El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha asegurado este martes que el partido seguirá con el proceso de renovación territorial, terminando los congresos provinciales y acometiendo después los cónclaves regionales, al tiempo que ha subrayado que en este proceso quieren contar «con los mejores».

«En los próximos meses tenemos que hacer partido, partido y partido. Contar con los mejores y abrirnos a la sociedad civil. Esa es nuestra misión», ha afirmado García Egea, que ha señalado que los congresos provinciales ya estarán hechos para este verano, según han indicado fuentes del partido.

Ese proceso interno de renovación territorial está provocando tensiones en algunas provincias, con quejas en esas plazas de que la dirección del partido quiera relegar a algunos cargos e imponga sus candidatos sin consenso, según fuentes populares.

A MIL VOTOS DEL ÚLTIMO ESCAÑO EN TARRAGONA, LLEIDA Y BARCELONA

Ante las elecciones catalanas de este domingo, García Egea ha reconocido que los resultados en Cataluña han sido malos y ha defendido trabajar para ser la referencia del constitucionalismo en Cataluña.

«Miles de catalanes se han quedado en sus casas por miedo al virus, lo que ha penalizado especialmente al PP, que es el partido que mayor sufrimiento tiene en cuanto al reparto de escaños por la caída de la participación. Mil votos separaban el último escaño en Tarragona hacia el PP, 1.500 en Lleida y poco más de 2.200 en Barcelona», ha manifestado García García.

También ha tomado la palabra en el Comité Ejecutivo el candidato a la Presidencia de la Generalitat, Alejandro Fernández, que ha agradecido a Casado y a todos los que se han implicado en la campaña. Dicho esto, ha abogado por fortalecer su espacio político, tras lamentar la polarización en esta campaña.

«Tenemos que profundizar en nuestro espacio y todos mis pasos irán dirigidos en ese sentido», ha afirmado, según fuentes ‘populares’. En las elecciones del domingo, el PP pasó de cuatro a tres escaños y sufrió el ‘sorpasso’ de Vox, que entra por primera vez en el Parlamento catalán con 11 diputados.

Ante esa debacle, algunos sectores del PP no habían ocultado su desánimo y habían defendido en privado la necesidad de acometer cambios en la cúpula y que Pablo Casado refuerce su equipo con pesos pesados y perfiles más políticos para el combate diario contra el Gobierno de Pedro Sánchez, según señalaron distintas fuentes.

AYUSO Y MONAGO CELEBRAN EL CAMBIO DE SEDE

Al final, este debate no se ha producido en el Comité Ejecutivo, en el que Casado ha sorprendido a todos los asistentes con el anuncio de que dejarán la sede del partido en la calle Génova para buscar una nueva ubicación. El cambio ha sido bien acogido en términos generales por diferentes cargos y cargos del partido.

«El cambio de sede es un buen gesto, que va en el buen camino y ayuda a tranquilizar al partido porque lanza el mensaje: ‘Yo no tengo nada que ver si hay algún sirvergüenza que nos ha robado'», ha señalado un presidente del PP, que cree que ese anuncio ha gustado entre alcaldes y concejales del partido.

Dentro de la reunión del Comité Ejecutivo, sí que han elogiado ese cambio de sede tanto la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como el presidente de Extremadura, José Antonio Monago. Son los dos únicos presidentes del PP –aparte de Alejandro Fernández– que ha intervenido dentro del Comité Ejecutivo, al que estaban conectados por vía telemática.

Por la tarde, en una rueda de prensa en Valladolid, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha mostrado su «respeto» por la decisión de abandonar la sede del partido en Génova, al tiempo que ha rechazado que se puedan «extrapolar» los resultados de los comicios catalanes a otras autonomías o al conjunto del país.

AYUSO ALERTA DE QUE «NO LLEGA» LO QUZE HACE EL PP

En su discurso, Ayuso ha abogado por que el PP busque «confluencias» pero sin dejar atrás sus siglas, ya que es el momento de renovar un partido «con luces y sombras», y ha apostado por que se impulsen «ideas creativas», ya que considera que lo que hacen «no llega».

