La editorial cartagenera NovaSpartatia publicará el diario del cónsul británico en la ciudad portuaria durante la Guerra Civil, William Leverkus, que ha sido recuperado por la Universidad de Mayores de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), informaron fuentes de la institución docente en un comunicado.

En este diario el protagonista describe las penurias que sufrió Cartagena durante el conflicto y sus gestiones para facilitar huidas hacia Gibraltar. Un historia que podría ser el argumento de ‘La lista de Schindler’, pero que fue la realidad de un empresario acomodado que decidió ayudar a sus vecinos en mitad de la contienda.

«Durante una clase cité al cónsul británico y una alumna, que resultó ser amiga de los descendientes del Leverkus, me puso en contacto con ellos», cuenta el arqueólogo y documentalista Luis Miguel Pérez Adán, cronista oficial de Cartagena.

Los nietos conservaban un diario con «información valiosísima y desconocida sobre la realidad política, económica, social y militar de Cartagena durante la contienda», resalta el también profesor de la Universidad de Mayores de la Politécnica.

La transcripción literal del diario del cónsul entre los años 1936 y 1939 será ahora publicado, tanto en inglés como en castellano, gracias a la traducción del filólogo Antonio Cortiñas Gurtín, quien presentará el trabajo en una charla el jueves 28 de octubre, a las 19.00 horas, en la Escuela de Agrónomos de la UPCT, dentro del ciclo de conferencias con motivo del 90 aniversario del sufragio femenino.

«Todo lo que se cuenta en el diario coincide con los hechos históricos contrastados y aporta mucha información sobre la vida cotidiana, que no está en los partes de guerra ni en la propaganda oficial. Desde lo que costaba el precio del pan al miedo a los bombardeos, pasando por los chistes que se contaban por entonces», ejemplifica el cronista, para quien el diario le ha revelado «la enorme hambre que se sufrió. Tuvieron que comerse todos los burros del campo de Cartagena», detalla Pérez Adán.

Leverkus también recoge en su diario personal su labor humanitaria, de la que nunca sacó pecho y por la que no ha sido reconocido hasta ahora.

«Ayudó a muchísimas personas a salir de Cartagena, con pasaportes británicos o bolivianos, país del que también era cónsul, para que pudieran embarcar rumbo a Gibraltar y de ahí a la zona sublevada, facilitando el reencuentro de familias separadas por la guerra», comenta. «Incluso hay un listado, como el de Schindler, con los nombres de todos los benefactores de sus gestiones», añade. «Él pudo volver a su país, pero optó por quedarse y ayudar a la gente», resalta.

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, presidirá este próximo miércoles en Bilbao el acto en memoria de las víctimas de ETA y a favor de la construcción de un futuro en convivencia organizado por el Gobierno Vasco con motivo del décimo aniversario del fin de la violencia de la banda.

Con el lema ‘Construyendo convivencia’, el acto, que se celebrará a las 18.30 horas en la sede del Instituto vasco de la Memoria-Gogora, estará centrado en recordar a las 853 personas asesinadas por ETA y defender el compromiso «con un futuro en términos de paz, convivencia y libertad».

Ese mismo día por la mañana, a las 9.30 horas, Urkullu participará en el encuentro ‘Juventud, convivencia, futuro’, que se celebrará en Azkuna Zentroa de la capital vizcaína, en el que estarán presentes medio centenar de alumnas y alumnos de las tres universidades de Euskadi que han participado en el módulo Adi-Adian, de escucha a las víctimas del terrorismo y la violencia, o en otras experiencias educativas.

Durante este lunes y mañana, martes, también se celebran diferentes actividades en Vitoria-Gasteiz y en San Sebastián-Donostia, en colaboración con los consistorios de las capitales vascas.

Los eventos han sido organizados por Gogora y la Dirección de Derechos Humanos, Víctimas y Diversidad del Ejecutivo vasco. Con el acto institucional central, que se celebrará el mismo 20 de octubre en la sede de Gogora de Bilbao, bajo el título ‘En memoria de las víctimas, construyendo convivencia’, se pretende tener un carácter simbólico con el recuerdo de las personas asesinadas por ETA, y poner sobre la mesa un «compromiso con un futuro en términos de paz, convivencia y libertad».

De forma previa, las capitales alavesa y guipuzcoana acogen sendas conferencias bajo el título ’10 años sin ETA. Construyendo convivencia’, en las que se analizarán los avances realizados durante estos años y los retos pendientes para la consolidación de la convivencia.

En estas charlas tomarán la palabra, entre otros, familiares de víctimas de ETA, como María Jauregi, Marta Buesa, Josu Elespe y Edurne Albizu; ex miembros de ETA, como Carmen Gisasola y Joseba Urrusolo; además de Icíar Bollaín, directora de la película ‘Maixabel’; Aitor Gabilondo, director de la serie ‘Patria’; Paul Ríos, excoordinador de Lokarri; Mikel Basabe, exparlamentario de Aralar; y Joseba Ezeolaza y Pello Salaburu, miembros de ‘Memoria Digna-Gogoan’.

Este lunes se celebra el primero de los coloquios, en el Palacio Villa Suso de Vitoria-Gasteiz, a las 18.30 horas, y mañana, a la misma hora, el escenario será el salón de plenos del Ayuntamiento de San Sebastián-Donostia.

La Unión General de los Trabajadores (UGT) a reclamado este lunes, en el Día Europeo contra la Trata de Personas, una ley «eficaz» en esta materia, en la que se persiga esta práctica, se sancione «duramente» a los responsables, se pongan «más recursos» para proteger a las víctimas y que se tenga en cuenta la perspectiva de género.

El sindicato ha recordado algunas cifras que se han dado en los últimos años con respecto a las víctimas de trata y las de explotación laboral o sexual, como su aumento, según el último Balance estadístico del Ministerio de Interior 2016-2020; que el beneficio anual mundial ascendió a 29.400 millones de euros en 2015; y que solo la trata con fines de explotación sexual han genera 14.000 millones al año en la UE.

Desde la UGT se recuerda que, aunque el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2022 se contempla un incremento de 6 millones de euros para la atención de mujeres y niñas víctimas de trata con fines de explotación sexual, este dinero «sigue siendo insuficiente».

Además, señalan que no hay previsiones para las víctimas de trata con fines de trabajo forzoso y víctimas de explotación laboral en las cuentas públicas.

