El ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que investiga el caso ‘Púnica’, un careo con el ex tesorero del partido Luis Bárcenas, a los efectos de «acreditar la falsedad» de los hechos manifestados por éste último el pasado día 25 de febrero.
Bárcenas manifestó en calidad de testigo que entregó, entre 2007 y 2008, junto al también extesorero del partido Álvaro Lapuerta a la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre un sobre con 60.000 euros que habían recibido de la constructora Ploder para financiar campañas electorales.
En un escrito, la defensa de Granados solicita al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 la diligencia del careo «en el sentido de negar la veracidad de los hechos en ella relatados» y para aclarar «con carácter inmediato» los motivos que llevaron a Bárcenas a situar en dicho encuentro al exsecretario general del PP de Madrid.
Según el relato de Bárcenas, el dinero fue recibido por Lapuerta, y se metió en un sobre marrón de los que se usaban en la Tesorería del partido. Ambos, gerente y tesorero, bajaron a la planta primera de la sede del PP en la calle Génova de Madrid y lo entregaron en mano a Aguirre, quien estaba en compañía de Granados y del que fuera el gerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez.
El escrito firmado por el abogado José Javier Vasallo apunta que Bárcenas confundió el cargo de Granados como secretario general de la formación regional con el de secretario de campaña de las elecciones de 2007, que en ese momento ostentaba el que también fue presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, investigado en los casos ‘Púnica’ y ‘Lezo’.
GRANADOS «NO TENÍA NADA QUE HACER EN ESE DESPACHO»
Esto demuestra, a juicio de la defensa de Granados, que esta circunstancia es «manifiestamente falsa», ya que el exsecretario general del PP madrileño «no tenía nada que hacer en ese despacho y en esas elecciones», pues no tenía ninguna responsabilidad en las mismas.
El abogado de Granados incluso señala que el propio Bárcenas se «sorprendió» cuando la Fiscalía aclaró quien era en 2007 el secretario de la campaña electoral y emplaza al juez instructor a revisar la grabación de la comparecencia y «ver el rostro» del testigo. «Algo le fallaba en el plan establecido, dicho todo ello en términos legales y de defensa», destaca.
Asimismo, el abogado José Javier Vasallo también considera que el careo es pertinente para dilucidar por qué Bárcenas declaró «absolutas generalidades y sobre procedimientos que no forman parte de ‘Púnica'», como pueden ser la pieza denominada ‘Época I: 1999-2005’ del caso Gürtel, ya juzgada y por la que el extesorero del PP está condenado a 29 años de prisión, o con las relativas a las parcelas de Majadahonda y Arganda del Rey, pendientes de juicio.
En este sentido, asegura que Bárcenas hizo un «totum revolutum» de los hechos relativos a otras causas judiciales para «enfatizar, e incluso, dotar de mayor fuerza y fiabilidad extremos ajenos a esta causa».
FALTA DE PRUEBAS
Y todo, ello, continúa el escrito, «sin contar con ningún tipo de prueba documental, gráfica o escrita». Según el letrado, realizó tal afirmación siguiendo «las instrucciones recibidas por alguna persona interesada en traerlo al presente procedimiento, fuere cual fuere la causa para ello».
De hecho, considera que es «tremendamente curioso» que el único testigo de lo manifestado sobre la financiación irregular del PP sea el fallecido Álvaro Lapuerta y que siempre utilice como «recurso común» la referencia al que fuera predecesor de Bárcenas en la Tesorería del PP.
Así, el abogado de Granados considera que la testifical del extesorero de la formación política tuvo «mucho bombo y revuelo mediático» pero en verdad no tiene «relevancia alguna» para el curso del caso ‘Púnica’, que se inició a instruir en 2014. En su opinión, ha supuesto una «pérdida de tiempo».
NO EXISTÍA RÉGIMEN SANCIONADOR PENAL
El escrito enmarca la presunta entrega de 60.000 euros en la financiación de las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2007, ya que, según explica, estos fueron los únicos comicios a los que Aguirre se presentó en esas fechas. Al año siguiente se celebraron las elecciones al Parlamento Europeo y la expresidenta regional no participó en dicha campaña, apunta Granados.
En cualquier caso añade que debe tenerse en cuenta que en mayo de 2007 no existía «ningún régimen sancionador, ni penal ni de ninguna otra índole, salvo chascarrillo, revuelo mediático y perjuicios ocasionados a cada uno de los agraciados con el título de ser nombrados en la declaración».
Recuerda que la ley Orgánica aprobada en julio de 2007 sobre financiación de los partidos políticos no establecía régimen sancionador penal, que se introdujo con la reforma del Código Penal en 2015. Aún así, en el caso de considerarse constitutiva de delito, la defensa de Granados subraya que los hechos habrían prescrito, pues desde que tuvo lugar la entrega del dinero hasta la supuesta revelación de Bárcenas han transcurrido 14 años.
