Un total de 4.242.773 personas cuentan con la pauta completa de vacunación contra la Covid-19 en la Comunitat Valenciana en el primer aniversario de la campaña de inmunización, que comenzó el 27 de diciembre de 2020. Desde ese día, se han inoculado un total de 9.433.334 dosis.

Del total de personas con pauta completa, 1.548.946 personas son de la provincia de Alicante, 499.999 de Castellón y 2.193.828 de la provincia de Valencia. Asimismo, del total de dosis inoculadas, 3.462.071 dosis se han administrado en la provincia de Alicante, 1.115.540 en Castellón y 4.855.723 en Valencia, ha detallado la Conselleria de Sanidad en un comunicado.

El día en el que se han inoculado más vacunas de toda la campaña de inmunización ha sido el 31 de agosto, con 132.965 dosis (47.834 en Alicante, 14.724 en Castellón y 72.407 en Valencia). Durante esa semana, del 9 al 15 de agosto, se administraron 369.297 dosis. Los dos siguientes días en los que más se ha inmunizado son el 10 de agosto (124.127 dosis) y el 30 de junio (121.658).

Por semanas, entre el 28 de junio y el 4 de julio se alcanzó el mayor número de dosis administradas con 489.779 (168.165 en Alicante, 54.755 en Castellón y 266.859 en Valencia), por delante de la semana del 5 al 11 de julio (393.260) y del 7 al 13 de junio (386.086).

Por su parte, el mes con mayor actividad en la administración de vacunas fue junio, con un total de 1.652.994 (589.445 en Alicante, 187.502 en Castellón y 876.047 en Valencia). En julio se inocularon 1.470.861 dosis y en agosto, 1.370.962. Destaca el mes de diciembre, aún sin finalizar, con 836.474 dosis inyectadas, por delante de enero, febrero, marzo, septiembre, octubre y noviembre.

Por laboratorios, se han administrado 6,6 millones de dosis de Pfizer-BioNTech (el 70,7 por ciento del total); 1,5 de Moderna-Lonza (16,3%); un millón de AstraZeneca (10,6%) y más de 221.000 dosis de la vacuna de Janssen (2,4%).

En el primer aniversario de la campaña de vacunación contra la covid, la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló, ha destacado el "éxito colectivo" que ha supuesto esta "efeméride", cuyo balance es "positivo y esperanzador". En este sentido, ha remarcado que la "mejor defensa frente al virus" es la vacuna, que "salva vidas, reduce la hospitalización y los ingresos en UCI".

Desde que se empezó a vacunar hace ahora un año se han conseguido "distintos hitos". "El primero ha sido contar con una vacuna el mismo año de la pandemia. El segundo, contar con unos equipos de profesionales extraordinarios que han mostrado una gran dedicación y empeño al proceso de inmunización para poder proteger a toda la población. Y el tercero, la responsabilidad de los ciudadanos, que han entendido que el mejor antídoto frente a la Covid-19 es la vacuna", ha expresado, al tiempo que ha celebrado que la Comunitat Valenciana "está por encima de la media del resto de España en cobertura de población vacunada".

DOSIS DE REFUERZO Y VACUNACIÓN INFANTIL

Del total de vacunas administradas, 1.304.747 han sido dosis de refuerzo o recuerdo: 488.443 personas en Alicante, 172.886 en Castellón y 643.418 en Valencia.

En cuanto a los grupos de riesgo que han recibido la dosis de refuerzo, 42.807 son personas con patologías de riesgo, 25.095 son personas que viven en residencias, 623.178 son personas mayores de 70 años, 146.269 son personas que previamente han sido inmunizadas con Janssen, 358.467 son personas de edades entre 60 y 69 años y 108.931 corresponden a personal sociosanitario.

Además, 105.898 niños y niñas de 9 a 11 años han recibido entre el 15 y el 22 de diciembre la primera dosis pediátrica durante la primera fase de la campaña de inmunización infantil que desarrollan conjuntamente las consellerias de Sanidad y de Educación.

Esto implica que se ha vacunado al 70% de los menores, todos los previstos salvo aquellos que por cualquier motivo no acudieron a clase ese día, por estar confinados u otra razón, el alumnado para quien la vacuna no está indicada o aquellos cuyos progenitores o tutores no formalizaron la correspondiente autorización.

Esta primera etapa se ha centrado en el alumnado de los centros de Educación Especial y de los Centros Rurales Agregados, así como los niños y niñas de 6º, 5º y 4º de Primaria. A partir del 10 de enero será el turno del resto de escolares hasta los 5 años. Además, durante este tiempo se ha desarrollado también la campaña frente a la gripe, con la administración de 972.010 dosis.

Barceló ha destacado que los niveles de protección "tan altos" alcanzados son "fruto del trabajo del personal sanitario que, tanto en Atención Primaria como en el ámbito hospitalario, está haciendo un esfuerzo titánico". "Se ha tenido que simultanear la campaña de inmunización con los diferentes embates de la pandemia sin dejar de prestar atención al resto de patologías", ha resaltado.

En este sentido, ha hecho un llamamiento a "todas las personas, las vacunadas y las que todavía no lo están", para "arrimar el hombro y remar en la misma dirección que los profesionales sanitarios". "Se están dejando la piel por protegernos y atendernos en una coyuntura adversa y el resto estamos obligados a respetar la distancia social, a llevar la mascarilla, mantener la higiene de manos, ventilar los espacios cerrados y limitar los encuentros sociales, porque sólo unidos saldremos de esta", ha manifestado.

PUNTOS DE VACUNACIÓN

Ana Barceló ha defendido que en la Comunitat Valenciana se ha vacunado de una manera "planificada y ágil" y ha subrayado que "en todo momento" se ha seguido una estrategia basada en "priorizar la protección de los grupos más vulnerables".

La titular de Sanidad ha mencionado la apertura de centros de vacunación masiva, hasta llegar a establecerse 133 puntos distribuidos por toda la Comunitat, además de la actividad de los centros de salud en las zonas rurales. En total, en el momento de mayor actividad, llegó a haber 420 equipos de vacunación inmunizando y durante esta fase se enviaron 7.609.227 SMS de citación.

Tras la finalización de la vacunación masiva, Sanidad ha impulsado las unidades de vacunación móvil desplazadas a certámenes musicales, centros comerciales, campus universitarios y a otros eventos o espacios con afluencia masiva de personas, así como a los centros de salud.

Una vez citada toda la población, el "principal objetivo" consiste en administrar las dosis de refuerzo o recuerdo, "sin dejar de ofrecer nuevas oportunidades de vacunación a quienes, por cualquier motivo, todavía no han iniciado el proceso o están pendientes de recibir alguna dosis".

Estos dos procedimientos "diferenciados" se desarrollan en escenarios diferentes: quienes todavía no se han vacunado o tienen que recibir la segunda dosis pueden acudir a los puntos de vacunación sin cita que cada semana se habilitan en enclaves de gran afluencia de público repartidos por toda la Comunitat Valenciana. Por su lado, para las dosis extra, Sanidad envía un SMS o llamando a las personas interesadas para que acudan a alguno de los 42 puntos estables de vacunación.

Esas dosis adicionales se administran con las vacunas de Pfizer o Moderna a los colectivos que, hasta el momento, han sido autorizados por la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud: residentes en centros de mayores o sociosanitarios, personas en condiciones de riesgo, personas de 70 o más años, quienes fueron vacunados con Janssen, personas de 69-60 años y a personal sanitario y sociosanitario.

Además, recientemente se ha incorporado como nuevo grupo a vacunar las personas menores de 60 años que recibieron la doble pauta de AstraZeneca, que ya están comenzando a ser citados. A ellos se sumarán las personas comprendidas entre los 59 y 50 años y entre 49 y 40 años.

Casi seis meses después de su llegada al Palacio de Santa Cruz, José Manuel Albares encara el 2022 sin haber conseguido resolver la crisis diplomática con Marruecos, como ha quedado de manifiesto en la última semana tras el nuevo rifirrafe entre ambos gobiernos, esta vez por la gestión de la COVID-19.

Nada más tomar el relevo a Arancha González Laya al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Albares dejó claro que su intención era revertir la peor crisis con el reino vecino desde la del islote Perejil en 2002 aunque mantuvo la línea de su predecesora de total discreción en lo relativo a Marruecos.

Pronto llegaron "señales positivas" desde Rabat, en forma de un discurso del rey Mohamed VI en agosto, en el que expresaba su intención de "inaugurar una nueva etapa inédita" en la relación bilateral sustentada en "la confianza, la transparencia, el respeto mutuo y la honra de los compromisos".

