El Congreso celebrará este jueves, día 28 de enero, una sesión plenaria para convalidar decretos leyes del Gobierno y para avanzar en la tramitación de la reforma legislativa que pretende limitar las funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mientras no sea renovado.

El PSOE y Unidas Podemos, autores de esa proposición de ley, impusieron en la Mesa del Congreso la tramitación acelerada de la reforma, además de habilitar el mes de enero para poder celebrar cuantas reuniones fueran necesarias para no detener su debate.

La Mesa del Congreso estableció este lunes como fecha tope de un primer plazo para presentar enmiendas a la reforma y los partidos que quieran registrarlas de totalidad deben hacerlo con un texto alternativo porque ya no es posible la mera devolución de la iniciativa de PSOE y Podemos, una vez que ha sido tomada en consideración por el Pleno el pasado diciembre.

VOX Y Cs REGISTRAN TEXTOS ALTERNATIVOS

La semana pasada Vox ya registró un texto alternativo para intentar que, en vez de la iniciativa de PSOE y Podemos, se aborde una reforma del sistema de elección del CGPJ con el fin de que los doce vocales del mundo judicial sean seleccionados por los jueces y que se expulse de proceso a quienes hayan tenido cargos políticos.

Y este lunes Ciudadanos ha hecho lo propio, según ha anunciado su portavoz adjunto en el Congreso, Edmundo Bal, quien ha vuelto a tachar de "atropello" la tramitación acelerada de esta reforma. "Se están laminando los derechos de la oposición a un debate sosegado y tranquilo", ha censurado.

También ha pedido que se escuche al órgano de gobierno de los jueces como ya han reclamado, hasta por dos veces, 16 de los 20 miembros del CGPJ caducado desde hace dos años, y ha acusado al Ejecutivo de coalición de pretender "colonizar a los otros dos poderes".

Y ya sabiendo que iba a tener que haber otro debate en el Pleno del Congreso sobre la proposición de ley, las formaciones del Gobierno han aprovechado para incluir este tema en la misma sesión plenaria prevista para la convalidación de decretos pendientes, que se celebrará este jueves.

PP: "DE NUEVO, EL RODILLO"

La portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, ha acusado al PSOE y Podemos de "aplicar el rodillo parlamentario" por haber incluido este debate antes incluso de que la Mesa del Congreso haya resuelto su recurso contra el procedimiento de urgencia establecido y contra la decisión de no solicitar informes al propio CGPJ o la Comisión de Venecia.

A juicio del PP, debatir las enmiendas de totalidad en un próximo Pleno extraordinario el jueves sin haber resuelto antes la citada reconsideración es tanto como admitir que serán rechazadas las peticiones del PP, entre otras la de los informes previos a la reforma desde el Consejo y la Comisión de Venecia.

A su juicio, "la declaración de urgencia decretada por la coalición de gobierno es selectiva y caprichosa, lo que la convierte en arbitraria, al considerar urgentes los trámites que les convienen mientras los escritos de la oposición se mantienen durmiendo el sueño de los justos".

En su escrito de reconsideración sobre dos acuerdos de la Mesa, el Grupo Popular consideraba "inadmisible" la adopción de una reforma como la del CGPJ adoptada mediante la tramitación de urgencia sin dar audiencia a todos los sectores implicados, y añadía que la "imperatividad" del referido informe del órgano afectado era "inequívoca a la luz del evidente fraude de ley en la utilización de la fórmula de la Proposición de ley".

Dada la frontal oposición del PP a esta reforma impulsada por los dos grupos que dan sostén al Gobierno de coalición, es previsible que los 'populares' también registren una enmienda de totalidad con texto alternativo para que se debata el jueves.

La directora de campaña del PSC, Eva Granados, ha pedido a los votantes de Cs que voten al ministro de Sanidad y candidato socialista a la Presidencia de la Generalitat, Salvador Illa: "Preferimos el apoyo a Illa el 14F y no esperar a unos supuestos apoyos, porque todos recordamos el intenso apoyo en 2017 a Cs y cómo se malogró".

En rueda de prensa este lunes, en la que ha presentado el lema de campaña del PSC, 'Fem-ho', Granados ha asegurado que Cs "van y vienen, depende del día van cambiando de opinión" y ha insistido en que el apoyo que recibieron en los últimos comicios no sirvió absolutamente para nada, en sus palabras.

También ha descartado que los socialistas vayan a pactar con Vox tras el 14F: "No, nunca y nada. No queremos saber nada de la ultraderecha", y ha defendido que esto es lo que siempre han realizado en el Congreso y allí donde tienen escaños.

"No pueden decir lo mismo otros partidos que se presentan a estas elecciones, que gobiernan con ellos", y ha pedido que el resto de candidatos no den protagonismo a la ultraderecha, porque lo ve como una irresponsabilidad.

Sobre las acusaciones de ERC criticando que Illa haya sido ministro de Sanidad y candidato del PSC a la vez, Granados ha dicho que siempre fue claro, que ha hecho de ministro al 101%, según ella, y comenzará a ser candidato cuando empiece la campaña electoral: "No tenemos nada más que añadir".

JOSEP SORT

Granados ha celebrado la suspensión de militancia del presidente de Reagrupament y número 65 de JxCat por Barcelona a las elecciones catalanas, Josep Sort, por sus tuits en los que defendió hacer "limpieza de españoles" e insultó a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

"Estas últimas horas se han intensificado los mensajes de odio entre catalanes. Celebramos que personajes como este abandonen o dejen de poder representar a la ciudadanía", y ha añadido que los ciudadanos no son como Sort, que lo que hace es esparcir odio en las redes.

Preguntada por si se plantan un pacto con los partidos que recurrieron el aplazamiento electoral para que retiren su recurso, Granados ha subrayado que la cuestión está en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC): "Haremos campaña y no nos planteamos ningún tipo de negociación de ningún tipo. El PSC acata y respeta las decisiones de la justicia".

"Votar es seguro en Catalunya. Nos planteamos hacer una campaña en positivo", ha destacado Granados, que ha insistido en que Illa ha hecho lo que dijo que haría y que empezará a hacer campaña cuando deje de ser ministro.

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta ha cargado contra el ministro de Sanidad y candidato del PSC a la Presidencia de la Generalitat, Salvador Illa, a quien ha calificado como el peor ministro de Sanidad de la Unión Europea y el que peor ha gestionado la pandemia, por lo que cree que "no está capacitado" para presidir la Generalitat.

Así lo ha trasladado Vilalta en rueda de prensa telemática en la que también ha mostrado que considera que es irresponsable dejar el Ministerio de Sanidad para ser candidato a la Presidencia. En este sentido, ha afirmado que ERC trabajará para que esto se refleje en las urnas: "No se puede premiar a quien abandona su responsabilidad para ser candidato en un momento de tanta complejidad como el actual", ha concretado.

Sobre la fecha electoral, Vilalta ha insistido en criticar la "irresonsabilidad" del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por mantener las elecciones para el 14 de febrero y ha defendido que el Govern está trabajando para garantizar que la votación pueda celebrarse de manera segura y minimizando riesgos. Que la gente no tenga miedo de ir a votar", ha asegurado.

"VÍA AMPLIA HACIA LA INDEPENDENCIA"

Por otra parte, ha reivindicado su estrategia como la vía amplia hacia la independencia de Cataluña, que contrapone a "aquellos que defienden una vía estrecha, que renuncian a querer crecer, que no quieren ser más y prefieren ser pocos pero puros", en alusión velada a JxCat.

Para ello, ha presentado un vídeo en el que ERC plantea esta vía amplia como la "útil, realista y abierta" para conseguir la independencia de Cataluña, y aspiran a que sirva para sumar a más gente a favor de una república catalana y ser más fuertes.

Ha criticado que hay proyectos independentistas que "consideran que ya son suficientes o que consideran que es mejor ser puros que ser muchos", aunque ha rechazado referirse directamente a JxCat, y otros que renuncian a gobernar y a ser útiles a la ciudadanía, en una alusión velada a la CUP.

"Hemos oído comentarios, hemos visto propuestas de muchas maneras dentro del independentismo, incluso gente que ha tenido que dimitir en las últimas horas y que representan a quien representan. Que cada uno haga lo que quiera, nosotros desde ERC rehuimos de todos estos comportamientos", ha subrayado.

Lo ha dicho después de la polémica generada por los tuits del presidente de Reagrupament y número 65 de la lista de JxCat a las elecciones catalanas, Josep Sort, que ha dimitido y ha sido suspendido de militancia por parte de la dirección de JxCat por haber defendido hacer limpieza de españoles, en sus palabras, y tachar a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, como una "puta histérica española".

Al ser preguntada por esta polémica, Vilalta ha condenado estos tuits porque "no caben en este proyecto de república catalana de país abierto que respete la pluralidad y la transversalidad" de Catalunya.

CINCO OBJETIVOS

Vilalta ha afirmado que esta la propuesta de vía amplia es la que plantea ERC para que el independentismo vuelva a recuperar la iniciativa y avance hacia su objetivo "después de una etapa de resistencia".

Para ella, esta vía esta abierta a todo el mundo para no dejar a nadie fuera, busca luchas compartidas como el feminismo y el movimiento contra el cambio climático, y ha sostenido que, su juicio, es la única que puede servir para lograr la independencia: "No es que sea lenta, es la vía que nos sirve para ganar y llegar al destino".

Para llevarla a cabo, ha propuesto cinco objetivos: superar el 50% del voto independentista el 14F y repetirlo en sucesivas elecciones; tejer grandes alianzas en torno a los grandes consensos de Cataluña, como la amnistía y la autodeterminación; "forzar al Estado español a aceptar la amnistía y el referéndum como únicas soluciones al conflicto"; gestionar el mientras tanto para ser útiles a la ciudadanía, y tejer alianzas internacionales para lograr complicidades.

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y el vicepresidente, Ignacio Aguado, han anunciado este lunes un acuerdo de Presupuestos para 2021 dentro del seno del Gobierno regional, que buscarán "reactivar" Madrid, con la economía "como objetivo prioritario".

"Con este acuerdo, centrados en lo más importante, queremos dar estabilidad jurídica pero sobre todo económica a todos los ciudadanos de la Comunidad de Madrid. Este es un Gobierno centrado en recuperarse de esta pandemia y de una catástrofe natural", ha señalado Ayuso en una rueda de prensa conjunta con el vicepresidente, desde la Real Casa de Correos.

La presidenta ha desgranado que las cuentas harán especial hincapié en los sectores más afectados. Así, se reforzará Sanidad, Educación, Servicios Sociales pero "muy especialmente la economía". Se cuidará especialmente a autónomos y empresarios.

Para Ayuso, estos Presupuestos, los primeros del Gobierno de coalición PP y Ciudadanos, llegan "en el mejor momento", ya que saben que durante un tiempo van a tener que seguir "ahondando en la política sanitaria" por el coronavirus, que además se ha complicado "mucho" por la cepa británica.

"La política económica de Madrid va a seguir siendo seria, rigurosa, confiable", ha recalcado. La jefa del Ejecutivo madrileña ha remarcado que la economía debe ser un "objetivo prioritario" debido a la "fuerte" caída del PIB (entre el 10 y 11%), el desplome de un 70% de la llegada de turistas, la caída de un 19% de los servicios o las 93.000 personas más que hay en paro en la autonomía.

Por su parte, Aguado se ha mostrado "contento" por haber alcanzado este acuerdo, que ha definido como "histórico y excepcional". "Ahora, hay que abrirlo a Vox y al resto de partidos para ver qué planteamientos nos hacen y qué opciones nos presentan. Espero que los grupos estén a la altura de las circunstancias", ha sostenido Aguado.

Dentro de este borrador, que todavía no será aprobado por el Consejo de Gobierno, se ha incluido su Plan de Emergencia Ciudadana (dotado de más de 1.000 millones) pero, más allá de esto, el vicepresidente se queda "con la voluntad de ambas partes al haber logrado un Presupuesto histórico en materia social, sanitaria y educativa".

VOX, SOCIO PRIORITARIO

Según ha desgranado la presidenta, el Gobierno madrileño empezará a negociarlos "esta misma tarde" con Vox, grupo que facilitó la constitución del Ejecutivo, pero también se los planteará al resto de partidos.

"Esperamos que pronto los tengamos, que los saquemos adelante y, de esta manera, poder poner más medidas en marcha para hacer frente a las circunstancias y desafíos que tiene Madrid", ha recalcado, para a continuación instar a negociar "de cero" con "responsabilidad y sensatez".

De primeras, la presidenta se ha mostrado favorable a aceptar algunas de las condiciones de partido de Rocío Monasterio: tanto la bajada de impuestos como la reducción de organismos que se demuestren innecesarios.

Aguado ha instado al resto de partidos a "no obcecarse en líneas rojas" ni de hacer de los Presupuestos "política e ideología" y ha indicado que "no hay plazos fijados" para negociar con los grupos parlamentarios.

"Falta el remate, que es aprobarlo en la Asamblea. Hay que ser optimista, pero falta la etapa de negociación. Espero que seamos capaces de sacarlos cuanto antes", ha concluido el vicepresidente.

El acusado de matar a puñaladas a un compañero de módulo penitenciario en la cárcel de Albolote, en el área metropolitana de Granada, se ha declarado culpable ante el jurado popular que enjuicia el caso, si bien ha defendido que lo hizo porque el "miedo pudo más" que él tras una discusión entre ambos en que ha mantenido que fue amenazado de muerte, después de meses soportando "tocamientos sexuales".

En la primera sesión del juicio de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, que ha dado comienzo este lunes en el edificio judicial de Caleta, con la constitución del jurado popular, el procesado ha dicho que llevó adelante la acción, sobre las 17,30 horas del 29 de junio de 2017, cuando le habría asestado hasta 23 cuchilladas con media hoja de tijera, pero no por un tema de drogas sino porque el finado "abusaba" de él y se le "fue de las manos".

"No vengo a justificar lo injustificable", ha indicado, tras pedir perdón a la familia de la víctima, frente al jurado, ante el que el Ministerio Público ha expuesto que pide provisionalmente diez años y medio para el acusado por la presunta comisión de un delito de homicidio, pese a que en un inicio solicitaba 15 años y medio por supuesto asesinato.

En una discusión previa en un aseo, el acusado ha señalado que el finado intentó "toquetearle" y, tras negarse, le asestó supuestamente un "puñetazo" al que le respondió con un "guantazo" que derivó en que su víctima lo amenazara de muerte, para lo que habría pedido "un cuchillo" de mayores dimensiones del que solía llevar.

"Tenía 47 años y yo tenía 24", ha recordado en referencia a esos "tocamientos" que ha señalado también que supusieron "un trauma muy grande" para él. Por todo ello, y siempre según la versión que ha esbozado ante el tribunal, ya fuera del aseo, aquella tarde, y en estado de "shock", ha dicho que "reaccionó" con la media hoja de tijera que ha señalado que llevaba siempre "por precaución".

La acusación particular que representa a la mujer con la que la víctima mantenía una "relación estable de pareja con convivencia desde 1991" le pide, en sus conclusiones provisionales, 18 años de prisión por supuesto asesinato, o alternativamente, 13 años y medio por la presunta comisión de un delito de homicidio, con la agravante de abuso de superioridad. La Abogacía del Estado, que se adhiere a la petición fiscal, se niega a la responsabilidad civil que pide esta parte al no haber estado casada ni sido pareja de hecho del finado.

Por su parte, la defensa pide la libre absolución por el supuesto delito de homicidio, pidiendo la aplicación de las eximentes completas de anomalía psíquica y miedo insuperable, o incompleta de trastorno mental transitorio, así como la atenuante de confesión de los hechos. Solicita alternativamente la pena de dos años y medio.

Precisamente a preguntas de su abogado, el acusado ha detallado que los supuestos abusos duraron cuatro meses, desde que llegó él al módulo donde ya estaba previamente el que luego fue su víctima mortal. También "tenía que sacar tabaco, café" y otros productos para el fallecido, y "enseñaba un cuchillo" constantemente entre los amigos, también de más edad, que tenía allí, por lo que sufría "miedo" a que le "pudiera quitar la vida".

