El periodista Pedro J. Ramírez ha afirmado este martes ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga el presunto pago de la reforma de la sede nacional del PP con dinero de la caja ‘b’ que el Gobierno del PP inició una «ofensiva frenética» para que desapareciera alguna prueba al respecto.

El director de ‘El Español’, que ha comparecido como testigo, ha relatado a preguntas de las acusaciones populares la reunión que mantuvo con Bárcenas en 2013 cuando éste se encontraba en prisión preventiva, en la que le relató cómo era el «modus operandi» de la caja ‘b’. Una conversación que publicó en el diario ‘El Mundo’, época en la que dirigía este diario.

Según ha dicho, aunque no se acordó la publicación del contenido de la conversación, y el periodista ni grabó ni tomó notas de lo que el extesorero del PP le iba comentando, Ramírez ha dicho que cree que Bárcenas estaba conforme con lo relatado en el artículo, ya que después le «hizo llegar» el original de una de las hojas que componía el «cuaderno» donde se anotaban las entradas y salidas de dinero de la caja ‘b’.

Un documento que, según ha recordado, también publicó y entregó al juez de la Audiencia Nacional que instruía el caso, Pablo Ruz, que le llamó a declarar como testigo a la vez que al propio extesorero del PP.

Al hilo, ha señalado que, después de que el expresidente del Gobierno compareciera en el Senado por las noticias publicadas, «el Gobierno del PP inicia una ofensiva frenética para intentar que desaparezca cualquier prueba porque ya estaba en juego la credibilidad del presidente del Gobierno». Ha añadido que esta afirmación «es una apreciación personal».

SEGUIMIENTOS Y VIGILANCIAS

Pero aún así, ha asegurado que durante el mes de agosto de 2013 fue «objeto de reiterados seguimientos, vigilancias y de controles de actividad, pensando que yo me podía reunir con miembros de la familia de Bárcenas, en concreto con su esposa o su hijo».

Cabe recordar que el Juzgado Central de Instrucción número 6 investiga la denominada ‘operación Kitchen’, que se creó en 2013 con el objetivo de espiar el entorno de Bárcenas y arrebatar la documentación comprometedora para el PP que el extesorero conservaba. Tal y como ha recordado Ramírez, el chófer del exdirigente del PP, Sergio Ríos, fue captado como confidente policial para esta operación.

Ramírez ha admitido ante el tribunal que llegó a pensar que estaban sucediendo «fenómenos paranormales» porque los propios periodistas del periódico le comentaban que ya habían sido informados de que se había reunido con alguien y lo que le habían contado.

«Yo lo denuncié en un programa de televisión y públicamente apelé al presidente del Gobierno para que cesara esas operaciones de seguimiento y vigilancia. Llamé al director del CNI Félix Sanz Roldán y él me contestó literalmente: ‘nosotros no somos, nosotros no estamos haciendo eso’. Entendí que sabía o deducía que otros sí lo estaban haciendo y mira por donde años después ha aflorado la documentación de que tal día había no sé cuántos agentes movilizados», ha explicado.

DOS REUNIONES

Durante su comparecencia, Pedro J. Ramírez también ha narrado que Bárcenas le contó el desarrollo de dos reuniones. Una de ellas en el despacho de Rajoy, en la que también estuvieron presentes el ex secretario general Javier Arenas y la mujer del extesorero, Rosalía Iglesias, para buscar el «nuevo estatus» que tendría y buscando «protección del partido» debido a la situación procesal en la que se encontraba como investigado por el caso ‘Gürtel’.

De este encuentro, del que no recuerda la fecha, ha destacado la «tensión» que hubo, ya que Bárcenas hizo referencia a la «animadversión» que había entre él y la entonces secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal. «La expresión literal que creo que dijo era: ‘esta tía viene a por mí o hasta que no la paréis, esta tía no me va a dejar en paz'».

De hecho, Ramírez ha destacado que, según le contó Bárcenas, el extesorero le mostró a Rajoy documentos que reflejaban la «compra de voluntades» en el PP de Castilla-La Mancha supuestamente por indicación de Cospedal en relación a una contrata de basuras en Toledo. Este asunto fue judicializado y archivado.

El segundo encuentro que le relató Bárcenas a Ramírez fue una comida que mantuvo en Sevilla con Arenas a tenor del resultado de la comisión rogatoria remitida a Suiza sobre sus cuentas bancarias en el país helvético. El periodista ha dicho que, al igual que el exsecretario general del PP le corroboró que la primera reunión sí tuvo lugar, le negó que en alguna ocasión se hubiera encontrado con el extesorero ‘popular’ en un restaurante en la capital andaluza.

La Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, la Comisión 8-M y Mujeres Juristas Themis han valorado este martes la reacción de los responsables políticos al testimonio de Rocío Carrasco, quien ha denunciado en un documental haber sido víctima de violencia de género.

Lola Venegas, de Alianza contra el Borrado de Mujeres, ha tachado de «obscena» la reacción de la clase política tras la emisión del documental protagonizado por la hija de Rocío Jurado y Pedro Carrasco. «Cada día miles de mujeres denuncian maltrato. No sólo eso. Con frecuencia casi semanal como promedio una mujer es asesinada y no hemos visto a los mismos que han salido sin querer perder ni un segundo a comentar este asunto que digan absolutamente nada en sus redes sociales».

En su opinión, «la responsabilidad del Gobierno es articular los procedimientos necesarios y reforzar la formación para evitar esa impunidad que a anula por completo las decisiones de las mujeres cuando buscan escapar de la violencia machista».

Por otro lado, también ha calificado de «obscena la reacción de Vox, a través de Rocío Monasterio, que aprovechado el impacto mediático de esta noticia para tergiversar lo que ha dicho la señora Carrasco y promover explicaciones que nada tienen que ver con la aplicación del síndrome de alienación parental, figura diseñada a la medida para silenciar a las mujeres».

«Hoy media España ha entendido lo que es el síndrome de alienación parental. Lo sufren miles de niños, unos víctimas de padre, otros de madre», dijo Monasterio en un comentario publicado a través de su cuesta de Twitter.

