El Gobierno de España ha condenado este martes la ejecución en Irán del luchador Navid Afkari, de 27 años, y ha pedido a este país "reducir el uso de la pena de muerte con vistas a su abolición, como han hecho tantos otros países de la comunidad internacional".

Es más, España ha ofrecido su ayuda y su membresía de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte "para asistir a las autoridades iraníes a reforzar la dignidad humana reduciendo y combatiendo la pena de muerte, todo ello con respeto a su soberanía".

Afkari, deportista que había representado a su país en muchas competiciones deportivas, fue condenado a muerte acusado de asesinato. En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Coopereación ha señalado que "España es contraria a la pena de muerte en todas las circunstancias".

En este caso, además, "al hecho de su ejecución se une que muchas personalidades y organizaciones internacionales habían pedido al Gobierno iraní clemencia".

Ahora, el Gobierno español espera que la reacción de rechazo suscitada por la ejecución de Navid Afkari "refuerce la política iniciada por las autoridades iraníes en 2018, cuando una reforma de las leyes que castigan el tráfico de drogas redujo drásticamente el número de ejecuciones".

La ejecución de Afkari, que tuvo lugar el pasado sábado, ya motivó este lunes una condena de la UE y de su presidencia de turno, el Gobierno alemán. Irán, a su vez, protestó ante Alemania por lo que consideró una injerencia en sus asuntos internos. El ministro de Asuntos Exteriores, Mohamed Javad Zarif, tenía prevista una gira por varios países europeos, entre ellos España, que canceló durante el fin de semana.

La exportavoz da las gracias por esta gesto y dice que la obligación del PP es "dar la batalla cultural" para "nivelar el tablero"

La asociación Libres e Iguales sufragará, en parte mediante una colecta pública, el recurso ante el Tribunal Constitucional que presentará la 'popular' Cayetana Álvarez de Toledo para que la presidenta del Congreso no retire del Diario de Sesiones la expresión "hijo de un terrorista" referida al vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias.

Libres e Iguales --plataforma que en día impulsó la propia Álvarez de Toledo-- ha indicado de que el recurso sostiene que la expresión "hijo de un terrorista", referida a Pablo Iglesias, es verdadera y que "la verdad no atenta contra el decoro parlamentario".

El coste del recurso es de 15.730 euros y por ello, además de usar sus propios fondos, la asociación ha decidido, a iniciativa de uno de sus miembros, Santiago González, "abrir una colecta, modernamente llamada crowdfunding, para ayudar a costearlo".

Libres e Iguales afirma que, desde que se produjeron los hechos, "la dirección del Partido Popular acogió con renuencia estas palabras de su portavoz y, especialmente, la posibilidad de que sobre ella se entablara una pugna legal". Hace unas semanas, explica, el partido le comunicó que no iba a asumir el coste del recurso.

El pasado 27 de mayo, la entonces portavoz parlamentaria del Partido Popular respondió a Iglesias, que le recordaba una y otra vez su "título de marquesa", que los hijos no son responsables de lo que hagan los padres y que él es "el hijo de un terrorista". "A esa aristocracia pertenece usted, a la del crimen político", proclamó.

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, intentó sin éxito que Álvarez de Toledo retirase sus palabras, así que figuran en el Diario de Sesiones con una nota al pie que dice que las palabras están retiradas por la presidenta.

"Aún en cursiva y aherrojadas entre corchetes, esas palabras constan en el Diario de Sesiones. En los archivos audiovisuales de la sesión se registran tal como se pronunciaron, sin más preservativo", dice el comunicado de la asociación, precisando, así, que el recurso no pretende "proteger el contenido del mensaje".

"El fundamento de su recurso es que un hecho objetivo, constatable y hasta asumido de modo orgulloso por padre e hijo no puede ser tildado de opinión que afecte al decoro parlamentario", dice el comunicado. Advierte, además, de que "cuando un hecho vergonzoso adquiere el estatuto de opinable, se allana el camino hacia su definitivo borrado de la Historia", es decir, "el negacionismo".

Libres e Iguales afirma que ha decidido costear el recurso por su "valor moral y político". El comunicado está firmado por Félix de Azúa, Roberto Blanco Valdés, Albert Boadella, Dolors Caminal, Arcadi Espada, Mercedes Fuertes, Santiago González, Andrés González, Carmen Iglesias, Federico Jiménez Losantos, Carmen Ladrón de Guevara, Joaquín Leguina, Xavier Pericay, Miguel Ángel Quintana Paz, Fernando Savater, Gabriel Tortella, Andrés Trapiello, Mario Vargas Llosa, Francisco Vázquez y Francisco Sosa Wagner.

ÁLVAREZ DE TOLEDO DA LAS GRACIAS

Álvarez de Toledo ha dado las gracias a Libres e Iguales por costear su recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. "Por defender el derecho de los españoles a decir la verdad, también cuando afecta a la izquierda. Por nivelar el tablero", ha manifestado.

En su blog, la exportavoz ha subrayado que no quiere "retroceder" y por eso presentó ese recurso. "Lo que reclamo para mi y para siempre es el derecho de un español, en este caso de un parlamentario, a decir la verdad, también cuando afecta a la izquierda", ha indicado, para subrayar que el FRAP fue "una organización terrorista que cometió asesinatos".

Tras asegurar que "la superioridad moral que exhiben la izquierda y los nacionalistas es la gran anomalía española", Álvarez de Toledo recalca además que la primera obligación del PP es "dar la batalla cultural para acabar con la ficción, para restaurar la verdad y para nivelar el tablero". Por todo ello, espera que a partir de ahora "la justicia y la verdad se encuentren".

La Junta de Extremadura se encuentra estudiando "muy de cerca" la incidencia "elevada" de Covid-19 que se está registrando en las localidades de Berlanga, Campillo de Llerena, Saucedilla y Valdehornillos, donde no se descarta la adopción de medidas "excepcionales".

Asimismo, se mantiene en una vigilancia "muy estrecha" la situación en Casar de Cáceres, Cabeza del Buey y La Haba, localidades donde ya se están adoptando medidas "excepcionales" de salud pública por la incidencia de Covid-19, aunque las mismas no se encuentran en situación de aislamiento perimetral.

De igual modo, continúa la situación de aquellas localidades de la comunidad que se encuentran en modo de aislamiento perimetral, y entre ellas la Junta está a la espera de la ratificación judicial para la prolongación de dicha situación en Llera.

Así lo ha explicado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, en declaraciones a los medios antes de asistir en Badajoz a la reunión de la Comisión paritaria SES-UEX, en el Rectorado de la Universidad de Extremadura.

"Que estemos estudiando ahora mismo por la incidencia elevada tenemos Berlanga, Campillo de Llerena. Estamos estudiando también la incidencia y estamos siguiéndolo muy de cerca Saucedilla, aunque tiene un comportamiento más de agrupación familiar que de brote como tal, aunque estamos siguiendo muy estrechamente su incidencia", ha dicho.

En cuanto a la situación de Cabeza del Buey y su cuartel de la Guardia Civil, Vergeles ha apuntado que en dicha localidad están en marcha medidas que se corresponden con la Fase 2 de la 'antigua normalidad' y con las que, a su juicio, "es suficiente" hasta el momento, a la espera en todo caso de "ver cómo evoluciona la incidencia en los próximos días", ha dicho.

Al mismo tiempo, el consejero ha señalado que en Valdehornillos la Junta también está estudiando "muy mucho" la incidencia que tiene, "porque a raíz de la celebración también de una serie de comuniones hace algunos días se ha producido también un incremento en el número de positivos muy importante en Valdehornillos que está afectando a otras localidades de la zona", ha añadido.

También, sobre la situación de Torrejemía, Vergeles ha indicado que la Junta también está estudiando la incidencia de Covid-19 en dicha localidad, de tal forma que aunque "no es tan alta como en Valdehornillos, Berlanga...", se mantendrán "muy vigilantes".

ESCOLAPIAS

Por otra parte, sobre la situación del colegio Santa Eulalia de Mérida respecto al Covid-19, ha dicho que "de momento no" está previsto cerrar el centro, porque "de momento estamos controlando las aulas burbuja".

Finalmente, sobre si cuando se cierra un colegio completo por Covid-19 --como ha ocurrido en el de Majadas de Tiétar-- todos los alumnos deben permanecer en sus casas o sólo las aulas que han sido afectadas, Vergeles ha explicado que "si es todo el colegio es todo el colegio el que se va para casa, todo el colegio al que se le realiza PCR y a toda la comunidad educativa".

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha pedido la creación de una comisión "de alto nivel" formada por científicos, economistas, pensadores y tecnólogos, cuyo criterio sea "incuestionable", para proponer los proyectos que vayan a ser financiados con los fondos europeos para la reconstrucción, debido a los efectos de la pandemia de la Covid-19.

Rodríguez Zapatero, quien ha mencionado que ha trasladado esta petición al Gobierno, ha hecho estas declaraciones durante su charla sobre Ciencia y Política, organizada por la Oficina de la Mujer en Ciencia (WISE) del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO).

Durante su intervención, el expresidente ha defendido además, que sí es posible alcanzar un Pacto por la Ciencia en España, señalando que ahora hay una "gran oportunidad" por mejorar los recursos para I+D+i con los fondos europeos para la reconstrucción.

Además, el expresidente socialista ha reconocido su preocupación por que no exista un sistema global de construcción de la comunidad política para hacer frente a crisis futuras del calado de la actual de la Covid-19. Debemos construir pilares internacionales entorno a la ciencia global. La pandemia de Covid-19 ha hecho que nos acerquemos a un nuevo cambio en las relaciones entre salud, ciencia y sociedad con una perspectiva de mayor modernidad y que se va proyectar durante todo el siglo XXI", ha resaltado Rodríguez Zapatero.

Este cambio, prosigue, hace necesaria una cooperación global entorno a la ciencia, por lo que ha abogado por construir pilares internacionales entorno a la ciencia. "Sabemos que todas las crisis son ya globales, por lo que tenemos que empezar a hablar de una ciencia global", ha añadido.

A la visión de la ciencia como vía para mejorar la esperanza de vida o la mejora de la salud, el expresidente del Gobierno ha subrayado el papel de la ciencia, fundada en valores y principios, como elemento de convivencia. Asimismo, ha resaltado como uno de esos principios fundamentales la igualdad entre hombres y mujeres.

"La gran discriminación a lo largo de la historia es la de las mujeres, la más persistente, la más brutal. Este siglo XXI debe ser el definitivo en favor en la igualdad de género", ha enfatizado.

