El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha defendido este domingo las reuniones entre presidentes autonómicos de PP y PSOE para debatir el modelo de financiación, como la convocada por el gallego Alberto Núñez Feijóo, y ha recalcado: «Ni recibimos ni se admiten consignas de Ferraz».

«En mi partido, ningún dirigente ni nadie ha dicho a los presidentes autonómicos lo que tienen que hacer», ha garantizado a su llegada al último día del 40 Congreso del PSOE, después de que el mandatario extremeño, el también socialista Guillermo Fernández Vara, haya defendido que «probablemente» haya que aplazar el encuentro convocado por Feijóo (PP) para el 2 de noviembre con varios presidentes porque antes deben reunirse.

Page ha remarcado que «la fecha es lo de menos» y que lo importante es que continúe el «foro» entre presidentes de PP y PSOE que defienden el mismo criterio en la financiación. «Tenemos muy claro el Estado de las autonomías, un partido que se llama federal asume claramente que tiene que defender las posiciones de cada territorio», ha aseverado.

Pero más que un planteamiento «ideológico», ha insistido en que la financiación se basa en un criterio territorial. «Ha sido así desde el principio de los tiempos y no creo que pueda cambiar», ha augurado, mientras vería grave no poder sentarse con presidentes de otro partido cuando comparten «el mismo problema y la misma visión».

Es algo que ha comparado con el acuerdo alcanzado esta semana entre el Gobierno y el PP para renovar los órganos judiciales salvo el Poder Judicial. «Eso es bueno, no tiene vuelta de hoja», ha zanjado, para añadir que le preocuparía que «los presidentes del Partido Popular postergaran los intereses de su tierra por consignas de Génova».

A partir de ahí, tras felicitar a Vara por ocupar «una secretaria importante» en la nueva Ejecutiva del PSOE como la de Política Territorial, ha respaldado su postura de ir con una «cohesión previa» al encuentro en Santiago de Compostela. «No tanto como socialistas», ha remarcado, sino como presidentes autonómicos.

Esa reunión, a su juicio, será positiva «para España» al igual que lo fueron las conferencias de presidentes durante la pandemia, «de un signo u otro, incluido Torra, con una actitud absolutamente constructiva».

A PUIG: «ES UN PROBLEMA DE TAMAÑO»

En el caso del presidente valenciano, el socialista Ximo Puig, uno de los más reivindicativos contra la infrafinanciación, Page ha garantizado que hablarán y que él no tiene «ningún problema». «Evidentemente, pensamos de forma distinta. Es un problema de tamaño», ha dicho.

El Pleno del Congreso debate este martes, a instancias de EH-Bildu, convertir en permanentes las medidas contempladas en el llamado ‘escudo social’ aprobado por el Gobierno de coalición durante la pandemia de Covid-19 en materia de vivienda y suministros básicos.

Esta es la reivindicación que Bildu elevará a debate y someterá a votación en la Cámara Baja, en plena tramitación presupuestaria, y cuando el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos busca volver a contar con sus votos y reeditar los apoyos de las anteriores cuentas.

Para ello, esta formación ya ha advertido de que, además de inversiones territoriales, espera conseguir avances en derechos sociales, atendiendo especialmente a la situación de vulnerabilidad provocada por la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia.

La iniciativa que defenderán ante el Pleno apuesta por impedir los cortes de suministro de energía y agua en casos de vulnerabilidad, la suspensión de los desahucios sin alternativa habitacional y el aplazamiento de la renta del alquiler en situaciones de vulnerabilidad cuando el propietario sea una empresa, una entidad pública o un gran tenedor.

ELEVAR LA MEDIDA AL RANGO DE «DERECHOS PERMANENTES ADQUIRIDOS»

En su iniciativa, Bildu señala que estas medidas, insuficientes pero eficaces para salvaguardar derechos básicos, caducarán el próximo 31 de octubre, pese a que las situaciones de desprotección aumentan «drásticamente».

Por ello, considera que las principales medidas del llamado ‘escudo social’ «siguen siendo necesarias a día de hoy y lo serán en el futuro», sobre todo si se tiene en cuenta que, según sus cálculos, la finalización de la moratoria antidesahucios desencadenará unos 80.000 desalojos, «un auténtico escándalo que se debe impedir».

Por ello, la izquierda abertzale apuesta por que estas medidas extraordinarias y temporales se conviertan en estructurales y se eleven al rango de «derechos permanentes adquiridos» de la ciudadanía y las personas más vulnerables frente a «los intereses económicos y especulativos alrededor del mercado inmobiliario y las empresas proveedoras de suministros básicos».

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, se ha declarado este domingo «encantado» con su nuevo cargo de secretario para la Reforma Constitución y Nuevos Derechos de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE. «Voy a dejarme todo para estar a la altura de lo que piden los compañeros», ha comentado.

A su llegada a la última jornada del 40º Congreso Federal del PSOE, Bolaños ha asegurado que es un «enorme honor» ocupar ese puesto y ha garantizado que el Gobierno y la cúpula del PSOE ya estaban coordinados y así seguirán también con su presencia y la de otras cinco ministras en la nueva Ejecutiva.

Además, ha aprovechado para agradecer al ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero el cariño que le ha demostrado apodándole «Súper Bolaños», pero ha indicado que pese a los ‘superpoderes’ que le atribuye el ex dirigente socialista él prefiere seguir «pasando por debajo del radar» que tienen que atravesar todos los militantes para entrar en el cónclave.

También han mostrado su satisfacción por sus nuevos cargos de vocales de la Ejecutiva la ministra Portavoz y de Política Territorial, Isabel Rodríguez y la responsable de Educación, Pilar Alegría, así como la titular de Ciencia e Innovación, Diana Morant, que estará al frente de una secretaría ejecutiva con el mismo nombre.

UNIÓN PARTIDO Y GOBIERNO

Rodríguez ha destacado que «necesariamente el partido y las instituciones tienen que estar unidos» por lo que considera un acierto la entrada de seis ministros en la Ejecutiva, mientras que Alegría ha recalcado que una vez más el PSOE ha demostrado que es «un partido para la sociedad».

Ambas han subrayado que el PSOE ha sido «siempre una gran familia», aunque Alegría ha reconocido que les gusta «debatir y escucharse».

También Morant se ha mostrado «muy orgullosa y muy agradecida» por la confianza que ha depositado en ella Pedro Sánchez. «Para mí este partido ha significado la evolución de este país al estado del bienestar. Que personas de familias humildes como la mía hayan podido cumplir los sueños de su vida es gracias al PSOE», ha manifestado.

Cristina Narbona, que sigue como presidenta del PSOE en el nuevo equipo ha destacado que cuando gobierna el PSOE, el Ejecutivo y el partido tienen que estar «claramente alineados» para que la conexión de la organización con la sociedad «mejore la acción del Gobierno».

Preguntada sobre la nueva responsabilidad de Bolaños, Narbona se ha mostrado convencida de que «alguna vez la Constitución se reformará». «Una reforma de la Constitución en el sentido de reformar derechos formará parte de nuestro impulso», ha indicado.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado que sale del 40 Congreso Federal del PSOE «mejor» de lo que entró el viernes, sobre todo comparando la situación del partido con la de hace cuatro años. «Estábamos abiertos en canal, es algo legítimo y pasa de vez en cuando», ha recordado, y ha querido dejar claro que hoy todos los socialistas están «más cómodos».

De hecho, ha augurado que el PSOE está situado ahora «en una nueva legitimación de la Constitución del 78 adaptada a los tiempos de hoy». «Estamos preparados para los cambios que haya que plantear, incluso en la Constitución de manera consensuada», ha declarado a su llegada al último día de cónclave en Valencia.

Page ha abogado así por estudiar cualquier cambio «sin frivolizar y sin cuestionar nada de lo esencial de la Constitución», defendiendo que el Partido Socialista «en buena medida» se ha reivindicado como una de las espinas dorsales de la Carta Magna.

En general, ha valorado que la nueva Ejecutiva «va en la sintonía de los movimientos que lleva haciendo Pedro Sánchez en los últimos meses», que cree que van en la dirección correcta, y que el 40 Congreso «claramente ha sido útil para el país».

«Afortunadamente, no hemos perdido nada de tiempo en debates orgánicos y de personas», ha resaltado, lo que a su juicio se espera de un partido que está gobernando y que «por supuesto no puede permitirse ninguna frivolidad».

PARTIDO ESPONJA

Tras recordar que el PSOE en su momento «peleó por los liderazgos e incluso por su modelo», Page ha hecho hincapié en que hoy hay más «dosis de cohesión», algo que ve importante en «un partido que presume de tener muchas opiniones y que convive con ellas sin problemas; un partido esponja».

En clave autonómica, ha valorado positivamente la presencia castellanomanchega en la nueva Ejecutiva, con dos personas de su «máxima confianza» como la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, y el presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, como vocales. Es más, ha destacado que esta vez le hayan consultado a él para dar su opinión previa.

La secretaria nacional del PP de Agricultura y Despoblación, Milagros Marcos, ha acusado al Gobierno de «olvidarse de las zonas despobladas» en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 y ha señalado que los «ataques permanentes» del PSOE al mundo rural están provocando la unión de plataformas en defensa de lo que denominan la ‘España vaciada’ para intentar lograr representación institucional.

«El problema es que estas plataformas surgen para defender su cocido porque ven que el PSOE se lo está quitando», ha asegurado Marcos en una entrevista, después de que el pasado mes de septiembre la III Asamblea General de la España Vaciada, que agrupa a más de 150 asociaciones de 30 provincias, acordase buscar una fórmula para concurrir a las elecciones y llevar su voz a las instituciones.

Marcos, que es diputada del Grupo Popular por Palencia, ha afirmado que el PSOE se ha «olvidado del municipalismo» y ha puesto como ejemplo de ello el hecho de que no les hayan «cedido nada de los fondos Next Generation» o que en un principio ni se les dejara «utilizar sus ahorros». «El PSOE no cree para nada en el municipalismo, pero sobre todo, no cree para nada en lo rural», ha sentenciado.

Al ser preguntada si el PP teme una fuga de votos hacia esa plataforma de la España vacía y qué hará su partido para atraer a votantes de zonas despobladas, Marcos ha subrayado que a su formación «lo que le preocupa es el problema de la despoblación» porque es un «partido de Estado, que cree en la España rural».

A renglón seguido, ha enumerado algunas de las medidas que plantea Pablo Casado para frenar la despoblación, como reducir impuestos, facilidades para adquirir una vivienda, conectividad, fiscalidad diferenciada, impulsar la agroalimentación o ayudar a las empresas para que se instalen en el medio rural. «La gente no quiere vivir de un subsidio sino que quiere un trabajo digno y buen remunerado», ha agregado.

