El portavoz nacional de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha ganado las primarias de la formación y será el candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid en las elecciones que se celebrarán el 4 de mayo al haber logrado el 89,43 por ciento de los apoyos.

El ex abogado del Estado se ha impuesto así sin sorpresas a los otros diez afiliados que han presentado candidatura para postularse en unas primarias en las que han ejercido su voto únicamente 1.315 personas.

El exvicepresidente de la Comunidad de Madrid y líder de Ciudadanos en Madrid, Ignacio Aguado, anunció el pasado jueves que daba un paso atrás y que había pedido a Bal que se presentara a las primarias del partido.

«Gracias a todos los afiliados por tanta confianza. Este proyecto lo hacemos juntos, y juntos demostraremos en las urnas el 4-M que Madrid no renuncia al centro ni a la moderación. Tenéis mi palabra: haremos política con la cabeza y el corazón siempre; con las tripas, nunca», ha señalado Bal tras conocer los resultados.

Bal se ha impuesto así a Mercedes Nuño Masip (2,59 por ciento); Carlos Álvarez de Toledo Larios (2,43 por ciento); Cesar Gutiérrez Calvo (2,21 por ciento); Enrique Boto (0,84 por ciento); Fernando Castellano Martín (0,68 por ciento); Alberto Díaz del Río García (0,61 por ciento); Alberto Pulido Ruiz (0,46 por ciento); Antonio Urbina Barba (0,46 por ciento); Luis Yubero Macua (0,23 por ciento); y Juan Manuel Bornes González (0,08 por ciento).

«Quiero presentarme a estas primarias para ser el presidente de la Comunidad de Madrid y quiero hacerlo porque no quiero que nos arrebaten el centro. No quiero que nadie nos quite la moderación, el sentido común, la política útil, el encontrar soluciones a los problemas reales que tienen los madrileños. Me niego radicalmente a que en la Comunidad de Madrid gobiernen los extremos. Me niego radicalmente a la polarización», dijo Bal al anunciar que concurría a las primarias.

Nacido en Huelva, ha vivido toda la vida en Madrid, en una ciudad que «no pregunta nunca de dónde eres ni de dónde vienes». «Soy de Madrid, estudie aquí el Bachillerato. Soy del barrio de Cuatro Caminos. Esta es mi comunidad autónoma. Me he recorrido la Sierra. He hecho rutas en moto con mis amigos. Es una comunidad maravillosa, llena de gente muy buena», señaló.

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, espera que el líder del PSOECyL, Luis Tudanca, «haya aprendido la lección» tras el fracaso de la moción de censura debatida este lunes en las Cortes y cree que Ciudadanos ha demostrado que está «más vivo que nunca» y que «tiene futuro».

Sobre su partido, Igea ha subrayado que ese porvenir tras haber demostrado que tiene «políticos responsables» que «han antepuesto las necesidades de los ciudadanos a sus intereses personales».

Tras la intervención en el hemiciclo del portavoz del Grupo Parlamentario de Cs, David Castaño, en las que pedía a Tudanca que dejara «morir en paz» a su partido, Francisco Igea ha bromeado con que su formación «siempre ha sido partidaria» de la muerte digna, pero ha puesto en duda la valía de su portavoz como médico.

«Ésta no es nuestra hora, el paciente está grave pero hoy ha dado señales de buena vitalidad», ha añadido el vicepresidente de la Junta, quien ha apelado a su profesión para advertir de que Cs sí cuenta con al menos un facultativo «dispuesto a ponerle el tratamiento necesario».

Francisco Igea ha reconocido que «gobernar no es fácil» y para su «joven» partido, su primera vez ha coincidido con la situación «más difícil del país desde la Guerra Civil», con un drama sanitario y económico. «No nos hemos apartado, no hemos hecho oposición dentro del Gobierno, no hemos aprovechado ninguna situación», ha recalcado Igea, quien ha defendido el trabajo «muy duro» de una Junta que se ha demostrado «cohesionada».

Por lo que se refiere a Luis Tudanca, el número dos del Ejecutivo autonómico ha extendido esta lección a «muchos» de los que daban a su partido «por muerto» y por «roto». «No digo que hoy rectifiquen, pero sí que se apunten este día para que la próxima vez lo tengan en cuenta», ha sentenciado en una rueda de prensa posterior a la votación de la moción y en la que ha estado acompañado por procuradores y consejeros de la formación naranja.

MOCIÓN «INCOMPRENSIBLE»

«Era una moción incomprensible, condenada al fracaso, en la que por primera vez en la historia política española se pedía a una mayoría de gobierno que se censurase a sí misma. Tan inaudito que resultaban difícil de comprender las intenciones del PSOE», ha opinado Igea, quien ha definido a Cs como «un partido de Gobierno» y «responsable».

El vicepresidente ha tachado esta moción de «maniobra desesperada» que tiene que ver «con un juego de ajedrez que no se juega aquí», sino en el tablero nacional y que busca «ahogar el espacio político de Cs».

Tras agradecer al presidente de la Junta, el ‘popular’ Alfonso Fernández Mañueco, que haya sido un socio «leal, tranquilo y capaz de cohesionar el equipo Gobierno de esta comunidad», ha alabado «especialmente» la labor de la consejera de Sanidad, Verónica Casado, quien «se ha dejado horas y horas, noches y noches, esfuerzo, inteligencia, lágrimas, empatía y sufrimiento para intentar aliviar el sufrimiento de los ciudadanos de Castilla y León».

«Ciudadanos que no saben por qué estamos hoy aquí y no ocupándonos gestión de la pandemia, de la gestión de la campaña de vacunación. Es absolutamente incomprensible», ha criticado Igea, quien se ha referido a la moción como una «estrategia alocada» con origen «fuera de Castilla y León» para cambiar el Gobierno y la Consejería de Sanidad en mitad en la pandemia ante la cual los ciudadanos «tomarán cuenta de lo sucedido».

Francisco Igea ha elogiado el «compromiso» mostrado por los procuradores de Cs tras pasar unos días «muy duros» en los que se ha «cuestionado su ética, su decencia y su lealtad». «No puedo estar más orgulloso de todos los procuradores que nos acompañan», ha añadido el vicepresidente, quien ha tenido un recuerdo particular para José Ignacio Delgado, el cual ha tenido que ejercer el voto de forma telemática por encontrarse aún convaleciente de la COVID-19.

También se ha mostrado «orgulloso» de la procuradora María Montero, quien abandonó este viernes la bancada naranja por discrepancias con el Grupo, al tiempo que ha expresado su confianza en que «haga lo correcto» y lo que le pide el partido, como es la entrega de su acta.

En cualquier caso, ha subrayado que PP y Cs suman una mayoría «suficiente» para seguir gobernando «con cierta tranquilidad» y ha negado que se haya planteado una remodelación del Gobierno.

El portavoz de Agua del Grupo Parlamentario Popular (GPP), José Císcar, ha reclamado al ‘president’ de la Generalitat, Ximo Puig, que exija «alto y claro» una reunión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para decirle que «basta ya de sus continuos ataques al trasvase Tajo Segura».

Así se ha manifestado el dirigente ‘popular’ tras las declaraciones de la portavoz del PSOE de Castilla-La Mancha y eurodiputada, Cristina Maestre, quien ha subrayado este lunes el apoyo «rotundo, claro, certero» del Gobierno de España al fin del trasvase Tajo-Segura y ha afirmado que «estamos más cerca de frenar este expolio».

Císcar, en un comunicado, ha reclamado que, «una vez más, y aunque sea clamar en el desierto hídrico en el que nos quieren sumergir, le pedimos a Puig que exija a Sánchez que frene su paralización».

El portavoz de Agua del PP ha indicado que la derogación del trasvase «se va a producir mediante el nuevo decreto de las reglas de explotación del trasvase Tajo Segura», que «en breve va aprobar el Gobierno de España» y que, a su juicio, es «la historia que se repite».

