Las organizaciones ecologistas Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, han apelado en la víspera del BlackFriday al consumo "necesario" y "responsable" ante un nuevo crecimiento "masivo" del consumismo observado durante el confinamiento, una época en la que el comercio electrónico ha experimentado un nuevo auge.

Según los últimos datos que ha publicado Greenpeace, en España el 62 por ciento de la población ha comprado de manera online en los últimos meses y para este Black Friday estiman que lo hagan ocho de cada diez personas aunque en el periodo donde más ha crecido el comercio electrónico ha sido durante el confinamiento.

La portavoz de la campaña de consumo de Greenpeace, Alba García, ha explicado a Europa Press que de enero a junio de 2020 la compra online ha sido superior a la compra navideña de 2019.

Por ello, asegura que desde Greenpeace intentan durante estos días trasladar estos datos a la sociedad "para que no compren de manera compulsiva". "El consumismo tiene un marketing y una publicidad que te dice que lo importante es aprovechar la oferta. Da igual si se necesita, si durará mucho, lo importante es la oferta, es una estrategia fugaz que incita a comprar sin pensar", lamenta Alba García.

Las organizaciones han coincidido al señalar que el Black Friday llegó a España entre los años 2012-2015 y desde entonces cada año las ventas en el 'Viernes Negro' no han dejado de aumentar a un ritmo del 10 al 20 por ciento respecto al año anterior, de acuerdo con los datos de Greenpeace. Sin embargo, en 2019 ese incremento no "fue tan alto", por lo que para las organizaciones esto parece indicar que el Black Friday se está "estabilizando", mientras el consumismo no deja de aumentar.

Para la representante del área de consumo de Ecologistas en Acción Charo Morán, cada vez hay más acciones de este tipo como el 'Ciber Monday' o el 'Amazon Prime Day' e incluso la Navidad. "El Black Friday es el comienzo de la rueda del consumismo porque después llega la Navidad. La compra por Internet es un modelo más impulsivo que la convencional porque tan solo se realiza a golpe de click", ha detallado Charo Morán en declaraciones a Europa Press.

Entre los principales responsables del aumento del consumismo, los cinco portavoces de las organizaciones acusan a la misma plataforma: Amazon. El director de conservación de WWF, Enrique Segovia, ha afirmado que según su opinión es "complicado" concienciar a la gente acerca de los impactos ambientales que tienen las grandes marcas y grandes superficies, por lo que ha instado a las marcas a ser "racionales" y "pelear por ser sostenibles.

"Hay que luchar porque las marcas se den cuenta de lo que generan y eviten el sobreempaquetado, los excesos de basuras y recursos, y también reducir el número de desplazamientos de los repartidores", ha subrayado.

En este sentido, desde Amigos de la Tierra, su responsable de Recursos Naturales y Residuos Adriana Espinosa ha indicado a Europa Press que la ONG está intentando acercar los impactos ambientales a la sociedad "para que sea más consciente de la realidad", ya que para Espinosa lo que hacen las grandes marcas al tener las cadenas de producción "a miles de kilómetros" es poner de manifiesto el refrán "ojos que no ven, corazón que no siente".

"Es difícil que el consumidor vea lo que se genera con la producción y los costes ambientales que tienen los productos que adquirimos. Hay mucha distancia entre lo que se produce y lo que se compra, y además la compra online aumenta todavía más esa diferencia", ha explicado Espinosa, que ha apuntado que Amazon "ya ha lanzado una campaña para comprar en Navidad" bajo el lema 'Adelántate a las compras de navidad para que seas el rey de las fiestas' cuando "la gente no sabe aún con quién va a poder pasar esos días ni dónde".

¿TIENE FECHA DE CADUCIDAD EL CONSUMISMO O EL PLANETA?

Por su parte, el director de desarrollo institucional de SEO/BirdLife, Ramón Martí, ante la pregunta de si tiene fecha de caducidad el consumismo, ha comparado el 'Viernes Negro' con la pandemia de la COVID-19 porque "hay un derroche irracional de los recursos y ya se ha dado este primer aviso", lo que supone que "el modelo de vida actual tiene fecha de caducidad" y apela a la sociedad que es "la responsable de equilibrar la balanza" y "la que tiene el poder".

"La COVID-19 ha demostrado que debemos cambiar muchos aspectos de nuestro comportamiento. Me asusto cuando escucho hablar de la nueva normalidad pero hacia dónde nos estamos dirigiendo es hacia la normalidad anterior", ha manifestado Ramón Martí.

De una manera similar se han expresado Adriana Espinosa y Charo Morán que han reconocido que la pandemia ha puesto "en jaque" la vulnerabilidad del sistema de vida actual y quien más se ha beneficiado han sido las grandes marcas y grandes superficies.

"Hay mucha hipocresía con las marcas. Su modelo de consumo y producción no es sostenible y no lo será. Somos sociedades vulnerables y nos creíamos infalibles y dependemos de la salud del planeta. Los recursos se están acabando", ha denunciado Adriana Espinosa mientras que Charon Morán advierte de que el consumismo no podrá seguir en una situación de crecimiento "porque no hay recursos naturales".

APOYO A LAS PEQUEÑOS COMERCIOS

Otros de los puntos de consenso entre las cinco ONG es la necesidad de apoyar a los pequeños comercios de barrio y al mismo tiempo a las pequeñas marcas que intentan "sobrevivir" a pesar de que se desliguen de acciones como el Black Friday.

"Es bueno que haya determinadas marcas que no estén en sintonía con el Black Friday. Hay pequeños comercios que se están reuniendo para combatir el modelo Amazon. Lo que da riqueza a la sociedad y al barrio son los pequeños comercios. Todas estas pequeñas empresas que buscan alternativas para una producción más cercana van en el buen camino", ha resaltado Charo Morán.

Según Ramón Martí, los consumidores "deben" valorar las pequeñas acciones de las pequeñas marcas y pequeños comercios "que contribuyen a reducir las emisiones de CO2 o el malgasto de los recursos" e insiste en que son los consumidores los que tienen "un poder inmenso" para cambiar el modelo de consumo pero "no son conscientes" de ello.

"Si queremos alargar la vida del planeta y nos preocupa el futuro de nuestros hijos o nietos podemos contribuir a una sostenibilidad ambiental, que también va ligado a la sostenibilidad económica, mediante pequeñas acciones diarias que deben calar en la gente como fomentar la compra de pequeños locales de barrio", ha concluido.

Una investigación realizada por la FRA (European Union Agency for Fundamental Rights) revela que, en España, el 77% de las mujeres trans ha sufrido discriminación a la hora de buscar empleo.

Este informe, además, también refleja que de las personas de este colectivo que están trabajando, un 34% ha sufrido discriminación en el entorno laboral --un 47% en el caso de las mujeres-- y un 58% se oculta y no habla de su identidad en este ámbito de su vida diaria.

Ante estas cifras, la vocal de entidades de la Comisión Ejecutiva de la Federación Estatal LGTB (FELGTB), Niurka Gibaja, ha recordado la importancia de la independencia económica para cualquier persona, una situación que ha definido como "base para el desarrollo" de cualquiera y "una medida importante de protección frente a factores de vulnerabilidad como la pobreza y el sinhogarismo".

La independencia económica, ha indicado, también facilita el acceso a la cultura, a una formación superior o a muchos espacios de sociabilización, entre otros ambientes y sectores.

RECLAMACIONES PARA LA LEY TRANS

Es por eso que, desde la FELGTB, han denunciado este jueves que "no se pueden seguir permitiendo los datos de desempleo y precariedad que sufren las personas trans en España". "Una sociedad democrática como la nuestra no puede seguir dejando al margen del mercado laboral a una minoría concreta de su población", ha explicado Gibaja.

En este sentido, ha evidenciado que la desinformación sobre la realidad trans y los prejuicios de la sociedad en general y, por tanto, también del sector empresarial, "generan que estas personas sean frecuentemente rechazadas en el ámbito laboral o que solo se las contrate para empleos precarios y de poca responsabilidad, independientemente de su formación o su experiencia".

Por eso, ha reivindicado la aprobación urgente de la Ley Integral Trans y por la Igualdad social LGTBI, que prepara el Gobierno, y ha pedido que incluya la creación de programas de fomento del empleo de las personas trans.

Del mismo modo, ha reclamado la aprobación de medidas e incentivos para organismos públicos y empresas privadas que favorezcan la integración e inserción laboral de estas personas dada su situación de especial vulnerabilidad.

LA INCORPORACIÓN DEL TALENTO TRANS A LA EMPRESA

En este sentido, la responsable de inserción sociolaboral de FELGTB, Carmen Sánchez-Cogolludo, ha explicado el nuevo programa de inserción sociolaboral de personas trans, para acompañar a las empresas y ayudarlas a combatir la desinformación y los prejuicios y, por tanto, a crear espacios libres de discriminación.

"Con esta iniciativa, FELGTB persigue generar oportunidades de inserción laboral para las personas trans partiendo de la sensibilización y formación a empresas y la promoción de planes de acción para alcanzar un cambio cultural y social", ha señalado.

De este modo, la federación trabajará tanto con las personas trans interesadas en el programa, como con las empresas que quieran sumarse a la iniciativa para garantizar la exitosa incorporación de las mujeres trans a la empresa mediante programas de seguimiento.

Estos programas, indica la FELGTB, permitirán minimizar las dificultades que puedan surgir y evaluar tanto el proceso, como la satisfacción de las mujeres y las empresas. Además, formarán y proveerán a las empresas de las políticas y los protocolos que deben tener para garantizar el éxito de la integración laboral.

Canarias ha sumado 135 casos nuevos de coronavirus en las últimas 24 horas, por lo que el archipiélago acumula actualmente 20.609 casos desde el inicio de la pandemia, y ha tenido que lamentar dos fallecimientos --uno en Tenerife y otro en Gran Canaria-- ascendiendo la cifra de personas muertas a 331 en las islas.

Así, del total de casos que ha registrado Canarias, 4.258 se encuentran activos, lo que supone 54 menos que hace un día, según se desprende de los datos que la Consejería canaria de Sanidad publica pasadas las 14.00 horas.

Actualmente, de los casos activos en las islas 39 personas se encuentran en una Unidad de Cuidados Intensivos (+1), 191 en planta hospitalaria (-9) y 4.028 están aislados en sus domicilios. Asimismo, un total de 16.020 personas (+187) han recibido el alta tras haber contraído el virus del coronavirus.

Respecto a la incidencia acumulada, Canarias registra a los siete días 39,19 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que a los 14 días se eleva a 77,55.

En cuanto a los test, en Canarias se han realizado hasta el momento un total de 573.218 pruebas, de las que 26.395 fueron positivas, lo que supone un 4,6 por ciento del total.

POR ISLAS

Respecto a los casos de coronavirus por islas, Gran Canaria continúa liderando en número de casos con 9.328 al sumar 26 en las últimas 24 horas, de los que 1.285 se encuentran activos (-132), mientras que 127 personas han fallecido (+1) y 7.916 han superado la enfermedad.

Le sigue Tenerife con 8.612 casos registrados desde que comenzó la pandemia (+96), de los que 2.842 se encuentran activos (+81), 184 han fallecido (+1) y 5.586 recibieron el alta.

Tras ella se encuentra Lanzarote con 1.385 casos (+3), de los que 52 están activos (-2), nueve han perecido y 1.324 personas han superado la enfermedad.

Fuerteventura por su parte ha acumulado 892 casos (+8), de los que 56 se mantienen activos, cuatro murieron y 832 recibieron el alta; La Palma se mantiene con 213 casos, de los que nueve están activos (-3), seis fallecieron y 198 superaron la enfermedad.

Cierra la lista La Gomera que acumula 109 casos (+2), de los que 11 están activos (+2), 98 han recibido el alta y no ha tenido que lamentar muertes; mientras que El Hierro tiene 69 casos, de los que dos están activo, además de registrar un fallecimiento y 66 altas.

BROTES

Por otro lado, en relación al brote de Covid-19 notificado el miércoles en la residencia de la tercera edad Hogar Santa Rita II, en Tenerife, afecta a cinco residentes, si bien este jueves no se han registrado nuevos casos. Para este jueves está previsto realizar el cribado al resto de residentes y los trabajadores del centro.

Asimismo, indican que tampoco se han registrado nuevos casos en el brote notificado en la residencia Divina Gracia, en Tenerife, en la que están afectadas 13 personas, 12 residentes y un trabajador. Este centro ha sido intervenido por el Hospital Universitario de Canarias (HUC).

Por último, Sanidad ha informado que desde el pasado lunes se ha iniciado un nuevo cribado a los trabajadores de todos los centros y residencias de mayores de Tenerife, que se prevé concluir a finales de la próxima semana.

El número de casos activos de covid-19 vinculados a la comunidad educativa de Galicia mantiene su tendencia a la baja al notificarse 1.147 en total en el parte de este jueves, una caída de 11 respecto al anterior balance. No obstante, del mismo modo que sucedió el miércoles, suben las aulas en cuarentena, que se sitúan ya en 42, cinco más que hace 24 horas.

Así se desprende de los últimos datos de la Xunta, actualizados a este miércoles, jornada en la que la guardería Xirandola de Santiago de Compostela continuaba como el único centro cerrado por la pandemia tras la detección de un caso positivo.

También se mantiene como el centro más afectado el CEIP Fogar de Carballo (A Coruña), aunque el número de casos desciende levemente hasta los 22 --uno menos-- y continúa con una sola aula cerrada.

