Vox ha rehusado este lunes dar los nombres de los ‘líderes internacionales’ con los que está hablando el presidente del partido, Santiago Abascal, buscando alianzas para intentar combatir la censura en redes sociales como Twitter. El portavoz del Comité de Acción Política, Jorge Buxadé, ha preferido no desvelar sus identidades para «no ponerles en la diana» y evitar que sus cuentas sean clausuradas, como le ha ocurrido al todavía presidente estadounidense, Donald Trump, tras el asalto al Capitolio.

Durante la rueda de prensa que ha ofrecido en la sede de su partido, Buxadé ha vuelto a denunciar lo que considera un «ataque brutal» de las grandes tecnológicas a la «libertad de opinión, expresión y política».

«Las ‘bigtec’ no pueden convertirse en policías globales del pensamiento», ha proclamado, quejándose de que se clausuren cuentas como la de Trump, pero se permita, según ha dicho, el acceso a sus servidores de «talibanes, terroristas y numerosos dictadores». «Esto es sólo censura al disidente, al que denuncia una nueva forma de gobernanza mundial que pretende acabar con la democracia tal y como la conocemos», ha añadido.

¿DE QUÉ SIRVEN LOS PARLAMENTOS?

En este contexto, se ha preguntado de qué sirven los gobiernos, los parlamentos y las constituciones si «un grupo de multimillonarios, oligarcas y plutócratas con la oligarquía de las agencias internacionales se permiten el lujo de decirlo que es verdad y mentira».

Para luchar contra lo que en Vox denominan «policía global del pensamiento», Abascal ha iniciado ya contactos con varios líderes internacionales, pero cuya identidad, de momento, no van a desvelar para, en palabras de Buxadé, «no ponerles en la diana».

Preguntado si Vox a abierto algún tipo de reflexión interna sobre la conveniencia de mantener vínculos con el entorno de Trump tras el asalto al Capitolio, Buxadé ha contestado que no tienen por qué hacerla porque ellos no son responsables de esos actos. Tampoco ha querido explicar si atribuyen algún grado de responsabilidad al aún presidente.

Eso sí, ha admitido que «muchísimas cosas» de las que ha hecho Trump les parecen «muy buenas». «No vamos a dejar de defenderlas y de decirlo», ha indicado, citando la recuperación económica y la «batalla cultural». A su juicio, precisamente porque estaba «ganando esa batalla cultural con la libertad y la razón de su lado», las tecnológicas le han aplicado la censura.

CASADO «MIENTE VILMENTE» Y NO ENTIENDE LO QUE PASA

Además, el dirigente de Vox se ha referido al hecho de que el líder del PP, Pablo Casado, les haya acusado de no haber condenado al asalto al Capitolio. Desde su punto de vista, el presidente ‘popular’ «sigue confundiéndose de adversario y de enemigo» cuando hace estas afirmaciones y no «entiende lo que está sucediendo».

Asimismo, le ha acusado de «mentir vilmente» al decir que Vox no ha «condenado actos de violencia» y le ha retado a condenar él los que sufrieron afiliados de Vox durante la campaña de las elecciones vascas y gallegas y ahora sufren ante las catalanas.

En cualquier caso, ha dejado claro que la actitud de Casado no variará un ápice el apoyo de Vox a los gobiernos que el PP tiene con Ciudadanos en Andalucía, Murcia y Madrid. «Los españoles pueden estar tranquilos», ha remachado.

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia a lamentado que PP y Cs «no hayan habilitado espacios adicionales para personas sin hogar en plena ola de frío» y que «haya personas sin hogar en la calle sin opciones para refugiarse», según informaron fuentes de esta formación política en un comunicado.

«Si, en vez de boicotear nuestras mociones, como la del último Pleno que pedía más plazas de alojamiento, el Gobierno municipal de PP y Cs se dedicara a asumir su responsabilidad y ofrecer soluciones inmediatas a emergencias no tendríamos que criticar, una vez más, su falta de planificación y su pasividad a la hora de tomar decisiones en política social», ha declarado la concejala socialista Esther Nevado.

«Es necesario que el Ayuntamiento de Murcia tenga previsto un dispositivo específico con un espacio extra que permita plazas suficientes destinadas a las personas sin hogar durante los meses de diciembre, enero, febrero y marzo», afirma la concejala.

A este respecto, ha aclarado que, «mientras la moción que el Grupo Socialista, junto a Podemos, exigía el mes pasado más plazas, es decir, mientras llamábamos a la acción, PP y Cs se aliaron para marear la perdiz y dedicarse a la teoría, por lo que nos ha pillado el frío con un centenar de personas en la calle y con los espacios, gestionados por organizaciones, desbordados». Así, recuerda que esta circunstancia provocó que «hace unas semanas una persona muriera en la calle porque no tenía dónde refugiarse».

Asimismo, Nevado manifiesta que todo esto es resultado de una gestión de las polítifcas sociales en el Ayuntamiento «mala» y «basada más en la solidaridad y la caridad de los vecinos y vecinas que de una auténtica estrategia pública de respuestas inmediatas a los graves problemas que nos podemos encontrar en este terreno».

«No hay más que señalar que mientras los ayuntamientos más grandes dedican un diez por ciento de su presupuesto a los servicios sociales en Murcia nos quedamos en un siete», ha añadido.

Ha insistido en que las soluciones «se derivan al tejado de las organizaciones y colectivos que no dan más de sí, y a repartir de sacos de dormir. Sin embargo, el frío no es de una noche, en invierno hace frío durante meses y las drásticas bajadas de temperaturas es lo normal en esta etapa del año».

Por otro lado, la concejala advierte de que hemos tenido conocimiento que la Concejalía de Derechos Sociales ha atendido a 54 personas, pero no sabemos dónde han sido alojadas ni qué medidas se han adoptado después, porque «estamos en plena pandemia y hay que cumplir un protocolo anti Covid, es decir, deben ser hospedadas en habitaciones individuales para evitar contagios».

El Juzgado de lo Penal número 9 de Málaga ha acordado mantener la suspensión de la pena de prisión a la que fue condenado el dueño de la finca de Totalán donde estaba el pozo en el que cayó y falleció hace ahora dos años el pequeño Julen. No obstante, señala que debe ser «advertido de manera personal de su posible revocación» si se producen nuevos impagos de la indemnización a los padres y si no informa de su situación económica al juzgado.

Así consta en un auto, en el que se decide sobre la petición realizada por la Fiscalía y por la familia del pequeño de dos años que solicitaron hace unas semanas el ingreso en prisión «inmediato» de David Serrano al no haber pagado más que dos mensualidades de la indemnización a la que fue condenado de conformidad por un delito de homicidio por imprudencia grave.

Serrano fue condenado a un año de cárcel y a indemnizar a cada uno de los padres con 89.500 euros, con una cuota mensual de 50 euros. La pena de prisión fue suspendida, por lo que no ha ingresado en la cárcel, aunque estaba condicionada a cuestiones como el pago de la responsabilidad civil pendiente. Así, abonó inicialmente 25.000 euros y después de la sentencia solo ha pagado dos meses.

Ante la petición del ingreso en prisión, por parte de la defensa del condenado se consignó judicialmente la cantidad de 500 euros por las deudas de su cliente. Ahora, el juzgado da la razón a sus abogados y considera que lo sucedido «no debe conllevar la revocación del beneficio de la suspensión, pero sin que la falta de pago pueda quedar escudada sin más en una simple declaración de insolvencia».