«Cada vez que gobierna el PSOE y que coincide en los gobiernos de España y de Castilla la Mancha se criminaliza un trasvase que es fundamental para la provincia y para la Comunitat Valenciana», ha remarcado.

Así, ha señalado que con motivo del Día Mundial del Agua los valencianos y especialmente los alicantinos «hemos tenido que sufrir un nuevo ataque al trasvase que asegura nuestro futuro, esta vez por boca de la eurodiputada socialista de Castilla la Mancha que ha asegurado que el Gobierno de España está dispuesto a cerrar y acabar con el trasvase».

Ciscar ha subrayado que este trasvase «genera más de 110.000 puestos de trabajo directos y cuenta ya con 80.000 regantes beneficiarios». «Seis de cada diez litros que sale por el grifo de cualquier vivienda de Alicante procede del trasvase Tajo Segura, un trasvase que aporta al PIB nacional más de 2.300 millones de euros al año», ha incidido.

«En España hay más de 40 trasvases pero ninguno está tan cuestionado como el trasvase Tajo Segura», ha lamentado.

El pleno de las Cortes de Castilla y León ha rechazado la moción de censura encabezada por el socialista Luis Tudanca tras una maratoniana sesión de un día de debate que ha terminado sin sorpresas tras los 37 síes a favor, 35 del PSOE y 2 de Podemos-Equo, como estaba previsto y la abstención de los procuradores de UPL, Por Ávila y María Montero, la procuradora no adscrita que salió de Ciudadanos el viernes.

Como era de prever el rechazo a la moción de censura ha venido de las bancadas que sustentan al Gobierno conjunto de PP y Ciudadanos, con 29 y ahora once procuradores, respectivamente, y el de la única procuradora de VOX, que también había anunciado voto en contra.

Finalmente, la bancada de Ciudadanos ha mantenido la disciplina de voto y el ‘no’ que había confirmado en todo momento la presidenta de los liberales, Inés Arrimadas, que sí ha tenido que hacer frente a la salida de la salmantina Montero el pasado viernes que tiene como consecuencia dejar sin mayoría absoluta en la Cámara a los dos partidos que sustentan la Junta, al pasar de los 41 que garantizan la victoria en las votaciones a 40 procuradores.

La anécdota de las votaciones ha surgido cuando llegó el turno para emitir su sufragio, que era a voz alzada, a la procuradora ‘popular’ por Zamora Leticia García Sánchez, quien, por error, pronunció un tajante ‘sí’ para Luis Tudanca que fue corregido rápidamente hacia el ‘no’.

El sorteo para iniciar la votación hizo la fuera la procuradora socialista y secretaria de Grupo, Patricia Gómez, la que iniciara la ronda de emisión de sufragios para cerrar el debate de la que ha sido la primera moción de censura a un gobierno de la Comunidad.

El debate de esta moción de censura finalmente se ha resuelto en una jornada en la que el candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Luis Tudanca, ha respondido uno por uno a todos los partidos con representación en las Cortes pese a sólo lograr el apoyo de Podemos, cuyo portavoz, Pablo Fernández, quien ha trasladado a todo su «respeto personal y político» a Tudanca, al tiempo que le ha alabado por su «dignidad, decencia y honradez».

«Señor Tudanca, a usted le honra escuchar a su militancia y anteponer la decencia, la dignidad y la honradez a las ganas de llegar al Gobierno a cualquier precio», ha defendido Fernández, quien ha reconocido que es posible que la «celeridad» del registro de la moción censura, haya hecho que no fructifique».

Por su parte, el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual Muñoz, ha argumentado su abstención al no ver «certidumbre» en el proyecto de Luis Tudanca, aunque ha asegurado que esto no supone que dé «carta blanca» al actual dirigente de Gobierno, Alfonso Fernández Mañueco, mientras que el procurador de UPL, Luis Mariano Santos, se ha mostrado convencido de que hay razones para apoyar la moción contra «el Gobierno de Igea pero ha aclarado que no aupará a Tudanca sin autonomía leonesa.

El ‘no’ de VOX ha sido argumentado por la procuradora Fátima Pinacho, quien ha dejado claro en su intervención que nunca apoyará a un partido «socialcomunista». «No vamos a consentir que nos gobierne un partido que nos han llevado la ruina y que pacta con comunistas, sólo les importa el poder», ha criticado Pinacho.

Así, el portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, David Castaño, también ha querido dejar claro el rechazo de su grupo a esta moción que ha tenido como consecuencia que CS pierda un escaño al decidir una de sus procuradoras pasar a ser no adscrita y abstenerse en el voto final.

Castaño ha destacado que con este debate se «entierra» cualquier pacto de Ciudadanos con Tudanca, al que ha acusado de «romper» el Grupo de Cs y le pide que les deje «morir en paz». «Hoy se entierra una moción de censura y cualquier posibilidad de pacto de mi partido con su persona», ha sentenciado Castaño.

Durante su intervención Castaño ha culpado a Tudanca de «romper su grupo parlamentario». «Aún así se pone la mano en el pecho porque le arde la conciencia», ha afeado, tras lo que ha criticado también que el socialista hable en pasado de la formación naranja. «Señor Tudanca, déjenos morir en paz», ha reclamado.

Por su parte, el portavoz del PP, Raúl de la Hoz, se ha confesado «dolido» por la imagen que, a su juicio, se está dando este lunes de la comunidad autónoma de Castilla y León en toda España como consecuencia de la «inaceptable y oportunista» moción de censura «imposible» de Tudanca en un intento de «asalto al poder a cualquier precio» que ha comparado con la «fiel» y la «vida imagen» del PSOE, «sin escrúpulos, sin principios y sin valores».

DEFENSA

Luis Tudanca, ha defendido la moción de censura presentada por su Grupo al Gobierno de la Junta en la que se ha presentado como candidato a la Presidencia porque, como ha considerado, la «corrupción» merece un «castigo ejemplar», al tiempo que ha culpado a los responsables del Ejecutivo de «traicionar» y «romper con todo».

En su intervención en la que se ha sometido a la confianza de la Cámara para sacar adelante la moción de censura y conseguir acceder a la Presidencia de la Junta el líder socialista ha insistido en que el cambio es necesario para «recuperar la decencia y la esperanza». «Ustedes hicieron lo peor que se puede hacer en política, traicionar la confianza y la voluntad de la gente, se traicionaron incluso a sí mismos», ha señalado.

Tudanca se ha referido en concreto a los procuradores de Ciudadanos al señalar que proclamaron de forma «rotunda» el cambio y la regeneración y, sin embargo, «incumplieron su palabra». «Mercadearon con alcaldías y diputaciones, se repartieron cargos y sillones, pactaron con la extrema derecha donde pudieron y lo necesitaron, todo desde Madrid, fuimos intervenidos como Comunidad», ha zanjado.

El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, de Ciudadanos y socio de gobierno del PP en la comunidad autónoma castellano y leonesa, ha cargado contra el «obsceno juego político» que, a su juicio, representa la moción de censura a la que se ha referido como una partida en la que juegan «unos señores de fuera» y en la que el encargado de mover los peones es «el señor Redondo» –en referencia a Iván Redondo, jefe de Gabinete de Pedro Sánchez–.

«La moción no se ha fraguado en esta tierra se ha fraguado en La Moncloa», ha añadido.

Igea ha cargado contra una moción «plagada de trampas y de mentiras» que, según ha advertido, no se presenta contra el Partido Popular de Castilla y León sino contra Ciudadanos en la estrategia del PSOE nacional de «desembarazarse» ahora de los liberales para «destrozar» a Ciudadanos «con el abrazo del oso» en su objetivo de hacerse con el centroizquierda.

