La Asociación Animalista Libera ha reunido 25.000 firmas para que pedir el Gobierno «no ceda ante el ‘lobby’ agroganadero y cinegético» que piden mantener la caza del lobo, lo declare como especie protegida y avance hacia un plan de convivencia natural.

En concreto, la Comisión Estatal de Patrimonio Natural del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) propuso la inclusión de todas las poblaciones de lobo existentes en España en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, lo que conlleva que deje de ser considerada especie de caza. Cantabria, Asturias, Castilla y León y Galicia votaron en contra de la propuesta, postura a la que se unieron otras comunidades autónomas.

Así las cosas, la asociación animalista ha recalcado que la posición de la Xunta de Galicia respecto a la caza del lobo ibérico «es injustificada e insostenible si se atiende a los datos específicos de la comunidad» y la ha acusado de emplear datos de 2015 «para justificar una supuesta población de carnívoros que avalaría su tesis de que la caza es necesaria».

De este modo, ha reprobado que la Xunta haya dado voz a sindicatos agroganaderos y al ‘lobby’ procaza «con un claro interés electoralista» y ha insistido en que «ninguna sociedad científica ni organismo serio avala continuar las batidas como modelo de gestión».

DENUNCIA ANTE LA VALEDORA DO POBO

En otro orden de cosas, la Valedora do Pobo ha admitido trámite una denuncia presentada por Esquerda Unida (EU-IU) ante la exención aplicada en las restricciones que entraron en vigor a finales de enero para la caza.

Según ha trasladado la formación, la Valedora do Pobo ha admitido a trámite esta denuncia interpuesta por Esquerda Unida, que consideró «un agravio comparativo» que se permita la movilidad de los cazadores «obviando las medidas que rigen el país». Así, la Valedora do Pobo ha iniciado las actuaciones oportunas ante la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

Por otra parte, la Asociación Animalista Libera ha explicado que la Asociación Cadeliños, especializada en el rescate de animales abandonados y maltratados en la comarca de Pontevedra, denunció que un cazador disparó en Bueu a uno de los perros adoptados por esta entidad, lo que causó una grave herida que requirió su intervención para amputar una de las patas. Además, la familia puso los hechos en conocimiento de la Guardia Civil.

Ante esta situación, Libera ha alertado de los «continuos altercados» en los que se han visto involucradas personas aficionadas a la caza en las últimas semanas y ha recordado que los gobiernos locales de Vilagarcía, Caldas de Reis y Portas denunciaron la presencia de cazadores y pilotos con ‘quads’ en la Vía Verde de O Salnés dada la inseguridad que conllevaba para los senderistas.

Adicionalmente, ha asegurado que se han detectado cazadores en sendas ciclistas de Arteixo, por lo que ha reclamado que la Xunta refuerce la seguridad en estas vías.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha sostenido este martes que el proyecto del PSC «refleja también un esfuerzo por parte del Gobierno de sentar las bases» del diálogo y el reencuentro en Cataluña.

Lo ha dicho en una atención a los medios en Barcelona, tras inaugurar el ‘hub’ CambraDigital, impulsado por la Cámara de Barcelona, y ha sostenido que van a respetar los encuentros y los acuerdos sobre la formación de gobierno en Cataluña, y que van a mantener la lealtad institucional sobre la base del diálogo y el reencuentro porque es lo que «mayoritariamente» han votado los catalanes.

Preguntada por el rechazo del PSOE a la moción de ERC en el Congreso de los Diputados para un referéndum en Cataluña este mismo martes, Maroto ha sostenido que con la formación independentista han trabajado en muchos proyectos en el ámbito de la Cámara baja que han salido adelante.

«Creo que en ese punto vamos a seguir colaborando y trabajando, es uno de los grupos que apoyó la investidura del presidente Sánchez», y ha sostenido que ERC ha demostrado, sobre todo en los meses más duros de la pandemia, una lealtad al proyecto país que están defendiendo aprobando importantes reales decretos leyes.

«En ese diálogo y en la búsqueda de lo mejor para los ciudadanos es en lo que nos vamos a encontrar, como hemos estamos haciendo desde el inicio de la legislatura», ha añadido.

PABLO HASÉL

Preguntada por el encarcelamiento del cantante Pablo Hasél tras ser detenido este martes en Lleida, Maroto ha recordado que se ha iniciado una reforma legal para revisar todos los supuestos penales que tienen que ver con la libertad de expresión y que es en ese marco donde tendrán cabida las manifestaciones culturales.

Sobre la registro de la petición de indulto por parte de Podemos, Maroto ha sostenido que es el Ministerio de Justicia que en su caso deberá tomar una decisión.

«Por supuesto lo importante yo creo es ampliar los supuestos de libertad de expresión para que manifestaciones culturales como las de este cantante tengan cabida y no tengamos efectivamente casos como el que hoy acabamos de conocer, con ese encarcelamiento», ha añadido.

SEMANA SANTA

Preguntada por la Semana Santa, la ministra ha señalado que lo que les preocupa y ocupa es seguir controlando la pandemia y «reactivar» la vacunación porque sino no habrá movilidad, y ha destacado que los resultados empiezan a mejorar aunque ha pedido prudencia.

«Estamos preparando el reinicio de la movilidad con nuevos instrumentos como el pasaporte vacunal, que sin duda nos va a permitir garantizar viajes seguros, como hemos hecho incorporando las pruebas diagnósticas y en el grupo de alto nivel que trabajamos tanto en la UE y la OCDE tratando de garantizar la movilidad internacional«, ha añadido.

La Coordinadora Estatal para la Recuperación del Patrimonio Inmatriculado por la Iglesia Católica Recuperando, que agrupa a una veintena de colectivos, considera un «absoluto insulto» y una «gran trampa» que haya que reclamar en los tribunales los bienes inmatriculados por la Iglesia.

Así lo ha explicado el portavoz de la Coordinadora Recuperando, Andrés Valentín, después de que el Gobierno haya hecho público este martes que la Iglesia católica de España inmatriculó un total de 34.961 bienes desde 1998, con la reforma de la Ley Hipotecaria llevada a cabo por el Gobierno de José María Aznar y hasta 2015.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, ha señalado que, a partir de la publicación de este listado, cualquier persona física, jurídica o administración pública que discrepe, puede reclamar alguno de estos bienes, ya sea por «vía administrativa», para que la Administración General del Estado abra la investigación correspondiente o por «la vía de los tribunales».

«Nos parece un absoluto insulto. Están promoviendo 35.000 litigios ante los tribunales. Es la gran trampa», ha explicado Andrés Valentín, quien ha alertado de que si hay bienes que no se reclaman «se da por hecho que son de la Iglesia». Además, ha cuestionado que miles de municipios de pocos habitantes tengan capacidad para litigar procesos que se prologan «durante 20 años».

De este modo, el portavoz de la coordinadora opina que es «orientarlo a un callejón sin salida» y que es necesaria es una solución normativa, ya sea vía ley o decreto, que «retorne los bienes a la situación anterior a la inmatriculación» para que sea la Iglesia la que presente la documentación necesaria. «No se puede dar por bueno algo que se ha dado al amparo de la normativa franquista», ha subrayado.

Por otro lado, ha indicado que, tras conocer la publicación del listado de bienes inmatriculados elaborado por el Gobierno, «la primera reacción» ha sido decir: «Ya era hora». No obstante, ha criticado que es un documento «parcial», que no incluye los bienes inmatriculados entre 1946 y 1998 ni «las notas simples que debían haber acompañado al listado», para conocer fechas, superficies, etc.

MÁS DE 100.000 BIENES DESDE 1946

Desde la asociación Europa Laica, el portavoz Juanjo Picó ha mostrado su «satisfacción por que, por primera vez, se haya publicado el listado», pero ha añadido que «el resto son peros. En primer lugar, Picó ha lamentado que «solo cubre» los 34.961 bienes inmatriculados desde 1998, cuando la asociación los cifra en más 100.000 desde 1946.

Asimismo, el portavoz de la entidad ha censurado que este listado no incluye todos los datos registrales de los bines inmuebles, por lo que los considera «incompletos completamente».

Lo que más preocupa a Juanjo Picó es que, a su juicio, el Ejecutivo traslada la iniciativa de reclamar a la ciudadanía. «Esto es una judiada y una salida al paso. Nadie espera que haya 34.000 reclamaciones judiciales. Ningún particular se lo puede permitir», al tiempo que ha insistido en que es «un problema de Estado» y en que «el Gobierno tiene que dar una solución global».

Finalmente, Juanjo Picó defiende un proceso con tres niveles: la publicación completa del listado de bienes; la anulación de las inmatriculaciones; y la reclamación del patrimonio aportando la documentación que así se requiera.

El Comité Europeo de las Regiones (CdR) ha puesto en valor este martes la oportunidad que supone la próxima Conferencia sobre el futuro de Europa para demostrar y promover el papel de esta institución como representante institucional de las ciudades y regiones en el proceso de toma de decisiones de la Unión Europea en el marco de los Tratados vigentes.

Así se ha planteado durante la primera reunión de este año de la comisión de Ciudadanía, Gobernanza y Asuntos Institucionales y Exteriores (CIVEX) del Comité de las Regiones, que se ha celebrado de modo virtual y en la que se ha abordado cuestiones sobre cómo reforzar el papel del CdR en el sistema de gobernanza de la Unión Europea.

En esta línea y desde una perspectiva más amplia, se ha planteado la posibilidad de modificar los Tratados para otorgar más poderes legislativos al CdR con el fin de reforzar la dimensión democrática de la UE.

Entre otras cuestiones, se han tratado sobre si el actual marco jurídico de la UE permite al CdR desempeñar plenamente su papel de portavoz de las ciudades y regiones de la UE y qué papel específico podría preverse en la Conferencia sobre el Futuro de Europa para el comité y los entes locales y regionales en un proceso dirigido por las tres instituciones de la UE (la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE).

En concreto, la conferencia sobre el futuro de Europa, anunciada en 2019 por la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, podría «representar una oportunidad de participación en un debate para mejorar el funcionamiento de la UE en los ámbitos de la dinámica institucional y las políticas», explica el CdR en un comunicado.

Por el momento no se han acordado las perspectivas ni la gobernanza de la Conferencia, cuya fecha prevista de inicio, el 9 de mayo 2020 en Dubrovnik, fue aplazada, aunque se prevé su convocatoria de cara a los próximos meses.

El eurodiputado Mark Speich, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del CdR, ha recordado la necesidad de una visión clara sobre el futuro de la Europa de las regiones. «Cuanto más clara sea esta visión, más eficazmente podremos dar los pasos necesarios para su realización y aprovechar la Conferencia sobre el futuro de Europa como una oportunidad en el proceso», ha alegado.

Tras recordar la reiterada reclamación para que se tenga más en cuenta a los entes locales y regionales en la toma de decisiones y la legislación europeas, Speinch ha incidido en que «ahora es esencial desarrollar propuestas claras para que esta demanda quede también explícitamente consagrada institucional y procedimentalmente».

Por su parte, el eurodiputado socialista español Domènec Ruiz Devesa, ha presentado el proyecto piloto del Parlamento Europeo sobre ‘Construir Europa con las entidades locales’ y ha explicado cómo pueden contribuir los miembros del CdR al mismo.

«Para acercar Europa a sus ciudadanos y en el marco de la Conferencia sobre el Futuro de Europa debemos reforzar la dimensión europea en el trabajo con los responsables políticos locales y regionales, estableciendo una vía de participación más estructurada y permanente al lado de las organizaciones de la sociedad civil, los interlocutores sociales y los ciudadanos», ha explicado.

En este sentido, ha concretado que se pondrá en marcha este proyecto piloto para reforzar la comunicación directa a los ciudadanos sobre las iniciativas políticas llevadas a cabo por la Unión a través de declaraciones periódicas en los medios de comunicación y debates protagonizados por las autoridades locales. «Tenemos la responsabilidad de garantizar con estas iniciativas que la Conferencia logre un enfoque ascendente para alcanzar un diálogo significativo», ha alegado.

Finalmente, Sarah Meyer, investigadora asociada de la Universidad de Danubio Krems (Austria), ha presentado el proyecto REGIOPARL, cuyo objetivo es estudiar cómo los niveles regional y local pueden ser actores cruciales para la participación democrática y el buen funcionamiento de la representación efectiva y la resolución de problemas en el sistema democrático de gobernanza multinivel de la UE.

«Dado que el Consejo aboga claramente por un enfoque que dé prioridad a las políticas en la Conferencia sobre el Futuro de Europa, el CdR podría dedicar sus esfuerzos a una inclusión consecuente y sistemática de la perspectiva regional y local en todas las actividades y resultados de la Conferencia, tema por tema. En lo que respecta a la participación directa de los ciudadanos, la gestión de las expectativas será crucial, ya que la participación sin poder de decisión o de fijación de la agenda no puede apuntalar la legitimidad democrática de la elaboración de las políticas de la UE», ha explicado.

El Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil del Gobierno de España ha asegurado a la ONU que el Ejecutivo no es el responsable de buscar una solución a la situación que viven 1.800 niños y niñas en la Cañada Real Galiana, que llevan más de tres meses y medio sin luz ni calefacción, y el Relator especial de la ONU para la Extrema Pobreza le ha respondido que «lo verdaderamente irresponsable es dejar a niños sin electricidad durante el invierno».

«En respuesta a las preocupaciones de la ONU sobre la Cañada Real, el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil del Gobierno Español, Ernesto Gasco, ha dicho que el Gobierno nacional no es responsable. Lo que es verdaderamente irresponsable es dejar a niños sin electricidad en medio del invierno», ha contestado el Relator Especial de la ONU para la Extrema Pobreza, Olivier De Schutter, en un mensaje publicado este martes en Twitter.

El Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Olivier De Schutter, mandó una carta al Gobierno español el pasado mes de diciembre de 2020 pidiendo explicaciones sobre la situación que atraviesa la Cañada Real debido a los cortes de electricidad que han venido sufriendo estos últimos meses.

En dicha carta, enviada a iniciativa del Relator Especial sobre la vivienda adecuada, Balakrishnan Rajagopal, llamaban al Gobierno de España a «que tome las medidas necesarias para restablecer con carácter de urgencia el suministro eléctrico a las familias afectadas» en la Cañada Real.

En una reciente entrevista, Olivier De Schutter, recordó al Gobierno español que tenía de plazo hasta este martes 16 de febrero para responder a la comunicación que hicieron desde este organismo pidiendo una solución a la situación en la Cañada Real, donde más de 4.000 personas, entre ellas, 1.800 menores, viven desde hace más de tres meses y medio sin suministro eléctrico.

Cuando se cumple el plazo este martes, el Relator de la ONU ha informado de la recepción de dicha respuesta pero ha afeado al Ejecutivo que diga no tener responsabilidad para dar una respuesta.