UNA FINANCIACIÓN QUE TENGA EN CUENTA LA DISPERSIÓN

Marcos ha explicado que para que haya una garantía de servicios en las zonas despobladas «la clave está en un modelo de financiación autonómica que atienda precisamente el coste de los servicios en estos territorios». «Estamos hablando de que la financiación tenga en cuenta el envejecimiento de la población, la dispersión y el coste diferencial de los servicios básicos», ha resaltado.

Dicho esto, ha denunciado que las autonomías más despobladas, como Castilla y León, Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura, estén a la cola en inversión por kilómetro cuadrado en las cuentas públicas que ha presentado esta semana el Gobierno. «55 millones de euros para toda España y no priorizan las comunidades con zonas despobladas en nada», se ha quejado.

Tras asegurar que el sector primario es el que «más población arraiga en el medio rural», ha censurado la actuación estos meses del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos con «recortes» a la Política Agraria Común (PAC) y «ataques» al consumo de carne.

UN PACTO DE ESTADO CONTRA LA DESPOBLACIÓN

La dirigente del PP ha recordado que Pablo Casado ya ofreció a Pedro Sánchez en 2019 un Pacto de Estado contra la despoblación y ha subrayado que ahora está planteando además medidas concretas en temas clave que preocupan a los ciudadanos, como «reducir la factura de la luz», dado que hay empresas que están «cerrando al no poder mantener los costes eléctricos».

Marcos, que ha dicho que no le gusta hablar de «la España vaciada» y que prefiere hablar de la España «de las oportunidades», ha indicado que el reto demográfico es «un problema muy serio» que «necesita de una política de Estado que garantice el equilibrio en todas las zonas del país» y un Gobierno «comprometido», algo que, a su juicio, no ocurre ahora con el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

En este sentido, ha recalcado que el Gobierno «no ha escuchado» a los municipios y al territorio y eso es lo que está provocando que «surjan estos movimientos razonables de gente que quiere defender su tierra» porque «se siente ninguneada».

«Están viendo que ni se les escucha, ni se les da participación ni hay medidas reales en la lucha contra la despoblación por parte del Gobierno», ha enfatizado. A su entender, este asunto debería ser «una política nacional de primer orden» y al no ser así hace que «surjan defensores de lo suyo».

CRITICA LA DESCENTRALIZACIÓN DE ÓRGANOS DE SÁNCHEZ

La dirigente del PP ha censurado la descentralización de instituciones que plantea Pedro Sánchez y ha afirmado que es «una forma de encubrir otros acuerdos que debe tener» con sus socios de Gobierno. A su entender, ésa no es la solución para el medio rural «en ninguno de los casos».

«Descentralizar la administración no es la solución. Lo que es solución es escuchar al medio rural, reducir impuestos, poner fiscalidad diferenciada en el medio rural para que sea más fácil montar una empresa y ayudar al sector primario, que está en la calle y se está manifestando en toda las comunidades en este momento», ha manifestado.

Además, la responsable de Agricultura y Despoblación del PP ha urgido a reformar el modelo de financiación autonómica para que las zonas despobladas puedan tener «servicios y las autonomías se lo puedan permitir y pagar». En su opinión, «no se trata de poner organismos y obligar a vivir en una zona porque eso no da resultado» sino que hay que «generar las condiciones favorables para que la gente elija vivir donde ahora no está eligiendo».

«¿Quieren trasladar órganos y no son capaces de conseguir que haya médicos en el medio rural para atender los consultorios que ya existen? Que empiecen por la base», ha solicitado, para añadir que es necesario un «MIR amplio para que haya médicos a los que poder contratar en las zonas despobladas».

INFRAESTRUCTURAS DE REGADÍO

La diputada del PP ha censurado que, en vez de crear empleo juvenil, cuando España tiene «la tasa de paro joven más alta de Europa», los PGE recojan el bono cultural de 400 euros al cumplir los 18 años, una medida con la que, a su juicio, Sánchez busca «conseguir votos». «Esto no es una medida para ayudar a la industria cultural», ha enfatizado.

Finalmente, Milagros Marcos ha señalado que, igual que el año pasado, el PP volverá a presentar enmiendas relativas a las infraestructuras de regadío porque «donde hay un regadío, hay un 40% más de población y se incorporan al campo un 60% por ciento más de jóvenes».

Los presidentes, diputados y consejeros de las Diputaciones, Consejos y Cabildos insulares, es decir los cargos electos de estas administraciones, recibieron en el año 2020 una retribución total de al menos unos 53,4 millones de euros, según consta en la última actualización de la Información Salarial de Puestos de la Administración (ISPA).

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha publicado esta semana la actualización de las retribuciones anuales de los cargos electos tanto en los ayuntamientos como en estas administraciones provinciales. De este modo, a falta de que aún remitan la información la Diputación de Cuenca y el Consejo insular de Formentera, el total de sueldos públicos de los cargos electos en estos Gobiernos provinciales es de 53.335.672,07 euros.

En concreto, los presidentes de las Diputaciones, Consejos y Cabildos insulares percibieron en el 2020, el año más duro de la pandemia del Covid-19, un total de 3,6 millones de euros, según estos datos facilitados por el Ministerio que dirige María Jesús Montero.

Así, el diputado general de Vizcaya, Unai Rementeria, fue el presidente provincial que en el año 2020 obtuvo una mayor retribución, llegando a cobrar un salario anual de 111.249,36, un 31% más que el sueldo de ese ejercicio del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que ascendió a 84.845 euros anuales.

Tras Unai Rementeria, se sitúan la presidenta de la Diputación de Barcelona, Nuria Marín, que cobró en el año 2020 un total de 106.916,74 euros, y el diputado general de Álava, Ramiro González, con una retribución de 100.487,93 euros anuales.

HUELVA, SORIA Y MENORCA, LOS QUE MENOS

En el lado contrario se sitúan los presidentes provinciales de Huelva, Soria y Menorca, contando aquellos presidentes de Diputación, Consejos y Cabildos insulares que tienen una dedicación exclusiva.

En concreto, la Presidencia de la Diputación de Huelva (hubo cambio de titular por la renuncia en 2020 del antiguo presidente) tiene un salario anual de 53.598,59 euros. En el caso del presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano Mata, cobró en 2020 un salario de 57.750 euros, mientras que la presidenta del Consejo insular de Menorca, Susana Mora, percibió 59.119,76 euros el ejercicio pasado.

Según estos datos proporcionados por el Ministerio de Hacienda, hay también dos presidentes de Cabildos insulares –El Hierro y La Gomera– que percibieron un salario inferior, pero se encuentran en un régimen calificado como «sin dedicación».

49,7 MILLONES PARA DIPUTADOS Y CONSEJEROS

Por su parte, los diputados y consejeros de estas Diputaciones, Consejos y Cabildos insulares, los otros cargos electos de estas administraciones provinciales, percibieron en el año 2020 una retribución total de 49.712.522,79 euros.

Como sucede con el salario de sus presidentes, las Diputaciones de Vizcaya, Barcelona y Álava son también las que dan una mayor retribución a sus diputados. En concreto, cada uno de los nueve diputados de la Diputación Foral de de Vizcaya percibieron en el año 2020 una retribución de 96.302,92 euros.

Por su parte, hay once diputados de los cincuenta que conforman la Diputación de Barcelona que cobraron en 2020 un salario de 95.779,88 euros anuales. Luego hay catorce de esos cincuenta que percibieron 85.276,80 euros anuales, dos diputados con un sueldo de 63.597,60 euros anuales, uno con 57.097,46 euros anuales y otro con 43.491,00 euros anuales. El resto, ya en régimen «sin dedicación» cobran distintos salarios.

En el caso de los nueve diputados de la Diputación Foral de Álava, percibieron en el 2020 una retribución entre 95.820,68 y 91.097,77 euros anuales.

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha agradecido este domingo al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, la «confianza» que ha depositado en la federación andaluza a la hora de conformar la nueva Comisión Ejecutiva Federal que saldrá del 40 Congreso federal celebrado en Valencia.

El PSOE-A contará con nueve miembros en la nueva Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, entre los que se encuentra Juan Espadas como miembro nato en virtud de su nuevo cargo de presidente del Consejo de Política Federal.

En declaraciones a los periodistas en las instalaciones del Congreso Federal, Juan Espadas ha manifestado que están muy «contentos» y «agradecidos» a Pedro Sánchez por esa presencia andaluza en la nueva Comisión Ejecutiva Federal.

«Una confianza que le devolveremos con trabajo, con compromiso y con implicación», según ha indicado Juan Espadas, quien ha señalado que se trata de un grupo de hombres y mujeres muy valioso y con experiencia, donde cabe resaltar la procedencia municipalista de seis de ellos.

«Somos consecuentes con el mensaje y el proyecto que también desde Andalucía estamos poniendo en valor, como es la importancia de la proximidad y la política cercana a los ciudadanos», ha indicado Espadas.

Ha agregado que ayer se vivió un día emocionante en el Congreso Federal, con intervenciones «que recordaremos siempre» y con un trabajo en las comisiones que pudo concluirse con práctica unanimidad en casi todas las cuestiones, fruto de un debate muy constructivo y muy claro sobre nuestras posiciones en cada uno de los temas.

«Aquí hay un solo proyecto del PSOE, y en Andalucía es el proyecto de Pedro Sánchez y Juan Espadas», ha sentenciado.

Asimismo, el dirigente socialista ha querido trasladar su respaldo a las movilizaciones que se están produciendo en Andalucía en estos días en defensa de la sanidad pública y la necesidad urgente de recuperar la presencialidad en la atención primaria y en defensa también de una educación de calidad.

A su juicio, la educación y la sanidad con el mejor barómetro en las calles de cuál es el descontento ahora mismo de la ciudadanía, lo que debería llevar al actual Gobierno andaluz a ponerse a trabajar y gobernar, en lugar de «ocultarse» tras la pandemia del coronavirus.

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, participarán este lunes en la apertura de unas jornadas dedicadas a la ley de vivienda, que organizada por Unidas Podemos.

De esta forma, mostrarán así la posición común de la confluencia sobre uno de sus principales logros de esta legislatura, el impulso de una normativa que incluye la regulación del alquiler y que condicionaba al acuerdo con el PSOE para los Presupuestos Generales del Estado.

La cita tendrá lugar este lunes y martes en el Congreso y versará sobre el «cambio de paradigma» que supondrá la futura normativa sobre vivienda acordada con el PSOE tras casi un año de negociación entre los socios de coalición.