IMÁGENES DEL SUCESO

El juicio, en el que está previsto que se proyecten imágenes de las cámaras de seguridad del penal granadino, continúa este martes, y está señalado en principio hasta el próximo miércoles. Según consta en el escrito inicial de conclusiones provisionales e la fiscal, en un momento determinado, el acusado, "con clara intención de causarle la muerte", habría sacado de entre sus ropas media hora de tijera con una dimensión de 6,5 centímetros para asestarle a su compañero distintos golpes "durante una persecución a lo largo del taller".

Todo ello sucedió, agrega el fiscal, "pese al intento de los demás internos que allí se encontraban de repeler la agresión, logrando alcanzarle el primero de ellos en la espalda de manera superficial", llegando la víctima a "interponer entre ambos una mesa".

Finalmente, al objeto además de "aumentar deliberadamente su sufrimiento", le llegó a producir hasta 23 heridas en distintas partes del cuerpo, que afectaron a la piel, el tejido celular o graso subyacente, y a la masa muscular.

Dos cuchilladas afectaron a vísceras provocándole "disfunciones graves que llevaron a la muerte" del agredido, con lesiones que llegaron a afectar a las zonas de pulmones y corazón, y, en definitiva, un "shock hipovolémico" instantáneo por el que falleció entre las 17,30 y las 17,40 horas, según indica el fiscal.

En este sentido, el acusado, "consciente de lo ocurrido, entregó la tijera empleada a los funcionarios de prisiones". Se añade que el fallecido dio positivo en distintas sustancias psicoactivas, entre ellas metadona, si bien eran "concentraciones terapéuticas, no habiendo intervenido dicha ingesta como concausa en su muerte".

Euskadi ha registrado este pasado domingo 826 nuevos contagios de coronavirus, 54 menos que en la jornada anterior, y ha elevado la tasa de positividad hasta el 8,7%, frente al 8,3% de 24 horas antes con menos pruebas diagnósticas efectuadas.

Con estos datos, Álava entra en lo que se conoce como 'zona roja' con la tasa de incidencia en 537,84 casos por cada 100.000 habitantes. Por lo que respecta a municipios, también entran en 'zona roja' Vitoria y localidades vizcaínas como Getxo, Galdakao o Santurtzi, entre otras.

Los datos recogidos en el boletín epidemiológico del Gobierno Vasco indican que este pasado domingo se realizaron 9.483 pruebas diagnósticas, (6.260 PCR y 3.223 de antígenos) por debajo de las 10.652 del sábado, de las que 826 fueron positivas, frente a los 880 nuevos contagios detectados la jornada anterior.

De esta forma, la positividad en las pruebas PCR realizadas este domingo se ha situado en el 8,7%, frente al 8,3% del día anterior, mientras que en lo que respecta al número reproductivo básico (R0)ha descendido hasta situarse en 1,17, tres décimas menos que en el anterior balance.

La mayor parte de los nuevos positivos se han registrado en Vizcaya, con 426 nuevos contagios, lo que supone 102 menos que el sábado mientras que en Guipúzcoa se han detectado 243 nuevos positivos (6 menos) y en Álava suman 151 nuevos casos, 53 más que el sábado.

Además, se han registrado seis casos positivos en personas residentes fuera de la Comunidad Autónoma Vasca, por los cinco de la jornada anterior.

Respecto a la edad de los nuevos positivos, la mayoría (318) se sitúan en la franja de edad de entre 40 y 63 años, seguido del grupo de entre 19 y 39 años, en el que se han detectado 203 nuevos casos. Asimismo, en las últimas horas se han dado 187 positivos de menores de 18 años, 84 de personas de entre 65 y 79 años y 34 casos en mayores de 80 años.

NUEVOS INGRESOS

Por otro lado, los nuevos ingresos de pacientes con coronavirus en las plantas de los hospitales de Euskadi ascienden a 48 (16 menos). Esta cifra supone el menor ingreso de pacientes desde el pasado 16 de enero cuando se produjeron 49 casos.

De este modo, a día de hoy, hay un total de 560 personas ingresadas con covid-19 en planta en los hospitales del País Vasco frente a los 345 casos que se daban el 11 de enero.

Asimismo, las personas con coronavirus que permanecen ingresadas en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de Osakidetza son 122, dos más que en último balance.

La coportavoz de Podemos, Isa Serra, ha recriminado al ministro de Sanidad, Salvador Illa, que abandone su cargo en plena "tercera ola" de la pandemia del coronavirus y ha deslizado que la ciudadanía podría interpretar que se han puesto por delante los "intereses electoralistas" frente a proteger la salud de la ciudadanía.

En rueda de prensa junto a su homólogo en Podemos, Rafa Mayoral, ha dicho que "Illa debería centrarse en combatir la tercera ola, que es lo que pide la ciudadanía en una situación tan complicada".

"En una situación tan difícil no debería abandonar su responsabilidad. Yo le respeto pero podría llegar a pensar la gente que se está poniendo por delante los intereses electoralista frente a proteger la salud de la ciudadanía", ha zanjado.

Previamente, el presidente de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha exigido este lunes al ministro de Sanidad que aplace su dimisión hasta el jueves para que pueda comparecer antes en la Comisión de Sanidad de la Cámara Baja para dar cuenta de la evolución de la tercera ola del Covid-19.

El decreto del estado de alarma que se aprobó el pasado otoño contemplaba una comparecencia mensual de Illa para que diera cuenta de la evolución la pandemia, unas explicaciones que inicialmente tenía previsto dar este jueves. Sin embargo, Moncloa ya ha anunciado que Illa dejará el Ministerio este mismo martes para centrarse en su candidatura a la Presidencia de la Generalitat.

En cuanto a los cambios en el Ejecutivo para relevar a Illa, Serra simplemente ha pedido que se atienda como prioridad el combatir la tercera ola y seguir los criterios de salud pública en la gestión de la pandemia.

GOVERN DE IZQUIERDAS SIN JUNTS

Sobre sus preferencias de alianzas de cara al futuro Govern en Cataluña y si estarían dispuestos a apoyar un Ejecutivo liderado por Illa y sin ERC, Serra ha apuntado que los comicios son una oportunidad para que exista un ejecutivo de izquierdas en Cataluña, lo que implica "dejar fuera" a Junts.

A su juicio, los catalanes llevan mucho tiempo padeciendo una situación de "bloqueo" y el objetivo de En Comú Podem es poder lograr un gobierno de izquierdas, que ponga por delante la "protección" de los derechos sociales y el diálogo con el Estado.

Por tanto, habrá que ver los resultados electorales para evaluar las opciones de lograr un Govern conformado por partidos de izquierda, que es "prioritario" para la formación morada y donde el "peso" recaiga en las fuerzas que apuestan por el diálogo y los derechos sociales.

"CINISMO" DE ALMEIDA SOBRE LA VACUNACIÓN

En cuanto a los casos de cargos públicos que se han saltado la cola de la vacunación contra el coronavirus, Mayoral ha subrayado que este proceso se establece bajo el eje de la defensa de la salud pública y que debe tener una serie de requisitos que den "certeza" a la población.

Por tanto, aquellos que se han "saltado la cola" tienen que dimitir por responsabilidad, al no estar respondiendo a la altura de lo que demanda la ciudadanía.

Preguntado sobre las declaraciones del alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, que invitaba a reflexionar sobre si había que vacunar a los que dirigen la nación, Mayoral ha dicho que se enmarcan en el "cinismo" del dirigente popular, que ya es "un clásico".

Además, ha subrayado que el PP no tiene "nada que aportar en positivo" sobre la gestión de la pandemia y el proceso de vacunación, porque su único objetivo es "acabar con el Gobierno" de coalición.

La Comisión Europea ha pedido este lunes a los Veintisiete tomar más medidas para "desaconsejar fuertemente" los desplazamientos tanto dentro de los Estados miembro como entre ellos y a terceros países para tratar de contener el contagio de las nuevas variantes de coronavirus, al tiempo que ha pedido crear una nueva categoría "rojo oscuro" para identificar las zonas de mayor riesgo por superar los 500 nuevos contagios por cada 100.000 habitantes.

"La primera recomendación es no viajar", ha zanjado la comisaria de Interior, la socialista sueca Ylva Johansson, en una rueda de prensa en Bruselas para presentar los detalles de una propuesta que en líneas generales ya adelantó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el pasado jueves tras reunirse con los jefes de Estado y de Gobierno de la UE.

Según una recreación mostrada en la misma comparecencia por el comisario de Justicia, Didier Reynders, si se incorpora el cuarto color a la clasificación de riesgo que ya publica periódicamente el Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC) habrá una decena de países que ya tendrían parte de su territorio tintado de rojo oscuro, incluido todo el territorio de España.

Bruselas, que no tiene competencias en materia sanitaria ni en gestión de fronteras, iniciará este mismo lunes las negociaciones a nivel técnico con los Estados miembro para lograr "cuanto antes" un consenso que los Veintisiete se comprometan a seguir, aunque las autoridades nacionales seguirán teniendo la última palabra a la hora de aplicar o no las recomendaciones.

El Ejecutivo comunitario cree que los desplazamientos innecesarios "no deben producirse en absoluto" desde o hacia regiones que superen el umbral de las 500 infecciones por cada 100.000 en el periodo de catorce días, según ha dicho la comisaria, y recomienda que las personas que finalmente se desplacen en viajes considerados "esenciales" se sometan a una prueba PCR antes de partir y respeten una estricta cuarentena de catorce días una vez llegadas al destino.

La recomendación de la Comisión Europea sigue la publicada la semana pasada por el Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés), en la que ya se instaba a los países de la Unión Europea a reforzar las medidas para desincentivar los viajes "no esenciales".

Con todo, la Comisión insiste en que cree que el cierre de fronteras dentro de la Unión Europea no es una solución efectiva contra el virus sino que debe apostarse por un enfoque que adapte las medidas restrictivas a la situación epidemiológica de cada región, independientemente de dónde estén las fronteras, y llama a asegurar que se mantendrá sin problemas la libre circulación de mercancías y de trabajadores esenciales y transfronterizos.

Siguiendo también las recomendaciones del ECDC, Bruselas pide a los Estados miembro que "mantengan o refuercen" medidas severas como el principio de quedarse en casa o el cierre temporal de negocios en lugares en donde se considere que el riesgo de contagios es muy alto, aunque también subraya que es esencial reforzar el rastreo y la realización de test para mejorar el control de la pandemia y la secuenciación de los nuevos casos.

La Comisión además aprovecha esta recomendación para insistir en la necesidad de contar con un formulario común para pasajeros, una iniciativa que Bruselas espera que estuviera en marcha en toda la UE ya a finales del pasado año pero cuya propuesta sigue en desarrollo por las complicaciones legales que implica exigir a los viajeros dar determinados datos personales que luego serían compartidos con el resto de Estados miembro.

La jefa del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, la doctora Pilar Arrazola, ha advertido de que las vacunas "se mueven en el ámbito científico y técnico, nunca en el político", por lo que la dimisión del ministro de Sanidad, Salvador Illa, "no va a tener ningún tipo de influencia en la campaña de vacunacion frente a la Covid-19".

Así se ha pronunciado la experta durante la presentación del IV Congreso Virtual en Vacunas 2021, organizado por la farmacéutica MSD, que lleva por nombre 'Unidad, confianza y responsabilidad: One Health, One World'. "Ahora mismo, podemos pensar que hay una interferencia política en el manejo de la situación pandémica que tiene un efecto negativo; pero, como profesionales, más allá de lo que ocurra en el mundo político, la campaña de vacunación tendrá el ritmo que nos permita la disponibilidad de vacunas", ha reiterado.

La especialista también ha querido valorar positivamente esta campaña de vacunación, ya que el producto actual es de un manejo "muy difícil". "Nunca habíamos tenido una vacuna que se tuviera que conservar a 70 grados bajo cero, por lo que hay que tener en cuenta el trabajo que se está haciendo y no debemos quedarnos con las pequeñas incidencias", ha apostillado.

Por su parte, la responsable del Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública del Hospital Vital Álvarez Buylla en Mieres (Asturias), la doctora María Fernández, también presente en el encuentro, también ha incidido en la importancia de evitar mezclar el aspecto científico y técnico de las vacunas con el ámbito político, porque "va en contra de la confianza que se intenta dar a la población", ha explicado.

"Que el ministro tenga una actividad u otra es independiente al trabajo que se está realizando por parte de la ponencia de vacunas", ha defendido, ya que, "aunque la imagen pueda ser que las vacunas están mezcladas con la política, en términos reales no lo están". Así, ha aclarado que la campaña de vacunación se seguirá desarrollando "con la misma eficiencia y con el mismo ritmo, en cuanto se solucionen los problemas que se vayan detectando".

Así las cosas, ambas expertas se han mostrado escépticas ante el anuncio por parte de las autoridades de la posible inmunidad del 70 por ciento de la población española para el verano. "Tenemos que ser cautos ante la posible aparición de problemas que puedan venir y que pueden hacer que no vayamos a cumplir con esas expectativas", ha avisado Fernández, que opina que, aunque el ritmo difiera en función de las comunidades, son muchos eslabones los que intervienen en la cadena y "se está haciendo de manera aceptable para los recursos disponibles".

Más rotunda se ha mostrado Arrazola, quien ha advertido de que "no quedan ni siquiera cinco meses para el verano". "Generar unas expectativas que se sabe que no vamos a poder cumplir es muy peligroso, pues llevamos 11 meses muy difíciles, y está apareciendo la fatiga pandémica, por lo que, si vemos el final del camino demasiado pronto, podemos empezar a bajar la guardia antes de lo necesario", ha advertido.

"Con lo que sabemos a fecha de hoy, más allá del ritmo de unas comunidades u otras, llegar a una inmunidad del 70 por ciento no es realista", ha apostillado. Así, ha profundizado y ha explicado que "la capacidad de vacuanar estaría, pero no se sabe si estarán disponibles las vacunas necesarias". "Por eso, hay que ser realistas, y crear expectativas que no podemos cumplir puede traer efectos negativos en el seguimiento de las medidas de prevención en un momento tan difícil", ha insistido.

LA CONFIANZA DE LA POBLACIÓN EN LA VACUNA DE LA COVID-19

En cuanto a la confianza de la población en la vacuna frente a la Covid-19, Fernández ha informado de que esta ha ido modificándose a un sentido más negativo conforme iban avanzando los aspectos de investigación. "Sin embargo, ahora, teniendo las herramientas preventivas, sabemos que la aceptación está siendo elevada y, en los grupos de riesgo que ahora se están vacunando, estamos observando elevadas coberturas de vacunación", ha explicado.

Asimismo, ha advertido de que "esto no quiere decir que haya que relajarse, sino que hay que seguir manteniendo la confianza, y seguir comunicando, que es clave para frenar la propagación". Así, la experta ha defendido la necesidad de incorporar la comunicación como una herramienta clave para el control de la pandemia.

En este sentido, la especialista ha profundizado sobre los factores que afectan a la confianza en la vacuna, tales como el desconocimiento, las experiencias negativas previas o la variación de la percepción personal del riesgo. Sin embargo, ha destacado que, a nivel europeo y español, hay muy buena aceptación de la vacunación. "Si somos capaces de mantener la confianza, mantenemos la salud", ha añadido.

Por otro lado, el jefe de Sección de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid, el doctor Jesús de la Fuente, ha recordado que la situación actual de desconfianza hacia la vacuna de la Covid-19 ya se vivió con la vacuna del Virus del Papiloma Humano (VPH) hace unos 10 años. "Con la vacuna del VPH hubo dos problemas: la falta de concienciación de la población general, e incluso de los profesionales sanitarios, por un lado, y, por el otro, la falta de conocimiento de las cuestiones relativas a la seguridad, inherentes a cualquier tipo de vacuna", ha especificado.