Según precisó el Relator especial de la ONU sobre extrema pobreza a principios de febrero, lo que está ocurriendo en la Cañada Real es «una catástrofe humanitaria y una derrota de los derechos sociales».

En respuesta al tuit de Olivier De Schutter, el presidente del Comité Derechos del Niño de Naciones Unidas, Luis Pedernera, ha comentado que es «una verdadera lástima que el Alto Comisionado no tenga presente las Recomendaciones formuladas en 2018 al Estado por parte del Comité de los Derechos del Niño sobre el vínculo entre Estado y comunidades autónomas».

EL ALTO COMISIONADO OFRECE «DIÁLOGO»

Por su parte, el Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil del Gobierno de España, Ernesto Gasco, ha precisado que lo que necesitan los niños de la Cañada Real es «diálogo y entendimiento, no polémicas».

«Lo que necesitan los niños de Cañada Real es diálogo y entendimiento, no polémicas o respuestas que no van a ningún lado», ha subrayado este martes el Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil del Gobierno de España, Ernesto Gasco, tras conocer la crítica del Relator de la ONU.

Gasco ha precisado que en la carta que le envió a Olivier De Schutter, le explica que no es la «autoridad competente» pero que van a «apoyar» el acuerdo al que lleguen las administraciones que sí lo son.

«Compartimos la necesidad de poner en marcha mecanismos que solucionen esta problemática», ha precisado Gasco, asegurando que comparten la preocupación del Relator de la ONU.

También le explicaba en la misiva, según dice Gasco, las reuniones que han mantenido con la Comunidad de Madrid y con el Ayuntamiento para abordar la cuestión, e incidía en la necesidad de aplicar el Pacto de la Cañada Real Galiana firmado en 2017.

En el escrito, el Alto Comisionado explicaba asimismo al Relator de la ONU que la competencia es de la comunidad autónoma, en este caso de Madrid. «A veces desde el exterior no se comprende pero nuestro respeto es máximo a las competencias que tienen en exclusividad las comunidades autónomas y corporaciones locales», ha indicado.

NO ES LA RESPUESTA OFICIAL DEL GOBIERNO ESPAÑOL

En todo caso, Gasco ha aclarado que la carta que envió como Alto Comisionado contra la Pobreza al Relator de la ONU «no es la respuesta oficial del Gobierno» al escrito trasladado desde este organismo de la ONU al Ejecutivo el pasado 16 de diciembre. En este sentido, ha precisado que la respuesta oficial la está preparando el Gobierno.

La carta del Alto Comisionado, según ha explicado Gasco, se la enviaron por el interés que el Relator había manifestado por el caso de una menor de 3 años vecina de la Cañada Real que necesitaba un respirador eléctrico para vivir, pero no como respuesta oficial de España.

En cualquier caso, Gasco ha insistido en que están «dispuestos a sumar» y a «dialogar» pero «en ningún caso a usurpar funciones» a las comunidades autónomas en sus competencias exclusivas.

En estos mismos términos se ha expresado la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. «No podemos nunca sustituir el trabajo de otra administración», ha afirmado, en relación con la Cañada Real.

Por otro lado, sobre la respuesta oficial del Gobierno para la ONU a la que ha hecho referencia Ernesto Gasco, fuentes gubernamentales han indicado que esta respuesta oficial se habría elaborado con informaciones de los distintos departamentos del Gobierno que tienen competencia en materia de infancia y derechos humanos.

UN GRUPO DE TRABAJO IMPULSADO POR IGLESIAS

En este sentido, entre las informaciones trasladadas por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, figura la creación de un grupo de trabajo impulsado por este departamento con la participación de todas las administraciones competentes y entidades sociales implicadas, «para proponer medidas que aseguren la cobertura de las necesidades básicas» a las personas que viven en la Cañada Real.

Entre las informaciones que también trasladó el departamento que dirige Pablo Iglesias para añadir en dicha respuesta oficial, se indica asimismo que el Ministerio de Derechos Sociales inició gestiones con la empresa responsable del suministro eléctrico, Naturgy, a pesar de no ser competentes, por la «inacción de la Comunidad de Madrid», aunque la compañía se mostró «renuente», argumentando distintas consideraciones en cada momento.

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha mantenido este martes su primer contacto con el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, tres semanas después de que este llegara al cargo.

«Un placer hablar con el secretario Blinken. Juntos vamos a trabajar para estrechar las relaciones entre España y Estados Unidos, el multilateralismo y las relaciones transatlánticas desde la defensa de nuestros intereses y también de valores compartidos», ha escrito la ministra en su Twitter.

Ambos se han comprometido a «sumar esfuerzos» para la lucha conjunta contra la pandemia y en favor de la recuperación económica, según han informado fuentes diplomáticas.

Asimismo, han coincidido en la necesidad de redoblar los esfuerzos de Estados Unidos y España en la lucha contra el cambio climático. Cabe recordar que nada más llegar a la Casa Blanca el nuevo presidente, Joe Biden, ordenó la vuelta de Estados Unidos al Acuerdo de París.

Por otra parte, según las fuentes, González Laya y Blinken han constatado la «extraordinaria sintonía» en materia de seguridad y defensa entre los dos países y el secretario de Estado ha aprovechado para agradecer «el compromiso de España con la OTAN».

Asimismo, han tenido ocasión de realizar un «profundo repaso» a la situación en el Sahel, en Oriente Próximo, Latinoamérica, China y Rusia, según las citadas fuentes.

AGRADECIMIENTO POR LA ACOGIDA DE TROPAS

Según un portavoz del Departamento de Estado, Blinken y González Laya han discutido «vías para fortalecer la relación bilateral y transtlántica» y el jefe de la diplomacia estadounidense «ha agradecido a España que acoja a tropas de Estados Unidos».

El agradecimiento se produce después de que se especulara con la posibilidad de que Estados Unidos trasladara a su base en Rota a Marruecos, aunque la propia González Laya había salido al paso de estas informaciones, asegurando que había «gran sintonía» y una estrecha relación con Estados Unidos en este asunto.

Además, el secretario de Estado ha aprovechado para trasladar a la ministra española el deseo de la nueva Administración de «trabajar con España, la UE y otros socios para abordar desafíos compartidos, como la COVID-19 y la preparación ante futuras epidemias, el cambio climático, Rusia, China y Venezuela».

«La ministra de Asuntos Exteriores y yo discutimos la relación positiva y multifacética entre Estados Unidos y España», ha señalado Blinken en un mensaje publicado en español por el Departamento de Estado. «Espero poder cooperar estrechamente con España en la lucha contra la COVID-19 y el cambio climático», ha agregado.

CONTACTOS CON MÁS DE 30 MINISTROS

Blinken fue ratificado en su cargo por el Senado el pasado 26 de enero. A partir de ese momento inició la tradicional ronda de contactos con los principales aliados de Estados Unidos, comenzando como es costumbre con sus homólogos de México y Canadá, los dos países vecinos.

Tras ellos llegaron otros dos socios tradicionales, Corea del Sur y Japón, países donde Estados Unidos cuenta con un importante contingente militar desplegado. En este caso, Blinken ya ha repetido llamada en las semanas que lleva en el cargo.

Los primeros aliados europeos en recibir la llamada de Blinken fueron los ministros de Exteriores de Reino Unido, Francia y Alemania, el 27 de enero. Con ellos, el secretario de Estado mantuvo una segunda conversación a cuatro el 5 de febrero. Además, ha hablado con el ministro italiano y con el griego.

En total, Blinken ha realizado unas 40 llamadas, entre las que han figurado también los primeros ministros de Sudán y Etiopía así como el presidente de Afganistán y el secretario general de la ONU.

Desde la oposición también se ha resaltado este hecho. La secretaria Internacional del PP, Valentina Martínez, ha resaltado que después de que Blinken haya hablado con más de 30 homólogos, con algunos incluso dos veces, finalmente se vaya a producir el contacto con la ministra española.

«Enhorabuena, la supongo hasta nerviosa», ha ironizado en su Twitter Martínez horas antes de que se produjera la llamada, subrayando que «esto es lo que contamos en el mundo».

El de Laya es el primer contacto de alto nivel entre las dos Gobiernos desde que Biden asumió la Presidencia el pasado 20 de enero, si bien hubo una llamada telefónica entre el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, con Emma Aparici, asesora diplomática de Sánchez.

Hasta el momento, Sánchez no ha hablado con Biden, que sí lo ha hecho con más de una decena de líderes mundiales, incluidos el presidente francés, Emmanuel Macron, y la canciller alemana, Angela Merkel.

La organización Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD) ha criticado la definición de consentimiento que se recoge en el proyecto de ley orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como ley del ‘solo sí es sí’, y que considera «dudosa» y que puede generar equívocos.

A través de un comunicado, la entidad cree que según la definición incluida en la norma sólo será lícita aquélla relación sexual en la que los participantes consientan libremente, entendiendo por tal el manifestado libremente por actos exteriores, concluyentes e inequívocos conforme a las circunstancias concurrentes.

«Ello podría dar lugar a que pudieran considerarse delictivos supuestos en los que mediara consentimiento tácito -pero cierto- o expresado a través de actos equívocos -existiendo consentimiento-«, recoge JJpD.

Del mismo modo, cree que es «dudoso» que la regulación normativa del consentimiento «evite o reduzca los riesgos de victimización secundaria». A su juicio, si no se implementan otras medidas para evitar que la víctima ocupe el papel central en el proceso, se seguirá estudiando la conducta de la víctima durante el contacto sexual para indagar si expresó o no libremente el consentimiento y la concurrencia o no de los elementos validadores del mismo.

MEJORAR EL MODO DE ATENDER A LAS MUJERES

Además, y aunque consideran «imprescindible mejorar la toma de contacto, la forma de interrogar y el modo de atender a las mujeres que declaran», creen que genera dudas sobre su compatibilidad con el derecho a la presunción de inocencia y la pretensión, explicitada en la Exposición de Motivos del Anteproyecto, de «reorientar el régimen de valoración de la prueba» mediante la introducción de la definición del consentimiento.

Por otra parte, JJpD señala que el Código Penal vigente gradúa las conductas distinguiendo entre aquéllas en las que el autor empleó violencia o intimidación, de aquéllas otras en las que no recurrió a esos medios y, en ambos casos, «las penas se agravan si se ha producido acceso carnal y, aún más, si concurren determinadas circunstancias agravantes».

Los jueces no comparten el hecho de que «se deba sancionar igual a quien emplea violencia o intimidación en un ataque contra la libertad sexual que a quien no lo hace» y creen que «la propuesta lesiona el principio de proporcionalidad y puede generar un efecto preventivo general perjudicial, pues el agresor podría recibir sanciones análogas tanto si recurriera a la violencia como si no».

Sí valoran «positivamente» la «concreta propuesta de entender que el uso de fármacos para anular la voluntad de la mujer víctima constituye un tipo de violencia, tal y como sucede en otros ámbitos delictivos».

PUEDE ESTIGMATIZAR

También consideran como un aspecto positivo que la utilización del mismo nombre (agresión) para referirse a todas las modalidades de ataque contra la libertad sexual porque «acomoda la denominación de los ataques sexuales a la entidad lesiva que la ciudadanía percibe en muchos supuestos de los hasta ahora denominados abusos sexuales».

Sin embargo, JJpD alerta de que «puede producir efectos estigmatizadores ante la opinión pública y perjudicar las posibilidades de reinserción social, pues toda persona condenada por un delito sexual tendrá la consideración de agresor sexual aun cuando la conducta en el caso concreto haya podido ser menos grave».

Finalmente, considera que mantener la edad a partir de la que se considera válido el consentimiento para mantener relaciones sexuales en los 16 años «no se adecúa a la realidad social».

La mayoría parlamentaria que conforma el PSOE, Unidas Podemos, los grupos independentistas y las fuerzas que sustentan al Ejecutivo ha avanzado su rechazo en el Congreso a una proposición de ley contra la ‘okupación’ presentada por el PP, que incluía repescar penas de cárcel, veto al empadronamiento y protección a los vecinos.

En concreto, la propuesta que ha defendido este martes el PP en el Congreso pretendía atajar el problema de la ‘okupación’ mediante la inclusión de penas de cárcel, prohibir que los ayuntamientos empadronen a quienes residan ilegalmente en inmuebles ajenos y proteger a los vecinos afectados por estas situaciones.

Durante su debate, la iniciativa ha suscitado las críticas de gran parte de los partidos que conforman la mayoría de la investidura de Pedro Sánchez. Aquí, el PSOE ha arremetido contra la propuesta de los ‘populares’ calificándola de «anecdótica» porque consideran que es «innecesaria y superflúa»: «Votamos que no porque no aprobaría ningún examen de constitucionalidad».

Por su parte, Unidas Podemos y varios grupos como Bildu, ERC, Compromís o el BNG consideran que se está «sobredimensionando» el problema de la okupación y han insistido en centrar el debate sobre la vivienda. Muchos de ellos han apelado al artículo 47 de la Constitución que hace referencia al derecho de una vivienda digna. «Es una criminalización de la pobreza», ha subrayado el dirigente de Podemos Rafa Mayoral.

ACUSAN AL GOBIERNO DE INCITAR A LA OKUPACIÓN

La encargada de defender esta propuesta ha sido la diputada del PP Ana María Zurita, que ha cargado contra la coalición gubernamental de PSOE y Unidas Podemos por «incitar» a la okupación y ha apostado porque «los ilegales no gocen de la misma protección» que la gente que cumple la ley.

En este sentido también se ha dirigido el discurso del diputado de Ciudadanos Miguel Gutiérrez, que de hecho ha acusado al PP de haberles copiado la propuesta con un texto que presentó su grupo durante la legislatura pasada.

Por su parte, VOX, que se ha mostrado favorable a este tipo de propuestas contra la okupación, ha arremetido contra los de Pablo Casado porque consideran que se trata de «oportunismo político». Eso sí, su diputada Cristina Alicia Esteban ha proclamado que «a los okupas, patada en el trasero».

El PP también ha encontrado el voto favorable a su propuesta del diputado de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, que ha definido la iniciativa como «pertinente», y del parlamentario del PRC, que ha asegurado que «si es ilegal, no se puede permitir».

DESALOJAR A LOS OKUPAS EN 48 HORAS

La propuesta recoge el anuncio del presidente del PP, Pablo Casado, de presentar una ley para recuperar el delito de usurpación, con penas de uno a tres años de prisión, y facilitar a la Policía poder echar a los ‘okupas’ en un máximo de 48 horas «dando plena seguridad jurídica a los servidores públicas».

En su iniciativa, el PP recuerda que la defensa contra actos que perturben la posesión de un inmueble destinado a vivienda quedó garantizada «con resultados muy positivos» en la ley de 2018, acortando plazos y agilizando procedimientos. Y también considera protegida la vivienda a través de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana.

