El Hospital Enfermera Isabel Zendal ha entrado en funcionamiento este viernes con la llegada de la primera paciente, una mujer de 63 años derivada de las urgencias del Hospital Gregorio Marañón con neumonía por Covid-19, cuyo pronóstico es estable.

Según ha informado la Comunidad de Madrid en un comunicado, la primera paciente del nuevo hospital de pandemias inaugurado por la presidenta del Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso, el pasado martes 1 de diciembre, ha ingresado a las 14.15 horas de este viernes, 11 de diciembre, en el pabellón 2.

Los pacientes que vayan a ingresar serán derivados de las urgencias de hospitales del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). A su llegada, serán recibidos por un equipo de admisión e ingresarán en el pabellón número 2 del Hospital, en la zona de la Puerta de Alcalá, en un espacio habilitado con 48 camas y 4 puestos de UCI.

Por su parte, un total de 106 profesionales del SERMAS, que han querido incorporarse a trabajar a este hospital, ya se encuentran prestando atención. Las plantillas se completarán progresivamente con los 11.324 contratos de refuerzo que la Consejeria de Sanidad ha renovado hasta el 30 de junio de 2021, por la actual situación de pandemia, que incluyen 1.067 facultativos, 5.063 profesionales de Enfermería y 3.274 técnicos en cuidados auxiliares de Enfermería.

ADSCRITOS AL NUEVO HOSPITAL

En este sentido, además de los 106 profesionales que han solicitado su traslado voluntario, ya se han adscrito al hospital los siguientes profesionales contratados como refuerzo para la pandemia Covid-19: 22 celadores, cuatro auxiliares administrativos, un auxiliar de Farmacia, cinco técnicos superiores especialistas en Radiodiagnóstico, un facultativo especialista en Medicina de Trabajo y un técnico superior de Prevención de Riesgos laborales.

El hospital, construido en 100 días, cuenta con una capacidad total de 1.008 camas de hospitalización organizadas modularmente en torno a controles de enfermería y 48 puestos de UCI, 16 de cuidados intensivos y 32 de cuidados intermedios, es decir un total de 1.056 camas.

Este nuevo recurso, que permitirá liberar al resto de hospitales de la red pública de carga asistencial por coronavirus, asumirá el grueso de la carga asistencial de hospitalizaciones en planta, con las condiciones que requieren las personas que padecen Covid-19.

Pare ello, cuenta con la tecnología más avanzada para que las personas que ingresen en él reciban una atención efectiva a través de unos «cuidados de calidad, cercanos, integrales y humanizados».

Desde el punto de vista de Salud Pública, «es más racional y operativo mantener agrupados a todos los pacientes infectados por Covid-19 que requieren de hospitalización», ha señalado la Comunidad. «Se evitan así potenciales contagios de otros pacientes y profesionales durante la hospitalización, incluyendo los que se atribuyen a las visitas hospitalarias», ha explicado.

La profesora y representante de la Plataforma ‘Refuerzo Covid’, Ester García, ha advertido que 20.000 alumnos perderán el curso si no se renuevan a los 1.117 profesores de apoyo para atender a los alumnos con desfase curricular a causa de la suspensión de la actividad educativa presencial durante el confinamiento, cuyos contratos finalizan el 22 de diciembre.

Asimismo, en una comparecencia ante la Comisión de Educación de la Asamblea de Madrid, ha asegurado que con 1.117 docentes menos en los centros educativos «no se puede garantizar una vuelta al cole segura después de las vacaciones de Navidad».

Por otro lado, ha recalcado que Madrid es «la única comunidad que elimina este refuerzo, lo que genera un agravio comparativo para con el alumnado del resto de comunidades».

La portavoz de la plataforma, que ha destacado que no son un movimiento político, ha afirmado que la no renovación del refuerzo Covid «implica un descalabro a nivel educativo pero también a nivel laboral».

«Aunque nos preocupe nuestro futuro laboral no estamos aquí por esa razón, no principalmente, estamos aquí porque llevamos seis meses en las aulas y sabemos lo que implican nuestros despidos», ha recalcado.

La ponente ha explicado que el trimestre «no ha sido del todo real», ya que los profesores del refuerzo Covid empezaron a llegar a los centros a mediados de septiembre y siguieron llegando hasta bien entrado noviembre, y además la mayoría, más de la mitad, trabaja media jornada, por lo que van dos días y medio al centro.

Asimismo, ha relatado que al llegar a los centros se encontraron que sus perfiles eran nuevos y no estaban claramente definidos, y los centros tuvieron que actuar conforme a sus necesidades y posibilidades.

Igualmente, ha señalado que en «muchos casos» han tenido que hacer las tareas de los docentes que faltaban en los centros para desdobles o para sustituciones, sin poder dedicarse a la que tenían encomendada.

García ha recalcado que los niños han estado seis meses sin ir a clase, y que, como le dijo uno de sus alumnos de 10 años en matemáticas, han vuelto a las aulas sin acordarse «ni de cómo se coge el lápiz».

A este respecto, ha señalado que los resultados de las evaluaciones iniciales ponen de manifiesto que «no solo no se habían asentado los contenidos del último trimestre sino que se habían olvidado muchos de los trabajados anteriormente de manera presencial».

«Y es que hay un aspecto importante, que no se ha perdido un trimestre cualquiera, se ha perdido el último trimestre del curso, que enlaza con las vacaciones de verano», ha constatado.

En la misma línea, tras recalcar que un curso normal, sin confinamiento, ya es difícil volver a la rutina después de tres meses de vacaciones, ha lamentado que ahora que tienen «esa parte actitudinal», que tienen «la base», les echan.

También se ha referido a los grupos mixtos que se han creado con alumnos de distintos cursos, en las que los alumnos de cada curso ven contenidos distintos, para recalcar que sin los refuerzos sería «imposible asegurar una educación de calidad en estas condiciones».

En cuanto al gasto que supondría su renovación hasta final de curso, que ha cifrado en 18 millones si todos tuvieran jornada completa, ha señalado que «es una inversión de futuro».

Por otro lado, ha recordado que el consejero de Educación, Enrique Ossorio, se comprometió a mantenerles mientras la situación educativa y sanitaria lo requiriese, y ha aseverado que «la situación educativa y sanitaria lo requiere».

«Que nos quedemos no es una petición solo de refuerzos Covid, lo pide toda la comunidad educativa, lo pide el alumnado, lo piden los docentes de las plantillas estables, lo piden los equipos directivos, lo piden las familias de manera individual y a través de las AMPA y de la FAPA (Francisco Giner de los Ríos), lo piden todos los sindicatos», ha señalado, para agregar que también lo ha pedido la Asamblea, por lo que «debe hacerse porque es un mandato democrático, porque representa la voluntad de la sociedad madrileña y porque es la única manera de que más de 20.000 alumnos no pierdan el curso».

Por su parte, el portavoz de Unidas Podemos, Jacinto Morano, ha calificado de «inadmisible» que la Consejería de Educación argumente que la PNL aprobada por la Asamblea la semana pasada con los votos a favor de PSOE, Más Madrid y Unidad Podemos y las abstenciones de PP, Cs y Vox, «dice que hay que mantener a todos y no a los 1.117», y ha destaco que «todos son todos».

«Si despides a uno solo no estás cumpliendo una PNL que dice que hay que mantener a todos», ha aseverado, para pedir al consejero que no ponga «excusas de mal pagador» y que diga si va a cumplir o no la PNL.

En la misma línea, el diputado de Más Madrid Antonio Sánchez ha afirmado que «lo que está ocurriendo es una cosa muy grave», para señalar que el no cumplir la PNL «es convertir esta cámara en menos que nada».

Además, ha constatado que en la Comunidad de Madrid hay «un problema histórico de ratios», y que la pandemia «ha cogido a todos y a todas por sorpresa, pero coge por sorpresa sobre todo a quienes más lo necesitan, ampliando una brecha que puede perseguirnos durante generaciones si no se corrige».