Para el sindicato, es preciso «un esfuerzo mayor para prevenir esta lacra», en particular «en un momento en que la pandemia y sus consecuencias ha aumentado la vulnerabilidad de hombres y, especialmente, de las mujeres».

Es por eso que reclama, la penalización de la demanda de servicios o productos de la explotación, incluida la demanda de prostitución, así como la protección de todas las víctimas de trata sea cual su sexo, edad, nacionalidad, situación administrativa o la finalidad de la trata.

A su juicio, cualquier norma que pretenda abordar la realidad de la trata, ha de hacerlo teniendo en cuenta a todas sus víctimas y todas las formas de explotación.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha afirmado que el mensaje dirigido este lunes por EH Bildu y Sortu a las víctimas del terrorismo de ETA, a las que han señalado que su dolor «nunca debió haberse producido», es «un paso adelante» que resulta «positivo», aunque ha advertido de que es «necesario» que la izquierda abertzale también realice «una valoración sobre la violencia que generó el dolor de las víctimas y la sociedad».

Urkullu ha planteado esta reflexión en un breve discurso con motivo de la recepción que ha ofrecido este lunes, en Vitoria-Gasteiz, al cuerpo diplomático de 21 países de la Unión Europea acreditado en Madrid.

El jefe del ejecutivo vasco ha dedicado una parte de su intervención a analizar el mensaje trasladado este lunes por la mañana por el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y el secretario general de Sortu, Arkaitz Rodríguez.

Ambos dirigentes de la izquierda ‘abertzale’ han leído una declaración dirigida a las víctimas de ETA, a las que expresan su «pesar y dolor» por «el sufrimiento padecido». «Sentimos su dolor y, desde este sentimiento sincero, afirmamos que el mismo nunca debió haberse producido, y que a nadie puede satisfacer que todo aquello sucediera», se indica en el texto leído por Otegi y Rodríguez.

En su intervención de esta tarde ante el cuerpo diplomático acreditado en Madrid, Urkullu ha afirmado que los representantes de Sortu y EH Bildu «han mostrado su cercanía a las víctimas», lo que, a su juicio, supone «un paso adelante» que «era necesario» y que resulta «positivo».

No obstante, ha precisado que Otegi y Rodríguez «no han realizado ninguna valoración sobre la violencia que generó el dolor de las víctimas y la sociedad», lo que «también es necesario».

«CLAROSCUROS»

Urkullu ha recordado que la ‘Conferencia Internacional Aiete’, que en 2011 precedió al final de ETA, se planteó como una «pista de aterrizaje», que tuvo sus «claroscuros», para la disolución de la banda.

En este sentido, ha afirmado que ahora se plantea «una nueva ‘pista de aterrizaje’ que no es necesaria». «No es necesaria y, menos todavía para realizar una declaración de cinco puntos que terminacomo termina, diciendo que seguimos teniendo una asignatura pendiente con la resolución de las ‘causas del conflicto'», ha afirmado, en referencia al texto leído este lunes por Otegi y Rodríguez. «Esto no era necesario», ha añadido.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente del Consejo europeo, Charles Michel, tendrán un encuentro en Bruselas este miércoles, la víspera de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE en la que los líderes tendrán su primera discusión formal sobre la volatilidad de los precios en el mercado de la energía.

Aunque la cumbre europea no arranca hasta la tarde del jueves, Michel tiene prevista una reunión el miércoles en la que participará Sánchez, según han informado fuentes europeas, que no han precisado el formato del encuentro.

En la agenda del Consejo europeo del jueves y viernes figura el seguimiento de la gestión coordinada de la pandemia, la transformación digital y la reforma de la política migratoria y asilo común, pero también un debate sobre los precios de la energía que Michel incluyó en esta cumbre a petición de varias delegaciones, incluida la española.

El objetivo de Michel es estudiar qué medidas pueden tomarse a escala nacional y europea para hacer frente a la fuerte subida de los precios actual, una discusión que tendrá lugar una semana después de que la Comisión Europea recordara a los Estados miembro qué herramientas tienen ya a su disposición en el marco de la UE y dejara para una reflexión a medio plazo las medidas que reclama España, como por ejemplo la compra conjunta de gas para crear reservas estratégicas.

España cuenta en este asunto con el apoyo de Francia y Grecia, así como de algunos países del este como República Checa, Rumanía o Polonia. Este grupo de Estados miembros reclama a Bruselas una respuesta conjunta y de calado a la escalada de los precios para hacer frente a la situación actual.

En cambio, otros socios del bloque como Alemania, Países Bajos o los nórdicos defienden que el incremento de los precios energéticos tiene carácter temporal, por lo que no es necesario sobreactuar con medidas que vayan más allá de las que permite la normativa vigente, como ayudas directas a hogares y empresas más vulnerables o reducir impuestos de la factura de la luz.

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) denuncia que el auto de un Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Castelló en el que se acepta la medida cautelarísima solicitada por Abogados Cristianos para retirar una serie de guías de temática y perspectiva LGTBI en once institutos públicos de la ciudad y en el Centro de Pi Gros supone una «censura ideológica».

La entidad anuncia en un comunicado que desde sus servicios jurídicos se están estudiando las posibles acciones judiciales dado que entiende que no justifica las medidas cautelares extraordinarias.Según la presidenta de FELGTBI+, Uge Sangil, «se trata de libros LGTBI perfectamente legales y que llevan años en nuestras librerías».

«Además, es una decisión que va en contra del interés superior del menor porque vulnera su derecho al conocimiento. Les quieren vetar el acceso a la información sobre cómo combatir la LGTBIfobia o a obras en las que encontrar referentes, tan necesarios en la adolescencia», ha asegurado.

Para Sangil, este auto pone de manifiesto el «desconocimiento de las realidades LGTBI de los miembros de la judicatura». «Se necesita de manera urgente formar a los miembros del poder judicial en materia de diversidad afectivo-sexual, familiar y de género para que no se sigan produciendo estas decisiones que pueden sentar precedentes peligrosos», ha expuesto.

Por su parte, la presidenta de la entidad de FELGTB de Castelló, Castelló LGTBI, Pastora de Florencio, asegura que ahora «recogiendo todo lo que los discursos de odio están sembrando». «Estos son la antesala de la violencia y generan agresiones, censura y situaciones como las que estamos viviendo estos días en el País Valencià», ha manifestado.