La imagen de estas tres destacadas dirigentes de la mesa confederal de Unidas Podemos juntas tendrá lugar tras el revuelo provocado por el acto que organiza Iniciativa, el partido de la vicepresidenta valenciana y dirigente de Compromís Mónica Oltra, al que se ha invitado a Díaz, Colau y la líder de Más Madrid, Mónica García.

Diferentes actores implicados al mismo desvinculan esta cita a proyectos de confluencia o plataformas. De esta forma, sí circunscriben su impacto a una reflexión sobre ideas y experiencias políticas bajo liderazgos femeninos.

De esta forma, se persigue un evento sin siglas y tampoco se hablará ni de listas ni se abordará la situación de posibles alianzas entre partidos, pues las participantes que acudan expondrán su visión personal de determinadas políticas.

«Simplemente vamos a sentarnos y escucharnos, hablar de ideas, esa es la cuestión. Lo que venga después no lo sé, pero el ánimo no es ese: es escuchar», zanjó Oltra.

CARGOS DE UP Y ACTIVISTAS EXPONDRÁN SU VISIÓN EN VIVIENDA

Destacados dirigentes del espacio confederal intervendrán en este foro, como es el caso del vicepresidente segundo de la Generalitat valenciana y conseller de Vivienda, Héctor Illueca, junto a los diputados Rafa Mayoral, Gerardo Pisarello, Miguel Bustamante y Pilar Garrido.

También participarán otros cargos de la esfera municipal para detallar sus experiencias en esta materia, como la edil de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, Lucía Martín, y la alcaldesa de Sant Feliu de Llobregat, Lidia Muñoz.

El activismo contará con una nutrida representación con la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Lucía Delgado, y la integrante de la coordinadora de Vivienda, Laura Barrios, que expondrán su visión sobre desahucios y emergencia habitacional junto con la secretaria estatal de Vivienda de Podemos, Alejandra Jacinto.

Además, participará el secretario de Juventud y Nuevas Realidades en el Trabajo del sindicato CCOO, Carlos Gutiérrez, y también habrá espacios de debate sobre el urbanismo sostenible, sobre el papel de la justicia en el derecho a la vivienda, o sobre la experiencia alemana tras el referéndum celebrado en Berlín sobre la expropiación de vivienda a grandes inmobiliarias, entre otros.

RESPALDO DE PODEMOS A LA ESTRATEGIA DE DÍAZ

Durante la pasada ‘Universidad de otoño de Podemos, evento al que no asistió Díaz por un compromiso personal, la formación morada destacó que se logró «sacar adelante» la nueva ley acordada en el seno de la coalición, a pesar de que el PSOE fue «muy permeable a los fondos de inversión.

En este foro de rearme ideológico del partido también se respaldó en la clausura de su ‘Universidad de otoño’, la estrategia de frente amplio progresista, bajo el liderazgo de la titular de Trabajo, que permita desbancar al PSOE como fuerza hegemónica de izquierda.

Tanto Belarra como el exlíder del partido Pablo Iglesias avalaron esta opción. El exvicepresidente dijo estar convencido de que la nueva dirección sabrá acompañar a Díaz y reivindicó el patrimonio político de la formación morada para forjar confluencias y sumar.

El director del Instituto 25M y cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, apoyó también esa estrategia de ensanchamiento, destacando que esta organización debía ser la «nave nodriza» de dicho frente porque «siempre ha sumado».

MEDIDAS DE LA LEY

La propia Belarra ha destacado que la futura ley marca que grandes propietarios con personalidad jurídica (10 o más viviendas) tendrán que bajar por ley el precio del alquiler en base a índices de referencia en zonas de mercado tensionados.

Asimismo, desglosó que los pequeños propietarios congelarán precios pero les ayudarán con incentivos fiscales, de hasta el 90%, para que puedan bajar también las rentas a sus inquilinos.

También destacó que se retirarán, en el marco presupuestario, los «privilegios fiscales» a las Entidades de Alquiler de Vivienda, pues las bonificaciones en el impuesto de Sociedades pasarán del 85 al 40%, es decir, una bajada de más de la mitad de las exenciones que se permiten desde 2014.

Todo ello, además, complementado con un bono de vivienda de 250 euros con el objetivo de ayudar a los jóvenes a acceder a una vivienda en alquiler y a la cláusula para reservar el 30% de nuevas promociones a vivienda protegida, de la cual la mitad se desplegará en alquiler social.

Los Reyes ofrecerán este lunes a los embajadores iberoamericanos acreditados en Madrid un almuerzo como ya es tradicional al término de la reunión del Patronato del Instituto Cervantes, que tendrá lugar en el Palacio de El Pardo.

El almuerzo se produce menos de una semana después de la fiesta del 12 de Octubre que ha servido de acicate para volver a reabrir el debate en torno a la Conquista de América y el legado de España en el continente.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se ha convertido en los últimos años en el principal portavoz de quienes consideran que España debería pedir perdón por los abusos cometidos sobre la población indígena por los conquistadores, pero a él se han sumado también otros dirigentes iberoamericanos.

El último de ellos ha sido el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien, al igual que en 2019 hiciera López Obrador, ha enviado una carta a Felipe VI en la que en su caso plantea la creación de una comisión de la verdad y una «rectificación» de cómo se sigue viendo la Conquista, denunciando que al igual que con el cambio climático existe una corriente «negacionista» que no quiere ver el «genocidio» cometido.

Aunque Don Felipe no se ha pronunciado directamente sobre la petición de perdón que en su día le trasladó López Obrador ni tampoco sobre la carta remitida este jueves por Maduro, el monarca sí que ha hecho en varias ocasiones una defensa de la historia compartida y del legado español.

Durante la visita a España del presidente colombiano, Iván Duque, el pasado 16 de septiembre, el Rey puso en valor el pasado compartido entre los dos países. «Ni España ni Colombia pueden comprenderse sin ese pasado común que nos define y que dio origen a un legado conjunto de valores, a visiones afines del mundo en las que españoles y colombianos nos reconocemos como miembros de la gran familia iberoamericana», sostuvo.

Ese pasado compartido se manifiesta en el «patrimonio histórico compartido» y que incluye «desde nuestra lengua común hasta la huella histórica que nuestros distintos pueblos han ido dejando a través de los siglos», agregó Don Felipe.

REUNIÓN DEL PATRONATO

Al almuerzo con los Reyes asistirán, además de los embajadores iberoamericanos, los miembros del Patronato del Instituto Cervantes, que mantendrán una reunión previa durante la que además está prevista la entrega por primera vez del Premio «Ñ» a Barbara Fuchs, profesora de la Universidad de California (UCLA, en Los Ángeles), autora de numerosos libros y fundadora de una iniciativa para el conocimiento del Siglo de Oro español.

En el encuentro del Patronato participan, además de Don Felipe y Doña Letizia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; los ministros de Educación, Pilar Alegría, y de Cultura, Miquel Iceta, y la secretaria de Estado de Cooperación Internacional y presidenta del Consejo de Administración del Instituto Cervantes, Pilar Cancela.

Asimismo, según ha adelantado el Instituto Cervantes en un comunicado, está prevista la asistencia del director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado; los premios Cervantes Sergio Ramírez e Ida Vitale; el presidente de la Academia de Cine, Mariano Barroso; el secretario general de la Asociación de Academias de la Lengua Española, Francisco Javier Pérez; los rectores de las universidades de Salamanca, Granada y Nacional Autónoma de México (UNAM); y los directores del Centro Cultural Inca Garcilaso (Perú) y del Instituto Caro y Cuervo (Colombia).

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo celebrará este martes 19 de octubre la votación y fallo de los recursos interpuestos tanto por el PP como por Vox en julio de 2020 contra el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado, al dudar de su idoneidad e imparcialidad para dirigir el Ministerio Público.

El alto tribunal mantiene este asunto sobre la mesa tras inadmitir de plano la pretensión de la Abogacía del Estado para que los recursos fueran declarados inadmisibles por falta de legitimación activa de ambos partidos para recurrir el nombramiento instado por el Gobierno.

Esta decisión se adoptó el pasado mes de enero en el caso del recurso del PP, cuando la Sección Cuarta de lo Contencioso del alto tribunal rechazó archivar el procedimiento por el momento y aplazó la decisión sobre la legitimidad del PP en este asunto «al momento de dictar sentencia», algo que ocurrirá esta semana según señalaron fuentes de este órgano.

En sus alegaciones, la Abogacía del Estado señalaba que el Supremo ni siquiera debería entrar a resolver sobre el fondo de esta cuestión porque «la invocación de la libertad individual, el Estado de Derecho, el imperio de la Ley, la independencia de la Justicia y el sistema democrático, que invoca el partido político recurrente, no confiere ningún título que legitime la interposición del presente recurso contencioso administrativo».

Ante este argumento de los Servicios Jurídicos del Estado, sustentados en la propia jurisprudencia de la Sala, el PP respondió que debería tenerse en cuenta que la labor de Delgado es susceptible de afectarle «respecto de los diferentes procedimientos judiciales en curso» en los que los populares son parte.

Añadía que además, como primer partido de la oposición, que el PP debía ejercer control sobre los «actos de Gobierno, tanto parlamentariamente como también mediante la interposición de los oportunos recursos ante la jurisdicción ordinaria y la constitucional».

En la demanda que presentó en el verano de 2020, el PP solicitaba la anulación el real decreto por el que se nombró a Delgado al entender que no cumple con los criterios de idoneidad e imparcialidad exigibles para dirigir la Fiscalía debido a que en la anterior legislatura fue ministra de Justicia del Gobierno de Pedro Sánchez.

RECURSO DE VOX

El partido que lidera Santiago Abascal, por su parte, fundamentó su recurso en que el informe emitido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para el nombramiento de Delgado «no puede considerarse válido al no cumplir el trámite preceptivo que imponen el artículo 124.4 de la Constitución Española y el artículo 29.1 de la Ley 50/1981, 30 diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal», ya que «expresamente se ha excluido del juicio de los vocales del Consejo el requisito subjetivo, el atinente a tratarse de una jurista de reconocido prestigio, pues, sobre dicho requisito, pivota el juicio de idoneidad».

Así, solicita la nulidad del acuerdo impugnado por infracción del principio de imparcialidad, contenido en el artículo 124.2 de la Constitución, al considerar que Delgado pasó de ser ministra de Justicia y diputada del PSOE a ser propuesta y nombrada fiscal general. Este asunto se resolverá igualmente el próximo 19 de octubre, señalan las fuentes consultadas.