Según han desgranado fuentes ‘populares’, Ayuso ha felicitado al candidato del PP en Cataluña y ha defendido su papel durante la campaña, a la que viajó dos veces. No he ido a Cataluña, estoy en Cataluña, lo he hecho muchas veces porque es donde hay que estar, hablando con los comerciantes, los autónomos, la gente que lo pasa mal, que son siempre los grandes olvidados», ha señalado.

Además, ha defendido que el presidente del partido, Pablo Casado, debe continuar liderando el cambio y ha remarcado que la formación debe aspirar «a ser la casa común de liberales, demócratas cristianos, conservadores, así como los socialdemócratas preocupados por la deriva separatista».

MENSAJES DE OTROS PRESIDENTES

Después, algunos presidentes que no han tomado la palabra ante el Comité Ejecutivo Nacional han comentado la reunión en redes sociales.»Las propuestas del PP son el camino para devolver a España al crecimiento y garantizar el bienestar de todos. Un proyecto creíble y liberal, desde la moderación y la seriedad, con la participación de todos y el liderazgo firme de Pablo Casado», ha afirmado en Twitter el presidente de Murcia, José Antonio Monago.

Por su parte, el presidente de Aragón, Luis María Beamonte, ha asegurado que los resultados de las catalanas han sido «malos» y deben llevar a «profundizar en el mensaje europeísta, liberal y de concordia que representa el PP y que cada día es más necesario».

Tras dar las gracias a Fernández, «un magnífico político que ha hecho una buena campaña» hablando de los problemas reales de los catalanes, ha afirmado que hay que «trabajar para llegar a los ciudadanos desde la centralidad, la moderación y la normalidad y hacerlo con unidad y sentido común».

El informe que el Ejecutivo ha remitido este martes 16 de febrero al Congreso sobre los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica en España reconoce que las «fincas inmatriculadas a favor de la Iglesia Católica mediante el procedimiento del artículo 206 contaban con el necesario título material a su favor».

Según el listado remitido este martes al Congreso, la Iglesia católica de España inmatriculó 34.961 bienes desde 1998 con la reforma de la Ley Hipotecaria llevada a cabo por el Gobierno de Aznar y hasta 2015. De ellas, 20.014 corresponden a templos de la Iglesia católica o dependencias complementarias que tienen que ver con el culto o la tarea educativa y 14.947 que no se relacionan con estos usos: terrenos, solares, viviendas o locales.

Además, 30.335 bienes fueron inmatriculados en virtud de certificación eclesiástica y en el caso de otros 4.626 bienes, la inmatriculación consta a otro título distinto, a título «bastante y suficiente para la demostración».

El documento del Gobierno, viene a dar cumplimiento a un mandato del Congreso cuyo origen es una proposición no de Ley del PSOE en la que instaba al Gobierno a elaborar un estudio en el que se recojan todos aquellos bienes que desde 1998 han sido inmatriculados a favor de la Iglesia Católica.

Del mismo modo, le pedía «reclamar la titularidad del dominio o de otros derechos reales inmatriculados a favor de la misma, si dicha inmatriculación se hizo sin la necesaria existencia de un título material y previo que justifique la titularidad del derecho real sobre el bien inmueble de que se trate, o cuando el mismo sea o haya sido un bien no susceptible de propiedad privada por ser de dominio público, aun en el supuesto de que no esté catalogado formalmente como tal, si históricamente gozó de esa presunción o tratamiento».

El documento redactado por el Ejecutivo establece también el íter procedimental a seguir para la recuperación de bienes «de considerar que cierto inmueble inmatriculado a favor de la Iglesia pertenece al Estado» estableciendo la vía adminsitrativa y la judicial.

La primera, que se iniciará de oficio, por iniciativa propia o denuncia, corresponde al director general del Patrimonio del Estado de oficio y, si efectuado el examen oportuno se considerara suficientemente acreditada la titularidad de la Administración General del Estado sobre el bien, se declarará así en la resolución que ponga fin al procedimiento. Una vez declarado, corresponderá reclamar la declaración judicial de titularidad.