Asimismo, alerta de que «las personas LGTBI hemos sido históricamente discriminadas y encarceladas por el fascismo y guardamos en nuestra memoria histórica la desconfianza fruto de haber sido señaladas durante años. Decisiones judiciales como esta generan una pérdida de confianza en la Judicatura que puede frenar a las víctimas de delitos de odio a la hora de denunciar».

Por su parte, Fran Fernández, coordinador general de Lambda, entidad de FELGTB de Valencia, sostiene que «cuando una jueza toma esta decisión, está privando al alumnado a tener acceso a información veraz y está causando un perjuicio irreparable a sus derechos». «Y es que el derecho a la educación no es de las familias, es del alumnado», asegura.

Asimismo, explica que esta decisión judicial «llega tarde» puesto que Lambda lleva años ofreciendo servicios de asesoramiento en materia de educación en diversidad afectivo sexual, familiar y de género a diversos centros educativos.

El PP ha respaldado mediante una proposición no de ley registrada en el Congreso que se modifique la legislación para «reforzar el carácter de agente de autoridad» de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en respuesta a la media de 30 ataques diarios que sufren estos funcionarios. Además, reclaman que se rompa cualquier colaboración o pacto con partidos que no condenen la violencia contra los cuerpos policiales.

La formación ha recordado que el propio Gobierno ha ofrecido detalles sobre esta problemática en respuestas parlamentarias por escrito. En concreto, el Ejecutivo aseguró que en 2020 fueron 8.092 los ataques a la Policía Nacional y 3.111 a los de la Guardia Civil, «lo que supone una media de más de 30 agresiones al día».

«Un ejemplo de ello», añade el PP, «son los actos de extrema violencia contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que se produjeron en la celebración de la Diada en Cataluña». Además, muestra su preocupación por la extensión de actos de «extrema violencia» y dice que son «promovidos y justificados por movimientos de extrema izquierda, independentistas y antisistemas».

DEBATE EN COMISIÓN DE INTERIOR

En este sentido, critica al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por ser incapaz de establecer una estrategia conjunta para impedirlos, de ahí que eleve la propuesta –que incluye potenciar las investigaciones para depurar responsabilidades– para su debate el próximo jueves en la Comisión de Interior del Congreso.

Los sindicatos policiales han anunciado este lunes su personación en los procesos judiciales a raíz de las agresiones contra los agentes de la Policía Nacional, las dos últimas ocurridas en Zaragoza la pasada semana sufridas por funcionarios que estaban fuera de servicio.

Las organizaciones aluden a datos del Ministerio del Interior para denunciar que en lo que va de 2021 hay ya más de 6.000 agresiones y que este tipo de delitos contra la autoridad se incrementaron un 24% en 2020, alcanzando los 8.254 casos.

El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Juan José González Rivas, ha considerado que es «constitucionalmente admisible» que durante el primer estado de alarma declarado por la pandemia se limitara la actividad parlamentaria al estimar que fue «proporcionada» para evitar contagios e incluso para garantizar que la representación política en el Congreso de los Diputados no se viera alterada.

En un voto particular, defiende que, «en la situación de marzo de 2020, caracterizada por la propagación sin control del coronavirus y por la notable capacidad letal que demostraba tener, resultaba constitucionalmente admisible que el derecho a la participación política, incluidas aquellas manifestaciones de control y exigencia de responsabilidad política del Gobierno que integran su núcleo más propio, se viera modulado proporcionadamente en aras de la realización de otros objetivos públicos, como es la protección de la salud pública».

Subraya que «ningún derecho es absoluto» y reivindica que en este caso estaba justificado poner límites al derecho de los diputados a la participación porque celebrar reuniones presenciales podría contribuir al aumento de los contagios «empeorando así la crisis de salud pública y poniendo en riesgo el funcionamiento del sistema sanitario».

Advierte de que podría «desvirtuar» dicho derecho, «debido a que la ausencia de los diputados que pudieran resultar afectados alteraría la composición natural del órgano parlamentario», por lo que podría haber desembocado en «un cierto falseamiento de la representación política nacida de las urnas». Evitar este resultado, «lejos de menoscabar el derecho a la participación política» garantizó que se acometiera de «un modo genuino», sostiene.

NO HUBO UN PARÓN TOTAL

En todo caso, el presidente destaca que el mencionado derecho no quedó completamente interrumpido por la decisión de la Mesa, ya que hubo sesiones plenarias, reuniones en comisión y de la Junta de Portavoces y la propia Mesa, y el Gobierno siguió respondiendo por escrito a las preguntas formuladas por sus señorías.

«Que estas oportunidades de desarrollar la función de control del Gobierno no hayan sido promovidas por los diputados recurrentes, sino acordadas por los órganos competentes a través de los cauces reglamentarios, nada resta a que, como motivo de ellas, dichos diputados han disfrutado de un espacio adecuado» para ejercer su derecho, afirma.

Además, apunta que «ni siquiera los diputados recurrentes alegan, que dentro del periodo que va del 19 de marzo al 13 de abril de 2020 (cuando se produjo la suspensión) hubiesen registrado una concreta iniciativa», señalando en este sentido que «lo único que daría lugar a una vulneración de su derecho a la participación política habría sido que se les hubiera impedido poner en marcha actividades de control imprescindibles por su relevancia y/o urgencia».

Con todo, para González Rivas, «la constricción de los derechos de los diputados adoptada en la Decisión de 19 de marzo de 2020 no tiene aptitud por sí misma para restringir de un modo inconstitucional el derecho a la participación política de los diputados recurrentes, pues como regla general era una limitación proporcionada de sus derechos de representación política dada la coyuntura vigente en aquel momento».

NO HAY QUE OLVIDAR LA INCERTIDUMBRE DE ESOS DÍAS

El voto particular del magistrado Cándido Conde-Pumpido señala que se debió desestimar el recurso de amparo porque la suspensión del cómputo de los plazos, en unas circunstancias extraordinarias de extrema gravedad e imprevisibles como las vividas en el mes de marzo de 2020, supera un control de proporcionalidad en sentido estricto.

A su juicio, esta suspensión no supuso una interrupción del funcionamiento del Congreso porque afectaba únicamente a las iniciativas parlamentarias que se encontraban en tramitación en la Cámara. En este sentido, discrepa de la afirmación que se hace en la sentencia de que «tal decisión conlleva en sí misma un desapoderamiento de la función que la Constitución ha conferido al Congreso de los Diputados como es la del control del Ejecutivo». Por tanto, considera que durante ese tiempo la función de control al Gobierno no decayó ni sufrió interferencia grave.