"EL MACHISMO INSTITUCIONAL SIGUE PRESENTE EN ESPAÑA"

Por otra parte, Rodríguez Zapatero ha avisado de que el machismo sigue "muy presente" en España, un país que se caracteriza por el "machismo institucional", que ha impregnado a la "inmensa mayoría" de las generaciones. "Ahora nosotros le debemos a las más jóvenes el dejar un terreno más abonado para la igualdad, porque el amor a la igualdad y a la ciencia son fundamentales para el progreso de las sociedades", ha sentenciado el expresidente.

Dicho esto, ha señalado que el feminismo ha sido una de las "grandes aportaciones" sociales del siglo XX, por lo que ha reconocido que la lucha contra la discriminación de las mujeres es una aportación autónoma y propia del feminismo.

En este contexto, el expresidente ha alabado el plan de Igualdad del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), promovido por su directora, Maria Blasco, plan que ha calificado de "excelente y ejemplar".

Ante la pregunta de Maria Blasco sobre las medidas que aún son necesarias "para alcanzar una igualdad real entre hombres y mujeres", Rodríguez Zapatero ha respondido que la clave está en la educación de los sentimientos, en trasladar una visión familiar moderna en lugar de valores conservadores y religiosos, al tiempo que ha señalado que también tienen responsabilidad en lograr esa igualdad los medios de comunicación y las redes sociales.

En el turno de preguntas también intervino la exvicepresidenta del Gobierno y presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega, quien ha resaltado el machismo y la desigualdad actual en el ámbito de la alta política, entre los grandes líderes internacionales.

"El sistema masculino es tan resistente que a nivel global hemos avanzado muy poco", ha aseverado Fernández de la Vega, para hacer referencia durante su intervención a la violencia física contra las mujeres como "la expresión más lacerante del machismo dominante y el patriarcado".

Finalmente, ha resaltado que esa discriminación es aún mayor en el caso de las mujeres con discapacidad, entre las cuales el 80 por ciento no tiene acceso a un empleo y el 50 por ciento sufre acoso o algún tipo de violencia de género.

El evento de arte contemporáneo Barcelona Gallery Weekend contará con 28 galerías que exhibirán las obras de más de 60 artistas nacionales e internacionales en su sexta edición, que se celebrará desde este jueves hasta el domingo.

Esta edición incorpora nuevas galerías al evento como Chiquita Room, H2O y la Galería Cortina, y contará con obras de artistas consolidados como Peter Halley y Miguel Ángel Campano, entre otras figuras consagrados o emergentes como Bruna Ruiz o Anna Dot, ha informado el evento este martes en un comunicado.

La programación de este año quiere resaltar la "efervescencia y variedad del contexto artístico" de Barcelona en el difícil contexto surgido con la emergencia del coronavirus.

Además de las exposiciones, las galerías también propondrán --de manera presencial y virtual-- un conjunto de actividades para reflexionar sobre determinadas, conocer personalmente a los artistas o exhibiciones musicales, entre otras.

PROGRAMA ADQUISICIONES

La Gallery Weekend mantendrá por cuarto año el Programa de Adquisiciones --dirigido a empresas y fundaciones-- en el que participarán la Fundació Vila Casas, DKV Salud, la colección Manuel Expósito-VisualSign y la colección Utopicus Art con el compromiso de adquirir obras expuestas en las galerías participantes.

La organización considera que el sector privado "está llamado a tener un papel crucial en la supervivencia del ecosistema artístico de Barcelona a través de su imprescindible contribución".

El evento también contará con los programas Arco GalleryWalk, que irá más allá del domingo, Artévete, dirigido a nuevos potenciales compradores de arte y uno pensado para familias con una ruta y con talleres creativos para niños.

La Gallery Weekend ha incrementado su presencia online por el coronavirus con videos de presentación de artistas y galerías, y la colaboración de plataformas online especializadas en arte como Artsy, Koones y Artland que ofrecen la posibilidad de usar su infraestructura para posicionar la obra en mercados internacionales o servicios de documentación fotográfica.

La Barcelona Gallery Weekendes una iniciativa promovida por la asociación de galerías de arte contemporáneo Art Barcelona, que celebra 30 años de trayectoria, que tiene como objetivo "defender el trabajo de las galerías como imprescindibles para mantener la buena salud de la escena cultural".

El Gobierno prevé que el plan cuatrienal de exhumaciones que va a impulsar y financiar, como parte de la nueva Ley de Memoria Democrática, sirva para encontrar entre 20.000 y 25.000 víctimas de la guerra civil y la dictadura que fueron enterradas en fosas comunes.

Fuentes del Ejecutivo han explicado que todavía no poseen estimaciones concretas de cuántas víctimas permanecen en cunetas y otro tipo de fosas comunes, ni el presupuesto que tendrán que destinar para encontrarlas, pero sí prevén que durante los cuatro primeros años de este proceso se podrían exhumar hasta 25.000 cadáveres.

El Anteproyecto de ley de Memoria Democrática que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros, a iniciativa de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, asume la búsqueda de personas desaparecidas durante la Guerra Civil española y la dictadura "como una responsabilidad de Estado".

Por ello, establece como uno de sus ejes principales la elaboración de planes cuatrienales de búsqueda, localización y exhumación de fosas e identificación de las víctimas, así como la creación de un Banco Nacional de ADN de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, para su identificación mediante la recepción de sus muestras biológicas y la de sus familiares.

"EL ESTADO SE HACE CARGO"

"Es el Estado, con otras administraciones, el que va a hacerse cargo, no sólo en términos económicos sino también de seguridad en sus identificaciones", ha afirmado Calvo durante la comparecencia, en la que ha señalado que dado que todavía no conocen el "mapa de fosas" al que se enfrentan, van a empezar por elaborar una lista de víctimas que pudieron ser sometidas "a esta situación de tragedia".

En cuanto al modo de financiar este plan de exhumaciones, el Gobierno reconoce que al ser una cuestión que urge, va a comenzar a sufragarlo por la vía de las subvenciones, hasta que los nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) que prevé sacar adelante le permitan dotarlo de un presupuesto propio, y hasta que la ley quede aprobada, según sus planes, en la primera mitad del año que viene.

"Esta ley, como todas, tardan un tiempo en su trámite. De momento, no vamos a perder ni un solo minuto con las subvenciones para sufragar con recursos públicos identificaciones, exhumaciones y poderlos restituir a sus familiares. Ni un solo minuto vamos a perder", ha defendido Calvo.

En concreto, en esa primera convocatoria de subvenciones en materia de memoria democrática que el Consejo de Ministros prevé aprobar próximamente se contemplan un total de 750.000 euros, de los cuales el 60% irá destinado a sufragar exhumaciones.

El presentador Andreu Buenafuente, que ha asegurado recibir el Premio Nacional de Televisión "en paz" con su profesión, donará los 30.000 euros de la dotación económica del galardón a "causas humanitarias", que "van muy faltadas y son muy necesarias" en los tiempos actuales.

"El premio no lo puedes cobrar. Si tienes claro que lo tuyo es un trabajo de años y de equipos, si tuviera que repartir el premio entre los cientos de personas que me han acompañado sería imposible. Lo voy a dar a causas humanitarias, que van muy faltadas y muy necesarias en estos tiempos", ha afirmado en una entrevista.

Buenafuente ha calificado de "protocolo emocionante" el momento en que ha recibido la llamada del ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, para que le comunicara el premio. "Es curioso, porque no le conocía y hemos hablado más en las últimas semanas que en toda mi vida", ha comentado con humor.

"Nos encontramos en el Festival de Vitoria, donde recibimos un premio y allí delante del público le agradecí que un ministro se acercara a la profesión, porque eso nos hacía sentir mejor a los del oficio. La llamada de hoy la calificaría de protocolo, pero protocolo emocionante:recibir un premio así te llena de responsabilidad", ha apuntado.

El jurado del premio ha reconocido también su lado cómico, algo con lo que el presentador se siente muy identificado y no cree que haya supuesto menos reconocimiento. "Yo estoy muy en paz con la profesión, a mí me gusta llamarme payaso, porque es un oficio muy difícil y muy noble", ha añadido.

"A mí el humor me encanta porque tiene muchos matices y la comedia ha ido madurando estos años como este país. La comedia no es solo la risa fácil, hay también algo de reflexión, de analizar el mundo que te toca vivir, pero siempre quitando hierro. Así que no quiero dármelas de intelectual", ha defendido.

Buenafuente, quien se ha definido como "un inquieto patológico", ha reconocido que los últimos años en la televisión de pago le han "dado la vida". "Estás un poquito al margen de las audiencias, no del todo porque si un programa no tiene 'feedback' se sabe, pero haberme quitado de la televisión comercial más rabiosa me ha dado cierta serenidad", ha explicado.

"Puedo seguir probando, arriesgando, me equivoco tres veces al día pero de un acierto sale algo emocionante. Estoy un poco más tranquilo y lo recomiendo. Relajarse de las audiencias quizás nos haría reconectar con la pureza del oficio, que no es competición, aunque nos hayamos empeñado en eso", ha concluido.

La defensa de la examiga de Juan Carlos I Corinna Larsen ha recurrido su citación como testigo en el juicio que se celebra este viernes contra el comisario jubilado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo al no haberse requerido su testimonio por medio de la procedente orden europea de investigación (OEI), según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

Sigue así la estela abierta por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que recordó al magistrado de 'Tándem' que si la declaración de la examiga del rey emérito en el marco de la pieza 'Carol' se producía por videoconferencia desde la embajada española en Londres sin OEI, se podía incumplir las obligaciones contraídas por España en el marco de la cooperación jurídica internacional.

En la vista oral de este viernes se juzga a Villarejo por delitos de calumnias y denuncia falsa contra el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán, y tiene lugar en el Juzgado de lo Penal número 8 de Madrid.

El juicio, que se ha retrasado hasta en tres ocasiones entre otras causas por la pandemia, es el primero señalado contra Villarejo, que permanece en prisión desde noviembre de 2017 por el 'caso Tándem'. El comisario jubilado se enfrenta ahora a dos años de cárcel por denuncia falsa y calumnias a Sanz Roldán.

Por lo que respecta al primero de los delitos que se le imputan, se trata de la denuncia interpuesta el 1 de junio de 2017 por Villarejo contra Sanz Roldán y un periodista por un artículo sobre sus "tentáculos" en el mundo judicial que se ilustraba con una fotografía suya, según denunciaba, obtenida en una operación antiterrorista en la que había participado como agente encubierto.

En la imagen aparecía Villarejo descendiendo de un avión en la zona de pistas del aeropuerto de Melilla y, siempre según su denuncia, formaba parte de un dossier que el CNI habría facilitado al periódico 'El País' con el conocimiento y autorización de Sanz Roldán, lo cual sería constitutivo, en su opinión, de un delito de descubrimiento y revelación de secretos y de un delito de colaboración con actividades de organizaciones terroristas.

La denuncia no fue admitida a trámite y el juez ordenó el archivo de las actuaciones. Villarejo recurrió en reforma y en apelación, sin ningún éxito, y finalmente la Fiscalía y la Abogacía del Estado acabaron emprendiendo acciones contra él por denuncia falsa en los juzgados de Madrid.