Por último, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha instado al candidato socialista a pedir disculpas a los castellanos y leoneses por el «bochorno» de ensuciar la política con «intrigas palaciegas» y por alentar el transfuguismo, actitudes que serán respondidas, ha augurado, con una «bofetada de honradez, de dignidad y de lealtad», en referencia al no de la mayoría de los procuradores que tumbarán la moción.

«¿A quién quiere engañar? ¿Cómo piensa ganar la moción si no es con tránsfugas?», ha espetado ante una moción «abocada al fracaso» que, según ha augurado también, derivará en un cambio de caras en el PSOE de Castilla y León en un día que Sánchez ha marcado con «una muesca en su cartuchera».

«No sé lo que le habrán ofrecido pero el puesto de Paradores ya está ocupado por su predecesor –Óscar López–«, ha ironizado, a lo que Tudanca ha respondido también en tono irónico por la capacidad de Fernández Mañueco de haber oposición y por haber evidenciado hoy quién manda en la Junta donde «ni sabe ni quiere gobernar».

El líder del PP, Pablo Casado, reunirá este martes a la Junta Directiva Nacional del partido, máximo órgano entre congresos, para preparar al PP ante la campaña madrileña y reafirmar su proyecto de reconstrucción del centroderecha tras dos semanas convulsas que han agitado el tablero político, según han informado fuentes ‘populares’.

La cita se produce un día después de que haya fracasado la moción de censura que registró el PSOE en Castilla y León contra el ‘popular’ Alfonso Fernández Mañueco. «Es muy irresponsable e incluso es algo inmoral estar haciendo mociones de censura y desestabilizando los gobiernos que se están enfrentando solos y sin el apoyo del Gobierno de la nación al coronavirus», ha asegurado Casado tras decaer esa iniciativa en las Cortes de CyL.

La Junta Directiva Nacional del PP –fijada para las 12.00 horas– está formada por casi 400 miembros y debe reunirse «al menos una vez cada cuatro meses». Sin embargo, las restricciones impuestas por la pandemia han relajado ese calendario que fijan los Estatutos, dado que este órgano no se ha convocado desde finales de agosto, tras el relevo de la entonces portavoz parlamentaria Cayetana Álvarez de Toledo.

Los ‘barones’ territoriales, parlamentarios y cargos provinciales del PP asistirán a esta reunión de forma telemática, pero el comité de dirección –que preside Casado junto al secretario general, vicesecretarios y portavoces del Grupo Popular– sí que acudirán presencialmente a la sede de la formación, según han precisado las fuentes consultadas.

«EL PP ESTÁ MÁS FUERTE Y EL PSOE ESTÁ MÁS DÉBIL»

El PP nacional se siente reforzado tras el fracaso de las mociones de censura en Murcia y CyL, que ve como un «ataque del PSOE» a los gobiernos de su partido en Murcia y CyL. «Desde hoy el PP está más fuerte y el PSOE está más débil. No se puede jugar con la vida y el empleo de la gente por intereses partidistas», en palabras de Casado.

El líder de los ‘populares’ quiere aprovechar la Junta Directiva para trasladar un mensaje de apoyo a los presidentes autonómicos del PP, en especial al murciano Fernando López Miras y a Mañueco, haciendo hincapié en el mensaje de que «quién desestabiliza es Pedro Sánchez» y que están asistiendo a un «espectáculo bochornoso» por el comportamiento de los socialistas.

Si el pasado jueves ya estuvo en Murcia para arropar al presidente regional tras fracasar la moción de censura de PSOE y Cs, este lunes también se desplazó Valladolid para brindar su apoyo al presidente de Castilla y León.

«EL PP, PUNTO DE UNIÓN DE UNIÓN FRENTE A SÁNCHEZ»

Después de que las mociones de censura hayan puesto patas arriba el escenario político, Casado quiere lanzar un mensaje de unidad a los suyos y reafirmarse en su tesis de que el PP es la «casa común» del centroderecha. «El PP es el punto de unión de todos los que no quieren que el sanchismo siga gobernando en España», aseguró el jueves.

Y ése será uno de los principales mensajes de Casado este martes ante la plana mayor de su partido y en la campaña madrileña para apoyar la candidatura de Isabel Díaz Ayuso. En ‘Génova’ quieren que cale ese mensaje entre el electorado, en un momento en el que cargos del partido y analistas políticos ven factible que Pedro Sánchez opte por un adelanto de las elecciones generales.

Las frustradas mociones de censura ha provocado un alud de fugas en Ciudadanos, con una quincena de cargos que han abandonado o han sido expulsados del partido. El PP se ha aprovechado de ese escenario fichando a cargos como el exsecretario de Organización del Cs, Fran Hervías, al que se atribuye haber desactivado la moción de censura en Murcia junto a Teodoro García Egea y apoyar la desbandada de cargos del partido naranja.

El PP abre sus puertas a afiliados y dirigentes de Ciudadanos, pero también a «desencantados» con Pedro Sánchez y votantes de Vox. De hecho, el terremoto murciando ha llevado a que disidentes del partido de Santiago de Abascal puedan integrarse ahora en el Gobierno de López Miras, ya que con ellos se está negociando la Consejería de Educación.

«Estos diputados ya no son parte de Vox. Han explicado que aplauden el objetivo del PP de reunificar el centroderecha y han afirmado que quieren formar parte del proyecto de López Miras de estabilidad», explicó hace unos días el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos.

EL CAMBIO DE SEDE Y EL ABANDONO DE GÉNOVA 13

Aunque una Junta Directiva Nacional del PP también debe dar luz verde al cambio de sede, fuentes del partido han confirmado que no formará parte del orden del día de la reunión de este martes este tema, que Casado ha dejado en manos de García Egea. Sí que está previsto que durante la reunión el secretario general del PP exponga su informe de gestión.

El pasado 17 de febrero, tras el batacazo electoral de las catalanas, Casado sorprendió a todos con el anuncio de que el PP abandonará la sede de Génova para romper con el pasado. «No debemos seguir en un edificio cuya reforma se está investigando en los tribunales«, argumentó, en alusión al juicio que ha arrancado en la Audiencia Nacional por el presunto pago de las reformas de la sede con dinero negro y por el que el extesorero del partido Luis Bárcenas se enfrenta a más años de prisión.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido que uno de los objetivos de su departamento es «robustecer el sector público» y ha reivindicado que la seguridad «no es un gasto, sino una inversión». Además, ha valorado que la actuación del Gobierno durante los últimos tres años «ha sido lograr una tasa de reposición superior al 115%» para «restablecer la pérdida de efectivos en los años de gobiernos del PP».

El ministro, durante la jornada telemática ‘Derechos y libertades públicas en época de COVID-19’, celebrada este lunes para debatir sobre los límites que el estado de alarma derivado de la pandemia han dejado en el día a día de la ciudadanía, ha avanzado que se está preparando la cuarta oferta de empleo público y que, de los 12.000 efectivos perdidos durante esos siete años, «a día se han recuperado 6.000».

Grande-Marlaska ha añadido que actualmente «ya no hablamos de repliegue de la Guardia civil, sino todo lo contrario» y esto «se debe gracias a nuestra gestión». Además ha destacado que la labor tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional «no solo se ciñe al ámbito de seguridad, sino también se ha ejercido una excelente labor vinculada a los servicios de atención o reparto de alimentos a los colectivos más vulnerables».

Durante su intervención, el titular de Interior ha señalado que «a veces solo conocemos el carácter reactivo de la seguridad, pero olvidamos la importancia de lo preventivo». Como ejemplo, ha dicho, «en todos los gobiernos socialistas la inversión abarca 0,62 del PIB, a diferencia de los gobiernos del Partido Popular que invierten un 0,50″.

Grande-Marlaska ha insistido en la importancia de «modernizar el marco de seguridad en materia de derechos y libertades» para «cerrar los desafíos futuros, como la ciberseguridad o los bulos que ponen en riesgo la seguridad ciudadana».