La portavoz del PSOE, Isabel Aymerich, ha denunciado que «el Gobierno regional no se siente vinculado con las iniciativas que aprueba esta Cámara», al tiempo que ha subrayado su preocupación por la situación en los centros después de las vacaciones de navidad si no se renuevan los refuerzos, ya que un nuevo brote de Covid «podría traer como consecuencia nuevos confinamientos de alumnos que volverían a entrar en desfase curricular y por tanto precisarían de su atención».

En este punto, ha criticado las «contradicciones tan flagrantes» del Gobierno regional, que «dice que no hace falta refuerzo Covid porque esto está más que superado» mientras construye un hospital de pandemias.

La portavoz de Vox, Alicia Rubio, ha abogado por «revisar la necesariedad de los puestos», y ha manifestado que lo que le preocupa es que «al final en esta batalla lo importante no sean los niños».

«El dinero público es una manta, si se tira de un sitio naturalmente se desatiende otro sitio», ha señalado, para agregar que si son necesarios estarán «totalmente de acuerdo con su renovación».

CIUDADANOS INSTA A ENCONTRAR UNA SOLUCIÓN

Por parte de Cs, Eva Bailén ha dicho que «la cuestión no es si son necesarios o no», ya que no cree que «nadie lo cuestione», y ha recordado que «la pandemia aún no ha pasado», al tiempo que ha reconocido que un trimestre no es suficiente para recuperar, por lo que ha dicho que confía en que la Consejería de Educación «encuentre una solución».

Desde el PP, Pedro Corral, ha señalado que hay un plan de refuerzo para todo el curso dotado con 23,4 millones de euros, por lo que confía en que esos 20.000 alumnos no pierdan el curso.

En cuanto a la PNL, ha criticado que «vino a aportar más confusión de modo premeditado al generalizar la situación del profesorado de refuerzo para el primer trimestre con la de los profesores contratados hasta final de curso para garantizar los desdoblamientos y la reducción de ratios por motivos sanitarios», al tiempo que también ha criticado que se confunda el refuerzo de la concertada, los 119 profesores que acaban también su contrato en este trimestre, con los que se van a mantener por desdoblamiento.

Corral ha señalado que la Comunidad de Madrid se comprometió a contratar a más de 10.000 docentes y ha hecho más de 20.000 contrataciones, y que a día de hoy cuenta con 60.200, que «es el mayor récord en la Educación pública de la Comunidad de Madrid», mientras «ninguna comunidad autónoma ha hecho un esfuerzo similar», ya que «Madrid lidera las cifras de contratación de profesorado en España», al aglutinar más del 35 por ciento de los profesores que se han contratado en España».

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha confirmado las penas de 16 años y medio y 15 años y medio de prisión a dos jóvenes al haberse acreditado que, junto a tres menores, agredieron sexualmente y causaron lesiones a una joven de 16 años en el portal de un inmueble de Jaén capital donde la introdujeron por la fuerza, en la tarde del 2 de marzo de 2018.

El caso fue juzgado por la Audiencia de Jaén en julio de 2019. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la confirmó en febrero de este año y ahora se ha pronunciado el Supremo con lo que la condena ya es firme y no cabe posibilidad de más recursos.

Según se ha informado desde el Supremo, la sala ha desestimado los recursos de casación planteados por los dos condenados, de 24 y 20 años, contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que, al igual que la Audiencia Provincial de Jaén, les consideró autores de un delito continuado de agresión sexual y otro de lesiones.

Además de la pena de prisión, les impuso diez años de libertad vigilada tras su salida de la cárcel, veinticinco años de prohibición de acercamiento y comunicación con la víctima, y el pago, en concepto de responsabilidad civil por parte de los dos, de una indemnización de 62.675 euros a la víctima por los daños morales, las secuelas y los días que tardó en recuperarse de las lesiones. Por su parte, los tres menores que también participaron en la agresión fueron juzgados y condenados por la jurisdicción de Menores.

Los hechos ocurrieron a las 17,40 horas de la tarde cuando entre los cinco rodearon a la víctima, que se dirigía a su domicilio, y tras decirle «te vamos a demostrar lo que es bueno», la introdujeron a la fuerza y en contra de su voluntad en un portal de un inmueble, que en aquellos momentos estaba abierto, donde cometieron los hechos que han motivado sus condenas.

Los procesados, al oír el ruido de una puerta de uno de los pisos del inmueble, abandonaron precipitadamente el lugar dejando a la víctima tirada en el suelo, propinándole uno de los que había participado en los hechos, antes de irse, una fuerte patada en el vientre.

El Supremo concluye que existe prueba de cargo suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia de los acusados, aunque negaran en juicio su presencia en el lugar y momento de los hechos, intentando ofrecer una coartada.

En este sentido, afirma que esta prueba de cargo, consistente en la declaración inculpatoria de la víctima y en los reconocimientos en rueda practicados, se encuentra perfectamente razonada, y señala que su testimonio cumple los requisitos jurisprudenciales de credibilidad, verosimilitud y persistencia incriminatoria.

Añade que el contraste entre la declaración e identificación de la víctima y la debilidad de la coartada o contraindicio aportado por un acusado permite otorgar mayor verosimilitud a la primera e impide apreciar la concurrencia de un error en la valoración de la prueba.

Asimismo, señala que no existe, según la sentencia recurrida, factor alguno que permita dudar de la identificación visual que la testigo hizo del acusado en la rueda de reconocimiento y que luego fue ratificada en el juicio oral y sometida a juicio contradictorio.

La sala explica que para el tribunal de apelación, al igual que el sentenciador, su testimonio ha sido consistente, mantenido en el tiempo, sin contradicciones ni ambigüedades, persistente y homogéneo; no apreciando la existencia de móviles espurios o circunstancias personales en la menor que permitan al Tribunal dudar de su declaración, así como la verosimilitud de ese testimonio, que se califica de coherente y siempre coincidente en los aspectos más esenciales de los hechos relatados en todas las sucesivas ocasiones que ha tenido que declarar.

A este respecto, no aprecia ninguna desviación lógica o irrazonabilidad en la conclusión que extrae la sentencia recurrida de los reconocimientos, ya que en la misma se hace constar que el reconocimiento de un acusado se llevó a cabo de forma inequívoca, sin margen de duda alguno, a lo que añade que tuvo lugar no solo en Comisaría, sino también durante la instrucción, y en el plenario.

Además, agrega que «la víctima no tiene motivos espurios para formular denuncia y reconocer al acusado, añadiendo el Tribunal que la testigo hace un relato de los hechos y responde a las preguntas que le hicieron las partes en el juicio, con sobriedad, minuciosidad y madurez, lo que abunda en la fiabilidad de su testimonio también sobre la identidad de los autores».

La sentencia, ponencia de la magistrada Susana Polo, subraya la fiabilidad del reconocimiento que se ve reforzada por el hecho de que durante aproximadamente diez o quince minutos a una situación tan angustiosa e impactante, es razonable considerar que los rasgos de los agresores quedan marcados en su recuerdo de manera «particularmente nítida».

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, ha dicho este viernes que «el PSOE tiene que recurrir a los fondos europeos para regenerar el Mar Menor al dejarlo fuera de los Presupuestos Generales del Estado (PGE)», informaron fuentes del partido en un comunicado.

«Hoy Diego Conesa –el líder de los socialistas murcianos– ha confirmado que el Gobierno de Sánchez ha dejado fuera de los PGE la regeneración del Mar Menor cuando tiene que recurrir a los fondos europeos para justificar la inacción y dejación de funciones», ha afirmado Segado.

Según el parlamentario ‘popular’, «Conesa debería esforzarse en evitar que Sánchez, con su sectarismo, castigue a la Región en el reparto del Fondo de Reconstrucción europeo».