Critica además la metodología que el ponente, Antonio Narváez, ha seguido para armar la sentencia porque recuerda que la lesión constitucional que se invoque en un recurso de amparo ha de ser una lesión real y efectiva.

Entiende que «es necesario probar la imputación al acto u omisión impugnado de la lesión del derecho fundamental», y considera que la sentencia valora «en abstracto» la vulneración de un derecho y no qué aspecto esencial se ha visto lesionado «de forma concreta, real y efectiva». «Y ese examen, en mi opinión, está ausente en la sentencia de la que discrepo», apunta.

Conde-Pumpido señala que también «conviene no olvidar, desde la más benigna situación presente, los momentos de total incertidumbre científica, política, económica y social que se estaban viviendo ante un fenómeno pandémico descontrolado a nivel mundial y que en España estaba produciendo unos efectos devastadores, con un riesgo real de colapso del sistema socio-sanitario».

Y subraya que «no se puede pretender que la actividad parlamentaria fuese ajena a esta grave situación, del mismo modo que no lo fueron otros órganos constitucionales obligados a adaptarse, progresivamente, a las inéditas e imprevisibles circunstancias provocadas por la pandemia».

IDÓNEA Y JUSTIFICADA

En el voto particular emitido por la magistrada María Luis Balaguer al que se ha adherido el magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos, se apunta que deberían haberse aceptado las explicaciones ofrecidas por la Mesa del Congreso en su acuerdo de 21 de abril de 2020 (…) aceptando la premisa de que la suspensión era una ‘medida excepcional, coherente y conectada con el resto de las adoptadas por los órganos competentes de la Cámara, justificada en la necesidad de hacer frente a una crisis sanitaria sin precedentes».

La magistrada subraya que la Mesa puso de manifiesto que la suspensión estaba pensada para que durara «únicamente el tiempo estrictamente necesario para garantizar la efectividad de las medidas de confinamiento y la seguridad y la salud del personal que presta servicios en la Cámara y de los diputados». «Esta magistrada no encuentra motivos para poder poner en duda estas afirmaciones», añade.

Así, Balaguer defiende la idoneidad de la decisión al considerar que «existía una finalidad constitucionalmente legítima para adoptar las medidas restrictivas, en este caso, la preservación de la salud de todo el personal del Congreso, más teniendo en cuenta que ya se habían padecido los efectos de un foco de contagio».

Sostiene que la medida fue idónea y justificada y que «debe concluirse que tampoco se produjo un menoscabo notable del núcleo fundamental de la función de control parlamentario de la Cámara, por más que durante unas pocas semanas no fuera posible convocar los Plenos de Control al Ejecutivo». Además, subraya que los recurrentes «no han acreditado en qué medida la falta de convocatoria de las sesiones plenarias de control del Ejecutivo haya podido afectar, de modo singular y concreto».

En el texto defiende que no cualquier acto del órgano parlamentario que infrinja la legalidad del derecho al ejercicio de los cargos públicos representativos resulta lesivo del derecho fundamental. Y asegura que solo poseen «relevancia constitucional» los derechos o facultades que pertenezcan al «núcleo de su función representativa parlamentaria». Así, la magistrada concluye que «durante la suspensión fue posible desarrollar una actividad de control parlamentario de la acción de Gobierno».

El ex presidente catalán Jordi Pujol ha solicitado la libre absolución en el proceso que se sigue contra él y sus siete hijos por formar presuntamente una organización criminal que se habría enriquecido durante décadas valiéndose de su cargo, insistiendo en situar el origen de su fortuna en un depósito de dinero en el extranjero que hizo su padre, Florenci Pujol, para amortiguar el impacto económico que pudiera tener para la familia el «riesgo político» asumido por su hijo.

En su escrito de defensa, Pujol asevera que «no existe un solo ingreso en el patrimonio de sus hijos y esposa que tenga relación causal con un abusivo e ilegítimo ejercicio de su autoridad y potestades públicas», por lo que concluye que «procede la libre absolución», como hacen sus siete vástagos en sus propios escritos.

Así, el otrora jefe del Govern cuenta que su carrera profesional empezó con «una fuerte vinculación a su padre», con quien detalla que tuvo entre manos «proyectos de tanta dimensión» como los Laboratorios Fides o Banca Catalana.

Sin embargo, explica que «pronto la actividad política pasó a reclamar el mayor empeño y esfuerzo», hasta el punto de que «la propia actividad económica quedó también reorientada y al servicio del proyecto político». En este sentido, menciona la publicación de la Enciclopèdia Catalana o de la Revista Destino.

«La profunda inestabilidad política y los riesgos» que Pujol asumía provocaron «inquietud y desasosiego» en su padre, que aventuraba un «futuro incierto» para su hijo y su descendencia, relata.

Pujol expone que, para «garantizar la estabilidad económica de su nuera y nietos», su padre les hizo saber que «constituía un depósito en el exterior, con el deseo que se mantuviera unido e intacto, para amortiguar futuras eventualidades de necesidad económica por el riesgo político» que asumía el ex president.

Al morir su padre, Pujol indica que se fortaleció el deseo de «respetar su voluntad» con relación a esos «fondos familiares», que entonces ascendían a 140 millones de pesetas en dólares.

REIVINDICA SU «RECTO Y DIGNO» COMPORTAMIENTO

Asegura que ese dinero «no guarda relación alguna» con sus cargos políticos. «Nunca, en el ejercicio de su alta función pública, Jordi Pujol i Soley torció su recto y digno ejercicio», afirma la defensa, destacando que actuó así incluso «desoyendo el interés general por motivaciones económicas que favorecieran el interés particular o de sus hijos».

En la misma línea, el escrito añade que Pujol «no se prestó jamás a desplegar gestiones de invitación, incitación, sugerencia o influjo de prevalimiento sobre autoridades resolventes o funcionarios informantes en interés o a petición de sus hijos o cónyuge, ni tampoco fue nunca requerido por éstos en esa dirección».