Pero entiende que «el ordenamiento jurídico debe ser adaptado y mejorado para permitir una protección efectiva de los titulares de derechos». «Y, además, ha de tener en cuenta un bien jurídico a proteger que hasta ahora no ha tenido debida consideración: la convivencia vecinal pacífica y respetuosa en aras de la seguridad de las personas y las cosas», añade.

Se centra, por tanto, en «situaciones muy comunes en que la ocupación de una vivienda de manera ilegal y en contra del titular de la misma se produce comportando una alteración de la convivencia vecinal» porque «provoca una inseguridad de los vecinos de la comunidad de propietarios en la que se han instalado los ocupantes ilegales».

A su juicio, «las duras consecuencias» que tiene la ‘okupación’ «aconsejan un refuerzo de las medidas actualmente existentes en el ordenamiento jurídico, tanto a nivel penal como administrativo y civil».

No cabe desconocer que estas consecuencias no solo se proyectan individualmente sobre los ciudadanos que han de sufrir estas situaciones indeseables y preocupantes, sino sobre la economía a mayor escala, pues la inseguridad que genera el fenómeno de la ocupación provoca también que haya determinadas zonas urbanas que empeoren su estatus», añade.

A tal fin, por un lado el PP introduce en el artículo 245 del Código Penal «el supuesto de que concurran dos o más autores, actuando en grupo organizado, de manera sistemática o concertada, y estos ocuparan dos o más cosas inmuebles o usurparen varios derechos reales inmobiliarios ajenos». «Se impondrán igualmente las penas superiores en grado a los ocupantes que actúen siguiendo instrucciones de un grupo organizado que actúe en los términos del artículo 570 bis del Código Penal», proponen.

INTERVENCIÓN JUDICIAL A INSTANCIAS DE LA COMUNIDAD DE VECINOS

Además, abre la puerta a que en los procesos intervengan las comunidades de propietarios, a las que se confieren medios de defensa jurídica. Pablo Casado argumentó que, «ante comportamientos violentos de los okupas», las comunidades de vecinos y los propietario que son personas jurídicas «deben poder actuar directamente ante los tribunales. Esto no solo son fondos de inversión. Hay inmobiliarias, hay pequeños autónomos, que tienen pisos y los tienen registrados como personas jurídicas y hasta ahora no podían a actuar», manifestó.

La iniciativa también deslinda los conceptos de morada o domicilio de las situaciones de ilegalidad por ocupación: «La presente norma tiene como finalidad reforzar el concepto de domicilio, pero ligado al del legítimo propietario, poseedor o titular de un derecho sobre la cosa inmueble, frente a quien ocupa sin título y sin tolerancia del primero», subraya.

Ello permite «prohibir que los ayuntamientos permitan empadronarse a los okupas», ya que, según dijo en su día Casado, «se empadronan para recibir ayudas sociales y para que los legítimos propietarios de la vivienda no les puedan desahuciar».

LOS DESAHUCIOS POR VULNERABILIDAD, AL MARGEN

Eso sí, el PP precisa que sus reformas «nada obstan a la debida protección de los más desfavorecidos», las «situaciones en precario» y la garantía de la vivienda que deriva de los principios rectores de la política social». «No deben, por tanto, confundirse las necesidades de vivienda y su cobertura con la lucha contra la delincuencia, las actividades incívicas y las conductas que pongan en riesgo la seguridad de las personas y las cosas», concluyen.

«El tema de desahucios hipotecarios por vulnerabilidad social no opera para esto. Todo lo contrario», subrayó Casado, remarcando que la ley del PP busca proteger a «clases medidas ahorradoras que no tienen por qué ver su casa ocupada y cada vez más con mafias y con redes de extorsión dedicados a ello».

El Partido Popular puede lograr hasta 36 millones de euros con la venta de su sede nacional, ubicada en la madrileña calle Génova 13, y entre 140.000 y 160.000 euros al mes si opta por alquilarla, según estimaciones realizadas por el portal inmobiliario Idealista.

El líder del PP, Pablo Casado, ha anunciado ante el Comité Ejecutivo Nacional del partido que abandonarán la sede de Génova y cambiarán de ubicación, un paso con el que quiere romper con el pasado y los casos de corrupción que se están juzgando sobre la supuesta caja b de la formación.

Casado ha argumentado ante la plana mayor del PP que «no deben seguir en un edificio cuya reforma se está investigando en los tribunales». A la espera de que la dirección nacional ofrezca más detalles fuentes de la cúpula del partido han señalado que se quiere hacer «lo antes posible», sin precisar fecha.

Fuentes del PP han señalado que el presidente del Partido Popular ha encargado al secretario general de la formación, Teodoro García Egea, «el traslado de la sede y todo lo relativo al mismo». UN INMUEBLE DE 10.243 METROS QUE COMPRÓ A MAPFRE EN 2007

El inmueble situado en Génova 13, desde cuyo balcón ha celebrado el PP sus victorias electorales, cuenta con 10.243 metros distribuidos en nueve plantas de oficinas y cuatro de aparcamiento. So elige la opción de vender, podría conseguir hasta 36 millones de euros, mientras que si opta por arrendar obtendría entre 140.000 y 160.000 euros al mes, según idealista/data.

En concreto, señala que el partido podría llegar a ingresar hasta 36 millones de euros con la venta de este activo. Esta predicción cifra en 30 millones de euros la transacción de las oficinas y en seis millones de euros las 93 plazas de aparcamiento.

De conseguir esta cantidad, el PP recuperaría casi la totalidad de la inversión realizada en 2007 cuando compró el inmueble a Mapfre por 37 millones de euros, según añade el portal inmobiliario, que señala que esta decisión se produce «en plena pandemia y en un escenario donde el teletrabajo ha cobrado protagonismo.

Así, admite que antes de la aparición del coronavirus había una falta de oficinas ‘prime’ en Madrid, pero ahora no existe tanta necesidad de este tipo de espacios, máxime cuando el mercado de la capital contará con numerosos edificios de nueva construcción o remodelados durante este ejercicio y 2022 en un eje tan importante con el Paseo de la Castellana.

Según explica el portal inmobiliario, esta estimación sobre Génova 13 ha sido generada a través del algoritmo de idealista/data, que basándose en los datos registrados en el Catastro estima el precio en comparación con inmuebles de similares características aparecidos en el mercado en los últimos años.

Dejando a un lado los pronósticos basados en el Catastro, la consultora Colliers cifra el valor de mercado del edificio entre 55 y 70 millones de euros, según agrega en el mismo comunicado. Antes de albergar las sedes de Mapfre y del Partido Popular, este emplazamiento fue un huerto del convento de las monjas salesas.

SANTAMARÍA SE ABRIÓ A VENDER GÉNOVA EN 2018

Ya en la carrera de primarias del PP, en verano de 2018, la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría se abrió a estudiar la posibilidad de vender la sede de Génova, ante las informaciones que apuntaban a que se había pagado con dinero negro. Según dijo entonces, era una propuesta que la habían hecho «muchos afiliados» y no descartó «darle una vuelta».

En ese momento se le preguntó por esas declaraciones de Santamaría a Pablo Casado, quien aseguró que él era un candidato que no renegaba del pasado y añadió: «Creo que el problema no es ni qué sede tiene, ni un logotipo ni un himno ni un nombre. El problema que tenemos es de fondo».

Según dijo entonces, lo que podía hacer reconectar con la sociedad no era «pintar el logotipo de otro color» o «cambiar al edificio de enfrente» sino mantener una «posición firme» en Cataluña, bajada de impuestos, unidad de España o defensa de la familia.

Al final fue Pablo Casado el que se impuso sobre Santamaría en ese congreso extraordinario celebrado en julio de 2018 para elegir al sucesor de Mariano Rajoy, en que los mensajes de regeneración y ejemplaridad centraron las promesas de los candidatos tras el caso de los ‘papeles de Bárcenas’.

El PSOE ha conseguido este martes el apoyo suficiente para que el Congreso tramite su proposición de ley de Igualdad de Trato, aunque el debate del texto ha estado centrado en los reproches de la oposición por las peleas entre los socios de Gobierno por liderar las políticas de no discriminación.

La defensora del texto en el Pleno, la diputada socialista y presidenta de la Comisión de Seguimiento del Pacto contra la Violencia de Género, Beatriz Micaela Carrillo, ha destacado que esta norma «refuerza las garantías» que ofrece la Constitución en materia de Igualdad y se cumple con los compromisos internacionales y con la UE en esta materia.

En su intervención, se ha dirigido ha aquellos que «todavía no se han enterado de que el motor de una sociedad avanzada es la pluralidad y diversidad» de su ciudadanía y a quienes llevan «como bandera» el discurso del odio y «tienen una idea tan pequeña de España» que «solo caben ellos». «Las diferencias no son un problema, el problema es el uso de quien las convierte en los marcadores de fronteras entre los seres humanos», ha señalado Carrillo.

De hecho, Vox ha solicitado el turno en contra para esta norma que, a su juicio, es «innecesaria» porque «la igualdad ya está regulada» por el artículo 14 de la Constitución. Su portavoz en este debate, Carla Toscano, ha asegurado que el propósito real de esta ley es «cortar libertades» y ha señalado que supone una «intromisión gravísima del poder político en la vida de los españoles».

UNIDAS PODEMOS REIVINDICA EL ACUERDO

Para Toscano, Vox es «el único partido que está a favor de la igualdad ante la ley de todos los españoles» frente a los socialistas que «castigan al disidente» y buscan «adoctrinar» a los hijos, funcionarios y jueces, así como «blindar» a los colectivos a los que «privilegian».

«¿Hay dudas para respaldar esta ley después de oír esto?», ha preguntado a la Cámara la portavoz del PSOE tras la intervención de la diputada de Vox.

Carrillo se refería así a la intención de voto de Unidas Podemos, que no ha sido desvelada por el grupo parlamentario hasta la intervención de su portavoz en el debate, Ismael Corté, quien ha confirmado que los morados iban a abstenerse.

En su intervención, el diputado de Unidas Podemos ha recordado el acuerdo de Gobierno alcanzado en esta materia y ha afeado a los socialistas que registraran esta norma «de forma desleal» y «unilateral» tras «un proceso dialogado de trabajo» y mientras «el Consejo de Ministros bloquea la tramitación de las leyes LGTBI». El acuerdo, ha insistido Cortés, es aprobar «tres leyes antidiscriminación».

La oposición se ha referido durante sus respectivas intervenciones a estas desavenencias entre los socios de la Moncloa. La portavoz del PP en materia de Igualdad, Margarita Prohéns, ha criticado la «lucha sin cuartel» de las dos formaciones en el Ejecutivo, por destacar «quien sostiene la pancarta del feminismo y de la igualdad». Es una «lucha de egos» en la que siempre «pierden los vulnerables», ha señalado la diputada.

APOYO DE ERC, PNV, CS Y MÁS PAÍS

Los ‘populares’, que han adelantado su abstención, han celebrado que la norma del PSOE se haya presentado teniendo en cuenta los acuerdos alcanzados durante su tramitación en legislaturas anteriores, aunque ha señalado que el PP presentará enmiendas para fortalecer la seguridad jurídica e individual de los ciudadanos. Iniciativas que se «rechazaron» en el debate del texto anterior.

Para la representante de ERC María Carvalho, «urge» que esta ley se apruebe y ha instado a que esta norma establezca de forma integral las definiciones fundamentales del derecho a la igualdad de trato y de garantías básicas para una protección. Sin embargo, se ha dirigido al PSOE para señalar que «no vale» pedir «un OK» a esta norma e «impedir» que la Ley Trans vaya al Consejo de Ministros.

De forma similar se ha expresado el portavoz de Más País, Iñigo Errejón, que ha pedido a PSOE y Podemos que no usen la Cámara para «meterse un dedo en el ojo» por el avance en derechos. «Es peligroso», ha advertido, antes de recordar que hay personas que siguen siendo discriminadas, entre ellas las personas Trans. En este sentido, ha señalado que su formación estará a favor de ambas normas.

Desde Ciudadanos, su portavoz en materia de Igualdad, Sara Giménez, ha llamado a los socios del Ejecutivo a «tener talla política» ante una norma que es «totalmente necesaria». Así, ha defendido la necesidad de abrir los supuestos de la discriminación desde un punto de vista integral.

El PNV, por su parte, ha señalado que la igualdad es «una cosa lo suficientemente seria» como para que PSOE y Podemos estén «jugando a ver a quién le toca» registrar. Su portavoz en el debate, Joseba Agirretxea, ha adelantado que votarán a favor, aunque ha asegurado que enmendarán muchos temas que «no les convencen» del texto.

DISCRIMINACIÓN LINGÜÍSTICA

Más crítica ha sido la diputada de EH Bildu, Bel Pozueta, que ha reprochado al PSOE de presentar una norma con «serias contradicciones» en relación a la discriminación racial y el contenido actual de la Ley de Extranjería. «Exigiremos muchos cambios», ha declarado, antes de pedir «más responsabilidad» al Ejecutivo por sus «peleas internas».

Además, el portavoz de CUP, Albert Botrán, ha señalado la importancia de «combatir la discriminación» tanto contra la mujer, como contra los migrantes y otros colectivos, teniendo en cuenta también los delitos de odio que crea la aporofobia. El representante del BNG, Nestor Rego, se ha referido, además, a la discriminación lingüística que, según ha denunciado, también se realiza desde la Administración.

Durante el debate se han hecho referencias a la detención, este martes, del rapero Pablo Hasel, por parte de formaciones como EH Bildu, CUP, ERC o Más País, que han cuestionado la libertad de expresión en el país. Además, el PP ha rechazado la manifestación antisemita del pasado fin de semana en Madrid.

El Parlament de Cataluña renovará a más de la mitad de sus diputados en la nueva legislatura después de las elecciones del 14 de febrero, ya que, de los 135 diputados electos, 78 son nuevos y 57 repiten escaño respecto a la legislatura anterior, por lo que el 57,78% de los miembros en la Cámara catalana estrenará asiento.

El PSC, el partido ganador de las elecciones en número de votos, mantiene a un grueso importante del grupo parlamentario de la última legislatura, ya que repiten 14 diputados, como Eva Granados, Ramon Espadaler (Units), Ferran Pedret, Alícia Romero y Assumpta Escarp, entre otros–, pero al prácticamente doblar sus escaños también se estrenarán 19 nuevos miembros de la Cámara, como su candidato, Salvador Illa, y la número 4, Gemma Lienas, que ya fue diputada de SíQueEsPot entre 2015 y 2017.

ERC, que ha quedado segundo empatando en 33 escaños con el PSC, mantiene a 16 de los diputados del ciclo anterior, como el presidente de la Cámara, Roger Torrent, Sergi Sabrià, Najat Driouech, Ernest Maragall, Jenn Díaz y Josep Maria Jové, entre otros, mientras que cuenta con 17 nuevas incorporaciones, como el propio candidato, Pere Aragonès –había sido diputado entre 2006 y 2015–, y la número dos, Laura Vilagrà.