En todo caso, se precisa que el Estado carecerá de legitimación activa para el ejercicio de la acción con respecto a inmuebles cuya titularidad no pueda demostrar o corresponda a un tercero, aunque estén inmatriculados a favor de la Iglesia y aun en el caso de que un particular pretenda reivindicarlos para sí. Además, recuerda que el demandado puede oponer la titularidad por usucupación (adquisición de la propiedad por posesión de la cosa durante un tiempo determinado).

El Ejecutivo también señala que la inclusión de un bien en el patrimonio histórico español no determina su titularidad en favor de ninguna Administración Pública y, por lo tanto, ningún derecho le corresponde a estas para reclamar dichos bienes ante su privación contraria a Derecho por un tercero si no demuestran la titularidad del mismo por mucho que el bien tenga la consideración de bien perteneciente al patrimonio histórico-artístico.

MEZQUITA CATEDRAL O LA GIRALDA

Entre los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica recogidos en el listado que ha remitido hoy el Gobierno al Congreso, se encuentran la Mezquita Catedral de Córdoba, cuyo titular es la Diócesis de Córdoba, la Giralda de Sevilla, cuyo titular es el Cabildo de la Catedral, o la Catedral de Santa María de Toledo.

También figuran las catedrales de Barcelona, Lleida y Tarragona, la de Santiago de Compostela, Guadix, Málaga, las de Palma de Mallorca, Menorca e Ibiza, la Basílica Catedral de Segorbe, la de Valencia, las de Santander, Ciudad Real, Ávila, Burgos, Astorga, León, Palencia, Zamora, la Catedral Vieja y la Catedral Nueva de Salamanca o la Catedral Metropolitana de Valladolid, entre otras.

Por su parte, la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha explicado en un documento titulado ‘Inmatriculaciones de la Iglesia ¿un privilegio?’ que la Iglesia católica española «ha inmatriculado los bienes que durante siglos el pueblo católico ha construido y confiado a la Iglesia para que ésta pudiera realizar su labor: el anuncio del Evangelio (apostolado), la celebración de la fe (culto) y el ejercicio de la caridad (servicio)».

Asimismo, precisa que ha inmatriculado también «otros bienes recibidos a través de legados y herencias, que han sido destinados, de un modo u otro a los mismos fines».

En concreto, señala que en España, hay cerca de 40.000 instituciones de la Iglesia que tienen reconocimiento civil, muchas de ellas con más de 1.000 años de existencia y «a lo largo de su vida han adquirido la titularidad de bienes».

Por ello, reconoce que «teniendo en cuenta que existen cerca de 23.000 parroquias canónicamente erigidas, miles de ermitas y santuarios, miles de cofradías y hermandades, centenares de monasterios, el volumen de bienes que corresponde a todas estas realidades, aunque de manera unitaria es escaso, en términos globales es muy alto».

Si bien, precisa que es como «si se quisiera calcular cuántos bienes inmuebles son propiedad de las corporaciones locales». «También en este caso, la cifra sería muy importante», añade.

Para los obispos, la posibilidad que tuvieron hasta 2015 de inscribir a su nombre dichos bienes no es un privilegio porque «hasta 1998, no estaba prevista la inmatriculación de los templos destinados al culto católico, lo que colocaba a la Iglesia católica en una situación de clara desventaja jurídica».

POCOS BIENES «ECONÓMICAMENTE RENTABLES» PARA A IGLESIA

Por otra parte, la CEE explica que son muy pocos los bienes que son «económicamente rentables» para la Iglesia, e «incluso aquellos pocos bienes que reportan recursos, como es el caso de la Mezquita-Catedral, los recursos obtenidos son aplicados a fines culturales (restauración de patrimonio) o a los fines propios de la Iglesia entre los que destaca la ayuda a proyectos sociales».

A modo de ejemplo, señala que «entre 2006 y 2014 el Cabildo de Córdoba destinó 16 millones de euros a proyectos de Cáritas, Proyecto hombre, ayuda a misioneros, etcétera».

Los obispos también destacan en el documento que aunque «antes y ahora la Iglesia ha recibido aportaciones de algunas instituciones» civiles, públicas y privadas, «una donación o subvención no convierte al donante en propietario», ni «tampoco el antiguo derecho de patronato de los concejos, la Corona, o algunas familias de la aristocracia sobre las iglesias que estaban en su territorio».

La exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría dejó la puerta abierta en julio de 2018, en pleno proceso de primarias del PP, a vender la sede nacional del partido de la calle Génova, mientras que su adversario político en ese momento, Pablo Casado, sostenía que lo que podía hacer reconectar con la sociedad no era «cambiar al edificio de enfrente».

El asunto ha vuelto este martes al foco informativo después de que Casado haya anunciado que abandonarán la sede de Génova y cambiarán de ubicación, un paso con el que quiere romper con el pasado y los casos de corrupción que se están juzgando sobre la supuesta caja b de la formación.

Ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP, Casado ha argumentado que «no deben seguir en un edificio cuya reforma se está investigando en los tribunales», coincidiendo con el inicio en la Audiencia Nacional del juicio por el presunto pago de las reformas de la sede del PP con dinero negro y por el que el extesorero del partido Luis Bárcenas se enfrenta a otros años de prisión.

POSICIONES DIFERENTES DE SANTAMARÍA Y CASADO

En verano de 2018, en pleno proceso interno de primarias para elegir al sucesor de Mariano Rajoy, Sáenz de Santamaría se abrió a estudiar la posibilidad de vender la sede de Génova, ante las informaciones que apuntaban a que se había pagado con dinero negro.

Según dijo Santamaría, era una propuesta que la habían hecho «muchos afiliados» y no descartó la posibilidad de venderla. Como me lo han planteado muchos afiliados de base, yo creo que hay que darle una vuelta porque esa gente tiene mucha visión de futuro y de cómo puede ser nuestro partido en el futuro con generosidad, humildad y volviéndonos a construir de abajo a arriba», afirmó el 10 de julio.

Ese mismo día se le preguntó por esas declaraciones a su rival político, Pablo Casado, quien aseguró que él era un candidato que no renegaba del pasado y añadió: «Creo que el problema del PP no es ni qué sede tiene, ni un logotipo ni un himno ni un nombre. El problema que tenemos es de fondo».

Según subrayó entonces, lo que podía hacer reconectar con la sociedad y el electorado no era «pintar el logotipo de otro color» o «cambiar al edificio de enfrente» sino mantener una «posición firme» en Cataluña, en política antiterrorista, bajada de impuestos, la unidad de España o defensa de la familia.

«Con pleno respeto al resto de candidaturas y en especial ahora que estamos en la recta final, con pleno respecto a Soraya Sáenz de Santamaría, con quien tengo una excelente relación y a la que nunca he criticado», aseguró Casado, para añadir que él se presentaba a ese cónclave con una «autocrítica constructiva» porque era el que «más ha defendido al Gobierno de Rajoy».

Al final fue Pablo Casado el que se impuso sobre Santamaría en ese congreso extraordinario celebrado en julio de 2018 para elegir al nuevo presidente del PP y en el que los mensajes de regeneración y ejemplaridad centraron las promesas de los candidatos tras el caso de los ‘papeles de Bárcenas’.

EL CAMBIO DE SEDE, «UN GESTO» QUE CALMA AL PARTIDO

A la espera de que la dirección nacional ofrezca más detalles sobre el cambio de sede del PP, fuentes de la cúpula del partido han señalado que quieren hacerlo «lo antes posible», sin precisar ninguna fecha.

El presidente del Partido Popular ha encargado al secretario general de la formación, Teodoro García Egea, «el traslado de la sede y todo lo relativo al mismo», según han confirmado fuentes ‘populares’.

El anuncio de Casado de que abandonarán Génova ha eclipsado el debate interno abierto estos días tras los malos resultados del PP en las elecciones catalanas del domingo, donde pasó de cuatro a tres escaños y sufrió el ‘sorpasso’ de Vox.

Ante esa debacle, algunos sectores del PP habían pedido cambios en la cúpula, planteando que refuerce su equipo para el combate diario contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Al final, este debate no se ha producido en el Comité Ejecutivo y Casado ha sorprendido a todos los asistentes con el anuncio del cambio de sede.