Así, ha afirmado que una de las enseñanzas principales de la vacunación de la Covid tiene que ver con la importancia de la concienciación sobre la utilidad de la vacuna. "Para ello, es fundamental la formación continua y continuada de sanitarios, y las campañas informativas". Otra de las lecciones, ha explicado, se relaciona con la necesidad de cambiar la manera de informar a la población por parte de los sanitarios cuando estos recomiendan la vacunación.

"Otro aprendizaje es la importancia de demostrar que estamos vigilantes ante la aparicion de efectos adversos, y hay que demostrarlo con hechos", ha añadido. "Es muy importante que la población tenga claro que se investigan reacciones adversas y que, si hay agrupación de las mismas, se analizan para emitir informes con transparencia, claridad, proactivos y reactivos", ha apostillado, añadiendo que "las vacunas son los productos a los que se le exigen los estándares de seguridad más elevados, pues todas las vacunas que se usan actualmente han demostrado claramente su eficacia y seguridad".

Por último, el jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Universitario de Santiago, el doctor Federico Martinón-Torres, ha puesto de manifiesto la importancia de la investigación, "tan importante durante la pandemia". "Ahora se ha puesto en valor la investigación clínica en general y de vacunas en particular, pero también sus deficiencias", ha lamentado, aclarando que, en la situación actual, se han generado oportunidades de la revisión de la investigación en España.

"Niguna de las vacunas españolas se ha movido de la casilla de salida, lo que obliga a hacer una reflexión", ha añadido. "Con la intención no basta y, si otros países lo han logrado y nosotros no, hay que ver cómo reforzar el sistema o cómo hacer para estar mejor preparados". El experto ha señalado como uno de las causas de esta carencia la falta de inversión en investigación, lejos del dos por ciento del PIB que reclaman los científicos. "Es necesario un cambio de mentalidad: crear talento, atraerlo y reternerlo", ha declarado.

"Para avanzar en investigación es necesario proporcionar recursos, crear tejidos adecuados, proteger a los investigadores y generar vocaciones investigadoras. Es necesario cambiar la mentalidad actual, entender la investigación como prioritaria, huir del café para todos y fomentar la competitividad y la excelencia", ha concluido.

La Universitat de València (UV) ha participado en un estudio internacional que sugiere que la brecha de género que sufren las mujeres en el ámbito académico no se debe al proceso editorial, pues los resultados muestran que los artículos científicos con mujeres como autoras pueden incluso ser tratados más favorablemente en el proceso de revisión.

El estudio, que ha contado con la colaboración de editoriales como Elsevier y se ha publicado en la revista Science Advances, ha analizado unos 350.000 papers de un total de 145 revistas de diferentes campos de investigación.

Francisco Grimaldo, subdirector de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSE-UV), es coautor de una investigación internacional que determina que los manuscritos firmados por mujeres son tratados de forma equitativa durante el proceso de revisión entre iguales. Este hecho no significa que las mujeres no sufran discriminación en sus carreras, pues los resultados solo demuestran que el proceso de revisión no contribuye a la brecha de género.

Según Grimaldo, "el papel de la UV ha sido capital para el tratamiento de los datos anónimos de más de 2 millones de científicos y científicas, así como para la aplicación de los modelos estadísticos adecuados para el estudio de este complejo problema en el cual intervienen múltiples factores como el impacto de la publicación, el número de autores o el modelo de revisión".

Los análisis muestran un incremento de hasta un 5% en la aceptación de los artículos con mujeres como autoras, un resultado que se relaciona con los trabajos de otros autores que muestran una mayor inversión de las mujeres en la preparación de los artículos para evitar el sesgo editorial y que quizás contribuye a reducir su productividad.

Esta es la primera investigación sobre la brecha de género en el proceso de revisión entre iguales utilizando datos de un gran número de artículos presentados a revistas de todas las áreas de conocimiento. Hasta ahora, este tipo de trabajos se había limitado a revistas individuales en los cuales es difícil hacer análisis sistemáticos. La investigación cuenta con el apoyo de las principales editoriales, incluyendo Elsevier, Springer Nature y John Wiley & Sons, un hecho que ha permitido analizar la información de unos 350.000 papers de 145 revistas de diferentes campos de investigación con técnicas avanzadas de aprendizaje automático.

El siguiente paso de la investigación es intentar tener una visión general del proceso complejo, de modo que es necesario recabar más datos sobre diferentes aspectos como la educación, el acceso a recursos, la financiación o las diferentes especialidades académicas. De este modo, se podrá tener una visión global y precisa y se podrán identificar cuáles son los factores que contribuyen a la brecha de género y que perjudican el desarrollo profesional de las mujeres en el mundo académico.

La peer review --o evaluación entre iguales-- es el sistema de revisión por personal experto que utilizan las revistas científicas para evaluar los artículos antes de publicarlos. Es el último filtro para garantizar la calidad y el rigor de los trabajos, y un mecanismo imprescindible en la investigación académica.

PP y Ciudadanos han exigido este lunes que se investigue la vacunación improcedente de cargos públicos en la Comunitat Valenciana, mientras la consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha asegurado que están a la espera de que las residencias de ancianos informen de todas las personas que entraron durante las primeras semanas de vacunación para saber si había "alguien ajeno" a la plantilla.

En la diputación permanente de Les Corts, la socialista ha remarcado que es una conducta "reprochable" sea del partido que sea, tanto si entraron con autorización como si se "autoinvitaron", y ha recordado que su partido suspendió cautelarmente de militancia a los alcaldes de El Verger y Els Poblets (Alicante) y Rafelbunyol (Valencia). "No hay vacunas socialistas, esto es como el virus", ha zanjado.

Tras recordar la complejidad de establecer los grupos prioritarios de vacunación, ha compartido la postura del 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, que mostró "su repulsa hacia estos comportamientos que indudablemente no son ejemplo de un responsable político".

A partir de ahí, Barceló ha explicado que el objetivo es saber "quiénes entraron a las residencias de mayores sin autorización cuando estaban aisladas". "¿Cómo puede ser que entraran cargos políticos cuando ni siquiera se permitían las visitas de familiares? Eso estamos averiguando", ha recalcado, mediante una petición de información a todos estos centros.

Ha hecho hincapié en que "da lo mismo" el partido político al que pertenezcan estos vacunados y ha reconocido que "hay cosas que hay que conocer y saber para poder poner solución o al menos llevar un control más exhaustivo" de la vacunación. También ha recordado la reciente dimisión del comisionado del departamento de salud de Torrevieja, José Antonio García Gómez, por su vacunación.

EL PP PRESENTA UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

Por parte de la oposición, el PPCV ha presentado una petición de comisión de investigación en Les Corts para que "salga a la luz" todo este proceso de vacunación, con el objetivo de que "el Consell explique por qué han administrado la vacuna a personas que no les correspondía, porque es su responsabilidad".

"El descontrol en la vacunación es total", ha denunciado el 'popular' José Juan Zaplana, y ha urgido a la consellera hacer públicos "esos expedientes que anunció hace más de una semana para saber qué ha ocurrido con esas más de 200 personas que ustedes han vacunado irregularmente", así como que deje claro si recibirán la segunda dosis.

También ha exigido que Sanidad vacune "de inmediato", como dictó una resolución judicial de Alicante, a todos los sanitarios, "los que trabajan en la pública y también los de la privada, porque todos hacen falta y todos salvan vidas".

De Cs, Fernando Llopis ha rechazado estas vacunas improcedentes cuando "los sanitarios en primera línea no fueron vacunados los primeros". Ha ironizado que la Comunitat está posicionada "a la cola de todas las mediciones posibles menos en el número de políticos vacunados", además de preguntarse si cuando llegue la vacuna de Moderna "avisará a los alcaldes socialistas".

El consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Felipe Faci, ha manifestado que son más los centros que han recuperado el cien por cien de la presencialidad en las aulas después de Navidad que los que tienen "dificultades" y para estos últimos ha manifestado "que se pueden planificar clases en horario de tarde" y "pondremos los recursos necesarios, si ésta es la solución".

Así se ha pronunciado en rueda de prensa, donde ha firmado un convenio para mejorar la detección del alumnado con altas capacidades. Faci ha añadido que algunos centros no podrían aplicar el horario de tarde por tener alumnos que utilizan el transporte escolar, pero, en todo caso, ha esgrimido que con "prudencia, serenidad y tiempo" habrá que encontrar "soluciones" para lograr esa presencialidad, "con la que todos estamos de acuerdo".

Según ha dicho, "nadie puede quejarse de la presencialidad porque siempre hemos dicho, los profesores los primeros, que es lo mejor", ha expuesto el consejero, que ha contado que se está dando "apoyo" desde las direcciones provinciales de Educación y la inspección a aquellos centros que tienen dificultades para aplicarla garantizando la seguridad frente a la COVID-19.

El Gobierno de Aragón ha dado de plazo hasta el próximo 8 de febrero para que regresen a las aulas los alumnos de tercero y cuarto de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y de primero de Bachillerato, que son los únicos grupos que todavía aplican la semipresencialidad para evitar contagios de coronavirus SARS-CoV-2.

Faci ha remarcado que lo importante "no es llegar cuanto antes, sino llegar y no tener que volverte atrás" y ha considerado que el plazo, desde el 7 de enero al 8 febrero, es "extenso" para adaptar los planes de contingencia y la organización de los centros al cien por cien de presencialidad, de forma "que no se sientan presionados".

Ha añadido que algunos recuperaron la presencialidad desde el primer día de la vuelta a las aulas tras las vacaciones de Navidad. "La mayoría de los centros no han tenido dificultades" y "hay bastantes que la han implantado" ya. "Lo importante es recuperarla con todas las garantías", ha apuntado.

A su entender, "siempre se pueden resolver todas las dificultades; la palabra imposible no está escrita en el sistema educativo y muestra de ello es que se mantuvo la actividad lectiva, aunque se cerraron los colegios" a causa del confinamiento domiciliario a que obligó la pandemia.

CONTRATACIONES

Faci ha indicado que se realizaron 400 contrataciones de docentes a principio de curso y "todos los días" se siguen realizando "por circunstancias diversas", y, especialmente, "para sustituciones, tal y como preveíamos" por las bajas causadas por la COVID-19 o los profesores que deben confinarse con el objetivo "de que no se paralice la actividad educativa por este motivo".

Por otra parte, el consejero ha achacado el incremento del número de aulas cerradas por la COVID-19 después de Navidad al "repunte" de contagios en el conjunto de la sociedad, que llegan también "a la edad escolar", si bien "seguimos constatando que éstos no se producen en el centro educativo, sino fuera" ya que en esta ocasión han tenido lugar "cuando no había actividad educativa, durante la vacaciones de Navidad". Faci ha recordado que en Infantil se cierran las aulas y en Primaria se confina a los contactos estrechos y se hacen pruebas diagnósticas PCR.

En otro orden de cosas, el consejero ha manifestado que el Departamento está elaborando el informe que elevará al Consejo Escolar para decidir cuándo se recuperan los dos días que se suspendieron las clases a causa de la borrasca 'Filomena'.

Casabermeja, Estepona, Manilva, Marbella, Villanueva del Rosario, Tolox, Alhaurín de la Torre y Benarrabá son los ocho municipios malagueños que se suman a los 26 que mantenían la hostelería y el comercio cerradas al sobrepasar la tasa PDIA (PCR y test de antígenos) de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes.

De este modo, y según las restricciones decretadas por la Junta de Andalucía para el control de la pandemia del coronavirus, desde las 00.00 horas de este miércoles cerrarán sus actividades no esenciales.

En total, son 65 municipios los que desde este lunes superan los 500 o 1.000 casos. En concreto, 32 municipios tienen una tasa superior a 500 casos y 33 superan los 1.000, según los datos consultados.

Por distritos, en el Distrito Sanitario de la Axarquía son nueve los municipios que superan los 1.000 casos en 14 días por 100.000 habitantes, por los que cierran comercio no esencial y hostelería. De ellos, el único que entra en la lista nuevo es Casabermeja (1.107,3).

El resto de municipios que tienen una tasa superior a 1.000 son Alcaucín (1.300,4), Alfarnate (1.777,4), Alfarnatejo (2.652), Benamocarra (1.527,7), El Borge (3.655,9), Cútar (1.812,2), Salares (1.775,1) y Vélez-Málaga (1.556,8).

Asimismo, de este distrito sanitario son ocho las localidades que superan los 500 casos: Algarrobo, Almáchar, Árchez, Comares, Periana, Riogordo, Torrox y La Viñuela. En concreto, Almáchar, Árchez, Riogordo y Torrox han llegado a esta tasa por primera vez, por lo que se cerrarán los municipios perimetralmente durante los próximos 14 días.

Frente a ellos Arenas, Benamargosa, Canillas de Aceituno, Canillas de Albaida, Colmenar, Cómpeta, Frigiliana, Izante, Nerja, Sayalonga y Sedella no llegan a los 500 casos.

Por otro lado, en el Distrito Sanitario Costa del Sol son nueve las localidades que alcanzan los 500 o 1.000 casos. Así, los municipios con una tasa de incidencia superior a 1.000 casos son Estepona (1.004,6), Manilva (1.307,3) y Marbella (1.180,0), que al superar esta tasa cerrarán comercio no esencial y hostelería desde este miércoles, además de mantener el cierre perimetral, tal y como ha fijado el Gobierno andaluz.

Por su parte, son seis municipios los que se mantienen cerrados perimetralmente al contar con más de 500 casos: Benalmádena (820,5); Casares (721,4 de tasa y supera los 500 casos por primera vez); Fuengirola (840,4); Mijas (901,6); Ojén (702,3 de tasa y supera por primera vez los 500 casos) y Torremolinos (750,1). Las localidades en este distrito sanitario que no llegan a la incidencia de 500 casos son Benahavís e Istan,

Asimismo, en el distrito La Vega son 13 municipios los que tienen restricciones, de los que seis superan los 500 casos y siete los 1.000 casos.

Alameda (2.252,4); Almargen (5.220,1); Cañete la Real (1.621,6)Mollina (1.048,7); Teba (1.994,7); Villanueva del Rosario (1.221,7, que supera por primera vez los 1.000 casos) y Villanueva del Trabuco (1.887,1).

Los municipios de este distrito sanitario que superan los 500 casos son Antequera (que tiene una tasa de 562,6 y tendrá, por tanto, que cerrar perimetralmente); Archidona (522,0); Campillos (911,9); Cuevas de San Marcos (575,7); Humilladero (730,4) y Villanueva de la Concepción (819,2).

Cuevas Bajas, Fuente de Piedra, Sierra de Yeguas, Valle de Abadalajís, Villanueva de Algaidas y Villanueva de Tapia son los municipios que no llegan a los 500 casos por cada 100.000 habitantes.

MÁLAGA CAPITAL, AL BORDE

Asimismo, en el Distrito Sanitario de Málaga son cuatro municipios los que tiene más de 500 casos, de los que uno de ellos, como es Moclinejo, con 2.753 de tasa acumulada, supera los 1.000.

Por su parte, Málaga capital (945,6); Rincón de la Victoria (775,8) y Totalán --que supera los 500 casos por primera vez desde que se impusieron las restricciones de esta tercera ola tras la navidad-- tienen el cierre perimetral; mientras que Almogía y Macharaviaya no llegan a los 500 casos.

En el Distrito sanitario Valle del Guadalhorce son siete los municipios que tendrán su actividad no esencial cerrada a partir de este miércoles, siendo dos, Tolox, con una tasa de 1.139,1; y Alhaurín de la Torre, con 1.093,1; los que se sumarán a ese cierre de hostelería y comercios no esenciales.

Además, en este distrito, son ya cinco los que superan los 500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días --sin contar los que sobrepasan los 1.000 positivos--: Alozaina (731,4), Carratraca (820,8), Cártama (891,1), Pizarra (888,8) y Yunquera (558,7). Precisamente, estos dos últimos son novedad este lunes, por lo que se concretará el miércoles su cierre perimetral.

Los únicos que no llegan a 500 en el distrito del Guadalhorce, aunque están cerca, son Casarabonela (479,6) y Guaro (486,7), según los datos consultados.