LAS AMENAZAS A CORINNA

Por lo que respecta al delito de calumnias, la Fiscalía afirma que el 5 de junio de 2017, en el programa "Salvados", de la Sexta, el acusado manifestó que Sanz Roldán había amenazado de muerte a la examiga del Rey emérito Corinna Larsen "siendo consciente de que no era cierto".

En el listado de testigos de este juicio, está de hecho Larsen, que fue propuesta por Villarejo para ratificar esas supuestas amenazas. En una declaración jurada ante notario, la empresaria acusaba a Sanz Roldán de estar detrás de una "campaña" en su contra y de amenazarla personalmente en un hotel de Reino Unido en el año 2012, después de que Don Juan Carlos tuviera el accidente en Botsuana.

También están citados como testigos el que fuera jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), José Luis Olivera; y la ex responsable del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) y actual jefa de Gabinete de la ministra de Defensa, Esperanza Casteleiro. Ambos a instancias de la defensa de Villarejo.

Sin embargo, la magistrada ha rechazado las testificales del ex Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino; del ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y de cuatro periodistas. Se opone a practicar estos interrogatorios al entender que lo que podrían acreditar los dos primeros lo hará el propio Olivera y que el conocimiento de los segundos es de fuente indirecta o lo puede atestiguar Corinna Larsen.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se regula la concesión directa de una subvención de 30.000 euros a la Asociación Nacional de Mujeres de la Pesca (ANMUPESCA) para fomentar la igualdad efectiva de trato y oportunidades de mujeres y hombres en el sector pesquero.

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en su título II, "Políticas públicas para la igualdad", contempla, entre otros, como criterios generales de actuación de los poderes públicos la integración del principio de igualdad de trato y de oportunidades en el conjunto de las políticas económica, laboral, social, cultural y artística, con el fin de evitar la segregación laboral y eliminar las diferencias retributivas.

La escasa presencia de la mujer en un sector como el pesquero de gran importancia en el conjunto de la economía nacional y las particulares dificultades a las que se enfrentan las mujeres que trabajan en él (precariedad, falta de reconocimiento de las específicas dificultades de su trabajo -escasos o nulos coeficientes reductores de jubilación, no reconocimiento de sus enfermedades laborales, escaso reconocimiento social...) determina la necesidad de realizar actuaciones para incrementar la participación de las mujeres en la vida económica, política y sociocultural.

En particular, pone el foco en las cofradías de pescadores y en los lugares donde se toman las decisiones que afectan directamente a sus condiciones laborales y en las que, en la actualidad, es tan muy escasamente representadas.

Por ello ve necesario facilitar el asociacionismo de las mujeres que trabajan en las actividades vinculadas con la actividad pesquera, marisquera, acuícola y actividades o servicios, para que puedan mejorar sus condiciones profesionales y puedan acceder a los puestos de toma de decisiones.

El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades tiene entre sus funciones "realizar cuantas actividades favorezcan la participación de las mujeres en la actividad económica y en el mercado de trabajo, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres".

En atención a este objetivo, desde el año 2017, las sucesivas leyes de presupuestos generales del Estado han venido contemplando la concesión de subvenciones nominativas a la Asociación Nacional de Mujeres de la Pesca (ANMUPESCA), asociación sin ánimo de lucro para apoyar su labor de promoción de la integración y de la igualdad efectiva de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres.

La Asociación Nacional de Mujeres de la Pesca (ANMUPESCA) es la única organización de mujeres de ámbito estatal que tiene como objetivo apoyar a las mujeres del sector de la pesca, defender sus intereses económicos y profesionales, mejorar sus condiciones laborales, visibilizarlas como profesionales del mar, reforzando su empoderamiento, e incrementar el reconocimiento y conciencia social del papel que desempeñan.

En este contexto se elabora el Real Decreto por el que se regula la concesión directa de una subvención asignada a favor de ANMUPESCA cuyo objeto es fomentar la igualdad efectiva de trato y oportunidades de mujeres y hombres en el sector pesquero, facilitando el asociacionismo de las mujeres en este sector, su presencia y participación en los órganos de toma de decisiones a todos los niveles, y la visibilización y adecuada valoración de su trabajo.

El grupo ACS ha formalizado la venta a Galp del 75% del capital de la sociedad que aglutina sus participaciones en proyectos de energía fotovoltaica en España con una potencia de 2.930 MW y un desembolso actual por parte de Galp de 325,5 millones de euros, informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El valor total de empresa que se espera alcanzar es del entorno de 2.200 millones de euros, manteniéndose la plusvalía para ACS en unos 330 millones de euros.

La transacción, que la empresa presidida por Florentino Pérez ha llevado a cabo a través de su filial de Servicios, Comunicaciones y Energía, se ha ejecutado tras la obtención de todas las autorizaciones pertinente.

La operación incluye tanto los parques fotovoltaicos actualmente en funcionamiento como los que se espera que se vayan desarrollando y se pongan en funcionamiento durante lo que queda de 2020 y los próximos años 2021, 2022 y 100 MW en el año 2023, con una potencia total instalada de unos 2.930 MW.

ACS y Galp modificaron a finales de julio el acuerdo suscrito en enero para la adquisición de los proyectos de fotovoltaica en España de ACS y acordaron finalmente la creación de una 'joint-venture', participada al 75,01% por la petrolera lusa y al 24,99% por la empresa española, para gestionar el desarrollo de estos activos.

Según informó entonces el grupo luso, el acuerdo de compraventa se modificó para "establecer nuevos términos y condiciones para la transacción", que incluye la creación de esta nueva empresa, que contará con una estructura de gobierno "controlada conjuntamente" bajo el acuerdo de accionistas que ambas firmas suscribirán al cierre de la operación.

En virtud de ese acuerdo, ACS traspasaba a Galp todas las plantas fotovoltaicas que ya tenía en servicio en España y las que se vayan construyendo y poniendo en explotación en los próximos cuatro años (entre 2020 y 2023), aunque finalmente todo se integrará en esa nueva 'joint-venture'.

Los activos y proyectos fotovoltaicos constituyen el 70% de la cartera de Zero-E, la filial en la que hace un año el grupo agrupó todo su negocio y nueva apuesta por la energía 'verde'. Otro 27% son parques eólicos y el resto, termosolares.

La filial de ACS tiene en España casi la mitad (entorno al 43%) de esta cartera de proyectos en desarrollo, mientras que cerca de otro 30% de los proyectos se localizan en Norteamérica y un 26% más, en Latinoamérica.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha asegurado que el hecho de que la biotecnológica estadounidense Novavax haya anunciado que un grupo biofarmacéutico español, (Zendal, a través de su filial Biofabri) llevará a cabo la producción industrial para Europa de su vacuna en España, es un "importante" impulso para la industria farmacéutica española.

En concreto, la compañía española con sede en Porriño (Galicia) será la encargada para la Unión Europea de la producción de la vacuna diseñada por la farmacéutica con sede en Meryland, cuyos ensayos clínicos se encuentran actualmente en la fase 2 y que se estima que inicien la fase 3 a finales del tercer trimestre de 2020.

"El acuerdo entre estas compañías, supone, de nuevo, un importante impulso para la industria farmacéutica española y el aumento de la capacidad global de producción de la futura vacuna contra la Covid-19 para garantizar el acceso equitativo a toda la población", han señalado desde la AEMPS.

El acuerdo entre estas compañías, supone, de nuevo, un importante impulso para la industria farmacéutica española y el aumento de la capacidad global de producción de la futura vacuna contra el Covid-19 para garantizar el acceso equitativo a toda la población.

En este sentido, la AEMPS ha recordado que ha continuado prestando apoyo y manteniendo contactos con fabricantes, entre los que se incluyen estas compañías, para estimular las capacidades de fabricación españolas y facilitar así la interlocución de los diferentes actores que intervienen en la producción de la vacuna.

De hecho, desde comienzos de abril, la AEMPS ha explorado cuáles son las capacidades productivas y de llenado de estas fábricas, en qué plataformas de vacunas trabajan o con qué velocidades, con el objetivo de identificar a estos fabricantes.

La Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas FAKALI ha celebrado que el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros, prevea la constitución de una comisión estatal de la Memoria y la Reconciliación con el Pueblo Gitano en España.

"Los gitanos sufrieron también una particular represión por formar parte de su etnia de manera absolutamente indignante, creamos un comité para recuperar la memoria de esa represión contra los gitanos y gitanas españoles y recomponer su reconocimiento y dignidad", ha explicado la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Desde FAKALI consideran que "esta ley hace de una vez justicia con las miles de víctimas gitanas, también olvidadas, durante la Guerra Civil y la dictadura, poniendo además en valor desde la perspectiva de Estado su historia y su cultura, sin duda trascendentes en la conformación sociocultural de lo que hoy es España".

Con esta norma, según añade la asociación en un comunicado, "se reconoce y se repara a las víctimas de la discriminación, el odio y el olvido, bajo los designios de ideologías totalitarias apartadas de cualquier atisbo de respeto y humanidad, entre ellas, las gitanas".

La comisión, según destaca FAKALI, tendrá como principal cometido elaborar un informe sobre las medidas para aplicar los principios de "verdad, justicia, reparación y no repetición" en lo relacionado con la situación histórica del pueblo gitano en España, "damnificado, perseguido y represaliado". "Ser gitano era ya considerado un delito", recuerda.

Igualmente, como mujeres, se congratulan de que esta ley incorpore la "perspectiva de género", tal y como ha indicado Carmen Calvo este martes en rueda de prensa. La vicepresidenta ha lamentado la "invisibilidad histórica de las mujeres" y ha indicado que la ley contemplará "las especiales maneras en que las mujeres fueron represaliadas, de manera particularmente indignante".

Aspira a que haya un fondo de transporte este año porque, en caso contrario, habrá ciudades que "quebrarán"

El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha valorado este martes la "rectificación" del PP y su apoyo al nuevo decreto presentado por el Ministerio de Hacienda para permitir el uso del superávit a las entidades locales y hacer frente a las consecuencias de la pandemia de COVID, aunque ha advertido de que los ayuntamientos con remanentes siguen aspirando a poder gastarlos.

En una rueda de prensa, Caballero ha señalado que el nuevo decreto permite "recuperar una parte" de las medidas planteadas en el Real Decreto Ley que "tumbó" el Congreso, como la suspensión de la regla de gasto, el uso de superávit y medidas para ayuntamientos en dificultades financieras.

"Si esto les gusta a los grupos parlamentarios y a la oposición en la FEMP, estamos encantados, pero todo esto estaba en el decreto anterior", ha subrayado el presidente del órgano municipalista, que ha expresado su "satisfacción" por ver que los grupos de la oposición "entran en razón" y "rectifican". "Bienvenidos a la razón, ahora corrigen su error anterior", ha añadido.