Por su parte, la portavoz de la comisión 8-M María Castillo considera que «toda la visibilidad favorece» a la lucha contra la violencia de género. «Ahora bien, está en sus manos que esto no vuelva a ocurrir y no están poniendo los recursos públicos necesarios para ello», ha manifestado, para después añadir que «está muy bien que los políticos opinen, pero es que los políticos no están para opinar, sino que están para gestionar y llevar a cabo».

De este modo, María Castillo insiste que la tarea de la clase política «va más allá» y pasa por «responsabilizarse de que eso no vuelva a pasar y no lo están haciendo».

«Que las y los políticos se posicionen sobre estas declaraciones es lo que deben hacer: en el año 2004 el feminismo puso en la agenda política la lucha contra la violencia de género y ahí continúa. Actualmente, todos los partidos políticos, salvo la extrema derecha, están comprometidos contra esta lacra por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Es normal, por tanto, que valoren y se posicionen y comprometan», ha asegurado la vicepresidenta de Mujeres Juristas Themis, Altamira Gonzalo.

Sobre si es positivo que este tipo de casos que afectan a personas populares salgan a la luz como manera de visibilizar la violencia de género, Lola Venegas opina que «las denuncias siempre son bienvenidas, las hagan personajes famosos o personas anónimas».

«Lo que ha contado Rocío Carrasco es el pan nuestro de cada día, de miles de mujeres que están completamente atenazadas por el miedo. El relato tiene visos de credibilidad y, por tanto, la cuestión es cómo es posible que la Administración de Justicia esté sorda y ciega ante esa violencia de control que destroza psicológicamente a tantas mujeres», ha planteado la portavoz de Alianza contra el Borrado de Mujeres.

En esta misma línea se ha expresado María Castillo, quien ha afirmado que «siempre es positivo que una mujer alce la voz ante la violencia» y que se exponga el caso porque «puede servir de ejemplo a otras mujeres», concienciar sobre la violencia psicológica, y ser «un toque de atención a la justicia patriarcal».

La portavoz de la Comisión 8-M considera también que en el caso de Rocío Carrasco se está dando «muy claramente» una revictimización porque «se le está juzgando por cómo era antes», «por cómo se comportó durante esos años de agresión» y se le está jugando «por el después, que es cómo ha dejado pasar tanto tiempo».

Altamira Gonzalo ha manifestado que «es muy valiente por su parte y positivo para las mujeres que están en una situación similar». «De la violencia de género, aunque haya causado mucho daño, se puede salir«, ha señalado. Gonzalo ha indicado que el testimonio de Rocío Carrasco «es tan positivo como lo fue en el año 1997 el testimonio de Ana Orantes».

«Es cierto que a ella le costó la vida, pero en gran parte a ella le debemos el resto de las mujeres la Ley Integral del año 2004. Es también una llamada de atención a toda la sociedad, incluido el Poder Judicial y a los medios de comunicación: no deberían contribuir nunca más con los maltratadores. La violencia de género causa muerte», ha zanjado.

Las dos actuales diputadas de Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid, Sol Sánchez y Vanessa Lillo, se presentarán a las primarias de Izquierda Unida Madrid para elegir a la candidatura que luego se integrará en la lista pactada con Podemos para las elecciones anticipadas del 4 de mayo en la Comunidad.

En la lista encabezada por Sánchez, que fue número 2 en la lista de Unidas Podemos hace dos años y era portavoz adjunta de este grupo en el Parlamento autonómico, aparece como número cuatro el que fuera delegado de Economía en el Ayuntamiento de Madrid hasta que fue cesado por Manuela Carmena, Carlos Sánchez Mato. En segundo lugar aparece el concejal de IU en Villaviciosa de Odón Mariano Pérez y en tercer lugar la poetisa Leire Olmeda.

Cierra esta lista, llamada ‘UnidasMadrid’ el alcalde de Rivas Vaciamadrid, Pedro del Cura, y también aparecen en ella el nuevo consejero de RTVE y director de ‘Mundo Obrero’, José Manuel Martín Medem o la alcaldesa de Ciempozuelos, Chus Alonso.

Sol Sánchez ha explicado que en su candidatura «diversa y plural» concurren «todas las corrientes y sensibilidades» de Izquierda Unida, entre ellas Izquierda Republicana, Frente Amplio o Debate y Programa. Todo con el único objetivo de «continuar con el trabajo que se ha hecho estos dos años en la Asamblea y construir una verdadera alternativa al Madrid de Ayuso».

La portavoz parlamentaria asegura que desde el principio han buscado el consenso con la otra candidatura y que todavía están a tiempo de pactar una lista conjunta, tal y como marcan los estatutos de la coalición, que priman el consenso antes que la competición. De hecho, ha indicado que envió una carta buscando dicho consenso pero que la otra candidatura optó por postularse primero.

«El pasado miércoles nuestra compañera Sol Sánchez hizo una propuesta con la mano tendida a llegar un acuerdo de lista única. Hoy nuestra candidatura pide a la junta electoral de IU Madrid que reúna a todas las candidaturas en busca de consensos. Por nosotras no va a ser», ha escrito este tarde en Twitter ‘Unidas Madrid’.

«Creo que podríamos haber mantenido la lista de 2019, que fue de un consenso absoluto porque al final se trata de unas elecciones anticipadas y dentro de dos años habrá otra», ha declarado Sánchez.

CANDIDATURA DE VANESSA LILLO

De la candidatura de Lillo, que no se ha hecho pública, está apoyado por el Partido Comunista de Madrid y de algunas localidades, cuyas cuentas y algunos líderes la han apoyado en redes sociales; pero no por la dirección del PCE. En cambio, las cuentas de IU no pueden por reglamento decantarse por ninguna lista.

Lillo ha explicado que fue una decisión «plural y colectiva» la de presentarse a las primarias y que antes buscaron una candidatura unitaria que ella encabezaría por su trabajo en Sanidad durante estos dos años en la Asamblea; pero que la otra parte «la rechazó».

«Yo me considero una militante al servicio de la organización. Es una propuesta colectiva y no he podido decir que no. Es un orgullo, un honor y responsabilidad. Se trata de un ejercicio de garantía de democrática sin confrontación y con el objetivo común de reunir a los mejores perfiles para echar a Ayuso el 4 de mayo y defender a la clase trabajadora», ha explicado.

