El notario de Mahón (Menorca) al que acudió el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez para protocolizar unos ‘SMS’ que supuestamente habría cruzado con el ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz comparecerá el próximo lunes, 14 de diciembre, ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón por videoconferencia.

Así lo ha acordado el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 en una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, tras recibir un escrito del notario Alberto Vela Navarro-Rubio solicitando poder comparecer como testigo de forma telemática.

Dicho escrito, firmado por el abogado Juan Pedro Cortés y fechado el pasado 4 de diciembre, al que también ha tenido acceso Europa Press, relata los perjuicios profesionales y personales que le pueden ocasionar si tiene que trasladarse hasta Madrid para testificar en el marco de la pieza 7 del caso ‘Tándem’, que investiga el despliegue en 2013 de un dispositivo parapolicial, sufragado con fondos reservados del Ministerio del Interior, entorno al extesorero del PP Luis Bárcenas.

El letrado señala que Vela, quien asegura estar «plenamente dispuesto a colaborar con la justicia y prestar declaración tantas veces como sea llamado», reside y ejerce su actividad económica y profesional en Mahón.

Así, afirma que para garantizar su presencia en la Audiencia Nacional a la hora a la que está citado –a las 10.00 horas–, y de acuerdo a los horarios de los vuelos que parten desde Menorca hasta la capital, tendría que viajar el domingo y volver a última hora del lunes.

TENDRÍA QUE CERRAR LA NOTARÍA DURANTE TODO EL DÍA

Ello supondría «en definitiva, cerrar la notaría durante todo el día 14 de diciembre (teniendo que desatender las citas ya comprometidas), al igual que no poder atender al deber de cuidado de sus hijos por la tarde», ya que su mujer trabaja, explica.

Ante esta situación, el juez instructor García Castellón ha aceptado la petición de declarar por videoconferencia desde los juzgados de instrucción de Mahón, fijándola para el mismo día que estaba prevista, pero adelantando la hora señalada a las 09.15 horas.

Ese mismo día, el magistrado también escuchará a Enrique A. Franch Quiralte, el otro notario al que acudió Martínez para registrar unos mensajes que, según defiende, demostrarían que él tenía conocimiento de un operativo «legal» montado para espiar al extesorero ‘popular’ y a su familia porque el ex ministro del Interior le pidió que recabara información.

Aunque ambos notarios están citados en calidad de testigo, el notario de Mahón podrá ir acompañado por un letrado, ya que el magistrado, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, acordó incoar diligencias e inhibirse a favor de un juzgado del municipio menorquín para que le investigue por un presunto delito de violación de secretos.

Según explicó el juez en un auto del pasado 23 de noviembre, el notario pudo cometer el delito el pasado mes de marzo cuando se puso en contacto con Martínez –con quien mantiene una relación de amistad– para preguntarle cómo se podían borrar unos mensajes.

Esta conversación podría haber tenido lugar después de que se le requiriera judicialmente, y con la expresa advertencia del carácter secreto de las actuaciones, una copia del acta notarial de los mensajes protocolizados.

Martínez defendió ante el juez, así como en un recurso contra la imputación del notario, que la eliminación de estos ‘whatsapps’ estarían relacionados con un «chiste con imágenes subidas de tono».

EL CAREO NO ACLARÓ NINGUNA CONTRADICCIÓN

Las citaciones llegan después de que Anticorrupción concluyera que en el careo que se celebró el pasado 13 de noviembre entre el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y Francisco Martínez no se consiguió aclarar ninguna de las contradicciones que había manifestado previamente en sus respectivas declaraciones como investigados por la operación ‘Kitchen’.

Los fiscales solicitaron al juez García Castellón que llamara a declarar a los notarios, ya que en contra de los que sostiene Martínez, el exministro niega ser autor de los mensajes e incluso cuestionó el modo en el que se levantó una de las actas notariales.

La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, ha pedido este viernes «predicar con el ejemplo» en materia de Derechos Humanos, una cuestión que ha pedido abordar con «humildad», y ha abogado por «respuestas transformadoras» para Latinoamérica en un mundo postpandemia.

En un evento telemático organizado por la Casa de América, la jefa de la diplomacia española ha reivindicado la defensa de los Derechos Humanos «en el día a día» y ha defendido que es una cuestión que debe «permear toda la política, también a nivel doméstico».