Abel Caballero, que ha recordado que los votos contrarios al primer decreto "costaron" a los ayuntamientos 16.000 millones de euros, ha incidido en que las corporaciones locales no quieren renunciar a gastar sus remanentes, algo a lo que "incomprensiblemente renunció el PP". "Pero tiempo habrá, ahora aprobemos esto, que es muy urgente", ha señalado, al tiempo que ha puntualizado: "No renunciamos a recuperarlo todo".

Asimismo, ha avanzado que también seguirá defendiendo la aprobación de un fondo de transportes para compensar las pérdidas de estos servicios públicos en las ciudades, y evitar que muchos municipios "quiebren". En ese sentido, ha expresado su esperanza de que ese fondo de ayudas pueda estar disponible este mismo año.

CRÍTICAS AL ALCALDE DE ZARAGOZA

En su comparecencia, Abel Caballero ha criticado duramente la posición de alcaldes del PP, que ha personalizado en el regidor de Zaragoza, Jorge Azcón (que también es portavoz de los 'populares' en la FEMP).

"Los que tenemos remanentes claro que queremos gastarlos, a los que no los tienen les da igual", ha señalado, y ha lamentado que "eso es antimunicipalismo puro". "Hay un alcalde que dice que no quiere que gastemos nuestro remanentes, tendrá que explicarnos su posición profundamente antimunicipalista (...), a lo mejor es porque él no tiene remanentes, y por eso dice lo que dice", ha criticado.

Además, con respecto al fondo de transportes ha advertido de que, sin esas ayudas, habrá ciudades, "incluida alguna con alcalde del PP" que van a "quebrar". "Pongo por caso, Zaragoza tiene un problema gravísimo, se quedó sin ese dinero, y ¿por qué aplaude su alcalde?", ha cuestionado, en alusión a la oposición al primer decreto ley.

El anteproyecto de Ley de Memoria Democrática que ha aprobado el Consejo de Ministros este martes contempla la creación de una Fiscalía de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos que se dedicará a investigar hechos producidos en la Guerra Civil y la Dictadura, teniendo como marco jurídico de referencia el derecho internacional y los tratados internacionales.

Así lo ha explicado la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al ser preguntada sobre el papel que jugará a partir de ahora La ley de Amnistía de 1977, que ha sido un obstáculo a la hora de juzgar estos hechos.

LEY DE AMNISTIA Y AL DERECHO INTERNACIONAL

"No hay garantía más grande para investigar delitos de violaciones de derechos humanos en la dictadura que la creación de una Fiscalía de Sala", ha afirmado Calvo, al ser preguntada en concreto sobre si esta nueva ley y este nuevo órgano servirá para sortear la citada ley de amnistía.

A este respecto, la vicepresidenta ha afirmado que esta ley "se encardina en el compromiso del derecho internacional humanitario" y ha recalcado que "no hay más garantía" para investigar esas violaciones de los derechos humanos "que estar a los tratados internacionales a los que España está obligada.

Posteriormente, fuentes de su equipo han reafirmado que el objetivo de la creación de esta Fiscalía es garantizar desde los poderes públicos "el derecho a la investigación de la violación de los derechos humanos y del derecho internacional de la Guerra Civil y de la dictadura".

En concreto, señala que el artículo 2 de la ley plantea que la interpretación de esta ley está de acuerdo con lo que son las ratificaciones de los tratados internacionales que ha hecho España en tema de derechos humanos.

JUEZ SERVINI

Sobre la posibilidad de que se pueda desarrollar en España un proceso judicial como la causa que lleva en Argentina la jueza María Servini contra los crímenes del régimen franquista, estas fuentes han explicado que lo que se hace ahora es que se plantea la vía para poder presentar las denuncias por parte de los ciudadanos que así lo consideren oportuno.

Así, señalan que "esta ley tiene los elementos suficientes como para poder investigar todos y cada uno de los elementos que tengan que ver con la violación de los derechos humanos", al interpretarse "de conformidad con los tratados internacionales", que marca "el principio de donde se tiene que abordar".

SANCIONES DE HASTA 150.000

Asimismo, la ley establece un régimen de sanciones, en defensa de las víctimas y de la dignidad de los principios y valores constitucionales en el espacio público, que pueden llegar hasta los 150.000 en los casos de infracciones graves, por ejemplo, la destrucción de fosas de víctimas de la Guerra Civil, destrucción de lugares declarados de memoria democrática, falta de adopción de medidas necesarias para impedir o poner fin en espacios públicos de actos de exaltación de la guerra civil o la dictadura, o la convocatoria de actos que inciten al desprecio o la humillación de las víctimas.

Por ejemplo, serán objeto de sanción según la nueva ley los actos de enaltecimiento de la guerra civil o la dictadura que se hagan en manifestaciones, y en algún caso, según como se desarrollen, podrían ser considerados infracciones muy graves.

Por otra parte, la ley establece las actuaciones necesarias para que no puedan existir fundaciones y asociaciones entre cuyos fines se encuentre la apología del franquismo o la incitación directa oindirecta al odio o la violencia contra las víctimas de la Dictadura franquista.

Es decir, se establece el procedimiento para la posible ilegalización de la Fundación Francisco Franco, ya que no podrá seguir existiendo si se determina que incurre en los fines antes mencionados, contrarios al interés general. "Las asociaciones que existan, sea cual sea su formato, tendrán que adecuarse a los fines de esta ley", ha explicado Calvo, al ser preguntada sobre esa posible ilegalización.

Fuentes de Moncloa han detallado que lo que hace la ley de memoria democrática es introducir "nuevos elementos", como la apología del franquismo o la incitación directa o indirecta al odio contra víctimas de la guerra civil o la dictadura, como "elementos contrarios a los intereses generales".

Por lo tanto, "todo tipo de fundaciones en los que concurran que no persiguen fines acordes con el interés general, y los que hagan apología del franquismo, "evidentemente serán elementos para poder plantearse la extinción de esas fundaciones", a través del protectorado de asociaciones que depende del Ministerio de Cultura.

En cuanto al Valle de los Caídos, otro de los puntos que aborda la ley es su "resignificación", lo que implica, según las fuentes consultadas, "explicar" el significado en sí del monumento, pero no derribar la gran cruz que preside el complejo.

Sobre este elemento en concreto, explican que el plan pasa por explicar que se trata de uno de los símbolos fundamentales del nacional catolicismo, y cómo este marcó la vida política española. Es decir, el planteamiento del Gobierno es "explicar el monumento en su conjunto, y el monumento en su conjunto lleva incluida la cruz".

Asimismo, la ley también contempla medidas para evitar la exaltación de la Guerra Civil y la Dictadura franquista, mediante la retirada de símbolos y elementos contrarios a la Memoria Democrática, así como de distinciones, títulos o condecoraciones concedidas a los protagonistas o impulsores del alzamiento, la Guerra Civil o la Dictadura.

Salud Pública del Gobierno de Aragón ha decidido el cierre de 5 aulas de 5 centros educativos sostenidos con fondos públicos de la Comunidad autónoma con motivo de la aparición de casos de coronavirus, que se han comunicado hasta el mediodía de este martes, 15 de septiembre.

Se trata de tres centros ubicado en la ciudad de Zaragoza y que corresponden al CPI Valdespartera 3 donde se ha cerrado una clase de Infantil; el CEIP José Camón Aznar, donde también se ha cerrado otro aula de Infantil; y el CEIP Ciudad de Zaragoza donde se ha clausurado un aula de Primaria.

Los otros dos centros son el CEIP Gaspar Remiro de Épila (Zaragoza) donde se ha cerrado un aula de Primaria; y el otro es el CEIP Ricardo Mallén de Calamocha (Teruel), que ha clausurado una clase de Infantil.

El total de las clases clausuradas desde el inicio de curso de Aragón es de 30 en 27 centros educativos. Las aulas que se han cerrado con motivo de la aparición de estos casos suponen el 0,52 por ciento respecto a todos los grupos de Infantil y Primaria existentes en los centros educativos sostenidos con fondos públicos de Aragón.

PROTOCOLO

En cumplimiento del protocolo sanitario establecido entre los Departamentos de Educación y de Sanidad del Gobierno de Aragón, un positivo en una clase determina su cierre. El o los casos positivos no podrán volver al centro educativo hasta el alta epidemiológica indicada por su profesional sanitario de referencia, justificada mediante la presentación de la declaración responsable de los padres.

Por su parte, el resto del alumnado del mismo grupo deberá guardar la cuarentena durante 14 días, sean sus resultados positivos o negativos, tras la realización de las pruebas PCR.

La puesta en marcha de grupos estables de convivencia en los centros permite que ante un caso de coronavirus se pueda proceder a cerrar solo un aula y evitar la propagación del contagio. De momento, no se ha producido ningún tipo de transmisión dentro de un centro educativo, ha informado el Gobierno de Aragón en una nota de prensa.

Los residentes en el casco urbano podrán hacer uso de las instalaciones dentro de este núcleo pero no de los de pedanías

El concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Lorca, José Ángel Ponce, ha informado este martes de las medidas que entran en vigor con motivo del paso a la fase 1 flexibilizada del casco urbano de la ciudad, ante el incremento de casos positivos por Covid-19 que se han registrado en los últimos días en el municipio y que restringe totalmente la entrada o salida del casco urbano de Lorca salvo excepciones justificadas.

Estas excepciones son por motivos laborales; sanitarios; asistencia a personas mayores, menores, dependientes, personas con necesidades especiales o en situación de vulnerabilidad; por motivos académicos; de asistencia o realización de actuaciones urgentes o requeridas ante las administraciones públicas, órganos judiciales o notariales o por causa de fuerza mayor, "todo ello adecuadamente justificado", ha especificado el concejal.

Ponce ha concretado que "la delimitación del perímetro del casco urbano de Lorca es, por la parte norte la carretera de Caravaca RM-11 en su intersección con la Autovía A-7, barrio Corazón de María; por el noroeste el cruce de la antigua Carretera Nacional N-340 en su intersección con el tramo I de la Ronda Central en el barrio de Apolonia; por el Este el Canal de Tiata y Carretera D-7 en diputación de la Pulgara".

"Por el oeste la delimitación es la Autovía A-7 y el Castillo; por el sur la Carretera RM-11 hacia Águilas en su intersección con la línea del Ferrocarril en el barrio de San Antonio, diputación de Tiata y Campillo", ha delimitado.

No obstante, la circulación por carreteras y viales que transcurran o atraviesen el casco urbano de Lorca estará permitida siempre que el origen y el destino sea fuera de esta zona afectada por las restricción.

Por otro lado, se permite la circulación de personas residentes dentro del núcleo urbano afectado, si bien se desaconseja, sobre todo a personas en situación de especial vulnerabilidad frente al Covid.

