Mañana lunes a las 19:00, la Comisión por el Derecho al Aborto de Madrid vuelve a concentrarse en Sol. Lo hace frente a la sede del Gobierno regional y con un lema claro: 'Aborto universal en la pública ¡Ya!'. La exigencia central es un trámite que la Comunidad sigue sin cumplir: el registro de objeción de conciencia al aborto.
La ley estatal de salud sexual y reproductiva obliga desde 2023 a llevar un registro interno de los profesionales que se declaran objetores. La objeción de conciencia es el mecanismo por el que un médico se niega legalmente a practicar un aborto; sin ese listado, los hospitales no pueden planificar turnos para asegurar que siempre haya alguien disponible. la única comunidad que no ha iniciado los trámites es Madrid, según el colectivo convocante.
Los datos: solo 78 de los 21.000 abortos de la región se hicieron en la sanidad pública
En 2024 se practicaron en la Comunidad de Madrid alrededor de 21.000 interrupciones voluntarias del embarazo. De todas ellas, 78 tuvieron lugar en hospitales públicos, el 0,47% del total, según los datos del Ministerio de Sanidad. Traducido a la vida real: menos de uno de cada 200 abortos pasa por la pública madrileña.
La foto se repite desde hace una década. En los últimos diez años se han registrado más de 162.000 interrupciones en la región y solo 177 abortos se han hecho en la pública en una década, según los mismos datos de Sanidad. El resto se resuelve en clínicas privadas acreditadas.
Las barreras no afectan igual a todas. Las mujeres migrantes sin tarjeta sanitaria encuentran más obstáculos para acceder a la interrupción, una realidad que la Comisión Migrante y Antirracista del 8M lleva años documentando.
El derecho figura sobre el papel, pero más del 99% de los abortos madrileños se practica fuera de la sanidad pública.
Qué cambia para quien quiere abortar en la región
Sobre el papel, cualquier mujer en Madrid puede acudir a su centro de salud y pedir una interrupción voluntaria del embarazo. En la práctica, la falta de ese registro deja la carga en los pocos profesionales no objetores, que según la Comisión acaban asumiendo solos las intervenciones. El resultado es una derivación casi sistemática a las clínicas privadas.
A esto se suma el acoso en las puertas de las clínicas, denunciado durante años por el colectivo y especialmente visible en 2020 frente a la Clínica Dator, en Tetuán. El Ayuntamiento de Madrid, gobernado por José Luis Martínez-Almeida, aprobó además una propuesta de Vox para informar a las embarazadas sobre el supuesto 'síndrome post aborto', un cuadro sin respaldo científico.
De la ley de 1985 al pulso de 2023
El pulso no es el primero. El aborto se despenalizó en España en 1985 con la Ley Orgánica 9/1985, aunque solo en tres supuestos muy tasados. La ley de plazos llegó en 2010, con aborto libre hasta las 14 semanas y hasta la 22 en casos de riesgo grave.
En 2013, el entonces ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón intentó volver a la ley de supuestos. El anteproyecto se retiró tras una oleada de movilizaciones y el ministro dimitió.
La reforma de 2023 fijó el registro de objetores como obligación estatal. La Comisión participó en su preparación, con reuniones con el ministerio para incorporar sus demandas, y sostiene que la ley, por sí sola, no garantiza el acceso: en Madrid el aborto se practica casi siempre en la privada.
En su manifiesto, el colectivo va más allá y reclama sacar el aborto del Código Penal, frenar el acoso en las clínicas y acabar con el aislamiento del personal sanitario no objetor.
De momento no hay ningún anuncio de que la Comunidad vaya a poner en marcha el registro. Para las convocantes, la cita de este lunes es protesta y recordatorio a la vez: la ley estatal obliga desde 2023 y ellas sostienen que Madrid sigue sin cumplirla.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: La Comisión por el Derecho al Aborto de Madrid se concentra este lunes 28S en Sol para exigir a la Comunidad que cree el registro de objetores que obliga la ley estatal.
- Por qué te importa: Sin ese registro no se garantiza personal no objetor en los hospitales públicos, así que el derecho al aborto acaba dependiendo de las clínicas privadas.
- A quién afecta: A las mujeres que quieren interrumpir su embarazo en Madrid, en especial a las migrantes sin tarjeta sanitaria, y al personal sanitario no objetor.
- Hacia dónde vamos: Madrid es la única comunidad sin iniciar los trámites; el colectivo seguirá movilizándose y reclama además medidas contra el acoso en las clínicas.
