Euskadi ha registrado este pasado lunes 1.314 nuevos casos de covid-19, 304 más que un día antes, y la tasa de positivos respecto a las pruebas practicadas se ha reducido hasta el 11%, mientras que la incidencia acumulada sube a 585,99 casos por 100.000 habitantes en 14 días, 37 puntos más que el domingo, y alcanza los 3.562 casos entre los menores de 17 a 18 años, 251 puntos más que en la jornada previa.

En las UCI permanecen 44 pacientes, dos más que en la jornada previa, y en las últimas horas han ingresado en planta 48 personas con covid, 12 más que el domingo.

Según los últimos datos aportados por el Departamento vasco de Salud, durante la jornada de este pasado lunes se han realizado 11.944 pruebas diagnósticas (6.924 PCR y 5.020 pruebas de antígenos), por encima de las 7.927 del domingo, con un resultado de 1.314 nuevos infectados, frente a los 1.010 de la jornada anterior. De esta forma, la tasa de positivos respecto a las pruebas realizadas se ha reducido del 12,7% al 11%.

La tasa de casos positivos acumulados en 14 días por cada 100.000 habitantes ha subido 37 puntos en la última jornada y se sitúa para toda Euskadi en 585,99 (era 548,34 el domingo). Entre los menores de 17 a 18 años este indicador sigue creciendo y alcanza los 3.562,81 casos (3.311,67 el domingo).

Este indicador, que se incrementa en los tres territorios, presenta la tasa más elevada en Guipúzcoa, con 674,85 casos este lunes (644,31 en la jornada anterior), mientras que en Vizcaya sube a 527,39 (483,88 un día antes) y en Álava es de 453,65 casos (428,82 en la jornada previa).

Por su parte, se ha reducido la razón de tasas de incidencia (que compara la tasa de incidencia acumulada en 14 días actual con la de hace una semana), a 1,69 para el conjunto de Euskadi (1,72 en la jornada previa), y el número reproductivo básico, que mide a cuántas personas contagia cada caso positivo ha descendido hasta 1,29 (era de 1,30 el día previo).

La trazabilidad de los casos alcanza una media en los últimos siete días del 37,9%, porcentaje de positivos detectados por ser contactos de otros casos, frente al 49,2% de positivos que se realizaron las pruebas por presentar síntomas de covid.

Por territorios, este pasado lunes se han detectado 694 nuevos positivos en Vizcaya, 215 más que el domingo, otros 440 en Guipúzcoa (42 más que en la jornada anterior) y Álava ha contabilizado 139 nuevos contagios (27 más que el día previo). A ellos, se suman 41 contagios entre personas con residencia fuera de la Comunidad Autónoma Vasca, frente a los 21 de la jornada precedente.

En el caso de Vizcaya, los municipios con más positivos este pasado lunes son Bilbao, con 204 y una tasa de incidencia al alza de 537,41 casos, Getxo con 63, Barakaldo con 59, Basauri con 28, Galdakao y Portugalete con 19 en cada municipio, Durango y Santurtzi con 18, y Leioa y Bermeo con 17.

En Guipúzcoa, San Sebastián contabiliza 130 positivos más y sube la tasa de incidencia a 655,19 casos, mientras que en Irún se han registrado 37 contagios más, otros 20 en Zarautz, 17 en Beasain y Tolosa, y 16 en Errenteria.

En cuanto al territorio alavés, Vitoria suma 98 positivos y sitúa la tasa de incidencia en 454,28, mientras que en Amurrio se han registrado nueve contagios más y ocho en Llodio.

MUNICIPIOS EN ROJO

Con los datos de esta pasada jornada, 58 poblaciones de más de 5.000 habitantes presentan tasas acumuladas superiores a los 400 casos en 14 días por cada 100.000 habitantes. En concreto, las guipuzcoanas de Andoain, Arrasate-Mondragón, Astigarraga, Azkoitia, Beasain, Deba, Eibar, Hernani, Hondarribia, Irun, Lasarte-Oria, Lazkao, Lezo, Mutriku, Oiartzun, Oñati, Ordizia, Orio, Pasaia, Tolosa, Urnieta, Urretxu, Villabona, Zarautz, Zumaia y Zumarraga, así como su capital, San Sebastián.

También están en 'zona roja' los municipios vizcaínos de Abadiño, Abanto Zierbena, Amorebieta-Etxano, Arrigorriaga, Balmaseda, Barakaldo, Basauri, Berango, Bermeo, Durango, Elorrio, Erandio, Galdakao, Getxo, Gorliz, Güeñes, Leioa, Lekeitio, Mungia, Muskiz, Ondarroa, Ortuella, Portugalete, Santurtzi, Sestao, Sopela, Trapagaran y Zalla, a los que se suma su capital, Bilbao, así como los alaveses de Amurrio y también su capital, Vitoria.

HOSPITALES

En los hospitales vascos, han ingresado en planta 48 personas con covid durante el lunes, lo que supone 12 más que en la jornada anterior, y son 174 las personas hospitalizadas en planta, diez más que en el día previo.

Además, en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de los hospitales vascos hay 44 camas de críticos ocupadas por pacientes con covid, dos más que el día previo.

EDADES

Por edades, el mayor número de nuevos contagios se produce en la franja de edad de entre 19 a 39 años (643 positivos), seguidos de los menores de 18 años (341) y de las personas de entre 40 y 64 años (243 casos). Los mayores de 65 años contabilizan 77 casos, de los que 24 superan los 80 años.

La tasa de incidencia acumulada en 14 días por 100.000 habitantes más elevada se da entre la franja de edad de 19 a 39 años (1.340,02). Por el contrario, la más baja es la de la población de 65 a 79 años (con 113,31). En concreto, entre los jóvenes de 17 a 18 años este indicador es de 3.562,81 casos, 251 puntos más que en la jornada anterior.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha pedido al presidente Pedro Sánchez por carta que reforme su decreto para establecer la obligatoriedad del uso de la mascarilla antes de su convalidación este miércoles en el Congreso de los Diputados. Además, le ha reclamado que "con carácter urgente", a poder ser, esta misma semana, dote a las comunidades autónomas de medidas con "seguridad jurídica" para limitar la movilidad nocturna y restringir el número de personas que se pueden agrupar.

Así lo ha dado a conocer el portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, en una comparecencia celebrada este martes ante los medios de comunicación en Vitoria tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno.

Concluido el encuentro, el propio lehendakari ha informado a sus consejeros que este pasado lunes remitió a Sánchez una misiva en la que le transmite su preocupación por los efectos que el Real Decreto del pasado 24 de junio sobre la flexibilización del uso de la mascarilla "han tenido", ya que en "muchos casos" ha conllevado que se haya dejado de utilizar, "aunque no fuera ese el objeto" del texto que aprobó el Ejecutivo del Estado.

Ante el hecho de que el decreto vaya a ser ratificado este miércoles en un pleno extraordinario en el Congreso de los Diputados, ha propuesto al presidente del Gobierno que lo modifique antes de su convalidación "para que sea posible reafirmar con nitidez que el uso constante en la mascarilla debe ser una obligación". De esta forma, plantea que se pueda prescindir de ella solo en aquellos "espacios naturales en los que no se produzcan concurrencia de personas".

ALTOS NIVELES DE CONTAGIO

Por otra parte, "ante los niveles de contagio que se están dando y las situaciones dispares que se están produciendo como consecuencia de las ratificaciones o no de los Tribunales de Justicia correspondientes" en cada comunidad autónoma, el lehendakari ha solicitado a Pedro Sánchez "formalmente, en nombre de una cogobernanza real y efectiva, la adopción urgente" esta misma semana de las medidas necesarias para dotar a las autonomías de un marco de seguridad jurídica "suficiente" para que puedan aplicar, de inmediato, medidas.

De esta forma, pretende que se facilite que las comunidades autónomas puedan limitar la movilidad nocturna y el número de personas que se puedan agrupar "en diferentes circunstancias".

Preguntado sobre si el lehendakari no ha pedido declarar el estado de alarma debido a la sentencia del Tribunal Constitucional que declaraba inconstitucionales algunos apartados del real decreto del Gobierno central que declaró el primer estado de alarma por la pandemia, Zupiria ha confirmado que, en la carta, Urkullu no utiliza ni la expresión 'estado de alarma', ni la expresión 'toque de queda', sino que propone una "cogobernanza real y efectiva" y la adopción de las "medidas necesarias" para dotar a las comunidades autónomas de un "marco de seguridad jurídica".

CARÁCTER URGENTE

"No entra en la consideración de cuál es la medida concreta que debería aprobar el presidente del Gobierno", ha insistido, antes de subrayar que lo que pide a Sánchez es que "se adopte alguna medida con carácter urgente, a poder ser, esta misma semana".

El portavoz del Gobierno Vasco ha explicado que, en una entrevista publicada este fin de semana, el lehendakari ya recordaba que existen pronunciamientos del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), como consecuencia de diferentes consultas realizadas por el Gobierno Vasco en contra de posibles medidas a adoptar.

Además, ha recordado que "es conocida la postura del Gobierno Vasco de no judicializar esta cuestión, por considerar que se trata de una cuestión política y no judicial".

Por otro lado, ha señalado que en octubre de 2020, el lehendakari solicitó la declaración del estado de alarma después de que el TSJPV impidiera la adopción de "determinadas medidas". "Hubo una segunda petición del lehendakari al presidente del gobierno el pasado mes de abril para que se alargara el estado de alarma que no fue considerada oportuna por el presidente del Gobierno", ha señalado.

Por ello, ante las situaciones que se están produciendo en las diferentes comunidades autónomas, con los diferentes pronunciamientos de los Tribunales Superiores de Justicia, algunos de los cuales han hecho incluso referencia al contenido de la sentencia del TC sin conocerse todavía su contenido, crean "una situación de inseguridad que no permite la adopción de medidas efectivas", ha reconocido el portavoz.

Preguntado sobre si el lehendakari ha llamado por teléfono al presidente del Gobierno, Zupiria cree que Urkullu no ha mantenido ninguna conversación directa con Sánchez.

REUNIÓN DEL LABI

El portavoz del Gobierno autonómico ha confirmado que la convocatoria de la reunión del Consejo asesor del Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI) se mantiene convocada para este jueves, 22 de julio, a las 16.30 horas.

Bingen Zupiria ha señalado que estará "pendiente de cómo evolucionen los diferentes foros que se van a reunir entre hoy y mañana y las decisiones que pudieran derivar de ellos" para decidir si se adoptan nuevas medidas.