Así, el área de Vigo sigue una jornada más con el mayor número de casos de los siete distritos sanitarios de Galicia. La cifra se mantiene en 330 infectados aunque las aulas cerradas disminuyen en siete hasta quedarse en dos.

El centro vigués más afectado en el parte de este miércoles es el CIFP Manuel Antonio, con 10 positivos, seguido del CPR Plurilingüe El Castro, con ocho --uno menos--, y del CEIP Balaídos, con ocho.

El área sanitaria coruñesa es la segunda en el total de casos en la comunidad educativa y cae hasta los 261, tres menos que la jornada anterior. La cifra de aulas en cuarentena aumentan y pasan de 11 a 16.

Aparte del CEIP Fogar de Carballo, destacan las cifras que presentan centros como el CPR Compañía de María de la ciudad herculina, con 12 casos --uno más-- y el CEIP Virxe da Barca de Muxía, con once --dos más--.

LUGO, PONTEVEDRA Y SANTIAGO

En cuanto a la provincia de Lugo, bajan en nueve los casos activos de covid-19 de sus centros educativos, que en el balance de este jueves son 149. También bajan las aulas cerradas, que pasan de siete a seis.

Entre los colegios lucenses, los más afectados son el CEIP Paradai con nueve --uno más-- y el IES Ánxel Fole, en el que los casos bajan de ocho a siete.

Justo por debajo está el área sanitaria de Pontevedra, que registra 149 afectados por coronavirus --dos menos-- y seis aulas cerradas --una más--. De esta zona, el único con un importante número de casos activos es el CEIP Plurilingüe Enrique Barreiro Piñeiro de Cambados, con un total de 9 --sin cambios--.

En cuanto al área sanitaria de Santiago, los contagiados por coronavirus aumentan hasta los 122 --ocho más--, y también suben las aulas en cuarentena a seis --dos más--.

El caso más reseñable en esta área es el de la guardería Xirandola, que continúa con su cierre tras registrar un positivo. En cuanto al resto de centros, los que más casos reportan son la escuela infantil A Magdalena de Ames, el IES Número 1 de Ribeira y el CEIP Santa Baia de Boiro, con cinco cada uno.

OURENSE Y FERROL

De nuevo, las áreas menos afectadas por la pandemia en el ámbito educativo son Ourense y Ferrol. En cuanto a la primera, registra un descenso de seis casos activos, que se sitúan en el total de 63, y un aula cerrada --en la guardería de Xinzo de Limia--.

Por su parte, el área de influencia de Ferrol aumentan en tres el número de afectados, hasta 75, aunque el número de aulas continúa un día más en 5. De esta zona, cabe mencionar los ocho positivos --uno más-- del CEIP Couceiro Freijomil de Pontedeume, los seis del IES Ricardo Carballo Calero de Ferrol y los cinco --uno menos-- del CEIP Manuel Fraga Iribarne de Cariño.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación ha aclarado este jueves que el embajador de España en Reino Unido, Carlos Bastarreche, seguirá en su puesto aunque se jubile como funcionario al cumplir 70 años este viernes.

Según han informado a Europa Press fuentes de Exteriores, Bastarreche permanecerá como embajador de España en Londres "hasta que termine la negociación sobre la relación futura entre la UE y Reino Unido", que se encuentra ya en la "recta final".

Bastarreche cumplirá este viernes 70 años, la edad de jubilación como funcionario, pero las fuentes consultadas han aclarado que su nombramiento como embajador, algo que corresponde al Consejo de Ministros, sigue vigente. La ministra, Arancha González Laya, ha hablado con el diplomático para comunicárselo.

Los embajadores son nombrados y cesados por real decreto por parte del Consejo de Ministros y no es necesario ser diplomático ni funcionario para acceder al puesto.

El asunto ha motivado una pregunta de la diputada de Ciudadanos Marta Martín Llaguno al secretario de Estado para la UE, Juan González-Barba, que ha comparecido en la Comisión Mixta Congreso-Senado para la UE.

González-Barba ha dicho que, en cualquier caso, los intereses de España estarán "perfectamente cubiertos" y que el encargado de negocios es un diplomático "excepcional" y de "amplia experiencia".

No es la primera vez que un embajador se mantiene en su puesto después de cumplir los 70, aunque en otras circunstancias. En 2016, el entonces ministro José Manuel García-Margallo prorrogó el mandato de cinco de ellos porque cumplieron 70 años mientras el Gobierno estaba en funciones y no podía, por lo tanto, nombrar a sus sustitutos.

Antes de eso, el único precedente fue el de Carlos Westendorp al frente de la Embajada en Washington, en tiempos del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que no mantenía unas buenas relaciones con la Administración de George W. Bush.

La diferencia es que, en aquella ocasión, la prolongación del mandato de Westendorp se publicó en el BOE, cosa que no se hizo en los posteriores, precisamente con el argumento de que, al ser altos cargos, a los embajadores no les afecta esa regla.

El comité clínico realizará en las próximas semanas las propuestas que deben regir la celebración de las fiestas navideñas en Galicia, aunque el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha ratificado este jueves que ya hay algunas cuestiones "a debate" en la comunidad, como la posibilidad de que computen unidades familiares --en vez de sus integrantes individualmente-- y que "no cuenten" los menores de 10 años.

En la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, Feijóo ha defendido la importancia de "diferenciar" entre "sumar personas y sumar unidades de convivencia" y ha puesto un ejemplo: "El riesgo entre doce personas de dos unidades familiares es menor que el riesgo entre seis personas que pertenecen a tres familias".

También se ha reafirmado en una cuestión que ya había dejado sobre la mesa en la pasada jornada: la posibilidad de que los niños no computen como un adulto en el límite de las reuniones.

Si en la pasada jornada abogó por emplear "una metodología distinta" para los menores, este jueves ha ido un paso más allá y ha esgrimido que los pediatras son los que están evaluando "cuál sería la franja de edad idónea", con el comité clínico como referencia.

Pero ha apuntado que en entorno de los diez años para abajo los expertos apuntan que los niños tienen una menor capacidad de transmisión de los virus. Por ello, la propuesta de la Xunta es que se analice la posibilidad de que "los niños menores de 10 años no cuenten".

"Serán los pediatras los que concreten los protocolos. Vamos a intentar orientar la cuestión con un mínimo de literatura científica", ha dicho.

"MARCO COMÚN"

Una vez más, Feijóo se ha quejado de que las comunidades no cuenten con documentación previa al Consejo Interterritorial de salud, con lo que ni se pueden realizar "alegaciones" ni se "aprueba" nada porque "no está estudiado, ni reflexionado, ni perfilado.

"Aquí es todo al revés", ha lamentado, antes de defender que se fije "un marco común" en "todo el territorio de España". "Nos parece algo correcto y positivo con unas premisas básicas", ha dicho, antes de matizar que este marco debe dejar margen para que cada autonomía pueda adoptar medidas y dar pasos acordes a su situación epidemiológica.

Al margen de ello, ha advertido que las medidas deben concretarse "a pocas semanas" de la Navidad porque "en un mes" la situación puede "mantenerse estable, mejorar o empeorar mucho".

REAPERTURA DE MUNICIPIOS

En este sentido, ha apelado a la "prudencia" sobre la posibilidad de reabrir municipios cerrados y con la persiana bajada en la hostelería para el Puente de la Constitución y Navidad. "Si hay ayuntamientos que se pueden abrir antes del 6 de diciembre, esa decisión se conocerá", ha dicho.

La última palabra, ha añadido Feijóo, quien ha vuelto a recalcar que las ciudades de Santiago, Ourense y A Coruña están en "mejor" situación, la tendrá "el comité clínico".

El Defensor del Pueblo ha tramitado en lo que va de 2020 unas 26.000 quejas, lo que supone un incremento del 28,8% con respecto al mismo periodo del año 2019, según ha informado el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán.

"Discriminar cuáles son de régimen común y cuáles de la Covid-19 es muy complicado. Haremos un esfuerzo para que se vea en el informe global", ha indicado Fernández Marugán este jueves 26 de noviembre durante su intervención en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo en el Congreso de los Diputados.

En concreto, según ha precisado, recibieron 618 solicitudes de recursos de inconstitucionalidad contra el decreto de Estado de Alarma del 14 de marzo, aunque el Defensor ha precisado que la institución ya dijo que el decreto del Gobierno le parecía "plenamente conforme a la Constitución" y "razonablemente ponderado".

A estas se han sumado otros ocho escritos solicitando la interposición de recursos de inconstitucionalidad contra el segundo Estado de Alarma del 25 de octubre de 2020, un asunto sobre el que el Defensor prevé pronunciarse a finales de enero de 2021.

Por otro lado, el Defensor del Pueblo ha recibido quejas relacionadas con las limitaciones a la circulación impuestas, tras decretarse el Estado de Alarma, relativas a: las salidas con menores; actuaciones sancionadoras incorrectas de algún miembro de los cuerpos de seguridad del Estado; y acoso de particulares a personas con discapacidad intelectual cuando salían a dar paseos terapéuticos.

En el ámbito sanitario, Fernández Marugán ha indicado que las quejas han estado relacionadas con la saturación en los hospitales, la suspensión ordinaria de la atención primaria, el retraso en las citas para consultas y operaciones o el acompañamiento a familiares en los centros hospitalarios.

Tenemos un Sistema de Salud que no había estado sometido a una tensión como la que creó la Covid-19. Había carencias de camas, de personal entrenado, de respiradores y, desde luego, falta de material de protección para sanitarios que ponía en riesgo su salud y su trabajo", ha precisado el Defensor.

MÁS RECURSOS A SANIDAD Y MENOS EDIFICIOS ESPECTACULARES

En este sentido, ha recomendado destinar a la Sanidad "más recursos", acabar con la "precariedad" de los profesionales sanitarios y no dedicarse a hacer "edificios ni infraestructuras espectaculares".

Asimismo, la institución ha recibido 1.700 quejas en las que "el quejoso ponía de relieve la angustia por la pérdida temporal o definitiva de los ingresos producto de su relación profesional" y expresando "un cierto desconcierto" o "dudas" sobre las medidas adoptadas".

Por lo que respecta a la gestión del Ingreso Mínimo Vital, Fernández Marugán ha apuntado que la institución también ha recibido quejas y ha recomendado a la administración mejoras en los procedimientos de gestión y buscar el apoyo de los servicios municipales, así como homogeneizar los procedimientos de protección social en los distintos territorios.

FAMILIARES EN RESIDENCIAS

Igualmente, el Defensor ha puesto de relieve que han recibido "muchas" quejas de familiares con mayores en residencias durante la pandemia. En concreto, ha pedido que "se facilite una despedida" al menos de un grupo reducido de familiares en estos centros, tras recibir la llamada de personas afectadas por no haber podido despedirse de sus seres queridos. "Escucharlo es francamente duro", ha asegurado.

El Defensor del Pueblo ha indicado que las "carencias" en las residencias ya se producían desde antes de la pandemia y ha denunciado que no fue "ético ni legal" excluir a los mayores de residencias de la atención hospitalaria. "Nadie por razón de edad, discapacidad o grado de dependencia debe ser excluido de atención clínica. Nadie", ha enfatizado.

En relación a las personas migrantes el Defensor ha remarcado que "los efectos sanitarios y económicos de la pandemia no discriminan" entre migrantes y no migrantes.

CIERRE DE LOS CIE

En las primeras semanas del Estado de alarma, la institución recibió quejas de asociaciones y ONG que solicitaban el cierre de los centros de internamiento de extranjeros (CIE), algo que finalmente se produjo, y ahora que se han reabierto, han vuelto a recibir quejas por las condiciones de vida en los mismos.

"Nosotros seguimos siendo recelosos", ha dicho Fernández Marugán sobre los CIE, al tiempo que ha precisado que hace unos días enviaron a un equipo de la institución a comprobar las condiciones en el de Aluche.

También han recibido quejas por las "condiciones de hacinamiento" en el CETI de Melilla por lo que el Defensor recomendó el traslado urgente de los colectivos más vulnerables a otros lugares.

Asimismo, ha alertado de la "emergencia humanitaria" en Canarias y ha indicado que dos grupos técnicos del Defensor del Pueblo han visitado centros de acogida distribuidos por el archipiélago y en breve obtendrán las conclusiones de estas visitas.

En materia educativa, el Defensor también ha recibido dudas de los padres sobre el contagio en los colegios y ha pedido "no criminalizar" a aquellos progenitores con miedo de llevar a sus hijos a clase durante la pandemia, aunque les ha informado sobre las consecuencias legales que puede tener.

Para Fernández Marugán, en algún caso, entre enero y febrero, "se subestimó la potencia del virus y los riesgos que entrañaba" y ha añadido que, según algunos economistas, "el mundo está experimentando algo parecido a una invasión extraterrestre".

SALVAR AL MAYOR NÚMERO DE PERSONAS

También ha pedido "buscar el entendimiento político y un pacto social" porque, de no alcanzarse, "previsiblemente aumente la contestación social y de la crispación política". Finalmente, ha recordado que ahora "la prioridad absoluta es detener la propagación de la enfermedad, salvar la vida del mayor número de personas".

En el turno de los grupos parlamentarios, los portavoces han planteado al Defensor algunas preguntas sobre quejas en cuanto a violencia de género, desamparo de los sanitarios, test rápidos en las farmacias, desahucios, trabajadoras del hogar o temporeros agrícolas, entre otras.

