividad, contratando agricultores, cobrando salarios y organizando el trabajo. Los integrantes de la pareja eran reconocidos como 'jefes', aunque legalmente no figuren como tales. Mientras, el testaferro sigue faenando la tierra como hasta el momento.

Con este 'modus operandi' crearon un total de diez empresas que les permitía mantener su actividad hasta la actualidad; las mismas se forman sucesivamente en cascada y había un trasvase evidente de trabajadores entre todas ellas.

Al generar una abultada deuda se abre la siguiente, consiguiendo así una nueva empresa 'limpia' con la que continuar la actividad empresarial.

La deuda generada, casi 800.000 euros, englobaba también las cuotas de autónomos de los nuevos empresarios, las cuales no eran cubiertas.

Los cabecillas también se daban de alta como empleados de sus propios testaferros para generar una vida laboral inexistente y solicitar prestaciones públicas por desempleo, detectándose el cobro de más de 40.000 euros entre ambos.

En el último año y siendo conscientes del volumen del entramado creado, entró en juego el hijo de ambos, quien ocupaba también la figura de testaferro, si bien se mantuvo al corriente de pago, de este modo compaginaban una empresa con deuda con otra 'limpia' para asegurarse poder presentar certificados sin deuda en todo momento.

La operación ha sido realizada por la Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras en colaboración con la Inspección de Trabajo.

La consejera de Salud del Gobierno Vasco, Gotzone Sagardui, ha asegurado este miércoles que "la vacunación masiva" que se ha realizado en el hospital bilbaíno de Santa Marina fue el resultado de "un error y una descoordinación". Además, ha asegurado que un total de 11.360 profesionales sanitarios se han inoculado en Euskadi la vacuna y, salvo "en muy pocos casos", se han cumplido los criterios establecidos.

Sagardui ha informado en comisión parlamentaria que en el hospital de Santa Marina, además de su director gerente, José Luis Sabas, que tenido que abandonar su cargo, también fueron vacunados contra la covid-19 cuando no les correspondían, otros directivos y 16 personas no adscritas al centro, como cuatro representantes sindicales, otras cuatro personas de servicios religiosos o cuatro más de personal que explota la cafetería, entre otros.

La consejera ha comparecido ante el Parlamento Vasco para informar de la investigación realizada en torno a la vacunación irregular detectada en los hospitales bilbaínos de Basurto y Santa Marina de sus gerentes, Eduardo Maiz y José Luis Sabas, que se vieron obligados a dejar sus puestos.

Gotzone Sagardui ha indicado que, a estas alturas de la pandemia, "si hay algo que la sociedad vasca sabe, es el orden de preferencia de las personas destinatarias de las vacunas: personas mayores en residencias, el personal que las atiende y, después, el personal médico que atiende a personas con o sin covid en centros sanitarios".

En este sentido, ha destacado que el personal directivo que no atiende personalmente a pacientes "no aparecen en esta lista". Tal como ha explicado, de las 51.945 vacunas administradas, 11.360 han sido destinadas a personal sanitario y se han inoculado "cumpliendo los criterios establecidos, salvo en muy pocos casos".

La titular de Salud ha subrayado que el Departamento de Salud y Osakidetza, "en cuanto tuvieron conocimiento de un incumplimiento en los criterios de vacunación, actuaron con celeridad, solicitando a las personas en cuestión que asumieran su responsabilidad. "En pocas horas estas personas estaban fuera de la organización", ha recordado.

A su juicio, "la vacunación masiva en Santa Marina fue un error, una descoordinación" de la que se sienten responsables en la Consejería y en el Servicio Vasco de Salud. "Yo la primera. Desde uno y otro lado estábamos hablando de cosas diferentes. Esto ha tenido dos consecuencias: una, la descompensación en esta fase inicial en la administración de vacunas entre personal a favor de Santa Marina, algo que se corregirá en poco tiempo", ha indicado.

REFUERZO DE LA COORDINACIÓN

En segundo lugar, ha remarcado que "ha reforzado los circuitos de información y coordinación para lograr que el proceso de vacunación en Osakidetza sea, de aquí en adelante, lo más homogéneo y adecuado a los criterios de prioridad que sea posible".

"Seguimos atentas a lo que ocurre en el proceso de vacunación por si hubiera alguna administración inadecuada. Para nosotras era importante venir cuanto antes al Parlamento para dar cuenta de lo ocurrido y el resultado de la recogida de información que hemos realizado", ha añadido.

Según ha insistido, quienes ostentan un cargo público asumen "una responsabilidad para con la sociedad" y se les exige "ejemplaridad" a la hora de realizar su labor. "Esta personas, en este momento y en el contexto en el que nos encontramos, no lo han sido. Esta y no otra es la razón de que ya no ocupen sus puestos", ha concluido.