En cualquier caso, ha recordado que hay una serie de medidas "importantes" que están en vigor y que "ordenan la vida social", que son "básicas" sobre el uso de la mascarilla, la distancia interpersonal, así como una limitación de horarios que establece el cierre de establecimientos y actividades culturales, sociales y comerciales a las 2.00 horas.

También ha recordado que los aforos están limitados al 60%; hay limitaciones de público en eventos sociales, culturales y deportivos; limitación de asistencia a lugares de culto; restricciones de horarios de hostelería, prohibido el consumo el barra y de pie, limitado el consumo en exteriores y en grupos con un máximo de seis personas.

"Hay una limitación de los horarios y condiciones de apertura de los txokos; limitaciones en la práctica deportiva; están cerrados los locales juveniles y las lonjas; están cerradas las discotecas. Todas esas medidas están en vigor y, además de eso, llevamos semanas, desde el Gobierno y desde las diferentes instituciones del país, llamando la atención sobre le uso de la mascarilla, sea obligatoria o no--", ha insistido.

Por último, ha reconocido que Euskadi se enfrenta a un verano "muy complicado", y que la situación no se puede juzgar en función de los resultados que se obtengan en un fin de semana un municipio u otro, sino que es algo en lo que "van a tener que colaborar, todas las instituciones y toda la ciudadanía a lo largo de las próximas semanas y, seguramente, durante todo el verano".

El juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal ha dado un nuevo impulso a la investigación sobre el dinero que el ex embajador español en Caracas Raúl Morodo y su entorno habrían recibido de la petrolera venezolana PDVSA, acordando más de una veintena de declaraciones para el próximo mes de septiembre, incluida la del diplomático y su hijo.

El responsable del Juzgado Central de Instrucción Número 1 ya acordó esta ronda de comparecencias en un auto del pasado 8 de julio pero aún estaba pendiente de poner fecha, algo que ha hecho en una providencia del 14 de julio.

Las declaraciones comenzarán el 20 de septiembre con Morodo y su hijo Alejo, a los que seguirán la ex mujer del primero Cristina Cañeque y la esposa del segundo, Ana Catarina Varandas, todos como investigados. Al día siguiente comparecerán los también imputados Carlos Adolfo Prada Gómez, Marisol Varela y Ana Korina Ulloa.

El 21 de septiembre, Abascal preguntará asimismo a Villalobos, ex viceministro de Energía del Gobierno de Hugo Chávez entre 2004 y 2006 que fue detenido en Madrid en 2017 a petición de Estados Unidos por su presunta implicación en una trama de corrupción vinculada a PDVSA, si bien ya se encuentra libre.

Del 22 al 24 de septiembre, ambos inclusive, Abascal tomará declaración a otras quince personas, todas como testigos, entre ellas Guillermo Morodo, hermano del otrora embajador.

DOCUMENTACIÓN BANCARIA

Abascal ha aceptado así las diligencias propuestas por la Fiscalía Anticorrupción al considerarlas "pertinentes, necesarias y proporcionadas" para esclarecer "definitivamente los hechos y presuntos culpables".

Anticorrupción esgrimió que era necesario volver a escuchar a Morodo, así como a otros investigados y a los testigos, en relación con la documentación bancaria que se ha obtenido tanto de entidades españolas como de otros países y con los archivos incautados en algunos registros.

En el mismo escrito, el Ministerio Público pidió prorrogar la instrucción seis meses aludiendo a la "imposibilidad" de concluir las pesquisas a tiempo, dado que están pendientes de contestación varias comisiones rogatorias.

El Gobierno andaluz ha avisado este martes de que la evolución de la pandemia del coronavirus se está "complicando" tanto en Andalucía como en España, como se pone de manifiesto con el aumento de los contagios diarios, y ha querido dejar claro que si se tienen que "endurecer" las medidas, se "endurecerán" para hacer frente a la actual situación.

Así se ha pronunciado el consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, donde se ha referido a la reunión, en la tarde de este martes, del Comité de Alto Impacto en Salud Pública, el conocido comité de expertos, que analizará la situación actual de la pandemia y decidirá si se mantiene las actuales medidas o hay cambios.

"Esperamos que los expertos atinen y sobre todo podamos entender todos que la evolución de la pandemia en Andalucía y en el conjunto de España se está complicando", según ha señalado Elías Bendodo, para quien la única forma de hacer frente a esta situación es vacunando al mayor porcentaje de población.

Ha querido dejar claro que el Gobierno andaluz va a acatar y aceptar las medidas que adopte el comité de expertos y ha recalcado que si hay que "endurecer las medidas, las endureceremos", porque lo primero sigue siendo la salud de las personas.

Ha indicado que el Gobierno andaluz está dispuesto a asumir "el desgaste que haga falta" y su actitud en los momentos difíciles siempre ha sido dar "la cara".

En cambio, según Elías Bendodo, el Gobierno central "ni está ni se le espera", y en ningún momento ha puesto herramientas legales en manos de las comunidades para poder luchar contra la pandemia, porque no ha permitido la reforma ni de la Ley de Salud Pública ni la de Pandemias.

El consejero de la Presidencia ha querido dejar claro que Andalucía es una "comunidad segura", que va afrontando la situación buscando el equilibrio entre la evolución de la pandemia y la economía. Así ha garantizado que temporada de verano "va a seguir en Andalucía", pero serán los expertos los que inviten "a tomar una serie de medidas para evitar la multiplicación de los contagios", que aunque pueda suponer pueden menor nivel de hospitalizaciones que en otras olas, "hay que frenarla".

Bendodo ha mostrado su preocupación por que el número de hospitalizados por Covid haya aumentado en un sólo día en Andalucía en 146 personas, pero ha querido dejar claro que el servicio andaluz de salud "aguanta holgadamente la presión" en este momento.

Ha insistido en que el servicio sanitario andaluz "permite luchar con holgura" ante la presión hospitalaria "que parece que va a aumentar en próximas semanas".

De otro lado, el consejero ha insistido en hacer un llamamiento a los ayuntamientos para que haya mayor control de las llamadas "botellonas" porque se ha demostrado que son un foco importante de contagios entre los jóvenes, ya que no suelen utilizar mascarillas ni existe distancia de seguridad.

La portavoz adjunta de Unidas Podemos en el Congreso, Sofía Castañón, ha asegurado que el ingreso de nuevo de Juana Rivas, condenada a dos años y seis meses de prisión por la sustracción de sus dos hijos menores, en el Centro de Inserción Social (CIS) de Matilde Cantos en Granada, confirma que existe un "sesgo patriarcal y machista en la Justicia".

Así lo ha destacado en rueda de prensa en el Congreso para manifestar su "consternación" y "preocupación" por esta decisión del Juzgado, que estima parcialmente el recurso de la Fiscalía contra la concesión del tercer grado que desde el pasado 15 de junio ha permitido a Juana Rivas cumplir condena en su domicilio con control telemático.

Para Castañón, esta resolución revela que "una vez más" se confirma ese "sesgo patriarcal" en la Justicia, que su grupo parlamentario viene denunciando desde hace tiempo.

Por tanto, Castañón ha recalcado que su formación, desde el Gobierno, va a seguir trabajando en una nueva generación de derechos, como "pilar fundamental" de las luchas contra el machismo.

"Asistimos a lo que entendemos que es una criminalización de las mujeres que se defienden de las violencias machistas y que defienden también a sus hijos e hijas. Hemos visto situaciones terribles de violencia vicaria y contra la infancia y eso requiere no solo nuestro duelo y preocupación sino medidas desde las instituciones", ha ahondado.

De esta forma y con la ministra de Igualdad, Irene Montero, al frente, se llevará próximamente al Consejo de Ministros un decálogo de medidas urgentes ante la situaciones de violencia machista, no solo ante los "duros asesinatos" acaecidos este año sino con otras situaciones, que tienen que ver con este fenómeno y que el Gobierno quiere ejecutar como ya reconoce el Pacto de Estado.

Unidas Podemos ya formalizó ante el Ministerio de Justicia su solicitud de indulto "total" para Juana Rivas, condenada a dos años y seis meses de prisión por un delito de sustracción de menores, al considerar que concurren circunstancias de "utilidad pública" y se dan motivos de "justicia y equidad" para la anulación de la sentencia.

El juzgado de instrucción número 2 de Castellón ha abierto juicio oral contra el secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu; la exvicealcaldesa de Castellón, Ali Brancal; y el que fuera asesor de Compromís, Miquel Torres, en la causa abierta contra ellos por supuestamente utilizar el servicio postal municipal del Ayuntamiento de la capital de La Plana para enviar papeletas electorales en 2014.

En noviembre de 2019 la causa fue sobreseída tras pedir la Fiscalía el archivo de la misma. El querellante -Partido Popular- presentó un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial en el que solicitaba que se revocacase el auto que decretaba el sobreseimiento provisional de la causa y se acordase la continuación del procedimiento, al alegar que el resultado de las pruebas permitía concluir la concurrencia de todos los requisitos exigidos por el tipo penal objeto de querella -malversación de caudales públicos-.

La Audiencia de Castellón estimó el recurso del querellante al considerar que, examinada toda la instrucción seguida y las alegaciones de las partes, asiste la razón al recurrente, pues del resultado de las diligencias de investigación practicadas no es posible descartar la participación de los investigados en los hechos ilícitos denunciados, "pues existen suficientes indicios racionales de criminalidad para su imputación".

El juzgado considera que procede ahora acordar la apertura del juicio oral al considerar la argumentación contenida en el auto dictado por la Audiencia Provincial.

El juzgado asegura que del resultado de las diligencias practicadas resultaría que no se desvirtúan los indicios de participación de los investigados en los delitos imputados en los términos argumentados por el auto de la Audiencia Provincial y por la acusación.

TESTIGOS

De esta forma, se indica que los testigos propuestos por las defensas reconocieron que en la fecha en la que se imputan los hechos denunciados apenas acudían al Ayuntamiento en el que también se realizarían labores de ensobrado e indicaron la participación delinvestigado Miguel Torres en la dación de instrucciones sobre cómo se debía realizar el ensobrado.

Así mismo, el testigo propuesto por la acusación declaró haber recibido en su domicilio un sobre con el membrete del Ayuntamiento que contenía propaganda electoral y papeletas para las elecciones, coincidente con los que obran en las presentes diligencias sobre los que se realizó la diligencia de apertura, en las fechas en las que se imputan los hechos investigados.

Por todo ello, el juzgado estima que no procede el sobreseimiento de las actuaciones solicitado por el Ministerio fiscal y las defensas de los acusados, por lo que procede el dictado de auto de apertura de juicio oral.