TASA CERO EN CINCO MUNICIPIOS

En el caso del Distrito Sanitario Serranía, con los datos de este lunes se superan los 500 casos en un total de cuatro localidades (Algatocín, que ha pasado de sobrepasar los 1.000 a contar con una tasa de incidencia de 504,4; Cortes de la Frontera, con 838,4; Gaucín, con 951,8 y Montejaque, con 622,4. La única novedad es este último, que se suma al cierre perimetral al superar esa tasa.

Por encima de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes en la Serranía hay actualmente seis localidades: Ronda (1.747,5), Igualeja (1.441,7), Faraján (3.162,1), Cartajima (3.952,6), Benarrabá (1.758,2) y Arriate (1.340,8). Todos ellos menos Benarrabá ya tienen su actividad no esencial cerrada durante 14 días, incluido Algatocín que de sobrepasar la tasa de 1.000 ha bajado y está levemente por encima de los 500 casos por cada 100.00 habitantes.

El resto de localidades de la Serranía están por debajo de 500, en concreto 15 municipios. Incluso, cinco tienen una tasa cero: Alpandeire, Atajate, Jimera de Líbar, Parauta y Pujerra.

Los comités provinciales se reúnen cada lunes y cada jueves para evaluar la propagación del virus y son los que decidirán qué municipios se cierran perimetralmente, que son los que tengan más de 500 casos por cada 100.000 habitantes, y en qué municipios se ordena el cierre de toda actividad no esencial, que serán donde se superen los 1.000 casos.

Las medidas entrarán en vigor a las 00.00 horas de cada miércoles y a las 00.00 horas cada sábado y estarán vigentes durante 14 días. Si un municipio baja de 1.000 o de 500 casos, se podrán relajar las medidas, siempre que hayan transcurrido 14 días desde que se aplicaron. Si un municipio pasa de más de 500 a más de 1.000 casos, podrá pasar de grado 1 a grado 2, aunque no hayan transcurrido 14 días. En estos casos, el plazo de 14 días empezará a contar de nuevo desde el día en que entró en vigor el grado 2.

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha avanzado la posibilidad de que esta semana se pueda confinar algún municipio cántabro si no se rebajan la cifras de los últimos días, que en algunos ayuntamientos rozan los 1.000 casos por 100.000 habitantes.

En este sentido, ha advertido que hay municipios en Cantabria con una situación "muy grave", rondando el millar de casos cuando la media de la comunidad autónoma es de 400, lo que podría obligar a Sanidad a ordenar su confinamiento.

De hecho, Revilla cree que con una incidencia de 1.000 casos por 100.000 habitantes "se tomarían medidas de confinamiento" de los ayuntamientos.

Aunque el presidente no es partidario ni piensa que se vaya a llegar a un confinamiento domiciliario como el de marzo y abril, sí ha advertido de la posibilidad de que Sanidad, "que es la que tiene capacidad", pueda adoptar esta semana "alguna medida en algún municipio en el que está bastante disparado el coronavirus".

"En algún ayuntamiento de Cantabria pudiera Sanidad, según me cuenta, tomar alguna medida de confinamiento si no se rebajan las cifras que hemos tenido en los últimos días", ha manifestado Revilla a preguntas de la prensa durante una visita al entorno del parque de emergencias de Villacarriedo.

El presidente ha considerado que el crecimiento de ingresos en la UCI de los últimos días entra dentro de "lo previsto" puesto que la tercera ola será peor que la anterior en algunos lugares. "En Cantabria, todavía no, porque hay que recordar que llegamos a tener a 400 personas en cama y ahora tenemos 200 y en UCI a 42 y tenemos 30".

Revilla ha señalado que aunque todavía la región no tiene la presión hospitalaria de otras, un diez por ciento de los infectados diarios acaban en el hospital y de esos, otro diez por ciento acaba en la UCI "y de los que van a la UCI, la mitad se mueren". Una situación "terrible" que requiere de protección personal y de vacunas.

En este sentido, el presidente ha reconocido que está "muy preocupado" con el "gran problema" de la escasez de vacunas, y se ha congratulado de que la Unión Europea "tome cartas en el asunto" porque se ha producido un "incumplimiento" por parte de las farmacéuticas que duda que sea por casualidad. "Pfizer achaca la demora a una nueva cadena de montaje pero inmediatamente se han sumado a la demora en la entrega de vacunas AstraZeneca y Moderna", ha apuntado.

Revilla ha advertido que sería "muy terrible" que no se pudiera poner la segunda vacuna por falta de suministro, con lo que se podría "desperdiciar" a una parte de las personas que han sido vacunadas.

Por eso, el regionalista ha pedido que se abra una investigación a las farmacéuticas, como va a hacer la Unión Europea porque "los compromisos que estaban firmados se incumplen y además no por una sino por todas".

"Estamos jugando con las vidas de las personas. Una demora de unos días en la vacuna supone muertes", ha subrayado Revilla, para quien el "mayor problema" actual es el suministro de vacunas porque "gente para ponerlas hay de sobra.

"Si hay vacunas, se colocan; no es suficiente con el servicio público, con el privado. Pero hay que traer la vacuna, que es el único horizonte que tenemos en este momento para ver la salida de este túnel; sino esto es un desastre", ha advertido.

En este sentido, ha insistido en que "no hay otra alternativa que la vacuna" para detener el virus y que "lo demás", es decir, "cerrar, abrir, restringir" son "parches".

Por eso para Revilla "es una pena que nos estén entregando las vacunas con esta cadencia y, sobre todo, que hayan cortado el suministro cuando ya teníamos colocada una primera dosis a todos los sanitarios y a todos los dependientes. Sería una catástrofe que hubiese personas que no puedan recibir la segunda dosis porque no nos las dan", ha reiterado.

Al hilo ha vuelto a sostener que si en junio no está vacunado el 70% de la población no habrá una inmunidad de grupo que permita empezar a "abrir un poco" la economía" y llegar a "cierta normalidad

"Si seguimos en esta fase sin vacunas, abriendo y cerrando, el drama económico que nos presenta este año es de catástrofe total, cualquier previsión se viene al suelo", ha advertido, insistiendo en que "algo está fallando" cuando los compromisos de entrega a las farmacéuticas se reducen al 50% "y no una sino todas".

Es un problema de Europa y la Unión Europea tiene que poner firmes a las farmacéuticas diciendo lo que esto no es una broma, que esto no es un mercado donde, según la coyuntura, se puedan lanzar más productos. Hay que sacar al mercado todo lo que se tenga, poner a trabajar a la gente veinticuatro horas al día, que estamos jugando con la vida de las personas".

Vox ha señalado este lunes la responsabilidad de la ministra de Defensa, Margarita Robles, en la polémica abierta por las vacunaciones en las Fuerzas Armadas y ha defendido que quien debe dimitir es quien diera "la orden" para establecer las prioridades.

El portavoz del partido en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha sostenido que debe dimitir quien diera "la orden" de que se vacunase el Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el general Miguel Ángel Villarroya, o quien estableciera el criterio de vacunación en las Fuerzas Armadas.

"Y no hay mucha gente por encima del JEMAD en el Ministerio de Defensa", ha apostillado en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en la reunión de la Diputación Permanente del Congreso.

El portavoz parlamentario de Vox ha exigido así responsabilidades tras la polémica por las vacunaciones del JEMAD y otros altos cargos militares, que se saldó con la petición de cese del propio general Villarroya este fin de semana.

El que ha sido JEMAD durante el último año defendió haber seguido en todo momento los criterios establecidos y no haber recurrido a "privilegios injustificables" para recibir la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19. Pero mostró su decisión de renunciar al cargo para "no dañar la imagen de las Fuerzas Armadas".

En este sentido, el portavoz de Vox en el Congreso, Espinosa de los Monteros, ha petido que se establezcan criterios técnicos para el orden de vacunaciones "en función de las necesidades del país". "Y quien se salte esas necesidades técnicas descritas previamente es quien debe dimitir", ha defendido.

"UN JEFE DESLEAL"

También el portavoz del Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, ha sostenido que la "responsabilidad" es del político que dio la orden y estableció un protocolo y ha aludido a los principios de "organización, jerarquía y eficacia" de una organización como las Fuerzas Armadas.

"La fidelidad es algo que va de abajo arriba y la lealtad de arriba a abajo. Un jefe debe ser leal al subordinado. Si un jefe da la orden y el subordinado asume la responsabilidad, es un jefe desleal", ha resumido sobre lo que cree que ha sucedido con el Jefe de Estado Mayor de la Defensa.

El secretario general del Partido Popular de Extremadura, Fernando Manzano, ha calificado como "despropósito" la vuelta a las aulas de los alumnos de Secundaria, Bachillerato y ciclos formativos de FP, que va a movilizar a casi 200.000 personas en la región, entre alumnos, profesores y personal administrativo, cuando los expertos "están recomendando un autoconfinamiento" y que se reduzca la movilidad al máximo para frenar los contagios.

Manzano ha señalado que la decisión de volver a la educación presencial cuenta con "toda la comunidad educativa en contra" pero la "soberbia de la mayoría absoluta" del Gobierno autonómico no le ha dejado escuchar las voces que piden la continuidad de la enseñanza telemática.

Por ello, ha indicado que si aumentan los contagios en la región por esta circunstancia los "únicos responsables" serán el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y el consejero de Sanidad, José María Vergeles, que "no escuchan" y toman decisiones "contradictorias", ya que se decreta el cierre del comercio y la hostelería para evitar la movilidad y después "llaman al movimiento" de los alumnos.

"Vergeles dice que hay que suspender la actividad educativa física en los institutos basándose en unos datos que hoy son el doble que cuando decidieron suspender las clases", ha incidido Manzano, por lo que ha criticado que el consejero "dice una cosa y la contraria" y "desestabiliza" a todo el mundo.

Por ello, ha responsabilizado a Vara y Vergeles si aumenta el número de contagios en la región con la vuelta a las aulas porque, según ha recordado, si desde la vuelta de Navidad se han cerrado 200 aulas en Infantil y Primaria, "¿Qué incidencia se tendrá ahora?", se ha preguntado.

SENTIDO COMÚN

"Hacemos un llamamiento al sentido común al presidente de Extremadura", ha incidido el secretario general de los 'populares' extremeños, que ha pedido a Vara que cese a Vergeles "de inmediato" porque "un auténtico despropósito" que se mantengan los cierre perimetrales de todos los pueblos de Extremadura y, a la vez, se potencie que salgan los alumnos a los centros en rutas escolares a los institutos de las cabeceras de comarca.

Asimismo, se ha preguntado si los contagios se producen en los comercios y en la hostelería pero no en los centros educativos, por lo que ha vuelto a apelar al "sentido común" de los dirigentes.

Manzano ha hecho un repaso por los datos de contagios y es que, desde que se decretó la suspensión de las clases de ESO, Bachillerado y FP, los casos diagnosticado en la región han pasado de 6.818 a 15.466 en catorce días, y la incidencia acumulada ha pasado de 638 a 1.448, y a siete días de 406 a 688. Los fallecidos en los últimos siete días se han incrementado de 23 a 103; los hospitalizados de 110 a 362, y los ingresos en UCI de 8 a 38.

"Unos datos escalofriantes y por eso Vara tiene que dar la cara y ponerse al frente de la situación y empezar a tomar decisiones", ha incidido Manzano que también ha pedido al presidente autonómico, que "cese de forma inmediata" a los cargos socialistas de la región que se "han vacunado a escondidas" saltándose todos los protocolos.

El secretario general del PP extremeño ha comenzado su comparecencia enviando un mensaje de condolencia a los familiares, compañeros de trabajo y a la empresa de las tres personas fallecidas esta mañana como consecuencia del vuelco de una barca en la que se encontraban trabajando en labores de retirada de camalote en el río Guadiana a su paso por Badajoz.

El diputado de ERC y miembro de la Asociación Parlamentaria en Defensa de los Derechos de los Animales (APDDA), Xavier Eritja, ha registrado una Proposición No de Ley en el Congreso para proteger a los animales salvajes del envenenamiento.

Esta iniciativa parlamentaria, firmada por Eritja y el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, será debatida en la 'Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico' del Congreso de los Diputados.

La propuesta refleja que, según el estudio 'El veneno en España informe 2020', murieron 21.260 animales envenenados por consumo de cebos durante el período 1992-2017, siendo el Buitre Negro, el Buitre Leonado, el Alimoche, el Quebrantahuesos y el Milano Real, las especies más afectadas.

El estudio, realizado por las organizaciones WWF, MAVA- Foundation pour la Nature, Birdlife Europe y SEO Birdlife, analiza la evolución del envenenamiento de la fauna silvestre en el Estado español entre el año 1992 y el 2017.

Según indica el estudio, durante el período 1992-2017 murieron 21.260 animales envenenados por consumo de cebos, en un total de 9.700 episodios de envenenamiento, aunque se estima que la dimensión de la problemática "puede ser mucho más alta, ya que sólo se detecta una pequeña parte de los casos totales.

Las principales especies afectadas serían el Buitre Negro, el Buitre Leonado, el Alimoche, el Quebrantahuesos o el Milano Real y, en menor medida, otros mamíferos como el Oso Pardo, el Lobo Ibérico, el Lince Ibérico o el Zorro.

Los análisis toxicológicos realizados apuntan a una cifra de más de 80 sustancias utilizadas para el envenenamiento de fauna o la elaboración de cebos envenenados. Algunas de ellas son legales y se encuentran autorizadas mayoritariamente para el control de plagas en los cultivos.

No obstante, los venenos más utilizados en el Estado español son el Carbamato Aldicarb, sustancia prohibida desde el año 2007 y que aparece en el 40% de los episodios registrados, seguido del Carbofurano (24% de casos), prohibido desde 2008, y la Estricnina (5%), prohibida desde 1994.

Las tres sustancias, según señala la PNL, están fuera de la Lista Comunitaria de Sustancias Activas autorizadas para su uso fitosanitario, "por haber demostrado ser peligrosa para la salud humana y el medio ambiente.

Ante todo ello, Eritja ha solicitado al Gobierno incrementar las sanciones por la tenencia de venenos para la captura o muerte de animales en la Ley 42/2007; o revisar la estrategia contra el uso ilegal de cebos envenenados en el estricto y único ámbito de competencias de la Administración General del Estado.

Asimismo, insta al Ejecutivo a apoyar proyectos que den cobertura a la red de laboratorios toxicológicos especializados en el análisis de mortalidad de fauna silvestre; dotar de unidades caninas y de equipos con personal experto de seguimiento de especies de fauna amenazada; o proveer de los recursos necesarios para mejorar la capacidad técnica de los Centros de Recuperación de Fauna.

El Consejo de Ministros aprobará mañana la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y de la prestación por cese de actividad de los autónomos hasta el 31 de mayo, medidas que tendrán un coste cercano a los 7.000 millones de euros, de los que 5.000 millones corresponderán a los ERTE y unos 2.000 millones a la prestación de autónomos.

La nueva prórroga de los ERTE, acordada con los agentes sociales, mantiene básicamente el mismo esquema de protección a empresas y trabajadores vigente hasta el 31 de enero, aunque simplifica los trámites para extenderlos en el tiempo, de forma que no se necesitarán nuevas autorizaciones administrativas.

El esquema que de momento estará en vigor hasta el 31 de mayo contempla el mantenimiento de las tres modalidades de ERTE actuales: los destinadas a los sectores 'ultraprotegidos' y a las empresas vinculadas a su cadena de valor; los ERTE de impedimento de la actividad, y los ERTE de limitación, los dos últimos pensados para restricciones administrativas temporales adoptadas como medida de freno a los contagios de Covid (reducción de aforos o prohibición de apertura, por ejemplo).

Las exoneraciones en las cotizaciones sociales vinculadas a estas modalidades se mantienen. Así, en el caso de los sectores 'ultraprotegidos' y empresas de su cadena de valor, las exenciones serán del 85% para empresas con menos de 50 trabajadores y del 75% para las que tienen más de 50 empleados, tanto para empleados reincorporados como para suspendidos.