Además, se ha referido a la regeneración de la Bahía de Portmán, «otro proyecto enterrado por los socialistas que ahora quieren recuperar después de paralizarlo y recortarle el presupuesto».

Es lamentable que el PSOE quiera tapar el ninguneo a la Región en los PGE utilizando el dinero que vendrá de Europa, lo que corrobora las denuncias públicas que hemos hecho desde el Partido Popular», ha subrayado.

Segado ha instado al secretario general de los socialistas murcianos a que «se esfuerce por evitar que Sánchez, con su habitual sectarismo, vuelva a castigar a la Región de Murcia, en esta ocasión, en el reparto del Fondo de Reconstrucción europeo».

«Desde el PP nos tememos que si la distribución de los 140.000 millones de euros que mandarán Europa depende de lo que decidan Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, los ciudadanos de la Región volveremos a ser los más perjudicados», ha manifestado el dirigente ‘popular’, quien ha reiterado su petición a Conesa para que «por una vez sea útil a la Región y exija al gobierno de España un trato justo».

Asimismo, ha pedido que sea «un comité independiente el que valore los propuestas de las comunidades autónomas», ya que, según sus palabras, «si van a primar los intereses políticos sabemos de antemano que el Gobierno de España marginará a los murcianos, como hace habitualmente».

«Nos jugamos mucho en el reparto del Fondo de Reconstrucción procedente de Europa» ha afirmado Segado, tras lo que ha añadido que «el Gobierno regional está trabajando para presentar proyectos que contribuirá al relanzamiento económico y la transformación de la Región de Murcia».

Un total de 595 trabajadores fallecieron en accidente laboral hasta octubre, 17 más que en el mismo periodo de 2019, lo que implica un aumento en valores relativos del 21,2%, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social publicados este viernes.

De estos fallecimientos, 502 se produjeron durante la jornada de trabajo, 53 más que hasta octubre de 2019, lo que supone un aumento porcentual del 11,8%. Los 93 accidentes mortales restantes registrados hasta el décimo mes del año fueron siniestros ‘in itínere’ (los que se producen en el trayecto de casa al trabajo y viceversa), 36 menos que en el mismo periodo del año pasado.

El dato de mortales incluye los 19 accidentes mortales reconocidos por Covid-19, que corresponden a las siguientes comunidades autónomas y provincias: 4 en Andalucía (1 en Granada, 2 en Jaén y 1 en Sevilla), 1 en Aragón (en Zaragoza), 8 en Castilla-La Mancha (1 en Albacete, 4 en Ciudad Real, 1 en Cuenca y 2 en Toledo), 2 en Castilla y León (ambos en Salamanca), 1 en Cataluña (en Barcelona) y 3 en Madrid.

En conjunto, hasta octubre se contabilizaron 397.019 accidentes laborales con baja, lo que supone un descenso del 26% respecto al número de siniestros del mismo mes de 2019.

Del total de siniestros, 350.642 accidentes se registraron en el lugar de trabajo y 46.377 fueron siniestros ‘in itínere’. Los primeros cayeron un 26,6%, mientras que los segundos lo hicieron en un 34,8% respecto al mismo periodo del año pasado. Los accidentes leves con baja en el puesto de trabajo de los asalariados sumaron 347.230 hasta octubre, un 24,7% menos, y los graves fueron 2.910, un 19,3% menos que a un año antes.

En el caso de los siniestros ‘in itínere’ se registraron 45.625 accidentes de carácter leve (-34,9%) y 659 de gravedad (-25%).

MÁS DE 24.700 ACCIDENTES DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS

La estadística distingue entre accidentes laborales de asalariados y de trabajadores por cuenta propia. De los 397.019 siniestros con baja registrados hasta octubre, 372.243 los sufrieron asalariados (-26,7%) y 24.776 correspondieron a trabajadores autónomos (-13,7%).

Desde el 1 de enero de 2019 la cobertura específica de la Seguridad Social por accidente laboral en el caso de trabajadores autónomos pasó a ser obligatoria con carácter general, mientras que en 2018 era mayoritariamente voluntaria y solo alcanzaba a cerca de un 20% de los autónomos.

Entre los accidentes de asalariados contabilizados en el décimo mes del año, un total de 327.400 se produjeron estando en el puesto de trabajo, un 25,4% menos que hasta octubre de 2019, mientras que 44.843 fueron siniestros ‘in itínere’, cifra que también es un 35,1% menos que la del año anterior.

Los accidentes leves de asalariados con baja en el puesto de trabajo sumaron 324.619 hasta octubre de 2020, un 25,4% menos, y los graves alcanzaron los 2.338, un 20,6% menos que en el mismo mes del año anterior.

En el caso de los siniestros ‘in itínere’, los trabajadores asalariados registraron 44.152 accidentes de carácter leve (-35,3%) y 605 de gravedad (-24,9%).

Por su parte, de los 24.776 accidentes que sufrieron los trabajadores autónomos hasta el décimo mes del año, 23.242 (-13%) se produjeron en el puesto de trabajo y 1.534 (-23,5%) fueron siniestros ‘in itínere’.

La estadística también revela que además se notificaron 429.280 accidentes laborales sin baja, un 29,6% menos que en igual mes de 2019.

BAJAS LABORALES POR COVID

En la estadística de este mes se han vuelto a incluir los accidentes que han causado baja en el periodo de referencia, recepcionados por la Autoridad Laboral Provincial, aunque se trata todavía de datos provisionales. Hasta octubre, la estadística recoge que un total de 4.817 personas estuvieron de baja por coronavirus. De estos, 4.785 fueron leves, 13 grave y 19 mortales.

Por otro lado, Trabajo ha publicado el avance también de los datos desagregados por mes de la fecha de baja y los ha comparado con el mismo periodo del año anterior. En marzo, ha diferenciado dos periodos, uno anterior a la declaración del estado de alarma (días 1 a 13 de marzo) y otro posterior (días 14 a 31 de marzo).

Concretamente, entre el 1 y el 13 de marzo, un total de 21.768 personas se dieron de baja por accidente laboral (+6,8%). En el caso del 14 al 31 de marzo, la cifra ascendió a 11.536 personas (-56,7%). En abril fueron 16.350 accidentes (-61,3%), en mayo 27.152 (-46,2%), en junio 35.618 (-23,6%), en julio 40.344 (-22,8%), en agosto 34.431 (-15,4%), en septiembre 39.057 (-18%) y en octubre 34.507 (-24,2%).

Teniendo en cuenta los accidentes ‘in itínere’, en el primer periodo se registraron 3.141 accidentes (-1,2%) y 1.210 en el segundo (-70,6%), situándose en abril en 1.718 (-74,3%), en mayo en 2.857 (-62,8%), en junio en 4.250 (-40,1%), en julio 5.019 (32,8%), en agosto 3.965 (29,5%), en septiembre 5.163 (29,1%) y en octubre 4.833 (37,3%).

Entre el 1 y el 13 de marzo se produjeron 30 accidentes mortales en la jornada de trabajo (+87,5%) y entre el 14 y el 31, la cifra ascendió a 46 personas (+119%), mientras que en abril fueron 39 (0%), en mayo 42 (-20,8%), en junio 55 (+44,7%), en julio 49 (-23,4%), en agosto 42 (-4,5%), en septiembre 51 (+10,9%) y en octubre 33 (-32,7%).

En el caso de los accidentes mortales ‘in itínere’, estos totalizaron en 6 tanto en el primer periodo analizado de marzo como en el segundo, lo que supuso un incremento del 100% en comparación con el periodo comprendido entre el 1 y el 13 de marzo de 2019, pero un descenso del 14,3% en comparación con los días que van del 14 al 31 de marzo del año anterior.

En abril también fueron seis los accidentes mortales ‘in itínere’, la mitad que el año pasado (-53,8%), en tanto que en mayo subieron a 7 (-41,7%), en junio fueron 4 (-55,6%), en julio 11 (-47,6%), en agosto 4 (-66,7%), en septiembre 13 (-23,5%) y en octubre 6 (-50%).