Fuentes de Vox señalaban que han solicitado mediante un escrito al alto tribunal que sea el Pleno de la Sala Tercera (de lo Contencioso-Administrativo) y no únicamente los seis magistrados de la Sección Cuarta a los que ha correspondido el asunto los que se encarguen de esta cuestión.

Entre las razones, según las mismas fuentes, estarían la trascendencia y relevancia de los efectos que podría tener la estimación de la anulación del nombramiento de Delgado. La ley permite que el presidente de la Sala remita el asunto de cualquiera de sus Secciones al Pleno si así lo estima necesario.

La exvicepresidenta primera Carmen Calvo, el exministro de Transportes José Luis Ábalos y el resto de dirigentes socialistas que han dejado formar parte de la Ejecutiva del PSOE, como el ex asesor en Moncloa Paco Salazar, pasarán ahora a ser miembros del Comité Federal en la nueva etapa que afrontar el partido tras el 40º Congreso Federal que se celebra en Valencia.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha acometido una importante renovación de la denominada Comisión Ejecutiva Federal, en la que solo repiten doce personas –incluido él– de las elegidas en el 39º Congreso de 2017. De los salientes, la mayoría cambia su asiento en el núcleo duro de Ferraz por un puesto en el Comité Federal –el máximo órgano de dirección entre Congresos que se reúne, al menos, dos veces al año–.

El órgano estará presidido por la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, que hasta ahora formaba parte de la Ejecutiva. Y la persona que encabeza la lista elaborada por Sánchez para someterla al voto de los delegados es Carmen Calvo, la que fuera su mano derecha en Moncloa como vicepresidenta primera, hasta la intensa crisis de gobierno que acometió el julio.

Si en su Ejecutiva Sánchez ha integrado a seis ministros de su Gobierno, empezando por el de Presidencia, Félix Bolaños, en el Comité Federal también le ha reservado un puesto a otros cinco miembros de su Gobierno: el de Exteriores, José Manuel Albares; el de Agricultura, Luis Planas; la de Transportes, Raquel Sánchez; el de Cultura, Miquel Iceta; la de Industria, Reyes Maroto. También estará la presidenta del Congreso, Meritxell Batet.

En el Comité Federal también estará ahora el que fuera director adjunto del gabinete de Sánchez en Moncloa, Paco Salazar. Como él, cambian su puesto en la Ejecutiva por uno en el Comité Federal otros dirigentes como el exministro José Manuel Rodríguez Uribes, Mª Luisa Faneca López, Antonio Ferrer, Iban García Blanco, Begoña García Retegui, Isaura Leal Fernández, Hugo Morán, Francisco Polo, Oscar Puente, Susana Ros, Mónica Silvana, Susana Sumelzo, Magdalena Valerio, el todavía líder de Juventudes Socialistas Omar Anguita u Odón Elorza.

La corriente Izquierda Socialista ha conseguido cuatro representantes en el Comité Federal, pero ninguno en la Ejecutiva. El que fuera su único dirigente en el núcleo duro, Andrés Perellón, se ha quedad fuera de la Ejecutiva y pasará a formar parte del Comité, junto a Manuel Mata, Michel Montaner y Carmen Castiñeira.

En concreto, Sánchez ha presentado una lista de 107 personas para el Comité Federal. Según los estatutos, el Congreso Federal solo elige a un tercio de los integrantes, por el voto directo y secreto de los delegados. Otro tercio del número total de miembros del Comité Federal será elegido a partir de ahora en los Congresos Regionales o Nacionales; y el último tercio por el voto individual directo y secreto de los y las militantes del PSOE y afiliados/as directos/as.

Además, forman parte como miembros natos los miembros de la Ejecutiva; los secretarios generales autonómicos; los portavoces parlamentarios; el coordinador general del Consejo Político Federal; o el presidenta de la FEMP, siempre que ostente la condición demilitante del PSOE. Y pueden asistir como invitados los presidentes autonómicos y los ex secretarios generales.

Por otra parte, los nuevos miembros del Comité de Ética y Garantías son la diputada Mª Luisa Carcedo, como presidenta; el exdiputado andaluz Rafael Román como secretario; y como vocales, Carmen Serván, Javier Rodríguez, Tirso Calvo.

La Audiencia Nacional juzga a partir de este viernes a Abdelkader E.L.E., un hombre acusado de apoyar a la organización terrorista DAESH y de realizar publicaciones de contenido violento y radical en la red social Instagram.

Abdelkader, para quien la Fiscalía solicita dos años y tres meses de prisión por un delito de enaltecimiento terrorista, habría difundido una serie de imágenes y videos que incitaban a la violencia contra los cuerpos policiales y otros de temática relacionada con el radicalismo violento islámico.

Asimismo, el Ministerio Fiscal interesa las penas de inhabilitación absoluta, inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en los ámbitos docente, deportivo y de tiempo libre, por un tiempo de 10 años. Y, por último, la medida de libertadvigilada por tres años.

Alternativamente, la Fiscalía propone que le sea impuesta por el delito de auto adoctrinamiento terrorista la pena de dosaños y tres meses de prisión.

Con 687 seguidores en la red social, Abdeldaker tenía como foto de portada la frase ‘Nadie os va a tocar mientras yo esté con vida’. Más abajo, en su muro, una serie de fotografías: un jinete a lomos de un caballo portando un fusil Kalashnikov, una persona que simulaba apuntar a un agente de policía por la espalda e incluso una instantánea de Osama Bin Laden con una bandera de DAESH.

IMÁGENES DE LAS TORRES GEMELAS O NIÑOS SOLDADO

Así se recoge en el escrito de acusaciones provisionales del fiscal, que también apunta a imágenes sobre el atentado de las Torres Gemelas, de muyahidines combatiendo y de niños uniformados y con armas.

La Fiscalía considera que esas publicaciones tenían la «finalidad de difundir el ideario violento de la organización terrorista DAESH y lograr que esta organización» consiguiera su «objetivo de instaurar violentamente un califato universal regido por la Sharia», la ley islámica.

Además, la incautación en julio de 2019 de una serie de dispositivos electrónicos a Abdeldaker permitió a la Guardia Civil averiguar que el acusado trató de adquirir más conocimientos e imágenes sobre el yihadismo violento y radical con la finalidad de difundirlos a terceras personas y lograr la implantación del DAESH.

Así las cosas, Abdeldaker seleccionaba desde internet o del material que recibía de otros usuarios el contenido de carácter yihadista que más se adecuaba a su ideología y procedía al tratamiento o edición de las imágenes para posteriormente compartirlo en Instagram y también en Facebook.

Los investigadores también encontraron en su teléfono más imágenes e, incluso, un contacto guardado con «grafía árabe», originario de Turquía y cuya imagen de perfil era una persona portando un arma corta, en posición desafiante.

El líder del PP, Pablo Casado, ha elegido el denominado ‘escudo social’ aprobado por el Gobierno durante la pandemia del Covid para preguntar al presidente, Pedro Sánchez, en el Pleno de control del Congreso del próximo miércoles. Será este su primer ‘cara a cara’ parlamentario después del acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y el primer partido de la oposición para renovar el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos.

«¿Considera que las decisiones de su Gobierno no dejan a nadie atrás?», reza la pregunta que Casado ha registrado en el Congreso para Sánchez, quien ha venido reiterando desde el estallido de la crisis sanitaria que las medidas adoptadas por su Ejecutivo en el ámbito social y económico –o que llamaron ‘escudo social’– no dejarían a nadie a atrás.

Se trata, como viene siendo habitual, de un interrogante genérico que Casado aprovechará para interpelar al jefe del Ejecutivo sobre diversos asuntos, entre ellos es más que probable que por los Presupuestos Generales del Estado para 2022 que el pasado miércoles aterrizaron en el Congreso entre críticas, entre otros, del propio PP.

EN 24 HORAS SE FRAGUÓ EL ACUERDO

Pero la importancia de este nuevo duelo parlamentario viene dada porque será la primera vez que uno y otro vuelvan a verse en el Congreso tras el acuerdo alcanzado esta semana pasada por el Gobierno y el PP para actualizar todos los órganos constitucionales caducados salvo el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Fue precisamente en la última sesión de control cuando el presidente de los ‘populares’ tendió la mano a Sánchez para esta renovación y 24 horas después el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, cerraban el acuerdo.

Está por ver si este consenso se ‘colará’ de una y otra forma en su habitual ‘duelo’ parlamentario. Quien sí que lo llevará al Pleno de este miércoles es Esquerra Republicana (ERC), socio del Gobierno en el Congreso.

En concreto, será la portavoz adjunta de este partido, Carolina Telechea, quien preguntará al Gobierno por qué considera que ha alcanzado «un buen acuerdo» sobre la renovación de los órganos constitucionales.

ABASCAL Y LA INSEGURIDAD EN LAS CALLES

Además de Casado, Sánchez responderá a otras dos preguntas de la oposición, como es habitual. Por un lado, el líder de Vox, Santiago Abascal, pedirá al presidente que especifique las medidas que piensa adoptar su Gobierno «para devolver la seguridad a los barrios y ciudades de España».

De su parte, el representante de Teruel Existe, Tomás Guitarte, busca que Sánchez le diga «en qué medida cumple el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022 con los puntos del acuerdo de investidura firmado entre el PSOE y Teruel Existe».

El Congreso tiene previsto concretar esta semana el plan de trabajo que llevará adelante en los próximos meses la comisión encargada de investigar el proceso de vacunación contra el Covid, que no prevé comenzar a recibir a los primeros comparecientes al menos hasta noviembre.

Dicha comisión, que preside el socialista gallego Guillermo Meijón, echó a andar el pasado día 7 –siete meses después de su aprobación por el Pleno de la Cámara– con la presentación de un borrador de trabajo por parte del PSOE.

Ese plan inicial de trabajo promovido por los socialistas se divide en tres bloques: Estrategia de Compra Anticipada. Proceso desarrollado para garantizar el acceso a las vacunas Covid; Aplicación de la Estrategia de vacunación frente a la Covid en España y sus posteriores actualizaciones; y Desarrollo de la Estrategia de vacunación frente a la Covid en España y sus resultados.

A ese esquema inicial los grupos parlamentarios han presentado ya por escrito sus aportaciones o mejoras que serán precisamente las que se discutirán en la reunión que la comisión tiene previsto celebrar este próximo jueves, 21 de octubre.

Ciudadanos y Más País-Equo ya comentaron que el plan impulsado por el PSOE era demasiado «demasiado difuso» e «inconcreto» y se quejaron, en declaraciones, de que en el diseño de la investigación no hay mención alguna a las posibles irregularidades que han podido cometer. De hecho, ya avanzaron que enmendarían estas ‘deficiencias’.

