El tribunal de los atentados de Cataluña reanuda el martes el juicio

El tribunal de la Audiencia Nacional que juzga a los tres presuntos miembros de la célula yihadista que atentó en Barcelona y Cambrils (Tarragona) el 17 y 18 de agosto de 2017 reanudará la vista oral este martes y miércoles para escuchar los informes finales de las defensas.

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha señalado el próximo martes y miércoles para que los abogados de Mohamed Houli Chemlal, Driss Oukabir y Said Ben Iazza expongan ante el tribunal por qué no deben ser considerados responsables de los atentados cometidos en Cataluña, que dejaron 16 víctimas mortales y centenares de heridos.

Después será el momento en el que los acusados hagan el uso del turno de la última palabra, si así lo consideran oportuno. Tras ello, el tribunal dejará visto para sentencia el juicio que comenzó el pasado 10 de noviembre.

Previsiblemente, uno de los acusados que sí hará unas últimas declaraciones ante el tribunal será Driss Oukabir, ya que en muchas de las sesiones del juicio se le ha escuchado quejarse de lo que algunos testigos o peritos han manifestado.

También lo hizo durante la exposición de informes de algunas acusaciones, lo que llevó al presidente del tribunal, Alfonso Guevara, a regañar, una vez más, al acusado y pedirle que no interrumpiera las sesiones. Los acusados han estado siguiendo el juicio desde una sala acristalada.

CONCLUSIONES DE LAS DEFENSAS

La defensa de Mohamed Houli Chemlal –único superviviente de la explosión de la casa de Alcanar donde la célula yihadista preparaban explosivoa– afirmó durante el trámite de conclusiones, que su defendido «ni ejerció nunca toma de decisiones (de la célula), ni actuó organizando plan alguno», sino que siguió «órdenes» del resto de integrantes «dominantes» del grupo porque tenía miedo por su vida y por la de su familia.

Asimismo, subrayó que Houli Chemlal ha colaborado con la Justicia desde el inicio confesando los hechos –algo que ha rechazado tanto el Ministerio Público como las distintas acusaciones–, por lo que considera que se le deben aplicar atenuantes en la condena que le puedan imponer. Este acusado se negó a declarar en el juicio, remitiéndose a lo ya manifestado durante la instrucción, y se limitó a mostrar arrepentimiento por lo sucedido.

Por todo ello, la abogada Carmen González entiende que tan solo se puede condenar a su defendido a cuatro años de prisión por el delito cooperación para el depósito de explosivos, ya que sí habría «cooperado» y «acompañado» al resto de miembros para la compra de explosivos, aunque destacó que éste «no tenía escapatoria». Aún así, recalcó que, en su opinión, no se ha podido probar cuál era la intencionalidad de lo que se estaba fabricando en Alcanar.

Con respecto a las defensas de Driss Oukabir y Said Ben Iazza, piden la libre absolución para ambos. Durante sus declaraciones como acusados, se limitaron a responder a sus abogados, desmarcándose de la tesis acusatoria de la Fiscalía.

Así, Driss Oukabir aseguró que «jamás» había estado en Alcanar, se desvinculó de prácticas religiosas y afirmó que se dedicaba a «salir de fiesta», «consumir drogas» e «ir con chicas de compañía». Trató de desmontar la principal línea de acusación señalando que alquiló una furgoneta días antes del atentado porque su hermano Moussa y los amigos de éste Mohamed Hichamy y Younes Abouyaaqoub –abatidos tras los atentados– le dijeron que querían hacer una mudanza.

Por su parte, Said Ben Iazza también negó los hechos de acusación y dijo que no había tenido contactos ni con el imán de Ripoll, a quien se considera líder de la célula yihadista, ni con Alcanar. La acusación contra él se centra en el préstamo a Younes Abouyaaqoub –autor material del atropello masivo en La Rambla– de una furgoneta que era propiedad de su tío y por dejar su documentación personal con la que la célula yihadista adquirió productos químicos.

El acusado explicó que prestó la furgoneta porque le comentaron que querían «transportar productos de limpieza», negando su participación y conocimiento de cualquier plan de atentar.

SUSPENDIDO EL JUICIO POR COVID TRAS LOS INFORMES DE LAS ACUSACIONES

El tribunal suspendió el pasado 4 de febrero el juicio hasta que dos de los abogados defensores que habían dado positivo en covid, o manifestaban síntomas del virus, se recuperaran totalmente para poder informar presencialmente.

La Fiscalía y las acusaciones particulares y populares ya han expuesto ante el tribunal sus informes finales y han explicado sus peticiones de pena. El Ministerio Público pide penas de prisión que van hasta los 41 años pero, al contrario que muchas de las acusaciones, no considera a los acusados responsables de las víctimas mortales de los atentados.

La Fiscalía afirmó que Mohamed Houli Chemlal –para quien se piden 41 años de cárcel–, Driss Oukabir –que se enfrenta a 36 años de prisión– y Said Ben Iazza –para quien sólo se interesan 8 años de cárcel– no participaron, ni pudieron hacerlo, en los atentados de Cataluña. Explicó que los dos primeros pertenecían a la célula yihadista que atacó y que Ben Iazza simplemente colaboró con ella prestando una furgoneta y documentación personal para adquirir los precursores de explosivos.

Sin embargo, ninguno de los tres acusados estaban presentes cuando los miembros de la célula, que fueron abatidos tras los atentados, decidieron cambiar sus planes y dirigirse hacia La Rambla de Barcelona y el paseo marítimo de Cambrils tras conocer que la vivienda de Alcanar (Tarragona), donde se preparaban los explosivos liderados por el imán de Ripoll (Girona) Abdelbaki Es Satty, saltó por los aires.

La mayoría de las acusaciones particulares discrepan con el Ministerio Público y creen que los acusados eran plenamente conocedores del único plan que había: «matar y dañar». Así lo dijo la abogada de los mossos d’Esquadra que resultaron heridos en Alcanar, una afirmación que han compartido casi todos los abogados que representan a las víctimas.

Las acusaciones populares ejercidas por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y la Asociación 11-M fueron las últimas en informar y reiterando su petición de pena de prisión permanente revisable para Houli Chemlal y Oukabir argumentando que ha quedado acreditado que ambos «formaban parte del plan criminal» y que la única «misión» que tenía la célula yihadista a la que pertenecían era «causar un atentado en el cual murieran el mayor número de personas».