Entre las novedades, los republicanos también tendrán en su nuevo grupo parlamentario a varios consellers –algunos habían sido escogidos como diputados en la última legislatura pero entregaron su acta al entrar en el Govern–, como Alba Vergés, Ester Capella, Teresa Jordà y Chakir El Homrani, además del exdiputado del PSC Carles Castillo, que dejó a los socialistas antes de acabar la legislatura.

Junts, que ha obtenido 32 diputados –dos menos que en 2017–, mantiene a 14 diputados, como Albert Batet, Elsa Artadi y Gemma Geis, y entre los que repiten se encuentra Titón Laïlla (Demòcrates), que es nueva diputada de esta formación pero ya estaba en el Parlament en la anterior legislatura en el grupo de ERC.

18 miembros serán nuevos respecto a los que finalizaron la legislatura, pero entre estas novedades se incluye el expresidente Carles Puigdemont, que fue parlamentario hasta que renunció al acta para ser eurodiputado y previsiblemente no recogerá el acta en esta ocasión; la presidenciable, Laura Borràs, que dejó el Parlament para presentarse en el Congreso, y consellers, como Meritxell Budó o Damià Calvet, además de otros que se estrenan en un escaño, como Joan Canadell.

En el caso de Vox, al entrar por primera vez en el Parlament, sus 11 diputados son nuevos en la Cámara catalana y estarán encabezados por su candidato, Ignacio Garriga.

Por su parte, la CUP mantendrá solo al número dos en la lista por Barcelona el 14F, Carles Riera, y entrarán ocho nuevos diputados, como la exalcaldesa de Badalona y candidata ‘cupaire’, Dolors Sabater, y la que ya fue diputada entre 2015 y 2017 Eulàlia Reguant.

En los comuns, que han mantenido sus ocho escaños, repetirá más de la mitad del grupo parlamentario: su candidata, Jéssica Albiach, Lucas Ferro, David Cid, Susanna Segovia y Marc Parés, e incorporará tres nuevas caras –Joan Carles Gallego, Jèssica Gonzalez y Jordi Jordan–.

Casi todo el grupo parlamentario de Cs, después de perder 30 escaños, contará con cinco diputados que ya formaban parte del anterior Parlament –Carlos Carriosa, Nacho Martín Blanco, Joan García, Marina Bravo y Matías Alonso–, mientras que se estrenará la número dos en las elecciones, Anna Grau.

Además, en el PP, que ha perdido un escaño respecto a la anterior legislatura, solo repetirá su líder, Alejandro Fernández, aunque Lorena Roldán ya era diputada por Cs, y la única cara nueva respecto a la anterior legislatura será Eva Parera.

BAJAS DESTACADAS

Entre las bajas más destacadas se encuentran diputados históricos que no repetirán como el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, que ocupaba un asiento en el Parlament desde 1999 y que no se ha presentado porque ha cedido la cabeza de la candidatura a Illa para ser ministro de Política Territorial.

Tampoco repetirá el dirigente del PP Santi Rodríguez, que ha sido diputado desde 2003 y que no ha sido escogido pese a ir en las listas, ni la exdiputada de los comuns Marta Ribas, que llevaba en el hemiciclo desde 2012, y que en esta ocasión ya adelantó que no repetiría porque quería apartarse de la primera línea política.

Ha quedado fuera del hemiciclo el líder de Demòcrates, Toni Castellà, que fue diputado de CiU entre 1999 y 2011, entre 2015 y 2017 de JxSí, en la última legislatura de ERC y ahora no ha sido elegido pese a presentarse con Junts.

No han obtenido representación otros diputados destacados de la última legislatura, como el vicepresidente primero del Parlament, Josep Costa (Junts), aunque probablemente entrará cuando Puigdemont renuncie al acta, algunos de los principales diputados de Cs, como Sonia Sierra y Jorge Soler, otros de ERC como José Rodríguez y Jordi Orobitg, y exdiputados de Junts, como Marc Solsona o Lluís Font, que al presentarse por separado con el PDeCAT han perdido su escaño.

MUJERES Y HOMBRES

En la nueva composición del Parlament, que se constituirá como muy tarde el 12 de marzo, destaca que será la más paritaria de la historia de la Cámara catalana, ya que habrá 65 diputadas y 70 diputados, lo que representa que el 48,1% del hemiciclo tendrá representación femenina, superior al 43,7% de la anterior legislatura.

Por partidos, el PSC contará con 17 mujeres y 16 hombres (el 51,5%), la misma cifra que ERC; Junts tendrá 15 mujeres y 17 hombres (46,9%); Vox 3 mujeres y 8 hombres (27,3%); la CUP con 5 mujeres y 4 hombres (55,5%); los comuns 3 mujeres y 5 hombres (37,5%); Cs 2 mujeres y 4 hombres (33,3%), y el PP 2 mujeres y un hombre (66,6%).

El fundador de Microsoft y filántropo Bill Gates alerta de que a este ritmo «para el año 2050 el cambio climático podría resultar tan mortífero como el nuevo coronavirus, y para 2100, cinco veces más mortífero».

Así lo asegura el tecnólogo en su nuevo libro, ‘Cómo evitar el desastre climático. Las soluciones que ya tenemos y los avances que aún necesitamos’, que se publica este martes de forma simultánea en 20 países, entre ellos España, por Plaza Janés.

En la obra, Gates expone su receta para lograr evitar «las peores consecuencias» del cambio climático en esta década y para contribuir a impulsar el objetivo de la neutralidad climática. «No será una tarea sencilla, pero está a nuestro alcance si seguimos sus pautas», señala.

El autor relata que escribió el libro porque cree que prevenir el desastre climático es «uno de los mayores desafíos» a los que se enfrenta la humanidad en la actualidad y tras haber estudiado la cuestión durante los últimos diez años.

«Tras haber estudiado el problema y haber invertido en empresas de energía limpia durante más de una década, creo que podemos evitar las peores consecuencias del cambio climático. El mundo es perfectamente consciente del problema y se están fijando objetivos muy ambiciosos para solucionarlo. Lo que necesitamos es un plan para alcanzar estos objetivos. Un plan que tenga en cuenta todas las complejidades y las encare», ha manifestado el co-presidente de la Fundación Bill & Melinda Gates.

El autor precisa que la voluntad del libro es reducir la «complejidad» de entender el problema explicando la ciencia de una manera clara y propone un plan «con todo» lo que se debe hacer en la próxima década y sugiere los pasos que se pueden seguir. «Tengo la esperanza de que este libro ayude a fomentar el debate y motive la acción. Lo que está en juego no podría ser más importante», añade.

En su receta de la esperanza para lograr emisiones cero, el tecnólogo plantea el uso de la energía nuclear como complementaria a la solar y la eólica para obtener «suficiente» energía limpia para abastecer al planeta. Gates reconoce que descarbonizar todos los sectores de la economía supondrá un esfuerzo enorme pero asegura que es posible y no se trata de un «optimismo iluso.

En el libro, alerta de que para tener «alguna posibilidad» de prevenir el desastre los países más ricos y mayores emisores del mundo tendrán que llega a emisiones casi nulas en 2050, mientras que los países de renta media deberán cumplir el mismo objetivo «poco después» y, finalmente, el resto del mundo habrá de seguir su ejemplo.

Gates, creador de la compañía Breakthrough Energy opina también que la tarea es «titánica» y debe ser realizada con «mucha mayor rapidez» y, para ello se necesitarán «multitud de avances en ciencia y en ingeniería» acompañado de la construcción de un consenso que «no existe» e instaurar «políticas públicas para impulsar una transición que de otro modo jamás se produciría».

Por otro lado, explica a los ciudadanos que, a título individual, cada uno puede mejorar las cosas con acciones como por ejemplo conducir coches eléctricos o comer hamburguesas vegetales, para demandar al mercado «alternativas neutras en carbono». De ese modo, confía en que las empresas dedicarán más dinero y tiempo en fabricar productos bajos en emisiones. «Sin este mensaje de la demanda, las innovaciones en las que invierten los gobiernos y las compañías jamás saldrán al mercado, o ni siquiera llegarán a desarrollarse», justifica.

En el libro, Gates se define como «optimista» porque sabe lo que la tecnología y la gente son capaces de conseguir. «Me llena de esperanza el entusiasmo que veo, sobre todo entre los jóvenes, por resolver este problema. Si no perdemos de vista nuestra gran meta -llegar al cero- y trazamos planes rigurosos para alcanzarla, lograremos evitar un desastre», añade.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), José Luis Concepción, quien ha merecido este miércoles las críticas de Podemos, IU y el PCE por sus palabras poniendo en entredicho la presencia de la formación morada en el Gobierno, ya fue amonestado el pasado mes de mayo por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Su presidente, Carlos Lesmes, le mandó una carta recordándole su responsabilidad institucional y llamándole a la prudencia por otras manifestaciones en las que puso en entredicho el estado de alarma por covid.

En esta ocasión, Concepción ha afirmado durante una entrevista televisiva que «la democracia en España se pone en solfa desde que el Partido Comunista», en el que encuadra al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, «forma parte» del Ejecutivo.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no ha recibido aaún ninguna queja formal por estas nuevas manifestaciones de Concepción, han señalado fuentes de este órgano, si bien aún no se ha decidido si las nuevas manifestaciones merecerán o no un nuevo reproche u otro tipo de actuación.

El pasado 15 de mayo, Lesmes trasladó por carta a Concepción el criterio mayoritario de la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces en relación a las manifestaciones de Concepción en Onda Cero, en las que afirmó que se estaba utilizando el estado de alarma «para legislar extramuros de la necesidad que provoca la epidemia».

«Desde el más absoluto respeto al derecho de libertad de expresión, consideramos necesario recordar también que, en el caso de los miembros del Poder Judicial, éste está sometido a unos límites específicos y más estrictos, derivados de la naturaleza de la función jurisdiccional que desempeñan», apuntó el presidente del CGPJ en dicha ocasión.

Este miércoles, Podemos, IU y el Partido Comunista de España (PCE) han arremetido contra las declaraciones del presidente del alto tribunal de Castilla y León, que tildan de «reaccionarias».

El propio Iglesias ha reproducido las declaraciones de este magistrado en su cuenta de Twitter: «‘La democracia de un país se pone en solfa desde el momento en que el Partido Comunista está en el Gobierno’. José Luis Concepción, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, 16 de febrero de 2021», ha apuntado.

La semana pasada Iglesias subrayó en varias entrevistas e intervenciones públicas, que en España existían situaciones que impedían hablar de «plena normalidad democrática» y que ponerlas de manifiesto era el mayor compromiso con ella.

También ha reaccionado a las declaraciones de Concepción el titular de Consumo y coordinador federal de IU, Alberto Garzón, para cuestionar que luego exista gente que «se sorprende con determinadas sentencias dictadas por algunos jueces que, como este señor, profesan ideas reconocidamente reaccionarias.

Además, el secretario general del partido morado en Castilla y León, Pablo Fernández, ha calificado las palabras del juez de «vergüenza», ya que Concepción «está manchando y mancillando las instituciones», a lo que ha añadido que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) «debería tomar cartas en el asunto para cesarle de su puesto».

El número de migrantes llegados a España, a través de sus costas o fronteras terrestres, hasta el 15 de febrero de 2021 es de 3.581, lo que supone un descenso del 9,4% respecto a la misma época del año pasado, cuando se contabilizaron 3.954 llegadas. Canarias ha registrado esta quincena la cifra más baja de llegadas en los últimos cinco meses.

Según datos del Ministerio del Interior facilitados a Europa Press, un total de 155 migrantes han llegado a las Islas Canarias en estos primeros 15 días de febrero, lo que supone el primer descenso significativo desde septiembre de 2020. Durante este periodo, la cifra más elevada se registró entre el 1 y el 15 de noviembre de 2020, con 5.351 migrantes.

El primer aumento significativo de migrantes llegados al archipiélago se produjo el pasado mes de septiembre, cuando entre el 1 y el 15 de ese mes llegaron 1.188 migrantes y del 16 al 30 de septiembre, 960. Posteriormente, del 1 al 15 de octubre hubo 2.021 llegadas, del 16 al 31 de octubre, 3.307; del 1 al 15 de noviembre, 5.351; del 16 al 30 de noviembre, 2.806; del 1 al 15 de diciembre, 1.886; y del 16 al 31 de diciembre, 1.571.

En lo que va de año, del 1 al 15 de enero llegaron al archipiélago 1.069 migrantes; del 16 al 31 de enero, 1.008 y del 1 al 15 de febrero, 155. En cualquier caso, las cifras totales de 2021 en Canarias implican un aumento del 121,4% respecto al mismo periodo de 2020, con 1.008 migrantes en 34 embarcaciones frente a los 2.232 en 60 embarcaciones de este año.

LA MAYORÍA DE LLEGADAS, POR VÍA MARÍTIMA

La mayoría de los migrantes llegados a España en lo que va de año lo hicieron por vía marítima (3.228), en 151 embarcaciones, un 0,6% más que el año anterior (3.209 en 182 embarcaciones). Estas llegadas se han producido principalmente en Canarias (2.232) mientras que las llegadas a Península y Baleares ascienden a 954 migrantes en 83 embarcaciones, un 56,2% menos respecto al mismo periodo del año anterior, cuando llegaron 2.180 migrantes en 145 embarcaciones.

En el caso de las llegadas a Ceuta por vía marítima, este año han llegado 42 personas en 8 embarcaciones, frente a las 21 en tres embarcaciones del mismo periodo de 2020. En cuanto a Melilla, no se ha producido ninguna llegada, al igual que el año pasado en la misma fecha.

Respecto a los migrantes llegados a Ceuta y Melilla por vía terrestre, hasta la fecha han llegado 353 personas, frente a las 745 del mismo periodo de 2020, un 52,6% menos, aunque la situación es diferente si se analizan por separado.

Así, las llegadas a Ceuta ascienden a 195 frente a las 86 del año pasado (126,7% más) mientras que las de Melilla se sitúan en 158, frente a las 659 del año anterior, un 76% menos.

El cofundador de Podemos Juan Carlos Podemos ha sido citado para declarar en calidad de investigado por el llamado caso ‘Neurona’, en el que el juez Juan José Escalonilla investiga la presunta financiación ilegal del partido ‘morado’.

Escalonilla ha citado a Monedero para las 11.30 horas del próximo 15 de marzo y ha pedido recabar su «histórico penal», en una providencia dictada este mismo martes.

Aunque en la resolución el juez no da explicación alguna, la imputación se produce después de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) indicara en un informe del pasado 3 de noviembre que Monedero cobró 26.200,31 euros de Neurona Consulting –la matriz mexicana de Neurona Comunidad– por supuestos servicios de consultoría política que no habría prestado, dado que los investigadores apuntan que la única justificación de este pago sería una «factura falsa».