Así, el juez precisa que en este caso se deduce que el penado «no es insolvente total, no pudiendo olvidarse que es titular registral de algún inmueble y además llegó a consignar antes del juicio en pago parcial de la responsabilidad civil un importe que aisladamente cuantificado es de consideración», aunque mínimo si se tiene en cuenta el concepto global de responsabilidad civil.

Asimismo, «no se entiende que el referido penado no haya venido cumpliendo de forma puntual cada mes con el pago de esos 50 euros, que respecto del importe total de la cantidad estipulada en concepto de responsabilidad civil es una cifra irrisoria y en ningún caso permitirá que la misma sea satisfecha con anterioridad a la finalización del plazo de suspensión», apunta el magistrado.

Pero, añade que «no por ello esa actitud omisiva, al menos en esta ocasión, ha de considerarse como incumplimiento grave y reiterado de tal forma que lleve consigo la revocación del beneficio de la suspensión como se pretende por no poder relacionarse lo ocurrido con un incumplimiento deliberado ni acompañado de una ocultación de bienes dirigido a no pagar nada mas de la responsabilidad civil».

«El propio acusado ha reconocido la omisión en la que estaba incurriendo y las consecuencias que podría acarrear, siendo así que con la consignación judicial que llevó a cabo de 500 euros en el mes de diciembre de 2020 se ha puesto al día en la cuantía que debía haber satisfecho hasta esa fecha», indica el auto, considerando la conducta como «una simple disfunción que ha sido remediada».

Al respecto, indica que con ello se manifiesta «su intención de seguir cumpliendo con el abono de la responsabilidad civil, lo que va a permitir que el beneficio de la suspensión siga rigiendo en todos los términos que fueron establecidos». «Otra cosa sería que el penado vuelva a incurrir en esa conducta omisiva habida cuenta que la decisión podría ser otra, y así deberá tenerlo en cuenta», advierte.

Para ello, el magistrado indica que el juzgado «comprobará de manera expresa y mensualmente que el abono se haya producido». De la misma manera, se señala que el que se haya aceptado pagar 50 euros mensuales «no implica que el condenado haya siempre de acogerse a esa cantidad que incuestionablemente habría de ser aumentada si es que su capacidad económica mejorara durante el plazo total de suspensión».

En este contexto, en la resolución se apunta, además, que no consta que haya comparecido en este Juzgado personalmente de manera semestral –por tanto durante el mes de junio y el mes de diciembre de 2020– a dar cumplimiento a aquella otra condición vinculada a la suspensión y que le obligaba a proporcionar los datos actualizados acerca de su situación económica».

Por tanto, se advierte «expresamente» a Serrano de «su inmediato cumplimiento, debiendo vigilarse también que así sea y que el mismo comparezca inmediatamente el presente mes de enero y posteriormente cada semestre –junio y diciembre de 2021– para explicar en sede judicial cuáles son sus ingresos y concrete sus circunstancias económicas y patrimoniales en cada momento».

Al respecto, se insta a que comparezca en el juzgado en el plazo de cinco días hábiles desde la notificación de este auto para que se le notifique el mismo de forma personal y para que se pronuncie sobre sus circunstancias económicas desde el dictado de la sentencia. Se le advierte, igualmente, que «si siguiera incompareciendo ello si que podría acarrear definitivamente la revocación del beneficio de la suspensión».

Asimismo, el juzgado realizará averiguaciones patrimoniales periódicas para verificar el estado de su situación y, además, «evaluará en cada momento el esfuerzo desarrollado para llevar a cabo el compromiso» de pago y esa valoración se hará igualmente al momento de la finalización del plazo de la suspensión por si fuera procedente entonces la revocación del beneficio «si es que lo sucedido se debiera a un incumplimiento voluntario».

CCOO de Madrid considera necesario retrasar la vuelta a las aulas hasta el próximo lunes y prorrogar la teledocencia a lo largo de toda la semana, aunque ha subrayado que la Consejería de Educación «tiene que hacer los deberes», ya que ha asegurado que las plataformas tecnológicas «no están funcionando».

Así lo ha manifestado la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid, Isabel Galvín, en una rueda de prensa con motivo del comienzo del segundo trimestre, en el que ha habido que suspender la actividad educativa presencial por las consecuencias de la nevada.

Galvín ha destacado que «si no se garantizan las medidas de seguridad y salud no se puede producir la incorporación presencial», lo que, tras la nevada, pasa por garantizar que los accesos y los centros son seguros, para lo que reivindica la necesidad de hacer una evaluación de daños, teniendo en cuenta que en algunos casos se han caído sus tejados total o parcialmente.

La dirigente sindical ha instado al Gobierno regional a no esperar «al último momento» para tomar la decisión y ha criticado que «siempre van mal, siempre van tarde, obvian que la educación necesita organización». «Pensamos que hay que tomar la decisión con tiempo suficiente para que los centros se puedan organizar», ha señalado.

Según Galvín, después de haber pasado todo el primer trimestre tampoco se han reforzado las plataformas tecnológicas de la Consejería de Educación. «No se está pudiendo realizar la teledocencia como se quisiera porque los centros se encuentran con que las plataformas de la Consejería de Educación no están funcionando», ha asegurado.

Por otro lado, ha señalado que otro aspecto más que no se ha trabajado es la llegada del frío cuando es recomendable ventilar frecuentemente para evitar la transmisión del Covid-19. A este respecto, ha advertido de que tras la actual ola de frío seguirán las temperaturas propias del invierno suficientemente bajas para preocuparse por la salud del profesorado y del alumnado, que además permanece un número de horas sentado, para señalar que la Consejería tiene que actuar al respecto.

En este sentido, ha defendido la utilización tanto de equipos de medición como de filtrado de aire y climatización, de manera que se pueda cumplir con el protocolo de seguridad y garantizar que la temperatura de la clase sea «mínimamente adecuada».

Sobre los filtros de aire, ha manifestado que saben que «no es la panacea» pero «son una barrera más», y ha considerado que hay una «reticencia» por parte de la Administración a utilizarlos que, a su juicio, tiene que ver con el «ahorro», cuando dotar a los centros de estos equipos «parece más necesario que nunca».

TEST DE COVID

Galvín ha reiterado la solicitud de realizar pruebas de Covid-19 a todo el alumnado y el profesorado, así como un protocolo específico para los auxiliares de conversación que hayan viajado a sus países de origen en Navidad, en particular para aquellos procedentes de Reino Unido, con el fin de evitar la propagación de la cepa británica.

A este respecto, ha afirmado que existe «preocupación» en los centros porque el número de casos que se habían comunicado el viernes «se había disparado». Para tratar esta materia, el sindicato ha pedido a la Consejería de Educación la convocatoria urgente de la mesa sectorial y de los comités de seguridad y salud.

FALTAN 306 PROFESORES PARA COMENZAR EL TRIMESTRE

Aunque ha reconocido que para afrontar el curso ha habido un aumento de plantilla «muy significativo», hasta llegar a los 7.398 efectivos, ha indicado que al final del primer trimestre, con fecha de 15 de diciembre, faltaban 538 profesores, y el viernes pasado 306 de los que faltaban entonces, sin contar con las sustituciones que puedan surgir.