Pero en los meses sucesivos la forma de actuar de Marruecos ha puesto en duda esta voluntad de dejar atrás "una crisis inédita", como reconoció el monarca alauí, motivada por la acogida en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, por motivos humanitarios y también por la negativa del Gobierno a reconocer el Sáhara Occidental como marroquí.

Así, además de mantener cerradas las fronteras con Ceuta y Melilla, las autoridades marroquíes han dado luz verde a la instalación de una piscifactoría en las inmediaciones de las islas Chafarinas, lo cual motivó la queja del Gobierno español mediante una nota verbal tras constatar la actuación en lo que son aguas españolas "sin los permisos necesarios para esa actividad".

A esto se suma también el contrato firmado recientemente por Marruecos con la empresa israelí Ratio Petroleum Energy para explorar la búsqueda de petróleo y gas en la costa saharaui cercana a Dajla, si bien el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha dicho que Exteriores le ha garantizado que el proyecto no colisiona con las aguas canarias.

NUEVO RIFIRRAFE CON RABAT

El último revés ha llegado en forma de comunicado del Ministerio de Salud marroquí, tan solo unos días después de que el propio Albares dijera que "la crisis ha quedado atrás". El texto sostiene que España es una "amenaza" para la población marroquí debido a la "ausencia del cumplimiento de los protocolos sanitarios contra la COVID-19", tras denunciar que se habían detectado algunos positivos en vuelos privados procedentes de suelo español.

Rabat justificó así su decisión de organizar vuelos de repatriación para marroquíes que han quedado varados fuera del país tras la suspensión de los vuelos con motivo de la variante ómicron el 29 de noviembre desde Portugal, entre otros países, y dejó claro que por el momento los vuelos con España no se reanudarán.

Albares se apresuró a dejar claro que el comunicado "no es aceptable y no tiene una base objetiva", refutando las críticas marroquíes, al tiempo que dijo que se trasladará este extremo a Marruecos, sin que desde Exteriores hayan dado más detalles sobre los contactos mantenidos amparándose en la necesaria discreción en materia diplomática.

Al margen de eso, el ministro sigue sin haber mantenido un encuentro bilateral con su homólogo marroquí, Nasser Bourita, con el que solo hay constancia de que ha mantenido dos conversaciones telefónicas en estos meses, y la embajadora marroquí en Madrid, Karima Benyaich, llamada a consultas el 18 de mayo en plena entrada masiva de migrantes en Ceuta aún no ha regresado.

RELEVO DE EMBAJADORES

La crisis con Marruecos tiene además una 'víctima colateral', el embajador español en Rabat, Ricardo Díez-Hochleitner. Este veterano diplomático, que entre 2002 y 2011 fue secretario general de la Casa del Rey, ocupa el cargo desde junio de 2015.

Aunque el mandato de los embajadores no tiene una duración estipulada y está sujeto a la decisión del ministro de Exteriores de turno, en general estos suelen permanecer en este puesto entre unos tres o cuatro años, si bien se dan excepciones.

En el caso de Díez-Hochleitner, nombrado con Gobierno del PP, fue mantenido en el puesto con la llegada del PSOE y tras la crisis surgida con Rabat parece que se ha considerado que no sería lo más acertado un relevo por ahora.

De hecho, esta embajada no figura en el listado de las que deberán cambiar de titular en el próximo año. Albares ha publicado ya el llamado 'embabombo', las embajadas a las que pueden optar los diplomáticos en 2022 y que en esta ocasión serán un total de 30, entre las que figuran varias europeas así como otras como Brasil.

No obstante, el ministro ha dejado fuera de esta lista otra veintena de plazas de mayor calado por la importancia política que revierten estos puestos, entre las que figuran Estados Unidos, Alemania, Italia o la OTAN, así como Argelia y Marruecos.

EMBAJADORES POLÍTICOS

Tampoco está en esa lista la de la Santa Sede, para la que Albares ya ha confirmado que hay una candidata --a falta aún del plácet-- la exministra de Educación Isabel Celáa, quien seguiría los pasos del también exministro José Manuel Rodríguez Uribes, nombrado nuevo embajador ante la UNESCO a mediados de octubre.

De confirmarse este nombramiento, serían seis los 'embajadores políticos' del actual Gobierno, "un número que está por encima de lo que venía siendo la media y nos preocupa", reconoce el presidente de la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE), Carlos Medina.

Desde esta asociación mayoritaria entre los diplomáticos ya han transmitido recientemente su malestar por la decisión de poner a dos políticos al frente de Casa Árabe y Casa Mediterráneo, los socialistas Irene Lozano y Andrés Perelló, respectivamente. Medina reivindica que entre los diplomáticos "hay candidatos de sobra" para ocupar estos puestos, algunos de ellos "especializados".

REGLAMENTO DE LA CARRERA DIPLOMÁTICA

En este sentido, y en relación con el funcionamiento interno del Ministerio, una de las tareas que también le ha quedado pendiente para 2022 a Albares es el nuevo Reglamento de la Carrera Diplomática, que inicialmente se esperaba que estuviera completado antes de final de año.

"Es importante que se apruebe el próximo año", reconoce el presidente de ADE, subrayando que el nuevo reglamento --el de 2014 con José Manuel García-Margallo como ministro fue anulado por el Tribunal Supremo en 2017-- dará "más seguridad y previsibilidad" a los diplomáticos a la hora de optar a puestos, incluidos a los embajadores, como sucede en otros países, aunque admite que en último término los nombramientos son a discreción del ministro.

Exteriores también deberá sacar adelante en 2022 la nueva Ley de Cooperación Internacional, cuyo anteproyecto de ley estará ya listo antes de que termine el año, según ha adelantado Albares, que espera que el texto llegue a las Cortes en abril y se pueda aprobar para junio.

El ministro termina el año con su equipo completamente renovado, tras el cese el 21 de diciembre del secretario de Estado para la UE, Juan González-Barba, el único alto cargo nombrado por González Laya que seguía en su puesto.

Su cese ha estado rodeado de polémica porque aunque Albares no ha querido confirmar supuestas desavenencias con el que era su 'número tres', esgrimiendo que el cambio busca preparar mejor la Presidencia de la UE en el segundo semestre de 2023, se ha sabido que no ha querido respaldar su candidatura para optar a enviado especial de la ONU para Chipre ni tampoco aceptar su salida a cambio de una embajada europea.

Cataluña ha registrado hasta este domingo 1.200.037 casos confirmados acumulados de coronavirus desde el inicio de la pandemia --1.113.713 con una prueba PCR o test de antígenos--, 8.502 más que en el último recuento, informa la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web.

Aparte de estas cifras, actualizadas este domingo, otras cifras de la página web están actualizadas con fecha del sábado, día de Navidad.

Con fecha del sábado, en las últimas 24 horas se han registrado 24.453 muertes y el total de fallecidos es de 24.434: son 15.617 en hospital o centro sanitario, 4.663 en residencia, 1.275 en domicilio y 2.898 que no son clasificables por falta de información.

En cuanto a los pacientes ingresados actualmente, la cifra se sitúa en 1.389, 30 más que en el último recuento.

Un total de 381 pacientes se encuentran ingresados en unidades de cuidados intensivos (UCI) de centros públicos y privados, 5 más que en el último recuento: 241 necesitan ventilación invasiva (intubación), 10 requieren oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO), y 130, apoyo sin intubación.

La velocidad de reproducción de la enfermedad (rt) sube a 1,41 y el porcentaje de positividad de los test de antígenos y PCR se sitúa en 13,56%, mientras que la incidencia acumulada en los últimos 14 días es de 1.237,51 por cada 100.000 habitantes y la media de edad de los casos confirmados es de 34,39 años.

La tasa de riesgo de rebrote ha subido: se situaba en 1.264 y 24 horas después está en 1.691.

VACUNACIÓN

Catalunya ha administrado la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus a un total de 6.255.804 personas desde que empezó la campaña de vacunación, de los que 6.056.645 ya tienen la pauta completa: hay 5.627 nuevos inmunizados en las últimas 24 horas.

En porcentajes, el 79% de la población catalana está vacunada con al menos una dosis de la vacuna, mientras que un 76,1% ya tiene la pauta completa de la vacunación.

La Justicia belga tomará este martes una decisión sobre la entrega a España del rapero mallorquín Josep Miquel Arenas, conocido como Valtonyc, al que la justicia española reclama tras ser condenado por amenazas, enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona.

El caso del cantante balear entra en su fase final y se espera que en esta vista el Tribunal de Apelación de Gante resuelva su posible extradición a España, tras demorarse más de un año el proceso en segunda instancia.

En este tiempo, el juez de Gante elevó al Tribunal Constitucional belga el caso de los ataques al Rey, alegando la ley belga de 1847 que protege la figura del monarca y que el alto tribunal declaró inconstitucional al considerar que colisiona con la libertad de expresión y "no satisface una necesidad social urgente y es desproporcionada con el objetivo de proteger la reputación de la persona del Rey".