En concreto, el diputado del PSOE Mariano Sánchez ha expresado su pésame a los familiares de los fallecidos por la pandemia; ha acusado a PP, Vox y Ciudadanos de meter "prisa" para la comparecencia del Defensor para "demonizar" al Gobierno; y ha defendido su gestión.

CIFRAS DE FALLECIDOS

Mientras, el senador del PP José Ignacio Landaluce ha pedido al Defensor que "investigue sobre el número de fallecidos" porque, a su parecer, son unos "20.000 más" de los 43.000 oficiales. También ha reclamado que se investigue al vicepresidente segundo Pablo Iglesias como "responsable" de lo ocurrido en las residencias de mayores.

Desde Vox, los diputados Juan Calvo y Julio Utrilla también han criticado la "disparidad en la cifra de fallecidos". Fernández Marugán ha dicho que le consta que desde el Ministerio de Sanidad "se está intentado encontrar un procedimiento para acelerar la información" de fallecidos en 2020.

La portavoz de Unidas Podemos Martina Velarde ha negado que la competencia de las residencias la tuviera Pablo Iglesias y ha aclarado que las tenían las CCAA; y ha criticado a PP, Vox y Ciudadanos por buscar la "confrontación". "Pidan perdón por ejercer la peor oposición posible en el peor momento historia", ha instado.

Desde Esquerra Republicana, la diputada Pilar Vallugera ha preguntado si no han llegado al Defensor quejas por desahucio; la senadora de Ciudadanos Carlota Santiago ha planteado si ha habido quejas por "la negativa del Gobierno" para decir los nombres de los expertos que han asesorado en la pandemia; y desde el PNV, la senadora María Mercedes Garmendia ha preguntado sobre los datos de violencia de género.

La consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, ha pedido este jueves a la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, que no eche "más gasolina" al debate migratorio en Canarias y aporte soluciones, tras pedir que 6.000 migrantes dejen los hoteles antes de 2021.

En una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha criticado los "discursos xenófobos y cuasifascistas" de muchos representantes políticos para así "evitar polémicas absurdos" y ha cuestionado a Bueno si la solución para desalojar a los migrantes de los hoteles pasa por dejarlos en la calle.

La consejera ha admitido que los hoteles no son un recurso idóneo pero se ha habilitado ante una "emergencia migratoria" pues "nunca" en la historia se había tenido a más de 2.000 menores no acompañados bajo tutela.

De hecho, ha apuntado que se han abierto 21 recursos de emergencia en Canarias para atenderles y solo 2 son alojamientos turísticos, concretamente en Gran Canaria, con más de 400 menores.

El portavoz del Ejecutivo, Julio Pérez, ha vuelto a apelar la "solidaridad" entre comunidades autónomas, y también con el resto de Europa, para "soportar la carga" de la inmigración ilegal dado que "no es aceptable" que las regiones fronterizas lo hagan en solitario, como ocurre también con España, Italia o Grecia, que son la frontera europea en el Mediterráneo.

Pérez ha afirmado que está habiendo derivaciones de migrantes hacia otras partes de España y hay comunidades autónomas que han mostrado su voluntad de acoger cupos y ahora espera que ese "deseo de solidaridad", manifestado también por los presidentes de España e Italia, Pedro Sánchez y Manuel Conte, respectivamente, se traduzca en medidas concretas.

Sobre el informe interno de la Policía Nacional que fija en unos 140.000 inmigrantes que pueden llegar a Canarias en los próximos años, el portavoz ha señalado que le parecen datos "desmesurados", si bien espera cerciorarse de esa documentación en los próximos días.

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha criticado este jueves que el Gobierno de Pedro Sánchez "está pasando como una apisonadora por los derechos del resto de los españoles que no son votantes de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), de Bildu, o del PNV".

A preguntas de los periodistas en una atención a medios en Sevilla, en un acto con la Federación de Empresarios de Hostelería de Andalucía (Horeca), Marín se ha pronunciado así al hilo de los acuerdos alcanzados por el Gobierno con fuerzas como las citadas para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021, y también sobre la propuesta de armonización fiscal planteada en el marco del acuerdo con ERC.

Marín ha insistido en señalar que apoya la idea de la armonización fiscal "si fuera acompañada de una reforma de la financiación autonómica también, porque, si no, lo que está creando es mucha más desigualdad entre las 17 comunidades autónomas de ese país".

"Si al final todos pagamos lo mismo, pero todos no ingresamos lo mismo, en este caso Andalucía se vería seriamente perjudicada", ha argumentado Marín en esa línea antes de insistir en que "no existe una armonización fiscal real si no hay un sistema de financiación que también sea igual para todos los españoles".

Por eso, ha invitado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a que "ponga encima de la mesa una reforma" de la ley de financiación autonómica "donde los andaluces recibamos exactamente lo mismo que reciben los demás para cubrir todos nuestros servicios básicos fundamentales", así como, "también, para poder converger en algún momento en materia económica con el resto del país".

"Porque si yo voy a pagar de IVA, o de cualquier otro impuesto, lo mismo que un vasco, y un vasco recibe 2.600 euros, y un andaluz, 1.300, la discriminación va a ser bárbara", según ha expresado el vicepresidente de la Junta, que ha indicado que él está "encantadísimo de que cada español reciba la misma aportación para la educación de sus hijos, para la atención sanitaria, para la dependencia, para las inversiones", pero ha advertido de que, "si no es así, al final lo que se está creando es mucha más desigualdad".

Marín ha criticado además que cree que por parte del Gobierno, en este contexto de armonización fiscal, "se está invadiendo las competencias de las comunidades autónomas", ya que "una parte del IRPF, del IVA y de otros impuestos están cedidos a las comunidades autónomas".

Tras agregar que el Ejecutivo "al menos debería haber hablado" de esto "con los presidente de las comunidades autónomas", Marín ha lamentado que, "una vez más, el Gobierno del señor Sánchez sucumbe al chantaje del señor Rufián" (ERC), y eso lo que "creará serán muchas más desigualdades, y Andalucía saldrá perjudicada", algo que "no vamos a permitir que suceda" desde la Junta, según ha advertido el vicepresidente.

Marín ha aludido también a la distribución de la última parte de los fondos Covid conocida este miércoles, y ha llamado la atención acerca de que "Andalucía va a recibir unos 300 euros aproximadamente por habitante", mientras que "Cataluña, Madrid y otras comunidades van a superar los 600".

"Yo creo que con este ejemplo está más que claro la situación que se está provocando", ha indicado el vicepresidente antes de concluir que "el Gobierno de España está actuando en función del interés de seguir ocupando el sillón de la Moncloa" exclusivamente, "y se acabó", ha zanjado.

La compañía española Pullmantur Cruceros ha alcanzado un acuerdo de cooperación con su accionista Royal Caribbean Group en aras de garantizar su viabilidad, obteniendo los fondos necesarios para elaborar un plan de continuidad, según ha informado este jueves la naviera.

Pullmantur Cruceros ha obtenido así los fondos necesarios tanto para que se pueda proceder a la elaboración de dicho plan de viabilidad, como para llevar a cabo el proceso de reorganización necesario para adecuar la compañía a la nueva realidad y a la materialización del 'Future Cruise Credit', el programa para la devolución de las reservas de los viajes cancelados.

Cabe recordar que Pullmantur Cruceros suspendió sus operaciones de cruceros el 13 de marzo de 2020 y desde entonces no ha vuelto a operar ante la imposibilidad de hacerlo en el escenario presentado. En junio de 2020, sus accionistas anunciaron su decisión de acometer un proceso de reorganización de la compañía, apoyándose en las medidas previstas por la regulación concursal española.

"Creemos en las posibilidades de una naviera de la talla de Pullmantur y estamos trabajando intensamente en el plan de negocio con el ánimo de apostar por la viabilidad de la compañía", han señalado desde administración concursal, Data Concursal, que lidera Francisco Vera como administrador único.

Además, ambas entidades se comprometen a buscar, valorar y negociar las diferentes alternativas disponibles que se adapten a las necesidades de los clientes y producto de la compañía y que encajen dentro del nuevo plan de negocio.

De este modo, se va a seguir en la línea del compromiso adquirido para la obtención de dos embarcaciones de clase Millenium a disposición de Pullmantur en los términos que se deriven del plan de negocio, con la idea de mejorar la oferta, apostar por un diseño más moderno y con un mayor número de cabinas con balcón.

PROGRAMA DIRIGIDO A PASAJEROS CON RESERVAS CANCELADAS

El acuerdo de cooperación supone también "un acicate" para la ejecución y desembolso antes de las Navidades de 2020 del 'Future Cruise Credit', el programa lanzado en julio de 2020 y dirigido a los pasajeros con reservas canceladas.

Así, y en términos generales, Royal Caribbean Group va a entregar a los clientes de Pullmantur Cruceros un nuevo bono (Future Cruise Credit-FCC) del 125% calculado sobre la cantidad abonada por su tarifa de cabina, y sobre el 100% del resto de cantidades abonadas a Pullmantur Cruceros, de conformidad con sus condiciones. Este será aplicable en cruceros de Royal Caribbean International o Celebrity Cruises.

Igualmente, si los clientes prefieren el reembolso de las cantidades ya abonadas a Pullmantur, también tienen la opción de que Royal Caribbean Cruises Group lleve a cabo la devolución del dinero.

El líder del PP, Pablo Casado, ha recomendado este jueves al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que visite un centro de educación especial para comprobar "con sus propios ojos" que la reforma educativa del Gobierno, conocida como 'Ley Celaá', es "injusta" y "sectaria". Además, ha confirmado que su partido recurrirá esta norma al Tribunal Constitucional y la llevará a las instituciones europeas.

Así se ha pronunciado Casado durante su visita al colegio concertado de educación especial de la Fundación Bobath, que atiende a casi cien alumnos con parálisis cerebral. "Es emocionante cómo les tratan, con qué cariño, cómo están avanzando y cómo se vuelcan los terapeutas, los profesionales y toda la comunidad educativa y familiar, que tiene aquí su segunda casa", ha asegurado en una declaración grababa que el PP ha distribuido a los medios de comunicación.

Casado ha destacado el compromiso del PP para que estos centros de educación especial sigan teniendo apoyos de la financiación pública y las familias puedan "elegir" este tipo de colegios, ya que, según ha dicho, hay niños con "discapacidad" que no pueden ir "a un centro ordinario" sino que necesitan atención y refuerzo educativo, y "muchas veces también sanitario".

SE COMPROMETE A DEROGAR LA LEY SI LLEGA A MONCLOA

En este punto, ha aprovechado para aconsejar a Pedro Sánchez que visite uno de estos colegios. "Le pediría que viniera a un centro de estos y lo viera con sus propios ojos. Se daría cuenta que la Ley Celaá no es justa", ha manifestado, para añadir que estos niños necesitan el apoyo de la sociedad para salir adelante, "ser autónomos" y "ser felices.

Tras poner en valor la labor "magnífica" que realizan estos centros de educación especial, el jefe de la oposición ha defendido la libertad de elección de las familias del modelo educativo de sus hijos, tanto con la concertada como con la especial.

El presidente del PP ha señalado que el Grupo Popular "intentará parar" la Ley Celaá en el Senado, pero ha augurado que como no lo conseguirán, el PP la recurrirá al Tribunal Constitucional porque la Carta Magna "consagra esa libertad de elección educativa". Además ha dicho que acudirá a la Unión Europea con esta norma porque las instituciones europeas "consagran como derecho fundamental esa elección, sobre todo con los más necesitados".

LAS CCAA DEL PP ACTUARÁN PARA FRENAR LOS "ESTRAGOS" DE LA LEY

Además, ha asegurado de nuevo que cuando llegue al Gobierno su partido derogará esta "injusta y sectaria ley educativa". "Hasta entonces las comunidades autónomas donde gobierna el PP van a hacer todo lo posible para que los estragos de esta Ley no afecten a las familias", ha manifestado el presidente de los 'populares'.

El propio Casado ya confirmó hace unos días en la Cadena Cope que las cinco comunidades autónomas en las que gobierna el PP legislarán vía decreto para evitar que la reforma educativa "socave la libertad de las familias" y para "poner a salvo la libertad educativa". Según ha subrayado, cuando hay en La Moncloa un Ejecutivo que es "malo para los intereses de las familias españolas", "el Estado Autonómico es para estas situaciones".

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que el coste de la aplicación de la vacuna COVID-19 en el continente africano a las poblaciones prioritarias será de unos 5.700 millones de dólares (4.790 millones de euros). Esta cifra se basa en las estimaciones sobre el precio medio de las vacunas, que es de 10,55 dólares por dosis (8,86 euros), y que la vacuna se necesitará un régimen de dos dosis.

Esta cifra no incluye un coste adicional del 15 al 20 por ciento por los materiales de inyección y la entrega de las vacunas, que requieren trabajadores sanitarios capacitados, la cadena de suministro y la logística y la movilización de la comunidad. En base a este contexto, la OMS ha advertido de que África está "lejos de estar preparada" para lo que será la mayor campaña de inmunización de la historia del continente.