En los ERTE por impedimento, a los que pueden acogerse empresas de cualquier sector o actividad, las exoneraciones serán del 100% para empresas con menos de 50 trabajadores y del 90% para las que tengan más de 50 empleados en plantilla.

En los ERTE de limitación, a los que también pueden tener acceso empresas de cualquier sector o actividad, las exenciones serán decrecientes hasta mayo de 2021. Para empresas de menos de 50 trabajadores, éstas serán del 100% en febrero, del 90% en marzo, del 85% en abril y del 80% en mayo. Para las que tengan más de 50 empleados, serán del 90%, del 80%, del 75% y del 70%, respectivamente.

Gracias a la simplificación de los trámites, las empresas que sean titulares de un ERTE por impedimento o por limitación, autorizado antes o durante la vigencia de esta norma, no tendrán que solicitar y tramitar un nuevo expediente ante la autoridad laboral para pasar de uno a otro. Bastará con que remitan una comunicación a la autoridad laboral que haya dictado la resolución correspondiente al ERTE del que es titular y a la representación sindical, y no será necesario que remitan una nueva solicitud colectiva de prestaciones al SEPE.

Los ERTE Covid basados en causas económicas, técnicas, organizativas y de producción (ETOP) se podrán seguir beneficiando tanto de la simplificación de trámites prevista en el artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2020, como de la posibilidad, inexistente en su regulación ordinaria, de tramitar una prórroga presentando ante la autoridad laboral un acuerdo en tal sentido con la representación unitaria o sindical.

NUEVOS SECTORES 'ULTRAPROTEGIDOS'

Según el Gobierno, en la nueva prórroga se utilizan criterios objetivos "más generosos" para determinar los sectores considerados como 'ultraprotegidos', lo que ha dado lugar a la incorporación de nuevos 'CNAE', protegiendo a casi 50.000 trabajadores más.

Así, se han incluido en este listado aquellas empresas cuya CNAE entre finales de abril y finales de diciembre no han recuperado la actividad en porcentaje inferior al 70% y con un porcentaje de afiliados cubiertos por ERTE mayor del 15%.

De la lista de 42 CNAE considerados 'ultraprotegidos' aprobada en la anterior prórroga ahora entran tres nuevos sectores y salen otros tres. Las nuevas actividades que se incorporan son campings y aparcamientos de caravanas, alquiler de medios de navegación, y actividades de mantenimiento físico. Salen, por contra, fabricación de alfombras, estirado en frío y fabricación de instrumentos musicales.

A estos 42 CNAE hay que sumar las cinco actividades que se incluyeron en diciembre como sectores 'ultraprotegidos' en el marco del plan de rescate de la hostelería y que son comercio al por mayor de bebidas; restaurantes y puestos de comidas; actividades de los jardines botánicos, parques zoológicos y reservas naturales; establecimientos de bebidas, y actividades de juegos de azar y apuestas (casinos, bingos, loterías y casas de apuestas). Así, en total, 47 actividades formarán parte de los CNAE 'ultraprotegidos' por los ERTE.

MANTENIMIENTO DEL COMPROMISO DE EMPLEO

La prórroga mantiene el compromiso de mantenimiento del empleo en su actual redacción, así como la prohibición a las empresas que hagan ERTE de despedir, interrumpir contratos temporales, repartir dividendos y realizar horas extraordinarias y externalizar actividad.

Los trabajadores afectados por ERTE seguirán teniendo acceso a la prestación sin periodo de carencia, no les computará el periodo consumido hasta enero de 2022 y la prestación equivaldrá al 70% de la base reguladora. Se mantienen además los beneficios aplicables a los trabajadores fijos discontinuos (incluyendo la prestación extraordinaria) y la mejora de protección de las personas afectadas por ERTE con contratos a tiempo parcial.

Actualmente, hay 704.000 personas en ERTE, aunque en el pico alto de la pandemia los trabajadores protegidos llegaron a ser más de 3,4 millones. De este total, 450.000 están en alguna de las modalidades que conllevan exoneraciones a la Seguridad Social.

SE PRORROGAN LAS AYUDAS PARA AUTÓNOMOS

El Consejo de Ministros de mañana también aprobará la prórroga de las ayudas vigentes para trabajadores autónomos acordada con sus asociaciones (ATA, UPTA y Uatae), aunque con algunas modificaciones.

La protección a este colectivo se seguirá articulando en torno a cuatro ayudas: la prestación por suspensión de actividad; la prestación compatible con la actividad cuando haya caída de ingresos; prestación extraordinaria para quienes no puedan acceder a las dos ayudas anteriores, y prestación para autónomos de temporada.

La prestación por suspensión de actividad está dirigida a aquellos trabajadores autónomos con una suspensión temporal de toda suactividad por decisión administrativa. La cuantía de la prestación es del 50% de la base mínima de cotización, cantidad que se incrementa un 20% si el trabajador autónomo es miembro de una familia numerosa.

El autónomo quedará exonerado de pagar las cuotas a la Seguridad Social, aunque ese periodo le contará como cotizado y, en su caso, será compatible con ingresos del trabajo por cuenta ajena hasta 1,25 veces el SMI.

Por su parte, la prestación compatible con la actividad flexibiliza en esta nueva prórroga el requisito de ingresos. Así, la podrán solicitar aquellos trabajadores cuya facturación en el primer semestre de 2021 caiga el 50% (antes era el 75%) frente al segundo semestre de 2019. El importe de esta prestación es el que corresponda por su base de cotización.

Quienes no cumplan los requisitos para acceder a esta prestación ni al cese ordinario podrán solicitar una ayuda extraordinaria, cuya cuantía es del 50% de la base mínima de cotización, estando igualmente exonerado de abonar las cuotas. El límite de ingresos en el primer semestre, para este caso, es 1,2 veces el SMI.

Por último, también se mantiene, adaptando el periodo de referencia, la prestación para autónomos de temporada, que es del 70% de la basemínima y requiere no tener ingresos superiores a 6.650 euros en el primer semestre de 2021.

Otra de las novedades es que se suspende hasta el 31 de mayo la subida progresiva de los tipos de contingencias profesionales y de cese (del 0,3%), previsto en el Real Decreto-ley 28/2018.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado este lunes que el balance de Salvador Illa como ministro de Sanidad "no ha sido bueno" y cree que con su relevo "no cambiará nada" la gestión sanitaria del coronavirus porque "no depende del cambio de caras, sino de políticas".

Tras asistir a la entrega de despachos a nuevos agentes municipales, Almeida ha destacado que el trabajo del ya candidato socialista a la Generalitat de Cataluña ha transcurrido en "circunstancias muy difíciles", pero a su juicio "no ha tenido el éxito esperado".

"Ha habido bandazos, diferentes criterios. Después de la primera ola el Gobierno mandó un mensaje equívoco de que habíamos vencido a la pandemia. Luego hubo una intervención en Madrid en la segunda ola y ahora hay regiones que están en peor situación que estaba entonces Madrid y ahora a esas comunidades no se les autorice a tener medidas más restricciones. No creo que el balance de Illa sea bueno", ha manifestado.

"Si algo a los españoles nos tiene desconcertados es el Gobierno central y el ministro de Sanidad son los constantes cambios de criterio, de una semana a otra decían lo contrario, como cuando decían que las mascarillas no eran necesarias, los antígenos o la vacunación en las farmacias. Nos decían que la cepa británica era marginal y la semana siguiente que era dominante. O la frase del presidente el 5 de junio, cuando dijo que no tengamos miedo y que disfrutáramos porque habíamos vencido a la pandemia", ha proseguido.

Por eso, el primer edil matritense ha criticado estos "constantes cambios de criterio que no se han explicado, ni fundamentado" a pesar de reconocer la dificultad en la gestión del ministro este año. "Nadie duda que Illa ha hecho cosas bien, no tengo duda", ha apostillado.

INCOMPATIBLE CON SER CANDIDATO A UNAS ELECCIONES

Además, Almeida ve "incompatible" ser ministro y candidato a unas elecciones a la vez, ya que desde el punto de vista de la dedicación "no es posible y también por el conflicto de intereses". "Los españoles tienen el legítimo derecho a dudar si lo que dice lo dice como ministro de Sanidad. ¿De verdad no chocan los intereses cuando hay que tomar decisiones?", se ha preguntado.

El regidor madrileño cree que con el relevo en el Ministerio "no va a cambiar nada" sobre la gestión sanitaria del coronavirus del Gobierno de España porque "no es cuestión de cambio de caras o nombres, sino de políticas". Para Almeida, el Gobierno debe entender que el proceso de vacunación "no acaba cuando llega la primera caja con la bandera del Gobierno, que somos un país en un proceso fundamental, que para lo bueno y lo malo todos estamos en el mismo barco", ha indicado.

"Los españoles se preguntan por qué hay diferentes restricciones dependiendo de cada comunidad autónoma. Si decimos que hay que cumplir la normativa, la confusión generada a esta normativa no ayuda precisamente a que los españoles tengan un conocimiento adecuado para cumplirlas. Yo me fío de las que toman las autoridades sanitarias de Madrid, Cataluña o Asturias. No las puede discutir porque eso genera más confusión", ha concluido.

La consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, ha señalado que la cuarta ola de la pandemia en la Comunidad aragonesa está llegando a su "meseta", es decir, se está estabilizando en número de nuevos casos. No obstante, ha señalado que todavía hay muchos contagios.

En una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado este lunes, ha apuntado que se han notificado 510 casos correspondientes al domingo. Los positivos de esta ola, ha apreciado, están "muy focalizados" en distintos municipios y siguen "comprometiendo" el sistema sanitario "en camas de hospitalización o en ingresos en UCI".

En este contexto, ha recordado que ahora hay en UCI 80 personas, aunque, en otros momentos de la pandemia, Aragón ha llegado a tener más de 170. "Creemos que durante estos días puede haber algún ligero incremento, pero que no pensamos que pueda comprometer en exceso al sistema".

Por ello, ha considerado que, dentro de que los datos son "preocupantes" porque "todavía hay muchos contagiados", parece que se ha llegado "a una situación de estabilización". Pero ha advertido de que esto no debe dar "una sensación de relajación para el cumplimiento de las medidas, que es absolutamente vital", ya que cuando se exige un mayor cumplimiento en las mismas "los resultados también son mejores".

Sobre el hospital de campaña, ha evidenciado que está ahí por si se necesita, pero ha confiado en que no sea así porque Aragón "no está pasando lo mismo que otras comunidades autónomas", donde los ingresos en UCI están "comprometiendo" sus recursos. Sin embargo, se ha mostrado convencida de que fue "una magnífica inversión".

También ha afirmado que como la región aragonesa va por su cuarta ola se ha mejorado "mucho" la gestión de las urgencias y las emergencias. Ha considerado que "el mando único que hay en este momento en la UCI facilita mucho" la situación, ya que actúa "como si todas las camas dependieran de un solo ente y van distribuyendo en función de la saturación de un sitio o de otro".

Mayte Pérez ha apuntado que el Gobierno de Aragón se ha caracterizado porque "en función de la evolución y del impacto de la pandemia en la sociedad ha tomado las medidas que ha considerado oportunas en el momento oportuno, siempre salvaguardando por encima de todo la salud".

"Creo que las medidas que se tomaron desde el 2 de enero están dando sus frutos, pero es el Departamento de Sanidad quien, en función del impacto y de la evolución de la enfermedad, toma las medidas que considera necesarias", ha remarcado.

VACUNACIÓN

La consejera de Presidencia ha asegurado sentirse "orgullosa" de la forma en la que se ha previsto, por parte del Gobierno de Aragón, la campaña de vacunación. "En este momento somos la segunda comunidad autónoma que a mayor ritmo está vacunando y creo que eso debe darnos seguridad y confianza en el propio sistema".

Así, ha explicado que en la región se inocula a la población al ritmo que llegan las vacunas. "Gracias a la reserva estratégica --de dosis-- que el Gobierno decidió hacer, creo que de manera acertada, hemos podido asumir aquellos vacíos que por situaciones de contingencia no ha podido llegar, y esperemos que podamos seguir cumpliendo con ese proceso, con ese calendario de vacunación".

Ha mencionado que a 23 de enero se han vacunado 42.652 personas, de ellas, a 2.217 se han administrado ya las dos dosis necesarias.

CONCIERTO

Acerca la polémica generada este fin de semana por unas imágenes de la calle de Alfonso en Zaragoza abarrotada de gente durante un concierto improvisado, Mayte Pérez ha subrayado que "afortunadamente" son casos "aislados.

"No podemos hacer una generalización, las sociedad está asumiendo con responsabilidad lo que tiene que hacer, el cumplimiento de las medidas, pero es absolutamente reprochable y condenable actos de este tipo". Ha asegurado que se ha intentado reforzar al máximo el control con el apoyo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Podemos Extremadura llevará a la Fiscalía la vacunación contra el coronavirus de los cargos públicos del PSOE extremeño, ya que si la vacunación se ha realizado "aprovechando su posición" sería una presunta ilegalidad.

Así lo ha anunciado este lunes la portavoz de Podemos Extremadura, Mavi Mata, en una rueda de prensa en la que ha alertado que esta vacunación por parte de cargos socialistas son "posibles casos de tráfico de influencias", ya que "si los cargos públicos que se han vacunado, lo han hecho aprovechando su posición, se habría producido una presunta ilegalidad, y no lo vamos a consentir".

Mata también ha explicado que el Código Penal prohíbe que cualquier funcionario o autoridad pueda utilizar su cargo para obtener un beneficio, por lo que ha añadido que cualquier político que haya incumplido con los planes de vacunación, "está condenando a la gente a morir", señala Podemos en nota de prensa.

Además, ha solicitado una investigación para determinar si se está atentando contra los principios básicos de la salud pública de transparencia y equidad "al vacunar a los directivos sanitarios antes que a los profesionales que están en primera línea luchando contra el virus.

La portavoz ha lamentado también que desde el PSOE extremeño se justifiquen los incumplimientos de los cargos públicos que se han vacunado en Extremadura, "mientras que el PSOE nacional está pidiendo responsabilidades y dimisiones por esas vacunaciones", lo que a su juico de Mata supone, una prueba más de que "el señor Vara y el señor Vergeles están blanqueando este tipo de prácticas corruptas".

REGRESO A LAS AULAS

Por otro lado, y ante la vuelta a las clases presenciales este lunes en los institutos de la región, Podemos Extremadura ha mostrado su apoyo a la huelga estudiantil que se ha convocado en rechazo a retomar la presencialidad debido a la alta incidencia del coronavirus en la región.

Mata ha lamentado que el gobierno de Fernández Vara esté constantemente adoptando medidas "incoherentes", ya que según ha recordado, "apostaron por la enseñanza online cuando teníamos una incidencia acumulada de 700 casos y ahora que pasamos de los 1.400 casos toman la decisión de volver a las aulas".

La portavoz de la formación morada ha pedido al profesorado y a la comunidad educativa que apoyen "la decisión valiente de los estudiantes" y que "desoigan las amenazas veladas de la Secretaría General de Educación", porque esas amenazas atentan contra un derecho fundamental de la ciudadanía, como es el derecho a la huelga.

Además, ha calificado de "insulto" las declaraciones del consejero de Sanidad, José María Vergeles, "en las que ha equiparado las vacaciones con la enseñanza online", que suponen un "insulto para la profesionalidad" de los profesores, que han hecho "grandes esfuerzos" para poner en marcha esa educación a distancia, y también para los alumnos y alumnas que durante estas semanas están haciendo un esfuerzo por seguir con esa enseñanza desde sus casas", ha dicho Mata.

Por todo ello, ha solicitado a la Consejería de Educación que "dé marcha atrás en su decisión" y no plantee la presencialidad en las aulas "mientras continúen los cierres perimetrales en los municipios y se mantenga la limitación de movilidad en la región".

Por último, Podemos Extremadura ha vuelto a solicitar al Ejecutivo autonómico que "adopte medidas más restrictivas" que permitan controlar las altas incidencias acumuladas en la región y otorgue indemnizaciones a los sectores más afectados por las restricciones.