Según la UDEF, el dinero se recibió el 25 de enero de 2019 pero el banco bloqueó provisionalmente la cuenta corriente de Monedero, a la espera de que acreditara tal ingreso, para lo cual el cofundador de Podemos entregó una factura con fecha de 30 de diciembre de 2018 por valor de 30.000 dólares bajo el concepto de «300 horas de consultoría presencial Buenos Aires, México y Colombia». La UDEF cree que «habría sido elaborada ‘ad hoc'» porque «reúne suficientes indicios que hacen pensar que se trata de una factura falsa».

El propio Escalonilla, en un auto del pasado 17 de noviembre, acogió los argumentos de la UDEF al afirmar que «cabe concluir que dicho documento fue elaborado ‘ad hoc’ para justificar dicho ingreso en dicha cuenta bancaria, no reuniendo los requisitos propios de una factura».

«UN SERVICIO DE DIFÍCIL COMPROBACIÓN»

El juez consideró sospechoso el concepto de la factura, por «la habitualidad de la emisión de facturas falsas bajo el amparo de la presunta realización de servicios de asesoría, al tratarse de un servicio de difícil comprobación».

También llamó la atención sobre el hecho de que «solo figura como emisor la misma Neurona Consulting, cuando lo lógico es que, si fue Juan Carlos Monedero el prestador de dicho servicio, sea expedida por él, no conteniendo además el receptor».

Asimismo, el instructor resaltó que «esté fechada el 30 de diciembre de 2018, correspondiéndose con un domingo y tratándose además de la factura numero 1, lo que permite concluir racionalmente, en base a la fecha de dicha factura, que a un solo día de terminar el año no se han emitido más facturas, y por tanto no ha tenido actividad».

Además, Escalonilla apuntó que «indiciariamente» cabe concluir que este pago a Monedero «tuvo relación con la posterior fundación o constitución de la sociedad mercantil Neurona Comunidad y con la presunta contratación a ésta por parte de la coalición electoral Unidas Podemos».

Tanto el informe de la UDEF como el auto figuran en el sumario de la pieza separada y secreta que el juez decidió abrir en septiembre para evitar «interferencias o manipulaciones que puedan comprometer de forma grave el resultado de la investigación», sobre todo «en relación con las cuentas bancarias al poderse realizar nuevos movimientos de cara a desvirtuar la finalidad y trascendencia jurídica de movimientos previos».

LOS VÍDEOS DE NEURONA

Escalonilla trata de aclarar si Neurona Comunidad hizo el trabajo para el que fue contratada por Podemos por valor de 363.000 euros para la campaña de las elecciones generales del 28 de abril de 2019. Para demostrarlo, la formación política ha entregado una serie de material, incluidos diversos vídeos que habrían sido elaborados por la consultora política, y que el juez ha ordenado analizar para aclarar si realmente fue así.

Como parte de estas pesquisas, el instructor pidió el pasado 3 de febrero a la UDEF que investigara la posible «correspondencia» entre los servicios contratados por Podemos con Neurona, por un lado, y los contratados con Yugen Media, por otro, al entender que ambas empresas harían trabajos similares y, por tanto, podría haberse dado una duplicidad de servicios.

En concreto, el titular del Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid encomendó a la UDEF «comprobar si los vídeos presentados en la presente causa por el partido político pueden derivar de dicho contrato suscrito con Yugen Media, principalmente en relación con los posteriormente publicitados a través de YouTube y otras redes sociales».

En este contexto, citó como testigos al administrador de Yugen Media, José Miguel Almazán Domingo, y a Eric Alfredo Guerrero Márquez, alias ‘El Colibrí’, como supuesto autor del borrador del contrato entre Podemos y Neurona. En principio, las declaraciones estaban previstas para el 9 de marzo, pero las ha aplazado también al 15 de marzo.

Guerrero Márquez es uno de los nombres señalados al juez por Mónica Carmona, ex responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos, que le identifica como «un empleado de Podemos amigo del señor Juan Carlos Monedero» que se habría encargado de redactar los contratos tanto con Neurona como con ABD, otra consultora contratada para la campaña de 2019.

SUPUESTOS SOBRESUELDOS

Por último, Escalonilla ha requerido este martes a Podemos para que en el plazo de cinco días «informe si tenía conocimiento del aumento de sueldo de la gerente, (Rocío) Esther del Val, y del tesorero, Daniel de Frutos, y de otros trabajadores del partido, mediante la inclusión de un complemento de coordinación en la nómina y, si en su caso, tal subida de sueldo fue aceptada por el Consejo de Coordinación, presentando copia del acta».

Los supuestos sobresueldos son una de las cuestiones incluidas en la denuncia presentada en diciembre de 2019 por el ex abogado de Podemos José Manuel Calvente, y en un reciente escrito de Carmona que la organización ‘morada’ considera una ampliación de la denuncia inicial, si bien hasta ahora el juez apenas había profundizado en esta línea de investigación.

De los hechos denunciados por Calvente, el instructor ha archivado ya los referidos a los contratos electorales con ABD, las obras de la nueva sede, la supuesta ‘Caja B’ y el presunto acceso no consentido al disco duro de la abogada de Podemos Marta Flor. Sin embargo, ahora las acusaciones populares sopesan pedir a Escalonilla que indague también en los nuevos hechos mencionados por Carmona, entre ellos el presunto uso de una empleada del partido como niñera por parte de la ministra de Igualdad, Irene Montero.

Varios políticos, instituciones culturales, editoriales o escritores han querido dar su último adiós al poeta catalán Joan Margarit, fallecido este martes 16 de febrero, y a quien han calificado como «maestro» y «clarividente».

Uno de los primeros en recordar a Margarit ha sido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien además lo ha hecho a través de un ‘tuit’ escrito en catalán. «Lamento profundamente la muerte del gran poeta Joan Margarit, arquitecto de las palabras», ha señalado.

«Su genialidad con la pluma ha estado acompañada siempre de la estima de los lectores. Fue uno de nuestros poetas más leídos y estimados y deja un gran hueco en nuestra literatura», ha seguido Sánchez.

El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, también ha recordado a Margarit cuando no han pasado ni dos meses de su último encuentro, con motivo de la concesión del Premio Cervantes en Barcelona, galardón que no pudo recoger el pasado mes de abril por la pandemia de coronavirus.

«No han pasado dos meses desde nuestra visita a Barcelona. Recuerdo tu simpatía, querido Joan, tu inteligencia, tu ternura, el amor a tu familia…Estabas ya enfermo aunque tu vitalidad y tu humor lo ocultaban. Gracias por haberme dado la oportunidad de conocerte, y de quererte», ha escrito Uribes.

Precisamente, al hilo de ese Premio Cervantes, la Casa Real se ha sumado a las condolencias para mostrar un «sentido recuerdo» para Joan Margarit. «Deja gran vacío en la poesía en catalán y castellano. Con la emoción de nuestro último encuentro en Barcelona», ha señalado la institución.

Mientras el vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha calificado al poeta de «voz y letra de una época», acompañando esto con unos versos del propio Margarit, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha señalado que el escritor fue alguien que «habló del amor y del coraje, de la vida y de la memoria, de la belleza y del dolor».

La exportavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha recuperado el poema ‘Amor y Supervivencia’ de Margarit, para pedir que el autor «descanse en paz». Asimismo, la líder de Cs, Inés Arrimadas, ha afirmado que el Premio Cervantes fue «uno de los más grandes poetas en lengua catalana y castellana».

BARCELONA, «UN POCO VACÍA»

La poeta Elvira Sastre ha reconocido que, con la muerte del poeta, «también se ha muerto un poco el futuro. «Hace ya unos años encendió la luz con un prólogo generoso en mi primer poemario en Visor. Le debo cosas que nunca le dije pero que sé que él sabe. Así son los poetas: clarividentes, eternos, humanos», ha resaltado.

El escritor Fernando Aramburu ha recuperado unos versos en catalán de Margarit y ha mostrado su «gratitud por las hondas y tantas veces doloridas palabras del maestro en el día en que nos deja».

El poeta Benjamín Prado ha mostrado su tristeza por la marcha de «un maestro y un gran amigo». «Amo tanto Barcelona que seguiré yendo siempre, pero la encontraré un poco vacía: siempre comía con Joan e iba a ver a Juan Marsé. Ninguna de las dos cosas es ya posible», ha lamentado.

Desde la editorial Valparaíso Ediciones –que publicó de Margarit ‘La libertad es un extraño viaje’– han mostrado sus condolencia, asegurando que recordarán «siempre al poeta». También editorial Austral se ha despedido de su «querido Joan Margarit, uno de los grandes poetas de los últimos tiempos».

CERVANTES, BIBLIOTECA NACIONAL O LICEU

El cantautor Ismael Serrano ha mostrado su «pena tan grande» por la muerte de Margarit. «Amo su poesía. Sus versos dedicados a su hija Joana son de una belleza desgarradora. Se va uno de los grandes poetas de nuestro tiempo. Descanse en paz», ha indicado.

Entre las instituciones culturales, el Instituto Cervantes ha afirmado que con este fallecimiento se va «un amigo de la institución, un sabio amante de la concordia» al que siempre estarán agradecidos por «su amistad y su generosa compañía»

«Desde la BNE enviamos nuestro más sentido pésame a la familia y amigos de Joan Margarit, un enorme poeta, fantástica persona y un legado incuestionable. Tenemos el orgullo de conservar para el futuro su archivo personal, tan rico y generoso como su autor», han escrito desde la Biblioteca Nacional.

En Cataluña, el Gran Teatre del Liceu de Barcelona ha expresado su pésame por la muerte de Margarit, un «amigo entrañable, honesto y generoso» del teatro. El escritor mantenía una estrecha vinculación con el Liceu, del que era el actual poeta residente de la temporada 2020-2021.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, Santiago Pedraz, comunica este miércoles, por videoconferencia, al ex jefe de ETA José Antonio Urrutikoetxea, alias ‘Josu Ternera’, su procesamiento por el asesinato del entonces directivo de Michelin Luis María Hergueta el 25 de junio de 1980 en Vitoria y por la causa sobre la financiación de la organización terrorista a través de las ‘herriko tabernas’.

El juez de la Audiencia Nacional –que recientemente ha sido trasladado al Juzgado Central de Instrucción número 5, pero seguirá ocupándose de los asuntos del otro juzgado hasta que se designe un sustituto– dictó un auto a finales del mes de enero para practicar la declaración indagatoria a ‘Josu Ternera’, según informaron fuentes jurídicas a Europa Press.

Además de informarle ambos procesamientos, el magistrado podrá interrogar al exdirigente de la banda terrorista sobre los hechos por los que ha sido investigado.

La citación llega después de que el pasado 6 de enero la Cámara de Instrucción del Tribunal de Apelaciones de París fallara a favor de la solicitud de extradición cursada por las autoridades españolas contra ‘Josu Ternera’ por el asesinato del directivo de Michelin, una decisión que aún no es firme.

La decisión sobre la entrega a España que sí es definitiva es la adoptada el pasado 4 de noviembre por la Corte de Casación de París para que Urrutikoetxea pueda responder ante la Audiencia Nacional por el caso de las ‘herriko tabernas’ correspondiente a hechos cometidos en el año 2000 en Bilbao.

‘Josu Ternera’, de 70 años, fue detenido en mayo de 2019 en Sallanches, en los Alpes franceses, tras permanecer casi 17 años en la clandestinidad. En junio de ese año, el Tribunal de Apelaciones le puso en libertad provisional por motivos de salud, pero cuando abandonaba la prisión de La Santé fue retenido después de que las autoridades francesas se cercioraran de que la Audiencia Nacional le reclama por varias causas.

CAUSAS PENDIENTES EN ESPAÑA Y EN FRANCIA

El antiguo dirigente etarra tiene varios asuntos judiciales pendientes tanto en España como en Francia. La Audiencia Nacional le requiere también por el atentado perpetrado en la casa cuartel de Zaragoza en 1987, que provocó 11 muertos, y sobre el que la justicia francesa también ha accedido a entregarlo.

En cambio, el pasado mes de julio el Tribunal de Apelaciones se negó a enviarlo también por una causa sobre delitos de lesa humanidad en la que hay procesados otros ex dirigentes de ETA.

En cualquier caso, antes de que se formalice su extradición ‘Josu Ternera’ debe comparecer en un juicio previsto para el 22 y el 23 de febrero ante el Tribunal de Apelaciones de París por hechos ocurridos entre 2002 y 2003 y que constituirían un delito de ‘asociación de malhechores terroristas’. Este juicio debía haberse celebrado entre el 19 y el 20 de octubre de 2020, pero se pospuso a petición de la defensa para que pudiera citar testigos.

Por estos hechos, el exjefe de la banda terrorista fue condenado en primera instancia a cinco años de prisión, que se convirtieron en siete años en apelación. Sin embargo, como fue sentenciado ‘in absentia’, solicitó que se le juzgara de nuevo en persona y por eso se repetirá el juicio.

Además, el Tribunal Correccional de París devolvió a la fase de instrucción la segunda causa que ‘Josu Ternera’ tiene pendiente en Francia, por su papel al frente del aparato político de ETA entre 2010 y 2013.

El juicio estaba fijado también para el pasado 21 y el 22 de octubre, pero la Fiscalía pidió retrotraer las actuaciones para corregir defectos de forma. El nuevo señalamiento es el 15 y el 16 de 2021, aunque la celebración de este nuevo juicio dependerá de cómo concluya la instrucción.

Esta segunda causa deriva igualmente de una condena que el que fuera el máximo responsable la organización terrorista recibió en rebeldía de manos de los jueces franceses a ocho años de cárcel y que también reclamó que se repitiera estando presente.

El evento de bruma y contaminación generalizadas de este invierno en Asia meridional, que afecta a 400 millones de personas, podría no desaparecer hasta marzo, cuando aumenten las temperaturas.

Es la conclusión de los científicos del Servicio de Vigilancia Atmosférica de Copernicus (CAMS), que están realizando un estrecho seguimiento de la bruma y el esmog que actualmente cubren amplias regiones del sur de Asia y afectan a la calidad del aire.

El CAMS, que se implementa a través del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio en representación de la Comisión Europea, afirma que el norte de la India en particular lleva sufriendo el deterioro de la calidad de su aire desde octubre.

Las principales regiones afectadas se encuentran a lo largo del río Indo y de la llanura indogangética, donde se registran elevados niveles de partículas finas, conocidas como PM2,5, que afectan a ciudades como Nueva Delhi (la India), Lahore (Pakistán), Daca (Bangladés) y Katmandú (Nepal). La calidad del aire en la capital de la India, Nueva Delhi, ha permanecido en la categoría de ‘desfavorable’ desde principios de enero, al empeorar debido a las frías temperaturas, y el deterioro de la calidad del aire afecta a más de 400 millones de personas.