El plazo para inscribirse a estas primarias para el 4M de IU Madrid termina hoy mares a las 21 horas y cuando se revisen el comité electoral realizará una proclamación oficial las candidaturas. Los afiliados y simpatizantes podrán votar los días 25, 26 y 27 y de forma presencial el día 28 en diferentes puntos que fije la organización. El día siguiente a las 21 horas se proclaman los elegidos.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha ratificado la medida sanitaria contenida en la Orden sanitaria del pasado 18 de marzo que prorroga la exigencia de cuarentena por diez días a los viajeros procedentes de Brasil, Sudáfrica, Botsuana, Unión de Comoras, Ghana, Kenia, Mozambique, Tanzania, Zambia, Zimbabue, Perú y Colombia.

La medida entró en vigor a las 00.00 horas del 22 de marzo y estará vigente hasta las 24:00 horas del 4 de abril.

En un auto, los magistrados de la Sección Octava, con un voto particular de dos de los cinco jueces, consideran que la Orden -al igual que las dos ratificadas anteriormente sobre el mismo aspecto- contiene una motivación adecuada y suficiente de la necesidad y urgencia de su adopción para evitar la propagación de las variantes de covid-19 en España, tratando de controlar los contagios y proliferación de las variantes, cuando la incidencia es limitada, para evitar una mayor transmisión.

La Sala explica que la medida de exigencia de una cuarentena es idónea para evitar la propagación de la enfermedad y de esas nuevas variantes, según se desprende de las guías publicadas por el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) junto con la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA), sobre test y cuarentena para viajeros aéreos en relación con covid-19, en las que se especifica que las pruebas y la cuarentena de los viajeros son medidas apropiadas para retrasar la importación en un área donde el SARS-CoV-2 aún no está circulando, o una vez que un país o una región ha logrado disminuir los niveles de la enfermedad.

Los magistrados entienden que la limitación al derecho fundamental consagrado en el artículo 19 CE de libre circulación y libertad de desplazamiento, es necesaria y proporcionada en atención a la protección de otro derecho constitucional como el derecho a la salud e integridad física, «que no debemos olvidar, determinó en España la declaración del estado de alarma mediante el Real Decreto 433/2020, de 14 de marzo, y que se encuentra declarado en la actualidad por Real Decreto 926/2020».

VOTO PARTICULAR DISCREPANTE

Dos magistrados de la Sala firman un voto particular en el que discrepan no sobre el fondo del asunto sino sobre el instrumento jurídico que se ha empleado para adoptar esta medida. Estos dos jueces analizan la doctrina constitucional en materia de restricción de derechos fundamentales y concluyen que la ley Orgánica 3/1986 de Medidas en materia de Salud Pública, que es la que se ha aplicado en este caso, no se ajusta a la jurisprudencia constitucional.

Recuerdan que esta ley se dictó para atender una realidad muy distinta a la provocada por la pandemia de la Covid-19 y es manifiestamente insuficiente para dar cobertura a la Orden SND/181/2021 del Ministerio de Sanidad que determina la cuarentena para los pasajeros de los doce países afectados.

La lectura de la mencionada Orden, según el voto particular, pone de manifiesto que contiene una regulación precisa, completa y detallada de las medidas a tomar, invadiendo el espacio constitucionalmente reservado a una Ley Orgánica.

Para estos dos magistrados, el artículo 116.1 de la Constitución y la Ley Orgánica 4/1981 de los estados de alarma, excepción y sitio ofrecen la cobertura jurídica suficiente para poder restringir derechos fundamentales en los mismos términos con que lo hace la Orden cuestionada.

La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) de Valladolid celebra esta semana las primeras Jornadas de Sostenibilidad, cuya primera sesión se desarrollará este miércoles, 24 de marzo, con una videoconferencia del astrofísico José Francisco Sanz Requena centrada en el avance de la exploración de Marte y las posibles futuras misiones espaciales.

Las jornadas tienen como objetivo acercar, difundir, educar y trasladar a la Comunidad Universitaria los diversos ámbitos de acción, tanto medio-ambientales, como económicos y sociales, que se enmarcan en la Agenda 2030 de Naciones Unidas, según han explicado fuentes de la UEMC.

La primera sesión de las Jornadas de SOStenibilidad estará protagonizada por el ‘planeta rojo’ bajo el título ‘Marte, en busca del origen de la vida’, el astrofísico José Francisco Sanz Requena intentará dar respuesta el próximo miércoles 24 de marzo, a las 17 horas y a través de ZOOM, a diversas cuestiones que se han planteado en las últimas fechas con la llegada al planeta de la misión Mars 2020 con la presencia del rover Perseverance, un hito tanto en la historia de la ciencia como de la humanidad.

Así, se tratará de responder preguntas sobre qué se conoce de Marte, se explicará que en realidad se han realizado misiones a ese planeta desde los años 60 del pasado siglo o si realmente es un sitio donde la humanidad puede prosperar.

La conferencia, primera de varias acciones que se enmarcarán en estas Jornadas, está organizada desde el Vicerrectorado de Estudiantes y Proyección Social de la Universidad Europea Miguel de Cervantes junto con la Fundación UEMC.

La inscripción abierta y gratuita a la comunidad universitaria pero también al público en general, aunque con un cupo máximo, se puede realizar en el correo electrónico fundacion.uemc@uemc.es indicando nombre y apellidos y correo electrónico.

José Francisco Sanz Requena es doctor en Ciencias físicas por la Universidad de Valladolid, actualmente es profesor de la Universidad Europea Miguel de Cervantes donde imparte asignaturas de física y termodinámica y profesor del Máster de Física de la UVA donde imparte la asignatura de astrofísica.

Es investigador del Grupo de Ciencias Planetarias de la UPV –de alto reconocimiento internacional— con quien ha publicado algunos artículos de alto impacto en la revista Nature, siendo portada de esta en el año 2011.

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha reconocido que declarar festivo el martes 4 de mayo «puede ser una fórmula para facilitar que las personas puedan votar» en las elecciones autonómicas de Madrid. No obstante, ha defendido que lo «lógico», a su juicio, es que sea el Ejecutivo madrileño de Isabel Díaz Ayuso el que estudie la posibilidad de declarar día festivo solo en la región.

Así lo ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al ser preguntada por la petición del líder de Más País, Íñigo Errejón, al Gobierno central para que declare el 4 de mayo día festivo, para asegurar la participación en estos comicios.

