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La Fiscalía pide archivar la causa de Emasesa respecto a Losada

La Fiscalía ha elevado un escrito al Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, que investiga posibles delitos contra el medio ambiente por vertidos “contaminantes” en tres de las estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas (EDAR) de la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas (Emasesa), considerando que “debe sobreseerse el procedimiento” respecto al diputado nacional del PSOE y exdelegado provincial de la Consejería de Medio Ambiente José Losada, así como respecto al resto de investigados en el procedimiento asociados a la citada delegación.

En un escrito fechado el pasado 2 de diciembre, la Fiscalía se pronuncia sobre un recurso de reforma interpuesto por la representación de la Junta de Andalucía en este caso, contra una providencia emitida por el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla el pasado 24 de septiembre de 2020 denegando “la petición de declarar ya la falta de competencia del juzgado para la instrucción de la causa respecto de José Losada y la remisión de la misma al Tribunal Supremo” dada la condición de aforado de la que goza Losada como diputado del PSOE en el Congreso por la provincia de Sevilla.

En ese sentido, la Fiscalía precisa que en el marco de esta procedimiento judicial han prestado ya declaración como investigados José Losada y Dolores Bravo como ex delegados provinciales o territoriales de la Consejería de Medio Ambiente, así como el secretario de dicho departamento provincial de la Junta de Andalucía y dos jefes de la sección de Informes y Sanciones de tal departamento.

La causa, recordémoslo, gira en torno a vertidos de residuos contaminantes derivados de las estaciones depuradoras de aguas residuales de El Copero, Tablada y San Jerónimo, pertenecientes a Emasesa.

“Partiendo de los límites y exigencias derivados de la debida observancia de la normativa, el Seprona informa de vertidos de alta potencialidad contaminante, en particular de fósforo y nitrógeno, en las EDAR de El Copero, Tablada y San Jerónimo; siendo así que el exceso de fósforo y nitrógeno produce eutrofización de las aguas e implica un alto consumo del oxígeno disuelto en ellas, impidiendo la vida de los seres vivos”, exponía el Juzgado de Instrucción número seis en un auto sobre el asunto, agregando que estos vertidos generan “mal olor, disminuyen la calidad y potabilidad del agua y modifican el ecosistema de los seres vivos acuáticos y de organismos aerobios, pudiendo causar su muerte y eventualmente pudiendo perjudicar la salud humana”.

EL PAPEL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Al respecto, la Fiscalía recuerda que “desde 2010 existía una obligación por parte de la Junta de Andalucía de construir las (nuevas) EDAR respecto de las que se venía cobrando un canon para obras y se habían recibido fondos Feder”, además de que “Emasesa, al menos desde 2013, venía instando la ejecución de las obras”.

A tal efecto, recuerda la Fiscalía que el convenio entre la Consejería de Medio Ambiente y Emasesa “para la ejecución de las obras” de renovación y mejora de las EDAR sevillanas “no ha sido firmado hasta septiembre de 2020, es decir diez años después de su declaración como de interés autonómico”, por lo que “disponiendo de fondos recibidos y recaudados para ese fin, siendo de su competencia y teniendo capacidad económica para afrontarlo, en caso de que se haya puesto en grave peligro la calidad de las aguas, cosa por determinar aún, existe presuntamente responsabilidad de la Consejería de Medio Ambiente”.

“Nos hallamos ante un supuesto de corresponsabilidad desde el momento en el que Emasesa debía cumplir los objetivos desde 2006 y la Junta desde 2010 de acometer las obras (…), que no podían ser asumidas de forma exclusiva por Emasesa en el tiempo previo a que la Junta asumiera la competencia (2006-2010”, expone la Fiscalía.

“DEJACIÓN DE FUNCIONES”

En ese contexto, y con relación a los altos cargos y funcionarios de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente investigados en la causa, la Fiscalía ve “dejación de funciones”, porque “no hay expedientes sancionadores abiertos frente a los reiterados incumplimientos de los índices por parte de Emasesa”, pero “en cuanto a las medidas cautelares a ejercer, difícilmente podía acordarse ninguna que permitiera el cese de los vertidos contaminantes por cuanto no podía paralizarse el curso de las aguas residuales urbanas”.

Además, la Fiscalía ve “discutible que pueda hablarse de prevaricación omisiva en la no incoación de expedientes sancionadores” por parte de los citados investigados, porque “la capacidad de reversión” de la situación “estaba esencialmente en la propia Consejería de Medio Ambiente”, con lo que en la Delegación Provincial “se era consciente de que residía” en la propia Consejería “la facultad y competencia de ejecutar las obras necesarias para que disminuyesen los índices negativos”.

Por eso, ante el recurso de reforma de la Junta contra la providencia en la que el juzgado deniega la petición de declarar ya la falta de competencia para la instrucción de la causa respecto de José Losada, la Fiscalía concuerda en que “siendo aforado, de continuar la instrucción debiera conocer de su concreta actuación el Supremo”, pero opta por “no instar a ello” porque “en tanto no resulte nueva información que modifique el esquema actual, debe sobreseerse el procedimiento respecto a este investigado y los restantes indicados de la Delegación” Provincial de la Consejería de Medio Ambiente.

De otro lado, la Fiscalía pide “que se recabe quiénes han ejercido entre 2010 y 2019 el cargo de consejero de Medio Ambiente”, pues “la actual consejera”, la popular Carmen Crespo, “ocupó el cargo en 2019 y en 2020 ha firmado el convenio para las obras” de las EDAR de Emasesa y por eso “no existen contra ella indicios de responsabilidad penal”.