La OMS, junto con la Alianza para la Vacunación Gavi, la Coalición para la Innovación en la Preparación ante Epidemias y otros socios, está trabajando para garantizar el acceso equitativo a las vacunas en África a través de COVAX, el pilar de vacunas del Acelerador de Herramientas COVID-19 de la OMS. Cuando las vacunas sean autorizadas y aprobadas, COVAX trabajará para asegurar dosis suficientes para proporcionar protección a un 20 por ciento inicial de la población africana.

Los 47 países de la Región de África de la OMS han recibido una hoja de ruta para que los países planifiquen la introducción de la vacuna a través de diez esferas clave: planificación y coordinación, recursos y financiación, reglamentación de las vacunas, prestación de servicios, capacitación y supervisión, seguimiento y evaluación, logística de las vacunas, seguridad y vigilancia de las vacunas y comunicaciones y participación de la comunidad.

Cuarenta países han actualizado esta herramienta y han proporcionado datos a la OMS. Un análisis concluye que, sobre la base de los autoinformes de los países, la región de África tiene una puntuación media del 33 por ciento de preparación para el despliegue de la vacuna COVID-19, que está muy por debajo del punto de referencia deseado del 80 por ciento.

"La mayor campaña de inmunización de la historia de África está a la vuelta de la esquina, y los gobiernos africanos deben aumentar urgentemente la preparación. La planificación y la preparación serán la clave de este esfuerzo sin precedentes, y necesitamos un liderazgo activo y el compromiso de los más altos niveles de gobierno con planes y sistemas de coordinación nacional sólidos y amplios", ha comentado el director regional de la OMS para África, Matshidiso Moeti, durante una conferencia de prensa virtual facilitada por el Grupo APO.

El análisis de la OMS de los datos sobre la preparación de los países revela que solo el 49 por ciento ha identificado las poblaciones prioritarias para la vacunación y cuenta con planes para llegar a ellas, y el 44 por ciento tiene estructuras de coordinación en funcionamiento. Solo el 24 por ciento tiene planes adecuados de recursos y financiación, el 17 por ciento tiene listos los instrumentos de reunión de datos y vigilancia y solo el 12 por ciento tiene planes para comunicarse con las comunidades a fin de fomentar la confianza e impulsar la demanda de inmunización.

"El desarrollo de una vacuna segura y eficaz es solo el primer paso para un despliegue exitoso. Si las comunidades no están a bordo y convencidas de que una vacuna protegerá su salud, avanzaremos poco. Es fundamental que los países se acerquen a las comunidades y escuchen sus preocupaciones y les den voz en el proceso", ha apostillado Moeti.

La portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha pedido este jueves que la nueva estratégica farmacéutica de la Unión Europea ponga a los pacientes "en el centro" de todas las decisiones en este ámbito.

Durante un debate en el pleno del parlamento Europeo sobre este asunto, Montserrat ha puesto como ejemplo que no se puede permitir que un paciente europeo de cáncer tenga una diferencia de entre el 7 por ciento y el 90 por ciento de posibilidades de acceder a los medicamentos aprobados, o de esperar entre 3 meses y 3 años para que un fármaco se comercialice después de haber sido aprobado.

"Nuestros hijos son lo primero y que por ello se debe corregir la gran brecha que sigue existiendo en la investigación y el desarrollo de medicamentos pediátricos", ha dicho, para pedir que se dé respuesta a "la gran desesperación" que viven los pacientes de enfermedades raras y sus familiares, ya que hoy hay más de 7.000 enfermedades raras, el 95 por ciento de ellas sin tratamiento.

De manera general, Montserrat ha asegurado que con su estrategia farmacéutica la UE debe lograr que se pueda afrontar cualquier pandemia o amenaza sanitaria; solucionar las necesidades médicas no atendidas; fortalecer la competitividad de la industria europea, y que Europa sea líder mundial en investigación y en el cuidado de la salud.

La portavoz popular también ha destacado que esta nueva estrategia farmacéutica también debe servir para fortalecer la competitividad de la industria farmacéutica, en concreto fomentando un sistema normativo estable y sólido, y mejorando la contratación pública.

También debe servir para agilizar los procedimientos de aprobación sin renunciar a la seguridad y la evidencia, y debe hacer realidad la transformación tecnológica y digital utilizando toda la superinformática y la inteligencia artificial para mejorar en detección precoz y en los tratamientos, impulsando además la producción farmacéutica en Europa y nuestra autonomía industrial para no depender de terceros países", ha apostillado.

Para conseguir afrontar todos estos retos, ha explicado, el sector público y el sector privado deben trabajar "juntos". "Solo así conseguiremos el equilibrio entre la innovación, su accesibilidad y la sostenibilidad de los sistemas nacionales de salud; y solo así protegeremos uno de los grandes derechos fundamentales: la salud de todos", ha zanjado Montserrat.

El brote registrado en la residencia Vila do Conde de Gondomar, que este jueves suma 67 contagios entre sus mayores, eleva la cifra total de usuarios de estos centros afectados por covid-19 en la comunidad hasta los 457.

En concreto, según el parte de Política Social, este miércoles se detectaron otros 67 casos de covid-19 entre los usuarios de Vila do Conde, así como un contagio más en el CRAPD I de Vigo. También se añade al cómputo un usuario de la DomusVi Monforte que había sido retirado por un error de comunicación del centro.

Asimismo, se retiran por negativizar siete usuarios de la residencia San Cibrao de Cervo, uno de la residencia de mayores de Monforte, un usuario de la Nosa Señora dos Anxos de Ribadavia y ocho mayores de la residencia de Salvaterra de Miño.

Con ello, el centro de mayores con más usuarios afectados en Galicia sigue siendo el Asilo Vilalba, con 117 casos activos, seguido de la residencia DoralResidencias de Mos, con 100. En tercer lugar se sitúa ya la Vila do Conde de Gondomar, con 89 afectados.

A continuación, en la Residencia Pontevedra de Vilaboa permanecen activos 29 casos, 22 en la San Antonio de Beariz y 21 en la DomusVi Ribadumia.

Con cifras muy inferiores están la residencia San Cibrao de Cervo, con 14 afectados, la Ballesol de Vigo, con 11, el CRAPD Vigo II, con 10, la residencia San Salvador de Guntín, con nueve contagios, y la vivienda comunitaria Remanso de Paz de A Fonsagrada, con ocho. Tanto en el apartamento tutelado San Antonio de Beariz como en la residencia Nosa Señora das Virtudes de Pontedeume continúan cinco casos activos.

Con dos casos figuran la residencia Nosa Señora dos Milagres de Barbadás, Nosa Señora dos Anxos de Ribadavia, Divina Pastora de Vilagarcía de Arousa y CRAPD Vigo I; mientras que hay un usuario afectado en la residencia de Caranza-Ferrol, O Casón de Moeche, residencia San José de Narón, As Fragas de Pontedeume, DomusVi Monforte, Hermanos Prieto de O Carballiño, Os Gozos de Pereiro de Aguiar, Nosa Señora Valvanera de Cambados, y vivienda comunitaria La Palmera 4.

203 TRABAJADORES

En cuanto a los trabajadores de centros de mayores afectados, este jueves figuran en el parte 203. En la última jornada se han detectado los contagios de cinco trabajadores de la residencia San Salvador de Guntín y de 15 de la Vila do Conde de Gondomar.

Asimismo, han sido dados de alta cuatro trabajadores de la residencia San Cibrao de Cervo, uno de la residencia de Monforte, otro de la Divina Pastora de Vilagarcía, dos de la residencia Monte Tecla de A Guarda y tres de la residencia de Salvaterra do Miño.

Con ello, los centros con más empleados afectados son la residencia Nosa Señora das Virtudes de Pontedeume, con 19, la misma cantidad que el Asilo de Vilalba, la residencia Nosa Señora dos Milagres de Barbadás, con 18, y la DomusVi Ribadumia, con 17.

CENTROS DE DISCAPACIDAD

Finalmente, los centros de discapacidad gallegos mantienen activos 30 contagios entre sus usuarios y 11 entre sus trabajadores. En la última jornada se ha detectado un nuevo caso en los usuarios de la residencia de discapacidad de Bergondo y otro entre los trabajadores de la DomusVi Bóveda.

Con ello, de los 30 usuarios afectados, 18 están en la San Vicente Paúl de Lugo y 10 en la residencia de discapacidad que DoralResidencias tiene en Mos. Hay un usuario afectado tanto en el centro del Imserso en Bergondo como en la DomusVi Bóveda. En cuanto a los trabajadores, hay seis casos activos en DoralResidencias de Mos y uno en cada una de las siguientes: Souto de Leixa de Ferrol, DomusVi Bóveda, San Vicente Paúl de Lugo, Santa María de Ourense y residencia de Chapela.

La Audiencia Provincial de Ciudad Real tiene previsto juzgar desde el próximo día 30 de noviembre con jurado popular al acusado de atropellar a un repartidor de pizzas en Tomelloso y huir del lugar. Se da la circunstancia que el arrollado se ha quedado parapléjico como consecuencia del suceso.

Unos hechos que son para la Fiscalía constitutivos de un delito de conducción temeraria con lesiones imprudentes y otro de omisión del deber de socorro por los que solicita penas que suman cinco años y medio de prisión.

El escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, sitúa los hechos sobre las 22.30 horas del 27 de febrero de 2019, cuando el acusado A.G. conducía el vehículo por la calle San Roque de la localidad de Tomelloso a gran velocidad.

Por ello y, al observar que en el cruce de tal vía con la calle General Espartero se encontraba un vehículo realizando debidamente la señal de ceda el paso, el acusado, con "una absoluta infracción de las normas más básicas de cuidado que debe cumplir cualquier conductor", no respetó su turno de espera, sino que le adelantó por la izquierda, subiéndose a la acera para evitar colisionar con él.

De esta forma entró en el cruce con excesiva velocidad, arrollando a J.M.P.A., que en ese momento circulaba de manera correcta por la calle General Espartero en un ciclomotor en el que desempeñaba su trabajo de repartidor de pizzas.

El escrito detalla que debido al fuerte impacto, J.M.P.A., tras pasar varios segundos sobre el capó del vehículo que conducía el acusado, salió despedido más de 30 metros, colisionando con otro coche que estaba estacionado.

OMISIÓN DE SOCORRO

Acto seguido, tanto el acusado como los cuatro acompañantes bajaron del vehículo para apartar el ciclomotor que les entorpecía el paso y, a continuación, empujaron entre todos el coche para conseguir que arrancase, huyendo del lugar montados en el vehículo que iba conducido por el acusado y sin prestar la más mínima asistencia a J.M.P.A., ni cerciorándose del estado en que se encontraba la víctima, quien estaba gravemente herida e inconsciente en el suelo.

Como consecuencia de los hechos narrados, el escrito precisa las múltiples lesiones padecidas por el motorista que ha le han provocado una paraplejia y ha sufrido una pérdida de calidad de vida grave, necesitando ayuda para el baño y uso del aseo, para vestirse, para trasladarse y para deambular, siendo preciso para ello el uso de silla de ruedas o bitutores. Igualmente sufre incontinencia ocasional. Todo ello supone una afectación de aproximadamente el 55% de sus actividades cotidianas.

Debido a su nueva situación física, el escrito explica que la víctima tiene que adecuar su vivienda y su vehículo así como que precisa de 4 horas y 30 minutos diarios de ayuda de tercera persona.

Además le ha declarado una gran invalidez, correspondiéndole por tanto la situación de incapacidad laboral absoluta. Con motivo de los hechos, se acordó la prisión provisional comunicada y sin fianza del acusado el 1 de marzo de 2019. Además de la pena de prisión, la Fiscalía ha solicitado una indemnización que asciende a 378.114,07 euros.

La Consejería de Salud del Gobierno asturiano ha informado de 23 nuevos fallecimientos por COVID-19 registrados en la jornada de este miércoles 25 de noviembre.

Los decesos corresponden a once mujeres de 71, 72, 82, 87, 90, 91, 91, 93, 94, 96 y 98 años, y a doce hombres de 49, 60, 60, 72, 80, 82, 85, 85, 87, 90, 91 y 95. Trece de estas personas tenían domicilio en un centro residencial de mayores.

Los fallecimientos fueron regitrados en una jornada en la que Salud informó de 25 diagnosticados, a lo largo de un día, el de este miércoles, en el que se produjeron 74 hospitalizaciones de personas con coronavirus: 66 en planta y 8 en UCI.

No obstante, en la misma jornada, se registraron un total de 126 altas hospitalarias, según los últimos datos distribuidos por la Consejería.

Actualmente en Asturias hay 753 pacientes ingresados con confirmación o sospecha de COVID-19 y otras 144 personas afectadas permanecen en unidades de cuidados intensivos.

El Servicio de Salud del Principado (Sespa) realizó el miércoles 5.677 pruebas de diagnóstico de infección activa y la tasa de positividad se situó en el 5,95%, según el criterio establecido por el Ministerio de Sanidad, que realiza el cálculo en función del número de pruebas positivas procesadas, en vez de por casos confirmados.

Además, la Consejería de Salud ha notificado al Ministerio de Sanidad 12 nuevos brotes de coronavirus detectados en la última semana, con lo que los focos activos se elevan a 66 y suman en total 1.175 casos.

La Dirección General de Salud Pública de Asturias advierte de que Asturias continúa en riesgo muy alto por la transmisión comunitaria del virus, lo que se traduce en un aumento de las hospitalizaciones, de los ingresos en las unidades de cuidados intensivos y de los decesos.