Por ello, ha mostrado su intención de desarrollar un modelo securitario «basado en la respuesta» pero «poniendo el foco en la prevención, cooperación y coordinación con el tercer sector».

«IMPORTANCIA DE LO PÚBLICO»

Por su parte, la secretaria general del PSPV-PSOE de la provincia de Valencia, Mercedes Caballero, que ha sido la encargada de inaugurar este foro, ha puesto en valor que aunque la emergencia sanitaria «ha obligado a decretar medidas excepcionales, como el confinamiento inicial o las restricciones de movilidad», el PSPV-PSOE de la provincia «ha mantenido su actividad».

«La dirección provincial ha sido consciente del momento que hemos vivido, pero los partidos no podemos confinarnos. Hemos trabajado con intensidad para tender la mano a instituciones como los ayuntamientos para dar a la sociedad las respuestas a sus nuevas necesidades», ha indicado.

Caballero ha manifestado que el último año «no nos ha convertido en mejores personas» porque la COVID-19 «ha afianzado el sentimiento individualista en la mayoría de la sociedad».

No obstante, ha apuntado, la emergencia sanitaria «ha demostrado la importancia de lo público, no solo poniendo de relieve la potencialidad de la sanidad en las comunidades autónomas». También lo público ha sido y es fundamental para el sustento de la economía global e individual», ha reflexionado.

La dirigente socialista ha destacado que las Administraciones Públicas «se han volcado en que nadie quede atrás y también en que no se vulneren sus derechos y libertades». «El objetivo es conjugar las medidas que exige la cogobernanza con el anhelo de la ciudadanía. Todo sin olvidar su seguridad», ha aseverado.

«RETO DE LA POSTPANDEMIA»

El vicesecretario general de la CEP y presidente de la Comisión de Seguridad y Protección Civil de la FEMP, Aarón Cano, ha destacado que el balance de la actuación de la Policía durante esta emergencia en la ciudad de Valencia es «positivo».

Cano ha detallado que, «más allá de la gestión de las siguientes olas, ahora nuestra preocupación es el reto de la postpandemia, desde el punto de vista de la seguridad ciudadana». En esta línea, ha remarcado que uno de esos retos «es la violencia de género». «Sólo en las últimas 24 horas se ha detenido a cuatro personas. Se trata de una verdadera pandemia. Protegemos a unas 1.300 mujeres, una cifra insostenible democráticamente», ha señalado.

El también edil del Ayuntamiento de València ha anunciado la creación en la ciudad de una unidad exclusiva para las mujeres víctimas de violencia de género. «No estaremos solucionando este problema si descargamos toda la responsabilidad en la actividad policial. Existen múltiples soluciones y debemos alcanzar una gran alianza social para detectar e identificar casos y, sobre todo, denunciar», ha apostillado.

Cano ha agregado que desde la Federación Valenciana de Municipios y Provincias «se va a incentivar la creación de Ordenanzas Municipales para luchar contra la prostitución, una de las formas graves de violencia de género».

Respecto a los delitos de odio, Cano ha indicado que «podemos observar un incremento y, acompasado, un incremento también de problemas de convivencia vecinal», a su juicio, «la antesala de problemas más graves de carácter social sobre los que se va a actuar desarrollando unidades de prevención de delitos de odio e impulsando nuevas políticas de integración».

El presidente del PP, Pablo Casado, ha felicitado al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y a todo el Gobierno autonómico tras el fracaso de la moción de censura presentada por el PSOE y ha aseverado que «ha ganado Castilla y León y ha perdido Pedro Sánchez», al que acusado de querer desestabilizar las instituciones y atacar el interés general «en medio de una pandemia

Así lo ha aseverado Casado, a las puertas de las Cortes de Castilla y León, donde este lunes se ha debatido la moción presentada por el PSOE y que ha fracasado al obtener 37 votos a favor–de PSOE y Podemos–, 41 en contra–de PP, CS y Vox– y tres abstenciones– Por Ávila, UPL y la exprocuradora de Cs María Montero–.

«Yo soy castellanoleonés, soy palentino y estoy muy contento porque ha sido el fracaso de aquellos que querían usar una moción de censura para intentar resolver los problemas que no han sido capaces de resolver nunca aquí, en Castilla y León», ha aseverado Casado, quien ha precisado que «Alfonso lleva meses luchando por la vida de sus paisanos» por lo que considera «irresponsable e inmoral» presentar mociones de censura «para desestabilizar a los gobiernos» cuando las comunidades se están enfrentando «solas» al coronavirus, «sin el respaldo del Gobierno de la nación».

Por ello, ha respaldado la labor de Alfonso Fernández Mañueco al frente de la Junta, «la de todo su Gobierno» y la de todo el Grupo Parlamentario, y considera que se ha dado una lección de «serenidad, dignidad y responsabilidad» a lo que ha añadido que ha sido la victoria «de un buen gobierno» y de una tierra que ha demostrado que tiene «una política responsable y sensata al servicio de la gente.

Para el líder del PP, lo que ha ocurrido en las Cortes de Castilla y León «es la respuesta a un ataque de Pedro Sánchez» a las instituciones de esta Comunidad, al igual que ocurrió en Murcia o en Madrid, con un adelanto electoral «porque había tres mociones de censura en camino», por lo que ha reiterado que quien busca «desestabilizar en medio de una pandemia y atacar al interés general» es el presidente del Gobierno.

Por ello, Casado ha aseverado que Pedro Sánchez está llevando a cabo estas acciones para desestabilizar al PP, en Murcia, en Madrid o en Castilla y León, «porque es su única alternativa» ante un PP que está consiguiendo unificar el centroderecha para ganar las próximas elecciones, por lo que ha lamentado que los españoles tengan que ver «este bochornoso espectáculo» del que los populares «no son parte».

Asimismo, Pablo Casado ha aseverado que lo que diga Pablo Iglesias, Ángel Gabilondo o Pedro Sánchez «ya se ve en lo que acaba, en un fracaso estrepitoso» que espera que también se produzca el 4 de mayo, en las elecciones a la Comunidad de Madrid, y en las próximas generales.

La Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa, ha instado al Parlamento español a modificar la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana 4/2015, la conocida por sus detractores como ‘ley mordaza’, al entender que tiene un impacto sobre los derechos humanos por su «potencial represivo».

En un dictamen adoptado durante su sesión plenaria del 19 de marzo, la Comisión de Venecia recomienda revisar las elevadas multas que recoge la ley aprobada durante la mayoría absoluta del PP y que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos ha prometido modificar.

Según ha explicado el Consejo de Europa, el dictamen se centra en las disposiciones sobre controles en lugares públicos, la vigilancia de manifestaciones espontáneas y las responsabilidad derivadas de los organizadores de las mismas, así como los rechazos de inmigrantes en la frontera española en Ceuta y Melilla.

En este sentido, tras recordar que la ley cuenta con el respaldo del Tribunal Constitucional, el órgano consultivo reconoce que España se encuentra en una «difícil situación» por la necesidad de defender sus fronteras y, al mismo tiempo, cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho internacional.

Por este motivo, aboga por que la ley especifique que los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no deben proceder con el rechazo en la frontera si aprecian que un extranjero tiene razones convincentes para no utilizar los procedimientos ordinarios de solicitud de asilo.

En su dictamen, la Comisión de Venecia recuerda que el Parlamento se ha comprometido a modificar la ‘ley mordaza’, una norma que considera que conduce a «abusos en la práctica» porque confía a la Policía «amplios poderes», echando en falta delimitar las situaciones en las que se puede aplicar.

La Comisión de Venecia sostiene que la naturaleza de las infracciones y la gravedad de las multas previstas en la ley –de hasta 600.000 euros en los casos muy graves, lo que ve «bastante elevado en el contexto español»– hacen que se pueda subordinar al derecho penal, de ahí que demande «más precisión» al legislador o mecanismos para detectar posibles abusos.