Este fallo fue celebrado como un triunfo por los abogados de Valtonyc, que lo consideraron un espaldarazo a su caso y señalaron que su situación puede acabar impulsando cambios legales en el ordenamiento jurídico de Bélgica.

La entrega del rapero, que huyó de España en junio de 2018, ya fue rechazada en primera instancia. Sea cual sea la decisión, tanto la Fiscalía como la defensa pueden recurrir la sentencia y agotar la vía legal acudiendo al Tribunal de Casación, que estudiaría cuestiones formales durante el proceso judicial sin entrar al fondo.

Durante todo el proceso, la defensa de Valtonyc se ha mostrado segura de que siguiendo los estándares europeos no hay margen para que su cliente sea entregado a España, si bien en la última vista, cuando se fijó la fecha del 28 de diciembre, expresaron el deseo del cantante de que, en caso de ser extraditado por el delito de amenazas, se le deje cumplir condena en Bélgica.

El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha asegurado este domingo que la incidencia y tasa de casos acumulados por cada 100.000 habitantes en la región por coronavirus "va a ir subiendo y de forma más lenta la presión asistencial", y ha calculado que, "viendo la evolución" del año pasado y las fiestas navideñas, "podemos estar con unas cifras altas de contagios hasta mediados de enero".

"Para primeros del próximo año, es posible que algún distrito o área sanitarios entre en el nivel 3 y las medidas van a ser más coercitivas", ha indicado el consejero en una entrevista realizada por el periódico 'ABC', donde ha señalado que la sexta ola "nos ha pillado a todos por sorpresa".

"Ahora todo el mundo tiene a alguien en su casa que ha dado positivo y eso genera ansiedad y lleva aparejado que acudas al centro de salud porque, aunque te encuentres bien, quieres hacerte una prueba o que llames a Salud Responde para pedir una cita a sabiendas de que no tiene trascendencia clínica", ha manifestado.

Es este motivo el que Aguirre ha considerado que "está colapsando el sistema, por un aumento de patologías". "Estamos declarando 8.000 ó 9.000 positivos diarios a los que hay que hacer el seguimiento, que han tenido mucho más contactos que antes, porque teníamos la percepción de que la pandemia estaba medianamente vencida con las vacunas", ha relatado.

Entre las causas de este "colapso", ha apuntado que "nos hemos movido más de la cuenta", lo que "está provocando un colapso en cadena" y esa "ansiedad" se "focaliza" en la sanidad y en la atención primaria. "Eso está pasando aquí, en el resto de comunidades y en el mundo entero", ha asegurado.

Por otra parte, preguntado si Andalucía va a tener que convivir mucho más tiempo con el coronavirus, Aguirre ha afirmado que "tenemos convivir con él toda la vida" porque "conforme pase el tiempo llegaremos a cierta normalidad y como la gripe viviremos con él".

"La vacuna es la solución y será la perspectiva de futuro que tengamos. Nos queda 'mili', porque la pandemia es mundial. Andalucía y España están muy bien en vacunación, pero el resto del mundo está en un 30%", ha declarado.

En este mismo hilo, cuestionado por el número de vacunas pediátricas de las que dispone la comunidad, el titular de Salud ha explicado que el miércoles pasado la Consejería le pidió al Gobierno que mandara "a la mayor brevedad posible" vacunas infantiles para "seguir yendo a la velocidad" de vacunación de 20.000 a 25.000 niños a diario.

"Manteniendo esa velocidad, acabaríamos mucho antes de las fecha que dijo el presidente Pedro Sánchez y yo espero que para el 3 ó 4 de enero entre en la región otra remesa de 133.000 vacunas para pegarle un empujón. Nos quedan para cuatro días y lo que hemos hecho es bajar la presión hasta la llegada de las próximas vacunas", ha concluido.

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha subrayado que las próximas elecciones en Castilla y León, a la que su formación no va a concurrir, será un buen momento para comprobar si el problema de la izquierda "es el número de candidaturas"

También ha subrayado, de cara a los próximos comicios andaluces, que la fórmula electoral con la que las fuerzas progresistas concurran a esas elecciones se decidirá en esa región y que es "bueno" que así sea.

Eso sí, ha vaticinado que hay que hacer "las cosas diferentes" en Andalucía y que surjan "ingredientes nuevos para "no repetir el pasado". Por eso, ha augurado que habrá en esos comicios una traslación electoral del "resurgir" del movimiento andalucista, del que quieren formar parte.

Durante una entrevista, Errejón ha destacado que ante la cita electoral en Castilla y León su formación ha sido "honesta" al concluir que "no tiene sentido" presentarse a estos comicios, dado que no tienen presencia territorial ni "madurez" suficiente que garantice "obtener representación y ser útil".

LAS PERSPECTIVAS NO MEJORAN CON MENOS CANDIDATURAS PROGRESISTAS

Así, ha destacado que en esta región habrá seguramente dos candidaturas progresistas (PSOE y la lista conjunta que planean Podemos e IU) y que, a tenor de las encuestas, no parece que "vaya a mejorar las perspectivas de la izquierda".

Y es que, bajo su análisis, las expectativas de la izquierda no mejoran en función de la candidatura sino en su capacidad para ofrecer algo mejor a la mayoría social.

Sobre todo cuando el problema fundamental, que se refleja en las comunidades, es que hay un Ejecutivo progresista que, de momento, se deja "los deberes sin hacer", lo que es más importante que el número de candidaturas que existan. "Si los hace repite, si no los hace y no cambia el rumbo, yo creo que este Gobierno no repite", ha ahondado.

Por tanto, el líder de Más País ha destacado que pasar de los "grandes titulares" y ejecutar las transformaciones prometidas, para atender los problemas reales de la ciudadanía, será lo que provoque el "rearme moral" del electorado de izquierdas. Además, ha exhortado a no caer en "especulaciones electorales" que pueden provocar "desconexión" entre la sociedad y el mundo de la política.

LE SORPRENDE LA OFERTA DE PODEMOS A TERESA RODRÍGUEZ

Respecto a las futuras elecciones en Andalucía y la oferta planteada por Unidas Podemos de constituir un frente amplio en esta comunidad junto a Más País y Adelante Andalucía, Errejón ha manifestado que le "sorprende" esa llamada a la plataforma de Teresa Rodríguez después de que el espacio confederal la expulsara del grupo parlamentario en el Parlamento andaluz.

En el caso de Andalucía, ha subrayado que detecta un "reverdecer" de un "andalucismo" basado en la justicia social y en el ecologismo, que se vincula con la defensa del territorio y que los intereses de esa comunidad "tengan voz propia" en la política autonómica y nacional.

EN ANDALUCÍA HAY QUE HACER LAS COSAS DIFERENTES

Por tanto, ha defendido que "hay que hacer las cosas de forma diferentes" y terminar con el "ordeno y mando desde Madrid", dejando que las decisiones de cómo ir a estos comicios la adoptarán en el propio territorio. De hecho, se ha mostrado "orgulloso" que esa determinación, en el caso de su espacio, no recaiga en él sino en sus compañeros de Andaluces Levantaos, la plataforma en la que participa Más País junto a otras formaciones como Andalucía por Sí e Iniciativa del Pueblo Andaluz

"Dijimos que íbamos a hacer las cosas diferentes, más lentas, desde abajo y con las decisiones desde el territorio y lo estamos cumpliendo. En Andalucía concurrimos como quieran los compañeros y mi impresión es que será participando en esa traslación electoral de ese reverdecer del andalucismo (...) Para que pase una cosa diferente tiene que haber ingredientes nuevos y creo que el único que va a concurrir es el andalucismo", ha apostillado.

MIRA CON INTERÉS LAS PLATAFORMAS DE LA 'ESPAÑA VACIADA'

También ha analizado el fenómeno de las plataformas de la denominada 'España vaciada', que observa "con interés" dado que con su componente transversal le dice al sistema político actual que "ya basta con que se tomen las decisiones" desde Madrid y "maltratar" a otros territorios.

Para el líder de Más País, estos colectivos lanzan una "alerta" de que las "cosas no funcionan bien", de que hay una parte de España que "mucho más olvidada" y que podría haberse corregido si el Senado ejerciera de verdadera cámara territorial o que el país tuviera una estructura federal.

Preguntado sobre si piensa respaldar a estos colectivos, el diputado en el Congreso ha aseverado que no está entre sus cometidos apoyarlas o pedir el voto, sino mirar estas plataformas "con respeto" y "sin ninguna intención de aprovechamiento".

El Congreso ha aprovechado las conclusiones de la investigación sobre la 'operación Kitchen' para pedir una mejora del control de los fondos reservados, pero la realidad es que la comisión parlamentaria encargada de vigilar su uso y de pedir cuentas al Gobierno lleva ya casi tres años sin reunirse pese a que la ley regula comparecencias de los ministros competentes cada seis meses.