UGT ABRIR LA MESA DEL DIÁLOGO SOCIAL SOBRE SINIESTRALIDAD

UGT ha denunciado el «aumento alarmante de los accidentes mortales durante la jornada laboral en los diez primeros meses del año» y ha insistido en la necesidad de abrir la mesa del diálogo social sobre siniestralidad para acabar con esta «lacra».

Asimismo, ve imprescindible articular un plan de choque contra la siniestralidad laboral de forma «inmediata», ya que cree que el constante aumento de las muertes en el trabajo es «altamente preocupante» y piensa que debe ser abordado «urgentemente».

También piensa que en el plan de choque no puede faltar la reducción de la incidencia de los riesgos psicosociales entre la población trabajadora, ya que «la primera causa de muerte durante la jornada laboral son los infartos y los derrames cerebrales, patologías asociadas a este tipo de riesgos laborales».

El Rey Felipe VI presidirá el 17 de diciembre la inauguración de la exposición «Azaña: intelectual y estadista. A los ochenta años de su fallecimiento en el exilio», que es el hito principal del programa conmemorativo preparado por el Gobierno.

La exposición a aloja la Biblioteca Nacional, que ha explicado que pretende dar una «imagen completa» del que fuera presidente de la Segunda República, en sus dimensiones «humana, intelectual y política».

Quiere, así, subrayar, junto a su labor política, «su condición de intelectual de prestigio, así como las duras condiciones de su exilio, que concluyó con su fallecimiento en la ciudad francesa de Montauban, donde su recuerdo sigue presente ochenta años después».

La exposición sigue una secuencia cronológica su infancia y juventud en Alcalá, su posterior desarrollo en Madrid, la exposición se adentra en tres etapas cruciales de la historia de España: la Segunda República, la Guerra Civil y el exilio. En la muestra se exhibirán unas doscientas obras procedentes tanto de la BNE como de otras instituciones españolas y extranjeras y se han rescatado fotografías y vídeos, muy poco conocidos.

En la exposición estará la mesa en la que Azaña firmó su renuncia como presidente de la República, donada al Estado español por los descendiente de la familia que le acogió en los primeros meses de su exilio en Francia. La mesa la recibió en Francia la anterior secretaria de Estado de España Global, Irene Lozano, en julio de 2019 y el actual, Manuel Muñiz, acudirá este martes para la su llegada a la Biblioteca.

Desde mediados de noviembre, el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, a través de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y la colaboración de Acción Cultural Española, ha puesto en marcha todo un programa de actos para conmemorar el aniversario, que se extenderá hasta primavera, y que incluirá exposiciones, varios coloquios y diferentes actividades de música, teatro, danza o cine.

También el Congreso rindió homenaje al fallecido presidente, pero con la ausencia de Vox, que lo interpretó como un «ataque a la Corona» y al «sistema del 78».

La próxima semana el Rey tiene también en agenda la inauguración del monumento en memoria de los sanitarios fallecidos por la pandemia (el viernes 18), junto con la Reina, con la que también acudirá a conocer un proyecto de Cáristas de asistencia a domicilio de mayores solos.

Además, presidirá la entrega de los XVII Premios de la Fundación Víctimas del Terrorismo y de los Premios Empresariales CEIM 2020, participará en el patronato de la Fundación Pro Real Academia Española y visitará el Ala 23 de la base aérea de Talavera la Real (Badajoz).

Estrategias de salud pública y la tecnología serán claves para la reconstrucción según el consejero delegado de DKV Seguros, Josep Santacreu, y el presidente ejecutivo de Konecta y presidente de la Fundación Konecta, José María Pacheco, reunidos en el último encuentro de #LíderesResponsables, impulsado por Fundación SERES.

Esta iniciativa se enmarca en #SERESResponsables, punto de encuentro de necesidades y ofrecimientos en medio de la emergencia sanitaria y crisis económica y que implica a diferentes agentes (empresas, emprendedores sociales, ONG, líderes, etc).

El presidente de la Fundación SERES, Francisco Román, ha abierto la sesión afirmando «hoy celebramos la vigésima edición de LíderesResponsables, 40 líderes que han pasado por este foro porque en SERES decidimos juntarnos para aprender, compartir y estas conversaciones nos están ayudando a reflexionar sobre cómo liderar la reconstrucción con propósito, valorar los pasos de gigante que estamos dando en estos meses y todos los retos que nos quedan por afrontarpara no dejar a nadie atrás».

Santacreu ha afirmado que «la salud es la gran riqueza y debemos abordar las cosas a futuro dando importancia a lo que la tiene: cuidar el entorno en sentido amplio y la salud poblacional. No olvidemos que esta pandemia nace por estresar los ecosistemas naturales. Una de las conclusiones de esta crisis será la importancia que daremos y cuánto invertiremos en la salud pública. El segundo aprendizaje de esta crisis es que buena parte de la salud tradicional se reconvertirá a una atención digital. Gran parte del seguimiento de nuestra salud será virtual y menos visitas presenciales –más esporádicas y de más calidad–«.

Por su parte, Pacheco ha comentado que durante la pandemia la importancia de las empresas tecnológicas ha sido decisiva. «Esto nos ha enseñado lo vulnerable que es el ser humano, pero también lo resilientes que vamos a ser. La tecnología ha sido fundamental en esta pandemia y no sé qué hubiera ocurrido si esto nos hubiese pasado hace 30 años. Nosotros hemos tenido que trabajar a diario, y dar servicios esenciales a la sociedad. Y todo esto se ha hecho por teletrabajo y lo ha permitido la tecnología. Hace años no hubiera sido posible. El tener 55.000 personas trabajando en el mundo te demuestra la importancia de la tecnología, la gestión de datos, el big data y todas las tendencias a futuro», ha aseverado.

Por otro lado, Santacreu ha querido poner de relieve al mencionar cómo se ha transformado el sector asegurador que «ha sido una cura de humildad, porque nos hemos sentido frágiles. Los parámetros previos a la crisis ya no sirven. Cuando teníamos todas las respuestas, nos han cambiado las preguntas. El sector asegurador ha de adaptarse a las nuevas premisas: nuestra sociedad quiere tener seguridad en lo fundamental».

Ha añadido que «nos hemos puesto al lado de clientes, escuchando sus necesidades y dando respuestas en la medida de lo posible. En la mayoría de las compañías de seguros están excluida pandemias y desastres naturales; aunque no teníamos cubierta la pandemia hemos asegurado a todos nuestros clientes. Ahora estamos ofreciendo test PCR y deantígenos a los que está justificado».

Mientras, Pacheco ha mostrado su preocupación por el impacto de la pandemia «en las pymes que están sufriendo mucho con el impacto económico y éste es un país con un porcentaje muy alto de este tipo de empresas. Por otro lado, con la pandemia se ha perdido casi un año en educación. Y en educación y en empleo los que más sufren son los que menos tienen. Vemos aquí y en Latinoamérica que la brecha se ha aumentado».

Uno de los problemas es la enorme marginalidad que se está creando y será necesario un esfuerzo adicional para ayudar sobre todo a aquellas clases marginales a salir de la pandemia junto con el gobierno. En España existe también una crisis institucional de valores de lo que representan las instituciones. Esto requerirá un esfuerzo colectivo entre sociedad civil privada y empresas para minimizar el impacto de la COVID-19 en los colectivos especialmente desfavorecidos», ha aseverado.

Santacreu ha reflexionado también sobre el liderazgo responsable y ha destacado que «no podemos perder la visión a largo plazo ni de la dualidad: escuchar y cuidar. Han cambiado los sentimientos, las necesidades de todos nuestros grupos de interés y debemos escucharlos de otra manera. Nos hemos de reinventar, hemos de crear una organización basada en el esfuerzo. Las personas que estamos al frente necesitamos desarrollar nuevas habilidades: la cabeza para gestionar la agenda, el corazón para cuidar a la persona en el sentido más estricto y las manos para dar una respuesta ágil, no dejar de innovar y preparar el futuro».