El PP pide por un delito de malversación de caudales públicos 3 años de prisión para Nomdedéu, Brancal y Torres, así como inhabilitación especial para el cargo o empleo público por un periodo de 6 años; y, además, solicita otros 3 años de prisión e inhabilitación especial por un periodo de 2 años para el secretario autonómico de Empleo por falsedad documental.

El ministerio fiscal, en su escrito de conclusiones provisionales, señaló que los hechos relatados no eran constitutivos de delito, y sin delito no hay autor, por lo que pedía la absolución de los acusados, al igual que sus defensas.

NOMDEDÉU

Nomdedeú ha publicado un mensaje en sus redes sociales en el que asegura que no renunciará a su cargo. Según indica, informó a los que tuvo que hacerlo de su determinación para renunciar si el fiscal le acusaba formalmente. "Por injusto que sea, siendo como soy inocente, prefiero alejarme y que no haya alto cargo del gobierno valenciano en la banca, que no haya representante público de Compromis en la banca".

"Pero la fiscalía, lejos de acusarme, reitera que no hay crimen. Por lo tanto, el valor supremo que representaría mi sacrificio renunciando a mi cargo a pesar de ser inocente, sería en este caso un regalo temerario para la estrategia del PP", añade.

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no ha querido proteger jurídicamente a la población, a pesar de contar con la ayuda del Partido Popular".

López ha hecho estas declaraciones acompañado por el secretario general del Partido Popular en la Región de Murcia, José Miguel Luengo, con quien ha inaugurado la primera edición de los 'Cursos de Verano de PPRM', según informaron fuentes de esta formación política en un comunicado.

El consejero ha explicado que "Pablo Casado, después de dejar de apoyar los estados de alarma, propuso al Gobierno de España instaurar una ley orgánica de pandemias". "Le ofreció hacer una reforma por lectura única con los votos del PP, le ofreció toda la ayuda, y el Gobierno de Sánchez la despreció y seguimos sin contar con un instrumento jurídico que dé certidumbre a las administraciones y a los ciudadanos", ha denunciado López.

Asimismo, el consejero ha destacado que "es una vergüenza política que, desde el Gobierno central, se ponga en cuestión la labor del Tribunal Constitucional y que se trate de deslegitimar porque no les ha gustado la resolución".

"Estamos en el peor momento, con el peor Gobierno y con el peor presidente", ha denunciado el consejero, para continuar diciendo que "es necesario ese cambio para que Pablo Casado pueda dirigir el país y volver a la senda constitucional, al progreso y q no se ponga en cuestión la unidad española".

El Partido Popular, ha recalcado el consejero, "es el partido de estado que sostiene la lealtad a la constitución, que defiende la unidad de la nación y que defiende la igualdad de todos los españoles ante la ley".

Por su parte, Luengo ha subrayado que "los españoles están viendo que es más urgente que nunca cambiar este Gobierno, el más radicalizado de izquierdas de los últimos 40 años, para ofrecer solvencia, certidumbre y credibilidad con personas como el consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid".

Además, Luengo ha puesto en valor "el éxito de convocatoria de los cursos que han tenido muy buena acogida porque han sido los mismos concejales quienes han determinado los temas para los cursos que más podían aportar en su día a día".

La Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX) ha ratificado los cierres perimetrales solicitados este pasado lunes por la Junta de Extremadura en nueve municipios de la región para controlar la incidencia del coronavirus.

Así, en dos autos dictados este martes, la Sala del TSJEx ha acordado en dos autos ratificar de esta forma los cierres de Cabezuela del Valle, Almoharín y Ceclavín, en la provincia de Cáceres, y de Puebla de Sancho Pérez, Puebla de la Calzada, Talavera la Real, Calamonte, Castuera y Guareña en la provincia de Badajoz.

Unos cierres perimetrales que se autorizan, por encontrarse todas ellas en situación de riesgo muy elevado de que se pueda producir un aumento de casos de COVID-19.

En sus dos autos, el TSJEx considera que estas medidas solicitadas por la Junta de Extremadura "están justificadas y son necesarias y proporcionadas" para conseguir el objetivo de la protección de la vida, la salud y la integridad física, al amparo de los artículos 15 y 43 de la Constitución Española.

Así, añade que estas medidas sanitarias solicitadas cumplen con los requisitos de "la existencia de un riesgo inminente y extraordinario que justifica" su adoptación, y señala que de la información remitida por la Junta de Extremadura "se puede deducir, con absoluta claridad, la existencia de un incremento importante en el número de casos afectados por Covid-19".

Por eso, el tribunal considera "notorio" que "es necesario una intervención temprana cuando el nivel de transmisión empieza a crecer a fin de evitar una situación de gravedad excepcional", que afectaríatanto a la vida e integridad física de las personas como a la situación hospitalaria.

Añade el tribunal que estas medidas "resultan proporcionadas", atendiendo al espacio territorial al que afectan, así como a las personas a las que se aplica y a su duración temporal, que es de catorce días.

Finalmente, cabe destacar que se ha dado traslado al Ministerio Fiscal que ha emitido dictamen favorable para las medidas solicitadas por la Junta de Extremadura para estos nueve municipios.

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha indicado que espera que "entre hoy y mañana" se traslade a los mayores usuarios de la residencia Virgen del Carmen de Alburquerque que ha sido intervenida por la Junta de Extremadura.

Así, Vergeles ha recordado que este pasado lunes han iniciado el expediente "para desacreditar" a este centro y ha indicado que "no es un proceso sencillo" sino que "es algo muy doloroso" para quienes tienen que tomar la decisión porque están trasladando a unas personas y, por tanto, "desarraigarlas de su núcleo convivencial" algo que, a su juicio, "siempre es un problema".

De este modo, ha manifestado que "con esa empatía" han tenido que tomar "desgraciadamente la decisión" de "iniciar un expediente donde se va a retirar la autorización y la acreditación para la atención a personas en situación de dependencia" a dicha residencia.

Todo ello, ha explicado Vergeles al ser preguntado por este asunto en rueda de prensa en Don Benito, tras el acta que levantó la inspección en este centro residencial y "viendo que no se cumplían las condiciones mínimas de atención" a los residentes.

A este respecto, ha matizado que la retirada de esa autorización y acreditación es "de forma temporal" y van a "solicitar al ayuntamiento, evidentemente, que acometa las reformas necesarias" si quiere "volver a acreditar" esta residencia.

"Y hasta que no esté acreditado ese centro no volverían los residentes", ha señalado, toda vez que ha añadido que "ya se está contactando" con los familiares de los usuarios de esta residencia y "se han buscado las plazas en centros residenciales de alrededor".

Asimismo, ha explicado que hay "17 residentes" que tendrán que desplazar a otros centros residenciales y otros siete más cuyas plazas no estaban conveniadas con el SEPAD por lo que tendrán que "instar al Ayuntamiento a que los traslade" y, si no lo hiciese, la Junta ofrecería "una solución".

La Generalitat ha acordado este martes una prórroga de una semana de las medidas vigentes, incluyendo la petición a la justicia de un confinamiento nocturno que será en 165 municipios --cuatro más que la semana anterior--, ha explicado este martes la portavoz del Govern, Patrícia Plaja.

En rueda de prensa tras el Consell Executiu, ha explicado que el Govern solicitará este miércoles al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) el toque de queda para estos 165 municipios, de más de 5.000 habitantes cuya incidencia a siete días es 400 o más casos por cada 100.000 habitantes y aquellos que están roedados por municipios de alta incidencia.

En la lista de municipios entran en el toque de queda nocturno El Vendrell, Ulldecona, L'Ametlla de Mar, Montbrió del Camp (Tarragona), Gelida, Igualada, Sallent, Santa Maria de Palautordera (Barcelona), La Bisbal d'Empordà, Maçanet de la Selva, Roses, Salt, Vilafant, Sils, Torroella de Montgrí (Girona), Lleida, Tàrrega y Mollerussa (Lleida).

Por contra, salen Abrera, Esparreguera, Cabrils, La Garriga, L'Ametlla del Vallès, Centelles, Sant Celoni, Sant Sadurní d'Anoia, Santa Eulàlia de Ronçana, Santa Margarida i els Monjos, Vilanova del Camí (Barcelona), Alpicat, Solsona (Lleida), Altafulla, Deltebre, (Tarragona), Anglès y Sant Hilari Sacalm (Girona), además de Ullastrell (Barcelona), que sale tras estar rodeado de municipios de alta incidencia.

Plaja ha afirmado que la prórroga de medidas y la solicitud de toque de queda se acuerda para "evitar el colapso" hospitalario y ante la situación preocupante de la pandemia, y ha subrayado que es una situación que el Govern no quiere normalizar.

La portavoz ha señalado que los contagios entre los jóvenes "parece que está frenando", pero ha advertido de que se están desplazando a edades más elevadas y continúa creciendo la cifra de ingresados en los centro hospitalarios.

PRÓRROGA DE UNA SEMANA

Plaja ha defendido que la prórroga de medidas se tome por una semana al afectar a la actividad, y ha reiterado la posición del Govern sobre la mascarilla como elemento de protección si no se está con el grupo burbuja o no se puede mantener distancia.

Respecto al impacto de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el estado de alarma, Plaja ha explicado que los servicios jurídicos están a la espera de la espera de la publicación del fallo.

Agentes de la Policía Nacional han desalojado a primera hora de este martes a cuarenta okupas que vivían en dos edificios okupados en el madrileño distrito de Carabanchel desde 2015 y en el que residían en condiciones infrahumanas "rodeados de basura, excrementos e incluso roedores de grandes dimensiones", han informado fuentes policiales.

El operativo policial, en el que han intervenido unos 200 efectivos y medios aéreos, se ha iniciado esta mañana en la calle José Garrido de este distrito contra los okupas de unas treinta y una viviendas de dos bloques de viviendas.

Fuentes policiales han señalado que no se trata de una operación contra narcopisos, sino un desalojo de dos bloques de viviendas okupadas desde hace seis años.

Durante el desalojo, que sigue activo, los agentes han detenido a cuatro personas por la Ley de Extranjería y han intervenido diferentes efectos como un táser, armas simuladas y distintos tipos de sustancias estupefacientes.

La investigación se inició hace un año por parte del Grupo de Investigación Zonal, en colaboración con la Comisaría del distrito de Carabanchel.

Las averiguaciones realizadas por los agentes permitieron constatar que en ambos bloques de viviendas se aglutinaban numerosas personas que habían usurpado dichos domicilios a su legítimo propietario.