«Es un buen gesto, que va en el buen camino y ayuda a tranquilizar al partido porque lanza el mensaje: ‘Yo no tengo nada que ver si hay algún sirvergüenza que nos ha robado'», ha resumido un presidente del PP, que ha añadido que ese anuncio ha gustado entre sus alcaldes y concejales.

UN INMUEBLE DE 10.243 METROS QUE COMPRÓ A MAPFRE EN 2007

El inmueble situado en Génova 13, desde cuyo balcón ha celebrado el PP sus victorias electorales, cuenta con 10.243 metros distribuidos en nueve plantas de oficinas y cuatro de aparcamiento. Si el PP elige la opción de vender, podría conseguir hasta 36 millones de euros, mientras que si opta por arrendar obtendría entre 140.000 y 160.000 euros al mes, según las estimaciones de Idealista.

De conseguir esta cantidad, el PP recuperaría casi la totalidad de la inversión realizada en 2007 cuando compró el inmueble a Mapfre por 37 millones de euros, según añade el portal inmobiliario, que señala que esta decisión se produce «en plena pandemia y en un escenario donde el teletrabajo ha cobrado protagonismo».

La presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet, ha manifestado este martes que «no creo que nadie dude en la ejecutiva del liderazgo de Inés Arrimadas», la presidenta de Cs, aunque ha instado a su partido a hacer «autocrítica» de manera que le lleve a «reconocer que tiene un problema de comunicación y vuelva a conectar con la gente».

En una entrevista con ‘La Ventana Andalucía’ de la Cadena Ser dentro de su programación especial ante la celebración del Día de Andalucía, la también integrante del Comité Ejecutivo nacional de Cs ha proseguido explicando sobre la figura de Arrimadas que «sin duda tiene crédito», al tiempo que la ha descrito como «mi presidenta».

Bosquet ha subrayado el problema de comunicación de su partido como principal hándicap que superar a la vista de los resultados de las elecciones al Parlamento de Cataluña, donde Cs ha pasado de ser primera fuerza en 2017 con 36 diputados a situarse como séptima fuerza con 6 parlamentarios, al considerar que «no hemos sabido llegar a nuestro electorado» tras apuntar que «a veces nos falta saber llegar hasta nuestros afiliados».

«A partir de ahí se trata de devolver la ilusión y hacerle ver al electorado que con este panorama, donde nos estamos polarizando por el populismo y el independentismo, Ciudadanos es un partido más necesario que nunca», ha argumentado la presidenta del Parlamento de Andalucía sobre la contribución política de su partido.

«Somos capaces de moderar a izquierda y derecha y de poner en común al bloque constitucionalista», ha proseguido explicando Bosquet.

Bosquet ha sostenido que «lo único que ha conseguido el Gobierno es reforzar el independentismo» al sostener que la celebración de las elecciones al Parlamento de Cataluña «no se han puesto en las fechas más oportunas» tras apuntar la paradoja de que «defendamos que la gente no salga a la calle y cerremos los negocios durante la pandemia.

«Los resultados en general para toda España no son los más buenos, los más deseables», ha considerado la presidenta del Parlamento de Andalucía, quien, al igual que Inés Arrimadas, ha blandido que «el altísimo grado de abstencionismo para nada favorece a la democracia».

Bosquet, quien ha sostenido que «Ciudadanos no ha roto ningún plato porque sigue estando en el mismo sitio, que es la centralidad, la igualdad de todos los españoles», ha trasladado que «culpa nuestra es no haber sabido movilizar al votante constitucionalista, lo cual está justificado por la pandemia, igual que se ha movilizado el independentista».

La presidenta del Parlamento de Andalucía ha argumentado que «el 50% de nuestro electorado se ha quedado en su casa y no ha ido a votar».

Sobre el contenido de la reunión del Comité Ejecutivo de Cs, Bosque ha trasladado que la conclusión del cónclave fue «reforzarnos en lo que somos: de centro, liberal, y ser útiles a los ciudadanos».

«CS Y PP SON DOS PARTIDOS DISTINTOS»

La presidenta del Parlamento de Andalucía, preguntada por la reflexión del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, de que ambos partidos puedan sumar fuerzas, ha defendido que «Cs y PP son dos partidos distintos», aunque ha admitido que «es bueno para los ciudadanos» el Gobierno de coalición que ambos integran en la Junta de Andalucía.