CONSUMO SÓLO TERRAZAS

De igual forma, el edil de Lorca ha especificado que, en cuanto a la hostelería, no se podrá hacer uso del interior de los establecimientos y se mantiene el 75 por ciento de la capacidad de las terrazas mientras que la actividad de los locales de juego y apuestas queda suspendida, y para los comercios y el resto de establecimientos, locales o instalaciones el aforo máximo permitido será del 50 por ciento.

En relación a las instalaciones deportivas, los residentes en el casco urbano podrán hacer uso de las instalaciones que se encuentren dentro de este núcleo pero no de los que se encuentren en pedanías, lo mismo que ocurrirá con los habitantes de pedanías que no podrán hacer uso de las instalaciones deportivas que se encuentren dentro del casco urbano.

"Lo que sí queda permitido es la práctica de ciclismo, correr o caminar, de manera individual o con convivientes, fuera del núcleo urbano", ha aclarado.

Su presidente se pregunta si el Gobierno derribará la cruz del Valle de los Caídos "como hicieron los talibán"

El presidente de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), Juan Chicharro, da por hecho el apoyo de Vox contra la Ley de Memoria Democrática que ha presentado este martes el Gobierno y espera que el PP "también reaccione".

"No porque la ley vaya contra la fundación sino porque es contraria a la libertad de expresión de cualquier español", ha dicho en declaraciones. Chicharro tiene "garantía" del presidente de Vox, Santiago Abascal, "de que van a hacer una oposición fuerte". En cuanto al PP, no ha contactado con la dirección pero sí con algún veterano que ha mostrado su acuerdo con él.

A juicio de la FNFF, la ley "es liberticida y de todo menos democrática", y es "totalitaria porque pretende definir por ley lo que es la historia en vez de dejárselo a los historiadores". "Pretende imponer un dogma como solo pasa en Corea del Norte o en Venezuela", ha denunciado, "e implantarlo en los colegios, y el que se salga del dogma, como en un buen país comunista, será sancionado".

Chicharro también ha tildado la ley de "sectaria" porque solo habla de las víctimas de un bando, olvidando que hubo dos, y también de las "víctimas del FRAP, del GRAPO y de ETA", a pesar de abarcar un periodo que terminó en 1978.

Así, cree que la ley va contra principios recogidos en la Constitución como la libertad de opinión, de pensamiento y de cátedra, así como contra la igualdad de los españoles, porque "discrimina a los que no piensan como el señor Sánchez y la señora Calvo".

Además, ha tachado de "lamentable" el proyecto de "resignificación" del Valle de los Caídos, que supondrá la expulsión de los monjes benedictinos, y se ha preguntado si se convertirá "en un parque temático". También, que sucederá con la cruz: "en cuanto puedan la derribarán como hicieron los talibán", ha dicho --en alusión a la destrucción de 'budas' gigantes en Afganistán--.

LA APOLOGÍA SERÁ UN PROBLEMA PARA LOS JUECES

En cuanto a la situación de la propia fundación, teniendo en cuenta que la ley creará un procedimiento para su ilegalización, Chicharro ha dejado claro que está dispuesto a ir a los tribunales, y que entonces serán los jueces los que "van a tener un problema para decidir qué es apología del franquismo".

"¿Si yo digo que Franco trajo al Rey es apología del franquismo? ¿Si digo que creó las pagas extras de los funcionarios? ¿Si digo que con 30 millones de españoles creó seis millones y medio de viviendas sociales es apología del franquismo?", se ha preguntado. Según su presidente, la fundación no descarta irse de España, "a un país libre", si se ilegaliza.

La Comunitat Valenciana ha registrado 905 nuevos contagios de coronavirus confirmados por prueba PCR desde la última actualización, que sitúan la cifra total de positivos en 32.644 personas. Además, se han notificado otros tres fallecidos, todos ellos residentes, y otros 24 brotes, según los datos facilitados por la Conselleria de Sanidad.

Por provincias, 188 de los nuevos casos se han localizado en Castellón (3.631 en total); 356 en la provincia de Alicante (10.403 en total); y 361 en la provincia de Valencia (18.593 en total). Además, continúa habiendo siete casos sin asignar.

Asimismo, se han registrado tres fallecimientos por coronavirus desde la última actualización, por lo que el total de defunciones es de 1.564 personas: 232 en la provincia de Castellón, 539 en la de Alicante y 793 en la de Valencia.

Por otro lado, se han dado 660 altas a pacientes con coronavirus, por lo que el total de personas curadas desde el inicio de la pandemia se sitúa en 33.626: 3.973 en Castellón, 10.471 en Alicante y 19.149 en Valencia. Además, hay 33 altas no asignadas.

Los hospitales valencianos tienen, actualmente, 502 personas ingresadas: 57 en la provincia de Castellón, con 7 pacientes en UCI; 150 en la provincia de Alicante, 29 de ellos en la UCI; y 295 en la provincia de Valencia, 32 de ellos en UCI.

De esta forma, en estos momentos hay activos 7.064 casos, lo que supone un 16,98% del total de positivos, y el número total de pruebas llevadas a cabo para la detección del coronavirus asciende a 968.274, de las que 822.117 han sido a través de PCR y 146.157 mediante test rápido.

SITUACIÓN EN RESIDENCIAS

A día de hoy, hay algún caso positivo en 57 residencias de mayores (4 en la provincia de Castellón, 18 en la provincia de Alicante y 35 en la provincia de Valencia), 13 centros de personas con diversidad funcional (2 en la provincia de Castellón, 3 en la de Alicante y 8 en la de Valencia) y 4 centros de menores (0 en la provincia de Castellón, 3 en la provincia de Alicante y 1 en la provincia de Valencia).

Asimismo, se han notificado 24 residentes contagiados, 22 trabajadores y han fallecido tres residentes. Además, actualmente, se encuentran bajo vigilancia activa de control sanitario siete residencias en la Comunitat Valenciana: dos en la provincia de Alicante y cinco en la provincia de Valencia.

NUEVOS BROTES

Asimismo, desde la última actualización se ha detectado 24 nuevos brotes, todos ellos de origen social salvo cinco. En la localidad valeciana de Ontinyent se han detectado cuatro brotes de origen social de entre 3 y 12 casos, mientras que en la ciudad Valencia hay que sumar otros siete brotes, tres de ellos de origen laboral con tres casos cada uno y el resto social con entre cuatro y siete casos.

El resto de brotes de origen social se han localizado en Ayora, 11 casos, en Canals, 12 casos, en Paterna, 4 casos, en Manises, 10 casos, en Paterna, 5 casos, en Dolores, 3 casos, en Altura, 5 casos, en Bigastro, 3 casos, en La Vall d'Uixò, 4 casos, en Potries, 3 casos, y en Gandia, 4 casos. En la capital de La Safor también se ha localizado un brote de origen laboral con 3 contagiados y en Aldaia otro laboral también con tres positivos.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Valencia ha ratificado la resolución de 11 de septiembre de 2020 de la conselleria de Sanidad por la que se prorroga por siete días el confinamiento en la localidad valenciana de Benigànim para frenar la expansión del virus, según han informado fuentes de este departamento.

De este modo, se ratifican las medidas excepcionales adoptadas para este municipio valenciano como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 tras analizar los informes epidemiológicos sobre la incidencia del virus.

Pese al confinamiento, que se decretó por primera vez el pasado 31 de agosto, los casos de coronavirus en esta localidad ascienden a 170, 39 de ellos confirmados por PCR en los últimos 14 días, y han fallecido dos personas.

El director financiero de la empresa destaca que la crisis permitió que se identificase al sector como "estratégico"

El director financiero de Greenalia, Antonio Fernández-Montells, ha avanzado que a principios del próximo año la empresa comenzará la construcción de cuatro nuevos parques eólicos, que se sumarán a los cinco con los que cuenta en activo o en desarrollo en Galicia.

Preguntado antes de participar en el almuerzo-coloquio 'Las energías renovables. La revolución industrial del siglo XXI' en Vigo, ha indicado que el objetivo de la empresa pasa por disponer de una potencia de un gigavatio de cara a 2023.

Para ello, ha acometido la construcción de varios parques eólicos de los que el primero, un proyecto de 24 megavatios desarrollado en Vimianzo (A Coruña), entró en funcionamiento en diciembre del pasado año. Asimismo, se ha finalizado la construcción de un segundo proyecto de 22,5 megavatios en Ourol (Lugo) que se encuentra en proceso de pruebas.

El director financiero de este grupo gallego ha precisado que también se espera que se finalice la construcción de otros tres parques que suman una potencia total de 28 megavatios este año y ha indicado que estos y los dos anteriores ya han sido financiados. "La deuda en su mayor parte ya está dispuesta y ahora estamos cerrando la financiación de los parques que se construirán el próximo año", ha detallado.

Respecto a la planta de Biomasa de Curtis-Teixeiro, de 50 megavatios, Fernández-Montells ha explicado que, desde el 1 de marzo, "funciona a pleno rendimiento" durante 7.500 horas al año.

No obstante, el director financiero del grupo coruñés ha reconocido que durante la pandemia se produjo un parón en la fase de test de la planta debido la incapacidad para desplazarse al lugar de técnicos procedentes de Finlandia. También ha señalado que este trimestre finalizará la prueba de test, si bien ha apuntado que ya se ha comenzado a exportar energía.

SECTOR "ESTRATÉGICO"

Adicionalmente, Fernández-Montells ha destacado que la crisis sanitaria ha permitido identificar este sector como "estratégico" y "resiliente", por lo que ha asegurado que el plan de negocio no se verá afectado por la situación actual. De hecho, ha afirmado que la apuesta por este ámbito por parte de inversores, fondos y entidades bancarias se mantiene.

De este modo, el director financiero de Greenalia ha incidido en que la transición energética y, en concreto, los proyectos ligados a energías renovables ejercerán como "uno de los catalizadores para poder salir de la crisis" derivada de la pandemia.

Precisamente, ha asegurado que se ha comenzado a identificar este sector como "refugio", lo que ha conllevado un incremento de la demanda y los precios. También ha remarcado que Greenalia dispone de la totalidad de sus derechos de conexión y ha afirmado que no ha encontrado casos en los que "se compren para especular".

A preguntas sobre la próxima incorporación del que fuera consejero delegado de Inditex, José María Castellano, al consejo de administración de Greenalia tras adquirir el 5% de la misma por 12 millones de euros; ha apuntado que se integrará en el órgano en el último trimestre de 2020, cuando se convoque la junta general.

En esta línea, Antonio Fernández-Montells ha valorado la experiencia del empresario, cuya adhesión al consejo de administración ha recalcado que "parece bien" a ambas partes y no supone una imposición.