«Es decir, que ya partimos otra vez en el segundo trimestre con una falta de profesorado. Esto ha sido así durante todo el primer trimestre», ha subrayado Galvín, quien ha desgranado que el 28 de octubre faltaban 2.758, el 9 de noviembre 2.238, y el 2 de diciembre 1.053. Además, ha vuelto a pedir la contratación de los 1.117 profesores de refuerzo que no fueron renovados al finalizar el primer trimestre.

Según los datos de CCOO, ha habido 369 grupos por encima de ratio y 860 grupos mixtos, con alumnos de diferentes cursos, al tiempo que ha advertido del impacto de la semipresencialidad a partir de 3º de ESO en materia de igualdad de oportunidades.

Unidas Podemos insiste en volver al confinamiento y parar toda actividad no esencial, colegios incluidos, y Compromís aboga por estudiar medidas «más duras» sin suspensión de clases. El PSPV, en cambio, defiende que la Comunitat está «prácticamente confinada» con las últimas restricciones.

Así lo han planteado representantes de los tres partidos que sustentan al gobierno valenciano, en declaraciones en Les Corts, ante el aumento de contagios en la Comunitat a la vuelta de Navidad.

«Son datos absolutamente inaceptables, hay que tomar nuevas medidas para parar la tercera ola», ha afirmado el diputado de UP Ferran Martínez, como «frenar de momento» la vuelta a las aulas.

Para Podemos, si se toman ahora las restricciones «más robustas posible», servirá para que estén vigentes el menor tiempo posible». Es algo que ha planteado a sus socios y «una decisión del conjunto de gobierno» a la que espera que sean receptivos.

Sobre las discrepancias por cerrar o no los colegios, el diputado ‘morado’ ha recordado que es algo que piden algunos sindicatos docentes y lo ha relacionado con la actual ola de frío por la dificultad de mantener la ventilación. «Estamos viendo un incremento de contagios derivado de las vacaciones y es algo que también afecta a los niños», ha aseverado.

Por parte de Compromís, su síndic, Fran Ferri, ha reconocido que la situación es muy grave y «parecida a los peores momentos de la primera ola», por lo que ha coincidido en que es necesario «tomar las medidas que hagan falta».

Eso sí, la coalición lleva «desde noviembre diciendo que se tienen que tomar medidas más duras» y cree que ahora deben ser «lo más duras posible para frenar esta curva que está desbocada». Si hay que cerrar una parte de la economía, lo tendremos que hacer; tenemos que adelantarnos al virus», ha recalcado.

Ferri ha recordado que decretar un confinamiento corresponde al Gobierno y que la Generalitat solo puede pedirlo, con lo que «con los datos encima de la mesa tendrá que ver si eso es posible, viable y, sobre todo, mejoraría la situación». También ha abogado por endurecer las restricciones en toda España para que el plan de vacunación sea efectivo.

Y ha defendido que los colegios sigan abiertos porque son espacios seguros, sirven para detectar casos y «precisamente en las navidades sin clases es cuando más han subido los contagios», así como para evitar que los niños se tengan que quedar con los abuelos mientras los padres trabajan.

Dicho esto, el síndic de Compromís ha hecho hincapié que las propuestas hay que plantearlas «donde toca», en la comisión interdepartamental COVID-19, y en que «ahí se ha decidido por unanimidad que las escuelas sigan abiertas». «Ahora vemos que habría que haber tomado medidas mucho más restrictivas en Navidad porque lo de ahora es la consecuencia, ya sea por las reuniones familiares o sociales», ha constatado.

PSPV: «ES MUY DIFÍCIL PENSAR EN MÁS RESTRICCIONES»

Y del PSPV, su portavoz, Manolo Mata, ha sostenido que la Comunitat está «casi confinada» por las restricciones que entraron en vigor después de Reyes (cierre perimetral, toque de queda a las 22 horas, cierre de hostelería a las 17 y un 30% de aforo en comercios), por lo que le sorprenden estos debates cuando la Comunitat fue «la que tomó las medidas más restrictivas para Navidad».

Ha descartado cerrar los colegios porque «los padres enviarían a los niños con sus abuelos» y ha asegurado que «es muy difícil pensar en medidas más restrictivas», además de lamentar que «si todos las cumpliéramos, probablemente no estaríamos en este nivel de contagios».

A partir de ahí, ha apelado a la responsabilidad individual y ha rechazado la «avalancha» de ‘fake news'», además de defender que los datos son los que da la Conselleria de Sanidad y avanzar que la consellera, la socialista Ana Barceló, volverá a realizar comparecencias diarias o casi diarias como la convocada para este lunes por la tarde.

Mata también ha defendido que la Comunitat lleva un nivel de vacunación «muy elevado, con el 85% de las dosis distribuidas o administradas» y ha garantizado que «no es un problema ni de personal ni de medios», sino de las particularidades de esta vacuna. Sí ha reconocido que hay que reforzar la burocracia para agilizar los trámites en cada pinchazo.

Y ha hecho hincapié en que todas las comunidades conocen el plan de vacunación del Ministerio de Sanidad, por lo que ha replicado a la oposición que «no vale el ‘cuñadismo’ político» y que no hay que generar malestar social. También ha resaltado como «dato positivo» que la Comunitat es donde menos muertes se producen por la pandemia entre cada 100.000 habitantes y ha asegurado que «todavía no hay tensión hospitalaria y asistencial» aunque cada vez hay más contagios cercanos.

Sobre las diferencias entre los socios, el socialista ha asegurado que el Consell toma las decisiones colectivamente y que él no criticaría «nunca» a sus compañeros de gobierno. Ha recordado en este punto las decisiones «durísimas» que se adoptaron en marzo al suspender el partido de fútbol Valencia-Atalanta o las Fallas y la Magdalena.

Por otro lado, ha garantizado que el ‘president’ y líder del PSPV, Ximo Puig, atenderá la petición de reunión con la jefa del PP valenciano, Isabel Bonig, en las próximas horas o días «como habitualmente».

LA OPOSICIÓN RECLAMA MÁS INFORMACIÓN

De la oposición, la portavoz adjunta del PPCV, Eva Ortiz, ha hecho un llamamiento en una rueda de prensa posterior a que «la gente irresponsable tiene que empezar a valorar que estamos en una situación complicada», aunque ha negado valorar un posible confinamiento porque «no es posible sin tener todos los datos» y supondría una «alarma innecesaria.

La ‘popular’ también ha exigido al Botànic que «diga la verdad» sobre la situación sanitaria ante la «avalancha de gente desesperada». Ha urgido así a que Puig atienda a Bonig y se reúna con todos los partidos para colaborar en la gestión de la pandemia: «Hemos tendido la mano desde el principio, estamos dispuestos, pero no puede ser el grupo mayoritario no tenga ninguna información ni oficial ni extraoficial»

Y de Ciudadanos, su líder autonómico, Toni Cantó, ha advertido que «un confinamiento total de la Comunitat significaría la derrota de la gestión del tripartito», mientras «en otras comunidades se ha demostrado que sin un confinamiento se ha podido superar la situación dramática, como por ejemplo Madrid, donde se hicieron infinitamente más pruebas y un confinamiento por áreas de salud.

También ha vuelto a pedir la vacunación de todos los profesores y la comparecencia en la diputación permanente de Les Corts tanto de Puig como de la consellera para tener más datos, ya que «no puede ser que este Botànic esté diciendo a la vez sí y no al confinamiento». «Me han llegado tropecientas preguntas de si era cierto que nos confinaban hoy», ha afirmado sobre el bulo que desmintió la Generalitat este domingo.