Tras insistir en que «somos partidos distintos, con proyectos distintos», ha señalado Bosquet aspectos que les diferencia como que «el PP es más conservador, nosotros somos liberales», que ha proyectado al caso de las políticas sociales, pese a reconocer «un buen trabajo conjunto en Andalucía».

Con el matiz de la lista conjunta que ha defendido Cs en comunidades como País Vasco o Cataluña, que Bosquet ha explicado con la motivación de «unir al constitucionalismo», ha afirmado que «ese escenario no sucede en Andalucía», por lo que ha deducido que «a la hora de las elecciones cada uno tratará de ganarse a su electorado».

La mayoría de los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados se han mostrado en contra de la proposición no de ley que Vox ha llevado este martes al Pleno para intentar imponer plazos al Tribunal Constitucional (TC) para que resuelva los asuntos, una iniciativa con la que –han advertido– en realidad busca un «cauce privilegiado» para que la corte de garantías responda a sus recursos contra el estado de alarma.

Con esta proposición no de ley, Vox insta al Gobierno a promover una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) para establecer un plazo máximo de tres meses para que resuelva los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad, y de dos semanas cuando se trate de recursos de inconstitucionalidad contra la declaración de los estados de alarma, excepción y sitio y contra cualquiera de sus prórrogas.

La portavoz de Vox Macarena Olona ha sostenido que con estas medidas se pretende dar «un corsé de certidumbre» al TC que elimine la posibilidad de «injerencias políticas» por las cuales, según ha explicado, decide «guardarse en un cajón» unos asuntos y dar salida a otros, entre los que ha destacado que «casualmente» se encuentra el del PP contra el decreto catalán de los alquileres a apenas unos días de los comicios del 14-F.

Así, ha denunciado que el TC no ha resuelto «ni uno solo» de los recursos presentados por Vox y eso, ha enfatizado, a pesar de que algunos versan sobre «los ataques más salvajes al Estado de Derecho», como los que pretenden impugnar un estado de alarma que ha tildado de «estado de excepción encubierto» impuesto por «un Gobierno totalitario dominado por la extrema izquierda».

La intención de Vox, de acuerdo con Olona, es «dar credibilidad al TC» frente al actual marco legislativo, que –ha alertado– «le permite actuar con absoluta discrecionalidad», avisando de que eso es la «antesala» de la «corrupción política». «Magistrados del TC, líbrense de sus grilletes», ha urgido, con una mención a Francisco Tomás y Valiente, ex presidente del TC asesinado por ETA al que ha querido dedicar esta iniciativa parlamentaria.

La diputada ‘popular’ Edurne Uriarte ha afeado a la portavoz de Vox esta alusión al jurista, a quien el TC rindió homenaje el lunes coincidiendo con el 25º aniversario de su muerte. «Yo me sumo, por supuesto, a todos los homenajes a Francisco Tomás y Valiente, (…) pero (Olona) lo ha situado en la corrupción política, ¡si le ha llamado corrupto!», ha exclamado.

LA «DIMISIÓN DE UN EDIFICIO»

Además, Olona ha tachado de «auténtica vergüenza» las enmiendas presentadas por Ciudadanos y PP, que proponían crear grupos de trabajo para analizar detenidamente esta reforma del TC. «Nada pueden esperar de ustedes los españoles, porque son parte del problema y, créanme, la dimisión de un edificio no va a engañarles», ha deslizado, en alusión a la decisión del PP de abandonar la sede de Génova.

La respuesta ha llegado por boca del diputado ‘naranja’ Edmundo Bal, que ha reprochado a Vox la falta de fundamento jurídico de su propuesta, señalando, por ejemplo, que presente como novedad el criterio de relevancia constitucional para tramitar los asuntos que el TC lleva usando años. «Antes hay que leer, estudiar y hacer los deberes, que ustedes no están acostumbrados a trabajar en esta cámara», les ha espetado.