En este sentido, ha defendido el nuevo mecanismo de la Unión Europea que, tal y como ha argumentado, «permitirá responder a las violaciones y abusos más graves de los Derechos Humanos», que son aquellos que se llevan a cabo de forma «más flagrante y sistémica».

«Viendo los últimos 10 meses de pandemia (…) podemos hablar de un agravamiento de una situación de los Derechos Humanos que ya era muy difícil», ha lamentado antes de denunciar que algunos países han utilizado la pandemia para «tomar medidas que buscan cerrar aún más el espacio de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales».

En este contexto ha recalcado que se ha observado la «debilidad de muchos de nuestros sistemas de políticas públicas, que son los que ayudan a garantizar estos derechos». «El derecho a la salud, al acceso al agua, a la vivienda, al empleo digno remunerado (…) se ha visto expuesto de manera muy cruel durante esta pandemia», ha dicho.

Para González Laya, el papel de España a la hora de ofrecer ayuda a los países latinoamericanos para hacer frente a las consecuencias de la pandemia es de gran importancia: «Hemos buscado una gran coordinación entre toda la familia iberoamericana en la parte de respuesta mas inmediata al coronavirus, hemos desarrollado diálogos (…) sobre diferentes cuestiones, lo que nos ha permitido compartir respuestas y aprender de los otros».

«Hemos puesto sobre la mesa nuestro propio plan de respuesta frente a la pandemia», ha indicado. Así, ha insistido en que ahora es el momento de trabajar en cuestiones «estructurales» que lleven a una «respuesta transformadora que evite volver al sistema que había antes».

Sobre este punto ha matizado la relevancia de «transformar los sistemas socioeconómicos mediante políticas públicas y a través de una colaboración público-privada con mayor inteligencia». «La labor de lo publico con lo privado también es esencial para apalancar todo ese saber hacer que existe y que debe ponerse al servicio de los ciudadanos, sin dejar a nadie atrás», ha destacado.

ACCESO A LA VACUNA

La ministra ha llamado así a un primer esfuerzo «colectivo» que permita garantizar un «acceso equitativo a la vacuna». «Además de vacunar a los ciudadanos hay que hacerlo con un sentido de que todos los demás puedan tener acceso a la vacuna, porque no sirve de nada que nos vacunemos solo nosotros en un mundo interconectado e interdependiente», ha afirmado.

En este sentido, ha trasladado que el Gobierno español apoya un esfuerzo internacional que «capitalice mecanismos que ya existían antes (…) para garantizar la escala de producción y distribución. «También apoyamos la creación de mecanismos de cooperación para ello», ha añadido.

A su vez, ha recordado que los esfuerzos deben tener en cuenta aquellos países que no son lo suficientemente ricos ni suficientemente pobres, los de «renta media». «El segundo esfuerzo debe ofrecer acceso a financiación para los países que tengan un espacio fiscal más reducido, por eso hemos lanzado una discusión con los países latinoamericanos de renta media, los que están en medio», ha explicado con la vista puesta en la cumbre iberoamericana prevista para abril de 2021.

BACHELET ALERTA DEL AGRAVAMIENTO DE LAS CRISIS PREEXISTENTES

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha alertado por su parte del agravamiento de las crisis preexistentes en América Latina a causa de la pandemia.

«Lo que ha hecho el coronavirus es desnudar desigualdades profundas que había ya en el interior de nuestras sociedades y países. La pandemia ha tenido un impacto fuerte en los Derechos Humanos, especialmente entre los vulnerables, es impactante pero no sorprendente», ha expresado.

Asimismo, ha manifestado que el virus «no discrimina», si bien «impacta desproporcionadamente a distintos grupos de población». «Los impacta porque son grupos sistemáticamente discriminados y con un acceso desigual a servicios y oportunidades, lo que lleva a precondiciones de salud que hace que el cuadro se agrave más», ha argüido.

«Lo hemos visto desde países como Estados Unidos y Reino Unido, donde las minorías han tenido tasas mas altas de casos y muertes. En Estados Unidos han sido latinos y afroamericanos, en Reino Unido los paquistaníes, bangladeshíes y afrodescendientes. Es una desventaja estructural», ha apuntado.

Bachelet, que fue presidenta de Chile, ha advertido de que «todos los Derechos Humanos se han visto afectados, por lo que la respuesta debe basarse en ellos». «Nuestro objetivo no debe ser volver a la normalidad del día cero porque era un mundo extremadamente desigual, donde muchos países desarrollados no invertían en salud pública», ha sostenido.