Se encontraba próximo a un centro escolar causando molestias al alumnado llegando incluso a presenciar el consumo de droga así como peleas entre los consumidores habituales.

Los investigadores constataron que varios de los ocupantes de las viviendas procedían de otros narcopisos desmantelados en otros puntos del barrio.

En el interior residían en condiciones infrahumanas e insalubres rodeados de basura, excrementos y sin ninguna medida higiénica existiendo incluso roedores de grandes dimensiones. Era tal la cantidad de suciedad que durante el presente mes se produjo un incendio que afectó a una parte del edificio.

DESALOJADAS 40 PERSONAS

En la mañana de hoy se ha llevado a cabo el dispositivo en el que participaron unos 200 agentes de diferentes unidades de la Policía Nacional tales como UIP, UPR, GOIT, Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras y Servicio de Medios Aéreos.

La operación culminó con el desalojo de 40 personas a las que se les imputa un delito leve de usurpación y la detención de cuatro de ellas por infracción a la ley de extranjería.

Se consiguió el desalojo completo de las 31 viviendas de ambos bloques y la incautación de varias armas simuladas, un táser y restos de sustancias estupefacientes.

Artistas como Bill Viola, Daniel Canogar, Hamilton Mestizo, Matteo Bittanti, Monica Rikic y Robert Yang, entre otros, participan en la exposición 'Homo ludens' de CaixaForum Madrid, que pone a dialogar a los videojuegos con el arte contemporáneo a través de más de medio centenar de obras.

Producida y organizada por la Fundación 'la Caixa', la exposición suma 58 piezas de 36 creadores, entre videojuegos y obras de arte, que analiza el papel de los primeros no solo como producto industrial, sino también como fenómeno cultural, estético y artístico.

En la muestra, aparecen temáticas como las mecánicas universales del juego, la industria millonaria del videojuego, su influencia en otras disciplinas como el arte y la ciencia, y la identidad en un mundo donde convive lo real con lo virtual, entre otras cuestiones.

La muestra ofrece un recorrido interactivo y participativo en el cual el espectador actúa como un 'gamer', aunque sin jugar en ningún momento con los videojuegos que se exponen. El espectador elige el itinerario que prefiere hacer, como en un videojuego, a partir de una plaza central que funciona como antesala y espacio distribuidor de la exposición.

Al inicio de la exposición, cada visitante recibirá un dispositivo --el Coin--, un objeto con el que podrá contestar a una serie de preguntas a lo largo del recorrido. A través de las respuestas a estas preguntas, el sistema configurará un avatar para cada visitante que le identificará con un perfil de 'gamer': desde el más escéptico, al más devoto hacia los videojuegos.

En la gran pantalla instalada en la última sala de la exposición se proyecta una comunidad de avatares que representan, a tiempo real, los perfiles acumulados de todos los visitantes de la exposición. La exposición 'Homo Ludens. Videojuegos para entender el presente' se podrá visitar en CaixaForum Madrid hasta el 31 de octubre.

La exposición se inicia en una sala que da la bienvenida al visitante y en la que se puede ver un mural de pantallas que muestra personas de todas las edades, de frente, jugando a videojuegos. En un mostrador, los visitantes reciben el Coin, que les permitirá interactuar (jugar) con la exposición.

Un primer juego de preguntas y respuestas sirve para que los visitantes aprendan cómo funciona el sistema de interacción, y permite recoger la información necesaria para poder perfilar los visitantes y comprender cuál es su relación --o la relación que creen tener-- con los videojuegos.

Seguidamente, se accede al lobby central, un espacio luminoso, desde el cual el visitante puede acceder a cinco salas que abordan distintas temáticas. En la entrada y salida de cada una de las cinco salas, el visitante podrá responder a algunos de los dilemas que plantean los videojuegos.

Esta plaza central de la exposición está concebida como un distribuidor que permite a los visitantes no solo ver, sino también vivir la exposición como si fuera un videojuego.

La exposición está comisariada por Luca Carrubba, director de la asociación ArsGames, dedicada a la investigación y difusión cultural de los videojuegos, y cuenta con el estudio Domestic Data Streamers para el diseño de la museografía y la experiencia interactiva.

La exposición Homo Ludens se inaugura en CaixaForum Madrid y, después, protagonizará una larga itinerancia hasta el año 2025 que la llevará a Barcelona, Sevilla, Valencia, Palma, Tarragona, Zaragoza, Lleida y Girona.

El magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Cándido Conde-Pumpido ha pedido disculpas públicamente este martes a sus compañeros del órgano de garantías por algunas expresiones vertidas en lo que explica fue el borrador de su voto discrepante con la sentencia que ha declarado inconstitucionales determinados aspectos del primer decreto de estado de alarma por pandemia de covid.

Dichas expresiones, en las que se refería a sus compañeros como autores de una sentencia "más propia de un lego que del máximo interprete de la Constitución" e incluso como "juristas de salón", hansido eliminadas el voto que se ha incorporado y notificado junto con la sentencia y que se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

"Lamento que algunas de las expresiones desafortunadamente contenidas en el borrador, y que son fruto de la discrepancia propia del arduo debate jurisdiccional sobre asuntos especialmente complejos y relevantes, han molestado a mis compañeros de la mayoría, aquienes pido disculpas", afirma el magistrado progresista en la nota hecha pública este martes.

Sobre ellos, añade, sólo puede "resaltar su integridad, solvencia y compromiso intelectual, así como mi admiración por su profunda formación jurídica y su noble dedicación a la tutela de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos". Afirma también que la pluralidad de "sólo puede enriquecer las resoluciones de este Tribunal" y que para él "un orgullo y una satisfacción" deliberar con sus compañeros.

Con independencia de las alusiones al resto de magistrados, que han sido eliminadas, Conde-Pumpido mantiene en su voto particular su fuerte oposición a la postura mayoritaria, defendida por seis de los magistrados, de la que afirma "no resuelve, sino que crea un grave problema político, al desarmar al Estado contra las pandemias, privándole del instrumento que la ley determina expresamente para hacer frente a las crisis sanitarias, el estado de alarma".

A juicio del magistrado la construcción doctrinal de la sentencia podría suscitar "en un inadvertido lector la impresión de que lo que se consigue con la misma es una mejor garantía de los derechos, pues sesomete al Gobierno a un control parlamentario desde el primer momento en el que se produce la restricción de aquellos".

Sin embargo, añade, nada más alejado de la realidad, la construcción lo que permite es "que se debiliten las garantías constitucionales de los derechos a cambio de que la supresión constitucional de los mismos sea autorizada por el Parlamento".

"Ciertamente el resultado inmediato de la construcción de la mayoría no es otro que lograr una declaración de inconstitucionalidad fundada en que el instrumento jurídico utilizado no fue correcto, puro formalismo jurídico, como se ha dicho", añade Conde-Pumpido en voto.

Sin embargo, las consecuencias no son sólo formales, insiste, "pues se prescinde del Estado de alarma a costa de disminuir las garantíasconstitucionales de los derechos fundamentales".

Andalucía ha registrado este martes 20 de julio un total de 3.687 casos de coronavirus, lo que supone sumar por quinto día seguido más de 3.000 casos, según datos consultados en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), que ha contabilizado nueve fallecidos, cifra más alta desde el 30 de junio (21).

Por otro lado, la tasa de incidencia acumulada de la comunidad ha aumentado por décimo noveno día consecutivo y se sitúa en 418,5 por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, 20 puntos más en 48 horas y 120,4 puntos más en una semana.

La región no tenía una tasa de contagio tan alta desde el 17 de febrero, hace cinco meses, cuando estaba en 411,2 puntos.

Los 3.687 casos de este martes se registran tras los 4.103 del lunes y domingo, los 3.999 del sábado --la mayor cifra en 24 horas desde el 6 de febrero--, los 3.610 del viernes, los 3.561 del jueves, los 2.901 del miércoles y los 2.906 del martes pasado.

Por provincias, Málaga se sitúa nuevamente como la que más casos suma con 1.137, seguida de Cádiz con 714, Sevilla con 565, Córdoba con 477, Almería con 316, Granada con 204, Huelva con 144 y Jaén con 130.

Los nueve muertos por covid se registran en Sevilla (tres), Málaga, Córdoba (dos cada una), Cádiz y Granada (uno cada una).

146 HOSPITALIZADOS MÁS EN 24 HORAS

Andalucía ha registrado este martes la décimo primera subida consecutiva en el número de hospitalizados con coronavirus hasta los 858, 146 más en un día, lo que supone la mayor subida en 24 horas desde la del 2 de febrero (197) y 225 más que hace siete días, mientras que los pacientes en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) han caído hasta 147, dos menos en un día y 25 más que hace una semana.

Málaga es la provincia con más hospitalizados con 313 y 44 pacientes en UCI, seguida de Sevilla con 133 y 34 en UCI; Granada con 114 y 27 en UCI; Cádiz con 96 y once en UCI; Córdoba con 84 y 13 en UCI; Jaén con 54 y once en UCI; Almería con 33 y cuatro en UCI; y Huelva con 31 y tres en UCI.

De acuerdo con los datos de la Consejería de Salud y Familias, Andalucía ha registrado desde el inicio de la pandemia 665.758 casos confirmados --3.687 en 24 horas-- y ha alcanzado las 10.272 muertes, nueve más. Por su parte, la cifra acumulada de hospitalizados sube hasta los 50.681, 237 más. La cifra de pacientes que han pasado por UCI alcanza los 5.663 --19 más--, y el número de curados es de 608.314, después de añadirse 1.282.

En cuanto a los datos provincializados acumulados, de los 10.272 fallecidos desde el inicio de la pandemia --nueve más--, Sevilla con 2.051 --tres más-- se mantiene como la provincia con más muertes, seguida por Granada con 1.788 --uno más--; Málaga con 1.692 --dos más--; Cádiz con 1.512 --uno más--; Jaén con 1.015; Córdoba con 980 --dos más--; Almería con 839 y Huelva con 395.

Por su parte, los casos confirmados por PCR o test rápidos de antígenos alcanzan los 665.758 desde el inicio de la pandemia --3.687 más--, liderados por Sevilla con 143.883 --565 más--, seguida de Málaga con 122.164 --1.137 más--, Granada con 96.868 --204 más--, Cádiz con 92.903 --714 más--, Córdoba con 61.170 --477 más--, Almería con 58.253 --316 más--, Jaén con 54.611 --130 más-- y Huelva con 35.906 --144 más--.