En un principio Montero ha evitado pronunciarse, asegurando que es un tema debería que abordarse en el Consejo de Ministros, y este martes no se ha tratado. No obstante, al ser repreguntada al respecto, ha señalado que, en todo caso, al tratarse de una circunstancia que afecta a una región, debería ser el gobierno autonómico el que se plantee modificar su calendario laboral si lo ve conveniente.

«Es lo más lógico, y no incorporar al conjunto de España», ha asegurado, tras señalar que las comunidades autónomas tienen la competencia de fijar determinados días festivos cuando lo consideren, por lo que podría usarse uno de ellos para estos comicios, dado que ha sido decisión de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, fijar las elecciones un martes laborable y, además, hacerlo no lectivo.

En este sentido, Montero ha señalado que «habrá que analizar la propuesta» pero que lo que no puede ocurrir tampoco es que «cada vez que se convoquen elecciones», porque los presidentes autonómicos así lo consideren, se «tome una festividad».

«No puede ser el Gobierno el que vaya acomodando con festividades esas convocatorias. Hay días de los que la propia comunidad puede disponer de ellos y los ayuntamientos, también», ha ahondado. «No podemos incorporar al calendario laboral más días festivos, se trata de cambios que la propia comunidad tiene la competencia si entiende que esto facilita la llegada de ciudadanos a las urnas», ha apostillado.

El portavoz de Recursos Hídricos del PSPV-PSOE en Les Corts Valencianes, Manuel Pineda, ha lamentado este martes que el PPCV «busque otra guerra del agua» cuando, «a diferencia de lo que ocurría cuando el Partido Popular gobernaba, el Consell de Ximo Puig ha demostrado con hechos y no solo con palabras que el trasvase Tajo-Segura es irrenunciable».

Así ha respondido a las declaraciones de la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, después de que la ‘popular’ haya pedido al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, que defienda el trasvase Tajo-Segura porque es «legal» y la ley «se cumple siempre». «La palabra de Puig no vale nada y no es de fiar, como la de Pedro Sánchez», ha aseverado la dirigente del PP.

Al respecto, Pineda ha asegurado que «el Gobierno valenciano no va a tolerar que se pierda ni un solo hectómetro cúbico de agua para nuestros regantes», según ha indicado el PSPV en un comunicado.

En este sentido, Pineda ha aludido al memorándum del trasvase y ha explicado que en este se establece que, aunque se cambien las reglas de explotación, los regantes de la Comunitat dispondrán de la misma cantidad de agua.

«El Consell va a analizar el texto en profundidad y de forma rigurosa y, como ha demostrado en otras ocasiones, actuará conforme a su compromiso por unos recursos hídricos suficientes si se demuestra que se pierde una sola gota de agua», ha afirmado el diputado socialista.

Así, ha hecho hincapié en el recurso interpuesto por el Consell sobre la decisión del Ministerio de Transición Ecológica sobre el trasvase el pasado mes de octubre. «Tenemos claro que estamos del lado de las necesidades de nuestros regantes, y ahora el PP debe dejar claro de qué lado está: si a la gresca contra el Gobierno o apoyando las reivindicaciones justas de nuestro campo», ha añadido.

A su juicio, «resulta vergonzoso e irresponsable que Bonig se dedique a intentar reavivar las guerras del agua estériles que tanto daño han hecho a esta Comunitat durante tantos años, especialmente en un momento de incertidumbre para nuestros sectores productivos», ha criticado el portavoz socialista de Recursos Hídricos, que ha concluido que la defensa del trasvase Tajo-Segura «no es una cuestión política». «El agua debe ser siempre para quien la necesita», ha zanjado.

La Comisión Europea es consciente de las recomendaciones del Consejo de Europa al Gobierno de España para que acote determinados tipos penales, como el enaltecimiento del terrorismo y las injurias a la Corona, para evitar un castigo «innecesario o desproporcionado», por lo que espera que realice cambios en su marco jurídico para reforzar la libertad de expresión.

«Entendemos que el Gobierno español va a realizar modificaciones en su marco jurídico en relación a la libertad de expresión», ha indicado el portavoz de Justicia del Ejecutivo comunitario, Christophe Wigand.

El portavoz ha apuntado que Bruselas es «consciente» del intercambio de cartas entre la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, y el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, pero también asume que España ha iniciado el proceso para los cambios legales.

La Comisión Europea, ha recordado Wigand, ya ha subrayado en otras ocasiones que «es necesario garantizar» la libertad de expresión en todas las sociedades democráticas, algo que debe producirse respetando el «equilibrio» con otros valores y derechos fundamentales, de acuerdo a las normas europeas.

El Consejo de Europa, organismo internacional e independiente de las instituciones de la UE, mostró a través de su comisaria de Derechos Humanos su preocupación por ciertos artículos del Código Penal, aduciendo que «tienen un impacto negativo, incluso un efecto disuasorio, en el ejercicio de la libertad de expresión».

Por eso, en una carta remitida a Campo el pasado 11 de marzo pero hecha pública este lunes, Mijatovic dice celebrar las informaciones recientes que apuntan la intención del Gobierno de reformar algunos aspectos del Código Penal, en particular los delitos de enaltecimiento del terrorismo.

A juicio de la comisaria del Consejo de Europa, la legislación antiterrorista «solo debe aplicarse a contenidos o actividades que impliquen necesaria y directamente el uso o la amenaza de la violencia con la intención de propagar el miedo y provocar terror.

En este sentido, Mijatovic avisa de que «cualquier otro tipo de contenidos o actividades, a pesar de lo controvertidos, impactantes o perturbadores que puedan ser, deben ser abordados en el contexto de las obligaciones y responsabilidades que conlleva el ejercicio de la libertad de expresión».

Y por ello alerta en la carta de que el uso de conceptos demasiado vagos en la descripción del tipo penal, como expresiones que «no contienen elementos de la apología del terrorismo pero incitan a otras formas de violencia o que simplemente son controvertidas, impactantes o políticamente incorrectas», pueden dar lugar a «restricciones innecesarias y desproporcionadas» de la libertad de expresión.

La líder de los comunes en el Parlament, Jéssica Albiach, ha explicado que no apoyarán «a ninguno de los candidatos que se postulan» a la Presidencia de la Generalitat, en referencia a Pere Aragonès (ERC) y a Salvador Illa (PSC).