Sin embargo, los indicios en contra llevaron al juez Santiago Pedraz a abrir juicio oral a toda la familia, a excepción de la mujer del ex president, Marta Ferrusola –a la que exoneró por su estado de salud–, así como a otras 11 personas, entre ellas Mercé Gironés, la ex mujer del primogénito de los Pujol, Jordi, y varios empresarios. La Fiscalía ha pedido 9 años de cárcel para Pujol padre, 29 para su hijo mayor, 14 para Josep y 8 para los demás hermanos –Pere, Oleguer, Oriol, Mireia y Marta–.

UNA «DESINVERSIÓN PAULATINA»

Sobre esta herencia del abuelo Florenci, Josep Pujol ahonda en su escrito de defensa que «el conjunto de los hijos quedaron ajenos al depósito y su gestión hasta que en el año 1990 su tío Joaquim Pujol i Figa manifestó su deseo de ceder esa responsabilidad y, por acuerdo de todos, lo asumió el hermano mayor, Jordi Pujol Ferrusola».

Dos años después, cuando ya habían desaparecido esos «riesgos», «se decide la desinversión paulatina, en tanto algunos hermanos deseaban tener disponibilidad de puntas de liquidez, la utilizaran o no», por lo que el primogénito inició un «reparto progresivo» de los fondos que arrancó en agosto de 1992 y acabó en octubre del año 2000 con «una completa liquidación y rendición de cuentas de su gestión, sin perjuicio de dejarse diferidos unos importes al año 2004 invertidos en títulos a plazo».

De acuerdo con Josep Pujol, esos 140 millones de pesetas en dólares que dejó su abuelo al morir «se beneficiaron de tres devaluaciones de la peseta y una galopante inflación», lo que supuso que cuando su hermano mayor asumió su administración la cifra había crecido hasta lo 500 millones de pesetas. Los intereses generados por el propio montante, añade, la siguieron engordando de modo que cada uno de los ocho destinatarios –la madre y los siete hijos– recibió 126 millones de pesetas.

EL «ASCENDENTE» DEL APELLIDO PUJOL

Jordi Pujol Ferrusola ha defendido en su propio escrito que las cuentas bancarias en Andorra que gestionó como parte de esta encomienda familiar «no han recibido nunca ingresos vinculados a la Administración Pública y su actividad de contratación y adjudicación de licitaciones, o vinculada a cualesquiera resoluciones administrativas».

Llama la atención sobre el hecho de que, tras «siete años de profusa, exhaustiva y hasta extenuante investigación, con aparatoso despliegue de abrumadores medios policiales», solo se ha conseguido «singularizar» 10 expedientes administrativos sin que se haya detectado en ellos «torcimiento del derecho, ni en su trámite ni en su resolución».

En la misma línea, su hermano Josep alega que «nunca» ha desplegado «conductas de sugestión o influjo sobre funconarios y autoridades a fin de obtener para terceros o para sus propios intereses resoluciones administrativas de adjudicación y/o contratos de obras y servicios o cualesquiera otros», «ni tenido noticia directa o indirecta» de que sus hermanos lo hayan hecho aprovechándose del «ascendente del propio apellido por razón de ser hijo del president».

En concreto, Josep ha negado cualquier actuación irregular en la operación urbanística de Diagonal del Mar, acometida por el Ayuntamiento de Barcelona y KEPRO, recordando que el plan parcial fue aprobado en 1993 por el Pleno municipal presidido entonces por Pasqual Maragall y que una de las partes que abogó por la recalificación de los terrenos fue una empresa pública cuyo consejo de administración lo formaba «el propio equipo de gobierno socialista».

SEÑALAN A VILLAREJO

En sus respectivos escritos de defensa, Marta, Mireia, Oleguer, Pere, Oriol, Josep y Jordi Pujol Ferrusola han puesto el foco sobre el comisario jubilado José Manuel Villarejo y han denunciado que fue una «actividad exorbitante» realizada por una operativa parapolicial la que dio inicio a la causa.

El primogénito señala directamente a un grupo coordinado por el entonces director adjunto operativo, Eugenio Pino, al que acusa de desplegar «una operativa de acoso coactivo sobre la propiedad y ejecutivos y empleados de la Banca Privada d’Andorra».

Y todo con el objetivo, señalan, de «quebrar su voluntad y deberes profesionales y obtener de ellos información acerca de la familia Pujol Ferrusola, consiguiendo sus fines y obteniendo copia de un pantallazo» sobre las cuentas de varios miembros en la entidad andorrana.

Así las cosas, los cuatro primeros dejan claro en sus respectivos escritos de defensa que, en relación a los fondos recibidos de su abuelo, «no existe elemento alguno de conexión o relación con resoluciones de la Administración dictados o formuladas en favor de empresas agraciadas por contratación pública».

En el caso de Marta, Mireia y Pere, además, recalcan que en julio de 2014 cancelaron sus respectivas cuentas bancarias en la Banca Privada d’Andorra trasladando los fondos a otra entidad y regularizando su situación tributaria. Oleguer, que invirtió su parte del dinero en participaciones de una empresa, terminó por venderlas en diciembre de 2015.

La Alianza Contra el Borrado de las Mujeres ha celebrado este lunes que el Gobierno avance en la línea abolicionista de la prostitución y señalan que las medidas sobre esta materia «deben completarse» con sanciones «al cliente putero» y «eliminando» las dirigidas a las mujeres prostituidas.

La entidad ha explicado que esperan que este compromiso lanzado por Sánchez en el 40º Congreso del PSOE, se «traduzca en una ley integral» en esta misma legislatura» y aseguran que estarán «atentas» a este proceso.

La abolición de la prostitución ha contado en el congreso del PSOE con un apoyo mayoritario, no así otros temas que también preocupan a las organizaciones feministas, como la postura de la principal formación en el Gobierno a la Ley Trans impulsada por el Ministerio de Igualdad, dirigido por la morada Irene Montero.

En este sentido, apunta la entidad, se presentaron varias enmiendas para que el partido no avalase la posibilidad de que el sexo registral sea elegible, sea la persona transexual o no, o tenga esta disforia de género, o no.

UN «DESPRECIO» A LAS FEMINISTAS SOCIALISTAS

«Nos consta por informaciones de asistentes al Congreso que se impidió la votación de las enmiendas feministas y que se manipuló para incluir en enmiendas transaccionales un texto referido a la autoidentificación que las delegadas no tuvieron la oportunidad de conocer en su literalidad», han denunciado desde la organización, quien cree que «esta maniobra» es ejemplo del «miedo» que, a su juicio, tiene «la dirección socialista a un votación democrática».