Según Pacheco «la palabra liderazgo no ha cambiado por la pandemia. El líder tiene que seguir siendo ahora más que nunca un líder humano, ejemplar y con sentido común. La importancia para nosotros de la cuenta de resultados es vital, pero no solo con el fin de ganar dinero. Una gran compañía crea una gran riqueza para la sociedad. El líder debe tener también cuenta la situación actual en que nos encontramos y no va a cambiar en cuanto a su criterio de ética, de responsabilidady dar ejemplo más que nunca».

La Confederación Autismo España ha organizado, en colaboración con la Fundación Reina Sofía, la Conferencia Estatal sobre Educación, Formación y trastorno del espectro del autismo (TEA), que en esta edición ha estado centrada en el impacto que ha tenido la pandemia en la educación del alumnado con TEA y en donde en mensaje más generalizado ha sido la petición de más apoyo, inversión e innovación para este colectivo en el sistema educativo español.

Tal y como señala la confederación, la supresión de las clases presenciales durante el confinamiento afectó de manera «muy negativa» a los estudiantes con autismo que ya de por sí son «vulnerables ante las limitaciones que el sistema educativo venía presentando» para garantizar la especialización y los apoyos que necesitan.

Más de 500 personas, fundamentalmente, profesionales del ámbito de la enseñanza, han participado en estas jornadas, que se han celebrado entre el 26 de noviembre y el 10 de diciembre y que han estado presididas la Reina Doña Sofía. Además, fue inaugurada por el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana.

El representante del Gobierno ha destacó el compromiso del mismo para conseguir «la máxima inclusión posible de todas las personas y ofrecer el máximo de posibilidades al menor». Asimismo, insistió, en relación a la reciente aprobación de la LOMLOE, en que los centros de educación especial son una opción educativa elegida por parte del alumnado con discapacidad y que no se prevé su cierre.

Sobre las conclusiones más destacadas de las jornadas, la organización ha señalado que se puso de manifiesto que el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, como el alumnado con TEA, es especialmente vulnerable y que la falta de apoyos puede excluirles del sistema educativo, impactando en su desarrollo y aprendizaje.

También que la mayoría del profesorado y profesionales educativos han hecho un gran esfuerzo de ajuste y adaptación, sin disponer de los medios necesarios y la formación adecuada, y que las familias han sido el principal apoyo educativo que han tenido los y las alumnas con TEA durante estos meses.

Sobre la situación de este colectivo durante la etapa más dura del Covid19 se avanzaron resultados de diferentes investigaciones internacionales, así como metodologías prácticas para adaptar la el curriculum y los requerimientos de la educación universitaria en el caso del alumnado con autismo.

En este sentido, se ha señalado la necesidad de garantizar la accesibilidad y la comprensibilidad de los contenidos académicos, así como la importancia de los apoyos dirigidos a la gestión del estudio o de las actividades académicas.

Precisamente, en la última jornada de esta conferencia, se han facilitado recursos y metodologías para mejorar el aprendizaje de los estudiantes con autismo ante un escenario de educación virtual, a través de las directrices del doctor Raúl Santiago Campión, de la Universidad de la Rioja; Lupe Montero, experta en tecnologías y TEA; y el psicólogo infantojuvenil especializado en TEA y nuevas tecnologías, Álex Escolà.

El Tribunal Supremo ha acordado inadmitir el recurso de casación planteado por Foro de Izquierdas-Los Verdes y Adeco Ecologistas en Acción contra la Autorización Previa de la planta de concentrados como instalación radiactiva en Retortillo concedida a Berkeley Minera España, según ha informado la entidad promotora de la explotación de la mina en la provincia de Salamanca.

De este modo, tal y como ha reseñado la compañía minera en la información facilitada a Europa Press, «el Tribunal Supremo ha confirmado todos los extremos de la sentencia de la Audiencia Nacional y, por tanto, ha confirmado la legalidad de la Autorización Previa de la empresa minera, que es ya firme».

Berkeley ha explicado que se trata de la autorización cuya renovación fue «avalada por el informe favorable emitido por el Consejo de Seguridad Nuclear el pasado mes de julio».

A este respecto, ha apuntado que la Audiencia Nacional ya resolvió en septiembre de 2019 desestimar el recurso contencioso interpuesto por los ecologistas contra la Autorización Previa como instalación radiactiva otorgada a Berkeley para su planta de concentrados de uranio.

En aquel momento, «además de resolver sobre la falta de legitimación del partido político para interponer este tipo de recursos, la Audiencia desechó todos los motivos, fundamentalmente de carácter medioambiental, esgrimidos por los ecologistas, confirmando la legalidad de la autorización, y estipuló que los argumentos alegados eran juicios de valor que no aportaban justificación técnica», ha añadido.

Para Berkeley Minera España, esta confirmación del Tribunal Supremo de la Autorización Previa «choca con las solicitudes de determinados grupos ecologistas y asociaciones profesionales, incluso dentro del propio CSN, en las que se pide que se anulen los permisos otorgados».

Desde la compañía han asegurado en la nota de prensa que «todos estos permisos» se han otorgado «conforme a la normativa vigente» y que «todos y cada uno de los procedimientos judiciales iniciados por los grupos ecologistas ha tenido sentencias favorables a los permisos ya otorgados».

FRANCISCO BELLÓN

El presidente de Berkeley Minera España, Francisco Bellón, ha manifestado: «todo lo aportado por los grupos ecologistas ha sido manifiestamente insuficiente para desvirtuar el cúmulo de informes de órganos e instituciones que han intervenido en el procedimiento de la autorización y ahora lo ratifica de forma firme el Tribunal Supremo».

Finalmente, Berkeley Minera España ha reseñado que dispone ya de «más de 120 permisos e informes favorables» y que «sigue colaborando con las autoridades competentes para avanzar en el proceso de aprobación de la mina de Retortillo (Salamanca)», sobre la que confía en que el expediente para «la única autorización que queda pendiente» sea resuelto «en un futuro próximo».

La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, María Tardón, ha sido nombrada asesora confidencial titular en el ámbito de la Audiencia Nacional, un cargo en cuyas funciones se encuentra la solución de quejas o denuncias relacionadas con acoso o violencia en el ámbito profesional.

Así consta en el acta del acuerdo de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional firmado el pasado 30 de noviembre, recogida por Europa Press, en el que se designa a la magistrada para este cargo previsto en el artículo 7 del Protocolo de actuación frente al acoso sexual, al acoso por razón de sexo, al acoso discriminatorio y frente a todas las formas de acoso y violencia en la Carrera Judicial, acordado en 2016 por la Comisión Permanente del Consejo del Poder Judicial (CGPJ).

Dicho protocolo explica que el asesor o asesora confidencial es el encargado de tramitar el procedimiento informal de solución en caso de que se presente una queja o una denuncia de acoso o violencia en el entorno profesional, así como asesorar y apoyar a la víctima para la mejor efectividad de las medidas previstas para facilitar la recuperación de su proyecto profesional.

El texto, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en febrero de 2016, también contempla que este asesor «tendrá escrupuloso deber de secreto y no podrá ser llamado a declarar en el supuesto de que, en relación con los hechos objeto de queja, se siguiere con posterioridad expediente disciplinario».

EXPERIENCIA EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Tardón, que instruye causas como la que se sigue contra el jugador del FC Barcelona Lionel Messi por presuntos delitos contables, de estafa y blanqueo de capitales; el supuesto saqueo a la petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, y el posterior blanqueo de esos fondos, o contra el narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, alias Sito Miñanco, cuenta con reconocida experiencia en materia de violencia de género.