En rueda de prensa este martes en el Parlament tras reunirse con la presidenta de la Cámara catalana, Laura Borràs, ha explicado que serán «coherentes» con lo que defendieron en la campaña electoral y votarán que no a un posible acuerdo entre ERC y Junts, que aún no se ha cerrado.

Preguntada por si los comuns podrían sumarse al preacuerdo entre ERC y la CUP, Albiach ha insistido en que los republicanos tienen «predisposición a pactar con Junts», lo que les excluye, y que por ahora este preacuerdo no reúne los apoyos necesarios.

Ha afirmado el texto que tiene elementos interesantes, como la creación de una eléctrica pública o el plan piloto para una renta básica universal, pero considera que también tiene «vacíos importantes» en materia ambiental, fiscal, en sanidad y en visión de género.

«Veremos cómo queda el acuerdo con Junts. Hay temas donde hay una falta de ambición política», ha insistido Albiach, que ha valorado que haya una apuesta por el diálogo, pero ha afeado que no fije qué pasaría si no funciona la Mesa del diálogo.

SI NO HAY PACTO CON JUNTS

Preguntada por si darían su apoyo a ERC en caso de que los republicanos no lograsen un acuerdo con Junts, Albiach ha dicho que esto es «prematuro», pero ha añadido que no se cierran a hablar con ERC si cambian de opinión antes de la investidura.

«ERC no ha sido suficientemente valiente, de momento apuesta por Junts. Si decide cambiar no nos cerramos, eso sí, antes de la investidura», ha recalcado Albiach.

TAMPOCO APOYARÁN A ILLA

La dirigente morada ha explicado que tampoco darán apoyo a la candidatura de Illa porque «no es momento de una investidura ‘fake» y ha sostenido que los socialistas no han trabajado suficiente para recoger apoyos para su candidatura.

«No es momento de hacer perder el tiempo a ciudadanía, sino de ser concretas y trabajar mucho y discretamente» para lograr apoyos, ha subrayado Albiach.

También ve positivo que Borràs no descarte la celebración de un acto equivalente que sustituya al pleno de investidura y constate que pese a haber dos candidatos, ninguno de ellos reúne los apoyos suficientes para lograr se presidente.

El Consejo de Ministros ha aprobado una contribución de 369.217 euros al programa Jason-CS de la organización europea EUMETSAT para el periodo 2021-2026, a través de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Este programa constará de dos satélites de observación de la superficie marina.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha destacado que la aportación se aprueba coincidiendo con la celebración del Día Meteorológico Mundial.

Así, ha indicado que los satélites de altimetría oceánica facilitan datos sobre variaciones del nivel del mar, del oleaje, y del viento, básicos tanto para la vigilancia del clima como para la meteorología marina.

El Organismo Europeo para la Explotación de los Satélites Meteorológicos (EUMETSAT) es una organización intergubernamental, creada en 1983, de la que forman parte 30 Estados europeos, entre los que se encuentra España a través de AEMET.

En 2015, la EUMETSAT puso en marcha el programa Jason-CS para realizar observaciones de gran precisión de la topografía de la superficie marina. El primero de los dos satélites fue lanzado en 2020 y el segundo tiene previsto su lanzamiento en 2026.

Ribera ha precisado que estos dispositivos permitirán continuar las medidas de altura de superficie del océano iniciadas en la década de 1990 y que han permitido el seguimiento del cambio climático y evaluar el ritmo del calentamiento global, además de proporcionar datos sobre altura de oleaje y velocidad del viento de gran valor para las actividades de predicción y meteorología marina.

El programa Jason-CS fue aprobado por la mayoría de los Estados Miembros de EUMETSAT, España entre ellos, según la autorización de Consejo de Ministros del 14 de diciembre de 2018.

Precisamente, la participación española en el programa se centra en los campos de la meteorología marina, para uso en los modelos de ‘Predicción del Oleaje, desarrollados por la AEMET y Puertos del Estado y en los modelos de ‘Predicción del Nivel del Mar’ desarrollados por Puertos del Estado.

Los modelos de predicción del oleaje influyen directamente en la seguridad y la eficiencia de la navegación marítima, pesquera, de cabotaje, de recreo o en las operaciones de la Armada, por citar algunos ejemplos.

Otros campos importantes para AEMET son la predicción estacional, para modelos acoplados océano-atmósfera con el fin de generar predicciones mensuales y estacionales, que permitan una planificación eficaz de actividades sensibles a la meteorología y, también, el estudio del clima y del cambio climático, al registrar las variaciones del nivel del mar y temperatura del agua de los océanos para analizar fenómenos de carácter global, como son el Niño y la Niña o las oscilaciones atlánticas.

El diputado de Ciudadanos y portavoz en la Comisión de Sanidad del Congreso, Guillermo Díaz, ha instado al Gobierno de Pedro Sánchez a aclarar la «desaparición» de 30.000 dosis de vacunas contra el Covid-19 en los informes diarios del Ministerio de Sanidad y ha afirmado que «para no tener nada que ocultar, la gestión que están haciendo» de este asunto «es nefasta».

En una rueda de prensa en la Cámara Baja tras la Junta de Portavoces, Díaz ha señalado que el Ejecutivo tiene un «problema endémico» de falta de transparencia porque «no cuenta nada» y es difícil conseguir que haga públicos algunos datos.

Sobre las explicaciones que ha dado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, se ha preguntado si las 30.000 vacunas en su totalidad están en manos de las Fuerzas Armadas. «Que nos lo cuente, que nos pase los listados, que diga dónde se van a poner. Esta polémica se hubiese zanjado desde el principio siendo claros», ha declarado.

EXPLICACIONES DE DARIAS

El pasado 24 de febrero, Darias precisó que, del total de dosis que habían llegado a España hasta el momento, se habían entregado 1.950 de la vacuna de Pfizer a Andorra en virtud del acuerdo de solidaridad con este país y que las Fuerzas Armadas habían recibido 14.820 dosis de Pfizer y 12.200 de AstraZeneca.

Además, en una entrevista en laSexta el pasado domingo, aseguró que «no se ha perdido ni una sola vacuna» y que «todas están perfectamente distribuidas». Según indicó, las vacunas que ha recibido España se han distribuido entre las comunidades autónomas, a Andorra o a las Fuerzas Armadas y también hay un número limitado en la Agencia Española del Medicamento «porque en alguna comunidad se ha estropeado alguna caja de viales e inmediatamente se han reemplazado».