Los casos acumulados de coronavirus que han requerido hospitalización son 50.681 --237 más en 24 horas--, con Sevilla a la cabeza con 11.273 --45 más--, seguida por Málaga con 8.792 --58 más--; Granada con 8.514 --31 más--; Cádiz con 6.026 --49 más--; Jaén con 4.820 --siete más--; Córdoba con 4.821 --23 más--; Almería con 3.986 --21 más--; y Huelva con 2.449 --tres más--.

De ellos, 5.663 han pasado por la UCI en Andalucía --19 más--, con la provincia de Sevilla a la cabeza con 1.129 --dos más--; seguida de Granada con 1.121 --tres más--; Málaga con 828 --ocho más--; Almería con 683 --dos más--; Cádiz con 668 --uno más--; Córdoba con 596 --tres más--; Jaén con 456 y Huelva con 182.

Finalmente, la cifra de curados alcanza los 608.314 en toda la región, 1.282 más en 24 horas, con Sevilla a la cabeza con 134.225 --302 más--, seguida de Málaga con 105.965 --288 más--; Granada con 90.056 --148 más--; Cádiz con 83.425 --178 más--; Córdoba con 55.402 --146 más--; Almería con 55.130 --53 más--; Jaén con 51.212 --94 más-- y Huelva con 32.899 --73 más--.

LA INCIDENCIA ACUMULADA BAJA EN GRANADA

Según los datos consultados en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), la incidencia acumulada en los últimos 14 días se sitúa de media en la región en 418,5 casos por cada 100.000 habitantes, con la provincia de Málaga a la cabeza con 705,9. Detrás se sitúan Cádiz con 463,8, Córdoba con 438, Granada con 368,2, Huelva con 367,3, Jaén con 293,6, Almería con 277,8 y Sevilla con 263,8.

Un total de 50 jóvenes de diversos países, culturas y creencias accederán a una beca completa que les permitirá formar parte de la primera promoción de la Escuela Política Fratelli Tutti (EPFT), un proyecto pedagógico que fue presentado mundialmente en Roma el pasado 20 de mayo en un acto con el Papa Francisco, y que arrancará el próximo mes de septiembre.

La beca da derecho a participar en las sesiones virtuales y presenciales que se desarrollarán durante 16 meses (hasta diciembre de 2022). Asimismo, cubre las sesiones presenciales que se realicen en distintos países del mundo, previsiblemente, entre cuatro y seis semanas.

Se trata de experiencias en comunidades donde los jóvenes podrán trabajar de manera conjunta la escucha y el desarrollo de soluciones a los desafíos que se encuentren. Cada una de ellas tendrá una semana de duración e involucrarán distintos espacios de trabajo con diversas comunidades de los países visitados, según informan.

Sus objetivos concretos son: profundizar el proceso de aprendizaje mediante la implementación de las habilidades y conceptos aprendidos en las sesiones online; adquirir nuevas habilidades y conocimientos mediante metodologías de aprendizaje fuertemente basadas en la experiencia; desarrollar la capacidad de la escucha como pilar de la formación política, mediante la inmersión en culturas y realidades periféricas, y proponer caminos de solución para las problemáticas que se trabajen en cada país con los lideres de la comunidad.

El director de la Escuela Política Fratelli Tutti, Juan Maquieyra, ha señalado que "la escuela se orienta a personas que estén desarrollando o quieran desarrollar capacidad de impacto en sus comunidades, para orientarlas hacia el bien común".

"El abanico de perfiles es amplio, por ejemplo, acogemos desde personas que participan en organizaciones civiles, ONG, asociaciones, personas que estudian políticas públicas o personas que desarrollan o quieren desarrollar emprendimientos sociales, entre otros", subraya.

Los jóvenes que deseen formar parte de la primera promoción podrán solicitar su admisión a través de la página web de EPFT (www.escuelapoliticafratellitutti.org) y, así, postular su candidatura para esta edición que realizará sus actividades entre septiembre de 2021 y diciembre de 2022. La convocatoria de solicitud de plaza para esta primera promoción estará abierta hasta el próximo 1 de agosto de 2021.

Los trabajos arqueológicos que se están llevando a cabo en la Alquería Falcó de València han sacado a la luz una lápida romana --probablemente datada entre los siglos II y III d.C.-- que incluye una inscripción completa en latín en que una mujer, de nombre Primitiva, se despide de su cónyuge, de nombre Hilaro, muerto a los 70 años.

La pieza, sobre base calcárea con base, campo epigráfico y remate moldurado, ha sido localizada en el transcurso de las tareas que el servicio de arquitectura y servicios centrales técnicos del Ayuntamiento de València, en colaboración con el servicio municipal de arqueología, realizan en la alquería.

El hallazgo se ha producido a los pies del muro de la fachada, muy próximo a la puerta principal, y la localización de esta lápida funeraria --en esta área septentrional de la ciudad romana y tan alejada del casco urbano-- hace pensar en algún tipo de instalación rural, de tipo 'villae', que dependería de la antigua Valentia, apuntan desde el consistorio.

Se trata, además, de la primera inscripción completa encontrada en la última década en las excavaciones de València. La pieza ya ha sido trasladada a las instalaciones del servicio municipal de arqueología, donde se procederá a su análisis y estudio.

Los expertos municipales consideran que recuperar una inscripción es siempre un acontecimiento "de gran interés para la comunidad científica, porque se trata de una fuente directa que nos habla de los habitantes primitivos de Valentia".

En este caso todo apunta que nos remite a unos personajes inicialmente de origen servil, esclavos o libertos, que estarían ejerciendo una tarea de responsabilidad en los trabajos de la explotación agraria de la villa romana.

HISTORIA LIGADA AL MUNDO RURAL

La concejala de Gestión de Recursos, Luisa Notario, ha explicado que "la rehabilitación de edificios con valor patrimonial debe ir acompañada de exhaustivos estudios arqueológicos e históricos que nos permiten concretar el tipo de rehabilitación pero que también nos aportan información muy valiosa sobre la historia de esta ciudad más ligada al mundo rural, que es importantísima, y que es imprescindible conocer y visibilizar".

"Desde el gobierno de Joan Ribó estamos haciendo un trabajo de recuperación del patrimonio arquitectónico rural de València y, en seis años, hemos intervenido en muchos edificios, como esta misma Alquería Falcó, para poder rehabilitarla y poner en valor y que pueda ser disfrutada, en primer lugar por el barrio, y después por toda la ciudadanía", ha aseverado.

"La rehabilitación de estas edificaciones ha sido objeto desde hace años de varias reivindicaciones vecinales y ahora está llevándose a cabo gracias al plan municipal de consolidación y rehabilitación de edificios con valor patrimonial que ya pusimos en marcha en 2015 y con el que ya hemos rehabilitado edificios históricos como la Alquería del Moro o el chalé de Aben al-Abbar, entre otros", ha recordado la edil.

El servicio de arquitectura, los servicios centrales técnicos y el servicio municipal de arqueología están realizando, durante los meses de junio y julio, un estudio histórico y evolutivo del edificio de la Alquería Falcó para, posteriormente, acometer el proyecto de rehabilitación integral del edificio.

Por eso se están realizando dos tipos de actuaciones, una centrada en el estudio de la arqueología muraria y otra en la excavación del subsuelo.

Los resultados obtenidos han permitido fijar un origen medieval de la alquería, conformada por dos edificios, constatar el crecimiento de los dos en las postrimerías del siglo XVII y su transformación hasta la actualidad.

La vivienda situada al este mantiene la estructura clásica del tipo "casa a dos manos". La planta baja se distribuye alrededor de un corredor central abierto, conocido tradicionalmente como "de carro".

El espacio da acceso al establo, situado al fondo, dejando a ambos lados las estancias privadas y las comunes. El "paso de carro" conserva un magnífico pavimento de baldosas en forma de espiga y pino mientras que en las estancias conservan pavimentos de mosaico hidráulico, al estilo de Nolla.

La planta superior está ocupada íntegramente por una "cámara", en cuyos muros se aprecian huellas de los anclajes de las camas para la cría de gusanos de seda, actividad que posteriormente fue abandonada por el cultivo del tabaco y otros productos agrícolas, especialmente la comercialización de la cebolla.

Por su parte, la vivienda de la parte oeste se encuentra muy transformada. Presenta el esquema del tipo denominado "casa a una mano", con "paso de carro" y varias estancias situadas en uno de sus lados.

Los estudios arqueológicos realizados muestran la evolución del edificio a lo largo de la Historia. En las diversas catas en subsuelo han aparecido restos de muros relacionados con el origen medieval de la alquería. Igualmente, se sabe que, a finales del siglo XVII, la alquería tenía dos alturas con una gran cámara en forma de "L", de cerca de 6 metros de altura.

Además, las catas realizadas en los muros han permitido identificar las diferentes técnicas constructivas del edificio a lo largo del tiempo, y también han dejado al descubierto vestigios de antiguas ventanas, arcos, aperturas y puertas tapiadas que nos facilitan la comprensión y lectura del edificio.

Otro elemento estudiado ha sido la conocida como torre de perdigones, adosada a la alquería, que constituye uno de los pocos ejemplares conservados a nivel nacional y el único de la Comunitat Valenciana, concluyen desde el consistorio.

Francisco Nicolás Gómez Iglesias, más conocido como 'El Pequeño Nicolás', ha sido condenado a 3 años de cárcel por delitos de usurpación de funciones públicas y cohecho activo, aunque se le ha apreciado una atenuante por "anomalía psíquica", por el viaje que hizo en agosto de 2014 a Ribadeo haciéndose pasar por un enlace entre Gobierno y Casa Real.

En concreto, la Sección 17ª de la Audiencia Provincial de Madrid ha impuesto a Francisco Nicolás una pena de 9 meses de prisión como autor de un delito de usurpación de funciones públicas con las atenuantes de "anomalía psíquica" y dilaciones indebidas, y de otros 2 años y 3 meses de cárcel por cohecho activo, apreciando las mismas atenuantes.

Además, ha recibido una pena de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante esos 3 años, así como una multa de 9 meses con una cuota diaria de 10 euros, con responsabilidad personal subsidiaria para caso de impago.

Durante el juicio, Gómez Iglesias sostuvo que su objetivo no era fingir que era una autoridad oficial, sino aparentar que era "una persona importante" para impresionar al presidente de ALSA, Jorge Cosmen, con quien había programado una reunión que tuvo lugar el 13 de agosto de 2014 en el Club Náutico de Ribadeo. "Quería tirarme el pisto", dijo.