Se refiere, en concreto, a las sanciones derivadas de la «desobediencia a las autoridades», ya que en la práctica cree que puede afectar al ejercicio de la libertad de reunión. En este sentido, apela al legislador para que los ciudadanos tengan las «garantías mínimas» de acuerdo al artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Seis sacerdotes legionarios de Cristo, entre ellos el fundador, Marcial Maciel, cometieron abusos sexuales contra menores en España entre 1941 y la actualidad, según un documento publicado por la congregación, de forma simultánea a la publicación del Informe Anual 2020 Verdad, justicia y sanación, que reporta los casos a nivel mundial.

En concreto, sobre España, el informe detalla que de los seis sacerdotes que cometieron abusos, dos han fallecido ya, y sobre tres están aún activos procesos canónicos. Ninguno de ellos está en España, no tienen ministerio público y siguen sus respectivos planes de seguridad en los lugares donde residen, según informa la congregación.

En cuanto al número de víctimas que sufrieron los abusos en España, el documento no precisa cuántas fueron aunque en todos los casos indica que hubo «varias» víctimas.

De personal no religioso, la congregación informa de que actualmente hay un proceso en curso en la justicia penal por el caso de un monitor de patio de una empresa externa que fue denunciado en 2018 por abuso a menor. Además, un monitor de un club juvenil fue condenado por abusos cometidos en 1999 y denunciados por la víctima en 2014 ante la justicia.

Asimismo, reporta que en 2017, se denunció ante la justicia civil un caso de acoso por parte de un joven religioso en formación, que no continuó en la congregación. El caso fue sobreseído y no llegó a juicio, según indica el movimiento, que puntualiza que no hay ninguna acusación por hechos ocurridos desde 2018 hasta la actualidad.

«Somos conscientes del daño causado y, a la vez, nos es difícil imaginar el dolor inmenso que sufre cada una de las personas afectadas. Por ello, renovamos nuestro compromiso y disponibilidad plena para cada uno de ellos. Nos disponemos a la escucha atenta de sus necesidades y de todo cuanto podamos hacer para reparar el daño causado», indica en una carta el director territorial de los Legionarios de Cristo en España, Javier Cereceda.

En particular, piensa «en quienes han sufrido abuso en el noviciado de Salamanca o en alguno de los dos seminarios menores en España, especialmente en el de Ontaneda (Cantabria)». «Sufrimos con su dolor y deseamos su sanación

170 MENORES VÍCTIMAS A NIVEL GLOBAL

Además, de forma paralela, la congregación ha publicado a nivel global el número de casos de abusos hasta la actualidad. Del informe se desprende que alrededor de 170 menores han sido víctimas de abusos sexuales en todo el mundo cometidos por 27 sacerdotes legionarios de Cristo. Esta cifra incluye 60 menores de edad que sufrieron abusos por parte del fundador Marcial Maciel.

Según informa la congregación, «en su gran mayoría», las víctimas fueron varones adolescentes de entre 11 y 16 años. Además, precisa que con aproximadamente 50 de estas víctimas «se ha avanzado en un camino de reparación y reconciliación».

En este informe, los legionarios de Cristo actualizan los datos ya recogidos en un documento anterior, el Informe 1941-2019, e incluye seis nuevas denuncias presentadas en el año 2020, que se refieren a presuntos abusos a menores sucedidos entre 1970 y 2013.

Según precisa la congregación, uno de los casos, que se refiere a un sacerdote fallecido, no ha podido ser sustanciado por falta de información y se cerró la investigación; otra denuncia fue sometida a una investigación profesional externa cuyo resultado, a su vez, fue examinado por un comité de revisión y las acusaciones no fueron sustanciadas; y otras tres denuncias están todavía en fase de investigación previa canónica, observando también las leyes civiles.

El caso de otro sacerdote está en espera de las indicaciones de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre un eventual proceso canónico, aunque la congregación precisa que no tiene ministerio sacerdotal público.

La congregación añade que no ha recibido ninguna denuncia contra miembros sacerdotes por presuntos abusos sexuales a menores posteriores al año 2016.

A fecha 22 de marzo de 2021, el movimiento señala que la cifra total de sacerdotes legionarios de Cristo de los que consta que han cometido abuso sexual contra una persona menor representan «un 2% de los1.380 legionarios de Cristo ordenados sacerdotes a lo largo de toda lahistoria de la Congregación».

La congregación informa de que durante el año 2020 losLegionarios de Cristo «han continuado aportando ayudas económicas yterapéuticas puntuales a diversas víctimas» con el objetivo de «reparar de algún modo el sufrimiento causado por los abusos cometidos por miembros de la Congregación».

En todo caso, de cara a este año 2021, los legionarios de Cristo se marcan como objetivo «establecer un programa independiente para la reparación económica de las víctimas». Asimismo, pretenden examinar los posibles casos de encubrimiento y negligencia grave.

Desde 2020, los legionarios de Cristo cuentan con la colaboración de Eshmá para atender a las personas que han sufrido abuso sexual cometido por un miembro de la congregación. Para aquellas personas que quieran denunciar un caso de abusos ponen a su disposición tanto el canal independiente Eshmá (escuchamos@eshma.eus) como el canal institucional (ambientesseguros@serviciosrc.es). También cuentan con la web ‘0abusos.org’.

La portavoz de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, ha replicado este lunes a la ministra de Turismo, Reyes Maroto, que no basta con que a los turistas que llegan a España se les exija una prueba PRC negativa en su país de origen, sino que hay que pedírsela para llevar un control efectivo sobre su situación.

Rodríguez replicaba de este modo a las declaraciones sobre esta cuestión realizadas por Maroto en un desayuno informativo en el que ha añadido que esa PCR «no se puede garantizar en los viajes» entre comunidades autónomas.

La dirigente de la formación naranja no ha criticado las actuales restricciones a la movilidad interna, pero sí ha exigido un control estricto de los viajeros que llegan al país en avión porque, según ha dicho, conoce casos de personas a las que no se le ha pedido esa PRC para comprobar que, efectivamente, no están contagiadas.

«Espero que Reyes Maroto no quiera decir que con la PCR es suficiente y está todo hecho», ha incidido Rodríguez, señalando que el hecho de que no se pidan las pruebas a todos los turistas debería generar a la ministra «un poquito de intranquilidad».

Además, la portavoz de Ciudadanos ha exigido que se obligue a quienes visitan España a respetar las normas vigentes, como el uso de mascarillas, la prohibición de hacer fiestas y el cumplimiento de los aforos.

NO DISCRIMINAR A LOS ESPAÑOLES FRENTE A OTROS EUROPEOS

Posteriormente, los diputados de Cs Guillermo Díaz y María Muñoz han registrado una batería de preguntas en el Congreso, para las que solicitan al Gobierno respuesta por escrito, sobre «la discriminación entre ciudadanos en la aplicación de las restricciones de movilidad de cara a la Semana Santa».

Recuerdan que el plan que acordaron el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas incluye el cierre perimetral de todas las comunidades, salvo Baleares y Canarias, y que el Gobierno aclaró que estas restricciones no se aplican a los visitantes que lleguen a España desde el exterior, que sí podrán visitar cualquier lugar del país sin problema, aunque no podrán desplazarse entre la región en la que aterricen y cualquier otra.

Según indica Ciudadanos, esto tiene como resultado que «un ciudadano español esté sujeto a unas restricciones más duras en territorio nacional que cualquier otro ciudadano de la Unión Europea» ya que, por ejemplo, un alemán podrá visitar las Islas Baleares pero a un español residente en Cáceres no le estará permitido.