La propuesta es una recomendación promovida por Unidas Podemos e incluida en el documento de conclusiones aprobado esta semana en la comisión parlamentaria que ha investigado la supuesta trama orquestada desde Interior para espiar a Luis Bárcenas en busca de pruebas que pudieran implicar al dirigentes 'populares' en casos de corrupción.

El texto salió adelante con los votos del PSOE, Unidas Podemos y Bildu, mientras que otros partidos como Esquerra Republicana (ERC), el PNV y la CUP se decantaron por la abstención, y el PP, Vox y Ciudadanos lo rechazaron.

En concreto, en las conclusiones se "estima oportuno una revisión en los procesos y procedimientos sobre el uso y control de los fondos reservados", aunque ya existe una ley específica y una comisión parlamentaria para desarrollar esa misión.

Se trata de la Comisión de control de los Gastos Reservados, que además de recibir informes periódicos sobre el uso de los fondos reservados que manejan Interior, Defensa y Exteriores, es la encargada de ejercer el control parlamentario que exige la ley sobre las actividades del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

La norma que regula los fondos reservados desde 1995 establece, en su artículo 7, que los créditos destinados a gastos reservados deben estar sujetos al control del Congreso, "a través de una comisión parlamentaria compuesta por el presidente de la Cámara, que la presidirá, y aquellos diputados que, de conformidad con la normativa parlamentaria, tengan acceso a secretos oficiales".

Y en esa comisión, prosigue, los titulares de los Ministerios que tienen asignadas partidas de gastos reservados "informarán semestralmente sobre la aplicación y uso de los correspondientes fondos presupuestarios", por supuesto en sesiones secretas. Es más, la ley añade que la comisión "podrá elaborar un informe para su remisión a los presidentes del Gobierno y del Tribunal de Cuentas".

SU ÚLTIMO REUNIÓN DATA DE MARZO DE 2019

No obstante, la Comisión de control de los Gastos Reservados, también conocida como 'comisión de secretos', sigue sin crearse dos años después de arrancar la legislatura, como tampoco se constituyó pn la anterior (la corta de 2019) por la convocatoria anticipada de elecciones.

De hecho, la última vez que esta comisión se reunió fue hace casi tres años, el 3 de marzo de 2019, justo un día antes de que se disolvieran las Cortes Generales para dar paso a las fallidas elecciones generales del 28 de abril.

Aquel día el entonces ministro de Exteriores, Josep Borrell, acudió a este órgano para detallar, a puerta cerrada, el destino de los gastos reservados que gestionaba su departamento. Lo propio habían hecho días antes la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y los ministros Fernando Grande-Marlaska (Interior) y Margarita Robles (Defensa) para hablar de sus fondos reservados y, también, de los viajes del presidente Pedro Sánchez, los gastos en inteligencia o la conocida como 'operación Kitchen'.

EL PARLAMENTO NO SABE CÓMO SE ESTÁ USANDO ESE DINERO PÚBLICO

Esto supone que durante casi tres años no se está ejerciendo el control parlamentario sobre las actividades del CNI, ni sobre el uso de los fondos reservados de los que dispone el Gobierno, un bloqueo que tiene su origen en los vetos cruzados entre los partidos que frena la posibilidad de un acuerdo de mínimos para elegir a los integrantes de la comisión.

Según el Reglamento de la Cámara Baja, para poder conocer materias clasificadas es necesario contar con la autorización del Pleno del Congreso obteniendo el respaldo de tres quintos de la Cámara, esto es de 210 votos, en una votación secreta mediante papeleta en urna.

Los elegidos, uno por cada grupo del Congreso (generalmente el portavoz), pasan a formar parte automáticamente de la citada comisión, que dirige la presidenta de la Cámara, actualmente Meritxell Batet. Pero llegar a esos 210 votos resulta muy complicado porque requiere de apoyos mutuos entre los grupos parlamentarios, y el clima político continúa sin resultar propicio.

AYUDA PARA METER A PORTAVOCES INDEPENDENTISTAS

Así, para que los independentistas de ERC, Junts (como portavoz del Grupo Plural), EH Bildu e incluso la CUP (en representación del Grupo Mixto) puedan estar representados en la comisión es necesario que recaben votos de diputados del PP, Vox y Ciudadanos, que juntos ya suman 149 y, si todos ellos se niegan, nadie puede llegar al mínimo de 210.

Tanto Vox como Ciudadanos ya adelantaron al inicio de la legislatura que no pensaban aportar ni un voto a los independentistas advirtiendo de que harían todo lo posible para que no entraran en esta suerte de club selecto con acceso a información reservada. Y el PP tampoco piensa apoyar que Bildu pueda acceder a los secretos de Estado, dados su antiguos vínculos con Batasuna.

Pero es que, visto del otro lado, tampoco el PP, Vox y Ciudadanos llegan a los 210 votos que se necesitan para formar parte de la comisión, por lo que necesitan la ayuda del PSOE y de Unidas Podemos, que recelan de la presencia de los de Santiago Abascal.

Con este ambiente, todo apunta a que la creación de esta comisión se dilate en el tiempo salvo que el PSOE y el PP quieran extender su acuerdo para la renovación de los órganos constitucionales también a este ámbito y acabar así con esta anomalía de no haber puesto siquiera en marcha dicho órgano.

YA HUBO VETOS, PERO HABÍA COMISIÓN

Los precedentes no son muy positivos, pero en legislaturas anteriores, salvo en las cortas, al menos se llegaba a constituir la Comisión de Gastos reservados.

Así, en la legislatura del 2011-2015, el PP, que gozaba entonces de mayoría absoluta, se negó a permitir la entrada de los distintos candidatos que ERC fue poniendo encima de la mesa alegando que los independentistas catalanes podían trasladar la información reservada a los miembros de la coalición abertzale Amaiur, que integraba a los herederos de la antigua Batasuna, hoy en Bildu. "Con su pan se lo coman", fue la airada respuesta de la entonces diputada Teresa Jordà, la última aspirante rechazada.

Y en 2015 los 'populares' se negaron a facilitar el relevo en el puesto que tenía CiU en la Mesa del Congreso y fueron aplazando semana tras semana la posibilidad de que se eligiera al convergente Jordi Xuclà para cubrir la vacante dejada por su compañero Jordi Jané al ser nombrado consejero de Interior de la Generalitat. Su entonces portavoz, Rafael Hernando, alegó que no tendría "mucho sentido" que optara a este puesto institucional en el Parlamento nacional alguien que se definiera como "independentista".

La Guardia Civil investiga a 27 personas vinculadas a una organización dedicada al transporte ilegal de residuos plásticos desde España a países asiáticos como Malasia, Camboya o Tailandia.

La Fiscalía Delegada de Medio Ambiente y Urbanismo ha dirigido la investigación, que ha sido llevada a cabo por agentes del SEPRONA de la Guardia Civil en el marco de la operación denominada Pindaan, a la organización, cuya cúpula estaba establecida en Malasia y Singapur.

Entre los objetivos de las pesquisas se encuentra una parte de la red internacional que controlaba esta actividad que funcionaba con el despliegue de personas en España para la compra de plásticos y posterior envío a Asia, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

A las personas investigadas se les imputan delitos contra recursos naturales y medio ambiente por el traslado ilícito de residuos, además de pertenencia a organización criminal.

Los hechos están relacionado con la devolución en 2019 por parte del Gobierno de Malasia a España de cinco contenedores de transporte de mercancías cargados con residuos plásticos contaminados con productos tóxicos procedentes de la agricultura intensiva, en los que, tras los análisis correspondientes, se detectó restos de productos fitosanitarios.

Tras las investigaciones llevadas a cabo por la Unidad de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado y la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente del SEPRONA, se descubrió que se estaban exportando contenedores de plásticos sin las autorizaciones y comunicaciones pertinentes hacia terceros países.

Además, la mayoría de estos residuos no habían sufrido el proceso de descontaminación exigido para que los países que lo recibían lo hiciesen como materia prima y pudiesen trabajar en la elaboración de productos a posteriori. Esta materia no utilizada, irremediablemente se convertía en desecho, que en muchas ocasiones acababa en vertederos ilegales, océanos y ríos.

A raíz de la prohibición de importaciones de residuos plásticos que estableció China en el 2018, los negocios se desplazaron hasta otros países asiáticos, donde se recepcionan como paso previo a productos que finalmente acaban en el gigante asiático. Los distintos materiales que llegan a esos países son tratados en instalaciones ilegales, muchas de ellas ya desmanteladas, y luego exportados a su vez a China como destino final de la materia prima valorizada.