Además advierte de que en otras autonomías la evolución de la pandemia tiende a estabilizarse, pero con nuevos repuntes, por lo que apela a la ciudadanía para que sea rigurosa en el cumplimiento de las medidas como el autoconfinamiento.

Aragón acumula 73.124 casos confirmados de la COVID-19 desde el inicio de la pandemia, 326 de ellos notificados en la última jornada, correspondiente a este miércoles, 25 de noviembre. Además, en la última semana se han producido 126 fallecimientos por coronavirus, elevándose el total por esta causa a 2.286 en la comunidad autónoma.

El Gobierno de Aragón ha detallado en una nota de prensa que del total de contagios detectados en Aragón, 53.012 se han declarado en Zaragoza, 12.431 en Huesca y 6.824 en Teruel, mientras que 857 no están asignados a ninguna provincia aragonesa.

Respecto a los decesos, 1.675 corresponden Zaragoza, 325 a Huesca y 272 a Teruel, a los que hay que sumar otros 14 que no son de personas residentes en una provincia aragonesa. Por lo que se refiere a los pacientes recuperados, se elevan a 60.163: 44.065 en Zaragoza, 9.966 en Huesca y 5.426 en Teruel, además de 706 sin provincia asignada.

En cuanto a los trabajadores sanitarios, desde el comienzo de la pandemia ha habido 3.7119 empleados con resultado positivo en alguna de las pruebas realizadas --PCR, tests rápidos, ELISA--. En estos momentos, 778 profesionales se encuentra de baja por la COVID-19. En total, se han realizado 77.621 pruebas a los trabajadores.

OCUPACIÓN HOSPITALARIA

El Departamento de Sanidad ha indicado que, según los datos de la jornada de este miércoles, hay 623 camas ocupadas por casos con la COVID-19, 98 de ellas en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), un 40 por ciento menos que cuando se produjo el último pico en hospitalización, a principios de este mes, cuando hubo 1.032 pacientes ingresados por esta causa, 106 de ellos en UCI.

El Gobierno de Aragón ha precisado que en el pico de la primera oleada, a primeros de abril, llegó a haber 1.112 pacientes ingresados.

También ha apuntado que la tendencia descendente en hospitalización "es mucho más lenta" en las UCIS, fundamentalmente por la estancia media de los pacientes con la COVID-19 en cuidados intensivos, que es de 19,61 días.

Respecto a la frecuentación, en los centros de salud, el volumen de casos sospechosos de la COVID-19 que se ven diariamente ha consolidado la tendencia a la baja y en las urgencias hospitalarias los casos sospechosos se han estabilizado.

La media de los últimos siete días de pacientes sospechosos de la COVID-19 atendidos en Atención Primaria es de 196, frente a los 279 la semana pasada y los 622 de finales de octubre, cuando se produjo el pico en este nivel asistencial, y, en urgencias hospitalarias de 33, cifra que también sigue en descenso y que registró su pico también a finales de octubre, con medias de 90 pacientes.

INCIDENCIA

El Departamento de Sanidad ha explicado que Aragón ha logrado reducir un 70 por ciento la incidencia de la COVID-19 desde que se produjo el pico de la tercera ola, a finales del mes de octubre, ya que se ha pasado de una incidencia acumulada de 601,81 casos por 100.000 habitantes en siete días a 179,41.

Las tres capitales de provincia han seguido una evolución positiva similar. En Zaragoza, se ha pasado de un pico de 539 casos por 100.000 habitantes a 168 actuales; en Huesca, de 831 a 250; y en Teruel de 1.128 a los 362.

Además, el porcentaje de positividad, que alcanzó un pico a finales de octubre del 23 por ciento, se encuentra en una media del 10. En cuanto al seguimiento de los contactos, se ha pasado de un control a 24.297 personas a comienzos de este mes a 7.589 en la actualidad de forma que se ha reducido casi el 70 por ciento.

SITUACIÓN DE LAS RESIDENCIAS

Las residencias de personas mayores en Aragón cuenta en estos momentos con 73 brotes abiertos, que afectan a 1.502 residentes y 490 trabajadores, todos ellos positivos en coronavirus. En siete de estos centros, solo hay contagiados residentes, en 22 solo trabajadores y en 44 tanto residentes, como trabajadores. El 46,6 por ciento de los casos se concentran en diez centros.

Actualmente, hay 78 personas de centros residenciales que están ingresadas en hospitales de la comunidad autónoma. Por su parte, los centros Covid atienden a 75 personas, teniendo en cuenta que en el del barrio rural zaragozano de Casetas hay residentes positivos por coronavirus, pero en los de Gea de Albarracín (Teruel) y Yéqueda (Huesca) se atiende a personas que viven en residencias y que han dado negativo.

Desde que comenzó el segundo periodo de brotes en Aragón, en julio, han fallecido 460 personas en las residencias de mayores de la comunidad autónoma por esta causa.

El Parlamento Europeo ha aprobado este jueves en su informe sobre derechos fundamentales en la UE que se permita a niños con discapacidad estudiar en su lengua materna en entornos bilingües, como una medida de protección particular para estos alumnos.

Esta mención se hace gracias a una enmienda presentada por la eurodiputada de Ciudadanos, Maite Pagazaurtundua, en la que se reclama a los estados miembros que velen por que los niños estén protegidos contra todo tipo de discriminación en el ámbito de la educación.

En particular el texto de Ciudadanos pide que los niños cuya discapacidad implique problemas de desarrollo del lenguaje, como los trastornos del espectro autista, reciban una protección particular cuando su educación se produzca en entornos multilingües, para que puedan estudiar, si sus familias lo desean, en su lengua materna.

En el mismo informe, a instancias de la diputada de ERC, Diana Riba, también se hace referencia a que los Veintisiete impongan una prohibición eficaz de los grupos neofascistas y neonazis y de cualquier otra fundación o asociación que exalte y haga apología del nazismo y el fascismo.

ENMIENDA SOBRE AUTODETERMINACIÓN

Otra enmienda de ERC que defendía la autodeterminación de los pueblos de la Unión, que contó con el apoyo de Podemos, Bildu y PNV, ha sido rechazada con amplio margen, algo que ha destacado el eurodiputado del PP, Javier Zarzalejos.

"El Parlamento Europeo se ha pronunciado en línea con la Constitución española y ha recordado que la autodeterminación no tiene cabida en el ordenamiento jurídico europeo", ha señalado, al tiempo que mostrado su preocupación por que los socios del PSOE en el Gobierno se hayan expresado a favor.

Por su parte, el PP ha conseguido que el informe rechace los homenajes a etarras con una mención expresa a que se "proporcionen las salvaguardias necesarias para evitar que se produzca una victimización posterior derivada de humillaciones y ataques a la imagen de las víctimas".

VOTACIÓN DIVIDIDA

La tramitación de este informe ha generado polémica después de que la ponente, la irlandesa Clare Daly, colará en una nota explicativa anexa al texto una mención a los líderes independentistas presos, que fue posteriormente retirada por el presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Juan Fernando López Aguilar, tras reclamarlo 'populares', socialistas y liberales.

En el debate en el Pleno de la Eurocámara sobre el informe arreciaron las críticas contra Daly por su maniobra y ella misma amenazó con votar en contra de su propia ponencia al entender que era mejor no saliera adelante a tener una "hipócrita".

Finalmente el informe ha sido aprobado en el Pleno aunque con una votación muy dividida. El texto ha salido adelante con 330 votos de las familias socialista, liberal y verde.

En contra se han expresado 298 eurodiputados, entre ellos la propia Clare Daly, que ha cumplido su amenaza y ha votado en contra junto a otros eurodiputados de la Izquierda Unitaria y gran parte del Partido Popular Europeo y formaciones de ultraderecha.

Por la abstención han optado 65 eurodiputados, entre ellos los representantes españoles del PP y los parlamentarios de Podemos.

Cada español generó 485,9 kilogramos de residuos urbanos en 2018, lo que representa un 0,4 por ciento más que en 2017, según datos de las Cuentas ambientales del Instituto Español de Estadística, que señala que las empresas gestoras de residuos urbanos recogieron 22,7 millones de toneladas de residuos.

De acuerdo con los datos del INE, de los 22,7 millones, 18,3 millones eran residuos mezclados mientras que 4,4 millones procedían de residuos de recogida separada. Esto significa que cada español separó 94,6 kilogramos de residuos y generó 391,3 kilogramos per cápita de residuos mezclados.

En concreto, del 19,5 por ciento de residuos totales se recogieron de manera separada, lo que supone exactamente 4.419.200 toneladas. De estos, 1.067.400 toneladas eran de papel y cartón; 1.010.000 toneladas de restos de animales y vegetales; 834.800 toneladas de vidrio; 743.600 toneladas de envases y embalajes mixtos y 763.400 toneladas de otros residuos.

Las cuentas ambientales distinguen también el tipo de residuos que separan los españoles y destacan que en 2018 cada español recogió 22,9 kilos de papel y cartón, un 0,6 por ciento más que el año anterior; 21,6 kilos de residuos de animales y vegetales, lo que supone un incremento del 15,2 por ciento sobre 2017 y 17,9 kilogramos de vidrio, un dato que también refleja un 2,3 por ciento más que en el ejercicio precedente.

En cuanto a los envases y embalajes mixtos, cada español recogió 15,9 kilogramos por persona durante 2018. Sin embargo, descendieron un 7,8 por ciento los clasificados como 'otros', hasta los 16,3 kilos por persona, en buena medida por la disminución de residuos de la madera, la construcción y la demolición.

Por comunidades autónomas, las que más residuos urbanos recogieron en 2018 fueron Andalucía, con 4,4 millones de toneladas; Cataluña con casi 3,5 millones y la Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid, ambas, con 2,5 millones de toneladas.

El INE destaca que Cataluña fue la comunidad autónoma más recicladora, con 224.600 toneladas y 168.200 toneladas de vidrio. Por su parte, fue la Comunidad de Madrid la que más envases mixtos recogió, con 160.200 toneladas.

Por persona, fue Islas Baleares la que más cantidad de residuos recogió por persona, en relación con su población, con 815,2 kilogramos frente Comunidad de Madrid, que con 386,1 kilogramos fue la que menos residuos per cápita recogió.

Las Estadísticas sobre Recogida y Tratamiento de residuos tienen como principal objetivo la cuantificación en unidades físicas de los residuos urbanos recogidos y del tratamiento final, tanto de residuos urbanos como no urbanos, por operación de tratamiento.

La administradora provisional única de RTVE, Rosa María Mateo, ha afirmado este jueves que la externalización parcial de programas con una productora es "habitual" en TVE, una práctica denominada "producción en colaboración", y ha añadido que hay "muchos ejemplos actuales y también pasados" como 'Aquí la Tierra', 'La hora de La 1' o 'MasterChef', entre otros.

Mateo se ha expresado así ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Control parlamentario de RTVE, donde ha cumplido con su comparecencia ordinaria de noviembre, al ser preguntada por el senador socialista Miguel Ángel Vázquez por las razones para externalizar parte de la producción del programa 'Las cosas claras', que conduce Jesús Cintora en La 1 de TVE.

En este sentido, la responsable de la Corporación pública ha indicado que, al poner en marcha una producción con una productora externa, "se analiza la disponibilidad y la idoneidad de los recursos de RTVE" y ha subrayado que las aportaciones de la productora son aquellas que "no están disponibles en la casa" y "las que son necesarias para conseguir que el proyecto del programa se materialice".

Respecto a 'Las cosas claras', Mateo ha detallado que la productora "aporta presentador, director, contertulios, redacción, reporteros, equipos ENG, grafismo, realidad aumentada, edición de vídeo, escenografía, decorado, cabeceras y rótulos", mientras que RTVE aporta "plató, medios técnicos y personal de operación de plató, equipo de realización, de producción de medios, documentación y material audiovisual, director adjunto, despachos de producción y sistema de producción digital".

El programa que conduce Cintora en La 1 de TVE ha centrado parte de la sesión. Así, el parlamentario de Vox Manuel Mariscal ha manifestado que el espacio "va a servir para enriquecer a los amigos ideológicos de este Gobierno, para pagar sueldos a tertulianos y activistas políticos de los dos partidos que gobiernan".

En su turno de intervención, Mateo ha explicado que "a veces" hay que recurrir a productoras externas y buscar determinados perfiles fuera de RTVE porque "la última gran convocatoria de oposiciones se hizo hace 13 años y, desde entonces, solo ha habido convocatorias puntuales para cubrir nueve plazas, nueve".

"De esta forma es imposible incorporar a la redacción a profesionales con aptitudes acordes con los desafíos que afronta el periodismo en el siglo XXI y que además conozcan las herramientas necesarias", ha manifestado, al tiempo que ha recordado que la media de edad de la redacción se sitúa cerca de los 55 años.

También la diputada del PP Macarena Montesinos ha preguntado por este espacio, al que ha calificado de "negocio de la manipulación informativa", y ha querido saber "si va a eludir otra vez la calificación como informativo de un programa de TVE para evitar la obligatoriedad de su producción interna".

"Debe ser usted la única que ve un programa de entretenimiento cuando es, realmente, un programa informativo", ha recalcado la diputada, al tiempo que le ha acusado de "burlar la ley privatizando la información" por orden del Gobierno.