Mark Parrington, científico sénior en el Servicio de Vigilancia Atmosférica de Copernicus (CAMS), explica: «El deterioro de la calidad del aire es habitual en el norte de la India en invierno, especialmente en la llanura indogangética, debido, en parte, a las emisiones derivadas de actividades antropogénicas, como el tráfico, las actividades culinarias, la calefacción y la quema de rastrojos, que logran acumularse en la región a causa de su topografía y a unas condiciones meteorológicas frías persistentes»

«Esta bruma invernal podría mantenerse hasta primavera, cuando el aumento de las temperaturas y los cambios en el clima contribuirán a disipar la contaminación», añade.

El CAMS proporciona información de forma continuada sobre la contaminación atmosférica, como datos sobre la materia particulada (PM2,5), el dióxido de nitrógeno, el dióxido de azufre, el monóxido de carbono y el ozono, entre otras sustancias contaminantes. Al combinar la información obtenida vía satélite y las observaciones terrestres con detallados modelos informáticos de la atmósfera, los científicos del CAMS pueden proporcionar previsiones sobre la calidad del aire de todo el mundo con hasta cinco días de antelación, lo que incluye a esta región gravemente afectada.

La bruma generalizada ha podido observarse con claridad en las imágenes satelitales, y las previsiones del CAMS a escala mundial sobre la profundidad óptica de los aerosoles (en inglés, AOD) muestran que la bruma está principalmente formada por materia orgánica y sulfato. Los análisis muestran que las concentraciones han permanecido en niveles elevados durante un periodo prolongado y que se alcanzaron valores máximos el 16 de enero y el 1 de febrero.

Varios estudios han demostrado que la exposición crónica a gases y pequeñas partículas perjudiciales, como las PM2,5, pueden tener efectos dañinos para la salud, al reducir la esperanza de vida en más de ocho meses de media y en dos años en las regiones y ciudades más contaminadas.

La Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) ha asegurado este martes que seguirá defendiendo la «independencia» e «imparcialidad» de sus investigaciones contra la corrupción y su director, Joan Llinares, ha afirmado que «nunca» se han opuesto a la entrega de documentación sobre su trabajo «pero otra cuestión muy diferente son los expedientes de hechos que están siendo investigados». En esta línea, ha advertido que «si hay que entregar los expedientes a los grupos políticos, se quebraría el procedimiento en sí mismo».

Así lo ha indicado en un comunicado después de que el Tribunal Supremo haya decidido inadmitir a trámite el recurso de casación interpuesto por el organismo que dirige contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que dio la razón al PP y reconoció su derecho a consultar los expedientes abiertos sobre las ayudas al valenciano de los socios del empresario Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig.

Antifraude subraya que se trata de la petición de un grupo político de Les Corts de acceder a la documentación «de un expediente de investigación abierto y en curso relativo a presuntas conductas de corrupción que podrían afectar al ámbito de otro grupo político distinto».

Según detalla, el TS ha señalado que, a su entender, «no hay normas estatales infringidas por lo que deriva la decisión a la Sala Especial de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana», lo que supone que la sentencia no sea «firme todavía» porque habrá que esperar el dictamen de esta instancia judicial.

«La Sala Especial deberá entrar a analizar si ha existido o no infracción de la normativa autonómica e incluso de la jurisprudencia del propio Tribunal Superior de Justicia el cual ya se ha pronunciado determinando que los parlamentarios de Les Corts no tenían derecho de acceso cuando requirieron de la Conselleria de Hacienda el plan de control tributario que, de acuerdo con la Ley General Tributaria, tiene carácter reservado», subraya la entidad dirigida por Llinares.

PROTECCIÓN IDENTIDAD DENUNCIANTES

También recuerda que la Ley 11/2016 que creó la Agencia Valenciana Antifraude «estableció, en aras al buen fin de las investigaciones, la confidencialidad y reserva de sus actuaciones de investigación en curso» –mientras que las resoluciones finales de investigación se publican en su página web–, y también «la protección de la identidad de los denunciantes que no se puede revelar sin su consentimiento expreso», algo que está hoy en día «reforzado» por la Directiva (UE) 2019/1937 de protección de los ‘whistleblowers’.

«Mi principal función es proteger las investigaciones que se realizan en la Agencia Valenciana Antifraude con independencia de la persona o entidades de que se trate. Si hay que entregar los expedientes a los grupos políticos se quebraría el procedimiento en sí mismo, en cuanto que todo el personal de la AVAF está sujeto a ese deber de confidencialidad y secreto de sus actuaciones mientras perdura la fase de investigación», ha señalado Llinares.

En esta línea, recalca que desde esta agencia «nunca nos hemos opuesto a la entrega de documentación referente al trabajo que llevamos a cabo, pero otra cuestión muy diferente son los expedientes de hechos que están siendo investigados», ya que la entrega a los partidos políticos «pondría en riesgo el desarrollo de las propias investigaciones, la identidad de las personas que denuncian los hechos o colaboran en la investigación y se destruiría el derecho constitucional a la defensa y a la presunción de inocencia de los investigados».

Así mismo, desde la Agencia se recuerda que, con esta actuación, «se estaría vulnerando la Directiva Europa 2019/1937 de protección de las personas denunciantes y alertadora de corrupción», que ha sido «invocada» por diversos tribunales y la propia Fiscalía y sobre la que en estos momentos se están desarrollando los trabajos de trasposición al ordenamiento jurídico español, que deberá entrar en vigor en diciembre de este mismo año.

La candidata de la CUP, Dolors Sabater, ha afirmado este martes que su formación mantiene todas las opciones abiertas de cara a la negociación para formar un gobierno tras las elecciones del 14 de febrero y no descarta ningún escenario, ya que no garantizan sus votos ni rechazan ninguna alianza con los partidos soberanistas, y ha explicado que planteará al resto de partidos las propuestas de su programa para ver qué «asumen».

«No nos preocupa tanto el quién sino para hacer qué y de qué manera», ha afirmado en rueda de prensa, ya que considera que lo importante para decidir si se implican en el próximo Govern es abordar qué políticas impulsará la Generalitat y no quién forma parte del Ejecutivo.

Ha afirmado que la CUP pretende condicionar la próxima legislatura y quiere que el nuevo Govern dé un «giro de 180 grados» en sus políticas, tanto para avanzar en el ejercicio de la autodeterminación como en políticas sociales.

Ante el inicio de las negociaciones en los próximos días con el resto de partidos para buscar alianzas en la formación del nuevo Ejecutivo, Sabater ha señalado que la CUP acudirá a estas conversaciones con las propuestas que llevan en su programa electoral: «Las propuestas que nosotros llevamos son las mismas que hemos llevado en el programa».

Entre estas propuestas, se incluye el compromiso de celebrar un referéndum en la próxima legislatura, sea pactado o no, pero que quiere que sea vinculante; acabar con la «represión» evitando que la Generalitat se persone en causas contra activistas y que los Mossos d’Esquadra no apliquen la conocida como ‘ley mordaza’; un plan de choque para hacer frente a la crisis provocada por el coronavirus, y políticas frente a la emergencia climática.

«En función de las respuestas que tengamos, de la receptividad que las propuestas tengan y de cuál sea la predisposición que tengan las otras organizaciones políticas para asumir o no asumir» estas propuestas, la CUP decidirá qué papel quiere jugar en la gobernabilidad y en la investidura.

La formación anticapitalista celebrará el 27 de febrero un Consell Polític ordinario en el que se abrirá el debate interno sobre «los principales elementos» de las negociaciones que tendrán con el resto de partidos pero entonces todavía no se tomará una decisión determinante, ha explicado el número dos de la candidatura, Carles Riera.

Además, en los próximos días la CUP activará todos los mecanismos de debate con el resto de organizaciones que apoyan y forman parte de la candidatura.

A parte de las negociaciones con los partidos, también iniciarán una ronda de contactos con movimientos sociales y entidades sobre el derecho a la vivienda, antirrepresivas, del sector sanitario, de servicios públicos y del derecho a la autodeterminación.

REUNIÓN CON ERC

Riera ha explicado que ERC ya les ha pedido una reunión para iniciar las negociaciones –los republicanos han decidido comenzarlas con la CUP en vez de con Junts– y los ‘cupaires’ han mostrado su disposición a celebrarla pero todavía no han concretado día y hora.

Sobre el equipo negociador que llevarán, el diputado electo ha sostenido que será un equipo «amplio y variable» que reflejará la pluralidad de la candidatura.

El grupo popular en la Diputación de Valencia pide 18 años de cárcel y otros 15 de inhabilitación para el expresidente de la corporación provincial con el PSPV, Jorge Rodríguez, por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y organización criminal, dentro del caso Alquería en el que ejercen la acusación.

Los ‘populares’ solicitan la misma condena para los que fueran gerentes de la empresa Divalterra, José Ramón Tiller (por el PSPV) y Agsutina Brines (por Compromís) mientras que reclaman 15 años de cárcel y multa de 4.800 euros para el exjefe de gabinete de Rodríguez en la Diputación, Ricard Gallego; para otro asesor, Manuel Reguart; para el letrado asesor de Divalterra, Jorge Cuerda; otro de los exgerentes, Vicent Xavier Simón, y para las ocho personas afines a los dos grupos políticos que se consideran que fueron contratadas de forma irregular, por los mismos delitos.

Por el delito de tráfico de influencias reclama, para todos ellos el pago de una multa de 2.244.191,60 euros, según consta en el escrito de acusación del PP.

El caso Alquería se centra en las contrataciones presuntamente irregulares de altos directivos en la empresa pública Divalterra –antigua Imelsa– para favorecer a personas afines del PSPV y Compromís. Rodríguez llegó a ser detenido el 27 de junio de 2018, cuando ocupaba el cargo de presidente de la Diputación, institución de la que dimitió en julio, si bien se mantuvo como alcalde de Ontinyent, cargo que revalidó en las municipales de junio de 2019 con La Vall Ens Uneix, tras dejar en abril de ese mismo año el PSPV.

En su escrito, el PP sostiene que Rodríguez, una vez nombrado presidente de la Diputación y siguiendo un «plan preconcebido», organizó una distribución o reparto de áreas de la empresa pública, «asignando en este irregular esquema un reparto de las áreas de gestión por afinidades políticas vinculadas al PSPV y a Compromís y no por razones profesionales».

DE UNA PLAZA SE PASÓ A DIEZ

Así, sostiene que los acusados hicieron uso de «un modeloorganizado», en el que cada uno de ellos tenía una función determinada y se respetaba la jerarquía de la organización, con Rodríguez al frente, y añade que se crearon diez plazas de alta dirección en Divalterra, donde antes solo había una.

Según el PP, estos nombramientos de personal de alta dirección se hacen para que ocupen un «cargo ficticio o simulado, sin funciones propias de la alta dirección» en términos legales y jurisprudenciales y fueron nombrados y retribuidos «única y exclusivamente por la relación de confianza política y de afinidad con los partidos que conformaban el equipo de gobierno de la Diputación Provincial».

El PP hace hincapié en que, de este modo, estas contrataciones se hicieron en el marco de una organización «dedicada a obtener lucro económico personal y poder político, que estaba perfectamente jerarquizada y con división de funciones entre los integrantes de la misma», siendo todos los acusados «plenamente conocedores de lasilegalidades que estaban cometiendo» y pese a la existencia de informes en los que se advertía de esas ilegalidades.

En este contexto, señala el PP que también hubo «presiones» y «amenazas» a los funcionarios que advirtieron de esas ilegalidades. El importe malversado asciende en su conjunto a la suma de1.122.095,80 euros que se corresponde con las retribuciones y cotizaciones a la Seguridad Social derivada de los contratos irregulares de alta dirección.

De hecho, señala que ya con los nombramientos de Tiller como gerente y Brines como cogerente en el primer consejo de administración de Divalterra en 2015, el secretario de este órgano consideró que no se ajustaban a la ley al faltar requisitos legales básicos e incumplirse los principios de publicidad, mérito y capacidad.

Asimismo, considera que se encargó un informe ‘ad hoc’ a una empresa para poder «amparar» los nombramientos de los exgerentes pero que «sin duda alguna ya determina la absoluta ilegalidad de los nombramientos posteriores» y que se creó una estructura paralela, el Consejo de Dirección, dedicado a ocultar información y a la toma de decisiones al margen de los procedimientos establecidos.

Unidas Podemos no apoyará la Ley de Igualdad de Trato que impulsa el PSOE, su socio de Gobierno, y ha decidido abstenerse en la votación que tendrá lugar este martes en el Pleno del Congreso, según han informado fuentes del grupo parlamentario. Se trata de la primera abstención de los morados ante una iniciativa socialista desde que suscribieron el pacto de gobernabilidad.

Con ello, se confirman que los dos integrantes del Gobierno no han reconducido sus diferencias sobre esta proposición de ley, que ha enfrentado al Ministerio de Igualdad con la parte socialista del Ejecutivo.

Los morados no han desvelado su abstención hasta después de intervenir en el Pleno del Congreso, donde han llegado a hablar de «deslealtad», al presentar una iniciativa sin el refrendo del departamento que dirige Irene Montero.

El diputado de Unidas Podemos Ismael Cortes ha reprochado al PSOE de actuar de manera «unilateral» frente a un proceso dialogado de seis meses conjunto, para afear a los socialistas enterarse del registro de la iniciativa bajo la denominación de la ‘Ley Zerolo’.

«Se desvirtúa en el fondo y en la forma el pacto de coalición», ha recriminado el parlamentario para recalcar que la Ley de Igualdad de Trato del PSOE «es demasiado tímida» y «pierde la oportunidad de dotar a nuestro país de una vacuna potente contra el odio».

SIN CONTAR CON EL MINISTERIO DE IRENE MONTERO

De hecho, cuando el PSOE la registró en solitario ya dejaron claro su «profundo malestar» por no haberse optado por un texto consensuado y entendían que no se cumplían los protocolos marcados en el pacto de gobierno. Es más, el Ministerio de Igualdad presentó un informe desfavorable a la iniciativa del PSOE cuando llegó al Gobierno.

Pese a todo ello, la portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, ha negado este martes que exista una «competición» con Podemos y asegura afrontar con «paciencia» las noticias sobre desavenencias entre los socios de Gobierno, aunque admite que deberían quedar en el «ámbito privado». En todo caso, sostiene que la coalición goza de buena salud.

Desde Unidas Podemos han argumentado que el sentido de su voto obedece a que varios grupos parlamentarios han manifestado que la tramitación de la Ley de Igualdad de Trato «no puede suponer el bloqueo» de la Ley LGTBi y la Ley Trans en el Consejo de Ministros.

«Las tres leyes son imprescindibles para un país que avance y proteja los derechos en materia de antirracismo, derechos LGTBi y de las personas trans», han ahondado para recalcar que los grupos que componen el denominado bloque de investidura que sostienen al Ejecutivo puestan por aprobar las leyes Trans y LGTBi se deben aprobar cuanto antes.