Cantó les ha pedido seriedad porque «no puede ser que estemos mirando a Puig y a Mónica Oltra –vicepresidenta del Consell y líder de Compromís– diciendo cosas distintas y que Pilar Lima –coordinadora de Podem– quiera ser la más dura de todos». Como ejemplo, ha recordado que Oltra «estaba pidiendo un confinamiento mientras su partido permitió la cabalgata de reyes en el Ayuntamiento» de València.

La viceprimera secretaria del PSC, Eva Granados, ha exigido al Govern que movilice los recursos necesarios para preparar el dispositivo para las elecciones del 14 de febrero y que los catalanes puedan ejercer su derecho a voto, porque asegura que no hay otra posibilidad que celebrar los comicios: «No hay ningún escenario epidemiológico que nos diga que estaremos en confinamiento el próximo 14 de febrero».

En rueda de prensa telemática este lunes, Granados ha recordado al Govern que su responsabilidad es garantizar el ejercicio del derecho a voto de los ciudadanos, así como asegurar que serán unas elecciones seguras: «Todas las alertas que haga la doctora Campins y todos los médicos especialistas deben ser escuchadas por el Govern».

Y ha asegurado que, igual que los partidos están adaptando su campaña a la situación excepcional provocada por la pandemia, el Ejecutivo catalán debería garantizar los dispositivos electorales: «Las elecciones serán excepcionales, no serán normales. Pero por eso tenemos una mesa de partidos, grupos de expertos y las recomendaciones del Procicat».

Sobre la posibilidad de retrasar las elecciones por un empeoramiento de la situación sanitaria en el mes de marzo, Granados no ha querido anticiparse a ningún escenario pero ha dicho que en todo caso este aplazamiento debería darse de acuerdo a unos criterios sanitarios.

«La pandemia se declaró en el mes de marzo de 2020. Se ha votado en el País Vasco, en Galicia, en los Estados Unidos; ahora votará el Barça y hoy se han abierto las escuelas», ha incidido, dando a entender que en consecuencia los comicios previstos para el 14 de febrero también deberían poder celebrarse.

Sobre el temporal Filomena, la viceprimera secretaria del PSC ha lamentado la falta de suministro eléctrico que están viviendo algunos municipios catalanes y ha dicho que pedirán la comparecencia del conseller de Empresa de la Generalitat, Ramon Tremosa, en la reunión de la Diputación Permanente del Parlament del miércoles para exigirle explicaciones al respecto.

SALVADOR ILLA

Con respecto a la candidatura de Salvador Illa a la Presidencia de la Generalitat por el PSC, Granados ha asegurado que la voluntad es trasladar a la ciudadanía que los socialistas están en disposición de «recuperar el país».

«En estos momentos estamos viendo que en Cataluña el cambio es posible, que no estamos condenados a tener un Govern en el que no gobiernan o en el que miran solo hacia una mitad de la ciudadanía», ha remarcado.

Por último, ha afeado al independentismo y al resto de candidaturas del 14F que les estén «dedicando muchos ataques directos» por escoger a Illa como candidato, y asegura que el PSC no entrará en polémicas partidistas porque tanto su campaña como su propuesta de Govern pasa por el reencuentro y no por la confrontación.

El Colegio de Trabajo Social de Madrid ha advertido este lunes de las consecuencias de la vulneración de derechos, especialmente los relacionados con la vivienda y el acceso a la energía y suministros básicos, durante el temporal ‘Filomena’ que ha afectado a gran parte del país y en los próximos días con la ola de frío.

A su juicio, esta situación vuelve a poner encima de la mesa la necesidad de blindar derechos como los antes mencionados y realizar políticas sociales «coherentes» con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

El Colegio exige al Ejecutivo y el resto de administraciones que encuadren la situación actual con la crisis residencial «sin precedentes» que, a su juicio, vive España en «los últimos años», con «altos precios de la vivienda», «sobreendeudamiento», «desahucios», «infravivienda», o «problemas de salud relacionados con las condiciones de habitabilidad», entre otros asuntos que, a su juicio, provocan la «exclusión de las personas más vulnerables».

Estas situaciones, explican, son las que se atienden desde el sector de los servicios sociales pero, según señalan, deben ser evitadas desde unas políticas de vivienda integrales e integradoras.

LA SITUACIÓN DE LA CAÑADA REAL

«En esta ola de frío se presta más atención mediática a la cara más extrema de la exclusión residencial como es la de las personas que viven en la calle», indica el Colegio que, sin embargo, llama a no olvidar que «el sinhogarismo es un problema estructural cuya erradicación pasa por garantizar el derecho a la vivienda y por generar soluciones a largo plazo» y a través de «las políticas de vivienda».

En este sentido, se ha referido al caso de la Cañada Real Galiana (Madrid), cuya situación de exclusión se ha visto «agravada» por el temporal y la ola de frío. Desde el Colegio informan que en torno a 4.500 personas, de las cuales más de 1800 son niñas y niños, llevan sin luz desde octubre.

«Una vulneración de derechos, en este caso la garantía del suministro, muy ligada al problema de la vivienda», advierten los trabajadores sociales de Madrid, antes de indicar que «las consecuencias sociales y sanitarias para su población están siendo muy graves».

PROPUESTAS

Ante esta situación, el Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid reclama a las administraciones públicas la adopción de medidas en materia de vivienda que permitan garantizar su derecho. Así, pide a la Comunidad de Madrid, en el ámbito de sus competencias, una Ley de Derecho a la Vivienda que proteja en especial a las personas más vulnerables a través de la generación de un parque de vivienda pública y de vivienda asequible adaptado a sus necesidades residenciales.

Del mismo modo, llama a abordar la situación de las personas que viven en la calle a través de soluciones basadas en la vivienda, transformando el sistema actual de atención; y también pide garantizar el derecho a los suministros básicos.

Las intensas nevadas provocadas por la borrasca ‘Filomena’ han obligado a suspender juicios y vistas públicas en audiencias y juzgados de todo el país y han propiciado la vuelta al teletrabajo de la Administración de Justicia, una actividad que ha sido fácil de llevar a cabo dada la experiencia que ya se tenía ensayada por el confinamiento a causa de la pandemia de covid 19.

Así lo han señalado los responsables de diversas sedes como la Fiscalía General del Estado, a cuya Secretaría General Técnica han podido acudir gran parte de los funcionarios que residen en el centro de la capital, donde funciona con normalidad el Metro. Otros siguen trabajando desde casa gracias a la organización del teletrabajo que ya se puso en marcha hace unos meses durante el estado de alarma, y el ritmo es «satisfactorio», según las mismas fuentes.

La mayor afectación ha sido la de los juicios y vistas públicas previstas para este lunes, que han sido suspendidas. La fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, acordó ya el domingo la inasistencia de los Fiscales a los juicios penales de este lunes y la suspensión de dichos juicios orales.

Así, la actividad en los juzgados de la Comunidad de Madrid está prácticamente suspendida para lunes y martes, aunque se espera que en los días siguientes se pueda recuperar. Fuentes consultadas han llamado la atención sobre lo difícil que es acceder en estos momentos a las sedes jurisdiccionales en los partidos judiciales de fuera de la ciudad de Madrid.