Sobre este asunto ha instado a «reconstruir para mejorar, no para volver al día cero sino a un tipo de sociedad y modelo económico que permita que todas las personas tengan igualdad de oportunidades».

Además, ha recordado la importancia de las políticas públicas basadas en los Derechos Humanos y ha denunciado que las mujeres se han visto afectadas en mayor medida por la pandemia, que ha provocado un aumento de la violencia machista.

«La violencia de género creció brutalmente en todas las regiones a raíz del confinamiento con el perpetrador, sin posibilidad de protegerse. Pero España y Portugal mantuvieron la atención a las víctimas de la violencia machista en todo momento», ha aplaudido.

AMNISTÍA ABOGA POR LA COOPERACIÓN PARA FACILITAR EL ACCESO A LA VACUNA

Por su parte, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara, ha reivindicado una mayor cooperación a nivel internacional para facilitar el acceso a la vacuna.

Según ha aseverado, la vacuna «tendrá que ser analizada en términos del respeto a los Derechos Humanos», por lo que ha llamado a «todas las naciones ricas, países europeos, España, a aumentar los esfuerzos para garantizar que todo el mundo tiene acceso».

A su vez ha recordado que las crisis existentes antes de la pandemia se han profundizado. «No es sorprendente que (Latinoamérica) sea la región mas afectada por la pandemia dadas las serias crisis en Derechos Humanos que atravesaba el continente y que crearon tierra fértil para ser el epicentro de este coronavirus», ha alertado.

«Lamentablemente seguimos siendo el epicentro, no solo por el número de casos, que siguen creciendo. El impacto de la pandemia no solo se siente hoy día por los más de 29,5 millones de casos confirmados en el continente sino también por el impacto diferenciado en grupos históricamente marginalizados, particularmente en América Latina y el Caribe», ha insistido.

Guevara, que ha señalado que la región «ya atravesaba fuertes brechas económicas que también se reflejaban en que somos la región más violenta del mundo, con mayor índice de homicidios y feminicidios, ha acusado a los gobiernos de tomar medidas que «exacerban» la situación.

«Desde que se decretó la pandemia muchos países decretaron medidas excepcionales (…) con la intención de prevenir la propagación del virus. Sin embargo, muchas de estas medidas han acabado violentando los Derechos Humanos», ha subrayado.

El que fuera número dos de Interior, Francisco Martínez, intercambió mensajes por ‘whatsapp’ con el Director Adjunto de la Policía (DAO) Eugenio Pino para ponerse de acuerdo en maniobrar con la intención de que la operación ‘Kitchen’ no les terminara por afectar judicialmente. «Eugenio, visto lo visto no creo que tengan gran cosa», decía Martínez en un mensaje a Pino enviado el 11 de noviembre de 2018.

Esta conversación, que consta en el informe redactado por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía (UAI), al que ha tenido acceso Europa Press, recoge los datos del volcado del teléfono móvil intervenido a Martínez en el marco de la pieza separada que se instruye en el Juzgado Central de Instrucción número 6 sobre esa operación sufragada con fondos reservados para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas.

«Sobre fondos reservados todo es secreto. No se puede confirmar ni desmentir. Tampoco se puede decir nada de confidentes: ni confirmar ni desmentir. Si lo hiciésemos cometeríamos delito. Y mejor borremos los mensajes después de mandarlos, ¿ok?», escribía Martínez a Pino, a continuación.

Tras esto, Pino le responde que cree «sinceramente que hay una campaña» y que quizá las informaciones salgan de su «antigua casa» –en alusión al Ministerio del Interior probablemente–. «No tienen nada porque no hay nada», insiste Pino.

«SERÍA COJONUDO TENER INFORMACIÓN DE OTROS CONFIDENTES»

En ese mismo cruce de mensajes, Martínez le pide al ex DAO que dado que «habrá notas de muchas cosas», toda la información que pueda recabar les será útil. «También sería cojonudo tener información sobre confidentes que intervinieran en otro tipo de operaciones policiales, principalmente si afectaban a otros partidos», indica.

Tras ese 11 de noviembre en el que mantienen una conversación extensa, el 2 de diciembre de ese año, abordan la posible desclasificación de información confidencial a petición de la Audiencia Nacional, ante lo cual Martínez ofrece a Pino hablar. «Hablamos, pero lo tengo claro, fue un operativo de Inteligencia en apoyo de PJ (Policía Judicial)», le contesta el ex DAO.