Europol e Interpol han colaborado en la investigación con el análisis de las comunicaciones y en el análisis estratégico de documentación para hallar posibles relaciones con otros países, movimientos de divisas e información de envíos, mientras la Subdirección General de Economía Circular del Ministerio para la Transición Ecológica ha puesto en marcha en equipos de trabajo conjuntos encaminados al estudio sobre la ilegalidad de los envíos.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Orihuela (Alicante) a dos hombres que lanzaron a otro desde un coche en marcha a gran velocidad y seguidamente le atropellaron y le robaron el teléfono móvil y la tarjeta de crédito cuando se encontraba desvalido tendido en la calzada.

Los arrestados han sido detenidos por una presunta tentativa de homicidio y robo con violencia, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

La víctima y los detenidos se conocieron en un club de la localidad de Cox cuando los presuntos agresores se ofrecieron a llevar hasta su domicilio a la víctima en un municipio cercano. En mitad del trayecto, cuando se encontraban alejados de la población, arrojaron a la víctima fuera del vehículo cuando circulaban a gran velocidad.

La víctima fue hallada en la carretera por agentes de la Policía Local tras recibir un aviso que alertaba sobre la presencia de un hombre tumbado sobre la calzada.

A la llegada de los agentes la víctima se encontraba consciente y fue llevaba en ambulancia hasta el Hospital Vega Baja de Orihuela, donde fue ingresado con heridas de gravedad en ambas piernas y fue dado de alta a los pocos días. Además de las graves lesiones sufridas, a la víctima le sustrajeron su teléfono móvil y su tarjeta de crédito.

Una vez recuperado, acudió a la Comisaría de Policía Nacional de Orihuela para denunciar los hechos en compañía de un intérprete que facilitara la comunicación. La víctima reveló que los autores, tras lanzarle del vehículo, le atropellaron cuando estaba tendido en la calzada. Fue en ese momento donde se descubrió el ilícito penal y comenzó la investigación de lo ocurrido.

La Policía inició entonces una serie de vigilancias hasta que consiguieron localizar y tomar declaraciones de los posibles testigos. Finalmente, los agentes de la Brigada Local de Policía Judicial de Orihuela hallaron a los presuntos responsables de tales actos, que fueron detenidos.

Los detenidos, de nacionalidad española y marroquí, ambos de 21 años de edad, han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de la misma localidad, que ha decretado su ingreso en prisión.

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha considerado que el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, "no dudará en convocar elecciones si surge cualquier factor demoscópico".

En una entrevista a El Correo, el representante jeltzale afirma además que "habría que suprimir el Senado" por no tener utilidad. "La democracia española podría sobrevivir perfectamente sin esa cámara", manifiesta.

Tras sostener que "la situación no es sencilla para ningún gobernante" como consecuencia de la pandemia, Esteban indica que la relación del PNV con Sánchez es "buena, aunque tiene sus momentos".

Por otro lado, considera que ahora se dan "más condiciones" para agotar la legislatura en el Estado, aunque dice no poner "la mano en el fuego".

"Con un Presupuesto expansivo y la llegada de los fondos europeos lo razonable sería alargarla y no mezclar ese asunto con la tensión electoral. Y a Sánchez le llega la presidencia de la UE y supongo que le querrá sacar rendimiento porque se mueve bien en Europa. Ahora bien, si aparece cualquier factor demoscópico no va a dudar en convocar elecciones", advierte.

Por otro lado, defiende que habría que "suprimir" el Senado, ya que "no tiene utilidad y tampoco va a convertirse en una Cámara de representación autonómica real porque siempre habrá mayorías de PSOE o de PP".

"¿Y dónde están los principales problemas territoriales estructurales? En Cataluña y Euskadi, y puntualmente por otras razones en Canarias. Nosotros seguiremos estando y llevando nuestro discurso, pero la democracia española podría sobrevivir perfectamente sin el Senado", argumenta.

La Generalitat distribuirá copas menstruales y otros productos de higiene menstrual reutilizables en algunos institutos catalanes para una prueba piloto que iniciará en primavera, a fin de planificar y valorar una medida que quiere garantizar la equidad menstrual y extender a todos los centros de Catalunya el próximo curso escolar.

La consellera de Igualdad y Feminismos de la Generalitat, Tània Verge, ha defendido en una entrevista esta medida de equidad menstrual, con la que dan reconocimiento al coste añadido durante años "por el simple hecho de menstruar", y se ha referido a la reivindicación de que el Gobierno central aplique un IVA reducido o super reducido a estos productos.

Las copas menstruales se repartirán en el marco de un acompañamiento con información "sobre el propio cuerpo, sobre la menstruación y vinculado a los derechos sexuales y reproductivos", que el Ejecutivo catalán quiere garantizar con la Estrategia Nacional de Derechos Sexuales y Reproductivos --que lidera Verge y aúna a ocho consellerias más-- en distintas fases, y esta medida es una de ellas.

La consellera ha detallado que están trabajando en esta medida con hasta cuatro consellerias, entre ellas Acción Climática, porque se trata de objetos medioambientalmente sostenibles, y Educación, para que los centros que participen de la prueba sean representativos de la diversidad territorial.

JÓVENES Y VIOLENCIA MACHISTA

Verge ha reconocido que hay que trabajar en la franja de edad más joven porque las violencias machistas también se canalizan mediante las redes sociales o las aplicaciones de mensajería móvil con formas como el 'sexting', la extorsión o el acoso sexual, y ha calificado la tecnología como un arma de doble filo porque, al mismo tiempo, también contribuye a la concienciación social, a su parecer.

Sobre la misma franja de edad, ha insistido en evitar que la pornografía sea un referente de sexualidad en la gente joven y que tengan información veraz para saber cómo protegerse de enfermedades de transmisión sexual, de embarazos y "puedan tener relaciones sanas y basadas en la igualdad".

La Conselleria de Igualdad y Feminismos trabaja con Educación en la revisión del programa 'Coeduca't' para que la educación sexoafectiva empiece desde la educación de 0 a 3 años con una implementación progresiva.

A ello se suma el plan de escuelas libres de violencias impulsado por Educación, con el que se ha desarrollado una aplicación web para que tanto menores como los adultos de su entorno puedan denunciar una situación de abuso sexual infantil.

PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

La titular de Igualdad y Feminismos ha admitido que la prevención, en materia de violencia, ha sido textualmente una de las patas olvidadas mientras que, para ella, es la herramienta indispensable: "Ha habido esfuerzos parciales y no una planificación estratégica a nivel de país", y ha asegurado que ahora desde el departamento trabajan en esta dirección.

"Se ha preparado una estructura para un departamento que pueda durar años, que tenga capacidad de diseñar una estrategia de país. Hemos sentado las bases", ha valorado Verge sobre los primeros meses de legislatura, y ha confiado en que los Presupuestos de 2022 tendrán mucha capacidad de implementar este proyecto político, en sus palabras.

Verge ha apelado especialmente a los hombres en la corresponsabilidad de erradicar las violencias machistas y a ser parte activa del trabajo de fondo de deslegitimación de la violencia, por lo que su departamento impulsará campañas relacionadas con la masculinidad igualitaria, la paternidad, los cuidados, e incluso estereotipos y prejuicios que "limitan la posibilidad --de los hombres-- de ser de forma libre".

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha defendido que si la mesa de diálogo no avanza será porque el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez "con la democracia es escaso", y ha afirmado que los demócratas deben poder avanzar en la línea de ejercer la democracia.

"Poder avanzar se puede avanzar, otra cosa es que veremos hasta qué punto aquellos que se llaman demócratas están realmente comprometidos con la democracia y con el ejercicio de un derecho democrático de los ciudadanos como es el derecho a votar", ha afirmado en una entrevista al ser preguntado por si cree que la mesa de diálogo dará frutos en los dos años que quedan hasta las elecciones generales pese a las diferencias que hay entre ambos gobiernos.

Junqueras lo ha dicho antes de que la mesa de diálogo se vuelva a reunir en Madrid a principios de 2022, después del encuentro que hubo en septiembre en Barcelona en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, se comprometieron a retomar el diálogo y fijaron que las conversaciones serían discretas y que solo habría reuniones públicas cuando se anunciaran avances.

Para Junqueras, las posiciones del Ejecutivo de Sánchez y el de Aragonès son opuestas, y ha sostenido que "los dos modelos políticos más opuestos en Cataluña son el que representa el PSOE y el que representa ERC".

"Estamos a años luz, por eso hay una mesa de negociación", pero ha defendido que precisamente las mesas de negociación se deben hacer con quien se tienen posiciones alejadas.