"Respeto las interpretaciones y críticas de cada uno, pero con el Mandato Marco en la mano, el programa 'Las cosas claras' es un magacin de actualidad informativa. No es un programa informativo, por eso no estamos obligados a que sea cien por cien de producción interna", ha subrayado la responsable de RTVE, quien ha recordado que este debate ya surgió con el espacio 'Así de claro', del periodista Ernesto Sáenz de Buruaga.

En relación con el por qué no se ha recurrido al área 'Verifica RTVE' en el programa 'Las cosas claras' ha interrogado el diputado de Vox Víctor Manuel Sánchez del Real. En este sentido, Mateo ha aclarado que RTVE está trabajando para construir un equipo de profesionales para que 'Verifica RTVE' pueda dar el servicio a TVE, ya que en este momento "no cuenta con el personal necesario".

Otro de los temas que se ha abordado en la Comisión ha sido el de las audiencias. Eduardo Carazo, diputado 'popular', ha preguntado "por qué la audiencia de TVE solo es importante cuando no gobierna el PSOE", a lo que Mateo ha replicado que la audiencia "siempre es importante" y que "no tiene nada que ver con quien gobierna", pero ha vuelto a defender que "no es el único y primordial objetivo para una televisión pública".

Por su parte, el senador del PP Francisco Javier Lacalle le ha preguntado sobre a qué va a destinar los casi cien millones de euros de incremento a RTVE contemplados en el próximo presupuesto para 2021. A este respecto, Mateo ha comentado que servirá para "corregir el desequilibrio" provocado por el aumento de costes de personal tras la subida salarial que supone 450 millones de euros, así como para compensar el IVA no deducible que se aprobó en 2018, entre otras cuestiones.

Otra partida, que Mateo ha puesto de relieve, es la de producción y adquisición de programas, que supone 344 millones de euros (367 millones en 2018). Además, ha recordado los 55 millones de euros destinados al coste de los Juegos Olímpicos de Tokio.

Según ha señalado, el gasto asociado a emisión asciende a más de 120 millones de euros y en 2021 también se añade el gasto anual del aumento de la capacidad del múltiplex RGE2, que permitirá emitir el Canal 24 Horas en Alta Definición. Los gastos indirectos de producción serán de 63 millones e incluyen el funcionamiento de las sedes, Instituto, y Orquesta y Coro.

LIBERTAD DE INFORMACIÓN Y EXPRESIÓN

Sobre el papel que va a tener RTVE en "la iniciativa del Gobierno para controlar la libertad de información y de expresión en España" ha preguntado el senador del PP Rodrigo Mediavilla. "Lo desconozco. Esto sí que lo desconozco y además, como mi mandato va a terminar pronto, todavía lo voy a desconocer mucho más", ha manifestado Mateo, quien ha agregado que no está en sus competencias "intervenir o interferir" en las iniciativas del Ejecutivo.

La diputada de Unidas Podemos María Márquez ha preguntado por las razones por las que no se ha facilitado a los sindicatos de RTVE la información completa sobre las retribuciones de los directivos. Mateo ha afirmado que la denuncia interpuesta contra ella por CCOO "se ha archivado" según se les ha comunicado "este misma semana". "Creo que el asunto está claro", ha manifestado, para después agregar que, ante la petición que se les ha plantado, hay que ser "prudentes" y esperar al pronunciamiento judicial.

"Tenemos que combinar la obligación de entregar la documentación que se nos solicita con la de preservar aquellos datos que puedan afectar a terceros, en particular a los trabajadores la Corporación", ha destacado.

CENTROS TERRITORIALES

Preguntada por la socialista Tamara Raya, ha anunciado proyectos para reforzar los centros territoriales, como el paso a Alta Definición de todo el proceso de producción de contenidos y la mejora del equipamiento, a través de las denominadas 'mochilas', que facilitan las conexiones en directo.

Respecto a San Cugat, ha indicado que se renovará "el equipamiento con una infraestructura IP que permitirá mejorar la calidad y aumentar la cantidad de producción territorial". "En radio, se trabaja ya en el despliegue del nuevo sistema de radio en red en CCTT y unidades informativas y también está previsto que en 2021 se hagan desconexiones locales en Radio Nacional y no solo en Radio 5", ha detallado.

En el área Digital y de Innovación, ha dicho que se está potenciando la información territorial en internet, en redes y en los nuevos soportes; y que hay proyectos para ampliar la conectividad entre unidades informativas, centros territoriales y sedes centrales. También ha resaltado el proyecto de subtitulado de las desconexiones territoriales de televisión y la puesta en marcha, con carácter experimental, de una aplicación para que los sordo-ciegos puedan acceder dichos contenidos.

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, ha aprobado dos decretos que aprueban los planes de recuperación de la magarza de Guayedra (Gonospermum Oshanahanii) y la salviablanca de Amagro (Sideritis Amagroi).

Se trata de plantas endémicas del sector noroeste de Gran Canaria, que se encuentran incluidas en la categoría de en peligro de extinción en el Catálogo Canario de Especies Protegidas. La magarza de Guayedra, además, está clasificada en igual categoría en el Catálogo Español de Especies Amenazadas.

Los documentos aprobados, que persiguen asegurar la supervivencia de ambas especies a largo plazo, se centran en la reducción de su situación de riesgo de extinción y se basan en un sistema de medidas y actuaciones, que se dirigen a aumentar el número de efectivos de sus poblaciones mediante actuaciones de reforzamiento y de creación de nuevos grupos, controlar las amenazas que inciden sobre estas especies, garantizar su conservación ex situ, y promover una mayor concienciación sobre el valor intrínseco de la biodiversidad. Igualmente, regulan los usos en las áreas críticas delimitadas, en virtud de la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Los planes, además, establecen propuestas de cronograma para la ejecución de actuaciones, ámbito competencial, forma de funcionamiento, financiación para su desarrollo y propuestas de evaluación de la consecución de las actuaciones de los planes.

La magarza de Guayedra cuenta con una distribución restringida a los riscos de Guayedra dentro de los límites del Parque Natural de Tamadaba, en una zona donde hay un aumento continuado de herbívoros que transitan por ella, principalmente, cabras asilvestradas. Este ganado contribuye a la escasa regeneración de la especie, cuyo tamaño poblacional asciende a sólo 37 ejemplares adultos, según los últimos datos.

La población de la salviablanca de Amagro, que está incluida en los límites del Monumento Natural de Amagro, es de un tamaño extremadamente reducido, con apenas 10 ejemplares contabilizados en los últimos seguimientos. La presencia de los herbívoros en la zona como cabras y conejos limitan y condicionan su recuperación.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido que él no se opone a la armonización fiscal y, de hecho, ha esgrimido que le parece "bien" que haya "una horquilla de mínimos y máximos". Eso sí, ha matizado que dicha armonización debería ser "a la baja" y se ha declarado "contrario" a un pacto por el que ERC y PSOE quieren "obligar" a otras comunidades a "subir impuestos".

Preguntado al respecto tras el Consello de la Xunta, Feijóo ha asegurado que le parece "sorprendente" el acuerdo con ERC y que los socialistas pacten con los independentistas catalanes "tocar la autonomía fiscal o tributaria de terceros", en relación a otras autonomías. En el foco ha puesto, sobre todo, a comunidades "cumplidoras" de las reglas de gasto como Madrid o Galicia.

En este sentido, ha advertido que su política fiscal seguirá siendo "la de rebajar impuestos" de forma selectiva y ha enumerado varias de las que su Ejecutivo ha impulsado en la Comunidad gallega. "Desconozco, en todo caso, cómo puede un Gobierno central pactar con un partido independentista las medidas fiscales en otras autonomías. Es el mundo al revés", ha apostillado.

"SI SE QUIERE HABLAR DE ARMONIZACIÓN, QUE SEA A LA BAJA"

En su intervención, el presidente gallego ha proclamado que "no hay autonomía política sin autonomía financiera" y, para ello, ha incidido en que es preciso tener en cuenta "determinados grados de autonomía fiscal" en función de si las comunidades cumplen el déficit público y el resto de reglas de gasto. Bajo su punto de vista, "no tiene sentido impedir" que esas autonomías "más austeras" bajen los impuestos.

Feijóo, quien se mostró en anteriores ocasiones partidario de a armonización fiscal, ha asegurado que la Xunta continuará "defendiendo la autonomía fiscal y mayor autonomía para las comunidades que tienen un cumplimiento razonable de las reglas fiscales".

"Si se quiere hablar de armonización fiscal, hablamos de una armonización a la baja. Pero una armonización al alza es una subida de impuestos", ha advertido, antes de rechazar que ERC y PSOE "obliguen" a las comunidades cumplidoras a "subir" tributos.

"TENSIÓN ARTIFICIAL"

Preguntado en rueda de prensa en relación a que siempre se ha mostrado favorable a la armonización, Feijóo ha replicado que la propuesta de ERC pasaba "por la independencia de Cataluña" y por "un concierto" económico, que "no tiene nada que ver con la armonización" que él --ha esgrimido-- ha abanderado.

"ERC lo que dice es que hay que ir contra la política fiscal de Madrid y eso no es armonizar, es impedir que una comunidad tenga autonomía", ha dicho el presidente gallego, muy crítico con que se pretenda "crear tensión artificial" entre Cataluña y Madrid.

En este sentido, se ha reafirmado en que "armonizar no tiene por qué ser subir". "Armonizar con una horquilla de impuestos para bajar a nosotros nos interesa. Pero si armonizar consiste en no poder mantener rebajas fiscales y hacerlo como diga ERC, mi posicionamiento es claramente contrario", ha reivindicado, para insistir: "la autonomía fiscal tiene que ser mayor cuanto mayor sea el cumplimiento de las reglas fiscales".

"Las horquillas no lo veo incorrecto, que sean para bajar impuestos me parece un criterio básico y que no venga ningún partido a obligar a las comunidades a subir impuestos. Que haya horquillas de mínimos y máximos me parece bien, pero que un partido nos imponga una subida indiscriminada de impuestos", ha zanjado.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), ha anunciado el cierre de 170 pozos más en el entorno de Doñana.

El anuncio ha tenido lugar tras conocerse la concesión favorable del Miteco al riego de las 318 hectáreas que estaban pendientes de regularización de la Comunidad de Regantes de El Freno y que completan la concesión otorgada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) de septiembre de 2018, según han informado en una nota de prensa.

El expediente que este jueves se ha resuelto data de 2019, fecha en la que el Organismo de cuenca inicia la tramitación de modificación de características de la concesión original, al amparo de la Ley 10/2018, de 5 de diciembre, sobre la transferencia de recursos de 19,99 hm3 desde la Demarcación Hidrográfica de los ríos Tinto, Odiel y Piedras (DHTOP) a la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir (DHG).

El cierre de pozos relacionado con estos derechos de agua es de, al menos, 170, que vendrán a sumarse a los 300 clausurados en una primera etapa. En esta ocasión, con el objetivo de que el sellado se haga acorde a la normativa, la toma de agua se hará efectiva una vez que la Confederación ratifique que la técnica de cierre para inutilizar el pozo es la correcta. Esta verificación también se extenderá a los sondeos ya cerrados.

El presidente de la CHG, Joaquín Páez, ha mostrado su satisfacción por la resolución del expediente que permite la total puesta en explotación de dos proyectos declarados de Interés General del Estado que permitirá construir la infraestructura hidráulica principal que sustituya el sistema de riego basado en la extracción de aguas subterráneas, por otro con agua de origen superficial a partir de recursos de la Demarcación del Tinto, Odiel y Piedras.

Con ello, ha aclarado el presidente, "se consigue un ahorro para la masa de agua subterránea de la Rocina de 4.26 hm3/año, con conexión directa con los ecosistemas naturales del Parque Natural y Nacional de Doñana, y que permitirá favorecer la recuperación del nivel freático y mejorar la calidad de sus aguas".

Con la resolución conocida este jueves, son ya 2.440 las hectáreas de la Corona Norte de Doñana que el actual equipo de la CHG ha logrado regularizar en apenas 24 meses. Para ello, ha sido fundamental la colaboración de la Subdelegación del Gobierno en Huelva, que ha facilitado la constante interlocución con los usuarios y sus necesidades.

Ante este balance, la subdelegada provincial, Manuela Parralo, ha destacado "el trabajo coordinado entre ambas administraciones para alcanzar una de las prioridades manifiestas del Gobierno de España, la de asegurar, con las máximas garantías, una actividad agrícola sostenible, que ha sido y es, clave y esencial para el suministro y abastecimiento a la población durante la pandemia".

La regularización de los derechos de agua del Fresno permitirá una mejor gobernanza del agua y de los ecosistemas de Doñana, que constituye una de las reservas de la biosfera más emblemáticas de Europa.

Gracias a esta concesión, sujeta a un estricto condicionado ambiental, se eliminarán las extracciones de aguas subterráneas con afección al Parque Nacional de Doñana, y entre su condicionado se encuentra la instalación de contadores con telemedida, la prioridad del abastecimiento a la población en caso de necesidad, la implantación de un sistema de buenas prácticas agrarias para limitar la contaminación difusa y exportación de sales, el respeto de las prescripciones del plan de ordenación en corredores ecológicos y la garantía de que ninguna explotación puesta en riego después de 2004 se va a regularizar.

La zona regable de El Fresno se encuentra localizada en la zona divisoria de las cuencas del Tinto, Odiel y Piedras y del Guadalquivir, cerca del espacio natural de Doñana, y está destinada principalmente, a la producción de frutos rojos, y en menor proporción, al regadío de otras hortalizas.