Martínez coincide con él en que «lo de PJ lo justifica todo», pese a lo cual le propone «algunas ideas». «Por ejemplo, dicen que se robó a Bárcenas, ¿acaso denunció un robo alguna vez?», expone, a lo que Pino responde que no y que «además le preguntaron y dijo que nada de nada».

La Unidad de Asuntos Internos de la Policía (UAI) apostilla que esta alusión al hecho de que el ex tesorero del PP no denunciara ningún robo se usa «como elemento que refuerza la legalidad de la actuación».

¿QUÉ PROBLEMA HAY EN PAGAR POR INFORMACIÓN?»

En otra conversación del 11 de diciembre de 2018, a un día de que Sergio Ríos –chófer de Bárcenas y condifente de la Kitchen– se negara a declarar ante el entonces juez instructor Diego de Egea, Pino y Martínez hablan de las informaciones periodísticas que señalan que en la ‘operación Kitchen’ «se pagó a cambio de información» y que «se robó».

«¿Pero qué problema hay con pagar por información? Dicen que es un informe de un folio», preguntó el exsecretario de Estado, a lo que Pino le tranquilizó diciéndole que «ninguno, pero algo hay que decirle al juez. Está bien dicho». «Es que no hay problema ninguno. Alguien está detrás intentando enredar», concluyó el ex DAO.

El ex DAO también trató de aportarle información al número dos de Interior, ambos imputados en la Kitchen, sobre la operación reconociendo la existencia de cuatro confidentes, uno de los cuales –al que posteriormente se denomina ‘cocinas’– habría sido pagado en tres diferentes etapas en relación con el manejo de fondos por el comisario Andrés Gómez Gordo, un tal «Marcelo» y el propio José Manuel Villarejo, el comisario jubilado que es el principal investigado en esta causa y que permanece en prisión desde noviembre de 2017.

«ESCOLTA, PRESO, EMPRESARIO, FAMILIA»

En otro momento de la conversación, vía aplicación whatsapp, Pino desvela al responsable político que hasta donde él sabe había «cuatro confidentes». Ante el requerimiento de éste sobre quienes eran (no sus nombres), sobre los trabajos que desempeñaban, le contesta: «Un escolta, preso, empresario, familia».

Al hilo, Martínez le dice a Pino que Bárcenas tuvo a su alrededor informadores que dieron todo tipo de información y algunos de ellos llegaron a cobrar hasta 3.000 euros al mes, por lo que le ha llegado. Pero Pino le responde que no, que «lo máximo fue 1.500-2.000» euros.

«Creo (…) Con cocinas pasó así», responde Pino. Un dato que resultó de interés para Martínez, que confesó que «esta información es muy importante». «Todo lo que puedas concretar, este tipo de datos vendrá muy bien», añade.

Sobre otro de los investigados, el exmando policial también implicado Enrique García Castaño, alias el «Gordo», señalan que tuvo en este asunto un papel secundario apoyando tan sólo en algunas citas o seguimiento. De ello se deduce, según los investigadores, que o bien el ex DAO no quería explicitar en su comunicación con Martínez el verdadero papel desempeñado por el ‘Gordo’ o bien disponía de un conocimiento limitado respecto a alcance y objetivos de la operación.

Según estas escuchas, Pino señala que se habría convenido que la información obtenida en Kitchen debía ser transmitida a la UDEF, que era la policía judicial designada para investigar la trama Gürtel, y añade: «Yo no hacía el seguimiento, pero que lo de Suiza vino por ahí», otorgando el número 2 del Ministerio gran valor al hecho de que las informaciones obtenidas hubiesen sido grabadas en GATI, un mecanismo que garantiza la necesaria coordinación entre las investigaciones.

Esta coordinación entre investigaciones, sin embargo, no se llevó a cabo hasta 2015, dos años más tarde del inicio de la operación Kitchen, y con un contenido que difiere de la información realmente obtenida, como ya comunicaron los investigadores al juez instructor del caso, Manuel García Castellón.

Asuntos Internos concluyen que, una vez la investigación en curso es objeto de publicación en la prensa, Francisco Martínez trata de recabar información a través de Pino (de ahí los mensajes cruzados), si bien «muestra un aparente desconocimiento de la operación que no resulta congruente con el contenido de los chats, protocolos notariales y notas» que aparecen en su teléfono.