Y es que tanto el PSOE como el PP no prevén incidir en que el Congreso investigue a las personas, entre ellas varios políticos de distinto signo, que se vacunaron contra el Covid saltándose el orden de prioridad establecido por las autoridades sanitarias, sino que lo que buscan es conocer todos los detalles de la estrategia de vacunación con el fin de aprender para futuras pandemias o crisis sanitarias.

Cabe recordar que Más País-Equo y Compromís registraron el pasado mes de febrero su solicitud para que el Congreso abriera una comisión de investigación para estudiar posibles irregularidades en la gestión de las vacunas contra el Covid, a raíz de saberse que diferentes políticos, cargos públicos y altos cargos de la Administración del Estado, en su mayoría del PSOE y del PP, habían recibido «indebidamente» la primera dosis de la vacuna.

LOS COMPARECIENTES, A PARTIR DE NOVIEMBRE

Además de cerrar el diseño final de la investigación, la reunión de la comisión prevista para el jueves también servirá para que los distintos grupos parlamentarios comiencen a poner en común los nombres de las personas que pretenden que desfilen por este órgano.

En todo caso, según confirmaron fuentes parlamentarias, la lista definitiva con los nombres no se aprobará hasta una próxima cita de la comisión. Así las cosas, en principio no se prevé que llamen a nadie al menos hasta noviembre.

Teniendo en cuenta que el grueso de la población está ya vacunada, el PSOE subraya que esta comisión debe centrarse sobre todo en analizar el proceso de vacunación llevado adelante y aprender para otra ocasión. «Los casos puntuales no es lo más relevante», han defendido.

En la misma línea, desde el PP apuntan que la mayor parte de los políticos señalados por saltarse la cola de vacunación han dimitido y que esta comisión no debería servir para someterles a un «escarnio» público, sino para estudiar retrospectivamente lo que se hizo mal con el fin de que se puedan extraer lecciones de cara al futuro. «O sirve para sacar lecciones o, si no, no tiene ningún sentido», dijo recientemente el portavoz ‘popular’ de Sanidad, José Ignacio Echániz.

La iniciativa de Más País-Equo y Compromís que el Congreso aprobó en marzo fijaba como objetivos investigar la posible existencia de estructuras de tráfico de influencias que hayan posibilitado prácticas irregulares de vacunación, así como a sus beneficiarios y los fallos en el control del protocolo de quienes se vacunaron antes de que les tocara.

RESPONSABILIDADES POLÍTICAS

También hablaba de hacer pesquisas sobre las posibles irregularidades, falta de transparencia y cláusulas abusivas que hayan podido darse en relación con los contratos con las farmacéuticas, y las actuaciones relativas a estos hechos tanto por parte de la UE como de los Estados miembros por separado.

Más allá de las posibles responsabilidades legales y/o administrativas, la comisión nación con la intención de investigar los hechos para depurar las responsabilidades políticas que se pudieran derivar de estos comportamientos irregulares.

Además, el texto aprobado en su momento llamaba a esclarecer «fallos en la ejecución del plan de vacunación, con dosis echadas a perder, problemas con la distribución, fallos en la logística o falta de jeringuillas adecuadas para el máximo aprovechamiento».

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno tomará declaración esta semana a otros 10 investigados en la ‘Operación Titella’ y que guardan relación con la supuesta estafa que la red que presuntamente encabezaba el productor televisivo José Luis Moreno habría realizado a distintas entidades bancarias para obtener financiación.

En una providencia, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 ha citado a los integrantes de la red que se habrían encargado supuestamente de acudir a las sucursales y, también, a los empleados de las mismas que habrían colaborado con la organización a la hora de realizar los ingresos.

Esta nueva ronda se iniciará el martes a partir de las 08.45 horas con la declaración de Javier Rumbo, a quien los investigadores sitúan como director de la oficina del Banco Santander en el Paseo de la Florida de Madrid. La policía judicial considera acreditada no solo la participación directa de este empleado en las operaciones fraudulentas de los investigados, sino también una actuación en su propio beneficio y el de sus amigos.

Así las cosas, Rumbo -que trabajaba a las órdenes de Antonio Salazar — habría concedido financiación a la organización a sabiendas de la actividad fraudulenta de esta, participando incluso en la confección de la documentación contable como balances o impuestos de las sociedades para asegurarse que se les iba a conceder la financiación.

COLABORADORES NECESARIOS

En un escalón inferior al de Rumbo los investigadores sitúan a Luis Peña, director de una oficina de Caja Rural de Soria en Torrejón de Ardoz, Miguel Méndez como director de la sucursal de Caixabank en la calle Pedro Laborde y Alejandro Aragones, un empleado del mismo banco en Paterna, en Valencia.

A todos ellos se les sitúa como colaboradores necesarios, empleados de banca captados por la organización y encargados de conseguir financiación, así como de encargarse de los ingresos en efectivo y de pagarés. La policía judicial solicitó permiso para entrar y registrar una serie de domicilios relacionados con los cinco investigados ante la sospecha de pudiesen estar escondiendo en los mismos elevadas cantidades dinero en efectivo.

Ya el miércoles el juez seguirá poniendo el foco en la estrategia seguida desde la red para obtener financiación. Y lo hará escuchando la declaración de José Luis Meseguer y Luis Ochoa, presuntos receptores de toda la documentación requerida por las entidades bancarias para la consecución de la financiación.

Ambos serían además los encargados de contactar con los bancos, agendar las entrevistas de los testaferros con los directores de las entidades y preparar las visitas a las sedes de las sociedades cobrando una comisión por cada una de las gestiones de Antonio Salazar.

ESTAFAS CON AYUDAS COVID

Esta dinámica no llevo solo a que la red obtuviese dinero de los bancos sino que, como apunta el oficio, el Estado también figura como perjudicado. Así, y a través de las entidades de crédito, la organización habría conseguido obtener multitud de créditos ICO–entre ellos ayudas COVID– como, por ejemplo, una de 10.000 euros en Murcia.

Meseguer y Ochoa contaban para sus planes con la ayuda de otros dos de los investigados, los hermanos Antonio y Daniel Polanco, encargados de conseguir financiación para una de las sociedades y utilizando a un testaferro que no sabía hablar castellano.

Los investigadores señalan que uno de los hermanos, Antonio, llegó a hacerse pasar por el «jefe de administración Javier Ruiz», una identidad inventada que le permitía acudir a las entidades bancarias haciendo de traductor y controlando que la sociedad consiguiera la financiación fraudulenta.

Antonio y Daniel también habrían recibido una comisión de las citadas ayudas COVID publicadas en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, unas cantidades que también percibieron Meseguer y Ochoa.

La última investigada en declarar ante el magistrado será Yamileth González, administradora de Klass Shop y que habría participado supuestamente en la obtención de financiación tanto personándose con Salazar en las distintas oficinas bancarias y firmando los productos. También habría participado en la simulación de actividad de las sociedades con la finalidad de engañar a los empleados de banca.

LA FISCALÍA CALCULA EN 85 MILLONES LA ESTAFA

La Fiscalía de la Audiencia Nacional calcula que la organización criminal que supuestamente encabezaba el ventrílocuo habría estafado un total de 85 millones en diferentes bancos. Así se desprende de un informe del Ministerio Público de octubre de 2020 en el que se subraya además que gracias a las pesquisas policiales se ha constatado la existencia de esa organización, que estaría integrada –al menos en el momento en el que se redactó el informe– por 26 personas que se dedicaban a obtener dinero procedente de entidades bancarias «por medio del conocido sistema del peloteo de cheques o pagarés».

Añade que también lo obtenían «por medio de la concesión bajo engaño, o en connivencia con empleados de las mismas, de líneas de crédito». Una vez tenían en su poder el dinero en metálico, lo transferían a terceros que justificaban ese desplazamiento por medio de facturas falsas, dice el fiscal. «Lograban de esta forma no sólo demostrar la aparente disposición del metálico y la insolvencia frente al banco, sino también su afloramiento o blanqueo», explica.

La Audiencia Nacional anda corta de espacio. Cada vez son más las macrocausas que desembocan en juicios multitudinarios donde se juntan decenas de personas que ahora además deben guardar la distancia de seguridad por el coronavirus, lo que ha desbordado las habituales sedes para causas penales de la madrileña calle de García Gutiérrez y San Fernando de Henares. Como remedio, la AN explora la posibilidad de expandirse.

El tribunal, encargado de los delitos de mayor gravedad y relevancia social, como los de terrorismo, crimen organizado o grandes fraudes y estafas, se ha ido adaptando a los nuevos tiempos. Así, en 2009 inauguraba su sede en el municipio madrileño de San Fernando de Henares, unas instalaciones de más de 7.000 metros cuadrados pensadas expresamente para albergar macrojuicios. Y, ya en 2015, el edificio de García Gutiérrez se modernizaba por completo ampliando además su superficie desde los 9.600 a los 11.500 metros cuadrados.

Sin embargo, ambos espacios empiezan a quedarse pequeños ante las crecientes necesidades de la AN. Así, fuentes jurídicas han indicado que está previsto que en 2022 se celebre un juicio que juntará a más de 130 personas sin que todavía se sepa cómo podrá llevarse a cabo para garantizar que todas estén presentes respetando las medidas anticovid.

El primer juicio por ‘Tándem’, que ha comenzado esta semana en San Fernando de Henares, es buena medida de las dimensiones de los procesos asumidos por la Audiencia Nacional. Únicamente en este juicio, donde solo se ventilan tres de la treintena de piezas que conforman esta macrocausa, se han juntado más de 30 acusados, incluido el comisario jubilado José Manuel Villarejo, a las que se añaden cerca de una decena de acusaciones, todos con sus respectivos letrados, más los fiscales y el propio tribunal.

Las fuentes jurídicas explican que, a corto plazo, ya se están estudiando distintas opciones para hacer posible ese macrojuicio señalado para 2022, si bien han apuntado que la Audiencia Nacional se ha puesto en contacto con el Ministerio de Justicia para trasladar al departamento de Pilar Llop la necesidad de encontrar nuevos lugares que resuelvan de una vez por todas el problema.

UNA SECCIÓN QUINTA

Aunque no es el único. A las limitaciones físicas se suman las de personal, recalcan las mismas fuentes, expresando su malestar por el volumen de trabajo al que se enfrentan las cuatro secciones de la Sala de lo Penal, hasta el punto de llegar a plantear que, más allá de los refuerzos puntuales, se necesitaría una sección quinta.