Ha sido vocal del Consejo Asesor del Observatorio Regional contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid desde su creación en 2004 hasta su desaparición en 2011. Además, forma parte del Grupo de Expertos en Violencia Doméstica y de Género del órgano de gobierno de los jueces.

Asimismo, ha sido la presidenta de la Sección 27 de la Audiencia Provincial de Madrid, con competencias exclusivas en Violencia sobre la Mujer.

Un ‘currículum’ que ha tenido en cuenta el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, a la hora de designar a Tardón como asesora confidencial titular de dicho órgano judicial. «La referida propuesta se justifica al entender el ponente que dicha magistrada reúne las cualidades y aptitudes necesarias para el desempeño del referido cargo, atendiendo igualmente a su acreditada y dilatada trayectoria profesional en el ejercicio de la función jurisdiccional», destaca el acuerdo de la Sala de Gobierno.

NINGÚN CANDIDATO

La Audiencia Nacional publicó el pasado 30 de septiembre la convocatoria para designar a un asesor confidencial titular y a otro suplente, si bien no se presentó ninguna solicitud, según señala el acuerdo. De darse esta situación, el protocolo establece que la Sala de Gobierno puede optar entre cualquier juez o magistrado del órgano judicial, «prefiriendo siempre a aquella persona que tenga conocimientos en la materia y en el principio de igualdad de trato y oportunidades, y de no discriminación».

Así las cosas, el presidente de la Audiencia consideró que Tardón era la persona indicada para este puesto, y tras comunicarle la propuesta y no obtener «objeción alguna a la misma», acordó su designación.

La quinta parte más pobre de la población tiene un 32 por ciento más de posibilidades de morir por Covid-19 que la más rica, según ha puesto de manifiesto el informe ‘La salud en la cooperación al desarrollo y la acción humanitaria 2020’, realizado por las ONG Médicos del Mundo y medicusmundi.

Asimismo, el trabajo ha recordado que la pandemia ha afectado al resto de problemas sanitarios, interrumpiendo los programas de lucha contra enfermedades como la malaria, VIH/sida y tuberculosis en más de 70 países, lo que supondrá un incremento de la mortalidad por estas causas en los próximos años.

«El mayor problema que tenemos ahora mismo no es una enfermedad en sí, sino una inequidad en salud ya que están muriendo muchas mujeres y menores de cinco años embarazadas en todo el mundo y tenemos el conocimiento y los medios para acabar con estos problemas», ha dicho el presidente de medicusmundi Internacional, Carlos Mediano.

El experto ha destacado también la importancia de fortalecer a todos los niveles los sistemas sanitarios, garantizar una Atención Primaria «fuerte» y mejorar la salud pública para dar respuesta a futuras pandemias.

Y es que, debido al colapso sanitario causado por el nuevo virus, se estima que en los países de ingresos bajos y medios la mortalidad infantil y materna pueden aumentar en torno a un 40 por ciento. Asimismo, las organizaciones han avisado de que el Covid-19 ha puesto de manifiesto la importancia de la cooperación sanitaria internacional y la necesidad de conseguir el 0,7 por ciento e incrementar la ayuda al desarrollo destinada a salud.

«La emergencia sanitaria del Covid-19 ha paralizado el mundo, pero lo que estamos viendo es una trágica metáfora de lo que son las múltiples emergencias interconectadas que existen», ha apostillado el director general de Políticas de Desarrollo Sostenible, Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Gabriel Ferrero.

‘#LAOTRAVACUNA CONTRA LA INJUSTICIA SANITARIA’

Por ello, y cuando la carrera por la vacuna para prevenir este coronavirus se ha «desbocado», las organizaciones han planteado ‘#laotravacuna’ contra la injusticia sanitaria, es decir, un aumento de fondos para la cooperación internacional en salud y en emergencias sanitarias.

A juicio de las entidades responsables del informe, la respuesta a la pandemia de la Covid-19 no debe hacerse a costa de desatender a millones de personas afectadas por crisis humanitarias, sino que debe acometerse con fondos adicionales.

Hasta finales de octubre, el Plan Global de Respuesta Humanitaria Covid-19 lanzado por Naciones Unidas sólo había recibido apenas el 35,7 por ciento de los millones de dólares solicitados. Por ello, las ONG han subrayado la importancia de que la comunidad internacional asigne fondos adicionales para cubrir el total de este plan.

Al mismo tiempo, las ONG han avisado de que la financiación del Plan Global no puede hacerse a expensas de los fondos ya previstos para otras crisis humanitarias. En este sentido, Ferrero ha informado de que, en el caso de España, la situación de «desmantelamiento» del sistema público perjudica el crecimiento de la ayuda al desarrollo, si bien ha asegurado que el Gobierno tiene el compromiso de impulsarla.

«Las crisis humanitarias continúan y con esta pandemia lo que ha pasado es que ha aumentado el número de personas que está en extrema necesidad», ha dicho el vicepresidente de Médicos del Mundo, José Félix Hoyo. Dicho esto, ha comentado que la pandemia ha evidenciado la importancia que tienen los programas de reducción de riesgo de desastres y de preparación de los sistemas de salud pública.

Del mismo modo se ha pronunciado la directora de Salud Pública y Medioambiente, Organización Mundial de la Salud (OMS), María Neira, quien, además, ha abogado por impulsar programas para «recuperar» la relación con la naturaleza; garantizar el acceso al agua potable, saneamiento e higiene a toda la población mundial; impulsar las energías renovables; crear sistemas de producción de alimento más sostenibles; y mejorar la planificación urbana, entre otras.

«Hay que recuperar todo esto para mejorar la salud de la población y, ahí, la cooperación tiene un papel fundamental. No obstante, esta recuperación en materia de salud también debe ir acompañada de una recuperación social y económica», ha aseverado Neira, para comentar que los profesionales sanitarios tendrán que ser los que lideren estos cambios.

Por otro lado, en el informe se recalca la necesidad de que los procesos de investigación, elaboración y distribución de las vacunas sean transparentes y que el precio de la vacuna sea accesible para todas aquellas personas que los necesiten.

«En un mundo interconectado, si las personas de países con ingresos bajos o medios se ven excluidas de la vacunación, el virus continuará matando y la recuperación a nivel global se retrasará. Ahora que ya han comenzado las compras masivas de dosis preventivas, con los países con economías potentes comprando varias dosis por habitante y los empobrecidos sin apenas capacidad de dar cobertura a la mayoría de su población, este riesgo se hace más evidente», han enfatizado las organizaciones en el trabajo.

El líder del PP, Pablo Casado, ha respondido este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que si el Gobierno «acepta» las condiciones que su partido ha puesto encima de la mesa no habrá «ningún problema» en renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Entre ellas, ha citado la de dejar fuera a Podemos y «reforzar la independencia judicial».

«Estamos abiertos a hacer un acuerdo de renovación institucional con el PSOE como siempre se ha hecho», ha declarado Casado desde Badalona, donde ha visitado la zona afectada por el incendio de una nave industrial que estaba ocupada por decenas de inmigrantes. Le han acompañado el alcalde de la ciudad, Xavier García Albiol, y el presidente del PPC, Alejandro Fernández.

Minutos antes, el presidente del Gobierno ha asegurado desde Bruselas –en la rueda de prensa posterior al Consejo Europeo– que va a llamar al presidente del PP para ver si después de dos años pueden renovar «de una vez por todas» el órgano de gobierno de los jueces. El actual CGPJ está en funciones desde diciembre de 2018.

«DICE QUE VA A DEVOLVERME LA LLAMADA MES Y MEDIO DESPUÉS»

«Sánchez dice que va a devolverme un mes y medio después la llamada que le hice para intentar acordar el estado de alarma cuando se sometía a debate parlamentario hace ya cinco semanas, y que será para hablar de la renovación de las instituciones», ha asegurado Casado, denunciando de nuevo públicamente su falta de interlocución con el jefe del Ejecutivo estas semanas.