Sin embargo, el tribunal "no tiene duda" de que Gómez Iglesias incurrió en un delito de usurpación de funciones, dando plena credibilidad al testimonio prestado en la vista oral por Cosmen. El empresario afirmó que 'El Pequeño Nicolás' usó el término de "enlace" entre Vicepresidencia del Gobierno y Casa Real.

Los magistrados creen las palabras de Cosmen porque hizo el esfuerzo de contactar con las instituciones a las que 'El Pequeño Nicolás' decía pertenecer para comprobar si realmente era "quien decía ser".

"Pero no solo eso", añade la Sección 17ª, valorando igualmente los demás testimonios, con los que se "puso de manifiesto la existencia de una suerte de representación tendente al extremo de aparecer en la localidad determinado personaje relevante --a la postre, Francisco Nicolás, no podía ser otro-- vinculado con la Casa Real".

En este punto, la Audiencia Provincial resalta la declaración del jefe de la Policía Municipal de Ribadeo, que dijo haber recibido una llamada telefónica solicitando "escolta" para la comitiva que acompañaría a la autoridad que visitaría la localidad gallega. De hecho, el joven, entonces de 19 años de edad, fue recibido por patrullas policiales que le guiaron hasta el Club Náutico.

"PAPEL FICTICIO"

Además, los magistrados recalcan que en el teléfono móvil y en el ordenador personal de Gómez Iglesias "existe un abundante rastro documental efectuado los días anteriores al propio viaje llamando tanto al Ayuntamiento como al Club Náutico" donde llevó a cabo su "papel ficticio".

La Audiencia de Madrid revela que en sus deliberaciones ha sopesado el argumento esgrimido por 'El Pequeño Nicolás' de que no habría delito porque el cargo que decía ostentar no existe en el organigrama del Estado.

No obstante, la Sección 17ª, "después de una profunda deliberación, entiende que dicho extremo no habría de impedir la estimación del tipo" delictivo para Francisco Nicolás.

"MANIFIESTA INMADUREZ"

El tribunal ha tenido en cuenta el "trastorno de la personalidad con características narcisistas" que le diagnosticaron los expertos forenses de los juzgados de Madrid que le sometieron a un examen psiquiátrico tras su detención.

"Solo desde la manifiesta inmadurez, propia de los pocos años y de la existencia de determinado trastorno que habría de generar una interpretación peculiar de la realidad, puede darse explicación a la actuación que protagonizó Francisco Nicolás", señalan los magistrados.

Aunque subrayan que, dado que todo este teatro requería cierta planificación, incluidos "importantes detalles", la limitación de facultades de Gómez Iglesias, de su "capacidad de entender", "no pasaría de leve", por lo que aprecian solo una circunstancia atenuante.

ABSUELTO DE FALSEDAD DOCUMENTAL

Al mismo tiempo, ha sido absuelto del delito de falsedad en documento público cometido por particular del que se le acusaba por, presuntamente, haber fabricado unas acreditaciones falsas del Ministerio de Interior para colocar en los coches de alta gama que alquiló para simular una comitiva oficial.

'El Pequeño Nicolás' también se ha librado del delito de malversación de caudales públicos por el que estaba señalado junto al policía municipal de Madrid Jorge González.

González y el policía municipal de Torrijos (Toledo) Carlos Pérez fueron juzgados con Francisco Nicolás por, supuestamente, servirle de escolta, facilitarle los dispositivos policiales usados en el viaje --rotativos luminosos y pinganillos-- y haber cobrado por ello.

Finalmente, el municipal madrileño ha sido condenado por un delito de cohecho pasivo a 3 años de prisión, a una multa de 1 año con una cuota diaria de 4 euros y a dos penas de inhabilitación especial: una para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante 3 años y otra para el empleo de policía durante 7 años.

El agente de Torrijos, en cambio, ha sido absuelto de cohecho pasivo. Además, ambos policías han quedado libres de los delitos de usurpación de funciones públicas que se les imputaban.

Por último, los magistrados han condenado en costas a Gómez Iglesias, ordenándole el pago de un tercio de las mismas, y a González, que tendrá que abonar una octava parte, incluyendo en ambos casos las generadas por la acusación particular. El resto de costas han sido declaradas de oficio.

SEGUNDA CONDENA

Esta es la segunda condena que recibe 'El Pequeño Nicolás', aunque todavía no es firme porque contra este fallo es posible presentar recurso de casación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

El pasado mes de junio, la Audiencia de Madrid dictó la primera condena contra Gómez Iglesias al imponerle una pena de 1 año y 9 meses de cárcel como autor de un delito de falsedad en documento oficial por falsificar un DNI para que un amigo le hiciera el examen de Selectividad de 2012.

Entonces, la Sección Séptima rechazó la eximente de alteración psíquica que alegaba la defensa del joven porque durante el juicio no se practicó prueba alguna sobre este aspecto.

En julio de 2018, la Audiencia Provincial le absolvió de un delito de injurias y calumnias contra el CNI, del que le culpaban por acusar al organismo de 'pinchar' su teléfono ilegalmente, en un caso donde la defensa alegó trastornos mentales para declarar su inimputabilidad.

Ventilados ya estos tres asuntos, Gómez Iglesias espera la resolución de otros casos, algunos relacionados con el ex comisario José Manuel Villarejo, por los que se enfrenta a delitos de estafa, revelación de secretos o integración en grupo criminal, entre otros.

El caso Imelsa acelera y prevé sentar el próximo año en el banquillo a los primeros acusados por una de las piezas de este procedimiento, seis años después de practicarse las primeras detenciones --en 2014 Esquerra Unida llevó a la Fiscalía unas grabaciones con las supuestas irregularidades y en enero de 2016 se hicieron los primeros arrestos--.

Así consta en la diligencia, que ha dictado la sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia en relación con las supuestas irregularidades en adjudicaciones a la empresa Thematica Events.

El tribunal, tras la apertura de juicio y los escritos de acusaciones y defensas, ha citado en septiembre a las partes de esta pieza para resolver la admisión de pruebas pendientes y determinar el contenido de las sesiones del juicio, que tendrá lugar entre mayo y junio en la Sala Tirant, en 19 sesiones.

Se trata de la primera pieza del procedimiento sobre la que se dictó auto de procesamiento por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil y en oficial realizado por funcionarios, fraude en la contratación y blanqueo de capitales.

En esta pieza están investigados, entre otros, el que fuera gerente de la empresa pública Imelsa Marcos Benavent --el autodenominado 'yonki del dinero'--, para quien la Fiscalía pide 8 años y tres meses de cárcel; el exvicepresidente de la Diputación de Valencia y exalcalde de Moncada con el PP, Juan José Medina --cinco años--, y Rafael García Barat, administrador de Thematica Events --siete años--.

Fiscalía enmarca los hechos delictivos dentro de la "operativa criminal" diseñada para el presunto desvío de fondos públicos utilizando la empresa pública Imelsa --actual Divalterra--, por parte de sus dirigentes, entre ellos Marcos Benavent, gerente de dicha empresa por decisión del expresidente 'popular' de la Diputación de València, Alfonso Rus. El propio Benavent reconoció que, para sus fines personales y del partido político al que pertenecía, utilizó, entre otras vías, a la sociedad Thematica Events, cuyo administrador único desde su constitución es Rafael García Barat.

Acerca del supuesto desvío de fondos públicos desde Imelsa para el abono de las campañas electorales del Partido Popular en las elecciones municipales de 2007 y en las generales del año 2008, el ministerio público cree que para los comicios municipales de mayo de 2007, Thematica Events realizó actos de campaña electoral del PP de Juan José Medina por importe de 11.782,77 euros (IVA no incluido) que habrían sido abonados por Imelsa a través de elevar costes ficticios en facturación real con la empresa, teniendo "pleno conocimiento" de ello tanto Marcos Benavent como Juan José Medina, que ostentaba el cargo de coordinador de campaña del Partido Popular y vicepresidente de la Diputación Provincial de Valencia".

Dentro de las mismas elecciones municipales, Thematica Events realizó trabajos de campaña electoral para el candidato popular a la alcaldía de Vilamarxant, Vicente Betoret, --contra el que no se dirige acusación al estar los hechos prescritos para él, apunta el fiscal-- que habrían sido abonados por Imelsa y ocultados al Tribunal de Cuentas en las cuentas que deben presentar los partidos como gastos electorales.

***La causa también se refiere a la adjudicación "amañada" del contrato de Bibliobús de los años 2008 y 2009 con la Concejalía de Cultura --en aquel momento dirigida por la ya fallecida María José Alcón-- del concierto "fraudulento" del año 2010 para este servicio. En esta contratación predeterminada participaría también la sociedad Liberty Iceberg, cuyo administrador y socio único era Rafael García Barat.

En este caso, la fórmula descrita consistió en, aunque el importe real de la contratación era de más de 89.000 euros, "trocear cada una de las adjudicaciones de un único objeto contractual para evitar la libre concurrencia y publicidad".

Thematica participó también en 'Metamorphosis', un espectáculo audiovisual encuadrado entre las acciones que, por parte de Imelsa en colaboración con el MuVIM, se llevaron a cabo como promoción de árboles monumentales. El coste asumido finalmente por Imelsa como consecuencia del espectáculo contratado ascendió a 234.645 euros, aunque el enriquecimiento, según Anticorrupción, fue para la empresa elegida por Marcos Benavent para hacerse con los beneficios de dicha contratación.

De esta forma, Thematica no habría hecho más que subcontratar los servicios "obteniendo importantes beneficios en perjuicio de la empresa pública al realizar un sobrecoste en parte de las facturaciones asumidas finalmente por Imelsa".

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo tiene ya sobre la mesa el primer recurso sobre la aplicación de los últimos toques de queda derivados de la quinta ola de la pandemia, concretamente el presentado por el Gobierno de Canarias después de el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) denegara la petición realizada para establecer dicha limitación de movilidad entre las 00.30 y las 06.00 horas en los niveles 3 y 4 de riesgo por contagio de covid en las islas.

Así lo han señalado fuentes jurídicas que señalan que, al igual que ocurrió con la primera tanda de recursos por restricciones que se resolvieron a finales del pasado mes de mayo, el primer paso consistirá en solicitar la opinión de la Fiscalía antes de resolver.

Como novedad, el alto tribunal cuenta ahora con los argumentos de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre las limitaciones de derechos que se aplicaron con el primer decreto de estado alarma, un instrumento jurídico que este órgano considera que fue insuficiente para justificar las restricciones de "alta intensidad" de los derechos de circulación y reunión aplicadas en dicho momento.