PRESENCIA DE JUNTS

Una de las incógnitas en la reunión de la mesa de diálogo de principios de año es si Junts estará o no, ya que en septiembre no hubo ningún representante de la formación de Carles Puigdemont porque Aragonès no aceptó su propuesta de delegación, ya que no estaba formada exclusivamente por miembros del Govern.

En este sentido, el dirigente republicano ha asegurado que es contradictorio que "aquellos que han reclamado insistentemente y durante mucho tiempo el 'sit and talk', ahora que tienen oportunidad de sentarse y hablar, digan que no quieren sentarse".

Junqueras ha afirmado que respeta cualquier decisión que tomen otras formaciones, pero considera que "esta contradicción la deberán resolver ellos, la gente de Junts".

También se ha mostrado convencido de que "en representación de Junts hay diversas personas en el Govern, diversos miembros del Govern, que están perfectamente cualificados sin ninguna duda para sentarse en esta mesa", y ha deseado que la formación de Carles Puigdemont no les impida contribuir en la búsqueda de una solución para el conflicto catalán.

"Cuantos más seamos en la defensa de la amnistía y la autodeterminación, mejor", ha defendido el líder republicano al ser preguntado por si la ausencia de Junts en la mesa hace que la delegación catalana vaya debilitada o si, por el contrario, facilita la negociación con el Gobierno central, con quien ERC ha pactado los Presupuestos Generales del Estado (PGE) o la ley audiovisual.

Al preguntársele si él y el resto de expresos independentistas deberían de tener un rol en la negociación y en la mesa de diálogo, ha sostenido que no aspira a tener "ningún papel especial en ningún sitio", sino a poder ayudar en todos los lugares en los que pueda ser útil.

La promesa de Pedro Sánchez de reformar el Código Penal para prohibir los referéndums ilegales, hecha en campaña electoral y la posterior promesa de reformar el delito de sedición para rebajar las penas han quedado aparcadas por el momento a pesar de que solo se ha alcanzado el ecuador de la Legislatura y aún faltan dos años para las próximas generales si se celebran cuando tocan.

A estas se unen otras como la promesa de Sánchez en campaña de modificar la Ley Audiovisual para que los Consejos de Administración de medios públicos de comunicación fueran elegidos por dos tercios de los respectivos parlamentos. Además, la falta de consenso parlamentario tampoco ha posibilitado otros cambios como la modificación de la Constitución para suprimir el término "disminuido" en el artículo 49 de la Carta Magna para las personas con discapacidad; que quedara aparcada la supresión de los aforamientos o la inviolabilidad del Rey en la Carta Magna.

El presidente del Gobierno prometió el 4 de noviembre, durante un debate electoral a cinco de cara a los comicios del 10 de noviembre de 2019, que iba a reformar el Código Penal para prohibir "de una vez por todas" los referéndums ilegales y evitar que se volviera a producir otro referéndum como el del 1 de octubre de 2017 en Cataluña. Ello estaría enmarcado en una serie de medidas que, según dijo, irían encaminadas a resolver la crisis de convivencia en Cataluña.

La promesa, como tal, no fue reflejada en el programa electoral del PSOE, en el que se limitaba a advertir que en el modelo de Estado no tenía "cabida un referéndum de autodeterminación, que el Tribunal Constitucional (TC) ha considerado contrario a la Constitución y que, desde una perspectiva política, provoca la quiebra de la sociedad".

Sin embargo, esta promesa quedó relegada el 20 de enero de 2020 cuando, tras tomar posesión, Pedro Sánchez manifestó en una entrevista en TVE su intención de reformar el delito sedición, por el que fueron condenados los líderes del 'pocés', posteriormente indultados por el Gobierno.

Al ser preguntado si contemplaba reformar el delito de sedición para rebajar las penas, aseguró que "esta crisis ha demostrado que tenemos un Código Penal que no se corresponde con la época que le ha tocado vivir a España y que no tenemos delitos homologables a otros países europeos".

Sin embargo, el propio presidente del Gobierno congeló esta posibilidad de reformar el delito de sedición en junio de este año --en una respuesta a la portavoz de JxCat, Miriam Nogueras-- al asegurar que, aunque la voluntad del Gobierno es hacerlo, pero lamentando no contar por el momento con los apoyos necesarios en el Parlamento para llevarlo a cabo.

En este sentido, Sánchez argumentó que España había aprendido una lección con el delito de sedición en 2017, cuando el expresidente Carles Puigdemont se fugó a Bélgica junto con varios consejeros del entonces gobierno catalán. Este delito no fue reconocido por la justicia en Alemania, donde fue detenido en un viaje, quien no autorizó la entrega a España del fugado.

PROMESAS DE CAMPAÑA

Durante aquel debate de noviembre de 2019, Pedro Sánchez prometió también "construir concordia desde la educación" aprobando una asignatura para todo el territorio español en valores civiles, constitucionales y éticos, algo que incluye la reforma educativa.

Sin embargo, la tercera promesa de aquel día, la de modificar la Ley Audiovisual para que los consejos de administración de los entes públicos de medios de comunicación sean aprobados por dos terceras partes de los Parlamentos autonómicos no se ha hecho aún efectiva. Al menos, no está de momento en el proyecto de reforma de la Ley Audiovisual. Esta reforma se hace básicamente para adaptar la legislación a la normativa europea, pero el Gobierno también ha aprovechado para incluir otras cuestiones relativas a RTVE. No obstante, aún está pendiente de tramitación en el Parlamento, donde podría sufrir modificaciones.

FRENAZO A LA RENOVACIÓN DE LA CORONA.

El 10 de julio de 2020, Pedro Sánchez se manifestaba partidario de suprimir la inviolabilidad del Rey, consagrada en el artículo 56.3 de la Constitución. Lo manifestaba así al hilo de las informaciones sobre el dinero recibido en el extranjero por el Rey emérito Juan Carlos I.

Y en diciembre de ese mismo año, el presidente señalaba que el Rey quería una Monarquía constitucional adaptada a la España del siglo XXI y que Felipe VI estaba trabajando entonces en asuntos como "rendición de cuentas" y "renovación" aunque debían ir "paso a paso". "Ya irán conociendo como se materializa la hoja de ruta de renovación de la Corona en cuanto a transparencia y ejemplaridad" señaló Sánchez en aquel momento.

Sin embargo, el pasado 7 de diciembre, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, enfriaba estos planes al señalar que no se ha producido ningún avance en el plan normativo que anunció el Gobierno hace un año con el objetivo de renovar la Corona respecto a su transparencia y ejemplaridad. Además, dejaba claro que ahora mismo esta no era la prioridad, sino que la hoja de ruta del Gobierno está centrada en la recuperación económica y en cumplir los compromisos con la Unión Europea.

LA REFORMA DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL, EN LA NEVERA

Otra de las medidas estrella del Ministerio de Justicia que sigue en la nevera, además de la prevista inicialmente para reformar el delito de sedición, y sin visos de prosperar en el medio plazo, es la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para que el peso de la instrucción la lleven los fiscales.

Tras ser impulsada por el exministro Juan Carlos Campo, con la nueva titular se paralizó después de que se conociera un informe negativo de la Fiscalía. En octubre, el Ejecutivo anunció que creaba un Grupo de Trabajo Interinstitucional que se encargará de revisar el anteproyecto. Así, la única reforma que se ha llevado a cabo de la LECrim ha sido la del artículo 324 para ampliar de seis a 12 meses el plazo tope de las instrucciones de las causas penales.

El Ministerio de Justicia tampoco ha llegado a tiempo este mes de diciembre para trasponer la directiva europea de protección al denunciante, conocida como 'whistleblower'. Si bien anuncian que "solo quedan por cerrar algunos flecos pendientes" y que está previsto que en enero el departamento dirigido por Pilar Llop eleve el texto al Consejo de Ministros.

Precisamente, el refuerzo de la protección del denunciante fue una de las promesas de Pedro Sánchez en el debate de investidura, en el que también anunció la creación de un Plan Nacional contra la Corrupción, reforzando los medios operativos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con nuevas figuras penales.

NO SE REFORMA LA CONSTITUCIONAL PARA SUPRIMIR EL TÉRMINO DISMINUIDO

Otra de las promesas que el Gobierno no va a poder llevar a cabo es la reforma de la Constitución para suprimir el término "disminuido" del artículo 49 de la Carta Magna. Pero en esta ocasión, el incumplimiento no es atribuible al Ejecutivo, que sí llevó el proyecto al Parlamento, sino al rechazo de PP y Vox a que saliera adelante. Para su aprobación se necesitaba una mayoría reforzada de dos tercios y los partidos de derechas, que lo rechazan, suman más de un tercio del hemiciclo.

El Gobierno concedió un total de 41 indultos durante la primera mitad de 2021, lo cual incluye los nueve concedidos a los condenados por el proceso independentista en Cataluña, según el informe semestral del Ministerio de Justicia, que observa una "tendencia alcista" en la concesión de esta medida de gracia respecto a años anteriores.