Ahora mismo, solo funcionan los juzgados de violencia de género, los juzgados de guardia y el Decanato –lo considerado imprescindible– y lo más urgente de otros asuntos, que se lleva a cabo de forma telemática.

Las mismas fuentes han señalado que la situación en los juzgados de Madrid capital es similar a la de los primeros días de la pandemia de coronavirus y que, gracias a los mecanismos que se articularon entonces para mantener la Justicia abierta, se ha podido evitar un caos judicial por ‘Filomena’.

En el Tribunal Constitucional también comenzaron a actuar durante el fin de semana tras constatarse los efectos de la pandemia. El gerente advirtió este domingo a los empleados que los que normalmente acceden en vehículo particular no podrían acceder a las instalaciones por la cantidad de nieve acumulada.

Esta mañana sí han podido acceder otros trabajadores que han llegado en transporte público mientras los magistrados despachan asuntos en su domicilio, al igual que lo hacían durante el confinamiento, según las fuentes consultadas en el tribunal de garantías, que hoy mismo estaba realizando notificaciones. El Pleno no tiene previsto reunirse hasta la semana del 25 de enero, cuando se espera que la actividad haya vuelto a la absoluta normalidad.

En el Tribunal Supremo la situación es parecida, ya que el acceso es casi imposible, con una calle en la que además de la nieve han caído varios árboles, según fuentes de este órgano. No obstante ello se nota poco, pues los magistrados llevan teletrabajando desde prácticamente el inicio de la pandemia, únicamente acuden a firmar resoluciones, y esta mañana se ha puesto en plan el plan de teletrabajo que ya se ensayó durante el confinamiento.

Por lo que respecta a la Audiencia Nacional, los juicios previstos en para este lunes y martes fueron suspendidos según anunció este domingo el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro. El texto remitido informaba los Consejos Generales de la Abogacía Española, de los Procuradores de España y los Colegios de Graduados Sociales, así como a los Colegios de Abogados, Procuradores y Graduados Sociales de Madrid, que deberían comunicar lo antes posible, preferentemente a través de correo electrónico o fax, a los Órganos Judiciales, las correspondientes solicitudes de suspensión sobre la base de las causas mencionadas.

Entre los juicios previstos para este lunes en la Audiencia Nacional, destaca el del exdirigente de ETA Gorka Palacios por integración en el ‘comando Larrano’. También para este lunes estaba previsto en la Audiencia Nacional la reanudación del juicio contra tres presuntos miembros de la célula yihadista que atentó en Cataluña el 17 y 18 de agosto de 2017.

GUARDIA Y REGISTROS EN LA AUDIENCIA NACIONAL

Por lo que respecta a la actividad de los juzgados centrales, se ha suspendido lo que no es urgente y prioritario, únicamente funciona el juzgado de guardia y servicios mínimos de registro y cautelarisimas de contencioso-administrativo. Constan además muchas diligencias de suspensión ha sido pedidas por diferentes partes, abogados y procuradores que veían imposible llegar a Madrid para asuntos previstos este lunes.

Por su parte, el Ministerio de Justicia ordenó también el domingo el teletrabajo para los funcionarios de la administración de Justicia que dispongan de medios hasta el miércoles y ha confirmado que las sedes judiciales se abrirán con la normalidad que permitan las circunstancias derivadas por el temporal.

«En aquellos casos en los que los empleados residan en un municipio distinto al de su lugar de trabajo y las condiciones meteorológicas afecten a su desplazamiento, estarán exentos de acudir presencialmente», señala la resolución del Ministerio.

Sí han debido acudir presencialmente los funcionarios adscritos a Registros Civiles y Decanatos, aunque podrá establecerse un sistema de turnos rotatorios para los empleados durante esos días.

El Partido Popular ha exigido la comparecencia en el Congreso del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, para informar de las actuaciones que ha llevado a cabo su Departamento con carácter previo, durante y después del temporal ‘Filomena’.

El PP ha registrado este petición para que la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, reúna a la Diputación Permanente –que sustituye al Pleno en los periodos no ordinarios– y debatir esta solicitud. Los ‘populares’ ya registraron la pasada semana más peticiones de comparecencia del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y de otros seis ministros por varios asuntos.

En su escrito, el PP reclama que Ábalos acuda al Congreso para «dar cuenta de las actuaciones llevadas a cabo por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, así como por las sociedades mercantiles dependientes del mismo, de forma previa al temporal», así como de las actuaciones «llevadas a cabo durante el desarrollo del referido temporal y de forma posterior al mismo».

EL «ABANDONO» DE POLICÍAS Y GUARDIAS CIVILES

La portavoz de Interior del PP, Ana Belén Vázquez, sostiene que Marlaska debe explicar en sede parlamentaria por qué policías, guardias civiles y funcionarios de prisiones están «abandonados» y «sin medios ni protocolos para actuar» frente a un temporal como Filomena, y para precisar su negativa a declarar Madrid «zona catastrófica» cuando aún no conoce el alcance de los efectos del temporal.

Además, los ‘populares’ también reclaman a Ábalos en la Cámara Baja por las sociedades mercantiles dependientes de su departamento, esto es, las actuaciones, entre otras, de Renfe, Aena, Enaire o Seittsa frente a Filomena.

Uno y otro ministro han comparecido este mediodía en rueda de prensa desde el Palacio de la Moncloa, junto a la ministra de Defensa, Margarita Robles, para informar de la situación por el temporal de nieve y está previsto que hagan lo propio a partir de las siete de la tarde.

LA DIRECCIÓN DEL PP DENUNCIA LA TARDANZA DEL GOBIERNO

Distintos miembros de la dirección nacional del PP ha denunciado este lunes la tardanza en reaccionar ante el temporal del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, al que han acusado a aparecer «48 después» para hacerse «la foto». A su entender, ha quedado «en evidencia por su falta de previsión».

El primero en criticar ese retraso ha sido Pablo Casado, quien ha afirmado que Sánchez «llega tarde» y lo hace «arrastrando los pies, no como exigía en la oposición con situaciones mucho menos graves». «Aun así, le apoyaré para que cumpla con su obligación de coordinar la respuesta nacional al temporal», ha manifestado en una entrevista en La Razón.

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha afirmado que al Gobierno «le faltan palas y ganas de trabajar y le sobran ministros incapaces y un presidente con las manos en los bolsillos» ante los problemas que afrontan «solos» los españoles. Además, ha aconsejado a Ábalos «humildad» y «tomar ejemplo» de Casado y de los que como él «arrimaron el hombro» con una pala para quitar la nieve.

Por su parte, la vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán, ha recalcado que Sánchez «tardó 48 horas en aparecer y volvió a quedar en evidencia por su falta de previsión». «Este país necesita un Gobierno que resuelva problemas, y este los crea», ha afirmado en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

A esas críticas se han sumado otros miembros de la dirección del PP como el vicesecretario de Territorial, Antonio González Terol, el responsable de Participación, Jaime Olano, y el vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos.

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha replicado este lunes a la candidata de los comunes a la Presidencia de la Generalitat, Jéssica Albiach, que deberá escoger tras las elecciones del 14 de febrero entre un Govern liderado por ERC o «dificultar la salida de la crisis y poner palos a las ruedas» a la reconstrucción tras el coronavirus.