La plataforma de donostiarras por el decrecimiento turístico BiziLagunEkin y las juventudes de Sortu, Ernai, han llamado a concentrarse este viernes contra la "turistificación" por la película 'Rifkin's festival' rodada por Woody Allen en la ciudad, con motivo de su proyección en la gala inaugural del 68 Festival Internacional de Cine de San Sebastián este viernes en el Palacio de Congresos Kursaal de la capital guipuzcoana.

La concentración tendrá lugar a las 20.30 horas junto al Kursaal bajo el lema '¡No somos figurantes en nuestra ciudad!'. En un comunicado, los convocantes ha rechazado que se use "la ciudad como negocio".

"San Sebastián vive un rápido y agresivo proceso de turistificación por parte de las autoridades públicas", han señalado. A su juicio, "detrás del deseo de atraer turistas e inversores a la ciudad están aquellos que obtienen enormes beneficios económicos a través de este proceso".

"Mientras tanto, la mayoría de la población tiene cada vez más dificultades para vivir en San Sebastián: el precio de la vivienda, la precariedad del mercado laboral, la subida de los precios al consumidor", han añadido.

Para BiziLagunEkin y Ernai "la marca-ciudad y la mercantilización cultural responden a objetivos comerciales particulares en esta ciudad" y "a todos los que vienen a favorecer este objetivo se les pone la alfombra roja, incluso si se favorece pasar por encima de las condiciones de vida de las y los donostiarras".

Frente a ello, han pedido "transparencia absoluta sobre los tratos con Woody Allen y Mediapro y todos los servicios y apoyo brindados por las instituciones públicas al proyecto cinematográfico", y "no utilizar la película para caracterizar a San Sebastián como parque temático y promover la actividad turística". "Es el momento de direccionar la ciudad hacia el decrecimiento turístico", han subrayado.

El Ministerio Público reprochó en un escrito previo que el juez reabría la pieza en julio por hechos que eran ya conocidos en febrero de 2019

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón que investiga en la pieza 5 de la macrocausa 'Tándem' posibles encargos de la examiga del rey emérito Corinna Larsen al comisario jubilado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo, ha afeado a la Fiscalía Anticorrupción que criticara su auto de repaertura de la pieza aduciendo que los hechos por los que reabría eran ya conocidos en febrero de 2019 y les recuerda la sobrecarga de trabajo que soporta en su juzgado.

En un auto del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 y con el que desestima el recurso de la defensa de Larsen --al que se adhirió la defensa del comisario Villarejo-- que pretendía la nulidad de la reapertura, el magistrado aprovecha para responder así a los fiscales del caso, Miguel Serrano e Ignacio Stampa.

"En este último escrito se afirma, en relación a estos hechosnuevos, que ya eran conocidos por el Instructor desde el 1 defebrero de 2019. No le falta razón al Fiscal. Sobre esta cuestión este magistrado considera necesario realizar las siguientes consideraciones: La sobrecarga de trabajo de este Juzgado Central de Instrucción es notoriamente conocida, hasta el punto de contar con dos medidas de refuerzo", indica el juez.

Y prosigue señalando que esas medidas de apoyo directo --lleva otras macrocausas como 'Púnica' además de 'Tándem'-- se activaron en 2020, justo antes de que a consecuencia del Estado de Alarma el juzgado haya funcionado "bajo mínimos durante casi cuatro meses".

LA ACTUACIÓN PREPROCESAL DE LA FISCALÍA

Además, le responde a los fiscales que no especifican si los audios que aparecen unidos al oficio de 31 de enero de 2019 ('Corin 16.10.7' y '16.10.7-a') y que han supuesto la reapertura de la pieza conocida como 'Carol' dieron lugar "a algún tipo de actuación preprocesal en la Fiscalía".

"Es importante resaltar este extremo, toda vez que fueron los Fiscales quienes reclamaron en su escrito de 7 de septiembre de 2018 la deducción de testimonio de actuaciones para la investigación de un posible delito de cohecho fuera del procedimiento, y así lo acordó el instructor", apunta.

Por otro lado, recuerda que en el escrito de Fiscalía en el que se rechazaba el recurso de Larsen, si coincidían con la examiga de Juan Carlos I en resaltar que había una falta de conexidad entre los hechos que dieron lugar a la pieza y los que motivaron su reapertura, que el comisario ya estaba jubilado cuando ser registraron las conversaciones con Larsen y que se daba una falta de requisitos para perseguir tanto el delito de cohecho como el delito de descubrimiento o revelación de secretos.

En el auto de reapertura de 27 de julio de 2020, García-Castellón argumentaba que el objetivo era esclarecer la posible existencia de un encargo por parte de Corinna Larsen a Villarejo que buscaría la obtención de unos datos correspondientes a una persona de nacionalidad española, así como recabar todas las circunstancias que pudieron rodear este hecho. En esas grabaciones Larsen exponía sus inquietudes respecto a una asistente personal española que pudiera estar filtrando información sobre su vida privada.

EL ENCARGO GOLDSMITH

Ahora, el juez indica que si no ha reabierto antes es por la referida sobrecarga de trabajo y porque tenía que "atender prioritariamente a otras piezas", y recuerda que hay por tanto hechos nuevos que justifican la reapertura.

Asimismo, descarta abrir pieza aparte para investigar ese posible encargo y opta por mantener en esa pieza 'Carol' todos los posibles trabajos que pudieran haberse dado entre la empresaria y el comisario. "El Ministerio Fiscal, como se ha señalado, entiende que existe 'conexidad fáctica' entre el supuesto encargo efectuado parainvestigar a Noelia Muñoz --la asistente-- y el encargo efectuado para ayudar a Ben Goldsmith", recuerda el magistrado aludiendo a dos posibles trabajos.

Al hilo, añade García-Castellón que en el trabajo relacionado con Ben Goldsmith "podía desprenderse la existencia de un presuntoencargo" de Corinna Larsen a Villarejo para "investigar los problemas con la Hacienda Pública derivados de un terreno en la localidad de Ronda", y citando a la Fiscalía indica que "estos hechos pudieran ser constitutivos de un delito de cohecho de los artículos 419 y 424, respectivamente cohecho pasivo y cohecho activo del Código Penal".

El juez remarca que pese a esas inferencias y aun a pesar de tener un procedimiento penal abierto en el que se podría haber investigado este mismo hecho, el Ministerio Fiscal "solicitó el sobreseimiento". E indica que "desconoce los motivos por los que pese a los indicios de delito referidos, acordó el archivo de las diligencias de investigación pues esta circunstancia nunca se comunicó al Juzgado".

Por otro lado, el juez apunta que aun cuando el encargo de Larsen de octubre de 2016 se diera estando ya el comisario jubilado --lo hizo en mayo de ese año--, "no podría descartarse en absoluto" la existencia de hechos delictivos típicos porque podría haberse prevalido de su condición de exfuncionario "para el cumplimiento del encargo recibido".

La conselleira de Política Social, Fabiola García, ha asegurado que su departamento y el de Sanidade trabajan ya en la conformación de un "nuevo modelo de residencias" derivado de las carencias detectadas por la pandemia de COVID-19 y ha defendido la "rapidez" con la que se actuó a la hora de intervenir algunos centros.

A preguntas de los medios de comunicación en una rueda de prensa en Santiago, la conselleira ha recordado que "absolutamente todas" las residencias gallegas cuentan a día de hoy con un protocolo de actuación elaborado por el comité clínico y están "mucho más preparadas" que hace unos meses para "afrontar la entrada de la COVID".

Así, y aunque la situación se ha complicado en centros como el de O Incio o el de Outeiro de Rei, ambos en Lugo, Fabiola García ha puesto de relevancia que "el 99% de las residencias de Galicia no cuentan con ningún caso positivo ni de residentes ni de trabajadores".

García ha reconocido que la crisis del coronavirus ha llevado a "repensar un nuevo modelo de residencias", en el que ya trabajan las consellerías de Sanidade y Política Social, ha avanzado. Este modelo "debe ser pensado con tiempo suficiente" y "dialogado con el sector residencial" para "valorar su aplicación de un modo más o menos inmediato una vez esté terminado".

No obstante, la conselleira no ha querido detallar en qué podría consistir este nuevo modelo. "Están sobre la mesa distintas propuestas que estamos en estos momentos valorando para mejorar el funcionamiento del sistema residencial de Galicia", ha dicho.

Asimismo, ha defendido el sistema de intervención en residencias que tiene la Xunta y en el que se seguirá. "Galicia fue una de las primeras comunidades que intervinieron residencias", ha dicho Fabiola García, una intervención que ha descartado que se haga de forma indiscriminada, si no solo en los casos en "los que lo recomienda la autoridad sanitaria".

En este sentido, la conselleira ha dicho que "la Xunta tomó las decisiones con total rapidez en todas las residencias" y se intervinieron "independientemente de cual fuese su titularidad". Nuestro deber es velar por la seguridad y salud de los residentes", ha zanjado.

GALICIA, "UN EJEMPLO"

Las consellerías de Política Social y de Sanidade, ha apuntado Fabiola García, están dando "una información diaria y exacta de todos los casos positivos" de residentes y trabajadores en Galicia.

Galicia ha sido un ejemplo a seguir por el resto de las comunidades autónomas dando a los medios de comunicación diariamente de toda la información de la que disponemos", ha apostillado la conselleira, que ha reclamado al Gobierno central que "publique los datos de la pandemia" en relación a las residencias, tanto a nivel nacional como de todas las comunidades.

El Gobierno de Navarra, a través del consejero de Políticas Migratorias y Justicia, Eduardo Santos, ha ofrecido al Gobierno de España recursos que "ya están disponibles" para acoger a personas refugiadas y que han tenido que ser desalojadas del incendiado campo de Moria, en Lesbos (Grecia).

A tal efecto, Eduardo Santos ha remitido sendas cartas al ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá; y a la secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul.

En el texto remitido desde el Gobierno foral, se señala que la tragedia vivida en Moria "ha conmovido a la opinión pública navarra", y con ese motivo se pone de manifiesto la voluntad de la Comunidad de acoger a personas afectadas por esta urgencia. Una acogida que, se añade, se podría producir en recursos que ya están disponibles y que se encuentran libres en este momento.

En la misiva, el consejero Eduardo Santos ha compartido con los responsables del Gobierno central reflexiones sobre la necesidad de una política europea común de asilo y refugio y sobre el papel de las Comunidades Autónomas.

En relación a esto último, el consejero Santos ha querido incidir en la necesidad de "trabajar conjuntamente a la mayor brevedad, en relación a la transferencia de la competencia en políticas de asilo y refugio", teniendo en cuenta "el importante papel que juegan las Comunidades Autónomas en materia de integración". El proceso de transferencia, que está ahora mismo desarrollándose, debe continuar a pesar de ser "conscientes de los esfuerzos y los tiempos del Ministerio", apunta el consejero en su carta.