Entre los mensajes recabados para investigación, destaca otro fechado el 12 de diciembre de 2018 en el que el número dos de Interior se preocupa por el estado de Pino ante la investigación judicial, a lo que éste responde: «Vamos a ver, no tengo nada que ver y se he hecho algo es porque legalmente podía, de verdad Paco. Todas las noticias que se filtran es contra vosotros, más Cosidó (Ignacio, exdirector general de la Policía) que tú, y eso es lo que debes tener en cuenta».

VILLAREJO EN LA «DINÁMICA DE JODERLO TODO»

Interesado sobre la existencia de maniobra política, Martínez es tranquilizado por el ex DAO, que añade que Villarejo (alias PPK) «está en la dinámica de joderlo todo» y no por política sino «por desviar hacia arriba». Añade que «alguien le está señalando y necesita haber recibido órdenes, porque si no ¿A quién obedecía?», y Martínez remata en respuesta: «Obviamente todo fue legal para todos. No hay más. Lo demás son inventos y venganzas de PPK».

Pino añade como colofón a esta conversación que «luego vendrá Sanz Roldán y ¿después? Quien no ayude. Su mujer esta recabando dinero y ay de quien no se lo dé. Cuando salga peor».

Esta semana ha comenzado ‘Give & Gain 2020’, la 10ª edición de la Semana de la Acción Solidaria y el Voluntariado de las Empresas, que tendrá lugar hasta el próximo 20 de diciembre, organizada por décimo año consecutivo por Forética.

La presentación del 10º Aniversario ha estado presidida por el Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil, Ernesto Gasco, como partner institucional de la iniciativa, que cuenta también con el apoyo de Atresmedia, MSD y la Asociación de Voluntarios de «la Caixa».

«La crisis económica, social y sanitaria provocada por la COVID-19 pone el foco en la importancia de luchar contra las brechas de la desigualdad, impulsando la colaboración público-privada, implicando y movilizando a la sociedad y las empresas. En este contexto, el voluntariado corporativo y la acción solidaria está adquiriendo una relevancia importante en las empresas, interesadas cada vez más en el desarrollo de actividades de contribución social positiva que permita una recuperación sostenible e inclusiva», ha afirmado el director general de Forética, Germán Granda.

«En paralelo, son cada vez más los empleados que demandan de sus empresas el desarrollo de este tipo de iniciativas con el fin de materializar de forma práctica sus inquietudes sociales y de favorecer nuevas capacidades y habilidades de liderazgo y trabajo en equipo, entre otras», ha añadido.

«Give & Gain este año se adapta a la situación de emergencia social derivada de la pandemia y busca promover aquellas iniciativas de acción solidaria desarrolladas por empresas y entidades con el objetivo de paliar los efectos negativos que la crisis está teniendo entre los colectivos más vulnerables», ha afirmado el responsable del Programa Give & Gain de Forética, Raquel Canales.

«Esta iniciativa muestra cómo la acción solidaria y el voluntariado de las empresas es una tendencia creciente y prueba de una mayor madurez en la implicación de la empresa en la mejora de su entorno social, como agente de cambio positivo. En sus nueve ediciones en España, han participado más de 14.000 voluntarios de 470 empresas con más 600 organizaciones, en actividades que han beneficiado a más de 107.000 personas», ha detallado.

En el encuentro se han analizado tendencias y retos en el ámbito del voluntariado de las empresas y la acción solidaria por parte de entidades que participan con sus actividades en la Semana. Concretamente, se ha compartido la experiencia de empresas y organizaciones como MSD, con la intervención de Cristina Nadal, Directora Ejecutiva de Policy; CaixaBank, con Yolanda Jiménez, Delegada de la Asociación de Voluntarios de «la Caixa»; Atresmedia, con Susana Gato, Gerente de Responsabilidad Corporativa; y la Fundación Ayuda en Acción, con Marta Marañón, Directora General Adjunta.

La representante de la plataforma ‘Educación Inclusiva Sí, Especial También’ Esther Morillas ha señalado en una comparecencia en la Asamblea de Madrid que la Ley Orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE), conocida como la Ley Celáa, «no ofrece garantías» ni para la educación especial ni para la ordinaria, al no contemplar recursos adicionales.

Madre de una niña de 12 años con una gran discapacidad, Morillas ha señalado que la plataforma representa a personas con discapacidad intelectual, familias y docentes, y que son «transversales», al no estar vinculados a ningún partido político y a ninguna confesión religiosa.