Para la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres este «desprecio» a las posiciones feministas y «renegando del legado de las mujeres del PSOE» es un «error histórico» de Sánchez.

También han lamentado que el PSOE haya terminado su congreso respaldando la ley del Ministerio de Igualdad. A su juicio, esta norma «ha mostrado sus efectos demoledores sobre los derechos de las mujeres en otros países» en los que, han advertido, ya se están revirtiendo algunas medidas, como las relacionadas con la hormonación de los menores.

La Alianza también ha cuestionado el motivo por el que los socialistas quieren utilizar la palabra transexual en una ley que, apuntan, «se supone que es para garantizar derechos a las personas transexuales». Esta organización no cree que deba utilizarse el concepto ‘trans’ porque, señala, «abarca situaciones muy diversas».

Finalmente, la plataforma feminista ha lamentado que Sánchez haya sido «timorato» en otros temas como «el alquiler de vientres», que también se reclamaba en otras enmiendas reclamando la derogación de la Instrucción de 2010 del Registro, que, según denuncian las feministas, «fomenta la práctica en terceros países al permitir que se inscriban en España bebés comprados fuera de España».

El jurado del Premio Nacional de Ensayo ha propuesto a Ramón Andrés para ser galardonado con el Premio Nacional de Literatura en su modalidad de Ensayo, correspondiente a 2021, por su obra ‘Filosofía y consuelo de la música’.

«Durante la pandemia se ha sufrido bastante, pero ha surgido algo inesperado, la gente ha empezado a leer mucho más, han salido nuevos lectores y esto es muy importante», ha señalado el galardonado.

No obstante, Ramón Andrés ha recordado que la pandemia «ha sido muy dura» para las librerías, para la gente que está en editoriales y los autores «lo han pasado mal»: «Se cancelaron cantidad de cursos que tenía que dar por las restricciones».

El jurado ha elegido su obra «por unir música y poesía dialogando con la Antigüedad y atraer a lectores de distinto signo». «Yo soy músico pero también me dedico a la filosofía, por lo que era inevitable que surgiera un libro como este», ha manifestado el autor.

El premiado ha explicado que a lo largo de la historia «han sido tantos los filósofos que se han preocupado por la música, por su lenguaje, por la abstracción» por lo que, en sus palabras, filosofía y música «siempre han ido de la mano».

Aunque ha reconocido que es «un tópico» decirlo, Ramón Andrés ha señalado que ha recibido la noticia del premio «con mucha gratitud y con sorpresa». «Es algo que uno no espera desde un trabajo que es muy solitario, estoy muy agradecido», ha dicho.

«No me lo esperaba, he publicado bastantes ensayos pensaba que este era uno más y ha merecido este premio, estoy muy contento y agradecido al jurado», ha celebrado.

El premio, concedido por el Ministerio de Cultura y Deporte, está dotado con 20.000 euros. «Lo primero que haré con el premio será comprarme unos zapatos», ha resaltado el galardonado.

Ramón Andrés nació en Pamplona en 1955. Es ensayista, pensador y poeta. Entre 1974 y 1983 ejerció su primera actividad profesional como cantante, principalmente centrado en el repertorio medieval y renacentista, con instrumentos antiguos.

Actuó en muchos lugares y festivales de España y Francia, y en 1981, patrocinado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, ofreció conciertos en ciudades como París, Copenhague, Londres, Múnich, Viena y Nápoles, entre otras.

En 1983 creó un departamento pionero de música antigua en una escuela musical de Barcelona, donde impartieron clases maestros como Bob van Asperen, Robert Clancy y Hopkinson Smith. Desde 1988 ha centrado su trabajo en la escritura y el mundo editorial.

Lector en la Universidad de Nápoles en los años 1988 y 1989, ha sido asesor, colaborador y director de numerosos proyectos editoriales, a menudo relacionados con la divulgación musical. En 2002 comenzó a dirigir la colección ‘De música’, de la editorial Paidós.

Coordinador del consejo editorial de la revista de música antigua ‘Goldberg’ (2004-2007), fue miembro fundador de ‘Archipiélago. Cuadernos de crítica de la cultura‘ (1987-2009). Ha publicado en revistas como ‘Humanitas’, ‘Ínsula’, ‘Nexus’, ‘Pasajes’, además de la mencionada ‘Archipiélago’, y sus artículos han aparecido en periódicos como ‘La Vanguardia’, ‘El País’, ‘El Periódico de Cataluña’ y ‘El Mundo.

Ramón Andrés ha escrito textos discográficos para los sellos Harmonia mundi [France] y Ensayo, y programas para el Teatro Real de Madrid y el Teatro de la Ópera de Bilbao. También ha escrito libros sobre música y literatura, como el ‘Diccionario de instrumentos musicales. Desde la Antigüedad a J.S. Bach’ y ‘Wolfgang Amadeus Mozart’, entre otros, además de la edición de ‘Oculta filosofía. Razones de la música en el hombre y la naturaleza’, de Juan Eusebio Nieremberg, y otras ediciones de clásicos, de ensayos y de libros de poesía.

También ha traducido, entre otros, ‘Bajo el bosque lácteo’ de Dylan Thomas y ‘Los caracteres’ de Jean de La Bruyère. En el 2015, ganó el Premio Internacional Príncipe de Viana de la Cultura por su trayectoria intelectual y literaria. Desde el 2017 es Académico Correspondiente de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi.

Los investigadores galardonados con el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2021, Drew Weissman, Katalin Karikó y Philip Felgner, han coincidido este lunes en afirmar que hasta que la vacunación contra la Covid-19 no se extienda a todo el mundo, la pandemia no se podrá dar por controlada.

Los tres investigadores han sido los primeros premiados en ofrecer una rueda de prensa en esta nueva edición de los Premios, celebrada de manera telemática. Durante su intervención, Drew Weissman –bioquímico especializado en la investigación del ARN mensajero y su aplicación en el desarrollo de vacunas– ha señalado que la comunidad científica lleva luchando por la igualdad en el acceso a las vacunas «desde hace mucho». «Hasta que no consigamos que todo el mundo se vacune, no acabaremos por controlar esta infección», ha asegurado.

En este sentido ha explicado que, si bien una tercera dosis como la que se está administrando en España «es necesaria» para conseguir un nivel de inmunidad «suficientemente alto» para estar protegidos, no se debe olvidar que el resto del mundo tiene que poner en marcha «ya» el programa vacunal.