Ello debe ir acompañado, añade el consejero Eduardo Santos, "de un amplio acuerdo territorial en relación a la distribución de personas refugiadas y migrantes". Un acuerdo que debería hacerse a partir de los criterios del programa SHARE, que Navarra apoya; y que permitiría, en palabras de Santos, "una mayor previsión y en definitiva una mejor acogida e inclusión de estas personas".

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) y la Asociación Nacional de Informadores Gráficos de Prensa y Televisión (ANIGP-TV) han solicitado este 15 de septiembre la intervención del Consejo Superior de Deportes (CSD) para que la Liga de Fútbol Profesional aumente la presencia de fotorreporteros en los partidos del campeonato y en los amistosos.

Esta solicitud ha sido planteada por el presidente de la FAPE, Nemesio Rodríguez, el secretario general de la FeSP, Agustín Yanel, y el presidente de la ANIGP-TV, Víctor Lerena, en una entrevista que han mantenido con la presidenta del CSD, Irene Lozano, en la sede de este organismo.

Los dirigentes de dichas organizaciones han entregado a Irene Lozano una carta en la que exponen las reivindicaciones de los fotorreporteros, entre las que se encuentran también que se les permita cubrir los entrenamientos y las presentaciones de jugadores de los equipos participantes en las competiciones, como señalan en un comunicado.

Las organizaciones añaden que la presidenta del CSD ha considerado justos sus planteamientos y se ha comprometido a realizar las oportunas gestiones para que la Liga acepte modificar y mejorar las condiciones que ha impuesto a los fotorreporteros para el desempeño de su trabajo.

Las tres organizaciones señalan en su misiva que el ejercicio libre del periodismo constituye un pilar fundamental del sistema democrático, que ha sido reconocido por el Gobierno durante la pandemia como un servicio esencial para la sociedad. Por lo tanto, añaden, todo límite que se le imponga afecta no solamente a los profesionales del sector y a los medios, sino también al derecho de la ciudadanía a recibir información veraz.

Por ello, reclaman el aumento a 22 del número de profesionales de la información gráfica que puedan acceder a los encuentros de competición y/o amistosos gestionados por La Liga y/o la RFEF; y el acceso a los entrenamientos de los equipos participantes en dichas competiciones, así como a las presentaciones, ruedas de prensa y cualquier evento organizado por las entidades deportivas que tengan interés público.

También solicitan una mejor ubicación en los estadios para que los fotógrafos y cámaras de televisión puedan desarrollar su trabajo de la mejor manera posible y en condiciones que protejan su salud; y la realización de las tareas de limpieza del material de trabajo por ellos mismos, bajo la supervisión del personal designado por parte del club o La Liga, a fin de evitar roturas o daños en las cámaras.

Por último, para garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir una información plural, creen que debe evitarse que los clubes y La Liga sustituyan su trabajo, como ocurre con la distribución que realizan a los medios de información gráfica gratuita que consideran "atenta contra la libertad de prensa y constituye un caso flagrante de intolerable competencia desleal" con el sector.

La comunidad de Extremadura ha registrado hoy 206 casos positivos de Covid-19 confirmados por PCR, y ha notificado un fallecido en el Área de Salud Don Benito-Villanueva, lo que eleva a 539 las víctimas mortales en la región desde el inicio de la pandemia.

La persona fallecida es un varón de 63 años que estaba ingresado en el hospital de Don Benito y tenía patologías de base graves. Era natural de Villanueva de la Serena y estaba asociado al brote 46 de Don Benito.

De igual modo, la Dirección General de Salud Pública ha detectado en esta jornada 492 casos sospechosos y se han descartado 235. Asimismo, hay 120 personas ingresadas en los hospitales extremeños, 15 de ellas en UCI. También, se han dado 77 altas, lo que supone un acumulado de 5.789 desde el inicio de la pandemia en la región, informa en nota de prensa la Junta de Extremadura.

DATOS POR ÁREAS

En concreto, el Área de Salud de Badajoz detecta 107 casos sospechosos y descarta 23. Notifica 23 casos positivos confirmados. En el área hay siete pacientes ingresados, dos de ellos en UCI. Acumula 35 fallecidos y se han curado 1.049 pacientes desde el inicio de la pandemia.

A su vez, el Área de Salud de Cáceres notifica 136 casos sospechosos y ha descartado 69. Declara 48 casos positivos. El área tiene 41 pacientes ingresados, tres de ellos en UCI. Han fallecido 273 personas y se han dado 2.041 altas desde que se inició la pandemia.

Mientras, el Área de Salud de Mérida notifica 57 casos sospechosos y descarta 49. Tiene 50 positivos confirmados. Hay 17 pacientes hospitalizados, tres de ellos en UCI. Ha registrado 33 fallecidos y ha dado 551 altas desde el inicio de la pandemia.

Por su parte, el Área de Salud de Plasencia detecta 25 casos sospechosos y ha descartado 18. Notifica cuatro casos positivos. Tiene diez pacientes ingresados, cuatro de ellos en UCI. Desde que se inició la pandemia acumula 78 víctimas mortales y hay 694 pacientes curados.

De su lado, el Área de Salud de Don Benito-Villanueva de la Serena detecta 54 casos sospechosos y ha descartado 17. Notifica 60 casos positivos. Tiene 25 pacientes hospitalizados, tres de ellos en UCI. Ha registrado un total de 31 fallecidos y tiene 604 altas desde que se inició la pandemia de Covid-19.

Igualmente, el Área de Salud de Navalmoral de la Mata ha registrado 13 casos sospechosos y descarta quince. Notifica 19 casos positivos. Tiene tres pacientes ingresados. Acumula 60 personas fallecidas y hay 492 pacientes curados desde que se inició la pandemia.

A su vez, el Área de Salud de Coria notifica 56 casos sospechosos y ha descartado 40. No registra casos positivos. Tiene dos pacientes ingresados por Covid-19. Acumula 22 víctimas mortales y se han dado 231 altas desde que se inició la pandemia de coronavirus.

Finalmente, el Área de Salud de Llerena-Zafra notifica 44 casos sospechosos y ha descartado cuatro. Registra dos casos positivos. Tiene quince pacientes hospitalizados. Han fallecido siete personas y hay 127 pacientes curados desde el comienzo de la pandemia.

El Consejo de Ministros ha acordado este martes la distribución a las comunidades autónomas de 9,5 millones de euros para ejecutar programas en materia de drogodependencias y otras adicciones. Esta suma procede de distintas partidas recogidas en los Presupuestos Generales del Estado, que se destinan anualmente a cubrir los gastos derivados del desarrollo de la Estrategia Nacional sobre Drogas en los planes autonómicos.

Así, sirven para sufragar programas de atención directa a adicciones, programas de prevención, de atención a familias, de rehabilitación y reinserción social y laboral, etc. De modo que esta transferencia permitirá a las comunidades autónomas poder desarrollar, entre otras actuaciones, convocatorias de subvenciones para las entidades del Tercer Sector dedicadas a las drogodependencias y otras adicciones en sus respectivos ámbitos territoriales.

Concretamente se van a repartir 9.519.400 euros, y la distribución queda de la siguiente manera: Andalucía recibirá 1.499.814,09 euros; Aragón, 370.740.10 euros ; Asturias, 385.753,24 euros; Baleares, 261.296,03 euros; Canarias, 451.594,41 euros; Cantabria, 209.008,02 euros; Castilla-La Mancha, 460.359,32 euros; Castilla y León, 714.023,55 euros; Cataluña, 1.384.205,86 euros; Comunidad Valenciana, 835.221,55; Extremadura, 325.552,75 euros; Galicia, 576.767,86 euros; Madrid, 1.454.853,48 euros; Murcia, 335.761,33 euros; La Rioja, 126.120,01 euros; Ceuta, 67.977,40 euros y Melilla recibirá 60.351 euros.

La práctica totalidad de grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados han adelantado su apoyo a la tramitación de la Proposición de ley del PSOE de reforma del Registro Civil, que supondrá la supresión de los juzgados que han venido ejerciendo estas funciones y su sustitución por las denominadas oficinas generales de Registro Civil, a cargo de funcionarios públicos.

La norma cuya toma en consideración se discutió en el Pleno de este martes pretende mejorar la aprobada en 2011 que aún no ha podido entrar en vigor. Han avanzado su voto en contra JxCat y Vox.

La reforma legal está dirigida "preservar la naturaleza del Registro Civil como un servicio público y gratuito" y, para ello, frente de cada Oficina General del Registro Civil estará un Encargado del Registro Civil, que ejercerá sus cometidos bajo la dependencia funcional de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.

Ello conllevará que, a la fecha de entrada en vigor de esta ley queden suprimidos los Juzgados que, de forma exclusiva, han venido ejerciendo funciones de Registro Civil y el Registro Civil Central y, en su lugar, se crean oficinas generales de Registro Civil y la Oficina de Registro Civil Central".

Además, el PSOE propone que puestos de trabajo de las oficinas del Registro Civil solo puedan ser cubiertos por personal de los cuerpos generales de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, que se ordenarán de acuerdo con lo establecido en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo.

De este modo, el PSOE propone aprovechar la experiencia de los empleados públicos a cargo de su Ilevanza para la implementación del nuevo modelo del Registro Civil y la culminación del mismo en la fecha de entrada en vigor y, muy especialmente, "respetar de forma escrupulosa y completa sus derechos y sus expectativas profesionales durante el periodo de implantación del nuevo Registro".

La entrada en vigor de la actual Ley, que data de 2011, fue sufriendo sucesivos aplazamientos, ya que, si inicialmente se estableció que la misma se produciría a los tres años de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, es decir el 22 de julio de 2014, posteriormente han sido necesarios periodos adicionales por las diferentes vicisitudes acaecidas a lo largo de este tiempo.

Ahora se pretende que la entrada en vigor se produzca en la última fecha prevista de 30 de abril de 2021, sin ulteriores aplazamientos; "ya que una institución de la importancia del Registro Civil para todo el Estado español y que con su organización más moderna y eficiente va a presentar una enorme utilidad práctica para todos los ciudadanos y para la mejor prestación de los servicios públicos, justifica sobradamente el gran esfuerzo organizativo, tecnológico y económico que su implantación va a exigir", añade la exposición de motivos.

Otros aspectos de la reforma van dirigidos a garantizar el acceso a todos los ciudadanos, con una red de oficinas dotada de servicios electrónicos y adecuadamente capilarizada en todo el territorio nacional, para proporcionar la necesaria cercanía a los usuarios del servicio registral.

UNA OFICINA POR PARTIDO JUDICIAL

Para ello, se propone la aperutra una Oficina General del Registro Civil en todas las poblaciones que sean sede de la capital de un partido judicial. Además, razón de la singular distribución de la población, por las características del territorio o en atención a las dificultades de acceso derivadas del carácter insular, por la administración pública competente en virtud de su localización se podrán crear Oficinas Generales adicionales mediante transformación de las existentes en los Juzgados de Paz.