LA ABSTENCIÓN NO IMPIDE EL TRÁMITE

No obstante, el grupo confederal defiende que la abstención no impide el trámite de la Proposición de Ley para «evidenciar una vez más la voluntad de llegar a acuerdos en relación al paquete legislativo antidiscriminatorio completo, que incluye las tres leyes tal y como establece el acuerdo de Gobierno».

«Todas las cuestiones que han quedado fuera del texto por su presentación unilateral por parte del PSOE y que se habían negociado durante meses por parte de la Dirección General para la Igualdad de Trato y la Diversidad Étnico Racial con los colectivos que trabajan la materia se llevarán al Parlamento, reafirmando nuestro compromiso en la lucha contra cualquier forma de discriminación», han sostenido dichas fuentes.

Este martes la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, había afirmado que las discrepancias entre PSOE y Unidas Podemos dentro del Ejecutivo y los «matices» que se quieran destacar, sobre todo en periodo electoral, «para nada afectan a la sostenibilidad y la estabilidad» del Gobierno, restando así importancia a los últimos enfrentamientos sobre la ley Trans o el Ingreso Mínimo Vital.

A su vez, la portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, ha garantizado que las leyes Trans y LGTBI del Ministerio de Igualdad saldrán adelante, al tiempo que negaba que exista una «competición» con Podemos y aseguraba afrontar con «paciencia» las noticias sobre desavenencias entre los socios de Gobierno, aunque cree que deberían quedar en el «ámbito privado». En todo caso, sostiene que la coalición goza de buena salud.

Mientras, su homólogo en Unidas Podemos, Pablo Echenique, dejaba claro que su grupo parlamentario también desplegaba «paciencia» con su socio.

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha respondido este martes a la ONU en relación con la situación Cañada Real Galiana, que lleva más de tres meses y medio sin luz ni calefacción, señalando que no es competencia del Ejecutivo central. «No podemos nunca sustituir el trabajo de otra administración», ha afirmado.

Así lo ha puesto de manifiesto la portavoz del Ejecutivo durante la rueda de prensa posterior a la reunión de este martes, después de que el Relator especial de la ONU para la Extrema Pobreza haya dicho que «lo verdaderamente irresponsable es dejar a niños sin electricidad durante el invierno».

«En respuesta a las preocupaciones de la ONU sobre la Cañada Real, el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil del Gobierno Español, Ernesto Gasco, ha dicho que el Gobierno nacional no es responsable. Lo que es verdaderamente irresponsable es dejar a niños sin electricidad en medio del invierno», ha contestado el Relator Especial de la ONU para la Extrema Pobreza, Olivier De Schutter, en un mensaje publicado este martes en Twitter. Precisamente, este martes se acababa el plazo para que España diese respuesta a los requerimientos de la ONU sobre este asunto.

«Quiero que seamos todos muy conscientes de la vertebración y la arquitectura competencial que tenemos las administraciones», ha indicado Montero, para después añadir que «el combate contra la pobreza, la atención a las situaciones de necesidad tienen diferentes intensidades dependiendo de las administraciones».

De esta forma, la portavoz del Gobierno ha insistido en que «le corresponde, en primer lugar, a los gobiernos locales, a las corporaciones locales que tienen que intentar dar una respuesta de urgencia a estas situaciones que se plantean».

En segundo lugar, Montero ha señalado la responsabilidad de la comunidad autónoma que «tiene que hacer planes de integración, políticas de estímulo, políticas de inserción, que permitan que esas familias abandonen una situación en la que están, impidiendo el normal desarrollo de la vida de los menores o de la vida de estas personas o están en asentamientos, que no cuentan con las condiciones básicas para el suministro de servicios esenciales o para una condición de vida higiénico sanitaria esencial».

Desde su punto de vista, el Gobierno de España «tiene que propiciar políticas públicas de protección como el Ingreso Mínimo Vital que permitan contribuir». «Pero no podemos nunca sustituir el trabajo de otra administración», ha recalcado.

«Entiendo que puede costar trabajo dentro de la lectura que se haga internacionalmente o de las lecturas que los propios medios de comunicación hacéis a veces de por qué no interviene el Gobierno de España ante la inacción de la Comunidad Autónoma o del Ayuntamiento», ha declarado.

En este punto, Montero ha añadido que «el respeto a las reglas del juego constitucionales pasa por el reproche aquellas administraciones que no lo hacen, pero en ningún caso usurpación de funciones que tienen encomendadas en exclusividad aquellas administraciones que tienen que velar por esa igualdad o por la protección de los menores o de los derechos sociales que puedan estar en algunos entornos» como el de la Cañada Real.

El Gobierno gastó un total de 7.150,34 euros en el viaje que el ministro José Luis Ábalos y parte de su equipo realizó el pasado noviembre a Canarias, pero subraya que ese dinero se justifica en la actividad oficial, y no incluye la estancia privada de la familia del titular de Transportes.

En concreto, el ministro de Transportes realizó el viernes 20 de noviembre una visita al muelle de Arguineguín (Gran Canaria) como responsable último de Salvamento Marítimo ante la presión migratoria sufrida por las Islas Canarias, y al día siguiente, tuvo en agenda una visita a las obras de ampliación del aeropuerto de Tenerife Sur.

Pero, según publicaron diversos medios, Ábalos alargó su estancia en las islas durante todo el fin de semana, en el que, según publicaron diversos medios, estuvo hospedado junto a su familia, asesores y escoltas en un resort de lujo Gran Meliá Palacio de Isora, donde el coste por noche oscila entre los 300 y 1.000 euros por noche.

Enseguida, el PP, Vox y Ciudadanos registraron una batería de preguntas escritas en el Congreso pidiendo al Gobierno que diera cuenta de todos los detalles que rodearon la estancia del titular de Transportes, su equipo y su familia en las islas.

UNA DELEGACIÓN DE SEIS PERSONAS

En su contestación, el Ejecutivo informa de que gastó 7.150,34 euros en concepto de transporte, alojamiento y manutención con motivo del citado viaje oficial de Ábalos a Canarias, al que acudió acompañado por su jefe de gabinete, dos asesores y dos escoltas.

De ese total, el Gobierno desglosa que 4.819,74 euros se destinaron al transporte de Ábalos y sus cinco acompañantes, que se desplazaron «en línea regular», 2.155 euros al alojamiento «en hoteles de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas», y 175,60 euros fueron gastos de manutención.

Ahora bien, a renglón seguido el Gobierno precisa que «no consta ningún gasto no oficial de dicho viaje que haya sido abonado con cargo a los presupuestos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana», negándose a dar más datos por entrar dentro del ámbito privado del ministro.

ÁBALOS YA DIJO QUE SE LO PAGÓ DE SU BOLSILLO

«El resto de información, concerniente a la familia, corresponde a aspectos relativos al ámbito privado, que no es objeto del control parlamentario al Gobierno», reza la respuesta.

A raíz de la polémica que este viaje generó, el propio Ábalos aclaró que pagó de su bolsillo el coste familiar de ese viaje a Canarias y que posee las facturas que lo acreditan, al tiempo que precisó que los hoteles en los que se hospedó junto a su mujer e hjos tiene un precio muy inferior del que se informó en su día.

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha afirmado que, tras la reunión que mantuvo la Ejecutiva nacional del partido este lunes, en la que se analizó el fracaso de Cs en las elecciones catalanas, se siente «más reforzada que nunca» para continuar en el cargo y seguir implantando el proyecto que inició hace un año cuando accedió a la presidencia.

«Me siento con el apoyo del partido», ha declarado Arrimadas este martes en rueda de prensa en la sede de Ciudadanos tras un encuentro del Comité Permanente. En este sentido, ha asegurado que tras la reunión del lunes –en la que varios dirigentes reclamaron cambios en la cúpula del partido por el resultado electoral del 14 de febrero en Cataluña– se siente «más reforzada que nunca, con más fuerzas y con más convencimiento de que hay que tirar para adelante».

Según ha explicado, «todos» en la Ejecutiva están de acuerdo en que «el partido tiene que seguir trabajando e implantando el proyecto» iniciado hace un año, cuando fue elegida como presidenta y sucedió en el cargo a Albert Rivera. Y otra «conclusión generalizada» que, según ha indicado, alcanzaron el lunes en la Ejecutiva nacional es que en Cs hay que «seguir sumando» y que «no es un problema de que sobre gente.

Sobre las peticiones de algunos dirigentes para que el vicesecretario primero y responsable de la campaña electoral en Cataluña, Carlos Cuadrado, sea relevado, Arrimadas ha zanjado la cuestión diciendo: «En el partido no vamos a ser menos, tenemos que ser más».

«Estoy ilusionada con este proyecto, seguimos trabajando», ha reiterado, añadiendo que los cambios que está impulsando en Ciudadanos «van a seguir» porque tanto esos cambios como el equipo que los está poniendo en marcha forman parte del proyecto con el que ganó las primarias en marzo del año pasado y que fue ampliamente respaldado por los afiliados.

APOYO «UNÁNIME» DE LA EJECUTIVA A CARRIZOSA

En cuanto al candidato a la Presidencia de la Generalitat, Carlos Carrizosa, ha destacado que el apoyo por parte de la Ejecutiva fue «absolutamente unánime» y que en ningún momento se criticó la decisión de designarlo como candidato en sustitución de Lorena Roldán, que había sido elegida en primarias.

Respecto al 14-F, la líder de la formación naranja ha insistido en que el principal error que cree que han cometido, constatado también por sus compañeros de la Ejecutiva, para perder más de 950.000 votos respecto a los comicios de 2017, bajando de 36 escaños en el Parlament a seis, es que no han sabido «volver a ilusionar» a los electores que les dieron la victoria hace tres años.

Aunque se ha propuesto solucionar este problema, ha admitido que no es sencillo determinar qué deben hacer para conseguirlo. De lo que se ha mostrado convencida es de que Ciudadanos «es más necesario que nunca», en Cataluña y en el resto de España, porque es «el único partido de centro, liberal, limpio, reformista, moderado y responsable».

A su juicio, muchos ciudadanos «se han cansado del bipartidismo» y, en cambio, se sienten identificados con las ideas que defiende Cs porque «no están en la dinámica de bloques» políticos y «no quieren todo el día la bronca».

Por ello, cree que ese espacio político existe y solo hay que lograr que en los próximos comicios esos electores no opten por la abstención. «Yo me siento más fuerte que nunca para seguir liderando este proyecto que estoy convencida de que es bueno para los españoles», ha subrayado.

HACE FALTA TIEMPO PARA RECUPERAR VOTANTES TRAS EL 10-N

Asimismo, ha resaltado que «toda la Ejecutiva está comprometida con seguir luchando por este partido» y que «la inmensa mayoría de las intervenciones» durante el debate del lunes «fueron de ilusión, compromiso, apoyo, fortaleza y reflexión sosegada».

Arrimadas ha señalado que la pérdida de confianza de muchos antiguos votantes de Ciudadanos no es algo que se haya producido en los últimos meses o en los quince días de la campaña electoral y tampoco se va a recuperar en unas semanas, sino que llevará tiempo.

En este contexto, ha recordado que asumió el liderazgo «en un momento muy complicado», con el partido «muy débil» tras la pérdida de 47 de los 57 escaños que tenía en el Congreso y la posterior dimisión de Rivera, y ha apostado por seguir consolidando la «nueva etapa» que ha comenzado quince años después de su fundación.

Sobre la posibilidad de modificar la estrategia de Cs, como han propuesto algunos integrantes de la Ejecutiva, la presidenta ha dicho que, desde que está en el cargo, lo que le guía a la hora de tomar decisiones es «hacer lo correcto», y por eso apoyó mantener el estado de alarma durante la pandemia del coronavirus, negoció los Presupuestos con Pedro Sánchez pese al rechazo que le genera su Gobierno y votó en contra del decreto sobre la gestión de los fondos europeos.

«Mi estrategia como presidenta es que mi partido haga lo correcto, y eso a veces da votos y a veces no da votos», ha manifestado, añadiendo que así seguirá actuando, sin mirar «la calculadora electoral», y defendiendo un proyecto político «de centro, moderado y liberal».

EN CIUDADANOS «SE DEBATE Y SE ESCUCHA»

Arrimadas ha apostado por «mirar hacia adelante», «aprendiendo de los errores con humildad» y escuchando las opiniones de sus compañeros de partido.

Según ha destacado, en Ciudadanos los líderes «dan la cara» ante un mal resultado electoral, «se habla, se debate y se escucha» y se hace «reflexión y autocrítica», al contrario de lo que cree que ocurre en otros partidos, donde los responsables «se esconden», las discusiones «se tapan» y se crean «cortinas de humo».

En cuanto a las críticas que algunos exdirigentes y exdiputados –como Juan Carlos Girauta o Marcos de Quinto– han vertido contra la dirección de la formación naranja, la presidenta ha dicho que no está pendiente de lo que se dice en Twitter. «No pierdo mucho el tiempo en seguir determinadas posiciones», ha comentado, añadiendo que está centrada en lo que cree que necesitan los españoles.

Así, ha expresado su preocupación, y de la Ejecutiva en general, por la «terrible» situación política en Cataluña, donde las fuerzas constitucionalistas han obtenido un resultado «nefasto» y los partidos independentistas vuelven a sumar una mayoría de escaños en el Parlament, saliendo así «reforzados» de unas elecciones a las que se presentaron «divididos y desnortados».

«Se avecinan años muy duros para el constitucionalismo» y por eso «no vamos a abandonar a los catalanes que han confiado en nosotros ni a los que se quedaron en casa, vamos a seguir siendo su voz y luchando por todos ellos», ha asegurado.

Un informe elaborado por el Gobierno central avala la política lingüística y el modelo de enseñanza de idiomas implantado por la Xunta de Galicia a raíz del llamado ‘decreto del plurilinguismo’.

En concreto, se trata de un documento en respuesta a las recomendaciones de acción inmediata formuladas por el comité de ministros del Consejo de Europa el pasado 11 de diciembre de 2019, en relación a la aplicación de la carta europea de lenguas regionales y minoritarias.

En esas recomendaciones, el Consejo de Europa advertía de la caída de hablantes y de la ineficacia de las medidas para facilitar la atención desde la administración, además de la insuficiente presencia del gallego en el sistema educativo.

El comité de expertos recomendaba entonces recomienda eliminar de inmediato las limitaciones existentes para impartir docencia en este idioma y apelaba a los análisis sociolingüísticos y los datos estadísticos que reflejaban tanto la caída de hablantes en lengua gallega como la brecha en la transmisión generacional.

En este informe de respuesta, avanzado por ‘Nósdiario’, el Gobierno central defiende que el Decreto 79/2010 para el plurilingüismo en la enseñanza no universitaria de Galicia permite un sistema «totalmente bilingüe», en el que «se emplean tanto el gallego como el castellano» como instrumentos educativos.