Lo ha dicho en rueda de prensa telemática, después de que Albiach haya defendido que los comunes formen parte del próximo Govern pero haya rechazado la fórmula «frankenstein» que propone ERC para articular un pacto entre republicanos, JxCat, comunes, CUP y PDeCAT.

Al ser preguntada por estas declaraciones, Vilalta ha contestado que ERC quiere liderar el futuro Govern, que sea independentista, soberanista y de progreso: «Si la señora Albiach no se siente representada en este Govern amplio, independentista, progresista y soberanista, el problema lo tendrá ella y no la gente de ERC, que lo que queremos es liderar esta nueva etapa que saldrá después de las elecciones al Parlament».

La señora Albiach deberá escoger si lo que quiere es estar al lado de lo que quiere la mayoría del país, que es salir más fuertes de la crisis, con un Govern que quiere liderar ERC, o si lo que hará es dificultar la salida de la crisis y poner palos a las ruedas de que podamos levantar la cabeza como país después de este momento de complejidad que estamos viviendo», ha afirmado.

La dirigente republicana ha insistido en la propuesta de gobierno amplio: «Los ‘nos’ no nos valen como respuesta. Nos hemos enfrentado a muchos ‘nos’ a lo largo de nuestra vida y durante la historia de ERC. Al final hemos insistido y hemos picado piedra hasta que hemos hecho que las cosas pasaran».

Además, ha sostenido que la diferencia que habrá entre la situación actual y la de después de los comicios es la posibilidad de que ERC lidere la nueva etapa: «Esta es la principal diferencia de 40 años de sociovergencia».

Para ella, ERC es capaz de liderar un Govern que encuentre el equilibrio entre la salida de la crisis desde la izquierda, y el independentismo: «Tenemos la oportunidad, pese a lo que puedan decir el resto de partidos, de poder asumir este liderazgo y de trabajar y hacer posible amplias mayorías».

Considera que la «clave» de estos comicios será que ERC pueda encabezar el próximo Ejecutivo catalán y ha señalado que, si el independentismo supera el 50% de votos, servirá para estar en una mejor situación para alcanzar la independencia y para seguir preparándose para un nuevo referéndum.

LAURA BORRÀS

Vilalta ha pedido que no haya reproches entre los partidos independentistas porque cree que no se deben tratar como adversarios, sino trabajar por la unidad estratégica: «El independentista no es el adversario. Demasiadas veces hemos sufrido el descrédito, críticas destructivas y el señalamiento constante de si somos o no somos buenos independentistas».

Asimismo, ha recriminado a la candidata de JxCat a la Presidencia de la Generalitat, Laura Borràs, que diga que no está de acuerdo con el pacto entre su formación y el PSC en la Diputación de Barcelona, pero no haga nada para cambiarlo: «No vale que diga que no está de acuerdo. Que haga que esto cambie».

También se ha referido al ministro de Sanidad y candidato del PSC a las elecciones, Salvador Illa, que cree que no difiere mucho del primer secretario socialista, Miquel Iceta, porque ambos representan a un socialismo «más PSOE que nunca, más sucursalista que nunca y más pendientes de lo que dice el Gobierno del Estado español que nunca, en lugar de defender los intereses» de Cataluña.

La Fiscalía ha elevado un escrito al Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, que investiga posibles delitos contra el medio ambiente por vertidos «contaminantes» en tres de las estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas (EDAR) de la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas (Emasesa), considerando que «debe sobreseerse el procedimiento» respecto al diputado nacional del PSOE y exdelegado provincial de la Consejería de Medio Ambiente José Losada, así como respecto al resto de investigados en el procedimiento asociados a la citada delegación.

En un escrito fechado el pasado 2 de diciembre, la Fiscalía se pronuncia sobre un recurso de reforma interpuesto por la representación de la Junta de Andalucía en este caso, contra una providencia emitida por el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla el pasado 24 de septiembre de 2020 denegando «la petición de declarar ya la falta de competencia del juzgado para la instrucción de la causa respecto de José Losada y la remisión de la misma al Tribunal Supremo» dada la condición de aforado de la que goza Losada como diputado del PSOE en el Congreso por la provincia de Sevilla.

En ese sentido, la Fiscalía precisa que en el marco de esta procedimiento judicial han prestado ya declaración como investigados José Losada y Dolores Bravo como ex delegados provinciales o territoriales de la Consejería de Medio Ambiente, así como el secretario de dicho departamento provincial de la Junta de Andalucía y dos jefes de la sección de Informes y Sanciones de tal departamento.

La causa, recordémoslo, gira en torno a vertidos de residuos contaminantes derivados de las estaciones depuradoras de aguas residuales de El Copero, Tablada y San Jerónimo, pertenecientes a Emasesa.

Partiendo de los límites y exigencias derivados de la debida observancia de la normativa, el Seprona informa de vertidos de alta potencialidad contaminante, en particular de fósforo y nitrógeno, en las EDAR de El Copero, Tablada y San Jerónimo; siendo así que el exceso de fósforo y nitrógeno produce eutrofización de las aguas e implica un alto consumo del oxígeno disuelto en ellas, impidiendo la vida de los seres vivos», exponía el Juzgado de Instrucción número seis en un auto sobre el asunto, agregando que estos vertidos generan «mal olor, disminuyen la calidad y potabilidad del agua y modifican el ecosistema de los seres vivos acuáticos y de organismos aerobios, pudiendo causar su muerte y eventualmente pudiendo perjudicar la salud humana».

EL PAPEL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Al respecto, la Fiscalía recuerda que «desde 2010 existía una obligación por parte de la Junta de Andalucía de construir las (nuevas) EDAR respecto de las que se venía cobrando un canon para obras y se habían recibido fondos Feder», además de que «Emasesa, al menos desde 2013, venía instando la ejecución de las obras».

A tal efecto, recuerda la Fiscalía que el convenio entre la Consejería de Medio Ambiente y Emasesa «para la ejecución de las obras» de renovación y mejora de las EDAR sevillanas «no ha sido firmado hasta septiembre de 2020, es decir diez años después de su declaración como de interés autonómico», por lo que «disponiendo de fondos recibidos y recaudados para ese fin, siendo de su competencia y teniendo capacidad económica para afrontarlo, en caso de que se haya puesto en grave peligro la calidad de las aguas, cosa por determinar aún, existe presuntamente responsabilidad de la Consejería de Medio Ambiente».

«Nos hallamos ante un supuesto de corresponsabilidad desde el momento en el que Emasesa debía cumplir los objetivos desde 2006 y la Junta desde 2010 de acometer las obras (…), que no podían ser asumidas de forma exclusiva por Emasesa en el tiempo previo a que la Junta asumiera la competencia (2006-2010», expone la Fiscalía.

«DEJACIÓN DE FUNCIONES»

En ese contexto, y con relación a los altos cargos y funcionarios de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente investigados en la causa, la Fiscalía ve «dejación de funciones», porque «no hay expedientes sancionadores abiertos frente a los reiterados incumplimientos de los índices por parte de Emasesa», pero «en cuanto a las medidas cautelares a ejercer, difícilmente podía acordarse ninguna que permitiera el cese de los vertidos contaminantes por cuanto no podía paralizarse el curso de las aguas residuales urbanas».