Puesto que el Tratado de Funcionamiento de la UE prohíbe «toda discriminación por razón de la nacionalidad» y que todos los ciudadanos europeos tienen derecho a «ejercer su libertad de movimiento en condiciones de igualdad», la formación naranja concluye que todos ellos «deben estar sujetos a las mismas provisiones en materia de movilidad, incluidas también aquellas provisiones temporales que tienen como objetivo restringir esa libertad de movimiento» para controlar la pandemia del coronavirus.

Por ello, el partido liderado por Inés Arrimadas quiere que saber qué medidas ha tomado el Ejecutivo de Pedro Sánchez «para asegurar que las restricciones de movilidad que afectan a ciudadanos españoles y no a otros ciudadanos de la Unión Europea cumplen con el principio de no discriminación».

También pregunta al Gobierno si va a solicitar a las instituciones comunitarias, especialmente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, «un pronunciamiento sobre la legalidad de estas restricciones impuestas de cara a la Semana Santa» y si en las próximas semanas prevé permitir la movilidad de los ciudadanos españoles entre comunidades autónomas «siempre y cuando se presente una prueba diagnóstica PCR o similar con resultado negativo».

Marta Martín, exdiputada de Ciudadanos en el Congreso por Alicante, ha afirmado este lunes que el Partido Popular no le ha hecho ningún ofrecimiento tras dejar su escaño y apartarse de la formación naranja y que su intención es retomar su trabajo en la universidad.

En una entrevista en esRadio, Martín ha dicho que es «absolutamente falso» que el PP le haya «ofrecido nada». «Se está intentando contaminar porque creo que no es habitual que una persona» deje la política y «se vaya a su trabajo», pero «de momento mi perspectiva es volver a mi universidad», ha añadido la catedrática de Comunicación Audiovisual y Publicidad.

Martín anunció su decisión la semana pasada a raíz de la moción de censura que Ciudadanos presentó junto al PSOE en la Región de Murcia –donde gobernaba con el PP y ahora, tras fracasar esta iniciativa, ha pasado a la oposición– y que desencadenó que en la Comunidad de Madrid la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso (PP), rompiera con Cs y convocara elecciones anticipadas.

Sin embargo, previamente la exdiputada había discrepado de otras decisiones de la dirección de la formación naranja encabezada por Inés Arrimadas, como el apoyo a la última prórroga del estado de alarma decretado por el Gobierno de Pedro Sánchez para seis meses por la pandemia del coronavirus.

CIUDADANOS DEFIENDE «UN MODELO DE PARTIDO, NO DE PAÍS»

Tras afirmar que con el sistema actual de partidos «es muy difícil mantener la libertad y, a veces, mantener tu criterio», ha argumentado que en su caso ha actuado de forma «coherente», consciente de que existe la disciplina de voto y que «si no estás de acuerdo, te tienes que ir». «He intentado compaginar mi compromiso con los votantes con mi compromiso con el partido», ha manifestado.

En este sentido, ha explicado que no podía permanecer en el grupo parlamentario de Ciudadanos porque, a su juicio, ahora defienden «un modelo de partido más que un modelo de país» y porque el Gobierno de Pedro Sánchez representa «lo contrario de proyecto de país» que tenía Cs cuando ella se afilió.

También se planteó la posibilidad, según ha reconocido, de separarse de sus compañeros, conservar el escaño y pasarse al Grupo Mixto. Aunque «ahora se está echando pestes de todas las personas» que han salido de Cs y se han quedado el acta –como ha hecho, entre otros, el diputado Pablo Cambronero–, Martín cree que «si uno tiene unos compromisos con los votantes y considera que su partido ha dado un giro radical», también puede tomar ese camino.

En su caso, finalmente optó por renunciar al acta de diputada, pero pidiendo a Arrimadas una «garantía» de que el escaño que dejaba libre «no se va a utilizar para apuntalar ni al nacionalismo ni la corrupción». Un compromiso que, según ha dicho, la líder de la formación naranja le dio y espera que cumpla.

En este contexto, ha señalado que si finalmente Esquerra Republicana (ERC) y Junts per Catalunya llegan a un acuerdo para formar un nuevo gobierno independentista en Cataluña, Sánchez «va a tener muy difícil seguir pactando con ERC» en el Congreso.

«De ahí la importancia del escaño que he dejado», ya que si el Ejecutivo ya no puede depender de los votos de ese partido, su «única alternativa» será apoyarse en Ciudadanos «y eso solo lo puede hacer con nueve diputados, no con ocho», ha declarado.

Aunque son dos los diputados de Cs en el Congreso que han dejado el partido, el grupo conserva nueve de los diez escaños que tenía porque el de Martín será ocupado por Juan Ignacio López Bas, que la seguía en la lista electoral por Alicante.

CONTRA LA ‘LEY CELAÁ’

Por otro lado, la exdiputada ha precisado que una de las razones por las que ha «aguantado tanto tiempo» en el cargo es porque le preocupa mucho la educación, el tema del que se ocupaba en el Congreso.

«Lo que está pasando en España es una catástrofe», ha advertido sobre la llamada ‘ley Celaá’, que, según ha indicado, no solo elimina el carácter vehicular del castellano en los colegios de comunidades autónomas con otra lengua cooficial, sino que empeora la calidad educativa y aumenta las desigualdades territoriales.

«Quería batallar todo el tema de la LOMLOE», pero en realidad, «la capacidad que tenía de seguir luchando por esto era muy pequeña», ha comentado, agregando que seguirá denunciándolo desde fuera de las instituciones.

Por último, ha lamentado que ahora la política española se entienda «como un juego de tronos en lugar de como un servicio público» y ha augurado que esto hará crecer la «desafección» de los ciudadanos en un momento en el que muchos de ellos lo están pasando mal a causa de la crisis del coronavirus.

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, iniciará este martes la ronda de contactos con los grupos parlamentarios para proponer un candidato a la investidura de presidente de la Generalitat, sin que ERC y Junts hayan cerrado todavía un acuerdo para investir a Pere Aragonès.

Borràs llevará a cabo los contactos con los líderes parlamentarios de menor a mayor representación, por lo que la primera reunión será a las 12.00 con el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, de forma telemática.

Este martes también se reunirá con el líder de Cs en Cataluña, Carlos Carrizosa, a las 12.30; con Jéssica Albiach (comuns), a las 13.00; con Dolors Sabater (CUP), a las 16.00 y con Ignacio Garriga (Vox) lo hará a las 17.00, y dejará los encuentros con Albert Batet (Junts), Josep Maria Jové (ERC) y Salvador Illa (PSC) para el miércoles.

En una entrevista este lunes de TV3, la presidenta de la Cámara catalana ha asegurado que propondrá para la investidura al candidato que tenga más posibilidades de salir escogido y que el pleno se celebrará el viernes, la fecha máxima.

Sobre la mesa hay dos nombres que se han postulado para la investidura: el socialista Salvador Illa, que solo cuenta con los apoyos de su propia formación y eventualmente podría tener los de los comuns, por lo que no tiene los votos necesarios para ser presidente, y Aragonès, que podría ser investido con los votos de Junts y la CUP, aunque todavía no hay un acuerdo cerrado.

NEGOCIACIÓN INDEPENDENTISTA

Esta ronda de contactos comenzará mientras los partidos independentistas siguen negociando para garantizar la elección de Aragonès como nuevo presidente del Govern.

De momento, ERC y la CUP ya han alcanzado un preacuerdo, que incluye el compromiso para preparar las condiciones necesarias para realizar un «nuevo embate democrático, preferentemente en forma de referéndum», impulsar una agenda legislativa catalana, actualizar los protocolos para evitar desahucios a personas vulnerables, alcanzar el 25% del Presupuesto de Salud en Atención Primaria, y suspender el uso de proyectiles de foam hasta que no se publiquen sus protocolos.

Este preacuerdo todavía debe ser validado por los órganos internos de las dos formaciones y los ‘cupaires’ reunirán el miércoles sus Asambleas Abiertas Parlamentarias y el jueves anunciarán su posicionamiento en la investidura.