CIERRE PERIMETRAL EN JAÉN

Además del recurso de Canarias, la Sala Tercera (de lo Contencioso) del Supremo también tiene sobre la mesa un recurso de la Junta de Andalucía contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de no avalar la orden de la Consejería de Salud del 7 de julio por la que se decretaba el cierre perimetral de Peal de Becerro (Jaén) al registrar una tasa de incidencia superior a los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes.

Respecto a los toques de queda, en una de sus sentencias de la pasada primavera el Supremo acordó levantar el aplicado entonces en Balerares y argumentó que este tipo de medidas restrictivas de derechos adoptadas por las comunidades autónomas una vez levantado el estado de alarma, por ser tan severas y extensivas, requerirían de una ley específica que les de cobertura y les preste la suficiente seguridad jurídica. Se argumentó que, a mayor severidad de las restricciones, mayor ha de ser la justificación

De este modo el Supremo validaba, en términos generales, que la Ley de 1986 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública puede servir para limitar algunos derechos fundamentales en relación con la situación sanitaria. Sin embargo, también exigían una justificación por parte de los gobiernos autonómicos que "esté a la altura de la intensidad y la extensión" de las restricciones que se acuerden.

Se trataba de las primeras sentencias que se dictaron haciendo uso del nuevo recurso de casación creado por el Gobierno para afrontar las restricciones por covid 19 una vez levantado el estado de alarma.

Concluían que será necesario examinar cada medida y valorarla atendiendo a la luz de los criterios extraídos de estos preceptos, si cumplen las exigencias de adecuación, necesidad y proporcionalidad. En definitiva, la legislación sanitaria sí autoriza la limitación de la libertad de circulación siempre que se den las condiciones por ella previstas". Ahora habrá que ver la influencia que los posicionamientos del Tribunal Constitucional tienen en las nuevas resoluciones que se dicten por el Supremo sobre las restricciones de las comunidades autónomas.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto que va a permitir la venta de test de autodiagnóstico, es decir, de antígenos o de anticuerpos, contra la COVID-19 en farmacias sin necesidad de receta.

En rueda de prensa, la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha calificado esta decisión como "una medida muy reclamada y deseada", y ha felicitado al Ministerio de Sanidad por el acuerdo alcanzado con los colegios de farmacéuticos y la industria farmacéutica.

Rodríguez ha resaltado que con su venta sin receta se permite a los ciudadanos hacer, "a título personal, un ejercicio de prevención" ante posibles contagios. En cualquier caso, ha insistido en que si el test da positivo se debe acudir al centro de salud para "chequear de nuevo" el diagnóstico y poder registrarlo ante el sistema sanitario.

En comparecencia ante la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados, Darias reivindicó la semana pasada que "se hace necesario aumentar la capacidad diagnóstica para identificar de forma más rápida sospecha de casos positivos e incluso de asintomáticos, como está ocurriendo en la población de 12 a 29 años, y controlar de la manera más eficaz posible la progresión de la pandemia.

"La exigencia de prescripción constituía una barrera", admitió la ministra. Este Real Decreto-Ley recibió el pasado viernes 8 de julio el preceptivo dictamen positivo del Consejo de Estado.

Darias justificó por qué en España han tardado tanto tiempo en llegar estas pruebas diagnósticas, en contraste con otros países europeos como Francia o Alemania, donde se pueden adquirir en farmacias, sin prescripción y a módicos precios, desde hace meses.

"Hasta que no teníamos la existencia de test de autodiagnóstico con marcado CE no podíamos autorizarlo. Estábamos esperando la llegada al mercado. Tan pronto llegaron nos pusimos en marcha con la tramitación del Real Decreto-Ley, que tiene su proceso. También estábamos esperando al dictamen del Consejo de Estado", explicó.

Según las cifras aportadas por Darias, habrá disponibles hasta cinco test con marcados CE y otros 11 con marcado en Europa, mientras que otros 39 están en investigación.

DETALLES DEL REAL DECRETO

El borrador de la nueva norma de Sanidad, publicado en mayo, justifica que "la disponibilidad de pruebas de autodiagnóstico para la COVID-19 permitirá a la población general la realización de las pruebas sin la intervención de un profesional sanitario, lo que por un lado reducirá en cierta medida la presión asistencial de los centros sanitarios y permitirá la identificación rápida de sospechas de casos positivos".

De la misma forma, el Ministerio reconoce que la crisis sanitaria por la COVID-19 "hace necesario aumentar la capacidad diagnóstica del Sistema Nacional de Salud, con objeto de identificar de forma rápida sospechas de casos positivos, para tomar las medidas adecuadas y así controlar eficazmente la progresión de la pandemia y al mismo tiempo atender a los afectados por la pandemia y ayudar a su recuperación".

"Teniendo en cuenta que la exigencia de prescripción para la venta al público de estos productos constituiría una importante barrera para su uso, es conveniente incluirlos entre los productos de autodiagnóstico exceptuados de la necesidad de prescripción para su adquisición en farmacias", explicó el Ministerio en su borrador.

Respecto a la repercusión que para la economía pueda producir la aprobación del Real Decreto-Ley, Sanidad considera que "aumentar la capacidad diagnóstica del Sistema Nacional de Salud, con objeto de identificar de forma rápida sospechas de casos positivos, ayudará a controlar eficazmente la progresión de la pandemia y, por lo tanto, a la disminución de las restricciones de movilidad y a la reanudación de las actividades normales.

Tras aprobarse esta norma, las pruebas de autodiagnóstico de la COVID-19 se unirán a otros test que tampoco necesitan receta, como los del embarazo y de la fertilidad, así como los destinados a la determinación de la glucemia o la detección del VIH. Al igual que estos productos, los test para detectar la COVID-19 podrán tendrán permitido realizar publicidad.

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha criticado este martes que el Gobierno liderado por Pedro Sánchez esté centrado en "mirar atrás" con la Ley de Memoria Democrática que ha aprobado el Consejo de Ministros y no se ocupe de los "muchos problemas" que tienen en el momento presente los españoles, como el hecho de que el precio de la luz esté en máximos históricos. A su entender, "mirar hacia atrás" no va a dar "ni futuro ni esperanza".

"Lo que España necesita no es un Gobierno que esté mirando al pasado y que busque enfrentar y dividir españoles, reescribir la historia, sino que necesitamos un Gobierno que dé soluciones a los problemas reales que tenemos los españoles", ha declarado Gamarra tras reunirse en el Congreso junto al presidente del PP, Pablo Casado, con los sindicatos de Cuerpo Nacional de Policía y asociaciones de la Guardia Civil.

Gamarra ha asegurado que es "necesario mirar hacia adelante" y ha añadido que por eso el PP apuesta por una Ley de Concordia cuando llegue al Gobierno, como anunció este lunes Casado desde Ávila y que van a registrar también en la Cámara Baja. El presidente del PP confirmó este lunes que si llega a Moncloa sustituirá esa Ley de Memoria por una Ley de Concordia.

EL PP PLANTEA UNA LEY DE CONCORDIA

En este sentido, Gamarra ha explicado que esa Ley de Concordia "forma parte del compromiso de gobierno" del PP "cuando los españoles le dén esa oportunidad de gobernar". "Esa ley lo que quiere es mirar hacia el futuro y hacerlo desde la concordia, que significa el reconocimiento de lo que la Transición ha supuesto para la historia de España y para la convivencia entre los españoles", ha manifestado.

La portavoz del Gripo Popular ha recalcado que en este momento los españoles tienen "muchísimos problemas" porque, por ejemplo, en el día de hoy "se ha batido el récord del precio de la luz" y en mayo "se batió también el récord de la deuda pública".

En este punto, ha censurado que "ante esa crisis que supone la factura de la luz", el Gobierno no ofrezca "respuesta" cuando lo que "necesitan" los españoles es que se encargue de dar "soluciones a los problemas reales" que tienen en el momento presente. "Hoy los españoles ven cómo su factura de la luz va a subir un 35% en relación a la factura de este mismo mes el año pasado", ha enfatizado.

Gamarra ha recalcado que personas que están ahora en el Gobierno "se llevaban las manos a la cabeza" cuando estaban en la oposición y el recibo de la luz subía un 5% o un 7%, mientras que ahora "permanecen impasibles ante una subida del 35%".

EL GOBIERNO PLANTEA "PARCHES"

Es más, la portavoz parlamentaria del PP ha señalado que las medidas que ha aprobado el Gobierno son "solo parches" y ha subrayado que no tiene "soluciones". "El PP sí tiene soluciones a los problemas reales que tienen los españoles", ha proclamado.

Gamarra ha insistido en que un Gobierno "serio y responsable" debería estar centrado en dar soluciones a la subida de la luz para "no dejar a nadie atrás en el camino pero, a su juicio, "no es capaz de tomar las riendas ni de dar soluciones a los problemas" de los ciudadanos.

Tras asegurar que "mirar hacia atrás" no va a dar "ni futuro ni esperanza", ha señalado que el actual Gobierno empienza a "hacer aguas y tiene muy poco recorrido". Por eso, ha dicho que el presidente del Gobierno debería convocar elecciones para que los ciudadanos se pronuncien en las urnas.

SE REMITE A LA RESOLUCIÓN DE 2002 APROBADA EN EL CONGRESO

Al ser preguntado por las declaraciones el exministro de UCD Ignacio Camuñas asegurando, delante de Pablo Casado, que lo que ocurrió en 1936 no es un golpe de Estado, Gamarra ha señalado que el presidente del PP "ha sido siempre muy claro y muy rotundo en relación con la Guerra Civil" y ha añadido que ahí está la hemeroteca con sus declaraciones.

Además, ha recordado que en 2002, cuando el PP tenía mayoría absoluta, promovió y respaldó una "resolución histórica" en el Congreso que "condena la Guerra Civil y establece claramente cuál es el marco de lo que pasó en ese momento en España". Según ha agregado, el PP no se ha "movido ni un ápice" de esa resolución desde entonces.

Juana Rivas, la madre de Maracena (Granada) condenada a dos años y seis meses de prisión por la sustracción de sus dos hijos menores, tendrá que ingresar de nuevo en el Centro de Inserción Social (CIS) Matilde Cantos de Granada, después de que el Juzgado haya estimado parcialmente el recurso de la Fiscalía contra la concesión del tercer grado que desde el pasado 15 de junio le ha permitido cumplir condena en su domicilio con control telemático.