Unidas Podemos ha asegurado que Ciudadanos ha buscado "tumbar" los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y que sus líneas rojas eran la "excusa perfecta" y una "pista de aterrizaje" para su no a las cuentas públicas. Además, cree que su posición es "un aviso a navegantes" para aquellos que defienden la "geometría variable" y ve "fracasado" el intento de sumar a una de las tres derechas de la Plaza de Colón".

Frente a ello, la formación morada se ha mostrado satisfecha de haber sacado adelante los Presupuestos con una mayoría "coherente" conformada por el denominado bloque de investidura, que sale reforzado.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha destacado que Ciudadanos ha votado en contra de las secciones de los PGE durante la tramitación parlamentaria, lo que revela su pulsión por "tumbar" el proyecto si más partidos políticos hubieran optado por esta actitud. Por tanto, la posición de la formación naranja "no es lógica ni justificable".

Frente a ello, se ha congratulado de que la mayoría de investidura salga reforzada y que permite afrontar los retos de futuro del país, como la "cohesión territorial" y la ayuda al sector productivo del país.

Preguntado por las palabras de Arnaldo Otegi relativas a que dar un sí ahora a los PGE es avanzar en la república vasca, Echenique ha recordado que tiene "fuertes diferencias" con Bildu y ERC en sus planteamientos independentistas, pero tienen puntos de acuerdo en material social y fiscal.

ES BUENO QUE BILDU SE COMPROMETA CON LAS PENSIONES

Además, ha opinado que es bueno llegar a acuerdos con estos partidos y es positivo desde el punto de vista político que, tanto en País Vasco como en Cataluña, se comprometen para que suban las pensiones y mejore la ley de dependencia en Aragón, Andalucía o las dos castillas, por ejemplo.

Por tanto, se abre una "etapa de esperanza" dado que Bildu y ERC han decidido "no desentenderse" de la gobernabilidad de España y se comprometen con los servicios públicos.

ENTENDIMIENTO DONDE ANTES HABÍA TRINCHERAS

Además, el presidente del grupo confederal, Jaume Asens, también ha incidido a los medios que estos PGE han salido adelante porque, a diferencia de 2019, en el Gobierno está presente Unidas Podemos.

Y es que ha recalcado que donde antes había "trincheras" ahora se facilita el entendimiento, por lo que ha reivindicado el papel de la formación morada como "fuerza facilitadora del bloque de investidura" para dar estabilidad al Gobierno.

En cuanto al voto negativo de Cs, Asens ha asegurado que es el "anuncio de un fracaso previsible" y un "aviso a navegantes" para todos aquellos que hacían "cábalas de la geometría variable".

"La única estabilidad posible para este Gobierno es la que pueden dar los socios de gobierno de investidura", pues de nuevo se evidencia que todos los "experimentos del pasado" para sumar a una de las "tres derechas de la Plaza de Colón" han fracasado.

Por otro lado, se ha mostrado sorprendido por la posición de la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, al decir que había logrado mejoras a los PGE pero votaba en contra de ellos al traspasar las líneas rojas que marcó.

Por tanto, ello implica que esas "presuntas mejoras no son tales" dado que no es lógico votar en contra de los propios logros y ha destacado que Cs ha puesto "cuestiones ideológicas por encima del interés general".

Todos los grupos de la Cámara vasca, salvo PSE-EE y PP+Cs, han vuelto a rechazar debatir una moción presentada por la parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, en el Parlamento Vasco que pedía la publicación de las actas de las reuniones celebradas por el Plan de Protección Civil de Euskera (LABI) desde el inicio de la pandemia,

PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU han rechazado utilizar su turno de palabra en el debate planteado por Martínez y solo los parlamentarios de PSE y PP+Cs han participado en el mismo.

La posición de estos partidos responde al acuerdo alcanzado el pasado mes de agosto cuando la Mesa del Parlamento --con los votos de PNV, EH Bildu, PSE y Elkarrekin Podemos-IU-- decidió modificar el reglamento para reducir los tiempos de intervención de la única parlamentaria de Vox, acotar su capacidad de presentar iniciativas y recortar el número de asesores que podría contratar.

Además, el pasado 15 de octubre todos los grupos del Parlamento Vasco, salvo PP+Cs, también rechazaron participar en el primer debate que presentado Vox en la Cámara, ya que PSE y Elkarrekin Podemos-IU consideraban que la iniciativa que había presentado la formación sobre los actos de recibimiento o de recuerdo a exreclusos de ETA no aportaba "nada nuevo", mientras que PNV y EH Bildu anunciaron que no participarán en ningún debate que proponga esta formación, porque creen que busca la "bronca y capitalizar ciertos temas".

La iniciativa de Vox, que ha sido rechazado con la abstención de PP+Cs y el voto en contra del resto de la Cámara, solicitaba la publicación en la web del Gobierno Vasco de las actas de las reuniones celebradas por el Plan de Protección Civil de Euskera (LABI) desde el inicio de la pandemia, así como los informes técnicos.

En su turno de intervención, la parlamentaria de Vox ha criticado la "resistencia" de los partidos del 'cordón sanitario' a la "transparencia" en la gestión de la crisis sanitaria, para hacer públicos los informes con los que trabaja el LABI y sus actas. "Es sorprendente que con argumentos peregrinos y con silencios, defiendan la opacidad y den vía libre a que este gobierno haga y deshaga a su antojo sin explicar, ni rendir cuentas ante nadie", ha lamentado.

"NO A LA DEMOCRACIA"

Martínez ha denunciado que para los partidos del 'cordón sanitario' "todo vale contra el fascismo inventado" y le ha acusado de rechazar "la transparencia en la gestión de la crisis y decir "sí a la opacidad". "Insisten en decir no a la democracia, manteniendo un cordón sanitario al que va dando forma, dependiendo de la ocasión pero siempre cordón sanitario", ha criticado.

Desde el escaño, el parlamentario del PSE Ekain Rico ha afirmado que a la parlamentaria de Vox "le da igual" que el resto de formaciones intervenga o no porque "sigue con su perorata de falta de transparencia" y ha recordado que semanalmente comparece la consejera de Salud, a petición de PNV y PSE, para informar en el Parlamento sobre las medidas del Gobierno. "Lo hemos pedido el PNV y el PSE, los dos partidos que sustentamos este gobierno", ha subrayado.

Rico ha explicado que otros grupos han pedido esta información del LABI, y en consecuencia, se va a publicar en la web del Parlamento Vasco y "es accesible para todos los ciudadanos". "¿Dice usted que estamos diciendo no a la democracia? No sé dónde ha estado escondida cuando en este país se luchaba, de verdad, por la democracia. Le puedo decir dónde estaba el PSE: en primera línea y dando la cara, lo mismo que hoy, frente a quienes llegan a las instituciones con los motivos espurios de intentar deslegitimar la propia democracia y las instituciones", ha señalado.

El parlamentario de la coalición PP+Cs, Carmelo Barrio ha defendido que "es bueno que los acuerdos de los órganos de la administración sean públicos y que el fundamento de sus deliberaciones sean conocidos y analizados". En este sentido, le ha preguntado por qué no ha hecho una solicitud de información para pedir estas actas, como han hecho otros grupos parlamentarios.

"Debe haber absoluta transparencia en el LABI y dar cuenta de los acuerdos y deliberaciones", ha reclamado antes de criticar el "lamentable y antidemocrático" cordón sanitario. Asimismo, ha lamentado el "triste espectáculo que algunos grupos dan en esta Cámara con un cordón antidemocrático lamentable".

La obra 'La Segona Eva', una producción de la compañía El Eje bajo la dirección y dramaturgia de Marta Aran, visibiliza las violencias machistas "que no se ven" y se podrá ver en el Teatre Tantarantana de Barcelona del 1 al 13 de diciembre, ha explicado la directora este jueves en rueda de prensa.

Con 'La Segona Eva', El Eje termina su participación en el El Cicló, un programa de tres años del Tantarantana, coproductor de la obra, que apoya a la creación de las compañías en residencia.

'La Segona Eva' plantea las situaciones que pueden generarse cuando una mujer denuncia públicamente en las redes sociales una situación de violencia no física, poniendo el foco en las dudas y contradicciones tanto de la víctima como de la gente de su alrededor.

Los miembros y actores de El Eje Eric Balbàs, Maria Hernàndez Giralt y Mar Pawlowsky, junto con el actor colaborador Òscar Intente, han trabajado durante meses con Aran en el texto: "Siempre había trabajado en solitario y en esta ocasión me he sentido muy acompañada", destaca la dramaturga.

La obra tiene una escenografía religiosa, pero Aran ha dejado claro que no es un montaje sobre los abusos de la Iglesia, sino que se "agarran" al catolicismo por la cantidad de metáforas y simbolismos que les permitía.

Balbàs, que interpreta al novio de Eva, ha explicado que su personaje rompe con el 'cliché' de hombre machista porque "el patriarcado está presente tanto en la derecha como en la izquierda" y por ello, la obra invita a la revisión de todos los perfiles.

La dramaturga ha destacado que las dudas y la crítica están presentes en todos los personajes mientras que Òscar Intente ha apuntado: "La delicadeza del tema ha magnificado nuestras dudas en el proceso de escritura, lo cual nos ha permitido evitar el maniqueísmo".

DIFICULTADES POR LAS RESTRICCIONES

El teatro ha tenido que buscar nuevas fechas tanto para 'La Segona Eva', que tenía que estrenarse en agosto, como 'Júlia', un cabaret libre programado en el Tantarantana del 3 al 20 de diciembre.

El director del Tantarantana, Ferran Murillo, ha explicado que esta segunda obra, 'Júlia', será viable gracias a las ayudas a las salas y compañías para paliar las limitaciones del 50% respecto al 70% anterior, pero ha apuntado que estos subvenciones son "insuficientes" y ha reivindicado la necesidad del 2% cultural en unos futuros presupuestos autonómicos.

Murillo ha insistido: "Cerrar un teatro no afecta solo a la sala, sino también a la parte creativa y de organización laboral de las compañías".

Desde la posición de los intérpretes, Eric Balbàs ha subrayado que "esta situación de incertidumbre les desgasta mucho" porque, en su caso, cuando estaban a punto de estrenar la obra, cerraron las salas de nuevo.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha inaugurado este jueves en Andratx la ampliación de la Reserva Marina de interés pesquero de la Dragonera, con una superficie de 457 hectáreas en el sureste de Mallorca, de las que 82 son de reserva integral.

La presentación ha consistido en un acto institucional en el Ayuntamiento de Andratx, donde Planas ha subrayado el valor singular de este espacio y ha destacado la colaboración con el Govern balear para la protección del medio marino.

El ministro ha recalcado el papel de las reservas marinas para conciliar la actividad pesquera tradicional y la conservación medioambiental. En el caso de la de Dragonera, ha incidido en que apoyará "la regeneración de los recursos pesqueros y el mantenimiento del buen estado ambiental de su hábitat".

La reserva se caracteriza por tener un perfil abrupto, de fondos rocosos, con multitud de arrecifes, cuevas submarinas y especies, incluidas aves marinas, "en un excelente estado de salud apreciable a simple vista".

El área empezó a protegerse en 2016 por parte del Govern en aguas interiores, y mediante un acuerdo con el Estado se ha podido ampliar con aguas exteriores. La reserva se establece sobre tres zonas con diferentes grados de protección, una de ellas -de 82 hectáreas- en la que sólo se permiten actividades científicas.

Otra zona de usos restringidos, también permitirá actividades de buceo y recreo de carácter didáctico; y por último, en la exterior se permite la pesca profesional con artes de pesca tradicionales y en barcos adscritos a un censo específico; en este caso, también se permite la pesca recreativa desde embarcación con un permiso previo.

Con esta reserva, Baleares contará con dos de gestión estatal o compartida con el Estado, junto a la de Llevant de Mallorca-Cala Rajada.

2 MILLONES DE EUROS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA

El ministro también ha aplaudido el trabajo de los científicos para "disponer de la mejor información sobre el estado de los recursos" y ha resaltado la importancia de dotar la gestión de estos espacios de medios humanos y materiales necesarios.

En este apartado, ha resaltado que el Ministerio destine anualmente más de cuatro millones de euros para el funcionamiento de las reservas españolas; y ha anunciado que se destinarán algo más de dos millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para reforzar la gestión y mantenimiento de estos espacios naturales.

ANDRATX QUIERE QUE LA RESERVA LLEVE EL NOMBRE DE FERNANDO GARFELLA

Por su parte, la presidenta del Govern, Francina Armengol, ha recalcado la importancia de la protección de la biodiversidad marina en el Mediterráneo, "el mar más contaminado del mundo". "Cuando controlamos da buenos frutos para todos", ha declarado la presidenta, que ha explicado que en algo más de dos años han podido triplicar el número de peces de la zona protegida en las aguas de ámbito autonómico.

Asimismo, el alcalde de Andratx, Joan Manera, ha reiterado la petición del municipio para que la reserva marina lleve el nombre de Fernando Garfella, documentalista submarino fallecido este año. La consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación, Mae de la Concha, se ha mostrado convencida de que encontrarán un modo de homenajear al camarógrafo.

Antes del acto las autoridades han sido recibidas en el embarcadero de Sant Elm, donde han recibido explicaciones sobre la reserva marina. Posteriormente ha tenido lugar el acto en el Ayuntamiento, donde se han proyectado varios vídeos conmemorativos.