La Sala de Gobierno de la AN reflejó esta situación en su acuerdo del pasado 20 de septiembre. Según el mismo, las secciones segunda y tercera habían solicitado que la juez de apoyo María Teresa García Quesada, que entró para sustituir a Juan Carlos Campo mientras era ministro de Justicia, se quedara como refuerzo. Finalmente, el pulso se decantó a favor de la 2ª porque allí las bajas médicas dejaron solo dos magistrados en activo, lo que hace «imposible» que el trabajo salga adelante.

La carga de trabajo se ha acrecentado con la acumulación de asuntos tras el parón obligado por la pandemia. Las fuentes exponen que, a los juicios ya señalados para 2021, se han sumado los aplazados en 2020, con lo que las últimas vistas están fijadas para finales de 2022. La mayor dificultad la entrañan, precisamente, los macrojuicios, que se desarrollan en numerosas sesiones complicando su encaje en un calendario copado.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, comparecerá este miércoles en el Congreso para dar cuenta de dos asuntos, la operación de evacuación de Afganistán tras la toma de Kabul por parte de los talibanes y la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, a través de la base aérea de Zaragoza.

Robles acudirá a la Comisión de Defensa de la Cámara Baja a las 16.30 horas de este miércoles a petición de PP y Vox, que registraron distintas peticiones de comparecencia para conocer detalles sobre estos dos asuntos de actualidad durante los últimos meses.

La evacuación de Afganistán supuso una peligrosa operación militar en la que participaron efectivos del Ejército del Aire y miembros de Operaciones Especiales del Ejército de Tierra con el objetivo de sacar del país tanto a los ciudadanos españoles que allí había como a gran número de afganos y sus familias que habían colaborado con España.

La primera misión de evacuación finalizó el 27 de agosto con el traslado hasta la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) de más de 2.200 afganos, que fueron sacados de Kabul en aviones A400M del Ejército del Aire hasta Dubai y desde allí trasladados a España por aeronaves fletadas por Air Europa.

Pocos días antes del fin de la operación tuvo lugar un atentado en una de las entradas al aeropuerto de Kabul en el que fallecieron decenas de personas, entre ellas 13 soldados estadounidenses.

Esta misma semana han llegado a Madrid dos nuevos aviones con 240 colaboradores afganos más y sus familias procedentes de Islamabad (Pakistán), que habían logrado salir de Afganistán por vía terrestre. Una vez en Pakistán, la Embajada española fue la encargada atenderles, verificar sus identidades y realizar toda la documentación necesaria para su traslado.

EXPLICACIONES SOBRE GHALI

Pero además, Robles tendrá que dar cuentas de la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, un asunto que está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción Número 7 de Zaragoza y en el que ha declarado como investigada la exministra de Asuntos Exteriores Arantxa González Laya.

Ghali entró a España a través de la base aérea de Zaragoza del Ejército del Aire en un avión medicalizado argelino y fue trasladado al Hospital San Pedro de Logroño para ser allí tratado. El Gobierno ha sostenido desde entonces que fue recibido atendiendo a razones «humanitarias».

Este jueves el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, evitó aclarar si él mismo autorizó la entrada a España del líder del Frente Polisario amparándose en la investigación judicial en marcha. Eso sí, defendió la actuación del Gobierno: «Hicimos lo que hicimos y lo hicimos bien», sostuvo.

El presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha defendido este domingo que «probablemente haya que aplazar algunas semanas» la reunión convocada el 2 de noviembre por el mandatario gallego, Alberto Núñez Feijóo, sobre financiación autonómica con líderes de varias comunidades. «Antes tenemos que vernos nosotros», ha explicado.

Vara, secretario de Política Autonómica en la nueva Ejecutiva del PSOE, ha declarado en el último día del 40 Congreso Federal que pretende contactar con Feijóo «esta tarde o mañana» para plantearle que quiere que sigan trabajando «juntos por los problemas comunes», además de buscar fechas para poder verse «adecuadamente».

En general, el presidente extremeño ha reafirmado que lo que él quiere es que haya una posición común de los barones socialistas con la financiación autonómica, si bien ha indicado que cuando se reúna con presidentes del PP lo hará como «frente institucional» y con los del PSOE será «de partido».

En esta línea, ha defendido un mayor contacto entre presidentes autonómicos «no solo en este grupo» y sin un motivo concreto, ya que «vienen tiempos llenos de oportunidades y sería muy bueno». Es algo que ha destacado que analizó con los presidentes de Andalucía y Castilla y León, los ‘populares’ Juanma Moreno y Alfonso Fernández Mañueco. «Tenemos que vernos más», ha insistido.

«MOMENTO MUY COMPLICADO»

En el caso del presidente valenciano y líder del PSPV, Ximo Puig, uno de los más reivindicativos contra la infrafinanciación, Vara ha señalado que habló ayer con él y que pretenden reunirse, aunque todavía no tienen fecha porque el calendario es «muy complicado».

También ha remarcado que es un momento complicado por el actual proceso de elaboración de Presupuestos Generales del Estado (PGE) mientras las reglas fiscales siguen suspendidas en la UE. «No digo que no sean reales –ha precisado–, pero están sometidos a unas limitaciones».

Y ha hecho notar que ahora hay fondos extraordinarios por la crisis y «no puedes hacer un modelo pensando que van a estar toda la vida». Es algo que a su juicio hay que ponderar y hablar internamente en el PSOE y en lo que pretende trabajar en su nuevo puesto en la Ejecutiva.

En este escenario, respecto a si el nuevo modelo de financiación será realidad esta legislatura, Vara ha dicho que depende de «lo rápido» que sea capaz de ir el Gobierno. «Nos metemos en un ciclo electoral tan pronto como a alguien se le ocurra convocar elecciones», ha añadido.

Sobre el acuerdo en materia de financiación del 40 Congreso del PSOE, el mandatario extremeño ha reconocido que «no podían ir mucho más allá», pero ha llamado a intentar llegar a «pequeños acuerdos» que permitan uno general.

Podemos fija como objetivo para la próxima década su «irrenunciable» proyecto de república plurinacional que debe plasmarse mediante una Constitución del «siglo XXI» y proclama que la monarquía «es una gangrena que ningún sistema democrático puedesoportar».

También establece como meta para este periodo acabar con el bipartidismo «más allá» del Parlamento y el Ejecutivo, aludiendo sobre todo al plano de la Justicia.

Así lo plasma en el documento ‘Brújula para ganar una época’, que ha elaborado la formación morada sobre las principales conclusiones de su ‘Universidad de otoño’, el foro de rearme ideológico que celebró recientemente.

En este texto, Podemos destaca que esa república plurinacional es «irremediable» y que no se puede admitir en pleno siglo XXI que el jefe del Estado «no se elija por sufragio sino por fecundación». Y es que asegura que el «centralismo monárquico» es «uno de los principales focos de los conflictos territoriales», siendo su solución esa nueva república.

Al hilo, el partido señala que la «reivindicación inflamada» que despliega la «derecha y la ultraderecha» sobre la figura del monarca Felipe VI supone una «amenaza evidente» para el futuro de la institución.

ESCÁNDALOS DE CORRUPCIÓN DE JUAN CARLOS I

Pero sobre todo alude a los «escándalos de corrupción» protagonizados por el rey emérito Juan Carlos I y que revela también la «pérdida de complejos» por parte de ciertos sectores del Estado, dado que la Justicia «puede ser capaz de exonerar completamente el más grave caso de corrupción institucional» que ha vivido la democracia: «el fraude fiscal masivo de Juan Carlos I».

En esta línea, Podemos acusa al emérito de actuar durante cuatro décadas «como supercomisionista ante dictaduras extranjeras» y de «amasar» una fortuna millonaria para «pagarse un tren de vida de lujos obscenos».

También en otro plano critica que ciertos sectores de la judicatura y los medios de comunicación «han dejado caer las caretas» y ya no hacen «ningún esfuerzo por parecer árbitros», al ponerse «sin complejos» a «hacer política.

EL BIPARTIDISMO SE ATRINCHERA EN EL CGPJ

En ese horizonte hasta 2030, Podemos llama a romper con el «bipartidismo» que permanece «atrincherado» y «fuerte» en lugares de poder menos vinculados con la voluntad popular. El ejemplo «más evidente» es, para la formación morada, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con «mandato» y «legitimidad democrática caducados».

«Pero no es el único ejemplo. Hay muchos otros lugaresde poder deficitariamente democráticos o directamente antidemocráticos que aún siguen bajo el control bipartidista y aislados de la nueva realidad social», lanza en este documento.

Al hilo menciona algunas de las instituciones que se van a renovar tras el acuerdo entre el Gobierno y el PP, como es el Tribunal Constitucional que, con varios magistrados con mandato caducado, se dedica a «tumbar decisiones del Ejecutivo y del Legislativo a instancias de la ultraderecha». También cita como caso análogo el Tribunal de Cuentas, «muy interesado en la política catalana».

Por último, afirma que determinadas zonas «del Estado profundo» se «hacen visibles periódicamente en ciertos sectores de la judicatura, el Ejército o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; o los grandes poderes mediáticos». «Es imposible construir un país mejor en lo social sin democratizar la mayor cantidad posible de lugares de poder», ahonda.

RETO DE SER MÁS FUERTE EN LAS CCAA

También avisa de que desde el plano de la derecha «van a difamar y a sembrar dudas sobre cualquier persona que se ponga al frente del proyecto» y se les «intentará dividir» para que caigan en la «peor trampa de todas: «estar todo el rato hablando de nosotros mismos en vez de hablar de los problemas de la gente y de los retos y oportunidades de país».

De esta forma, el documento subraya que conforman un proyecto político «con voluntad de continuidad en el tiempo» y que la tarea es fortalecerlo «en cada rincón del país». De esta forma, el objetivo es mejorar los resultados en las futuras elecciones autonómicas y municipales, consiguiendo «aumentar el número de diputados y de concejales».

Como se trasladó en el manifiesto de cierre de la ‘Universidad de Otoño’ de Podemos, la formación aspira a ser la fuerza mayoritaria en el arco progresista y admite que gobernar con el PSOE entraña «limitaciones» a los cambios profundos que, a su juicio, requiere el país.

Y de esta forma reivindica que la «permanencia en el tiempo» del proyecto «no tiene únicamente que ver con la permanencia de su propia organización, sino que va mucho más allá». «Debemos trabajar para ampliar nuestro propio espacio político a nuevos sectores sociales, referentes de la sociedad civil y otras fuerzas que quieran trabajar de la mano en un horizonte de país ilusionante», desgrana el texto para añadir que no habrá cambios profundo sin la movilización social potente.

Las conclusiones del foro, en que se avaló la estrategia de frente amplio con otros actores liderado por la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, apuntan que conseguir el objetivo de ser hegemónico en la izquierda requiere «paciencia, persistencia y mirada larga».