Además, la Fiscalía ve «discutible que pueda hablarse de prevaricación omisiva en la no incoación de expedientes sancionadores» por parte de los citados investigados, porque «la capacidad de reversión» de la situación «estaba esencialmente en la propia Consejería de Medio Ambiente», con lo que en la Delegación Provincial «se era consciente de que residía» en la propia Consejería «la facultad y competencia de ejecutar las obras necesarias para que disminuyesen los índices negativos».

Por eso, ante el recurso de reforma de la Junta contra la providencia en la que el juzgado deniega la petición de declarar ya la falta de competencia para la instrucción de la causa respecto de José Losada, la Fiscalía concuerda en que «siendo aforado, de continuar la instrucción debiera conocer de su concreta actuación el Supremo», pero opta por «no instar a ello» porque «en tanto no resulte nueva información que modifique el esquema actual, debe sobreseerse el procedimiento respecto a este investigado y los restantes indicados de la Delegación» Provincial de la Consejería de Medio Ambiente.

De otro lado, la Fiscalía pide «que se recabe quiénes han ejercido entre 2010 y 2019 el cargo de consejero de Medio Ambiente», pues «la actual consejera», la popular Carmen Crespo, «ocupó el cargo en 2019 y en 2020 ha firmado el convenio para las obras» de las EDAR de Emasesa y por eso «no existen contra ella indicios de responsabilidad penal».

Navarra Suma ha criticado este lunes el ritmo de vacunación frente al Covid-19 en la Comunidad foral y ha indicado que el Gobierno de Nvarra «otra vez llega tarde». El PSN, sin embargo, ha defendido el trabajo desde Salud, el «esfuerzo» que se está realizando, y ha opinado que, pese a las «dificultades» por la «complejidad» de la vacuna, se está acometiendo a «buen ritmo». Geroa Bai y EH Bildu también han mostrado su preocupación por el desarrollo de la vacunación.

Al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, el portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, se ha cuestionado qué ha hecho el Gobierno foral ante el incremento de casos y «ante una tercera ola». «¿Ha incrementado el número de PCR? ¿O seguimos cometiendo los mismos errores?», ha dicho, para señalar que, ante la vacunación, «otra vez el Gobierno no está a la altura». «Tenemos 11.000 profesionales sanitarios y están poniendo las vacunas 15», ha censurado, para indicar que es «intolerable». «El Gobierno otra vez llega tarde, no gestiona bien los recursos humanos y tenemos 11.000 profesionales», ha comentado, para exponer que el Ejecutivo «no sabe acertar; la velocidad de crucero debería haber sido desde el primer minuto».

Por su parte, el socialista Ramón Alzórriz ha señalado que «es verdad que el Covid está repuntando pero tenemos un arma, la vacuna». Ha señalado el «esfuerzo ingente» de los profesionales sanitarios, «se ha vacunado en Reyes, este domingo…». «El plan está planteado, se sigue, al inicio hay dificultades porque no es fácil de gestionar ni de almacenar, se está ajustando y se está realizando a buen ritmo en Navarra y tendrá que coger esta semana la velocidad de crucero», ha comentado, para señalar que espera que este año se consiga la inmunidad de rebaño.

Según ha dicho, «cuando viene un repunte, atenuado por las medidas duras tomadas previamente, seguramente habrá que tomar más medidas». «Se necesita una unidad política para refrendar las nuevas medidas por parte del Gobierno de Navarra, menos críticas y más ayudas; son medidas que necesita el personal sanitario, que está extenuado», ha dicho, para manifestar que «con un repunte no se pueden tener las mismas medidas, el Gobierno impulsará alguna y las transmitirá con precisión esta semana».

Desde Geroa Bai, Uxue Barkos ha indicado que preguntará al Gobierno en el pleno de la Cámara por el momento sanitario para, después de las fiestas navideñas, «conocer la información más rigurosa por parte de Salud y la posibilidad de analizar las medidas que se proponen a la sociedad para paliar la expansión del virus».

Sobre la vacunación, ha señalado que «al ritmo que se está vacunando y que se reciben las vacunas difícilmente se podrá llegar al 70 por ciento de la población vacunada en junio», algo que ha dicho «nos preocupa». «Hay otras posibilidades de reforzar la vacunación como por ejemplo con la posibilidad de contar con personal recientemente jubilado, que las farmacias se sumen, pero para eso Salud tiene que contar con las vacunas. El Gobierno de Navarra tiene que defender la llegada de las vacunas y reforzar la vacunación», ha expuesto.

La portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha manifestado que también preguntarán al Gobierno por el proceso de vacunación, «qué medidas adoptará el Gobierno para que el proceso sea lo más amplio y ágil». «No acabamos de entender las explicaciones desde Salud de por qué se va a un ritmo tan lento, de por qué no se ha planificado de manera suficiente», ha dicho, para afirmar que el Ejecutivo foral está teniendo una actitud «poco autoexigente consigo mismo para cumplir el objetivo crucial de que en el menor plazo de tiempo la mayor parte de la ciudadanía esté vacunada». «Y también hay conformismo con lo que se plantea desde Madrid», ha censurado, y ha comentado que «se pongan más medios».

El parlamentario de Podemos Mikel Buil ha indicado que «iniciamos el año con una tasa alta de positividad del Covid» y ha añadido que «el Gobierno de Navarra determinará a lo largo del día y comunicará probablemente mañana si va a haber cambio en el ámbito de las restricciones, algo que analizaremos y apoyaremos». «Estamos en situación muy parecida a hace meses, por mucho que nos hablen de las vacunas no serán una realidad probablemente hasta finales de año», ha afirmado.

La defensa del que fuera jefe de Seguridad de Iberdrola Antonio Asenjo, imputado en la pieza 17 del caso ‘Tándem’, señala que los documentos y facturas aportados por otro de los investigados –el exdirectivo José Antonio del Olmo– a la causa han sido confeccionados con «fines espurios» y añade que se desconoce el modo de obtenerlos y que su tenencia es «ilegítima e ilegal».

Por este motivo, el abogado de Asenjo, Manuel Santaella, solicita al instructor del caso que considere esa documental aportada el 2 de diciembre por Del Olmo como «ilícita» puesto que se trata de una «ilegal producción de fuente de prueba».

En esta pieza separada número 17 se investigan los supuestos encargos de responsables de Iberdrola al comisario jubilado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo y a su empresa Grupo Cenyt. Trabajos que iban presuntamente desde acceder a documentación restringida, hasta realizar seguimientos a personas o intervenciones de comunicaciones sin autorización judicial.

En su comparecencia de diciembre, la tercera ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 , Manuel García-Castellón, –aunque las primeras fueron en calidad de testigo– Del Olmo entregó facturas relacionadas con esos trabajos del comisario, y ahora la defensa de Asenjo quiere conocer como se hizo con ellas, teniendo en cuenta que el exempleado de Iberdrola ya está jubilado.

De hecho, señala que esa documentación aportada por Del Olmo «no puede sino decirse que, en origen, y en apariencia, pertenecía, y sigue de hecho haciéndolo incluso hoy en día, única e inevitablemente a Iberdrola», por lo que se pregunta «qué hace en manos de alguien que no es de la compañía. Y al respecto, recuerda que el exdirectivo consta también como investigado en un juzgado de Madrid por «apropiación ilícita de documentos» de la energética.