También ha aclarado que no defienden la educación concertada sino que representan a muchas familias que llevan a sus hijos a la escuela pública, ya que el 60 por ciento de los niños con necesidades educativas especiales van a centros públicos, según ha indicado.

«Nuestra razón de existir es velar por el bien superior del menor defendiendo su derecho a estar escolarizado tanto en centros de educación ordinaria como en centros de educación especial en función de las necesidades de cada uno de ellos y de su momento vital», ha afirmado.

La representante de ‘Educación Inclusiva Sí, Especial También’ ha rechazado las acusaciones por parte de «algunos sectores» sobre su «condición de padres segregadores», y ha asegurado que defienden «la verdadera inclusión de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad».

«Para lograr esta meta hay tantos caminos como menores con discapacidad», ha manifestado, al tiempo que ha afirmado que la instituciones del estado «tienen la obligación de proveer de esos instrumentos que cada uno necesita».

«Los padres que tenemos hijos con necesidades especiales no sentimos que estén excluidos por el hecho de recibir una educación en atención a sus necesidades. Si los incluyen donde no pueden ser atendidos en atención a sus necesidades sí que habrá exclusión», ha asegurado.

En este sentido, ha defendido que para los niños de educación especial es precisamente esta «la que les permite avanzar en sus competencias, superar sus dificultades, progresar en sus aprendizajes y ser atendidos como merecen».

Para la plataforma, «el futuro de muchos de estos niños se está poniendo en riesgo con la tramitación de la LOMLOE, que apuesta únicamente por la mal denominada educación inclusiva».

«Para nosotros la educación inclusiva es aquella que sirve para incluir, ya que la vida no termina en el periodo escolar. Hay casos en los que la cohabitación en la misma aula va a impedir a muchos menores desarrollar las capacidades que necesitan para desenvolverse en la sociedad de la forma más autónoma posible», ha argumentado.

Morilla ha argumentado la «legítima preocupación» de las familias que defienden la educación especial por dos cuestiones que les tienen «en vilo», como la disposición adicional cuarta, que establece que en el plazo de 10 años los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad y que las administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios, ha explicado. A este respecto, ha agregado que la memoria económica que acompaña a la ley precisa que «no se prevé incremento del gasto».

Por otro lado, ha destacado que el artículo 74 establece que la decisión de escolarización se hará en los términos que determinen las administraciones educativas, siendo los padres escuchados e informados, y que las discrepancias se resolverán teniendo en cuenta el interés superior del menor y la voluntad de las familias, «pero esta última solo en el caso que muestren su preferencia por el régimen más inclusivo no en el caso de que muestren su preferencia por el régimen en educación especial».

«Dice la ley que los profesionales que actualmente atienden a nuestros hijos tendrán que actuar de apoyos a los colegios ordinarios. ¿Pueden explicarnos a las familias y a los profesionales que ya andan con pollo sin cabeza haciendo malabares para atender a estos niños con necesidades específicas cómo va cada profesional de los 480 colegios de educación especial a atender a los más de 28.000 centros docentes?», se ha preguntado.

Morillas ha recalcado que la división sale a unos 60 centros que atender por cada profesional de educación especial, de los que ha dicho que los consideran «casi héroes» pero «el don de la ubicuidad todavía no lo tienen».

Así, ha criticado que la ley no prevé recursos para su aplicación y hace recaer en las comunidades autónomas la responsabilidad de su asignación, lo que a su juicio significa «decremento de recursos para los colegios de educación especial, que ya son todos deficitarios y que atraviesan auténticas penurias, más aún en una situación de pandemia».

REDUCIR A LOS NIÑOS A UNA RATIOS

«No estamos siendo instrumentalizados por nadie. Esto no es un bulo ni una fake news», ha aseverado, para afirmar que es cierto que la ley tiene la intención de reducir el número de niños que hay en la educación especial, bien mediante los dictámenes de educación al final de cada curso o bien asfixiando a estos centros económicamente, «y todo ello con un único objetivo, reducir la ratio».

A este respecto, ha señalado que se pone de modelo a Portugal, que ha reducido la ratio de niños en educación especial al 2 por ciento, pero ha asegurado que las familias portuguesas están «maldiciendo el momento en el que sus hijos fueron reducidos a una ratio».

«La inclusión no debe ser considerada como una moda o un eslogan, incluir no es mezclar niños por decreto de forma indiscriminada», ha sentenciado, al tiempo que ha pedido que no se utilicen «eufemismos» para decir que los centros no se van a cerrar y se van a vaciar, como que «se van a transformar en centros de recursos, se van a reinventar».