"Somos la comunidad autónoma que está planteando las medidas más laxas cuando tenemos la incidencia más alta del país", ha dicho Mata, quien ha insistido en que hay que plantear la prohibición de las reuniones familiares y sociales en los domicilios, como ya están haciendo otras comunidades autónomas.

"Que el señor Vergeles hable de iniciar una desescalada la semana que viene nos ha dejado atónitas", ha continuado afirmando la portavoz quien además ha advertido al consejero de Sanidad y al presidente de la Junta que iniciar una desescalada antes de tiempo "nos puede hacer retroceder y alargar la agonía" de los extremeños.

Unidas Podemos, que forma parte del Gobierno, y los grupos parlamentarios de la oposición han unido sus voces en la Diputación Permanente del Congreso para reclamar este lunes que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, comparezca en la comisión correspondiente antes de dejar el cargo, un relevo que Moncloa tiene previsto acometer este mismo martes.

El Gobierno había pedido comparecer en enero para informar de la evolución del coronavirus e incluso en la Comisión de Sanidad manejaban la fecha de este jueves, 28 de enero. Ello habría permitido conjugar la comparecencia con el compromiso de Illa de cumplir con sus responsabilidad en el ministerio "hasta el último minuto", antes de empezar la campaña de las elecciones catalanas, que arranca a las cero horas del viernes.

Pero desde Moncloa se ha anunciado que Illa no llegará al jueves de ministro, sino que será relevado este martes y que el miércoles tomará posesión su sucesor o sucesora. De esa forma se centrara en exclusiva en su condición de candidato socialista a la Generalitat.

La comparecencia del titular de Sanidad había sido reclamada hace semanas tanto por el PP como por ERC y Bildu, y en la Diputación Permanente ha recabado el apoyo de los demás grupos de la oposición, pero también de la parte del Gobierno que representa Unidas Podemos.

MINISTRO A LA FUGA

La portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, ha explicado que la situación es extraordinaria y por ello deben comparecer tanto Illa como el presidente Pedro Sánchez.

A su juicio, el ministro ha utilizado su cargo como "trampolín" para las elecciones catalanas, generando "caos" en una tarea fundamental en un "momento crítico" de la lucha contra el coronavirus: "Los españoles merecen que comparezca, y no que se dé a la fuga", ha remachado.

Para Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de de Vox, la falta de comparecencia de Illa es "una tomadura de pelo" y un "engaño a los españoles", aunque también ha recordado que esta polémica surge porque el Congreso aceptó una prórroga de seis meses del estado de alarma "con control parlamentario".

También Ciudadanos y Más País han apoyado la comparecencia de Illa, incluso el PNV, cuyo portavoz adjunto, Mikel Legarda, cree que la aprobación de la comparecencia, aunque el ministro haya dimitido, debe ser al menos "un reproche (del Congreso) por incumplimiento de lo pactado".

ES UN ERROR, DICE PODEMOS

Y no sólo la oposición ha exigido esas explicaciones, sino que también se ha sumado Unidas Podemos, que cuenta con un vicepresidente y cinco ministros en el Ejecutivo. Para el presidente del grupo confederal, Jaume Asens, el anuncio de una última comparecencia del ministro era "una buena noticia" y, en cambio, les parece "un error que vaya a dimitir antes" de cumplir esa promesa.

Es más, el diputado de En Comú cree que "mucha gente puede pensar que el ministro ha actuado en su doble condición de ministro y candidato" y se ha preguntado que habría dicho Illa sobre celebrar ahora elecciones en Cataluña si no fuera el candidato del PSC. "Vamos a celebrar las elecciones en un contexto con las UCI al borde del colapso, y el ministro debería dar cuenta de estas dudas sobre su actuación como ministro y candidato", ha señalado.

"No nos vengan a lloriquear ahora sobre el ministro Illa, si son el mismo Gobierno y son corresponsables de lo que se hace", le ha replicado el portavoz de Vox.

Desde el PSOE se han limitado a pedir "cortesía parlamentaria" para posponer la comparecencia y dar tiempo a quien releve a Illa en el Gabinete, que en su opinión es la persona adecuada para atender las peticiones de explicaciones. Es más, ha llegado a solicitar a la oposición que retire esa comparecencia.

El socialista Guillermo Meijón ha recordado las numerosas comparecencias publicas de Illa durante estos meses de pandemia y ha dicho no entender que la oposición, después de haber estado pidiendo su dimisión tras ser designado candidato, en cambio ahora quieran que aguante para comparecer en el Congreso.

El consejero delegado y fundador de la plataforma Reclamadatos, Pau Enseñat, ha ampliado la denuncia que presentó el pasado 7 de septiembre contra la app 'Radar COVID' ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y argumenta que, "transcurridos más de seis meses desde su lanzamiento, sigue sin publicarse la evaluación de impacto o si la misma cuenta con la aprobación de la Agencia".

Según ha informado este lunes la compañía, si la primera reclamación se dirigía contra la Secretaría General de Administración Digital, ahora la denuncia se amplia contra el Ministerio de Sanidad y contra las Consejerías de Sanidad de las 17 comunidades autónomas.

En este sentido, la compañía ha detallado que en su nueva reclamación se enumeran una serie de factores que, a juicio de Enseñat, "han influido notablemente en que solo se hayan declarado a través de la app poco más de 36.700 positivos desde que se puso en marcha, ya que ha generado una desconfianza innecesaria y la mayoría de los ciudadanos se han mostrado reacios a descargarla y utilizarla pese a la gravedad de la pandemia".

Así, ha informado de que solicita a la Agencia que, en el marco de la investigación que está llevando a cabo, "se tengan en cuenta las novedades que se han producido desde el mes de septiembre, tanto la corrección de aspectos que se recogían en la primera denuncia, como los incumplimientos que tras más de seis meses de la publicación de 'Radar COVID' y en plena tercera ola de la pandemia, siguen sin haber sido subsanados".

Reclamadatos ha puesto de relieve que, entre las correcciones efectuadas durante este periodo, destaca la publicación del código fuente, "si bien no exenta de polémica, debido a su ofuscación inicial o la carencia del histórico de versiones, tal y como denunció la comunidad de desarrolladores después de su publicación".

También ha manifestado que se han introducido "importantes cambios" en la redacción de la Política de Privacidad, entre los que destaca "una relevante rectificación". "Ahora se reconoce que 'Radar COVID' sí trata datos personales (seudonimizados, pero no anónimos) y, por tanto, sus usuarios pueden reclamar sus derechos de protección de datos (acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición), tal y como ha venido defendiendo el Comité Europeo de Protección de Datos", ha argumentado.

A su juicio, otra de las modificaciones relevantes es el cambio de responsable de la aplicación. En concreto, ha detallado que desde el pasado 9 de octubre, el Ministerio de Sanidad y las Consejerías autonómicas, además de Ceuta y Melilla, son los responsables de 'Radar COVID' y no la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, tal y como publica el BOE del 15 de octubre.

"Este cambio en el flujo de los datos pone de manifiesto que --al menos hasta el pasado 9 de octubre-- la app seguía en fase de pruebas, pese a que desde el mes de agosto se pusieron en marcha las campañas publicitarias para animar a la ciudadanía a descargarla y usarla", ha recalcado.

Asimismo, considera que "sigue sin publicarse la evaluación de impacto, análisis que debía haberse efectuado antes de su lanzamiento hace ya más de seis meses".

"Si finalmente la Agencia determina que 'Radar COVID' ha vulnerado la normativa de protección de datos, ello podría impactar al resto de aplicaciones de rastreo europeas con las que se están compartiendo datos", ha zanjado Pau Enseñat.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, Isabel Blanco, ha asegurado que se han abierto expedientes informativos sobre las posibles vacunaciones indebidas frente a la COVID-19 en residencias y ha advertido que si se comprueba que se ha actuado irregularmente no se renovarán los conciertos de las plazas que estén vigentes cuando fallezca la persona que las ocupa.

Blanco se ha referido así a la posibilidad de que a través de las residencias se hayan vacunado personas que no se encontraban entre los grupos indicados para ello después de que se hayan conocido algunos casos en los que podría haberse dado esta circunstancia.

La titular de Familia ha incidido en hay 73.400 personas entre residentes, trabajadores fijos de centros residenciales o que prestan servicio en los mismos y tienen contacto directo con los residentes que se encontraban entre susceptibles de recibir la primera dosis de la vacuna en relación a los grupos establecidos.

De estas personas, el 98 por ciento estaban localizados mediante listados de la Consejería o de Sanidad pero el 2 por ciento restante figuran entre los que las propias residencias han comunicado mediante listas porque pertenecen a otro tipo de servicios como los externalizados (podólogos o cocina, por ejemplo) y de los que no dispone la Administración, lo que suponen 1.500 personas entre las cuales podría encontrarse alguna que no pertenecería a los grupos susceptibles de recibir la vacuna en esta fase.

Sin embargo, Isabel Blanco ha afirmado que hay centros residenciales "con poca ética" que han incluido en los listados a personas que no deberían estar en ellos porque no son mayores, dependientes, con discapacidad o trabajadores que tienen contacto directo con los residentes, que son los que deberían de estar.

La titular de Familia ha explicado que los centros son los responsables de la información y los que en algunos casos han tenido "poca ética" al meter a esas personas, igual que las personas que reciben la dosis "sabiendo que no son prioritarios", algo que ha aclarado que se ha producido en situaciones "excepcionales y muy puntuales".

EXPEDIENTES Y SANCIONES

Por ello, la Consejería ha abierto expedientes informativos para comprobar los datos y Blanco ha asegurado que se aplicarán las sanciones correspondientes, al tiempo que ha dejado claro que, en el caso de que se detecten que se han producido estas circunstancias irregulares en centros en los que hay plazas concertadas de la administración éstos no se renovarán cuando fallezca persona que ocupa la plaza.

"Es un tema serio, importante, hay centros que se han saltado el orden de prioridad y vamos a ser muy contundentes", ha aseverado la conejera de Familia.

Isabel Blanco ha incidido en que se pueden comprobar los listados porque además hay un registro de vacunación y se podrán cotejar, pero "no es proceso que se pueda hacer en 24 horas" porque son más de 73.000 personas las que entraban en este tipo de vacunación.

En cuanto a si habría que poner la segunda dosis en caso de que hayan recibido la primera cuando no les correspondía, la consejera ha aclarado que ella no tiene que determinar esta cuestión sino que deberán ser las autoridades sanitarias las que lo decidan.

Por otro lado, en cuanto a entre el 10 y el 12 por ciento del personal que ha rechazado la vacunación por diferentes motivos, bien personales o médicos, la consejera ha indicado que si ahora que empieza a dispensarse la segunda dosis podrían vacunarse, dado que algunas de ellas podrían no habérsela puesto al estar de baja en el momento en el que se puso la primera, por ejemplo, por bajas ajenas a la COVID.

El portavoz del Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, cree que España no llegará al 5 por ciento de población vacunada en verano si sigue al ritmo actual, frente al 70 por ciento que pronosticó el Gobierno, y ha pedido que se implique en la campaña a las Fuerzas Armadas, la sanidad privada, las farmacias y otros recursos de la administración.

En rueda de prensa, Buxadé ha arremetido contra la "nefasta" gestión del Gobierno "criminal" de PSOE y Unidas Podemos y ha criticado el "inexistente plan de vacunación". "No hay vacunas, no hay plan, no hay capacidad organizativa ni en el conjunto de la nación ni en cada una de las comunidades autónomas", ha lamentado.

En este sentido, ha recordado que Vox defiende la libertad de aquellas personas que decidan no vacunarse de Covid-19, pero a la vez exige que se garantice el derecho a hacerlo de todos aquellos que así quieran.

Según ha recordado, el Gobierno cifró en el 70 por ciento la población que habría recibido la vacuna en los meses de verano, pero él cree que "al paso" actual España "no va llegar ni al 5 ciento". Por ello, ha exigido que se pongan "todos los recursos de la Nación al servicio de quienes se quieren vacunar" y se recurra al Ejército, la sanidad privada, las farmacias, se habiliten recintos públicos para campañas de vacunación o incluso se implique a personal sanitario para labores de registro de vacunas.

CRÍTICAS A LA COMPRA CENTRALIZADA DE LA UE

Buxadé ha censurado también el modelo de compra centralizada de vacunas de la Unión Europea. Ha recordado que España renunció a acudir a los mercados internacionales amparándose en una negociación de Bruselas, pero ahora la medida de vacunación de la UE es del 2 por ciento frente al 10 por ciento de Reino Unido, por ejemplo.

Y la misma crítica ha hecho a las ayudas europeas del fondo de reconstrucción, que ha lamentado que se vayan a destinar a asuntos como la "transición ecológica" o "destruir la capacidad de las centrales térmicas" cuando hay cientos de miles de ciudadanos que "no pueden salir adelante" porque "el Gobierno les está impidiendo trabajar".

De hecho, ha reiterado su oposición a las medidas restrictivas de la movilidad y de horarios de la hostelería y el comercio, como las que entran en vigor este lunes en la Comunidad de Madrid, y que Vox ve "arbitrarias".

ANIMA A MOVILIZARSE

Buxadé ha lamentado que la administración esté siendo "incapaz" d frenar la propagación de los contagios mediante la realización de pruebas PCR masivas o un plan de rastreo adecuando y, en cambio, descargue la responsabilidad en los ciudadanos.

Por ello, ha animado a los ciudadanos a movilizarse frente a un Gobierno que califica de "traidor, desleal, negligente e irresponsable", aunque ha descartado por el momento que Vox se ponga al frente de esas protestas.

El catedrático y profesor Pablo Chico, que impartió una de las asignaturas del máster que cursó la expresidenta regional Cristina Cifuentes en 2012, ha afirmado en el juicio que no instó a la funcionaria Amalia Calonge a modificar las calificaciones de la exlíder madrileña, aseverando que las presiones que recibió cuando saltó la polémica procedían de la Comunidad de Madrid.

"Esta señora faltó a la verdad", ha subrayado el testigo en el juicio que se sigue contra Cifuentes y en el que ha manifestado que el interés de la exasesora de Educación María Teresa Feito en recabar información tras publicarse la información era porque "había una rueda de prensa que tenía que dar la presidenta y necesitaba tener esa aclaración".

"El señor rector --Javier Ramos--, no recuerdo si me hablaba de la presidenta pero sí expresamente de la Comunidad de Madrid, me dijo que me iba a llamar Feito para esclarecer el tema. Yo tenía claro que si había una modificación había un fundamento académico", ha relatado el testigo.

"Lo que tengo claro es que ella tenía que resolver este problema para la Comunidad de Madrid, con total seguridad. Eso me quedó meridianamente claro", ha aseverado a preguntas insistentes de la fiscal Pilar santos sobre en nombre de quién actuaba la exasesora.

La declaración llega el mismo día en el que Calonge ha manifestado ante el tribunal que Chico la dio instrucciones para cambiar las notas y que ella estaba autorizada para tal modificación.

En su declaración, Cifuentes relató que cursó el máster sin ir a clase, sin realizar exámenes y entregando el 2 de julio de 2012 el Trabajo de Fin Máster (TFM) sin exponerlo ante el tribunal, algo nada habitual según profesores de la URJC.

En su comparecencia, Calonge ha narrado ante el tribunal que solo conocía a Cifuentes dado que su hermana era compañera suya y se la presentó en el tanatorio cuando falleció su padre. Calonge estuvo imputada en la causa pero finalmente se levantó su imputación.

La testigo ha explicado que se encargaba de matricular a los alumnos y ha dicho que tenía facultades para cambiar las notas. Al respecto, ha explicado que el entonces responsable de Posgrado y Títulos Propios José Antonio Lobato no se hacía cargo de másteres anteriores a su nombramiento, por lo que protestó ante el vicerrector José María Álvarez Mozoncillo.

"Entiendo que me dio de alta para poder hacer cambios de notas en los másteres antiguos anteriores a que se cree la escuela de másteres", ha narrado. Así, ha señalado que con ese acceso modificó las calificaciones de "muchísimos alumnos" ya que había casi 10.000 alumnos en el Campus de Móstoles.