Ante la renovación del CGPJ, Casado ha subrayado que la posición del PP «no ha cambiado en los últimos dos años». «La Constitución se tiene que cumplir, cierto es, y por tanto tiene que haber tres quintos para alcanzar esa mayoría que sumamos el PP y el PSOE», ha enfatizado.

Así, ha hecho hincapié en que ese acuerdo parlamentario debe ser entre PSOE y PP. Ningún otro partido tiene que formar parte de esa negociación, más aún cuando esos partidos hoy están arremetiendo contra el Poder Judicial, la Casa Real, la unidad nacional o incluso a favor del blanqueamiento de aquellos que no condenan el terrorismo etarra», ha manifestado, en alusión a las manifestaciones del partido morado que lidera Pablo Iglesias.

En este sentido, ha insistido en que Podemos debe quedar fuera de ese acuerdo y que el PP está «abierto» a acordar la renovación de los órganos institucionales con el PSOE, «como siempre se ha hecho». Aparte del CGPJ también están pendientes de renovación otras instituciones como el Defensor del Pueblo, varios magistrados del Tribunal Constitucional o RTVE. Además, en verano acabará también su mandato el Tribunal de Cuentas.

PONE TAMBIÉN COMO CONDICIÓN «REFORZAR LA INDEPENDENCIA JUDICIAL»

El presidente del PP ha subrayado que otra de las «condiciones» que el PP ha puesto encima de la mesa es que haya un «reforzamiento de la independencia judicial», algo que, a su juicio, «exige la Constitución» y «ahora también el Consejo Europeo y la Comisión de Venecia».

Casado ha afirmado que el Ejecutivo «sabe perfectamente» lo que solicita el PP, que apuesta porque «los jueces elijan a doce de los miembros del Poder Judicial directamente»; que la Fiscalía General del Estado no pueda «ocuparse por una expolítica de un partido» como a su entender ocurre ahora con la exministra Dolores Delgado; y que haya «mayorías reforzadas a la hora de decidir desde el CGPJ».

Según el presidente del PP, los requisitos que ha puesto su partido encima de la mesa para renovar el CGPJ van en la línea de lo que otros países europeos están pidiendo para sus órganos «equivalentes».

«Si el Gobierno por fin decide que acepta estas condiciones, que no son del PP sino de la Constitución y de la Comisión Europea, no habrá ningún problema en afrontar esa renovación institucional, como no lo hubo hace dos años ni este verano porque fue el PSOE el que cambió las condiciones», ha aseverado.

Y dado que Sánchez ha hecho esas declaraciones desde Bruselas –donde participa en el Consejo Europeo–, Casado ha calificado de «gran noticia» el desbloqueo del presupuesto comunitario y de los fondos de reconstrucción como, según ha dicho, ha pedido en todo momento el PP. «Tenemos que felicitarnos por ello», ha concluido.

La Policía Nacional tiene instrucciones internas desde principios de diciembre para reforzar sus controles en aeropuertos con el objetivo de detectar irregularidades en los vuelos comerciales en los que viajan migrantes que se trasladan por su cuenta a la Península desde Canarias, a donde previamente llegaron en pateras o cayucos.

La orden está recogida en instrucciones operativas internas como la del aeropuerto de Manises, en Valencia, a la que ha tenido acceso Europa Press. Aquí se especifica que estos controles reforzados están dirigidos a «pateristas», como se llama a las personas que utilizan este tipo de embarcaciones, y se lleva a cabo en cumplimiento del oficio de la Jefatura Superior de Policía de la Comunidad Valenciana, con fecha de 3 de diciembre de 2020.

Fuentes policiales precisan que estas instrucciones se han dictado al tener constancia de que algunos migrantes han podido ‘colarse’ de forma irregular en algunos vuelos comerciales a la Península. Recuerdan que los vuelos dentro de España no tienen a priori los mismos controles que cuando se realizan entre países fuera del espacio Schengen, de ahí que se amparen en el real decreto del estado de alarma por el Covid-19 y en la Ley de Extranjería.

Por este motivo fueron detenidos 16 migrantes en Valencia que previamente habían viajado desde Canarias, de los que dos dieron positivo en Covid-19, quedando en cuarentena en hospitales de la región bajo custodia policial. Las citadas fuentes sospechan que los que llegaron a Granada durante el pasado puente de la Constitución también lo hicieron por sus propios medios.

INSTRUCCIÓN DEL AEROPUERTO DE MANISES

La instrucción operativa para el aeropuerto de Manises se dirige a extranjeros llegados desde las islas Baleares o Canarias que, «habiendo entrado de manera irregular en España (patera, cayuco, etc.), arriben a los diferentes aeropuertos o puertos de la Comunidad Valenciana».

Por este motivo, la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras ordena reforzar el puesto fronterizo del aeropuerto de Manises y que se realicen comprobaciones de documentación en las bases de datos policiales como Adexttra, al fin de «cerciorarse si portan documentación y si aparecen grabados como pateristas a los que ya se les ha procedido a tramitar un acuerdo de devolución».

En concreto, la Policía tiene instrucciones de registrar la llegada de migrantes a través de una tabla excell y hacer una fotocopia del justificante de presentación de la solicitud de asilo. En el caso de que sean ciudadanos que no consten en la base de datos para proceder a su devolución, lo que se ordena es que se les entregue «una citación para Cecorex, estableciendo un máximo de cinco por día hábil».

En el documento se detallan 13 vuelos a Manises procedentes de Gran Canaria, Lanzarote o Tenerife Norte entre el 4 de diciembre y este domingo, 13 de diciembre. Las citadas fuentes señalan que se tratan de aquellos vuelos comerciales que vienen desde las islas y que deben ser sometidos a este control, aunque otras fuentes sindicales sostienen que en todos ellos han venido o está previsto que vengan migrantes.

LA VERSIÓN DEL GOBIERNO SOBRE LOS TRASLADOS

La oposición ha criticado la gestión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y también el de Migraciones e Inclusión Social, José Luis Escrivá, por la opacidad sobre el traslado de migrantes a la Península, sobre todo a raíz de las críticas del alcalde de Granada y de la Junta de Andalucía por un vuelo durante el pasado Puente de la Constitución sin previamente avisarles.

Tras el Consejo de Ministros del miércoles, la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, dijo sobre el vuelo de Granada que no le constaba «ninguna actuación en este sentido», explicando que se están llevando a cabo reubicaciones «de forma controlada, puntual y priorizando a aquellos que tienen protección en su perfil internacional o aquellas personas que pertenecen a colectivos vulnerables.

El Ministerio del Interior ha explicado en reiteradas ocasiones que «ni organiza, ni gestiona, ni financia» los traslados de migrantes desde Canarias, a donde han llegado de forma irregular unos 20.000 en lo que va de año.

Según este Ministerio, los migrantes que previamente son autorizados –por la Secretaría de Estado de Seguridad– para tener protección internacional o ser encuadrados entre colectivo vulnerable, sí pueden ser «puntualmente» trasladados a la Península para ingresar en el sistema de acogida, cuya competencia es del Ministerio de Migraciones e Inclusión Social.

El miércoles, el Ministerio de Migraciones negó haber llevado a cabo algún traslado «en los últimos días», asegurando que aquellas personas que hubieran viajado a la Península, como el caso de Granada, «no son usuarias del sistema de atención humanitaria».

A los que no tienen esa protección se les abre un expediente de expulsión para ser devueltos a sus países de origen en vuelos que Interior aseguró este jueves que espera retomar «plenamente a corto plazo», tras verse afectados por el cierre de fronteras por la Covid-19. Oficialmente, el Gobierno no ofrece cifras ni de los retornados ni de los trasladados a la Península, aunque fuentes policiales señalan que estos últimos son unos 2.000 en lo que va de año.