«El modelo bilingüe implantado en Galicia desde el año 2010 es el denominado de conjunción de lenguas, que consiste en que hay una única línea de enseñanza, con la prohibición expresa de separar al alumnado de centro o de aula por razón de lengua», añade.

«DATOS POSITIVOS»

En este modelo, indica el informe, «a la lengua gallega se le otorga la prerrogativa de lengua vehicular de la enseñanza, y se reparte la docencia con el castellano «en porcentajes iguales», por lo que «no contempla la posibilidad de la implantación del modelo de inmersión lingüística».

«Se puede afirmar, pues, que no existen limitaciones a la enseñanza del gallego en Galicia, sino el seguimiento de un sistema de enseñanza bilingüe que, por otra parte, avalan múltiples estudios científicos, así como los resultados obtenidos».

El informe del Estado atribuye a la implantación de este sistema «la mayor parte de los datos positivos que los estudios sociolingüísticos exponen sobre conocimiento y adquisición de la lengua gallega» en la población, tanto en la comprensión como en expresión oral y escrita.

POSTURA «LAMENTABLE»

La postura del Gobierno central ha suscitado ya la primeras críticas. El presidente de A Mesa, Marcos Maceira, ha censura la «lamentable» respuesta del Ejecutivo conformado por PSOE y Unidas Podemos «después de todas las movilizaciones» en defensa del gallego y contra este modelo.

Al respecto, Maceiras ha recordado las cifras de desconocimiento del idioma en menores de 15 años, que alcanzan el 25 por ciento, y sus carencias en ámbitos como el audiovisual o el ocio juvenil como resultado «de una política muy agresiva contra el gallego que ahora mismo este informe está avalando».

Desde el BNG, Mercedes Queixas ha lamentado estas afirmaciones, que parten de un Gobierno supuestamente «de fuerzas de izquierda y progresista», y que distan de la «realidad objetivable» de Galicia, sobre todo de la «fuerte regresión» en la enseñanza del idioma y en su transmisión.

En este sentido, ha recordado que el gallego está «prohibido en varias materias» del sistema de enseñanza y ha avanzado que el BNG registrará diversas iniciativas en el Congreso de los Diputados para pedir explicaciones al Gobierno central y sobre los estudios que utilizó par afirmar que no existen limitaciones para la enseñanza en gallego.

El Ministerio del Interior ha anunciado este martes la convocatoria del concurso para optar a los 960.000 euros de subvenciones para asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo en 2021, un año en el que desde el departamento ministerial han subrayado que se ha decidido adelantar dicho plan con el objetivo de «facilitar su funcionamiento en la actual situación de pandemia».

Las entidades dispondrán de 30 días naturales de plazo a partir de la «inminente» publicación del extracto de la orden de convocatoria en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para presentar sus programas y optar a unas ayudas que en este ejercicio de 2021 están dotadas con una partida presupuestaria que asciende a 960.000 euros, lo que representa, según Interior, un aumento de 30.000 euros respecto al año pasado.

La partida de 2020 permitió subvencionar un total de 56 programas presentados por 16 entidades distintas. La convocatoria de subvenciones está prevista y regulada en la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, que las concibe como un reconocimiento a la «importante labor social que realizan las entidades que apoyan a las personas que han sufrido el daño del terrorismo, labor que justifica el apoyo institucional a su creación y mantenimiento».

Desde que en el año 2004 se comenzaron a realizar estas convocatorias anuales de ayudas, el Ministerio del Interior ha concedido subvenciones a las asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo por un importe de 14.622.200 euros. Además, desde 1999 se han reconocido indemnizaciones y ayudas por más de 1.300 millones de euros, así como pensiones extraordinarias por valor de más de 1.700 millones de euros.

En la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 se consigna una asignación presupuestaria para estas indemnizaciones y ayudas de 13,59 millones de euros ampliables, según recuerda Interior.

QUEJAS POR «MENOSCABAR» A LAS ASOCIACIONES

El Grupo Parlamentario de Vox preguntará este miércoles en el Congreso al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, si piensa disculparse por las valoraciones realizadas «en menoscabo de la labor que realizan las asociaciones».

El pasado viernes, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) criticó los último acercamientos de presos de ETA con alusiones al anuncio para despenalizar el delito de enaltecimiento del terrorismo. También censuró que Interior se refiera a los programas de algunas asociaciones como «desfasados o no adaptados a la realidad actual».

En un comunicado, la AVT mencionaba el plan estratégico de subvenciones para los próximos tres años, en concreto por la orden ministerial publicada en el BOE el 30 de diciembre, que recogía textualmente: «La mayor parte de estas entidades continúan solicitando todos los años subvenciones para los mismos programas, muchos de ellos desfasados o no adaptados a la realidad actual y a las nuevas necesidades de las víctimas del terrorismo».

«No se equivoquen, si de algo puede presumir la AVT es de ser pionera en cualquier ámbito relativo a las víctimas del terrorismo, nuestros 40 años de experiencia nos avalan. Más ahora, que nos hemos tenido que reinventar en época de pandemia», decía esta asociación.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha abogado este martes por que el PP busque «confluencias» pero sin dejar atrás sus siglas, ya que es el momento de renovar un partido «con luces y sombras», y apuesta por que se impulsen «ideas creativas» ya que considera que lo que hacen «no llega».

Así lo ha manifestado durante su intervención en el Comité Nacional del PP, que se ha celebrado este martes de forma telemática, convocado para analizar los malos resultados de las elecciones catalanas del domingo.

Según han desgranado fuentes ‘populares’, Ayuso ha felicitado al candidato del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, y ha defendido su papel durante la campaña, a la que viajó dos veces. No he ido a Cataluña, estoy en Cataluña, lo he hecho muchas veces porque es donde hay que estar, hablando con los comerciantes, los autónomos, la gente que lo pasa mal, que son siempre los grandes olvidados», ha señalado.

Además, ha defendido que el presidente del partido, Pablo Casado, debe continuar liderando el cambio y ha remarcado que la formación debe aspirar «a ser la casa común de liberales, demócratas cristianos, conservadores, así como los socialdemócratas preocupados por la deriva separatista».

La presidenta de la Comunidad ha incidido en que se está en «un momento catastrófico para España», ya que «el nacionalismo está muy fuerte y lo está destrozando todo».

Para la jefa del Ejecutivo autonómico, «es un momento muy complicado para el PP». «Nos toca ahora mismo renovar un partido con luces y sombras, con muchas herencias», ha señalado, al tiempo que ha remarcado que, tras el Congreso del partido, es Casado quien tiene que liderar la nueva etapa. «Si hemos hecho un Congreso y hemos dejado atrás todo, toca eso», ha reivindicado.

Ayuso ha reconocido que Casado «se enfrenta a una situación muy complicada porque tiene un proyecto con un espectro de centro derecha dividido y ningún proyecto de esta magnitud habría conseguido antes cambiar las cosas en tan poco tiempo». Por ello, ha abogado por «darle espacio» para que llegue el cambio.

A pesar de que se ha mostrado convencida de que lo conseguirán, ha expresado que lo que hacen «no llega» por lo que cree que hay que pensar «en ideas creativas». Ayuso ve «muy bien» que se celebre una Convención en otoño pero ha insistido en que hay que buscar «confluencias», sin dejar atrás las siglas.

«Hay que aspirar a ser la casa común de liberales, demócratas cristianos, conservadores, así como los socialdemócratas preocupados por la deriva separatista. Que aúna a los patriotas, defensores del Estado de Derecho, de la Constitución, Transición, la cultura en hispanoamérica, la Unión Europea, la OTAN, de los valores humanistas de Occidente», ha trasladado.

La presidenta de la Comunidad ha recordado que España es «más importante» que el partido y el PP tiene que ser la solución ante los problemas con «ideas claras y generosidad» así como «desde la renovación».

Las defensas en el juicio por los atentados de Cataluña han asegurado que los acusados de pertenecer a la célula yihadista que atentó el 17 y 18 de agosto de 2017 no conocían lo que iba a suceder en Barcelona y Cambrils (Tarragona) tras la explosión de la casa donde se preparaban explosivos.

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha reanudado este martes el juicio para que las defensas informaran de las conclusiones alcanzadas. La vista oral se suspendió después de que todas las acusaciones expusieran sus informes finales y antes de dar paso a los abogados que ejercen la defensa, ya que dos de ellos habían dado positivo en covid o tenían síntomas.

La primera defensa en intervenir en la sesión de este martes ha sido la de Mohamed Houli Chemlal, para quien la Fiscalía pide 41 años de prisión. La abogada Carmen González ha asegurado que gracias a la colaboración con la Justicia por parte de su defendido y al reconocimiento de los hechos a lo largo de «las 10 declaraciones» que prestó tanto en sede policial como judicial durante la instrucción del caso, se ha podido «dar una explicación de qué se estaba produciendo o qué sentido tenía todo lo que había sucedido».

Por ello, ha insistido al tribunal en que debe aplicar a Houli Chemlal atenuantes en el caso de que sea condenado. González ha recalcado que Houli Chemlal no era una persona «radicalizada», no pertenecía al «núcleo duro» de la célula y por tanto no tuvo capacidad de decisión en la misma, sino que participó en algunas actividades bajo amenazas, pero que realmente no tenía conocimiento de lo que se estaba planeando.

UNA «PRESA FÁCIL» PARA HACER UNA SERIE DE «TRÁMITES»

«Es el más vulnerable, es el más atractivo para los que puedan tener una inteligencia superior, o para los que estén radicalizados o quieran llevar a cabo la comisión de unos hechos», ha dicho la letrada. Así, ha resumido que su defendido era una «presa fácil» y que le utilizaron para «hacer una serie de trámites, que no han sido tan relevantes ni importantes», como puede ser la venta de joyas para conseguir dinero o el uso de su documentación personal –tiene DNI español– para comprar el material necesario para elaborar explosivos.

En cualquier caso, ha subrayado que Houli Chemlal no era consciente de que el grupo formado por sus «amigos» fuera de «carácter yihadista». «Para nada estaba introducido en esa filosofía, en ese sentir, en ese querer formar parte del yihadismo», ha añadido la abogada.

En este sentido, ha hecho hincapié en que Houli Chemlal no podía conocer lo que iba suceder en La Rambla de Barcelona y en el paseo marítimo de Cambrils el 17 y 18 de agosto de 2017, ya que él se encontraba hospitalizado tras la explosión de la vivienda de Alcanar (Tarragona) en la que se fabricaban explosivos. Por tanto, entiende que este acusado no puede ser «considerado coautor» de los atentados.

Como mucho cree que podría ser condenado a cuatro años de cárcel por el delito cooperación para el depósito y tenencia de explosivos por haber acompañado a miembros de la célula a comprar sustancias químicas, aunque ha puntualizado que con la explosión de Alcanar nunca se podrá saber «qué materiales concretos se estaban utilizando allí» y con qué finalidad se estaban elaborando. Sobre este punto, ha señalado que tampoco ha quedado demostrado que Houli Chemlal manipulara o elaborara explosivos.

Por otro lado, la abogada de este acusado, que ha recordado que el juez instructor requirió «numerosas diligencias a otros países», también ha descartado cualquier conexión internacional del grupo de jóvenes que atentaron en Cataluña con células yihadistas internacionales.

Asimismo, ha cuestionado que se haya acreditado que una de las víctimas de Alcanar fuera el imán Abdelbaki Es Satty, considerado líder de la célula yihadista. Y ha denunciado vulneración del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio privado en el registro y desescombro de los restos de esta casa, ya que, según ha dicho, comenzaron sin auto judicial que lo autorizara.

ACOTAR LOS HECHOS

Este martes también ha comenzado a informar la defensa del acusado Driss Oukabir –para quien el Ministerio Público pide 36 años de cárcel–, quien ha instado al tribunal a valorar únicamente los hechos anteriores al suceso en Alcanar. Este criterio coincide con el de la Fiscalía, que considera que la explosión de esta vivienda la noche anterior a los atentados, rompió el «nexo causal» con lo ocurrido horas después en Barcelona y Cambrils.

De esta forma, la abogada de Oukabir ha afeado que acusaciones particulares y populares –éstas últimas piden prisión permanente revisable para este acusado y para Houli Chemlal– se hayan «extralimitado» al reflejar en sus escritos hechos que no se plasmaron en el auto de apertura oral.

Esta defensa ha asegurado que Driss Oukabir, quien alquiló la furgoneta con la que Younnes Abouyaaqoub atentó en Barcelona, no pertenecía a ninguna organización yihadista, pues «no consta» la fecha en la que supuestamente se integró en la célula que atacó en Cataluña y que dejó 16 víctimas mortales y centenares de heridos.

«No basta una presunta pertenencia a un grupo para imputar unos hechos», ha afirmado la letrada, al mismo tiempo que ha apuntado que no es posible que Driss Oukabir conociera lo que iba a ocurrir en Barcelona y Cambrils.

Ha argumentado que el acusado no estaba junto a los miembros de la célula mientras comentaban por teléfono que la vivienda de Alcanar había saltado por los aires y por tanto tenían que cambiar los planes previstos. «Ni ellos mismos sabían qué iban a hacer», ha dicho en referencia a esta conversación telefónica de dos miembros del grupo que constan en la causa.

Con todo ello, ha enfatizado que Driss Oukabir quizá participó de forma «episódica» con la célula, pero en ningún caso se radicalizó, ya que «siguió siendo el mismo, saliendo de fiesta, consumiendo alcohol, consumiendo drogas y por supuesto no pasaba por la mezquita».

«HAY MÁS INCÓGNITAS QUE AL PRINCIPIO»

El otro abogado que defiende a Oukabir, Luis Álvarez Collado, también ha tomado la palabra para cuestionar la instrucción realizada por Mossos d’ Esquadra: «No se ha determinado nada, deja más incógnitas de las incógnitas que teníamos al principio», ha dicho.

Entre las dudas planteadas, también ha destacado que no cree que se haya podido cotejar correctamente las muestras genéticas recogidas en Alcanar con las del imán de Ripoll (Girona) Es Satty. Ha comparado esta situación con los errores de identificación de los militares víctimas del accidente del Yak-42 al recordar que «años después se demostró que pruebas de ADN no fueron correctas».

Asimismo, ha denunciado el «descontrol absoluto» en la cadena de custodia de los dispositivos móviles requisados a Driss Oukabir y ha cuestionado la transcripción de las conversaciones que mantuvo con su hermano a través de la red social Facebook.

La defensa de Oukabir continuará mañana exponiendo su informe y le seguirá el abogado del tercer acusado, Said Ben Iazza, para quien la Fiscalía sólo pide ocho años de prisión por colaboración. Después será el momento en el que los acusados puedan hacer uso de la última palabra, antes de que el tribunal deje el juicio visto para sentencia.