Ayer, 7 de julio, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero movió ficha en sus dos investigaciones abiertas: presentó un escrito para que Hacienda suspenda la inspección fiscal que él, su mujer y sus hijas están sufriendo porque, según alega, ya está siendo investigado por la Audiencia Nacional.
El asunto no es menor. La Agencia Tributaria (AEAT) lleva semanas revisando las declaraciones de Rodríguez Zapatero, de su esposa Sonsoles Espinosa y de sus hijas Laura y Alba entre los años 2021 y 2024. El expresidente considera que esa inspección tributaria es «unilateral» y se ha iniciado «caprichosamente», por lo que pide al juez José Luis Calama y al propio fisco que la suspendan de inmediato.
Qué ha pedido exactamente Zapatero y por qué
En el recurso presentado ante el juez Calama y la Agencia Tributaria, el exmandatario reclama la nulidad de las comunicaciones de inicio de la inspección y, al menos, de los requerimientos de documentación y consentimiento bancario. Su argumento principal es que Hacienda sabe perfectamente que el procedimiento no debería seguir adelante mientras la Audiencia Nacional investiga los mismos hechos por la vía penal.
"La AEAT es plenamente consciente de que ha iniciado un procedimiento inspector que es de todo punto improcedente, ya que ella misma sabe que procede suspender inmediatamente el mismo hasta tanto se resuelva el asunto por la jurisdicción penal", sostiene el escrito. La defensa de Zapatero subraya que mantener la inspección coloca al matrimonio en una "alternativa constitucionalmente diabólica": si colaboran con Hacienda, cualquier dato puede usarse en su contra en el proceso penal; si no lo hacen, se arriesgan a sanciones por obstrucción.
El dilema legal: colaborar o callar
Ese es el corazón del problema. La ley permite que la Agencia Tributaria investigue incluso cuando hay un proceso penal en marcha, pero el derecho a no declarar contra uno mismo puede chocar frontalmente con las obligaciones fiscales. La Audiencia Nacional deberá decidir si la inspección vulnera el derecho a no autoincriminarse o si Hacienda puede seguir requiriendo documentación, un equilibrio nada sencillo que la jurisprudencia ha ido perfilando.
El Tribunal Supremo ha dicho en varias ocasiones que la inspección tributaria no tiene por qué parar automáticamente ante una causa penal, pero también ha trazado límites: la AEAT no puede actuar como un brazo encubierto del juez instructor ni forzar al contribuyente a confesar. El escrito de Zapatero pone el foco precisamente en ese riesgo: convertir la colaboración con el fisco en una trampa para el juzgado.
La defensa sostiene que la AEAT sabe que la inspección es improcedente y que debería suspenderla hasta que se resuelva el proceso penal.
Antecedentes y lo que viene ahora
La investigación penal del juez Calama se centra en el presunto enriquecimiento de una trama que habría aprovechado el rescate de la aerolínea Plus Ultra, una operación polémica durante la pandemia. La inspección fiscal, en cambio, revisa las cuentas personales del expresidente y su familia entre 2021 y 2024, por lo que no es exactamente el mismo objeto, aunque la defensa arguye que el trasfondo es el mismo.
No es la primera vez que un exdirigente español pide la suspensión de una inspección por la simultaneidad de un proceso penal. En situaciones similares, los tribunales han optado por permitir que Hacienda siga mientras no se demuestre un perjuicio real para la defensa. El juez Calama tiene ahora la papeleta de decidir si da prioridad a la jurisdicción penal o permite que la Agencia Tributaria mantenga su ritmo. Su resolución no solo afectará a Zapatero, sino que sentará un criterio para futuros casos en los que convivan las dos vías.
Para entender mejor cómo funciona una inspección de este calado, puedes echar un vistazo a la entrada de Wikipedia sobre la inspección tributaria.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: José Luis Rodríguez Zapatero ha pedido a la Agencia Tributaria y al juez de la Audiencia Nacional que suspendan la inspección fiscal abierta sobre él, su esposa y sus hijas.
- Por qué te importa: El caso plantea un choque entre el deber de colaborar con Hacienda y el derecho a no autoincriminarse, un debate que puede acabar en el Tribunal Supremo y marcar jurisprudencia.
- A quién afecta: Directamente al expresidente y su núcleo familiar; indirectamente, a cualquier ciudadano que pueda verse en una doble investigación administrativa y penal.
- Hacia dónde vamos: La Audiencia Nacional deberá pronunciarse sobre si la inspección sigue adelante o queda en suspenso hasta que termine la causa penal.