A la espera de que la CUP lo valide, ERC confía en cerrar un acuerdo con Junts antes del viernes, que debe ser «coherente» con lo firmado con los ‘cupaires’, ha afirmado la secretaria general adjunta y portavoz de los republicanos, Marta Vilalta.

Por su parte, la vicepresidenta de Junts, Elsa Artadi, ha avisado de que no se sienten «en absoluto presionados» por el preacuerdo entre ERC y la CUP para investir a Aragonès, y ha defendido la necesidad de lograr un acuerdo de legislatura para garantizar estabilidad.

De las negociaciones han trascendido pocos detalles, como que algunos de los principales obstáculos para desencallarlas están siendo qué papel debe tener el Consell per la República, cómo coordinar la estrategia independentista y la distribución de conselleries como Economía, que quieren tanto republicanos como Junts.

En medio de estas negociaciones, que previsiblemente se intensificarán en los próximos días, este martes a las 19.00 horas el secretario general de Junts, Jordi Sànchez, dará una conferencia para exponer la propuesta de su partido para la próxima legislatura, en la que podría despejar algunas de las incógnitas sobre las exigencias de su formación para investir a Aragonès.

El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha decidido, por unanimidad, estimar parcialmente el recurso interpuesto por el Gobierno de Aragón contra diversos preceptos de la Ley de Contratos del Sector Público, de 2017, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo.

La sentencia, cuyo ponente ha sido el magistrado Xiol Ríos y que está fechada el 18 de marzo de 2021, aborda como cuestión esencial determinar si la competencia estatal para dictar las bases en materia de contratación administrativa al amparo del artículo 149.1.18 de la Constitución española se ha ejercido, como aduce el Gobierno aragonés, en perjuicio de las competencias autonómicas de desarrollo legislativo y ejecución o de su potestad de autoorganización en los términos que ha precisado el TC o se ha traducido, en algunos casos, en el establecimiento de normas de carácter supletorio.

El artículo 149.1.18 de la Constitución española señala que el Estado tiene competencia exclusiva sobre las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas; el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las comunidades autónomas; legislación sobre expropiación forzosa; legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones públicas.

El Tribunal Constitucional ha explicado en una nota de informativa que, con carácter previo al examen de la cuestión nuclear, el TC ha enjuiciado y desestimado que la Ley de Contratos del Sector Público haya incurrido en una vulneración del principio de neutralidad en la transposición de la normativa europea al ser esta una cuestión ajena a la jurisdicción constitucional.

Asimismo, ha declarado que la pretensión de que esta ley impide a la Comunidad Autónoma de Aragón actualizar sus derechos históricos en materia de contratación no encuentra amparo ni en la disposición adicional primera de la Constitución, ni en otras disposiciones del bloque de constitucionalidad, como la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía de Aragón.

CUESTIÓN DE FONDO

El pleno del Constitucional ha analizado de forma sistemática, en relación con la cuestión de fondo, la doctrina sobre qué debe entenderse por legislación básica en materia de contratación, así como la relativa a la potestad autonómica de autoorganización.

En aplicación de esta doctrina y de la establecida en relación con el principio de unidad de mercado, se declaran inconstitucionales la exclusión de la eficacia extraterritorial de las decisiones sobre clasificación adoptadas por los órganos competentes autonómicos, o la obligación impuesta a los entes locales de publicar sus perfiles en una única y concreta plataforma de contratación.

Igualmente, por incurrir en una regulación de detalle que solo incidentalmente guarda relación con los principios de la contratación pública, se declaran que no son conformes al orden constitucional de competencias algunos aspectos relativos al órgano competente para declarar la prohibición de contratar; el contenido de los pliegos de cláusulas administrativas particulares; la definición de prescripción o especificación técnica; la decisión de no publicar determinados datos sobre la celebración del contrato; las subfases en el concurso de proyectos; o la habilitación normativa en materia de uso de medios electrónicos, informáticos o telemáticos.

Otros preceptos impugnados son considerados básicos siempre que la remisión normativa, prevista en la Ley de Contratos del Sector Público, se entienda efectuada a favor de la Administración competente en cada caso y sin que esto signifique prejuzgar el instrumento normativo que puedan utilizar las comunidades autónomas.

DELIMITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

La sentencia delimita la articulación de las competencias del Estado en materia de procedimiento administrativo común y de contratación administrativa, dada la existencia de preceptos que, junto a su naturaleza procedimental, tienen como finalidad específica garantizar los principios generales de la contratación pública, como son la sanción de la falta de publicación del anuncio de licitación y objeto, medidas cautelares y acceso al expediente de contratación en la fase del recurso especial.

Por el contrario, se consideran que no son conformes al orden constitucional de competencias la regulación de concretos plazos, la cual tiene un carácter accesorio o complementario, de naturaleza procedimental, por lo que solamente de forma indirecta guarda conexión con los principios básicos de contratación pública.

Por último, se declara inconstitucional la previsión de la Ley de Contratos del Sector Público relativa a la determinación del órgano competente, en ausencia de legislación autonómica, para resolver el recurso especial en materia de contratación en el ámbito de los entes locales.

El TC entiende que se ha vulnerado tanto la configuración constitucional de la supletoriedad –recogida en el artículo 149.3 de la Constitución española–, como el orden constitucional de competencias en materia de contratación administrativa.

La portavoz parlamentaria de Bildu, Mertxe Aizpurua, ha advertido a los demás grupos del Congreso de que su formación no aceptará que se la defina como «heredera de ETA», calificativo con el que suelen denominar a sus diputados partidos como el PP, Vox o Ciudadanos en los debates parlamentarios.

Aizpurua hizo este aviso el pasado martes, en la última reunión de la Junta de Portavoces, a raíz de una moción de Ciudadanos que se debatía ese mismo día en el Pleno para censurar la política de acercamiento de presos de ETA a cárceles de País Vasco que lleva adelante el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska.

En esa iniciativa, los de Inés Arrimadas, entre otras cuestiones, instaban al Ejecutivo a aclarar si esos traslados semanales a prisiones vascas respondían a los apoyos parlamentarios de los últimos tiempos de Bildu, partido al que se refería como «heredero del terrorismo».

DOBLE VARA DE MEDIR

Ante esta redacción, la portavoz de la coalición abertzale aprovechó para quejarse de que la Mesa del Congreso hubiera admitido a trámite la citada moción con una referencia que juzga «inaceptable», según consta en el acta de la citada reunión de la Junta de Portavoces.

Pese a que se le informó de que existen precedentes en la misma línea que también han sido calificados por el órgano de gobierno del Congreso, Aizpurua criticó que existe «una doble vara de medir» y avisó de que a partir de ahora cabría referirse a otras fuerzas políticas como «herederas del franquismo o del fascismo», incidiendo en que no van a tolerar este tipo de «injurias».

Frente a esto, el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, recalcó a Bildu que la condición de «heredero» no supone en sí misma constitutiva de ningún delito y subrayó que su partido ha demostrado «siempre» su capacidad para asumir la crítica e incluso los «insultos» vertidos por otras formaciones en el debate parlamentario.

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, terció en el debate para confirmar que efectivamente existen precedentes con un grado de ofensa similar al denunciado por Aizpurua que también han sido admitido por la Mesa de la Cámara, siguiendo el criterio de la Secretaría General.

SON «DELEGADOS DE ETA»

Y, dicho esto, aprovechó la ocasión para apelar a la «contención» de los grupos parlamentarios y para pedirles «respeto mutuo» con el objetivo de que, desde la confrontación ideológica «pero nunca personal», contribuyeran a mantener «un buen clima de trabajo».