Morilla ha puesto en valor, aparte de las adaptaciones necesarias en todos los muebles y elementos del colegio, la actuación interdisciplinar en el aula de fisioterapeutas, logopedas, pedagogos, psicólogos y auxiliares, lo que «es absolutamente fundamental para alcanzar el máximo de su potencial».

Asimismo, ha señalado la importancia, al margen de la adaptación curricular, del «bienestar emocional del menor», que ha cuestionado que pueda garantizarse en un centro ordinario, donde probablemente tenga que estar en clase con niños de edades inferiores o donde no llegan al mismo nivel.

«Me gustaría dejar claro que nuestra petición es que se dote de recursos a ambas modalidades, tanto a la ordinaria como la especial», ha aclarado, para señalar que por eso la plataforma se llama ‘Inclusiva sí, especial también’, «y no especial y únicamente especial, pero nunca, por favor, en detrimento de la ya escasez de ayudas a los centros de educación especial».

En este sentido, ha aseverado que «tal y como está redactada la ley, no ofrece garantías ni para el 83 por ciento del alumnado en educación ordinaria ni para el 17 por ciento en educación especial».

La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo; la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo; el presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz; y el alcalde de la capital cordobesa, José María Bellido, han firmado este viernes el protocolo para la excavación de fosas en los cementerios de La Salud y San Rafael de la ciudad, donde se encuentran los restos de más de 4.000 fusilados.

Dicho acto ha tenido lugar en el Rectorado de la Universidad de Córdoba (UCO), junto a representantes de las asociaciones memorialistas de Andalucía ‘Aremehisa’, ‘Dejadnos llorar’ y el ‘Foro Ciudadano para la Recuperación de la Memoria de Andalucía’ y en presencia también de la delegada del Gobierno en Andalucía, Sandra García; el delegado de la Junta en la provincia, Antonio Repullo; el rector de la UCO, José Carlos Gómez Villamandos; el delegado de Memoria Democrática de Diputación, Ramón Hernández, y el presidente de la Fundación Concordia y Libertad, Adolfo Suárez, entre otros representantes.

Al respecto, Calvo ha valorado el convenio entre las cuatro administraciones públicas que «constituyen la vida del Estado en Andalucía», con el fin de «seguir avanzando en un objetivo que tiene mucho que ver con la dignidad del Estado democrático prestigioso que somos en el mundo y con seguir avanzando, particularmente en materia de memoria democrática, en la identificación y en la devolución de los restos de tantos y tantas víctimas de las que sus familias todavía esperan noticias, recuperación y dignidad para todos», ha resaltado.

En este sentido, la vicepresidenta primera del Ejecutivo ha elogiado «tener un acuerdo común de todas las administraciones públicas para avanzar en un objetivo que una democracia no se puede permitir tener todavía sin resolver», todo ello «más de 40 años después de haber desaparecido la dictadura de nuestras vidas», ha apostillado.

Además, ha apuntado que el convenio tiene que «mucho ver con algunas de las deudas pendientes en algunos de los lugares trágicamente significativos, como es Córdoba, con más de 4.000 personas en dos cementerios, donde seguramente se encontrarán restos mortales de personas de 35 provincias y 15 nacionalidades».

Según ha subrayado, «la mejor concordia es la justicia», dado que «entra en el terreno de la razón y todos podemos estar conformes», a la vez que ha advertido de que «España todavía tiene mucho por hacer», algo que han dicho desde las Naciones Unidas hasta el Consejo de Europa y las Cortes Generales, de ahí que haya defendido «la reparación a las víctimas, las familias», y con ello «dar digna sepultura.

Asimismo, Calvo ha expresado que «no se abre ni se cierra nada, sino que este país camina éticamente a una de sus grandes obligaciones, como ya lo han hecho otras grandes democracias», para lo cual «se requiere disposición política, normas, recursos y perseverancia, porque es un asunto que llevará mucho tiempo», apuntando a «la privacidad de datos y el rigor jurídico», entre otros aspectos.

Entretanto, la vicepresidenta primera del Gobierno ha enfatizado que «aquello no puede volver a ocurrir de ninguna de las maneras, que los españoles no seamos capaces de convivir desde las diferencias ideológicas, religiosas, opción de libertad sexual y decisiones libremente asumidas en el proyecto de vida de cada uno», y «algún día todo esto forme parte de un pasado que esté en paz».