A raíz de las informaciones que han publicado ‘Vozpópuli’ y otros medios de comunicación, Ciudadanos registró este lunes en el Congreso una batería de preguntas dirigidas al Gobierno para que las conteste por escrito. La iniciativa se hace eco de esas noticias según las cuelas los datos facilitados por el Gobierno sobre dosis de vacunas recibidas y dosis de vacunas en stock proporcionados en los informes diarios que realiza el Ministerio de Sanidad no coincidían.

Tras las declaraciones de Darias en febrero, ‘Vozpópuli’ dijo que había quedado despejada la incógnita sobre las vacunas de AstraZeneca que no figuraban en los informes de Sanidad, pero que seguía sin aclararse el destino de 23.600 dosis de Moderna.

Sobre estas últimas, Cs ha afirmado que «el Gobierno de España no dio ningún tipo de explicación sobre adónde habían ido a parar esas dosis o si se trataba de un error de presentación de los datos», y ha añadido que posteriormente ese diario ha detectado una nueva desaparición de dosis en los informes del Ministerio, unas 7.020 de la vacuna de Pfizer/BioNTech.

Asimismo, ha apuntado que los datos de dosis recibidas y administradas por el Ministerio de Defensa llevan sin actualizarse desde el pasado 5 de marzo.

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

«Nos encontramos ante un nuevo caso de falta de transparencia y rendición de cuentas por parte del Gobierno de España» que, además, es «de extrema gravedad teniendo en cuenta el ritmo lento al que avanza la campaña de vacunación», sostiene la formación naranja en su iniciativa parlamentaria.

Por ello, pide conocer la explicación del Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos sobre «la desaparición de unas 30.000 dosis de vacunas» en los informes del Ministerio de Sanidad y le pregunta si hará público el destino de las mismas, «cumpliendo así con los estándares de transparencia y rendición de cuentas que se exigen» en España.

Por otro lado, Ciudadanos lamenta que se suspendiera temporalmente la vacunación con las dosis de AstraZeneca a raíz de los casos de trombos detectados en algunas personas -que luego se ha comprobado que se debían a otros factores– pese a que la seguridad de esta vacuna «ha sido garantizada en numerosas ocasiones por los reguladores de la Agencia Europea del Medicamento» (EMA).

Puesto que la EMA emitió su última recomendación al respecto el jueves 18 de marzo, Cs quiere saber por qué se ha decidido que en España no se retome la vacunación con las dosis de AstraZeneca hasta el miércoles 24 de marzo.

La reconstrucción del accidente que se produjo en la noche del pasado viernes en Salceda de Caselas (Pontevedra), en el que fallecieron una mujer (María Luisa G.) y sus dos hijos de 13 y 6 años, residentes en Salvaterra, sigue aún pendiente de realizar y será clave, junto con otras diligencias pendientes, para determinar las causas de este siniestro, cuya investigación dirige el Juzgado de Instrucción Número 1 de O Porriño.

En el marco del procedimiento se investiga al conductor del segundo vehículo implicado, A.L., de 32 años, por un delito de homicidio por imprudencia grave, pero esta calificación podría variar en función de cómo evolucione la investigación y de cómo concluyan las diligencias pendientes.

Una de las más significativas que se ha solicitado es la reconstrucción de los hechos por parte del Equipo de Reconstrucción de Accidentes de Tráfico (ERAT) de la Guardia Civil, con base en Mérida. Este equipo se encargó, en 2019, de reconstruir el accidente que costó la vida a tres adolescentes de un instituto de Redondela y cuyo vehículo se accidentó cuando circulaba por la AP-9, cerca de Rande.

El informe que realizó este equipo en su día fue clave a la hora de concretar que el vehículo en el que viajaban los jóvenes circulaba con exceso de velocidad. También en el caso de Salceda será fundamental para aclarar si pudo haber un exceso de velocidad o si, por el contrario, este no fue un factor determinante en los hechos.

Fuentes consultadas han ratificado que la reconstrucción del siniestro de Salceda todavía no tiene fecha, pero podría tardar días. En el caso del accidente de la AP-9 se realizó más de un mes después del siniestro.

Una vez se realice, el equipo de Tráfico elaborará un informe con las conclusiones, paso que se podría demorar semanas o incluso meses, y que será remitido al juzgado que instruye la causa. A dicho juzgado también se enviarán directamente los resultados de los análisis de sangre del conductor –como dicta el protocolo habitual se custodian las muestras para hacer, por ejemplo, una prueba de alcoholemia si así lo ordena la autoridad judicial–.

PRIMERAS HIPÓTESIS

En todo caso, a la espera de que se realicen estas diligencias, las primeras hipótesis extraídas de la observación de las posiciones de los dos vehículos siniestrados, entre otras cuestiones, ratifican el choque frontal registrado en el lugar de Parderrubias, en Salceda, en el punto kilométrico 5,700 de la PO-510.

A.L. conducía su Renault Mégane por una calzada con dos carriles en su sentido y uno en el otro, por el que viajaba en su Citroën C4 la mujer fallecida y sus dos hijos. También hay un cambio de rasante.

Las primeras conclusiones a las que llegaron los investigadores en el lugar es que la mujer se encontró de frente con el vehículo conducido por A.L., que habría invadido parcialmente el carril contrario, lo que la habría llevado a realizar una maniobra brusca. El otro conductor habría hecho a su vez un movimiento similar, lo que provocó finalmente el choque frontal.

En principio, se concluye que hubo una desatención al volante por parte del conductor superviviente, pero será determinante saber si se trató de un despiste y por qué, o si hubo algún factor más que influyese en el siniestro. De ello se encargarán las diligencias pendientes.

EL SUPERVIVIENTE PERMANECE GRAVE

Tras el siniestro, el conductor superviviente fue trasladado al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, con heridas graves.

Fuentes consultadas han confirmado que este martes A.L. permanece en la unidad de cuidados intensivos (UCI), estable dentro de la gravedad.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha advertido al presidente del Gobierno de que «no puede permitir traicionar su propia palabra» sobre el compromiso de regular el alquiler y está convencido de que habrá finalmente acuerdo, si bien ha avisado al PSOE de que en el hipotético caso de que lleve una Ley de Vivienda basada en la actual propuesta de incentivos, tendría buscar como «socio» al PP.