CUIDAR AL BLOQUE PROGRESISTA

También resalta que son conscientes de que deben cuidar la «mayoría progresista y plurinacional» para que se vayan acumulando avances democráticos, un bloque en el que están fuerzas políticas catalanas y vascas, y también el PSOE.

«Es evidente que hay importantes diferencias con nuestros aliadosestratégicos -varias de las fuerzas vascas y catalanas son independentistas y nosotros no lo somos; el PSOE es monárquico y nosotros no lo somos-, pero trabajar juntos es un imperativo histórico y el cuidado de esas alianzas una tarea política central», zanja Podemos.

La Audiencia Nacional juzga desde este lunes a Abdelaziz A., un supuesto yihadista que habría elaborado publicaciones en las que incitaba a matar al magistrado José de la Mata, proponía los métodos idóneos para hacerlo, facilitaba la dirección de su trabajo, sus horarios y los datos de su mujer e hijos, contra quienes también llamaba a atentar.

La Fiscalía pide para Abdelaziz 12 años por el delito de amenazas terroristas dirigidas contra un Magistrado por razón de su trabajo y otros ocho años por el delito de integración terrorista. Subsidiariamente, el Ministerio Fiscal interesa seis años de cárcel por delito de captación y adoctrinamiento terrorista y cuatro años por el delito de adoctrinamiento pasivo terrorista.

En el momento de su detención en Parla, en octubre de 2019, los investigadores localizaron en su domicilio cuadernos en los que había anotado los nombres de numerosas personalidades políticas como de la entonces ministra de Justicia, Dolores Delgado, quien antes de ocupar este cargo era fiscal coordinadora de yihadismo en la Audiencia Nacional.

En el escrito de conclusiones provisionales, el fiscal establece una relación entre Abdelaziz y la productora mediática Muntasir Media, la primera productora afín a DAESH que elabora material propagandístico de dicha organización en castellano. Así, y actuando en común con otras personas, se habría dedicado a la edición de diferente material audiovisual.

«SE OFRECE RECOMPENSA. BUSCA Y ELIMINA»

Una de sus creaciones sería una imagen titulada «se ofrece recompensa. Busca y elimina», en la que se muestra al entonces juez de la Audiencia Nacional José de la Mata–ahora en Eurojust– señalado por una diana. De fondo pueden verse agentes de la Guardia Civil accediendo a una vivienda y un texto en castellano. Esa imagen pertenece a la detención de un hombre relacionado con el terrorismo yihadista.

«Desde Muntasir Media anunciamos que tomaremos una preparación activa para lograr dar caza a uno de vuestros jueces. Como también nos dirigimos hacia nuestros hermanos en la capital española y les decimos que ellos por parte inviertan esfuerzo en vigilar y dar caza a José de la Mata Amaya, responsable del Juzgado Central Número 5. Su desmesurada injusticia mostrada debe de tener consecuencias. VIGILA, COLOCA TU EXPLOSIVO DEBAJO DE SU COCHE, APUÑÁLALE, INTENTA MATAR COMO PUEDAS», reza el texto que acompaña a la imagen.

La productora también advertía de las rutinas del magistrado, de la identidad de su familia y añadía duras amenazas por haber «encarcelado a una hermana». «Si nuestros manos no llegan a ti, llegaran» a tus hijos «que bien sabemos donde están», prosigue el mensaje.

Un mes más tarde, en agosto de 2019, se publicó en Telegram el que era el decimoséptimo vídeo de la productora y que era una nueva amenaza contra el juez. «Morirás con una bomba lapa», un vídeo de casi dos minutos de duración que se inicia con imágenes de De la Mata y que recrea la planificación para colocar el explosivo.

MATERIAL PARA ELABORAR EXPLOSIVOS

En el momento de su detención los agentes también intervinieron numerosos efectos que, aunque de fácil adquisición y sin estar destinados a ese fin, pueden ser empleados en la elaboración de un artefacto explosivo casero siguiendo las instrucciones de manuales y videos tutoriales producidos por el aparato propagandístico de DAESH. Unos vídeos que también fueron hallados en poder del acusado.

El acusado, según apunta el escrito del fiscal, buscaba urgentemente un lugar seguro donde fabricar los artefactos explosivos, sin peligro para sus familiares si algo salía mal, puesto que vivía con sus padres y hermanos en el domicilio de Parla en que se practicó la entrada y registro.

Así, se localizaron en su teléfono numerosas búsquedas de anuncios de compraventa de inmuebles por la zona de Parla así como la publicación de tres anuncios en la Web MILANUNCIOS en los que el acusado se interesaba por la compra inmediata de un «piso okupa».

INTENTOS DE ADQUIRIR ARMAS DE FUEGO

El Ministerio Fiscal sostiene que el acusado no sólo tenía interés en elaborar un artefacto explosivo casero con el que cometer un atentado masivo, sino que también venía intentando adquirir a través de internet un arma de fuego reactivada, tras su previa inutilización, o con sus elementos identificadores borrados, todo ello a efectos de dificultar su rastreo para poder emplearlo en la realización de actividades terroristas.

Abdelaziz estaba, según el fiscal, firmemente determinado a cometer un atentado yihadista. «Y no sólo había previsto los medios, sino que también había fijado los posibles objetivos, además de colocar la diana pública sobre el magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata», recuerda.

En un documento localizado por la policía se señalan objetivos concretos como trabajadores de entidades bancarias próximas a su domicilio, fiscales de la Audiencia Nacional, políticos, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y del Ejército, comisarías y acuartelamientos y lugares de gran afluencia de personas, que previamente había grabado, como estaciones de metro y de cercanías de Madrid, proponiendo el modus operandi más adecuado para cada caso.

Diez años después de que ETA anunciara el fin de su actividad criminal la banda terrorista se reduce a una veintena de huidos y 184 presos en cárceles españolas, 73 de ellos acercados ya al País Vasco, gracias a la decisión de poner fin a la política de dispersión por el Gobierno de Pedro Sánchez, que también ha cedido en este tiempo la competencia de prisiones al Ejecutivo vasco y aceptado a EH Bildu como uno de los socios parlamentarios.

Arnaldo Otegi sigue siendo hoy el líder de la izquierda abertzale, como hace diez años, aunque entonces estaba en prisión por tratar de reconstruir la ilegalizada Batasuna siguiendo las órdenes de ETA. Sus negociaciones con el secretario general de los socialistas guipuzcoanos, Jesús Eguiguren, se entrelazaron con los comunicados de la banda terrorista, antes y después del 20 de octubre de 2011 de abandono de las armas.

Transcurrida una década de aquel comunicado leído por tres encapuchados solicitando «un diálogo directo» con el Gobierno para resolver las «consecuencias del conflicto», en alusión a los presos –en 2011 sumaban 595 en España y otros 140 en Francia– y los etarras en la clandestinidad, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mantienen la búsqueda sobre una veintena de huidos, la mayoría en Venezuela, según fuentes de la lucha antiterrorista.

DETENCIÓN DE JOSU TERNERA Y EXTRADITADOS

En este tiempo el etarra más buscado por su simbolismo como antiguo jefe de ETA y su papel en las negociaciones con el Gobierno ha sido José Antonio Urrutikoetxea, ‘Josu Ternera’. Su nombre se tachó de la lista de los huidos al ser detenido en una operación de la Guardia Civil en mayo de 2019 en los Alpes franceses. Ahora está pendiente de su extradición, reclamado por la Justicia española por, entre otros, el atentado de la casa cuartel de Zaragoza.

También se han llevado a cabo extradiciones como la de Natividad Jáuregui, alias ‘Pepona’, entregada por Bélgica por el asesinato en 1981 del teniente coronel Ramón Romeo; o las detenciones de la Policía en México de Ángel María Tellería, buscado por el asesinato de la inspectora María Josefa García Sánchez, y Juan Jesús Narváez Goñi y su pareja, Itziar Alberdi, por asesinar con un paquete bomba a dos policías.

«En octubre de 2011 ETA anunció el fin de la actividad terrorista pero, en la práctica, siguió su actividad centrada en aspectos relacionados con la situación de los huidos y el depósito de armas», explican fuentes de la Jefatura de Información de la Guardia Civil.

Desde la Comisaría General de Información de la Policía Nacional recuerdan que han practicado 35 detenciones desde que ETA anunciara el fin de la actividad armada, las dos primeras tan sólo ocho días después de aquel comunicado, al arrestar en Bélgica a Ventura Tomé y Javier Aguirre Ibáñez.

DE JUANA CHAOS Y ‘DIENTEPUTO’, BUSCADOS

«No hemos parado para tratar de evitar la prescripción de delitos», añaden desde los servicios de Información de la Policía. Son 21 los etarras con delitos y un horizonte de prescripción de unos cuatro años: a diez de ellos lo sitúan en Venezuela, uno en Cuba, cinco en Francia, y luego hay algún dirigente de la banda terrorista disperso por países como Brasil, México, Uruguay y Cabo Verde.

En la lista figuran históricos como Ignacio de Juana Chaos, aunque a día de hoy ven complicado su entrega y detención debido a que el delito por el que figura en las bases de datos policiales es el de enaltecimiento. José Luis Eciolaza Galán, ‘Dienteputo’, Oier Eguidazu Bernas, Eneko Aguirresarobe Olagoy y Anartz Arambarri Echaniz son otros de los etarras que siguen en la lista de los más buscados.

Las fuentes consultadas ironizan sobre los «gestos» y la propaganda que organizó el entorno de ETA cuando la banda agonizaba, buscando mediadores y tratando de disimular que se encaminaba a su derrota. En este sentido destacan que desde 2012 se le incautó más del doble de armas que las que después entregó desde 2017 en Francia ofreciendo las coordenadas de zulos, previa Declaración de Aiete y con la ayuda de los conocidos como ‘artesanos de la paz’.

ARMAS Y OPERACIONES CONTRA LA CÚPULA

ETA y su entorno buscaban con Aiete lo que se entendía como «resolución del conflicto», pero tras el 20 de octubre de 2011, la Guardia Civil desencadenó una sucesión de detenciones.

Entre septiembre de 2015, con la ‘operación Pardines’, en honor al primer guardia civil asesinado por ETA, y noviembre de 2017 con la ‘operación Nerin’, en recuerdo del policía francés que es la última víctima mortal de la banda terrorista, caen David Pla e Iratxe Sorzabal, los encargados de leer el comunicado del fin del terrorismo, pero también Mikel Barrios, Íñigo Gulina Tirapu o Mikel Irastorza.