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha presidido este jueves la presentación de la campaña de sensibilización 'Mantecado por la igualdad' que impulsa el Ayuntamiento de Estepa (Sevilla) y ha apelado a la unión de instituciones, agentes sociales y ciudadanos para combatir la violencia machista.

Según ha detallado la Consejería en un comunicado, la campaña se realiza a través del Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM) dentro de los actos organizados en el municipio sevillano con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

En su intervención, Ruiz ha subrayado que "la lucha por la igualdad y contra la violencia de género no están aún ni cerca de terminar. No podemos perder el tiempo en peleas partidistas, ni escatimar esfuerzos. Se lo debemos a las mujeres supervivientes de la violencia de género, a sus familias y a las 1.074 mujeres asesinadas por sus parejas y exparejas. Tenemos que reaccionar y ser parte de la solución", ha aseverado.

'Mantecado por la igualdad' es una campaña de sensibilización y concienciación a favor de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, haciendo énfasis en aquellos valores en forma de derechos laborales, sexuales y reproductivos, paridad en puestos de responsabilidad y "visibilizando además aquellas conductas que implican discriminación a través de brechas que impiden la igualdad real en el ámbito personal, profesional y laboral de las mujeres, normalizando la idea de que la igualdad es un hecho real o por el contrario hay quienes piensan que es algo sumamente inalcanzable".

A este respecto, la consejera ha señalado que "la violencia de género se combate con hechos y no solo con palabra bonitas" y eso es lo que ha subrayado que están haciendo desde hace casi dos años "multiplicando por diez el presupuesto del Teléfono de Atención a las Mujeres (900 200 999), aumentando la dotación con más presupuesto y personal en nuestra red de casas de acogida, que son un refugio para muchas mujeres y menores que tienen que huir de sus casas por su seguridad".

También ha subrayado la inversión en la red de Centros Municipales de Información a la Mujer, que ha sido de récord, con casi 24 millones de euros en este tiempo, "con el objetivo de seguir ampliando estos servicios para estar cada más cerca de todas aquellas mujeres que nos necesitan, tanto para salir de la violencia de género como para avanzar en la igualdad, especialmente en el medio rural donde la vulnerabilidad de las mujeres es mayor.

El Centro Municipal de Información a la Mujer de Estepa, que ha atendido a 114 mujeres y realizado 1.005 consultas hasta el pasado mes de octubre, ha recibido este año 41.940 euros de las subvenciones a ayuntamientos, mancomunidades de municipios y consorcios para el mantenimiento de los CMIM que concede el Instituto Andaluz de la Mujer.

Asimismo, la máxima responsable de las políticas de igualdad en Andalucía ha apelado a "la unidad de todas las administraciones y partidos sean del color político que sean en la lucha contra la violencia de género; pero también desde el ámbito empresarial, social, de la educación".

"Esta pelea nos afecta a todas las personas e incumbe a todos los sectores", ha argumentado antes de agregar que que hay que "dejar de responsabilizar a las mujeres víctimas de violencia de género y fomentar una empatía y una responsabilidad social en poner freno a la violencia, además de recriminar la conducta del agresor".

"Ante las situaciones de violencia hay dos opciones, ser un espectador o ser un agente de cambio. En la lucha contra la violencia de género no hay medias tintas, hay dos posturas claras, y este Gobierno apuesta por ser freno y contención y reaccionar ante todas las violencias machistas".

Rocío Ruiz ha agradecido y felicitado al alcalde, Jesús Muñoz, por la iniciativa y se ha mostrado convencida de que "el camino de la unidad y de la implicación de la sociedad es el camino a seguir para la erradicación de la violencia machista".

Así, ha recordado que en la campaña institucional de la Junta con motivo del 25N, 'Ante la violencia de género, yo reacciono', se ha "apelado a la ciudadanía a que reaccione ante las situaciones de violencia de género. Estamos seguros que entre todas y todos podemos frenar a tiempo la pandemia del machismo, que tiene en los asesinatos su cara más cruel", ha dicho.

La consejera ha estado acompañada por la directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Laura Fernández; la delegada territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, María José Eslava; el concejal de Educación, Igualdad y Mujer de Estepa, Florencio Salvador Díaz; y el presidente del Consejo Regulador de Mantecados y Polvorones de Estepa, Eusebio Olmedo.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha asegurado este jueves en Sevilla que la pretensión del Gobierno con el estudio de la armonización tributaria es que "no haya ciudadanos de primera y segunda" tras apelar a la necesidad de "la cohesión social".

En una atención a los medios de comunicación tras intervenir en el Tourism Innovation Summit (TIS), Maroto ha argumentado, sobre la enmienda de ERC al proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2021 para estudiar las diferencias tributarias entre las comunidades autónomas, que el Gobierno trabaja "desde su llegada en modernizar nuestro sistema fiscal, que no responde a los desafíos de una economía moderna".

Maroto ha situado la iniciativa en un estudio que emprenderá el próximo año el Ministerio de Hacienda y que hará "en el marco de colaboración con las comunidades autónomas".

La ministra de Industria ha advertido de que "no hay todavía ninguna resolución" hacia dónde se va a encaminar el estudio de la armonización fiscal autonómica, aunque ha reiterado como premisa que "los ciudadanos, independientemente de viva donde vivan, tengan una fiscalidad acorde al lugar donde reside".

Maroto ha defendido que "el Gobierno, en base a las recomendaciones de los expertos, emprenderá un análisis riguroso de la fiscalidad autonómica para que haya cohesión territorial".

"Todo lo que sea trabajar por la armonización será una buena noticia", ha esgrimido la ministra de Industria, quien ha considerado que la armonización fiscal "forma parte del Plan de Recuperación".

La ministra de Industria ha apelado a que durante el Gobierno de Mariano Rajoy se encargó a un grupo de expertos un estudio del modelo de financiación autonómica y en el cual salió a relucir "la necesidad de armonizar el Impuesto de Patrimonio por las grandes diferencias entre comunidades".

La Asociación de Editores de Madrid entregará el próximo jueves el Premio Antonio de Sancha a los impulsores de la Biblioteca Resistiré del hospital de Ifema, las enfermeras Ana Ruiz y Alba Justicia y los voluntarios Mar Eguiluz y José Luis Molinero, ha informado la asociación en un comunicado.

Las enfermeras del SUMMA 112 Ana Ruiz y Alba Justicia, promotoras de la iniciativa, y los voluntarios Mar Eguiluz (SAMUR Protección Civil) y José Luis Molinero, que la gestionaron cada día desde su puesta en marcha, recibirán este galardón el próximo jueves en un acto en el que participará la escritora Rosa Montero, con la que podrán mantener una tertulia.

La entrega del Premio se desarrollará bajo estrictas medidas de seguridad sanitaria y se retransmitirá en streaming a través del canal de You Tube de la Asociación.

Durante la entrega conoceremos, además, los testimonios de algunos de los pacientes del hospital provisional de Ifema, para los que la Biblioteca Resistiré tuvo especial importancia.

La iniciativa La Biblioteca Resistiré recibió el Premio Antonio de Sancha 2020, concedido por la AEM, "por pensar en los libros y la lectura como una forma de soportar mejor la enfermedad y el aislamiento que supone estar ingresado en un hospital de estas características en esta pandemia".

La biblioteca nació en la madrugada del 30 de marzo, y desde aquel día los carros ubicados en los pabellones 7 y 9 ofrecieron libros, revistas, pasatiempos y gafas de lectura para que los 4.000 pacientes de Covid pudieran llevar mejor su estancia en el hospital provisional.

Para Manuel González, presidente de la AEM, con la concesión de este reconocimiento "la Asociación de Editores de Madrid ha querido ejemplificar y aunar las cualidades colectivas de abnegación y sacrificio demostradas por sanitarios, profesionales y voluntarios de toda índole que luchan contra esta enfermedad, con el empeño de Ana, Alba, Mar y José Luis de considerar a los libros como magníficos recursos terapéuticos contra el dolor, la soledad y el desaliento... a la vez que vacunas invencibles contra la ignorancia y la barbarie".

La estela de la Biblioteca El 1 de mayo se cerró el hospital provisional de Ifema y, con él, la Biblioteca Resistiré, pero fue tal la avalancha de solidaridad que hubo que buscar nuevos destinos a las donaciones.

Tras dos semanas de intensa labor de desinfección y cuarentena de los libros, el equipo de la biblioteca continuó su trabajo más allá del espacio físico y de los días de IFEMA y se aseguró de que las lecturas encontraran nuevos lectores.

Ellos mismos fueron los que llevaron más de 50 cajas de libros a hoteles hospitalizados, a los Hospitales de Gómez Ulla, Ramón y Cajal, San Carlos, Hospital El Escorial, Hospital de Guadarrama, al Tótem de El Retiro o al Centro de Transfusión de Madrid, entre otros.

Un compromiso que ha hecho posible que la lectura siga abriendo ventanas a muchos pacientes.

Historia del Premio El Premio Antonio de Sancha se otorga anualmente a personalidades que se han distinguido por su labor en defensa de la cultura en general, y del libro y la lectura en particular.

Entre los anteriores galardonados se encuentran el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, la catedrática de Ética Adela Cortina, el dibujante Antonio Fraguas "Forges", la escultora Alicia Martín, el escritor Amin Maalouf, el político colombiano Sergio Fajardo, el escritor y filósofo Fernando Savater, el ex presidente de Uruguay Julio María Sanguinetti o el ex director general de la Unesco Federico Mayor Zaragoza.

La denominación oficial del galardón se debe a Antonio de Sancha (1720-1790), el primer editor español.

Su contribución a la cultura española ha sido extraordinaria, ya que se atrevió a editar obras que permanecían inéditas al cabo de tres siglos de invención de la imprenta como El Poema del Mío Cid, el Libro del Buen Amor o las poesías de Gonzalo de Berceo.

Asociación de Editores de Madrid La Asociación de Editores de Madrid (AEM) es una asociación profesional formada por cerca de 300 editoriales privadas de toda España, que anualmente facturan el 42% del total de la industria editorial española.

Desde hace más de 20 años, la AEM otorga el Premio Antonio de Sancha y realiza las campañas de fomento de la lectura Libros a la Calle, en colaboración con la Comunidad de Madrid y sus transportes públicos, y el Concurso Escolar de Lectura y Escritura con la participación de los colegios de la Comunidad de Madrid.

El líder del PP, Pablo Casado, ha recomendado este jueves al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que visite un centro de educación especial para comprobar "con sus propios ojos" que la reforma educativa del Gobierno, conocida como 'Ley Celaá', es "injusta" y "sectaria". Además, ha confirmado que su partido recurrirá esta norma al Tribunal Constitucional y la llevará a las instituciones europeas.

Así se ha pronunciado Casado durante su visita al colegio concertado de educación especial de la Fundación Bobath, que atiende a casi cien alumnos con parálisis cerebral. "Es emocionante cómo les tratan, con qué cariño, cómo están avanzando y cómo se vuelcan los terapeutas, los profesionales y toda la comunidad educativa y familiar, que tiene aquí su segunda casa", ha asegurado en una declaración grababa que el PP ha distribuido a los medios de comunicación.

Casado ha destacado el compromiso del PP para que estos centros de educación especial sigan teniendo apoyos de la financiación pública y las familias puedan "elegir" este tipo de colegios, ya que, según ha dicho, hay niños con "discapacidad" que no pueden ir "a un centro ordinario" sino que necesitan atención y refuerzo educativo, y "muchas veces también sanitario".

SE COMPROMETE A DEROGAR LA LEY SI LLEGA A MONCLOA

En este punto, ha aprovechado para aconsejar a Pedro Sánchez que visite uno de estos colegios. "Le pediría que viniera a un centro de estos y lo viera con sus propios ojos. Se daría cuenta que la Ley Celaá no es justa", ha manifestado, para añadir que estos niños necesitan el apoyo de la sociedad para salir adelante, "ser autónomos" y "ser felices.

Tras poner en valor la labor "magnífica" que realizan estos centros de educación especial, el jefe de la oposición ha defendido la libertad de elección de las familias del modelo educativo de sus hijos, tanto con la concertada como con la especial.

El presidente del PP ha señalado que el Grupo Popular "intentará parar" la Ley Celaá en el Senado, pero ha augurado que como no lo conseguirán, el PP la recurrirá al Tribunal Constitucional porque la Carta Magna "consagra esa libertad de elección educativa". Además ha dicho que acudirá a la Unión Europea con esta norma porque las instituciones europeas "consagran como derecho fundamental esa elección, sobre todo con los más necesitados".

LAS CCAA DEL PP ACTUARÁN PARA FRENAR LOS "ESTRAGOS" DE LA LEY

Además, ha asegurado de nuevo que cuando llegue al Gobierno su partido derogará esta "injusta y sectaria ley educativa". "Hasta entonces las comunidades autónomas donde gobierna el PP van a hacer todo lo posible para que los estragos de esta Ley no afecten a las familias", ha manifestado el presidente de los 'populares'.

El propio Casado ya confirmó hace unos días en la Cadena Cope que las cinco comunidades autónomas en las que gobierna el PP legislarán vía decreto para evitar que la reforma educativa "socave la libertad de las familias" y para "poner a salvo la libertad educativa". Según ha subrayado, cuando hay en La Moncloa un Ejecutivo que es "malo para los intereses de las familias españolas", "el Estado Autonómico es para estas situaciones".