"¿Modificó usted las notas de Cifuentes de no presentada a 7,5 y también le puso 7,5 en la asignatura del TFM?. ¿Quien se lo dijo?", ha preguntado el letrado de la URJC. "Me llamó Pablo Chico y le dije que me lo mandara por correo y lo pusiera por escrito. Me dijo que tenía un notable y que había habido un problema y que procediera al cambio de las notas", ha contado.

A preguntas sobre si la habilitaron para modificar las notas, ha replicado que ese extremo no es automático y que ella ya estaba autorizada. "Fue por orden del vicerrector, quien es quién tiene la competencia para ello. Yo me he enterado después, en un juzgado", ha dicho.

Calonge ha apuntado que ella no tenía competencia para pedir explicaciones de esas rectificaciones y ha dicho que los catedráticos funcionaban "así" al ser preguntada sobre si no le extrañó la petición de Pablo Chico a pesar de que las asignaturas no eran suyas. "Yo no tengo por qué poner en cuestión a un catedrático de la universidad", ha dicho.

La funcionaria estuvo presente en una de las reuniones después de que saltara la polémica con la noticia de 'eldiario.es', en la que el director del Instituto de Derecho Público(IDP) Enrique Álvarez Conde --fallecido-- dijo que tenía el trabajo de Cifuentes y que lo podía tener en su casa y en su despacho. "Varias personas le dijimos que fuera a buscarlo, entre ellas yo", ha dicho.

Además, ha indicado que vio el acta encima de la mesa y que la enviaron al Rectorado por correo electrónico. "Vi el actilla que salió en la prensa y que parece ser que estaba falsificado. Lo vi antes de la rueda de prensa.

También ha contado una conversación con la exasesora de Educación María Teresa Feito, ya que fue la profesora que había ido con Cifuentes en 2017 a recoger el título del máster. Feito entró en el despacho del rector y el vicerrector de Comunicación Carles Marín, que estaba preparando la rueda de prensa, la echó", ha recordado.

NO INSTÓ A CAMBIAR LAS NOTAS

Por su parte, el catedrático Pablo Chico, que dio la asignatura 'Financiación de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales', ha señalado que tuvo una conversación con Calonge en 2014 en la que le trasladó "que había una estudiante que tenía un problema y que le aparecía no presentado".

"Le dije que podía revisar la calificación y efectivamente hago ese proceso y veo que tiene calificación de notable. Reviso la calificación y confirmo que tiene notable", ha indicado aclarando que no le pidió que lo modificara.

"Esta persona realizó una modificación de forma arbitraria. Yo le di un dato académico. Esta persona actuó de mala fe. Bajo ningún concepto se hablo del TFM. En ningún momento yo he participado en ningún trabajo de ningún estudiante", ha recalcado.

Según su testimonio, el rector le comentó que tenía que ponerse en contacto con Feito, quien "le premiaba si le daba cualquier dato porque la presidenta iba a comparecer y tenía que tener la aclaración de lo que había ocurrido". "Me dijo: "me lo tienes que mandar ya!. No fue una conversación fácil. Lo prudente era con sosiego buscar toda la documentación", ha recordado.

Además, ha indicado que en esa rueda de prensa se enteró de que había que defender el TFM y que habría ordenado cambiar unas notas. "Me preocupo porque una funcionaria decía que yo instaba a modificar las notas. Pensé que era materialmente imposible. Ni había participado en ningún tribunal ni había dirigido un trabajo de fin de máster", ha señalado.

Al llegar a su casa, comprobó que tenía un correo de la funcionaria y que efectivamente le comentó que había un problema con la asignatura que él había dado pero no con el TFM. "Le advertí al rector que era falso. Esta señora faltó a la verdad", ha aseverado.

NO ESTABA AUTORIZADA

El primero en comparecer ha sido José Antonio Lobato, quien ha relatado que el rector Javier Ramos le solicitó al saltar la polémica el 21 de marzo de 2018 que recopilara las actas, sin que constara el acta del TFM de Cifuentes.

Sobre el máster que cursó Cifuentes, ha indicado que era presencial y que a partir de 2007 era obligatoria la defensa del trabajo final. "En la normativa decía que se tenia que defender y daba unos requisitos. Hay un decreto de 2007 en el que se establecen las directrices de los másteres y la normativa aplicada a este decreto", ha detallado.

El departamento de Lobato se encargaba de la rectificación de notas si había algún error, indicando que la funcionaria Amalia Calonge no pertenecía a su servicio, por lo que no estaba autorizada a realizar modificaciones.

"El profesor, si ve alguna rectificación, desde 2011 hay una cuenta de correo y tiene que mandar un correo y solicitar la rectificación del acta. También puede darse el caso que se acercaran al servicio solicitando la rectificación. La hacía el departamento y no el profesor", ha comentado.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha asegurado este lunes que "en ningún caso" las reformas que está planteando su Departamento van en contra del acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos.

Escrivá, en declaraciones a La Sexta, respondía así al ser preguntado por unas declaraciones al diario 'El País' del secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, en las que asegura que las reformas que plantean tanto Escrivá como la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, van en contra del pacto de Gobierno.

"Conozco perfectamente los acuerdos del pacto de coalición y lo estamos cumpliendo escrupulosamente", ha señalado Escrivá, que ha puesto como ejemplo una medida como la de descargar de gastos impropios a la Seguridad Social, que venía recogida tanto en el pacto de Gobierno como en las recomendaciones del Pacto de Toledo.

En opinión de Escrivá, "se ha construido un relato en las últimas semanas que no tiene ningún recorrido" y atribuye las declaraciones de Álvarez a "una forma de mantener el 'momentum' del relato".

El ministro ha subrayado que "el error" que se está cometiendo en este asunto es volver a meter las pensiones dentro de la lucha partidista e "intentar apropiarse del relato". "Eso no es correcto y no tendrá recorrido. Esto no va de recortes y es consistente con todo lo acordado", ha añadido.

"NO CREO QUE HAYA NADA PERSONAL... YO PASABA POR AHÍ"

Pese a todo, el ministro ha asegurado que se siente "extraordinariamente cómodo" en el Gobierno porque se están haciendo cosas, como los ERTE, la prestación de autónomos, las recomendaciones del Pacto de Toledo, etc.

"Yo estoy aquí para hacer cosas por los ciudadanos y estoy totalmente entregado a desplegar las numerosas recomendaciones del Pacto de Toledo", ha defendido el ministro, que ha añadido que "por supuesto" tiene previsto seguir en el Ejecutivo.

Escrivá ha subrayado que lo que hay que transmitir a los pensionistas es que el sistema va a ser más justo y más sostenible, por lo que "no le interesa especular" sobre lo que sucede con Podemos. En todo caso, cree que la formación morada no tiene "nada personal contra él".

"No creo que haya nada personal. Hay patrones que uno puede seguir y yo pasaba por ahí", ha señalado.

Respecto al borrador que se manejó en el Gobierno sobre la ampliación del periodo de cálculo de las pensiones de 25 a 35 años, Escrivá ha insistido en que se manejan muchos borradores y que él se hace responsable de lo que presentó en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, que es lo que finalmente se envió a Bruselas en la ficha de la reforma de pensiones.

El ministro ha afirmado que no sabe si alguien filtró esos borradores intermedios ni ha querido entrar tampoco en si, en una conversación privada con varias ministras, entre ellas la de Trabajo, se quejó de la actitud de Podemos, una información que publicó el diario 'El Mundo' este fin de semana.

"No voy a hablar de eso, es que no fue así. No podemos estar hablando de este tipo de cosas, de reuniones internas. No es razonable que eso se divulgue y no sé quién lo hace, no le dedico tiempo a eso", ha añadido.

La Comisión de Ética Judicial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha vuelto a recordar este lunes que la participación de jueces en entrevistas, coloquios o redes sociales deber ser "neutral" con el objetivo de no comprometer la apariencia de imparcialidad del Poder Judicial.

En un comunicado del órgano de los jueces se apunta que la independencia, imparcialidad e integridad que el código de ética judicial recomienda a los jueces está recogido también en los Principios de Bangalore, aprobados por la ONU, y que por tanto sus participaciones públicas "deben ajustarse al concepto de neutralidad política".

Asimismo, el CGPJ indica que los magistrados debe guiarse por la "prudencia y la moderación" que recogen las normas éticas, nacionales e internacionales, cuando abordan los límites de la libertad de expresión de los jueces.

Esta es la segunda vez en poco tiempo, la última en diciembre de 2020, que la Comisión de Ética Judicial se pronuncia sobre el papel de los jueces en sus intervenciones en medios de comunicación. En la de hace un mes ya establecía que la intervención de los jueces y juezas en los medios de comunicación para explicar o comentar resoluciones judiciales debe guiarse por la prudencia y moderación.

Ahora, en este nuevo dictamen de la Comisión de Ética Judicial da respuesta a una consulta referida al modo en que un juez debe desenvolverse públicamente, ya sea en una entrevista en un medio de comunicación, un coloquio jurídico o en las redes sociales, para no comprometer ni su apariencia de imparcialidad ni la del Poder Judicial y para no generar desconfianza en la ciudadanía.

INVITA A LOS JUECES A CONOCER LAS REDES SOCIALES

Al hilo, el CGPJ señala también que la obligación del juez de dispensar un trato respetuoso a las personas que intervienen en el proceso "debe extenderse también al ámbito extraprocesal", por lo que los comentarios e intervenciones de los miembros de la Carrera Judicial en medios de comunicación, redes sociales o encuentros jurídicos deben desarrollarse "con las formalidades de la buena educación" y "sin expresiones irrespetuosas, vejatorias o dañinas".

Por otro lado, el dictamen invita a los jueces a que obtengan y demanden la formación suficiente sobre el funcionamiento y uso de las redes sociales, y al hilo cita el curso sobre 'Conducta y Ética Judiciales de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito' en el que se aconseja "no publicar nada que pueda socavar la confianza del público en la imparcialidad del Poder Judicial, como opiniones políticas o cuestiones polémicas" y "no identificarse como juez en los medios sociales".

Al respecto cita otros códigos de conducta de distintos estados, y recalca que todos coinciden en que los jueces deben abstenerse de demostrar preferencias políticas. También menciona la Declaración de Londres sobre la deontología judicial aprobada por la Asamblea General de la Red Europea de Consejos de Justicia (2010), en la que se habla de "mesura, seriedad y prudencia" como cualidades judiciales.

La Comisión Ética también da respuesta a otra consulta referida a la conveniencia de que un juez forme parte de un tribunal de calificación a un cuerpo de letrados autonómico. El autor de esta pregunta era un presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de una Comunidad Autónoma.

A esto, la comisión responde que los jueces y magistrados deben considerar distintas cuestiones, antes de decidir si es correcto, desde el punto de vista de la ética judicial, aceptar ser miembro de un tribunal de oposiciones. Y detalla que deben valorar si su participación está prevista legalmente.

También apunta que debe valorarse la litigiosidad que el mismo proceso selectivo ha tenido en anteriores convocatorias, así como el número de magistrados que conforman la sala jurisdiccional llamada a resolver los recursos de ese proceso de oposiciones. Con esto, señala, se trata de evitar que la abstención de uno de sus miembros ponga en riesgo la apariencia de imparcialidad del órgano judicial.

La Comunidad de Madrid estima que los daños producidos por el temporal 'Filomena' en las masas forestales ascienden a 3.782.000 euros, según el primer balance realizado por el Gobierno regional tras inspeccionar los parques regionales y periurbanos de la región, así como en los montes gestionados por la Comunidad y los montes de titularidad privada.

La consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, Paloma Martín, ha explicado que estos datos han sido "recabados por la Dirección General de Biodiversidad y Recursos Naturales, en colaboración con los agentes forestales que se encuentran supervisando la masa forestal de la región, y servirán para llevar a cabo las actuaciones necesarias para recuperar el patrimonio natural afectado por el temporal".

Martín ha informado de que el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama (PNSG) "apenas ha sufrido daños significativos, no así los parques regionales, cuya afectación por Filomena se estima en casi 1,7 millones de euros". En este caso se calcula que "el 13% de los árboles ha sufrido algún daño y otro 2,8% ha sido derribado por la tormenta de nieve".

En el caso del Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama (PRCMRG), los técnicos han calculado daños por valor de 1.050.000 euros, una cantidad que incluye los 50.000 euros necesarios para reparar el vivero forestal situado en la Dehesa de Marimartín, en el término municipal de Navalcarnero.

También se han evaluado, para su recuperación y posterior reforestación, los parques periurbanos, que se han visto menos afectados al estar formados por árboles jóvenes, como es el caso de Polvoranca, Bosquesur y Valdebernardo, donde se ha apreciado la caída del 1% del arbolado, y en los que el 2,5% ha sufrido algún tipo de daño en su estructura. En este caso, las necesidadeseconómicas para repararlos se estiman en un total de 300.000 euros.

LOS MONTES DE MADRID TENDRÁN SU RECUPERACIÓN

El Ejecutivo regional ha realizado las estimaciones de costes del daño producido en los montes gestionados por la Comunidad de Madrid, tanto en la zona norte, este y sur-oeste, a partir de los trabajos más urgentes que, desde los días posteriores al temporal, están llevando a cabo las cuadrillas de mantenimiento y conservación de los mismos.

En total, los daños producidos se han valorado en 282.000 euros, siendo los montes de la zona norte los menos afectados (12.000 euros), y los del suroeste los que más (160.000 euros). En el caso de la zona sureste, el perjuicio asciende a 110.000 euros.

MONTES DE TITULARIDAD PRIVADA Y FINCAS PARTICULARES

Por otro lado, los efectos de la borrasca Filomena en las masas forestales de los montes de titularidad privada y fincas particulares de la Comunidad de Madrid son de 1,5 millones de euros, como consecuencia del tronchado y desgarro sufridos por las ramas de la masa forestal de estos entornos, así como el vuelco de algunos ejemplares arbóreos. No obstante, esta valoración es más compleja al tratarse de montes cuyo tratamiento corresponde a sus propietarios.

Por último, dentro de la valoración de daños realizada en el ámbito de la biodiversidad de la región, hay que señalar los sufridos en las instalaciones del Centro de Recuperación de Aves Silvestres (CRAS) Madrid-Viñuelas, que sirve de refugio temporal a la fauna silvestre de la región, y que se han calculado en 163.344 euros.

Los animales de este centro se encuentran en perfectas condiciones ya que sus técnicos mantuvieron la vigilancia y cuidado de la fauna durante el paso del temporal. La cantidad corresponde, por un lado, a los daños sufridos por el arbolado del monte Soto de Viñuelas, donde está situado el monte, y que ascienden a 101.678 euros; los del arbolado del propio CRAS, valorados en ,11.535 euros; los estructurales, con un coste de 18.111 euros; y los de las instalaciones, valorados en 3.670 euros.

Respecto a la Red de Centros de Educación Ambiental y Centros de Información Ambiental repartidos por los espacios naturales y montes de la Región no habido que lamentar daños significativos.

La directora general de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), Myriam Pallarés, y el presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, Jesús Aguilar, han suscrito la segunda de las prórrogas de dos años previstas al concierto firmado en 2014 por el que fijaron las condiciones para la ejecución de la prestación farmacéutica de la Mutualidad a través de farmacias.

Este concierto está destinado a aproximadamente el millón y medio de mutualistas y beneficiarios de MUFACE a través de los servicios que reciben en las 22.102 farmacias españolas.

La prórroga del concierto, aprobada el pasado 17 de diciembre por unanimidad en la Asamblea de Colegios de Farmacéuticos, prolonga por dos años las condiciones en que las farmacias colaboran con MUFACE en la dispensación a los mutualistas de los medicamentos, preparados y fórmulas magistrales efectos y accesorios, vacunas antialérgicas y bacterianas, incluidos en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud.

Asimismo, queda prorrogada también la Adenda sobre Receta Electrónica suscrita entre ambas organizaciones en 2019, y que ha facilitado su desarrollo e implantación, tanto en el ámbito público como privado, con el objetivo de modernizar y adaptar el servicio ofrecido a los mutualistas.