Igualmente, Calvo ha comentado que la próxima semana se celebrará en la Biblioteca Nacional un homenaje al presidente republicano Manuel Azaña, por los 80 años de su fallecimiento, inaugurado por el rey Felipe VI, elogiando que «se rendirá honor a un jefe de Estado que peleó por el mantenimiento del orden constitucional».

INVERSIÓN DE 600.000 EUROS DE LA JUNTA EN EXHUMACIONES

Mientras, la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta ha manifestado que Andalucía es «una comunidad que derramó mucha sangre en aquella época, pero hoy es un ejemplo de unidad y concordia en todo el país», al tiempo que ha aplaudido este «acuerdo de humanidad y concordia tan importante», con el fin de «dejar atrás el odio y el enfrentamiento de las dos Españas.

También, ha declarado que «la memoria democrática tiene que ser la memoria de la concordia», para impulsar «un espacio de encuentro, afecto y esperanza de todos, nunca para enfrentamiento», a lo que ha agregado que «durante todos estos años de democracia se han hecho muchas reparaciones de toda aquella barbarie, con distintas medidas, sobre aquella etapa tan negra».

Sin embargo, Del Pozo ha indicado que «queda algo muy importante y pendiente, la gran asignatura, que ya no es cuestión de política, sino de humanidad, porque todo el mundo tiene derecho a saber dónde están enterrados sus familiares en Andalucía», algo en lo que ha admitido que «queda mucho trabajo por hacer», al haber «más de 700 fosas por abrir» en la región.

Ante ello, ha remarcado que el Gobierno regional destina «el 80% del presupuesto de memoria democrática a exhumaciones e identificaciones genéricas», de modo que «en dos años se han exhumado unos 1.800 cuerpos, de los que unos 340 son víctimas de la Guerra Civil y la postguerra». A tal efecto, para 2021 se ha incorporado en los presupuestos la primera anualidad de un contrato a cuatro años, con 600.000 euros, para «blindar las exhumaciones» en la comunidad.

Además, se ha ampliado en los últimos meses el Inventario de Lugares de Memoria Democrática de Andalucía con la entrada, entre otros emplazamientos, del refugio antiaéreo de Villanueva de Córdoba (Córdoba), que se convirtió en uno de los mayores espacios para protegerse de los bombardeos durante la Guerra Civil, con capacidad para 9.000 personas.

«LA NECESIDAD DE REPARAR»

Por su parte, el presidente de la Diputación ha destacado que «hoy es un día muy importante para Córdoba y Andalucía», así como para «muchas personas que siguen con su sentimiento y reivindicación de justicia», de manera que «se cumple la ley y la normativa» con «la necesidad de reparar a todas las víctimas que por cuestiones de creencias políticas, religiosas, ideológicas u orientación sexual sufrieron la represión de la dictadura».

Al hilo, ha expresado «el compromiso firme» de la Diputación por «actuar en fosas», de hecho ha elogiado que este mandato se ha creado la Delegación de Memoria Democrática «con recursos económicos suficientes para desarrollar el papel que toca y que es una obligación en todos los sentidos», por lo que «se abre un camino de ilusión, justicia y lleno de paz», ha enfatizado.

Y el alcalde de la ciudad ha mostrado su «satisfacción» por que «Córdoba sea una ciudad pionera en reconciliación, concordia y consenso entre todas las administraciones para seguir actuando en algo tan importante y de justicia, como es honrar a las familias y recuperar los restos de las personas que fueron asesinadas en la Guerra Civil» y así «hacer un acto de reparación y cerrar heridas entre todos».

En este sentido, ha abundado en que por parte del Ayuntamiento «el compromiso es firme y así se demuestra» con la firma del convenio, que confía en «un ritmo de ejecución alto y dé lugar a todas las actuaciones que provienen de estudios que ya se iniciaron con anterioridad». Bellido ha felicitado a quienes «durante muchos años han trabajado para que esto sea una realidad».

Como ejemplo, la Coordinadora Andaluza por la Memoria Histórica y Democrática ha celebrado la firma del protocolo de colaboración para la exhumación de las fosas de los cementerios de San Rafael y la Salud de Córdoba. «Es un día muy importante para la Memoria Democrática que una de las mayores fosas de Andalucía se pueda exhumar gracias al compromiso y apoyo de todas las instituciones», ha destacado ladelegada de la Coordinadora en Córdoba, Mar Téllez.