Además, dado que, recalca, lo aportado por Del Olmo se ha hecho por «fascículos» y sin tener en cuenta los medios habituales de obtención de prueba, con las diligencias oportunas, esto conlleva que no se haya permitido asegurar su trazabilidad y las personas que han intervenido en su obtención, por lo que esas carencias «impiden desde luego incorporar los documentos aportados a la causa».

Al hilo, subraya que se produce una vulneración del derecho fundamental a un proceso con todas las garantías para su patrocinado teniendo en cuenta las «irregularidades» en esa obtención de prueba. «Prácticamente todos los ordenamientos jurídicos de corte acusatorio han incorporado una regla de exclusión probatoria en virtud de la cual no se reconocen efectos a las pruebas obtenidas con vulneración de derechos fundamentales (ilicitud probatoria)», incide.

PRUEBAS «BASTARDAS»

La defensa de Asenjo va más y califica las pruebas aportadas por Del Olmo de «bastardas» puesto que han sido obtenidas «de forma ilícita», y recuerda que una cosa es colaborar con la Justicia –habla de un pacto entre investigado y Ministerio Fiscal– y otra bien distinta «ir aportando fuentes de pruebas bastardas e, incluso, anunciar la aportación de otras, sin acreditar su conexión con el objeto de la instrucción y, simplemente, porque al actuante le parecensospechosas».

«Se trata de una praxis que el Juzgado no puede tolerar ni un minuto más, por ser manifiestamente contraria a Derecho. No se trata de abrir aquí una suerte de inquisitio generalis contra Iberdrola a impulso de lo que el investigado Del Olmo va extrayendo, oportunamente, de su ilícito almacén de documentos sustraídos ilegalmente de la empresa para la que trabajó y que afanosamente guarda en el maletín que le acompaña en todas sus declaraciones en sede judicial», añade.

Por todo esto, solicita a García-Castellón la práctica de las diligencias necesarias «para acreditar la legítima obtención» por parte de Del Olmo de esos documentos y facturas aportados en su comparecencia, y la cadena de custodia de los mismos. Además, pide la exclusión inmediata del procedimiento de todos aquellos documentos aportados que no guarden conexión objetiva con los hechos objeto de investigación, por falta de aportación de los indicios exigibles al efecto.

Los 171 alumnos que tras superar la primera fase del proceso selectivo convocado en 2019 han elegido como destino la Carrera Judicial se han incorporado este lunes a la Escuela Judicial, que tiene su sede en Barcelona, para seguir, ya como jueces y juezas en prácticas, la fase teórico-práctica, a la que se refiere el artículo 301.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La LXXI promoción de jueces está integrada por 45 hombres y 126 mujeres, de modo que estas representan el 73,7 por ciento del total, un porcentaje ligeramente superior al de la promoción anterior (71,3 por ciento).

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha inaugurado el curso con una intervención desde la sede del órgano de gobierno de los jueces en Madrid en la que ha animado a los alumnos a afrontar su formación «como un gran reto, con ilusión renovada y sin perder de vista la gran misión que vais a desempeñar y, sobre todo, a los destinatarios de la misma, que son los ciudadanos».

«No olvidemos que detrás de cada expediente, de cada caso, hay personas, familias, que esperan con impaciencia y confianza la resolución de sus conflictos. No les podemos fallar», ha dicho Lesmes.

El presidente del CGPJ ha añadido que el «compromiso» de los jueces «es con la defensa de los valores del Estado de Derecho, entre los que sin duda debemos destacar la existencia de una Justicia independiente que, con los instrumentos que le proporciona el ordenamiento jurídico, resuelva todas las controversias que se le susciten y asegure el respeto a la Constitución y a la Ley por parte de los poderes públicos».

En este sentido, ha explicado que, debido a la situación de crisis sanitaria derivada de la pandemia de coronavirus, el CGPJ y la Escuela Judicial han querido anticiparse a las eventuales dificultades que puedan seguir dándose, adoptando las medidas necesarias que garanticen el plan docente y la protección de la salud ante cualquier escenario.

PROGRAMA FORMATIVO

Para ello, según ha informado el CGPJ en un comunicado, se ha diseñado un programa formativo que plantea la impartición del curso en un doble formato: presencial, en las instalaciones de la sede de la Escuela Judicial en Barcelona; y virtual, a partir de metodologías interactivas, dinámicas y colaborativas.

Por su parte, el director de la Escuela Judicial, Jorge Jiménez, ha destacado que «el ejercicio de la jurisdicción exige conocer el derecho, pero no como ciencia abstracta, sino para su efectiva aplicación».

Así, ha indicado que el reto para los formadores de los jueces es que éstos aprendan «a razonar en derecho, a valorar pruebas, a ponderar intereses, a motivar, a garantizar los derechos fundamentales. Tenemos que daros herramientas para que podáis ejercer la jurisdicción dentro de nuestro Estado de Derecho y para que conozcáis y aprehendáis los principios deontológicos de esta profesión».

INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD

«Los ciudadanos entienden que un juez, una jueza, debe ser independiente e imparcial. Reclaman además su cortesía, un trato correcto, gran empatía, entender lo que hace y les dice, y aspiran a que tenga un talante prudente y una actitud responsable», ha agregado.

En la misma línea, Jiménez ha asegurado que «hay que despertar una especial sensibilidad para muchas cuestiones de nuestra vida diaria que pueden comprometer nuestra función jurisdiccional». «Sólo con estas virtudes los ciudadanos entenderán que sus derechos subjetivos son definidos de manera serena, reflexiva y profunda, y que la resolución que se emita es ecuánime y rigurosa», ha concluido.

El virólogo experto en coronavirus y diseño de vacunas del Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC), Luis Enjuanes, ha abogado por un cierre «fuerte y a corto plazo» para frenar la transmisión del coronavirus en España.

No obstante, el doctor ha matizado que no se necesita un «confinamiento total» de la población, pero sí cierres más «fuertes» a los actuales porque es la forma «más eficaz» para parar la diseminación del virus.

Y es que, tal y como ha señalado en una entrevista en TVE, en las próximas semanas se va a producir un aumento de los casos de contagios de coronavirus en España, motivado por las fiestas de Navidad. «Supongo que habrá un repunte, especialmente si nos llega la nueva del virus porque se ha visto que se transmite más eficazmente», ha apostillado.

Además, Enjuanes ha avisado de que la llegada de las vacunas ha podido suponer un cierto relajamiento de las medidas para evitar contagiarse del virus, como así se ha visto en los días previos a la Navidad en los comercios donde había «mucha gente» comprando regalos.

En este sentido, y en relación a las vacunas, el doctor ha recordado que la vacuna en la que está trabajando su grupo verá la luz a finales de 2021 dado que, aunque se ha visto que puede ser efectiva frente al coronavirus, todavía no se sabe qué efectos secundarios puede provocar y hasta finales de año no se podrán tener estos datos.

«Es una vacuna completamente nueva para este virus que también es nuevo. Nosotros ya habíamos hecho el tipo de vacuna que ahora estamos haciendo con el virus de Oriente Medio, el llamado MERS, y con este fue todo muy fácil, pero con el actual coronavirus hemos tenido algún problema técnico que nos ha retrasado entre dos y tres meses el desarrollo de la vacuna», ha argumentado.

Finalmente, y pese a ello, Enjuanes ha destacado la financiación que el CISC ha recibido para la realizar la primera fase de su vacuna, tanto por parte del Gobierno como por otras vías, destacando que alguna donación ha llegado hasta el millón de euros.