Además, Interior ayer recordó que el sistema de acogida es voluntario y que el expediente de expulsión no impide la libertad deambulatoria de los migrantes hasta que se ejecuta el vuelo de retorno a los países de origen.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha pedido esta semana una reunión urgente con el ministro Escrivá, que a su vez acusó a esta organización de levantar sospechas infundadas al cuestionar los protocolos para realizar PCR a los migrantes que llegan a las islas. Interior también asegura que se realizan «estrictos protocolos» para detectar el Covid-19.

El aplazamiento de la Reunión de Alto Nivel (RAN) entre España y Marruecos, anunciado el jueves por la noche cuando faltaba menos de una semana para que se celebrase, llevaba días estudiándose, según fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación.

Las fuentes han insistido en que la decisión se debe exclusivamente a la situación epidemiológica y han afirmado que si se ha anunciado con tan poca antelación es porque ambas partes han intentado hasta el último momento mantener la cita.

Además, han remarcado que el aplazamiento no tiene ninguna conexión con el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reconocer la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental.

En cuanto al anuncio de Trump, aseguran que la decisión no supone una sorpresa para el Ministerio de Exteriores, pero porque se enmarca en la estrategia del presidente saliente de lograr que distintos países árabes normalicen su relación con Israel.

Las fuentes no han respondido a si hubo contactos previos de Estados Unidos con España antes del anuncio sobre el Sáhara. El Departamento de Estado, por su parte, consultado por Europa Press, remite la pregunta a la Casa Blanca.

EXTERIORES EVALÚA LAS CONSECUENCIAS

Exteriores dice estar aún evaluando las consecuencias de esta decisión estadounidense, teniendo en cuenta que el contencioso del Sáhara Occidental está en manos de la ONU que lo considera territorio no autónomo pendiente de descolonización.

El reconocimiento estadounidense de la soberanía marroquí llega en un momento en que la ONU había retomado los esfuerzos por nombrar un nuevo enviado especial para la región y con Trump en la recta de salida de la Casa Blanca. También después de que las tropas marroquíes se desplazaran más allá del muro que divide la región para disolver una protesta saharaui en Guerguerat, cerca de la frontera con Mauritania.

En este contexto, el Gobierno español acoge con optimismo una parte del acuerdo alcanzado entre Rabat y Washington, el relativo a la normalización de las relaciones entre Marruecos e Israel, pero subraya que siguen sin resolver tanto la cuestión del Sáhara Occidental como la de la paz entre palestinos e israelíes.

SEO/BirdLife ha alertado de que las aves de montaña de Europa están en regresión a consecuencia principalmente del cambio climático y de los cambios en el uso del suelo, por lo que la ONG llama a mejorar la protección de estos enclaves.

Con motivo del Día Internacional de las Montañas, SEO/BirdLife señala que su conservación es clave para alcanzar un desarrollo sostenible según reconoce el Objetivo de Desarrollo Sostenible 15.4.

En concreto, detaca que especies como la alondra común o el roquero rojo han visto como sus poblaciones han descendido en España pero, en general, esta pérdida de biodiversidad afecta a otras especies de montaña como el acentor alpino, el bisbita alpino, la chova piquigualda, el gorrión alpino, el treparriscos, como especies que ocupan también otros hábitats como la chova piquirroja, el colirrojo tizón, la collalba gris, el cuervo grande o el escribano montesino.

Los resultados recopilados por SEO/BirdLife indican que las poblaciones de aves de estas zonas están en general en declive. Algunas de ellas, colirrojo tizón, collalba gris, escribano montesino, que aunque también se encuentran en otros hábitats, tienen tendencia estable en estas zonas. La alondra común y el roquero rojo que frecuentan estas áreas, tienen descenso de sus poblaciones.

La coordinadora de los programas Sacre, Sacin y Noctua de la ONG, Virginia Escandell, ha explicado que los datos de zonas alpinas recogidos por SEO/BirdLife se incorporan junto con los de otros países europeos para elaborar un indicador de las aves comunes de montaña que permita conocer la salud de estos ecosistemas.

Así, ha añadido que a nivel europeo los expertos concluyen que «los primeros resultados indican que las poblaciones de aves de montaña descienden a escala europea y se atribuye el cambio climático y a los cambios de uso del suelo».

Las montañas albergan el 15 por ciento de la población mundial y aproximadamente la mitad de la reserva de la diversidad biológica del mundo. Además, suministran agua dulce para más de la mitad de la humanidad. Su conservación resulta clave, según reconoce el objetivo 15 de los ODS.

Pero a medida que su hielo se derriten sus glaciares por el cambio climático, los habitantes de las alturas _entre los más pobres del mundo_ afrontan mayores dificultades para sobrevivir a causa de los desastres naturales, además de amenazar al suministro de agua dulce de millones de personas.

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha ordenado este viernes el traslado de otros seis internos relacionados con la banda terrorista ETA, dos de ellos con delitos de sangre, entre ellos Ángel María Tellería, alias ‘Antxoka’, autor del primer atentado contra una mujer policía en 1981 y que fue localizado y detenido en 2017 en México.

Instituciones Penitenciarias ha informado de que Ángel María Tellería Uriarte deja Madrid VII-Estremera para pasar a la cárcel de El Dueso, en Cantabria. Ingresó en prisión el 24 de febrero de 2017 y cumple una condena de 30 años de cárcel por los delitos de atentado, depósito de armas y pertenencia a organización terrorista. Cumplirá las 3/4 partes de su condena en agosto de 2039 y también ha sido progresado al segundo grado.

Fue condenado en 2018 a 26 años por su participación en 1981 en el atentado que le costó la vida a la inspectora María José García Sánchez. De su localización en México informó la Policía Nacional en febrero de 2017.

Jesús María Altable Echarte es otro de los terroristas con delito de sangre, ya que cumple 27 años de condena por participar en el asesinato en 1984 del capitán de la Guardia Civil Luis Ollo Ochoa. Irá a la cárcel de Soria tras ser progresado a segundo grado y abandonar la cárcel de Castellón I.

Ingresó en prisión el 20 de noviembre de 1999 y cumple una pena de 30 años por asesinatos. Según Instituciones Penitenciarias, «ha aceptado la legalidad penitenciaria y ha presentado escritos en los que rechaza la violencia, reconoce su responsabilidad y el sufrimiento causado». También ha sido progresado a segundo grado.

Jon Mirena San Pedro Blanco pasa del centro penitenciario de Herrera de La Mancha, en Ciudad Real, al de Dueñas-La Moraleja, en Palencia. Ingresó en prisión el 19 de enero de 2004 y cumple una pena de 30 años por el delito de atentado. Cumplió las 3/4 partes en agosto de 2018. Prisiones ha resuelto su progresión a segundo grado.

José Carlos Apeztegía Jaca ingresó en prisión el 17 de octubre de 2018 y cumple una condena de cuatro años por el delito de pertenencia a organización terrorista. Cumplirá las 3/4 partes de la pena en octubre de 2021. Deja Ocaña I, en Toledo, por la prisión de Pamplona después de ser progresado a segundo grado.

Jon Echeverría Oiarbide es otro de los presos que va a El Dueso, en Cantabria, desde Castellón II. Ingresó en prisión el 13 de diciembre de 2017 y cumple una condena de nueve años por depósito de armas. Cumplirá las 3/4 partes de la pena en septiembre de 2024 y ha sido progresado a segundo grado.

También irá a la cárcel cántabra Jon Crespo Ortega, actualmente en Murcia II. Ingresó en prisión el 18 de noviembre de 2002 y cumple una condena de 25 años de cárcel por los delitos de colaboración con banda armada, daños, lesiones, desórdenes públicos y tenencia de explosivos. Cumplirá las 3/4 partes de su condena en agosto de 2021.

De este último preso de ETA dice Prisiones que acepta la legalidad penitenciaria. «Ha presentado un escrito en el que expresa su desvinculación de la violencia y admite el dolor causado y su empatía con las víctimas».