De las 1.817 solicitudes recibidas, se resolvieron 1.724, de las cuales solo esas 41 fueron en sentido afirmativo, lo que representa un 2,38 por ciento del total de las contestadas.

Aunque el departamento de Pilar LLop no alude expresamente a los indultos del 'procés', limitándose a recogerlos en su estadística, los refleja como perdones por delitos contra el "orden público".

La mayoría de los delitos indultados fueron contra el patrimonio (15), sumándose diez contra la salud pública, cuatro contra la integridad física, dos contra el medio ambiente y la organización del territorio, y uno contra las relaciones familiares.

Los delitos contra el patrimonio también fueron la mayoría en los indultos denegados. El segundo puesto fue para delitos de violencia de género, en el caso de los hombres, y contra la salud pública, en el de las mujeres. Y el tercer lugar para ambos sexos fue para los delitos contra la seguridad vial.

SOLO DOS INDULTOS TOTALES

En cuanto a la modalidad de los indultos otorgados, solo dos fueron totales y 39 fueron parciales, entre ellos los del 'procés', que extinguieron las penas de prisión pero no las inhabilitaciones, fijando además un periodo de entre 3 y 6 años que condiciona el perdón a que no reincidan.

El informe precisa que las penas de prisión perdonadas oscilaban desde los 13 años como pena máxima, por delitos de sedición y de malversación, a 3 meses y 15 días como pena mínima, por un delito de hurto en tentativa.

Y, de los 39 indultos parciales, 23 corresponden a una conmutación de la pena: 3 por trabajos en beneficio de la comunidad, 6 por multa y 14 por pena menor de prisión.

Los dos indultos totales, apunta, son un caso de condena por delitos contra el patrimonio que se dio condicionado a que el beneficiario pague las responsabilidades civiles y a que no cometa delito doloso en 2 años; y otro caso por delitos contra la salud pública condicionado a que el reo se someta a un programa de "deshabituación de alcohol y drogas" y que tampoco cometa un delito doloso en 2 años.

EL 61% TENÍAN EL AVAL DEL TRIBUNAL Y LA FISCALÍA

Justicia destaca que el 78 por ciento de los indultos concedidos (32) tenían uno o los dos informes favorables, en alusión a los preceptivos pero no vinculantes del tribunal sentenciador y del Ministerio Fiscal, de los cuales el 61 por ciento (25) tenía el aval de ambos, mientras que el 22 por ciento (9) tenía los dos en contra.

En lo tocante a los líderes independentistas indultados, tanto el Tribunal Supremo como la Fiscalía del mismo aconsejaron no perdonar por no apreciar razones de justicia, equidad y utilidad pública ni arrepentimiento por parte de los condenados.

De los 1.683 indultos denegados, el 93 por ciento (1.569) tenía al tribunal y a Fiscalía en contra, un 6 por ciento (92) tenían solo un informe desfavorable y el 1 por ciento (22), los dos avales.

En lo concerniente a la opinión de la víctima acerca del indulto, cuatro expedientes (el 10 por ciento de los 41 concedidos) tenían la oposición del perjudicado, mientras que 13 no mostraron rechazo, 11 no se manifestaron al respecto y dos no comparecieron. En los otros 11 casos no había perjudicados.

SEIS PERDONADOS A PETICIÓN DE COFRADÍAS

Por género, de los 41 indultos otorgados, 14 fueron a mujeres (34 por ciento) y 27 a hombres (66 por ciento). La sede de San Bernardo señala que en todos los delitos perdonados intervinieron tanto hombres como mujeres excepto en el referido a las relaciones familiares, que fue perpetrado por un hombre.

Asimismo, el Ministerio detalla que, de los 41 perdones concedidos, seis fueron a favor de personas cuyas solicitudes se recibieron a través de distintas cofradías, un 15 por ciento del total.

Además, recoge que en dicho semestre se archivaron 206 expedientes de indulto, algo que ocurre, según explica, cuando el tribunal sentenciador no emite informe porque el penado ha desistido, se ha extinguido su responsabilidad criminal o no está a disposición del órgano judicial para cumplir condena.

EN PLENA PANDEMIA

Estas cifras reflejan un aumento respecto al primer semestre de 2020 cuando, en plena pandemia, se formularon 1.499 peticiones de indulto, se respondió a 1.240 y solo se otorgaron una decena, lo que supone un 0,80 por ciento.

Justicia concreta que junio, coincidiendo con la desescalada, fue el mes en el que más solicitudes (360), expedientes (375) y "otros documentos" asociados (503) se recibieron, siendo enero el de menor afluencia de papeles, con 226, 189 y 315, respectivamente.

"Lo más reseñable, en primer lugar, es el repunte del número de solicitudes recibidas, que se cifra en un 21 por ciento respecto del mismo periodo del año anterior, si bien el primer semestre de 2020 estuvo marcado por las circunstancias derivadas de la pandemia", ha valorado el Ministerio en sus conclusiones.

Resalta asimismo que, si en el primer semestre de 2020 se inició la conexión telemática con 841 peticiones de indulto en papel y 658 electrónicas, ya en 2021 "se ha consumado un cambio de tendencia siendo superior el número de solicitudes electrónicas", con 976 frente a 841, "curiosamente el mismo número".

El Gobierno ha detectado 30 organizaciones criminales dedicadas a la inmigración ilegal, la cifra más alta en los últimos cinco años y el doble que en 2016. Se trata de datos pendientes de consolidación a cierre de 2020 que muestran una tendencia al alza: en 2016 había 14 organizaciones operando en España y 16 en 2017, pasando en 2018 a 28 y bajando a 21 en 2019.

Los datos figuran en una respuesta parlamentaria, en la que el Gobierno insiste en que "no existe una correlación entre inmigración y delincuencia". En respuesta a Vox, también destaca que la llegada de personas migrantes "no ponen en riesgo la vida y la integridad física de todos los españoles".

"La bajada histórica de la criminalidad es el resultado de la apuesta de este Gobierno por recuperar la Seguridad como Bien público a través de más efectivos, mejores infraestructuras y más medios", añade el Gobierno, que apunta que cualquier comisión de delito es investigado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Como señala habitualmente el Ministerio del Interior, el Gobierno reitera que "no existe correlación" entre incremento de los índices de la delincuencia con incremento de la inmigración irregular. "Para empezar", aclara, "porque los índices de delincuencia de los delitos graves ha disminuido si comparamos 2021 con 2019, antes de la pandemia".

Vox se interesaba en concreto por la desarticulación, con siete detenidos, de una red de "coches-patera" en la frontera francoespañola encargada de introducir en España a migrantes desde Bayona y Burdeos.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez sostiene una vez más que el hecho de que en las estadísticas de criminalidad conste la ciudadanía extranjera no significa que la persona sea migrante, ni que siendo migrante seairregular". El dato refleja "simplemente" que la ciudadanía no es española, pudiendo ser residentes extranjeros regulares, muchos de ellos ciudadanos de la Unión Europea.

Además, desde el Gobierno se reitera que los datos "no implican culpabilidad o condena, ya que tal circunstancia la establecen los órganos judiciales".

MÁS LLEGADAS QUE EN 2020

Hasta noviembre de 2021, el Ministerio del Interior ha contabilizado 38.103 llegadas de migrantes, es decir, un 2% más que en el mismo periodo que el año anterior, cuando llegaron al país de forma irregular alrededor de 37.350 migrantes.

Un 95,4% de estas llegadas se han producido por vía marítima (36.379) y, de ellas, más de la mitad (54,6%) lo han hecho a través de la ruta canaria.

Sólo en noviembre llegaron 3.760 migrantes de forma irregular, lo que convierte a este mes en el cuarto con mayor número de llegadas del año, solo por detrás de septiembre (unos 8.200), octubre (sobre 5.600) y agosto (más de 3.900). En la estadística no se contabiliza la entrada masiva en Ceuta de unas 10.000 personas en un contexto de crisis diplomática con Marruecos.

La Junta de Andalucía ultima la creación de la Comisión Delegada para la Agenda 2030 como órgano de gobernanza encargado de velar por la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible en la actuación de la administración autonómica y que estará presidida por el jefe del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno.

Así figura en un proyecto de decreto elaborado por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación que también plantea la modificación del decreto vigente desde 2019 relativo a la composición y funciones de las comisiones delegadas del Gobierno, actualizado por el actual Ejecutivo de PP y Ciudadanos (Cs) a su llegada a San Telmo.