Por su parte Felgner –bioquímico cuyas investigaciones han llevado al desarrollo de vacunas de ADN– ha apuntado a «factores políticos» que impiden que la vacunación se extienda a todo el mundo, y ha remarcado que el problema de que las vacunas no lleguen a todos los países no es una cuestión de su fabricación, sino que está relacionado con la política de distribución.

Finalmente, Karikó –también bioquímica, especializada en el estudio de las posibilidades terapéuticas del ARN–, ha explicado que uno de los motivos de que todavía no haya llegado la vacunación a todo el mundo es que «la fabricación ha llevado su tiempo» «Estoy segura de que ya se ha cogido el ritmo y cada vez va a haber más disponibles», ha dicho, esperando que llegue el momento de que sea «accesible para todos». «Espero que cuando tengamos la oportunidad de luchar contra otras enfermedades, estemos más preparados», ha dicho.

Los tres investigadores comparten la distinción con sus colegas Ugur Sahin, Özlem Türeci, Derric Rossi, y Sarah Gilbert, todos ellos galardonados por haber contribuido con sus investigaciones al desarrollo de las distintas vacunas contra el coronavirus.

LOS PREMIADOS

Katalin Karikó, Drew Weissman, Philip Felgner, Ugur Sahin, Özlem Türeci, Derrick Rossi y Sarah Gilbert, de forma independiente, han contribuido al desarrollo de alguna de las vacunas aprobadas hasta la fecha, todas ellas basadas en diferentes estrategias, que tienen la proteína S como blanco común.

Esta es una proteína presente en la superficie del virus que facilita su unión y entrada a las células. Philip Felgner es pionero en la utilización de microarrays de proteínas para entender de forma detallada cómo responde el sistema inmunitario a diferentes microorganismos infecciosos e identificar los mejores antígenos para usar en las vacunas y en pruebas diagnósticas. Además, en 1985 descubrió y desarrolló la tecnología de lipofección, estrategia que consiste en la introducción de material genético en un liposoma para que pueda ser transportado e introducirse en las células.

Esta tecnología está presente en las nanopartículas lipídicas que sirven como vehículo de administración de las vacunas de ARN mensajero (ARNm) frente a la COVID-19.

Por otra parte, Katalin Karikó, pionera en el estudio de las posibilidades terapéuticas de esta molécula, es considerada la madre de este tipo de vacunas. Junto al inmunólogo Drew Weissman, comenzó a trabajar en las vacunas basadas en ARNm y vieron que esta molécula provocaba fuertes reacciones inflamatorias porque el sistema inmunitario la detectaba como intrusa. Ambos lograron introducir pequeños cambios en la estructura del ARN para que estas reacciones no tuvieran lugar.

Este avance sentó las bases para el uso de terapias de ARN y sus resultados sirvieron a Ugur Sahin y Özlem Türeci (BioNTech) y Derrick Rossi (Moderna) para el desarrollo de las vacunas basadas en ARNm que actualmente han sido aprobadas contra la COVID-19 y cuyo uso se puede extender a diferentes áreas de la medicina como el cáncer, las enfermedades autoinmunitarias o la regeneración de tejidos.

Finalmente, la vacunóloga Sarah Gilbert ha sido otra de las personas que han trabajado para conseguir una vacuna frente al SARS-CoV-2. Su vacuna, otra de las aprobadas por las autoridades europeas hasta ahora (Oxford/AstraZeneca) está basada en un adenovirus que se utiliza como vector para introducir en las células el ADN que codifica la proteína S, estimulando así la respuesta inmunitaria.

La vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha advertido este lunes que la paralización cautelar de 32 guías de temáticas LGTBI en institutos de Castellón «no es un ataque a los libros ni al colectivo LGTBI, es un ensayo general de si ese camino se puede recorrer», un camino que ha comparado con el ascenso de los fascismos a lo largo de la historia.

«Los jueces y juezas tendrán que aplicar las leyes estén o no de acuerdo, porque es el fundamento de un estado de derecho y así es como se combate el fascismo», ha recalcado en rueda de prensa en la 37 Feria del Libro de Castelló de la Plana para defender la tolerancia tras la paralización cautelarísima por parte de un juzgado de la distribución de 32 publicaciones de temática LGTBI en institutos de la provincia de Castellón a instancia de una denuncia presentada por la asociación Abogados Cristianos.

En el acto también han participado la concejala de Feminismo y LGTBI de Castelló, Verònica Ruiz; Bruno Bimbi, autor del libro ‘El fin del armario. Lesbianas, gays, trans y bisexuales en el sigo XXI’; Cristian Carrer, coordinador técnico del Observatori contra l’Homofòbia de Catalunya y coautor del libro ‘LGTBI, claus bàsiques’, y Mercè Pérez, editora en Sembra Llibres, así como el director general de Igualdad en la Diversidad, José de Lamo, impulsor de Ley LGTBI valenciana.

Oltra, también abogada, ha advertido que esta paralización cautelar es un ejemplo de que «los fascismos siempre empiezan igual» y que, en cualquier caso, tiene «dudas» de que los libros se tengan que retirar de los institutos porque «el Ayuntamiento no tiene ninguna competencia» sobre estos centros. Ha sostenido así que el consistorio solo puede «tomar nota» de la resolución, además de remarcar que tampoco «va dirigida a la Conselleria de Educación».

Es más, ha recordado que la Ley LGTBI de la Comunitat establece que todas las bibliotecas de titularidad de la Generalitat o municipal deben contar con un fondo bibliográfico y filmográfico específico en materia de diversidad sexual, familiar, de género y de desarrollo sexual. «Esta es nuestra ley, que está vigente y que todo juez o jueza tiene obligación de conocer, y cumplir y tengo la impresión de que no se la saben», ha remarcado.

«Necesitan algo más para tumbar la democracia que esto, y vamos a pelearlo. Seguiremos en pie, venga una asociación de juristas que tienen más de fascistas que de cristianos o venga quien venga», ha enfatizado Oltra, para recalcar que «aquí se dividen las aguas entre los demócratas y quienes no lo son».

Por eso ha garantizado la unidad de instituciones democráticas como la Generalitat o el Ayuntamiento de Castelló: «Trabajamos por educar una sociedad para la libertad, una sociedad en la que no hay más adolescentes insultados ni más vidas ni libertades robadas, en la que no haya ningún niño o adolescente que no se atreva en su casa a plantear un tema como su orientación o identidad sexual».