La Policía Nacional fecha en 2009 la primera información absolutamente fiable de que la banda terrorista lo que quería era «dejar el listón alto mediante atentados para, a continuación, buscar una última negociación». «El éxito de la Policía es anterior, fue detener a los jefes militares cuando ETA no tiene más remedio que elegirlos desde la ‘kale borroka», apuntan.

Con ETA derrotada, también se actuó contra el conocido como ‘frente de cárceles’. Desde la Guardia Civil recuerdan que entre enero de 2013 y abril de 2015 la acción policial se centra en los abogados acusados de actuar en connivencia con ETA, y que fueron objeto de sucesivas operaciones bautizadas con simbólicos nombres como ‘Jaque’ y ‘Mate’. Arantza Zulueta y Jon Enparantza, entre otros, ya cumplieron condena y están siendo juzgados ahora de nuevo.

15 CASOS REABIERTOS CON CONDENA

Desde el punto de vista de la acción policial frente ETA, uno de los principales retos tras el fin de la banda terrorista sigue siendo actuar contra los más de 300 casos sin resolver, teniendo en cuenta que hay terroristas que fueron amnistiados en la Transición y también investigaciones en los primeros años de democracia basados en atestados incompletos en lo referente a las pruebas periciales.

La Policía Nacional y la Guardia Civil tienen, no obstante, a especialistas indagando en sumarios y otros documentos como los ‘papeles de Francia’, un trabajo que realizan junto a la Fiscalía de la Audiencia Nacional y colectivos como la Asociación de Víctimas de Terrorismo (AVT).

Son un centenar los informes reabiertos desde 2011, según la AVT, que calcula que restan unos 90 sumarios por revisar. Se ha logrado la resolución mediante condena de hasta 15 casos que tienen detrás nombres y apellidos de víctimas de ETA, entre otros: Ignacio Uría, Pedro Antonio Blanco, Máximo Casado, Isaías Carrasco, Eduardo Puelles, Raúl Centeno o Fernando Trapero.

La asociación lamenta alguna absolución en casos reabiertos, como el del juez José María Lidón, y también aporta otro dato relevante: «En este tiempo no ha habido ni una sola colaboración por parte de miembros de ETA».

Por este motivo, la AVT encabeza la crítica a la política de acercamientos de presos, previa progresión a segundo y tercer grado, al entender que no hay colaboración previa con la Justicia ni arrepentimiento individualizado.

Desde este año ningún etarra cumple condena al sur de Madrid y algo parecido ocurre con la veintena de presos en Francia, trasladados a cárceles más próximas a la frontera vasca. La llegada de Pedro Sánchez al Gobierno en 2018 suma 272 traslados correspondientes a 203 etarras, 73 de ellos autorizados para ir al País Vasco –de los que se han materializado 63–, así como otros 17 a cárceles de Navarra.

Podemos propone para el horizonte 2030 reducir la jornada laboral a 30 horas semanales con carácter general, alcanzar un salario mínimo interprofesional (SMI) superior a los 1.500 euros, fijar un impuesto a la banca y extender los permisos de maternidad a 12 meses.

También plantea eliminar todos los vuelos a destinos que cuenten con una alternativa ferroviaria inferior a las 3 horas de trayecto, crear una reserva de materias primas esenciales, un paquete de medidas específico para la España vaciada y conseguir que el DNI pueda reflejar un tercer género que acabe con la concepción binaria de hombre y mujer.

Estas son alguna de las propuesta que recoge el documento ‘Brújula para ganar una época’, y que la formación morada ha elaborado durante esta semana para recopilar las principales conclusiones de su ‘Universidad de otoño’, el foro de rearme ideológico que celebró recientemente.

De esta forma, Podemos ahonda en aspectos programáticos ya planteados en esas jornadas, como la meta de constituir empresas públicas en sectores estratégicos (banca, energía, telecomunicaciones o industria farmacéutica) con un mínimo del 15% de penetración en los diferentes mercados.

A ello suma la prohibición de la entrada de fondos de inversión en los servicios públicos, un proceso de supresión de las privatizaciones acometidas en los mismos (reduciendo como mínimo a la mitad las actuales externalizaciones) e imposibilidad de hacer nuevas, incremento de personal (y salario) del sector público y lograr la completa gratuidad e universalidad de la educación de 0 a 3 años.

Sin embargo, la formación define también otros horizontes programáticos y fija el foco en el aumento del SMI más allá de la franja del 60% del sueldo medio del país fijada para esta legislatura.

«Tenemos que ir más allá», destaca este manifiesto para fijar la «senda de crecimiento por encima de la inflación», algo que mejorará «indirectamente» todos los salarios, y alcanzar cotas en el SMI análogas a Francia o Alemania, que son superiores a los 1.500 euros mensuales. Con esta medida, proclama que se terminará con el fenómeno del trabajador «pobre».

La duración de la jornada laboral es otra de las medidas, que debe bajar de las 40 horas semanales actuales a una de 30 horas con carácter general, básico a su juicio para reducir el paro juvenil y aumentar el espacio de la conciliación.

REFORMA FISCAL, IMPUESTO A LA BANCA Y ACABAR CON LA ELUSIÓN FISCAL

En materia económica también persigue una fiscalidad «justa» y para ello demanda un aumento impositivo a las grandes fortunas, con un tipo mínimo que no pueda ser eliminado por determinadas comunidades autónomas, y que las grandes empresas paguen un tipo impositivo efectivo no inferior al de las pymes.

Pero también busca un impuesto a la banca para recuperar antes de 2030 «la totalidad del rescate bancario», la apuesta por crear una lista española propia de paraísos fiscales y medidas que prohíban la evasión y elusión fiscal de empresas y particulares (obligando a tributar en territorios donde tengan alguna relación real con la actividad económica), entre las que figuran impedir «el uso de sociedades pantalla para hacer negocios particulares».

Respecto al transporte, Podemos establece la eliminación de cualquier proceso de privatización y aboga por un cambio «radical» del modelo con una serie de metas. Además de eliminar los vuelos cortos con alternativa ferroviaria, la formación morada busca duplicar el número de viajes en bicicleta y usuarios del transporte público, así como alcanzar los 8 millones de coches eléctricos y el desarrollo de un «nuevo mallado intermodal» que «conecte como se merece a la ‘España vaciada’ con el resto del país».

SOLUCIONES A LA ‘ESPAÑA VACIADA’

Precisamente a las zonas que sufren despoblación el partido dirige un completo paquete de medidas, algunas de efecto transversal como potenciar los cuidados domiciliarios (en lugar del modelo residencial) a los mayores, la instalación de plantas renovables (respetado la voluntad de las poblaciones) abiertas a la participación de los agentes locales y con mecanismos de compensación, como un menor precio de la energía.

También cita la extensión de la banda ancha a todos los municipios del país, una amplia red de servicios públicos (educación, sanidad y dependencia) e incentivos a empresas que instalen su base en estos territorios.

Además, postula una estrategia de reindustrialización, reducir la dependencia energética del exterior al 50% con más renovables y llegar, en el plazo de 10 años, a que todos los organismos públicos alcancen una tasa del 100% de consumo alimentario de proximidad.

En materia social llama a eliminar la denominada ‘tasa rosa (la fiscalidad superior que presentan ciertos productos de higiene femenina), la prestación universal por crianza o extender los permisos por maternidad y paternidad a 12 meses.

REGULARIZACIÓN DE PERSONAS SIN PAPELES

También llama a «blindar una nueva generación de derechos feministas» y que las personas e las personas LGTBi consoliden sus libertades de cara a que «puedan desterrar los armarios de manera definitiva». En esta línea, proclama que el «ostracismo» a las personas no binarias debe eliminarse y que la opción de reflejar un tercer género en el DNI «no debería ser un problema» en el horizonte 2030.

Mientras, propone triplicar la inversión pública en la industria cultural, la declaración del Mar Menor como parque regional y regularizar de «forma extraordinaria a la gran bolsa de personassin papeles que se ha acumulado en los últimos años como consecuenciade unas políticas de extranjería crueles e ineficaces».

LLEGAR AL 50% DE MUJERES EN LA POLICÍA, GUARDIA CIVIL Y EJÉRCITO

Para las Fuerzas Armadas, la formación morada impulsará un incremento salarial en la tropa y marinería superior al doble del SMI y IPC, al entender que es una «vergüenza» que los soldados «se jueguen la vida» con sueldos mileuristas, con garantías de empleo también a los militares mayores de 45 años.

Respecto al conjunto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Podemos se compromete a eliminar el Código Penal Militar en la benemérita y, como elemento clave en su «modernización y democratización, apuesta por elevar el porcentaje de mujeres en la Policía, la Guardia Civil y el Ejército al 50% de los efectivos.

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha celebrado este domingo que la nueva Comisión Ejecutiva Federal del partido refleja que «el siglo XXI será el de la revolución feminista y ya lo está siendo en el Partido Socialista», mientras el secretario de Organización, Santos Cerdán, ha remarcado que no hay «ningún giro» de Pedro Sánchez, sino un nuevo equipo en el que están representadas todas las federaciones.

Así lo han trasladado a los periodistas a su llegada a la última jornada del 40 Congreso Federal del PSOE en Feria Valencia, antes de la votación de los órganos. La renovada Ejecutiva la integran 42 socialistas, con seis ministros y amplia presencia juvenil y municipal.

Lastra ha destacado además que en la dirección hay «25 mujeres y 17 hombres» y se ha mostrado satisfecha por la renovación de una Ejecutiva que «también refleja la diversidad de España y el poder municipal, con unas alcaldesas maravillosas».

La incorporación de seis ministros demuestra, a su juicio, la coordinación «absoluta» entre el partido y el Gobierno que comparten con Unidas Podemos. «Y sobre todo, que todos estamos centrados en la recuperación y en seguir avanzando, que es lo que más nos preocupa y ocupa en estos momentos», ha aseverado.

VOLCADOS EN LAS ELECCIONES

En la misma línea, el ‘número tres’ del PSOE ha garantizado que la Ejecutiva refleja la unidad del partido gracias a «un gran equipo con mucho trabajo por delante». Sin duda, ha afirmado, la dirección se «volcará» para lograr el mejor resultado en las elecciones autonómicas y municipales para las que queda año y medio.

Sobre si es un giro de Sánchez, Cerdán ha puntualizado que «es un nuevo equipo y una nueva dirección», una Ejecutiva en la que continúan representada todas las federaciones socialistas. «Nada más, no es ningún giro del secretario general», ha recalcado.

Y los seis ministros también reflejan, en su opinión, que en el PSOE tienen mucho trabajo por delante y que la comunicación entre Gobierno y partido «tiene que ser fluida y va a ayudar bastante a que sea todavía mejor».