El texto, que aún está en proceso de elaboración previo a su envío al Consejo de Gobierno, establece que la Comisión Delegada para la Agenda 2030 estará presidida por el titular de la Presidencia de la Junta de Andalucía y compuesta por los titulares de todas las consejerías del Gobierno andaluz, con la Vicepresidencia en manos del titular de la Consejería de Igualdad. Podrán asistir a sus reuniones con voz y sin voto los titulares de las Viceconsejerías de Presidencia y de Igualdad, que ejercerá la Secretaría de la Comisión Delegada.

La Comisión Delegada para la Agenda 2030 tendrá competencias sobre la "planificación, impulso y coordinación de las actuaciones para la implantación efectiva de la Agenda 2030 y la evaluación de la contribución de las mismas a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible".

Así, corresponderá a este órgano "estudiar los asuntos que requieran la elaboración de una propuesta conjunta previa a su resolución por el Consejo de Gobierno", así como "conocer las iniciativas, planes, programas y convenios existentes en los ámbitos relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible, y llevar a cabo un seguimiento de su ejecución".

DIVULGACIÓN DE LA AGENDA 2030 ENTRE LA CIUDADANÍA ANDALUZA

La Comisión también deberá "estudiar y proponer al Consejo de Gobierno nuevas acciones para el cumplimiento de la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible", así como "instar a otras administraciones y organismos públicos y privados para que impulsen las medidas necesarias para promover el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en Andalucía" y "contribuir a la divulgación y la comunicación para fomentar la integración y adopción de la Agenda 2030 por parte del conjunto de la ciudadanía andaluza.

Otras funciones serán impulsar la "alineación de la planificación estratégica de la Junta de Andalucía con los objetivos de desarrollo sostenible"; coordinar la actuación de las consejerías con incidencia en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible comunes e impulsar planes, programas y proyectos conjuntos de actuación para la su aprobación por el Consejo de Gobierno"; y analizar en cada Consejería "la implantación efectiva de la Agenda 2030 y su contribución a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible".

La memoria económica que acompaña al proyecto de decreto recoge expresamente que la creación de la Comisión Delegada para la Agenda 2030 "no implica una disminución de los ingresos públicos ni un aumento del gasto que conforman el Presupuesto, ni requiere estructuras administrativas adicionales a las existentes", al tiempo que "no impone cargas administrativas para la ciudadanía ni para las empresas".

Cantabria sumó en el día de Navidad 455 nuevos contagios de Covid, que son 177 menos que la víspera (632), una jornada en la que subió el número de hospitalizaciones y de ingresados en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y siguió al alza la incidencia, que ya supera ampliamente los 900 casos por cada 100.000 habitantes.

La nota favorable es que, de nuevo, no se registró ningún nuevo fallecimiento, manteniéndose así en 631 el número de muertes por Covid desde el inicio de la pandemia.

Cantabria sigue en nivel 2 (riesgo medio) pese a la alta incidencia, que a 14 días es de 931 casos por cada 100.000 habitantes, 41 puntos más que ayer (890), y a 7 días es de 661, 39 más quwe la víspera (622), según los datos aportados por el Servicio Cántabro de Salud actualizados hasta el cierre de la jornada de ayer, sábado.

Entre los mayores de 65 años, la incidencia sigue subiendo aunque de manera no tan pronunciada. Así a 14 días se eleva a 366, diez puntos más que el día anterior, y a 7 días es de 224 (la jornada anterior era de 213).

Y en cuanto a la hospitalización, se elevan a 110 los hospitalizados --10 mas que el día anterior--, de los que 23 (3 más que la víspera) están en cuidados intensivos.

De este modo, la ocupación hospitalaria sube siete décimas porcentuales, hasta el 7%, y la tasa de ingresos en los últimos 7 días sube 1,7 puntos y llega al 14,4.

De los hospitalizados, hay 93 que están ingresados en Valdecilla, incluidos entre ellos los 23 que están en la UCI; 10 en Sierrallana y 7 en Laredo.

En la última semana se han diagnosticado 3.851 casos de coronavirus en Cantabria, que se elevan a 5.428 si se tiene en cuenta también la anterior. La positividad de las pruebas practicadas a siete días sigue subiendo y ya se encuentra en el 15,2%, seis décimas porcentuales más que el día anterior.

La plataforma ciudadana Soria ¡YA! recogerá firmas este domingo, 26 de diciembre, como primer paso necesario para poder concurrir a las próximas elecciones autonómicas del 13 de febrero de 2022 en Castilla y León como agrupación de electores

La recogida se realizará en distintas localidades de la provincia de Soria, según han informado desde la plataforma. Dichos puntos de recogida de firmas se anunciarán en los perfiles de redes sociales de la Plataforma y en la página web www.soriaya.org.

Además, solicitan a todas aquellas personas interesadas en recoger firmas en su localidad, que contacten en el email contactos@soriaya.org.

UNOS 800 AVALES

El colectivo ciudadano buscará de esta manera conseguir el uno por ciento del censo electoral de la provincia marcado por la ley electoral, unos 800 avales.

Los firmantes deben estar inscritos en el censo electoral de su municipio antes del 21 de diciembre de 2020, requisito imprescindible para que el apoyo sea válido. Los datos que se solicitan son nombre y dos apellidos y número del DNI, entre otros datos.

Desde la Plataforma esperan conseguir las firmas el mismo día 26 para seguir avanzando en los preparativos de la campaña electoral.

Soria ¡YA! se pone así en marcha ante el "histórico reto" que supone para la agrupación esta cita electoral del 13 de febrero.

La Generalitat permitirá las cabalgatas de Reyes y actividades navideñas en los municipios catalanes pese a las restricciones por la pandemia de coronavirus si se respetan las medidas anti Covid, según un comunicado de la web del Govern sobre cómo se aplican en la cultura las nuevas medidas sanitarias.

El comunicado afirma que "es responsabilidad de los organizadores y del público asistente evitar las aglomeraciones" y recordar la obligatoriedad de la mascarilla tanto del público como de los participantes en el interior y en el exterior.

Sobre las actividades de artes escénicas, como funciones de pastorcillos y pesebres vivientes, si se desarrollan en el interior "no se puede superar el límite de aforo del 70%".

Tanto si estas artes escénicas se representan en interior como en exterior, el público debe estar sentado, y hay que mantener la distancia de 1,5 metros siempre que sea posible y las personas no formen burbuja de convivencia.

En las actividades estáticas con circulación del público (como exposiciones de pesebres), los grupos de visitantes no podrán exceder las 10 personas y la distancia entre grupos deberá ser de 1,5 metros.

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha destacado el "alivio" que supone para los vecinos de La Palma la finalización de la erupción del volcán de Cumbre Vieja, tras 85 días,

"Han sido tres meses durísimos, miles de familias lo han perdido todo, pero los vecinos de La Palma reciben hoy un alivio: la erupción ha finalizado", ha señalado Arrimadas en una publicación en su cuenta de Twitter.

En este contexto, la presidenta de la formación naranja ha advertido de que el Gobierno "debe entregar cuanto antes y en volumen suficiente" las ayudas para los afectados.

"El Gobierno debe entregar cuanto antes y en volumen suficiente las ayudas para que los afectados puedan reconstruir sus vidas", ha publicado la líder de Ciudadanos.

Los cielos estarán este domingo nubosos con precipitaciones en varios puntos del país, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Debido al tránsito de frentes atlánticos, en las vertientes atlántica y cantábrica se esperan cielos nubosos o cubiertos, con precipitaciones que se extenderán de oeste a este a lo largo del día. Serán más intensas en el cuadrante noroeste, pudiendo ser localmente fuertes o persistentes en el oeste de Galicia, donde irán acompañadas de tormenta al final, y con cierta persistencia en zonas montañosas.

De forma más débil y dispersa, se extenderán hacia el este, pudiendo afectar a zonas del interior este peninsular. En la fachada oriental mediterránea, Melilla y Baleares son poco probables. En Canarias se esperan intervalos nubosos en el norte, sin descartar alguna precipitación aislada.

Las cotas de nieve si situarán en Pirineos en torno a 1.800/2.000 metros y en la cordillera Cantábrica subiendo a más de 2.000 metros. No se descartan brumas y bancos de niebla, más probables y persistentes en montañas.

Las temperaturas máximas aumentarán de forma casi generalizada, excepto en zonas del Mediterráneo y Andalucía occidental donde habrán pocos cambios. Las mínimas aumentarán en el interior sudeste, y en descenso en el noreste. Estarán por encima de los valores normales, especialmente las mínimas, con heladas solo en Pirineos y puntos de otras cordilleras.

El viento soplará intenso del suroeste, ocasionalmente del sur en el entorno del Cantábrico oriental y alto Ebro. Fuerte o con intervalos de fuerte en litorales y zonas altas del noroeste peninsular, sistema Ibérico, Pirineos, sierras del este peninsular y el entorno de Alborán. En Canarias, variables tendiendo a componente norte.