A lo largo de los últimos meses ambas instituciones han avanzado conjuntamente en la progresiva incorporación de los mutualistas a la receta electrónica interoperable en el ámbito del Sistema Nacional de Salud.

En este sentido, desde que se inició en octubre la implementación a la interoperabilidad de la receta electrónica de MUFACE se han incorporado ya once comunidades autónomas: Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Extremadura, La Rioja, Madrid, Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad Valenciana y País Vasco, beneficiando a 206.475 mutualistas acogidos a la opción pública de la asistencia sanitaria y que ya pueden retirar las recetas en cualquier farmacia. Está previsto que la interoperabilidad se amplíe próximamente a las restantes comunidades autónomas.

En el ámbito privado, cuando finalice su implantación en Cantabria, iniciada en mayo, con más de 300.000 operaciones y 100.000 dispensaciones hasta hoy, la receta electrónica de MUFACE se irá incorporando al resto de CCAA.

"Damos un servicio cada vez más satisfactorio a nuestros mutualistas, como queda demostrado con los grandes pasos dados con la interoperabilidad de la receta electrónica para los mutualistas de opción pública, cuyo proceso de implantación en todas las comunidades autónomas se está completando en este primer trimestre de 2021, con la colaboración del Ministerio de Sanidad", ha comentado la directora general de MUFACE, Myriam Pallarés.

Por su parte, el presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, Jesús Aguilar, ha destacado el buen entendimiento de ambas instituciones, que ha permitido el desarrollo de los trabajos en un escenario de dificultades, y con un despliegue tecnológico de la receta electrónica que "se configura como un elemento clave para el adecuado desarrollo de la prestación sanitaria, facilitando el seguimiento del historial farmacoterapéutico y la accesibilidad del paciente mejorando la calidad asistencial".

Cinco vocales del sector progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) suscriben un duro voto particular en el que discrepan del acuerdo alcanzado por la mayoría de este órgano el pasado jueves respecto de los planes de reforma de este órgano impulsados por el Gobierno, en el que acusan a sus compañeros de alinearse con el PP e incurrir en "deslealtad a España" por señalar que la tramitación de dicha reforma viola el Derecho Europeo.

El acuerdo, según los vocales designados a propuesta del PSOE Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Pilar Sepúlveda y la vocal patrocinada por IU Concepción Sáez es "una confrontación gratuita, infundada e impropia en términos constitucionales y de separación de poderes, contra la Mesa del Congreso de los Diputados", según señala el documento.

El acuerdo criticado por estos vocales se adoptó en un Pleno Extraordinario del CGPJ el pasado jueves, que por 16 votos frente a 5 acordó solicitar a la Mesa del Congreso que reconsidere su decisión de tramitar de forma urgente la propuesta de ambos partidos para limitar los nombramientos discrecionales que puede hacer este órgano estando en funciones, al tiempo que volvía a instar a todas las fuerzas parlamentarias a renovar "a la mayor brevedad" el órgano de gobierno de los jueces, que lleva dos años caducado.

A juicio de los vocales progresistas, sin embargo, el CGPJ pierde con esta declaración toda apariencia de imparcialidad, "pues refleja una falta de respeto por el ámbito propio de las competencias y de la legitimidad del Poder Legislativo, interfiriendo en el debate parlamentario".

"Tal parece que este órgano constitucional se alinea, como coadyuvante o postulante, con la estrategia política y parlamentaria de quienes están bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial, o tienen una gran responsabilidad en ello", añaden en clara referencia al Partido Popular.

Además, para estos vocales insinuar "siquiera remotamente" que el Congreso de los Diputados o las Cortes Generales -al tomar en consideración y tramitar una proposición de Ley- incurren en violación del Derecho Europeo y de los Tratados de la Unión Europea, convierte a España "en merecedora de sufrir el mecanismo fiscalizador, sancionador y de suspensión de derechos como miembro de la Unión, previsto en el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea (TUE), es una deslealtad a España", tal y como fue advirtieron estos vocales durante el debate del pasado jueves.

El acuerdo de sus compañeros es además, a criterio de estos vocales, contradictorio con los actos propios de este Consejo, "que con su actitud pierde toda apariencia de imparcialidad". "Con afirmaciones tales, tal como hemos advertido en el Pleno, el Consejo parece intentar acompañar, o contribuye de manera objetiva a acompañar, la campaña de desprestigio contra nuestro país ante las instituciones europeas, que determinados agentes políticos de distinto signo vienen realizando de forma irresponsable", insisten en el escrito, que extiende sus reproches a lo largo de catorce páginas.

Según los discrepantes, el CGPJ no tiene además entre sus competencias la ordenación de los debates parlamentarios, ni de los tiempos o trámites de las iniciativas legislativas, ni el gobierno de la Cámara, ni la interpretación de su Reglamento, ni es tampoco nadie para indicarle "a quiénes o qué sectores sociales, agentes y operadores jurídicos han de oír, o cómo se deben organizar las relaciones del Parlamento con los diversos agentes sociales en los procedimientos legislativos".

Recuerdan en este punto que, de hecho, el órgano de gobierno de los jueces no tiene competencia para emitir pronunciamientos sobre Proposiciones de Ley, salvo que así se lo haya instado discrecionalmente el Congreso de los Diputados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 561 de la propia Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

EL SISTEMA TIENE GARANTÍAS

Agregan que lo cierto es que el CGPJ no tiene el monopolio de la interpretación constitucional, ni sus opiniones fuerza vinculante alguna; y que el sistema tiene garantías suficientes para la realización del control de constitucionalidad de leyes.

El único acierto del escrito de sus compañeros "y no con la intensidad necesaria", lo ven en el último párrafo de la resolución, en el que la mayoría traslada que en el trasfondo de este asunto está la excesiva prolongación de la prórroga del mandato de este Consejo e instan a las fuerzas políticas representadas en las Cortes Generales para que acuerden su renovación a la mayor brevedad.

En este punto, los discrepantes recuerdan que renovar en el plazo legal las altas instituciones del Estado, y en concreto, el Consejo del Poder Judicial "es un imperativo constitucional, un derecho-deber de las Cámaras, Congreso y Senado, tal como en reiteradas ocasiones ha afirmado el Tribunal Constitucional".

Por ello, insisten en que obstaculizar dicha renovación "es un grave atentado a la estabilidad del sistema democrático español, que contribuye al desprestigio de las instituciones democráticas y de los órganos constitucionales, y constituye un intento artero e irresponsable de manipulación del Consejo General del Poder Judicial, de la separación de poderes y de la independencia del Poder Judicial".

ESPAÑA NO ES POLONIA

En otro de los puntos de su voto, argumentan que afirmar como se dice en la resolución, que el Congreso de los Diputados desatiende las mencionadas recomendaciones de la Comisión Europea, "es situar a España a la altura de Polonia, acusando e imputando a nuestro país de provocar graves amenazas sistémicas al Estado de Derecho, lo que resulta ser una agresión desleal e intolerable a nuestras instituciones democráticas y a los Poderes del Estado".

"España no es Polonia", destacan en mayúsculas, y en este punto se refieren a determinada prensa, al aludir a lo que dicen "los que se prestan con tanto entusiasmo a jalear desde sus editoriales" la decisión de la mayoría en este órgano.

Así, se preguntan si lo que dicen sus compañeros supone considera que el parlamento español está totalmente deslegitimado para legislar. "No es de extrañar que Acuerdos del CGPJ como el denunciado, que acusan a nuestro país de generar un riesgo sistémico contra el Estado de Derecho situándolo al nivel de Polonia, generen alarma social, inciten a la crispación", afirman.

Por todo ello concluyen que lo que se precisa en este momento es, muy al contrario, "preservar al CGPJ del debate político, y emitir un mensaje claro y rotundo en favor de la renovación, contribuyendo positivamente al cumplimiento de la Constitución".

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, no ha descartado este lunes medidas "todavía más restrictivas" para hacer frente a la expansión "explosiva" de la Covid-19 en la comunidad y, aunque ha señalado que "el margen del Gobierno es mínimo", se podría llegar al cierre de la actividad no esencial.

Así lo ha señalado en rueda de prensa telemática tras mantener una reunión con los portavoces de los grupos parlamentarios en las que ha informado de manera directa sobre la evolución de la pandemia y las medidas adoptadas hasta este momento.

Marín ha vuelto a insistir al ministro de Sanidad, Salvador Illa, sobre la posibilidad de adelantar el toque de queda y decretar confinamientos domiciliarios en los municipios que así lo requieran. "Esperemos que se nos den las herramientas jurídicas que nos permita hacer lo que hay que hacer", ha subrayado.

De igual manera, ha querido mandar un mensaje de agradecimiento a los ciudadanos que de forma voluntaria, "la inmensa mayoría", se han quedado en casa a partir de las 19,00 y las 20,00 horas. "Esto es positivo mientras no recibamos del Gobierno central el auxilio que necesitamos", ha afirmado

Sobre el proceso se vacunación en Andalucía, Marín ha mostrado su deseo de no tener que interrumpirlo con la llegada de más dosis. "El ritmo de 70.000 semanales no era el deseado porque podemos llegar a 400.000 a la semana, pero garantizaba un plan de trabajo que suponía para marzo tener vacunado a gran parte de la población diana", ha explicado, toda vez que ha señalado que no saben las dosis que va a recibir Andalucía y podría llevarse a cabo "un replanteamiento del plan".

"A día de hoy no tenemos las vacunas que inicialmente se habían garantizado. El stock de reserva nos permitirá entre hoy y mañana poner la segunda dosis a los que se vacunaron hace 21 días, pero hay incertidumbre sobre si podremos seguir cumpliendo con el plan de vacunación", ha advertido, teniendo en cuenta que "ya se ha administrado casi el cien por cien de las vacunas recibidas".

IMPACTO ECONÓMICO

Respecto al impacto económico que esta crisis está teniendo, el vicepresidente ha considerado que "los datos son terroríficos", con una caída del PIB en el año de entre un once y doce por ciento, aunque es unas tres décimas mejor que el conjunto de España.

En cuanto a las previsiones para 2021, ha detallado que sería de un crecimiento del 6,9 por ciento, lo que supondría recuperar en 2021 más del 50 por ciento del PIB perdido en 2020. "En el escenario más pesimista sería del 4,5-4,9 por ciento", ha apuntado. De otro lado, el número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social ha caído 1,6 por ciento a nivel interanual en el mes de diciembre, mientras que ha crecido el número de autónomos con 9.060 más, triplicando la cifra de autónomos creados en el conjunto de España.

Por último, sobre la situación de los centros educativos, ha indicado que "la inmensa mayoría están libres de Covid" y solo 17 centros están cerrados, lo que supone el 0,23 por ciento de los 7.099 del total de la comunidad, y 576 aulas se han visto afectadas por alguna incidencia, lo que representa el 0,73 por ciento de las 78.024 del total andaluz.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha afirmado que el desempleo juvenil en España es "inaceptablemente alto", por lo que es una cuestión central en la agenda del Ejecutivo, que cuenta con mejorar la empleabilidad de los jóvenes españoles a través de la nueva ley educativa aprobada, así como fortaleciendo las habilidades digitales y revisando los incentivos para su contratación.

Durante su intervención en un panel dedicado a los 'Progresos hacia un Nuevo Contrato Social' en el marco del Foro Económico Mundial, que este año se celebra de manera virtual, el presidente español ha señalado que, en el contexto del plan de resiliencia y recuperación, se modernizarán las políticas activas de empleo para mejorar la empleabilidad de los jóvenes, para lo que se invertirán más de 750 millones de euros.

Sánchez ha indicado también que serán revisados todos los incentivos para la contratación de jóvenes y se reforzarán los contratos de aprendizaje para garantizar que no se usan como trabajo barato, sino para continuar la formación de los jóvenes.

Asimismo, el presidente español ha destacado el papel que puede desempeñar la nueva ley educativa aprobada en el país, así como la apuesta por el el refuerzo de las habilidades digitales, con un gasto de 1.500 millones de euros para mejorar la capacitación digital, especialmente entre las mujeres.

Por otro lado, Sánchez ha destacado las medidas del escudo social y económico desplegado por el Estado para hacer frente a la crisis de la Covid-19, incluyendo los ERTE, así como la aprobación de un ingreso mínimo vital y de una legislación específica del teletrabajo, además de facilitar la financiación a las empresas mediante avales bancarios.

En este sentido, en relación a los fondos que España recibirá a través del fondo europeo Next Generation, el presidente ha destacado que el plan español girará en torno a tres ejes fundamentales: la inversión para crear empleos y transformar la economía; la implementación de reformas para elevar la productividad y la competitividad; y la mejora de la formación de los trabajadores enfocada hacia sectores de demanda al alza, cono la transición ecológica y la digitalización.

INVERSIÓN DE 1.500 MILLONES EN RENOVABLES

En cuanto a la transición energética, Sánchez ha asegurado que el Gobierno español no tiene nada que envidiar a nadie en ambición sobre descarbonización de la economía, señalando que para 2030 confía en que alrededor del 70% de la energía será generada a través de fuentes renovables, con vistas a alcanzar un 100% en 2050.

Así, en los tres próximos años España invertirá alrededor de 1.500 millones de euros en proyectos de renovables, alrededor de 1.000 millones en economía, y canalizaremos recursos del plan de resiliencia y recuperación para renovar y mejorar la eficiencia energética de alrededor de medio millón de edificios.

"Esperamos integrar una perspectiva social y territorial en la transición ecológica y de este modo veremos que es una gran oportunidad de crear nuevos empleos en nuevos sectores", ha apuntado.

El alcalde de Xove (Lugo), Demetrio Salgueiro, ha emplazado a la residencia San Bartolomeu y "a todas las demás" a "extremar las medidas de seguridad y control de los usuarios", después del error que llevó a notificar el fallecimiento de una anciana por covid a la familia equivocada.

Así se ha pronunciado este lunes el regidor, después de que este fin de semana trascendiese este error "lamentable". "Podría ser cómico si no hubiera una persona fallecida detrás y que su familia está sufriendo las consecuencias de esta situación", ha añadido Salgueiro.

En concreto, según informó la Fundación San Rosendo, responsable del geriátrico, la equivocación se produjo a finales de diciembre, cuando un grupo de 11 usuarios fueron traslados desde Xove hasta el centro Os Gozos, situado en el municipio de Pereiro de Aguiar (Ourense), donde esta entidad cuenta con una planta para atender a ancianos con coronavirus.

Entre los mayores desplazados se encontraban las dos mujeres, vecinas de Xove, que tenían asignadas la misma habitación y, por "un error de identificación durante el proceso de traslado", el miércoles 13 de enero se notificó la muerte de una de ellas con la identidad equivocada, es decir, con la de su compañera.

En este contexto, el alcalde de Xove ha apuntado a un cambio en la documentación durante el desplazamiento, en el que la ambulancia sufrió "una avería", como posible motivo del error.

Salgueiro ha relatado que las dos mujeres implicadas eran vecinas del municipio. En concreto, la fallecida llevaba "unos años viviendo" allí antes de su ingreso en la residencia San Bartolomeu.

"PARECE QUE SE CORTÓ LA TRANSMISIÓN"

En cuanto al brote de este centro, en el que todavía hay 20 casos activos --10 de usuarios y 10 de trabajadores--, el alcalde ha confirmado que hace ya "unos días" que no aparecen nuevos infectados, por lo que "parece que se cortó la transmisión del virus".

"Lo cual es una buena noticia pero, aún así, permanecemos en alerta y con la máxima seguridad y revisión diaria para evitar que entre un nuevo contagio", ha dicho.

"Casi la mitad de usuarios (140) y trabajadores pasaron la enfermedad, pero queda una parte importante que no la pasó y el riesgo está siempre ahí y hay que extremar las precauciones", ha añadido.

Finalmente, Demetrio Salgueiro ha aprovechado para ensalzar lo bien que están actuando "los trabajadores de la residencia" para frenar la expansión del foco. "Esperamos que la situación se estabilice y no tengamos nuevos casos", ha concluido el alcalde de Xove.