Pero las palabras de Batet cayeron en saco roto porque durante la discusión de esta moción y de otra similar que se debatió al día siguiente fueron diversas las ocasiones en las que tanto el PP como Vox se dirigieron a los diputados de Bildu ya no como «herederos de ETA» sino directamente como «delegados de ETA».

«Otegi es su jefe, Otegi es ETA, trabajan para ETA», llegó a decir el expresidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo y diputado de Vox Francisco José Alcaraz, provocando un toque de atención del vicepresidente del Congreso, el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, será reelegido como líder de IU tras lograr la candidatura que encabeza para la XII Asamblea Federal, que concluye este fin de semana, el 76,26% de los votos (5.694) de la militancia.

Con ello, se ha impuesto a la lista del sector crítico liderada por el dirigente José Antonio García Rubio, que ha logrado un total de 1.553 apoyos de los afiliados, el 20,8% del sufragio emitido.

En total, según los datos recopilados por IU, han participado en la elección de las candidaturas el 41,4% de la militancia (18.000 afiliados), de los cuales un 2,9% ha votado en blanco.

Este fin de semana concluyó el proceso de votación de las candidaturas y documentos que se someten a la asamblea federal, mientras que el pasado viernes terminó el proceso de sufragio telemático habilitado por la situación del coronavirus.

A su vez, el informe de gestión del coordinador federal de IU durante su mandato ha sido refrendado con el 74,56% de los votos (5.562) y los estatutos federales se han validado con un 75,06% de apoyos (4.731)

GARZÓN: «ESTOY ENORMEMENTE HONRADO»

El propio coordinador federal de IU ha afirmado en redes sociales sentirse «enormemente honrado» por el apoyo cosechado por su candidatura, a la vez que ha agradecido los debates emprendidos y la «alta participación» a lo largo de todo el proceso. «¡Salud y República!», ha trasladado a los miembros de la organización.

Mientras, García Rubio ha destacado que su lista ha conseguido superar el 20% de los votos y eso implica que tendrán representación en los órganos de dirección, un «resultado útil para defender la soberanía y autonomía» de IU y que este proyecto político «no se subordine a otra fuerza política, como en Madrid», en referencia a Podemos.

TAMBIÉN SE IMPONE EN EL DOCUMENTO DE ESTRATEGIA POLÍTICA

También se ha impuesto Garzón en el documento de estrategia política, dado que su texto denominado ‘Avanzando hacia la República. Una IU para un nuevo país’ ha obtenido el 75,5% de los sufragios emitidos (5.736 votos), mientras que la ponencia del sector crítico (‘La Izquierda) se ha quedado en el 20,77% de apoyos (1.578 votos).

La candidatura de Garzón para elegir a los integrantes de la Asamblea Político y Social, el máximo órgano de dirección de IU entre las asambleas federales, incluye en puestos destacados a la actual eurodiputada Sira Rego, al secretario general del PCE y diputado en el Congreso, Enrique Santiago, y al excoordinador en Andalucía Antonio Maíllo.

En los 20 primeros puestos de la lista del actual coordinador, con gran peso de las federaciones andaluza, madrileña y valenciana, destacan nombres como el de Amanda Meyer (8), directora de gabinete del Ministerio de Igualdad; el actual secretario de Organización, Ismael González; la diputada autonómica y actual portavoz del grupo parlamentario Adelante Andalucía, Inmaculada Nieto, y el exsecretario general del PCE José Luis Centella (13).

REFORZAR IU

Por otro lado, el documento político-organizativo de la actual dirección, en colaboración con el PCE y diversas federaciones, aspira a reforzar el papel de IU como movimiento político social. También postula que la alianza con la formación morada no puede limitarse solo al plano electoral y debe abarcar aspectos organizativos.

Además, se deberá perfilar próximamente los integrantes de la dirección colegiada, el órgano que realiza la gestión del día a día de la orgaización, que acompañarán a Garzón en esta tarea.

Frente a ello, el sector crítico a la dirección de IU defendía en su propuesta la necesidad de mantener la «soberanía» de IU y rechaza una «fusión» con Podemos bajo el «paraguas» de la convergencia y la unidad popula

La moción de censura en el Ayuntamiento de Murcia continúa su curso. A falta de 72 horas para que se produzca la votación, los protagonistas de esta iniciativa, Ciudadanos y PSOE han mostrado su sintonía en este aspecto. El portavoz municipal de la formación liberal, Mario Gómez, ha comentado que el acuerdo con los socialistas «sigue intacto» en estos momentos, mientras que José Antonio Serrano, dirigente del PSOE, ha asegurado que «no nos vendemos al diablo», en alusión a posibles casos de tránsfugas entre los firmantes de la moción.

En las filas ‘naranjas’ han mantenido sus primeras reuniones internas de trabajo de cara a la posible reestructuración de la Administración municipal respecto al nuevo equipo de gobierno que pueda surgir tras el debate y votación de la moción de censura el próximo jueves, según ha reconocido Gómez en declaraciones a Onda Regional de Murcia.

Al respecto, Gómez ha destacado la «unidad en su grupo». También ha asegurado que el acuerdo con el Grupo Municipal Socialista «sigue con las mismas condiciones», lo que significa que el portavoz de los socialistas en el Consistorio murciano, José Antonio Serrano, será el alcalde de Murcia los próximos dos años, hasta que acabe la legislatura.

Ciudadanos, mientras tanto, sigue trabajando con el PSOE para ‘perfilar’ la situación del equipo de Gobierno municipal . En este sentido, la formación ‘naranja’ ha tenido una reunión en la sede de Centrofama para trabajar en el acuerdo de Gobierno con el PSOE y, sobre todo, en reestructurar la Administración municipal.

Sobre la posibilidad de que fracase la moción, Gómez ha subrayado que «el PP ya dijo que trabajaría para evitarla».

«NO NOS VENDEREMOS AL DIABLO»

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, José Antonio Serrano, ha recordado que el motivo de la moción de censura, que ha movilizado a los ediles socialistas y de Ciudadanos, «se centra en las sospechas y denuncias de corrupción en varios contratos municipales», según ha reconocido en el programa ‘Plaza Pública’ de Onda Regional.

En este sentido, Serrano ha asegurado tener «mucha confianza» en las personas que han firmado la moción de censura, a lo que ha puntualizado que «no todos nos vendemos al diablo y no todos tenemos un precio», en clara alusión a la posibilidad de que pueda existir algún caso de transfuguismo entre los 15 concejales firmantes. No obstante, el portavoz socialista ha asegurado «no haber detectado nada» y que «15 concejales nos hemos puesto de acuerdo para firmar esta moción de censura».

Sobre si era el momento idóneo para llevar a cabo esta acción, Serrano ha asegurado que «hemos dado el paso al frente cuando las circunstancias así lo han marcado», a lo que ha añadido que «cuando muchas familias no tienen para poder calentarse, cuando los escolares no disponen de Wifi para seguir sus estudios; es ahí cuando hemos dado este paso adelante».

En cuanto a las posibles líneas de trabajo del nuevo equipo de Gobierno resultante tras la moción, el edil socialista ha indicado que una «buena hoja de ruta para empezar» sería el documento de 64 medidas que firmaron los 15 concejales hace un año. No obstante, ha reconocido que lo primero es «priorizar a la gente» y ha arremetido contra el Grupo Popular al señalar que «los gestores deben ser los primeros en dar la cara y no los primeros en vacunarse.

Tampoco, Serrano ha querido desvelar cómo sería el reparto de competencias entre los ediles. En este aspecto ha usado un símil deportivo al decir que van «partido a partido» y que una vez se apruebe la moción «pondremos los detalles y estas cuestiones encima de la mesa».

Finalmente, el candidato a alcalde en la moción de censura contra José Ballesta ha pedido a los vecinos de la capital que «estén tranquilos» en este posible relevo del mandato que se consumará previsiblemente el próximo jueves porque «no se van a paralizar los servicios municipales».