Del mismo modo, se propone que puedan agruparse oficinas generales para la mejor prestación de un servicio eficiente, en los casos en que se estime más conveniente, atendida la carga de trabajo, por la administración pública con competencias en ese territorio.

La nueva Ley del Registro Civil, aprobada en 2011, continúa en 'vacatio legis' dada la complejidad técnica y sobre todo tecnológica que requiere. De momento, según se señala en la exposición de motivos de la Proposición de Ley, dicho periodo "ha posibilitado el adecuado desarrollo de la plataforma digital adaptada al nuevo modelo, sobre la cual se inscribirán todos los hechos relativos al estado civil de las personas que deban acceder al Registro, se organizará la publicidad de la información registral en formato digital y se posibilitará el acceso telemático al mismo, respecto de los ciudadanos, mediante su identificación electrónica".

Unidos a estos cambios tecnológicos están la mayoría de los artículos de la Proposición socialista, que apuntan a una serie de mejoras técnicas en determinados preceptos que, con el paso del tiempo o por anteriores reformas, han quedado desajustados a la realidad actual o cuya necesidad ha surgido en el proceso de desarrollo de la aplicación informática.

CÓDIGO PERSONAL

Así, se ha visto que constituye el sustento de la institución Registral que se preconiza la asignación del Código Personal, de forma que sea un número invariable que se atribuye a cada persona. La regulación inicial, no demasiado clara en este aspecto, parecía asignar directamente el número del DNI a los nacidos, como número personal que ya permanecería invariable.

Sin embargo, se ha observado que ese sistema no era el adecuado, debido a que en el frecuente supuesto en que personas con nacionalidad extranjera sean objeto de alguna inscripción en el Registro Civil (sea en el momento de su nacimiento o sea posteriormente, en el momento de su matrimonio, de su defunción, etc.) no van a tener DNI.

Por ello, se prevé la asignación de Código Personal por el sistema informático del Registro Civil con la colaboración del Ministerio del Interior en su confección, al cual se asociará de forma inmediata el número del DNI cuando la persona tenga nacionalidad española, o cualquier otro documento identificativo oficial, en otro caso; siendo invariable durante toda la vida del sujeto .

También se ha considerado necesario modificar la regulación de la firma electrónica empleada en el funcionamiento del Registro Civil, distinguiendo la que se emplea para la práctica de asientos, que será la propia del encargado que firme el asiento, y la que se empleará para la expedición de certificaciones, que se podrá automatizar con base en la previa identificación digital del solicitante, y que por ello se deberá verificar con un sello cualificado de sistema.

La llegada de una "inusual" borrasca atlántica provocará abundantes precipitaciones y un descenso gradual de las temperaturas desde el jueves al menos hasta el próximo lunes, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología en un aviso especial.

Así, prevé que a partir del jueves y, al menos hasta el lunes, se espera que la Península estará afectada por una amplia borrasca que es inusual para esta época del año y provocará precipitaciones abundantes y un descenso progresivo de las temperaturas, sobre todo de las diurnas.

En la actualidad, la borrasca está sobre el Atlántico, al noroeste de Galicia, y se irá intensificando a medida que se desplaza hacia el sur.

La AEMET señala que a pesar de la distancia la atmósfera está ya empezando a inestabilizarse y señal de ello fueron las tormentas que se registraron este lunes y que continuarán desarrollándose de forma dispersa este martes y mañana miércoles.

Sin embargo, será a partir del jueves cuando es muy probable que la borrasca esté lo suficientemente próxima a la Península como para que penetre el primer frente, que afectará al extremo occidental.

Además del frente, el aumento de la inestabilidad y la gran cantidad de humedad de origen subtropical captada por la propia borrasca, favorecerán los chubascos en gran de la Península, que serán localmente fuertes y estarán acompañados de tormentas y granizo. El área menos afectada será el Mediterráneo.

Respecto al fin de semana, la AEMET ha pronosticado que el centro de la borrasca cambiará de dirección el viernes y se dirigirá primero hacia el este y alcanzará el sur de Portugal y después durante el sábado y el domingo se trasladará del sur al norte y recorrerá el extremo occidental peninsular.

Los distintos frentes de la borrasca irán entrando en la Península por el suroeste generalizando las precipitaciones y, al ir acompañados de intervalos de viento fuerte de componente sur, seguramente serán persistentes en las laderas sur de los sistemas montañosos.

Desde el lunes es probable que la borrasca se aleje por el Cantábrico hacia el sur de las Islas Británicas, a donde llegará ya muy debilitada.

La AEMET prevé que dada la extensión de la borrasca probablemente afectará en mayor o menor medida a todo el territorio peninsular, aunque no a Canarias y seguramente tampoco a Baleares.

Finalmente, avisa de que debido a la incertidumbre que existe en la trayectoria de la borrasca, se recomienda consultar las predicciones actualizadas ya que un pequeño cambio puede modificar sensiblemente las zonas afectadas.

Más País-Equo y Compromís han presentado este martes en el Congreso una proposición de ley para delimitar la inviolabilidad del Rey acotando los actos que realiza como Jefe del Estado y diferenciándolos de los que hace como "persona privada" y, por tanto, "no inviolable".

El texto ha sido presentado en rueda de prensa por el líder de Más País, Íñigo Errejón, la diputada de Equo, Inés Sabanés, y el diputado de Compromís, Joan Baldoví.

La iniciativa, bautizada como Ley de Responsabilidad de la Corona, tiene como objetivo, según ha destacado Errejón, "facilitar la transparencia y la rendición de cuentas" y, a su juicio, debería ser punto de consenso para cualquier demócrata, con independencia de que se sea monárquico o republicano.

Mientras Sabanés ha recalcado que con esta iniciativa se busca solucionar un tema "que no está resuelto", Baldoví ha subrayado que es necesario dejar claro por ejemplo que si el Rey "actúa como comisionista no lo hace como jefe del Estado y no puede acogerse a la inviolabilidad".

En concreto, el texto propone que la involabilidad del Rey o la Reina alcance exclusivamente a su actividad institucional, es decir, a los actos que necesiten de refrendo, y que ésta se mantenga incluso tras abandonar la titularidad de la Jefatura del Estado. Además, plantea que la responsabilidad derivada de dichos actos recaiga sobre las personas designadas para refrendarlos.

De esta forma, el titular de la Corona sí será "responsable de los actos u omisiones que realice, ya sea a título particular o como miembro de la Familia Real".

En otros de los artículos, la proposición de ley establece que serán las leyes procesales las que determinen qué tribunal o tribunales son los competentes para conocer de los proceso seguidos para determinar la responsabilidad, civil o penal, del Rey o la Reina.

AFORAMIENTO REAL

El texto incluye también una disposición que reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial regular el aforamiento del Rey y equipararlo al de otras altas instituciones del Estado.

En concreto, persigue que sean las Salas de lo Civil y lo Penal del Supremo las que conozcan de la tramitación y enjuiciamiento de las acciones civiles y penales, respectivamente, dirigidas contra el Rey, la Reina, la Reina consorte, el consorte de la Reina, la Princesa o Príncipe de Asturias y su consorte, así como contra el Rey o la Reina que hubiera abdicado y su consorte.

El PP defiende ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo estar legitimado para solicitar la anulación del acuerdo del Consejo de Ministros que designó a Dolores Delgado como fiscal general del Estado, un asunto aún pendiente de resolver por el alto tribunal. Lo hace tras conocer el informe de la Abogacía del Estado que niega dicha legitimidad al partido liderado por Pablo Casado.

Así, el PP defiende que su interés legítimo en este asunto deriva de contar con representación parlamentaria en el Congreso de los Diputados, "ante el cual los diputados pertenecientes al grupo parlamentario popular, elegidos en las elecciones generales a las que esta parte concurrió, asistieron a la comparecencia de la persona designada, mostrándose en tal comparecencia pública y notoriamente en oposición al nombramiento en cuestión".

A lo largo de su escrito de alegaciones, al que ha tenido acceso Europa Press, el PP reprocha a la Abogacía del Estado que pretenda negar sistemáticamente la legitimación de los partidos políticos para impugnar este tipo de acuerdos sin atender a un criterio "casuístico", ya que ello es incompatible con el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión del artículo 24.1 de la Constitución.

A juicio de esta parte, la interpretación reduccionista del instituto de la legitimación que defiende la Abogacía del Estado provoca que "se generen espacios de impunidad para arrebatar a la Jurisdicción el conveniente control de los requisitos reglados de los actos políticos como es el de la designación de Delgado.

LOS PARTIDOS, HERRAMIENTAS DEMOCRÁTICAS

Por ello, a lo largo de su escrito el PP incide en esa condición especial, constitucionalmente consagrada, de partido político "como herramienta y cauce esencial del funcionamiento democrático", que ha de ser tenida en cuenta a la hora de "interpretar con amplitud las fórmulas que emplean las leyes procesales en la atribución de la legitimación".

Insiste además en que en su condición de principal partido de la oposición en las Cortes Generales tiene no sólo el derecho "sino la obligación institucional de ejercer un proporcional y adecuado control de los actos del Gobierno, tanto parlamentariamente como también mediante la interposición de oportunos recursos ante la Jurisdicción ordinaria, y la Constitucional", especialmente ante actos que consideren "abiertamente ilegales o inconstitucionales".

En su escrito se recuerda además la propia opinión que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, manifestó públicamente respecto de la noción de separación entre Gobierno y Ministerio Fiscal y la necesaria imparcialidad de este último, "y que puede incidir en los intentos de incidir en su funcionamiento a través del nombramiento en cuestión".

En la entrevista citada, que tuvo lugar en RNE el pasado 6 de noviembre, Sánchez a modo de respuesta a un periodista, preguntó al mismo "¿La Fiscalía de quién depende? ¿De quién depende?". Y como la respuesta del periodista fue "del Gobierno", le repuso "Pues ya está".

Igualmente, insiste el partido de Casado ante el Supremo que no puede olvidarse la "pública y notoria animadversión de la persona designada como Fiscal General del Estado" frente al PP, del que ha dicho públicamente que "lleva en su ADN la corrupción", que "es un partido corrupto y en descomposición, y esa descomposición se refleja día a día en el Parlamento", o que se toma la violencia de género como "una especie de broma".

Por todo ello, el PP pide a la Sala de lo Contencioso del Supremo que desoiga los argumentos de los Servicios Jurídicos del Estado y, en base a su legitimidad para impugnar el nombramiento, anule el real decreto por el que se nombró a Delgado por no cumplir con los criterios de idoneidad e imparcialidad exigibles para dirigir la Fiscalía.