Bal ha criticado igualmente que solo propongan un «recurso acelerado» para los estados de alarma, excepción y sitio, «que son los que le convienen ahora para atacar al Gobierno», y que establezcan derechos de primer y segundo nivel dando prioridad a un confinamiento perimetral sobre una detención ilegal. «Esto es un disparate jurídico», ha sentenciado, ironizando con que a Vox se le haya «olvidado» incluir una cláusula para que el TC «tramite primeros sus recursos y les dé la razón».

El diputado socialista Odón Elorza ha aplaudido las palabras de Bal, por dar «una respuesta técnico-jurídica evidente que desbarata absolutamente la iniciativa de la ultraderecha», que ha calificado como «un despropósito de todo punto de vista» cuyo único objetivo sería «desestabilizar el sistema democrático en España».

Elorza ha coincidido en que «se trata de deslegitimar al TC», con «un discurso absolutamente populista», «y de hacerlo además a costa del resto de partidos de la derecha», a los que ha reprochado que «se dejan». «Su libertad es puro liberticidio», ha dicho a Vox.

«REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA»

En cambio, Uriarte ha considerado «buena y necesaria» una reforma de la LOTC, si bien ha abogado por hacerla «sosegadamente y escuchando a todas las partes, empezando por el propio TC», para recuperar la confianza en el alto tribunal, y ha acusado a Vox de intentar «deslegitimar» al TC por hablar de «corrupción política» y de hacerlo además incurriendo en «contradicciones». A este respecto, ha preguntado a Olona cómo confían «a un gobierno socialcomunista» una reforma de tal calado.

Al hilo de la intervención de la representante del PP, el diputado socialista ha querido apostillar que «cuando se habla de regeneración democrática no se trata de cambiar la fachada o de cambiar la sede», sino de «cambiar el discurso, los comportamientos morales y los liderazgos». «Por tanto, no dé usted lecciones al Gobierno», ha reclamado.

Desde Unidas Podemos, Enrique Santiago ha hecho hincapié en que el TC, al igual que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), está pendiente de renovación, para denunciar después «el permanente secuestro de la derecha de los órganos constitucionales», algo a lo que se ha referido como uno de los problemas de la justicia que provoca desafección en la ciudadanía. «Esto es la anormalidad democrática que tanto les escandaliza», ha remachado.

Santiago ha expresado su «estupor» por la «injerencia» del presidente del Tribunal Superior de Justicia Castilla y León al descalificar al PC, «el partido que más luchó contra la dictadura y por la democracia»; por «la mediación de un juez entre el PP y su ex tesorero para que este calle», en alusión a Enrique López y Luis Bárcenas; y por el ingreso en prisión del rapero Pablo Hasel, «por muy de mal gusto que sean sus canciones».

Para el diputado ‘morado’, «es obvio que la democracia es mejorable», pero «lo que no es cierto es que vivamos en un Estado totalitario, como ha dicho Vox», al que ha acusado de buscar únicamente un «cauce privilegiado» para sus recursos ante el TC. Asimismo, ha querido enviar un mensaje al PP, reivindicando que «la calidad democrática también depende de la renovación en plazo de los órganos constitucionales».

«PEDRADAS» VERBALES

Por su parte, desde el independentismo catalán, el diputado de la CUP Albert Botran se ha opuesto a «dar más poder a los jueces», por considerar que «es la vía moderna del golpe de Estado», y ha echado en cara al PSOE, «que en su momento se comprometió a desjudicializar el conflicto catalán, que no haya dado un solo paso en esa dirección». En la misma línea se ha expresado Joan Nuet, de ERC, que ha descrito a Hasel como «el nuevo preso político del Estado español» y al TC como «cancerbero del régimen constitucional de 1978».

Joan Baldoví, que ha criticado los «retrasos» del TC, ha pedido a PSOE y Unidas Podemos menos tuits para indicarles que «solo vale el indulto o la amnistía» a favor de Hasel. Además, ha cargado contra Vox por sus «pedradas dialécticas» contra la diputada socialista en la Asamblea de Madrid Carla Antonelli y ha planteado qué les parecería a Olona y a Santiago Abascal si les llamara «Don Macareno» o «Doña Santiaga». «Una falta de respecto», ha contestado.