Así lo ha indicado en rueda de prensa en el Congreso en referencia a la negociación sobre esta normativa entre los socios de gobierno, una vez que ha trascendido el documento de Unidas Podemos que fija poner techo a los alquileres con un índice de precios en las distintas autonomías y un registro de contratos que controle que no se dan subidas abusivas.

Previamente, los socios del Gobierno que permitieron la investidura de Sánchez y la aprobación de los Presupuestos de 2021 han advertido también este martes al PSOE de que no cuente con ellos para aprobar una nueva Ley de Vivienda sin la regulación de los precios del alquiler.

Más allá de los avances puntuales que puedan darse en la negociación, Echenique ha augurado que habrá «regulación» del precio del alquiler, básicamente porque Sánchez «no puede permitirse incumplir la palabra dada», pues en el acuerdo de gobierno figura «negro sobre blanco» poner un tope a los alquileres.

EL MODELO DE INCENTIVOS NO FUNCIONA

En este sentido, el portavoz de Unidas Podemos ha tildado de «obvio» que el modelo de incentivos fiscales, por el que apuesta el PSOE, es una «medida voluntaria» que no funciona para controlar el precio del alquiler al no compensar a los propietarios dichas bonificaciones, según las estimaciones de los técnicos de Hacienda.

Tras afear que el sistema del PSOE también supone un «coste de miles de millones» que irán de los servicios públicos a grandes propietarios, Echenique ha descartado que se pueda empezar la tramitación de la ley sin acuerdo en el seno de la coalición.

«ES INCONCEBIBLE QUE NO HAYA ACUERDO»

«Eso no va a pasar, es inconcebible que el presidente falte a su palabra. En el hipotético caso de que tenga lugar y venga aquí una ley sin regulación… el PSOE tendría que buscar apoyo en el PP», ha zanjado.

Sobre todo cuando la regulación del precio del alquiler ya se ha ensayado en Barcelona y ha demostrado que se puede controlar los precios sin afectar a la oferta.

Por tanto, ha pronosticado que el consenso llegará pese a que ambas formaciones que componen el Gobierno defienden intereses diferentes, pues ellos son independientes de la patronal inmobiliaria mientras que no ve casual que el exministro socialista Joan Clos dirige una asociación de propietarios de viviendas del alquiler. «Por nosotros sería mañana», ha concluido sobre la voluntad de llegar a un acuerdo con regulación del alquiler en la ley de vivienda.

La Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados ha aprobado este martes una Proposición No de Ley (PNL) del PSOE por la que insta al Gobierno a crear un ciclo formativo de grado superior de supervisión socioasistencial en residencias de mayores.

La PNL ha sido aprobada este martes 23 de marzo por la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad con el voto a favor de todos los grupos excepto de ERC y Junts per Catalunya, que se han abstenido.

La diputada del PSOE María Luz Martínez ha indicado que la pandemia de la Covid-19 «ha tensionado hasta límites inimaginables el sistema de atención a mayores» y ha añadido que la pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad de «contar en las residencias con personal cualificado».

Desde las patronales de la dependencia, según ha precisado, han manifestado «la necesidad de perfiles dedicados a la coordinación y supervisión en residencias», por lo que con esta PNL quieren apostar por «un mayor grado de profesionalización» en el sector.

Por parte del PP, el diputado Miguel Ángel Paniagua ha apoyado la propuesta del PSOE pero ha criticado la gestión del vicepresidente segundo Pablo Iglesias en cuanto a la atención a la dependencia durante la pandemia. «Lo vamos a despedir con aplausos, pero no por su buena labor sino porque por fin se va», ha añadido.

También se ha «felicitado por la espantada de Pablo Iglesias» la diputada de Vox Reyes Romero, para quien el aún vicepresidente segundo «ha dejado atrás a tantos ancianos». En todo caso, se ha mostrado favorable a mejorar el cuidado de las personas mayores aunque, al mismo tiempo, ha acusado de tener «tendencia necrófila» a los partidos que votaron a favor de la Ley de eutanasia.

Mientras, la diputada de Unidas Podemos Pilar Garrido ha señalado que, tras la pandemia, «está claro que hay que resolver las carencias del modelo residencial, que ya estaban pero que se han agravado con la pandemia: falta de personal, precariedad, escasez de recursos». Además, ha denunciado el «proceso de privatización del sector, durante los últimos años».

El diputado del PNV Íñigo Barandiarán ha coincidido en que «hace falta la profesionalización» del sector de la dependencia y «eso solo se puede producir si hay una formación efectiva que hoy no existe», por lo que ha apoyado la propuesta para que nazca este ciclo formativo, aunque ha precisado que debe hacerse en colaboración con las comunidades autónomas.

Por parte de ERC, la diputada Norma Pujol también ha manifestado que comparte el fondo de la cuestión pero ha advertido de que el Estado no tiene competencias en materia educativa por lo que «cada comunidad es la que tiene que determinar la creación de cualquier nuevo estudio».

La portavoz del Govern en funciones, Meritxell Budó, ha criticado este martes que la Mesa del Congreso haya rechazado tramitar la ley de amnistía impulsada por ERC, Junts, PDeCAT y la CUP, y ha cargado contra los socialistas: «Nuevamente hemos visto al PSOE votando en contra de la democracia, en este caso con Vox y el PP».

«Para nosotros es un indicativo más de que el PSOE no tienen ninguna voluntad real de afrontar desde la política lo que es un conflicto político», ha aseverado la también consellera de Presidencia en funciones en una rueda de prensa telemática después del Consell Executiu.

Con el apoyo del PSOE, PP y Vox y el rechazo de Unidas Podemos, la Mesa del Congreso ha descartado admitir a trámite la ley de amnistía, al considerarla inconstitucional, y ERC, Junts, PDeCAT y la CUP han avanzado que presentarán un recurso ante la Mesa para que reconsidere esta negativa.

Budó ha insistido en que el rechazo a debatir el asunto en el Congreso es indicativo de la voluntad real del PSOE de dialogar: «No sólo se oponen a la tramitación de esta ley, sino que ni siquiera permiten que se pueda debatir», algo que ha descrito como una mala señal.