LOS 32 LIBROS, EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL

Por parte del Ayuntamiento de Castelló, la concejala ha explicado que las 32 publicaciones iban dirigidas a las bibliotecas de 11 institutos públicos y a un centro de menores, destinadas a la franja 12-17 años y a la formación del profesorado. La selección se llevó a cabo priorizando las novedades, su éxito editorial o que estuvieran en valenciano, además de consultar a dos librerías especializadas.

«Aunque estos libros en este momento no estén en las bibliotecas de los centros de Secundaria de Castelló, están en la biblioteca pública municipal y en todas las librerías para poder ser leídos por toda la ciudadanía», ha puntualizado la edil de Cultura.

También ha garantizado que presentarán alegaciones y que la alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, se ha puesto en contacto con ella para enterarse de lo sucedido, ya que este fin de semana ha estado ocupada en el Congreso Federal del PSOE en València. «Defenderemos los derechos humanos y libertades de todas las personas, quieran a quien quieran amar», ha dicho.

«ESTA PELÍCULA PUEDE ACABAR MUY MAL»

Entre los autores, Bruno Bimbi ha agradecido «la valentía y coherencia en esta lucha por la libertad» y se ha enorgullecido de que «a los fascistas no les guste el libro» porque, a su juicio, eso demuestra que algo bueno tiene que tener, aunque les ha invitado a leérselo bien y no solo quedarse con el título de «cuatro o cinco capítulos».

«El día que podamos escribir un libro sobre la vida de personas LGTBI y la religión no sea un tema, significará que la sociedad es mucho mejor y las religiones también», ha aventurado, para recalcar que les «persiguen y matan en nombre de la religión».

En general, Bimbi ha advertido que esta «película puede terminar muy mal», recordando su experiencia como corresponsal en Brasil, donde asistió al ascenso al poder de Bolsonaro, «cuando defendía el ‘pin parental’ hace diez años y era menos conocido que Santiago Abascal».

«España tiene que decidir si quiere ser España o ser Polonia, Rusia, Afganistán o Arabia Saudí», ha enfatizado llamando a «frenar a la extrema derecha, que viene a por todo y siempre a por los grupos difamados por la sociedad». Y ha alertado: «Es una prueba; si los dejamos pasar ahora, vendrán a por mucho más».

Otro de los escritores, Cristian Carrer ha recordado la alarma que sintió cuando se enteró de la paralización y ha defendido la unidad de los autores afectados: «Hemos de ser firmes y dar un grito por la libertad de expresión para seguir conquistando nuestros derechos sin dar pasos atrás».

Y la editora Mercè Pérez ha coincidido en que «ahora más que nunca hay que dar la cara» advirtiendo que este tipo de grupos «quieren atacar todas las formas de vida». «Continuaremos haciendo libros que hablen de movimientos LGTBI y del feminismo», ha aseverado, para lamentar que haya que hablar de «secuestro de libros» en pleno 2021.

QUERELLA

Por su parte, Abogados Cristianos ha anunciado la presentación de una querella «por prevaricación, provocación sexual e incitación a la práctica sexual a menores de 16 años y odio» contra la edil Verónica Ruiz y ha pedido al juez que esclarezca la posible vinculación de la alcaldesa, Amparo Marco, en este tema.

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, asegura que «intentar adoctrinar a los menores, defendiendo la pornografía, el sexo con drogas y atacando a las religiones, no solo no es educación, sino que es un delito». «El que esté a favor de semejante imposición debería responder ante la justicia», ha indicado.

El portavoz de Cs en el consistorio, Esteban Ventura, ha pedido a la concejal de Igualdad que su área «debe respetar la igualdad de todos, porque la libertad de unos no puede coartar ni herir la de otros como ocurre con el contenido de algunos libros LGTBI».

«INDIGNACIÓN»

Desde la FAPA Humanista Manuel Tarancón, con el «respaldo» de Covapa, donde están integrados, se ha denunciado la «indignación» que aseguran que les han trasladado desde las AMPA de Castelló por la entrega de estos libros. «¿Cuántas sentencias en contra de la Conselleria de Educación tienen que haber para que dimitan y se tomen en serio la educación de nuestros hijos?», se ha preguntado y cree que es el momento de que el conseller de Educación, Vicent Marzà, dimita.

«Es una pena que el Ayuntamiento de Castelló derroche dinero de las arcas públicas en libros como estos y no en dotar de recursos a los centros, en mantenimiento de infraestructuras, en apoyo educativo o muchas cosas más que podríamos decir», lamenta la FAPA, que afirma que, junto con la confederación, estarán «vigilantes» para defender «los derechos de las familias, y por ende, de sus hijos».

La consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido, ha valorado este lunes la propuesta del presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, para «abolir la prostitución» y ha abogado por dar una «salida digna a las mujeres».

En declaraciones, Garrido ha destacado el proyecto europeo liderado por el Govern balear, al que se han sumado ocho comunidades autónomas y la ciudad autónoma de Melilla, para dar una salida a las mujeres que ejercen la prostitución.

En este sentido, ha recordado que el 90% de la financiación de este proyecto, al que se dirigirán unos 40 millones de euros, irá dirigida a dar una oportunidad laboral a estas mujeres, «así como de vivienda o ayudarlas con el idioma como el castellano o el resto de lenguas cooficiales».

«Desde Baleares estamos completamente de acuerdo con la propuesta, pero no basta con decir que queremos hacerlo sino que tenemos que darle una salida a las mujeres que lo están ejerciendo», ha indicado la consellera de Igualdad, a la vez que ha aseverado: «La prostitución dejará de consumirse si hay hombres que dejen de hacerlo. Tenemos que concienciar a la ciudadanía, sobre todo a los jóvenes».

Además de resaltar la lucha de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado contra las redes de tratas, Garrido ha abundado en la necesidad de que las administraciones públicas ayuden a las mujeres víctimas de estas mafias.

Antes de acabar, ha recordado que el Ejecutivo que lidera Francina Armengol tiene como objetivo, en esta legislatura, que Baleares sea un territorio libre de turismo sexual «y lo estamos consiguiendo», ha afirmado. «Continuamos trabajando para que este objetivo se dé porque muchas veces el turismo de excesos viene ligado al consumo de alcohol, drogas y prostitución», ha finalizado.