«Volvemos a ver en este caso que el PSOE no falla nunca. Sabíamos que esta vez tampoco fallaría a la hora de alinearse con el PP y Vox», ha continuado Budó, que ha pedido un cambio radical de actitud en los socialistas, y ha dicho que en el Congreso y en el Parlament sólo se puede hablar de lo que le interesa al Gobierno.

POSIBLE ÚLTIMA REUNIÓN

Ha explicado que el vicepresidente del Govern en funciones, Pere Aragonès –también candidato de ERC a la Presidencia– ha hecho varias reflexiones sobre la legislatura en el Consell Executiu por si esta ha sido su última reunión: «Si es o no la última, dependerá de las negociaciones que estos días están llevando a cabo los partidos».

Preguntada por las negociaciones entre ERC, Junts y la CUP para investir a Aragonès como presidente, Budó ha replicado que dependen de los partidos: «Desde el Govern no nos hemos conjurado en nada más que en estar hasta el momento que tengamos que estar. Nuestro compromiso es y será hasta el último momento».

Ha detallado que, por si era la última reunión del Consell Executiu, han comentado las «dificultades políticas de esta legislatura, la represión» y el coronavirus, y los miembros del Govern se han hecho un agradecimiento común por haber estado frente la pandemia, según ella.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha advertido de un incremento de la incidencia de COVID-19 en algunas comunidades autónomas, por lo que ha pedido «máxima prudencia y máxima cautela» a los ciudadanos ante la Semana Santa.

En rueda de prensa este martes tras el Consejo de Ministros, Montero ha señalado que el Ejecutivo está «preocupado» por este alza de los casos que se está observando en los últimos días tras el puente de San José. «Los datos que conocimos ayer muestran que en algunas zonas se está incrementado la incidencia. Es una situación que, evidentemente, preocupa al Ejecutivo», ha resaltado.

En este sentido, ha instado a la ciudadanía a llevar «máxima prudencia y máxima cautela». «Sabemos que llevamos un año muy duro, que tenemos fatiga pandémica. Los ciudadanos están deseando dejar atrás esta fase, pero somos conscientes de que, si nos relajamos justamente ahora, entonces nos ponemos en riesgo a nosotros mismos y a la salud de los vulnerables. Para nada hubiera servido todo el esfuerzo que hemos hecho con anterioridad», ha alertado.

En este sentido, ha insistido en la necesidad de ser responsables. «Necesitamos que todos y cada uno asumamos la responsabilidad que tenemos asignada, que sigamos insistiendo en todo lo que venimos haciendo y protegiendo a las personas con mayor riesgo», ha remachado.

Por otra parte, Montero ha reconocido que «todos los países» son «conscientes» de que resulta «imprescindible» incrementar el ritmo de vacunación contra la COVID-19. Al respecto, la portavoz ha recordado que la vacunación va a ser uno de los temas que van a tratar los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea durante la cumbre del jueves y el viernes, a la que acudirá el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

De la misma forma, se va a abordar el desarrollo del certificado de vacunación. «Confiamos en que se otorgue a este instrumento de la mayor confianza y seguridad para que puedan transitar los viajeros internacionales. Todos a una en marco de la UE, tenemos que acordar los requisitos y condiciones de los viajes, porque este virus no entiende de fronteras. Tenemos que coordinar todas las situaciones», ha remachado.

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha acordado, de forma unánime, desestimar el recurso de súplica interpuesto por Carles Puigdemont y Antoni Comín contra un auto dictado por este mismo órgano el pasado 9 de septiembre por el que se denegaba la suspensión de las órdenes nacionales de busca y captura e ingreso en prisión dictadas en su día contra ellos por el Tribunal Supremo.

El auto, cuyo ponente ha sido el magistrado Cándido Conde-Pumpido explica que la decisión recurrida, que ahora se confirma, es consecuencia de «un juicio de ponderación de los intereses en juego como la naturaleza cautelar privativa de libertad de la decisión judicial que se pretende dejar sin efecto, interés general en la persecución penal de las conductas que están siendo investigadas y gravedad de la imputación provisionalmente efectuada».

Por tanto, la resolución desestimatoria no deriva de un automatismo legal o jurisprudencial ni de una prohibición absoluta sino de la aplicación razonada de criterios objetivos, como es la gravedad y naturaleza de los hechos enjuiciados, la duración de la pena impuesta, su trascendencia social, la expresión de la antijuridicidad de la conducta, el bien jurídico protegido por el delito, entre otros.

El auto insiste en que si «este Tribunal Constitucional levantara las órdenes de busca y detención acordadas, estaría negando, de hecho, su necesidad y legitimidad, así como la concurrencia de los presupuestos jurídicos que han llevado a la jurisdicción ordinaria a su adopción y mantenimiento».

La petición por parte de Puigdemont y Comín, argumentada por el abogado Gonzalo Boye, calificaba la decisión de Llarena de «manifiestamente arbitraria» y se presentó en contra de la decisión de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, presidida por el magistrado Manuel Marchena, que confirmó el criterio inicial del instructor.

Para la Sala, para aplicar la inmunidad a Puigdemont y Comín no bastaba su condición de europarlamentarios electos sino que es obligatorio haber adquirido la condición de eurodiputado, lo que no había sucedido aún en ese momento.

NO HABRÁ PREGUNTA AL TJUE

Los recurrentes también solicitaban al TC que planteara una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en el sentido de que era contrario al Derecho de la Unión y a la jurisprudencia del TJUE que no se suspendiera el procedimiento penal como consecuencia de su elección como parlamentarios europeos y conseguir la inmunidad correspondiente.

El TC rechaza tal petición porque no se pone en relación una norma de la Unión Europea con una norma nacional sino con un eventual criterio aplicativo de ésta y, además, se trata de una petición condicionada que no puede admitirse en este trámite incidental porque «equivaldría a una resolución anticipada del fondo del recurso de amparo».

En su día, el auto recurrido razonaba que la solicitud de los recurrentes es contraria a la jurisprudencia consolidada por el Tribunal de Luxemburgo.

Recordaba también que las resoluciones judiciales impugnadas en amparo fueron adoptadas tras procesar por delitos graves a Puigdemont y Comín que, desde el mes de julio de 2018, han sido declarados procesalmente rebeldes por no haber concurrido a ninguno de los llamamientos judiciales que les han formulado.