La defensa de Juana Rivas ha avanzado que ella "cumplirá rigurosamente" esta orden, aunque usarán todas las vías legales para "corregir esta situación" que califican de "enormemente injusta" y pedirán que se agilice la petición de indulto que han solicitado al Gobierno para esta madre, que ha sido condenada por el Tribunal Supremo después de que en 2016 se fuera con sus dos hijos de Italia sin el consentimiento paterno, llegando a pasar en verano de 2017 un mes en paradero desconocido con ellos incumpliendo las resoluciones judiciales que le obligaban a entregárselos al padre, al que acusa de malos tratos.

Según ha precisado su letrado, Carlos Aránguez, ha sido este mismo martes a las 12,00 horas cuando les han comunicado, a través de una llamada telefónica, que Rivas debía volver a ingresar en el CIS para cumplir condena, después de que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Granada haya estimado parcialmente el recurso interpuesto por la Fiscalía.

AUTO JUDICIAL

En el auto, el juez acuerda concretamente que se mantenga el tercer grado penitenciario, pero en la modalidad establecida en el artículo 82.1 del Reglamento Penitenciario, esto es, con un horario diario que establezca el CIS; así como con restricciones en las salidas de fin de semana a dos al mes.

También indica el juez la necesidad de que Juana Rivas se someta a un programa de tratamiento específico "tendente a lograr la plena concienciación de los derechos de la infancia en toda su amplitud y el escrupuloso respeto que debe presidir toda actuación en las relaciones paterno filiales y el obligado respeto que se debe al cumplimiento de las resoluciones judiciales firmes".

La Fiscalía había pedido que se le revocara el tercer grado por entender que Juana Rivas "no asume el carácter delictivo de los hechos por los que cumple condena" y por tanto "no puede hablarse de una evolución favorable al régimen de semilibertad" que se le había concedido, y pidió que se le clasificara en segundo grado penitenciario. Junto a ello el Ministerio Fiscal advertía de que Juana Rivas no ha superado ningún programa específico de tratamiento, pues "no había existido tiempo para ello", dado que ingresó en el CIS el 11 de junio --viernes-- y el 14 de junio --lunes-- "ya se le había concedido desde Madrid", la clasificación en tercer grado en la modalidad telemática y quedó en libertad.

LA RESOLUCIÓN

En la resolución, contra la que cabe recurso, se señala que tras examinar todos los informes de Juana Rivas "nada se opone por ahora a la clasificación inicial en tercer grado de tratamiento".

No obstante en el auto el juez se muestra de acuerdo con la Fiscalía en que existe "una inusual premura en la clasificación, que ciertamente no es contraria a la ley y sería deseable se pudiese producir en todos los supuestos", pero destaca algunas lagunas como la gravedad de los hechos objeto de la condena (sustracción de menores), la existencia de un delito que precisa de un alto grado de planificación (como así se deduce de la propia ejecutoria), delito cometido contra los derechos de la infancia y pluralidad de víctimas especialmente desprotegidas".

También, prosigue el auto, "observamos del informe psicológico aportado que la asunción de la responsabilidad no excluye una falta de asunción del delito, se arrepiente del modo empleado dice el informe, lo que denota al menos una asunción muy deficitaria y, por supuesto mantiene tal asunción con justificaciones. Eso hace que deba ser aplicado un tratamiento tendente a la consecución de la plena reeducación para lograr el fin último de la pena, la reinserción", sin olvidar el fin retributivo de la pena y los fines de prevención general y especial "que no pueden verse dañados o quedar absolutamente desdibujados".

Por todo ello, indica la resolución, "la propuesta de la junta de tratamiento de clasificar a la penada en tercer grado de tratamiento en la modalidad establecida en el artículo 82.1 del CP, fue ponderada, adecuada y ajustada a derecho, por lo que el recurso ha de ser parcialmente estimado en tal sentido". Es decir, acordar la clasificación de Juana Rivas en tercer grado de tratamiento en la modalidad de vida restringida que se establece en el artículo 82.1 del Reglamento Penitenciario.

Así, se deja sin efecto la aplicación del artículo 86.4 del Reglamento Penitenciario, "que en modo alguno se justifica en la resolución que se combate por el Ministerio Fiscal, pues no existe ni una sola razón laboral, personal, tratamental o familiar que permita o tan siquiera aconseje la aplicación de un régimen de vida que se asemeja por su alta cota de libertad a la libertad condicional", concluye el juez.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en València a un hombre de 27 años tras presuntamente golpear a su mujer, impedirle salir de la vivienda y amenazar con quemar a los hijos de ambos, de tres y un año de edad. El arrestado también agredió a los policías que lo detuvieron.

Los hechos ocurrieron en una vivienda situada en el distrito valenciano de Exposició. Según averiguaron los agentes, la mujer le dijo a su marido que le ayudase con las tareas del hogar, momento en el que este se puso agresivo y tiró los muebles del salón.

Seguidamente, cogió un cuchillo de la cocina, introdujo a la mujer en una habitación y la amenazó afirmando que la mataría antes de ir a la cárcel. Además le dijo que si iba a la Policía quemaría a sus hijos y después se mataría.

El sospechoso también propinó puñetazos a la víctima en la cara y en la cabeza, así como patadas en el estómago y en el hombro y golpes en la boca. El ahora detenido también impidió a su mujer salir del domicilio, afirmando que si abandonaba la vivienda la mataría, para acto seguido salir él del piso junto a los niños.

Por todo lo anterior, los agentes, en cuanto tuvieron constancia de estos hechos, acudieron al domicilio para detener al presunto agresor. Este les abrió la puerta con su hija de un año agarrada fuertemente del brazo.

Cuando se identificaron y supo que iba a ser arrestado, opuso gran resistencia, utilizando a la bebé como "escudo" entre él y los policías, relata la Jefatura Superior en un comunicado.

UN POLICÍA ASISTIDO

Los agentes pusieron a salvo a la bebé y, seguidamente, intentaron reducir al hombre, que les propinó patadas y rodillazos, llegando a lesionar a uno de ellos, que requirió asistencia sanitaria.

Finalmente, los agentes lo detuvieron como presunto autor de un delito de malos tratos en el ámbito familiar y atentado a agente de la autoridad.

El arrestado, un hombre de origen argelino con antecedentes policiales y en situación irregular en España, fue detenido como presunto autor de un delito de malos tratos en el ámbito familiar y atentado a agente de la autoridad. Ha pasado a disposición judicial y se ha decretado la prohibición de acercarse y comunicarse con la víctima.

Centenares de personas se han echado este martes a la calle en Burgos para sumarse a las celebraciones de los 800 años de la colocación de la primera piedra de la Catedral de Santa María.

La programación, adaptada a las restricciones de la autoridad sanitaria, se ha desarrollado en la plaza del Rey San Fernando tras una celebración litúrgica en el interior de la Seo, presidida por el arzobispo Mario Iceta, quien ha asegurado que tras siete meses y medio en el cargo, ya se siente un burgalés más.

Al acabar la misa conmemorativa del octavo centenario, las autoridades asistentes se han unido a una representación de la sociedad civil y militar de la ciudad que aguardaba en los exteriores del templo.

El calor de la jornada ha provocado que agentes de Policía y voluntarios de Protección Civil desplegados en la zona hayan tenido que intervenir para asistir a varias personas que han sufrido desvanecimientos.

La Patrulla Águila, sobrevolando la Catedral y dejando tras de sí un reguero con los colores de la bandera de España, ha abierto las celebraciones, que han proseguido con el baile de una jota burgalesa interpretada por 150 dulzaineros.

Engalanada para la ocasión con los colores del Camino de Santiago que discurre en paralelo por una de sus fachadas, la Seo ha sido testigo también del tradicional baile de gigantillos y gigantones, así como de varias interpretaciones musicales.

Los actos, en los que ha participado una representación de todos los arciprestazgos de la Diócesis, han finalizado con las intervenciones de las principales autoridades de la ciudad y provincia.

PROVINCIA

Así, el presidente en funciones de la Diputación de Burgos, Lorenzo Rodríguez, ha destacado la importancia de las celebraciones para la provincia y, tras poner en valor el papel de la localidad de Hontoria de la Cantera para suministrar de piedra la construcción de la Catedral, ha tenido palabras de recuerdo para todos los burgaleses víctimas de la COVID-19.

Tras él, ha pronunciado su discurso el alcalde de la ciudad, Daniel de la Rosa, quien ha sostenido que "la Catedral es más que un edificio" que con el paso de los años se ha reafirmado como "el sueño de millones de personas".

De la Rosa ha puesto en valor el templo, al que ha definido como una "maravilla gótica" y ha señalado que hace un siglo comenzaba a tornarse lo que se ha consolidado como la realidad de la ciudad, su principal monumento.

El arzobispo de Burgos, Mario Iceta, ha cerrado el turno de intervenciones enfatizando la importancia de la efeméride, cuyos actos conmemorativos proseguirán en los próximos días y meses de la mano de la fundación 'VIII Centenario de la Catedral. Burgos 2021'.

Entre los asistentes a los actos conmemorativos se encontraban el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; el presidente de las Cortes Autonómicas, Luis Fuentes; y el presidente del Senado, Ander Gil, así como una amplia representación de diputados y senadores y representantes de diferentes estamentos.

La Catedral de Burgos, declarada Patrimonio de la Humanidad en 1984, se construyó sobre un templo romántico anterior y es considera por los expertos como el mayor exponente del arte gótico de España.

Actualmente, forma parte de los reconocimientos de la Unesco en la provincia, donde además de la Seo, el Camino de Santiago, los yacimientos arqueológicos de la Sierra de Atapuerca y el geoparque de Las Loras, gozas de la declaración de Patrimonio de la Humanidad, que también dispone la ciudad, en su categoría inmaterial, por su gastronomía.

Un jurado popular de la Audiencia Provincial de Madrid ha declarado culpable de asesinato y amenazas al acusado de acabar en septiembre de 2018 con la vida de su expareja acuchillándola en la peluquería donde trabajaba porque éste no aceptaba la ruptura de la relación, han informado fuentes jurídicas.

En el veredicto, los nueve miembros del tribunal del jurado han dado por probado los hechos ocurridos el 10 de septiembre de 2018 en la peluquería donde trabajaba la víctima, en el distrito de Villaverde.

La Fiscalía de Madrid solicitó en el juicio 27 años de prisión por los delitos de asesinato, amenazas graves y en concepto de responsabilidad civil le reclama 90.000 euros de indemnización para los padres de la víctima y otros 150.000 euros para su hija.

En su escrito, el fiscal relata que, tras la decisión de la víctima de romper la relación sentimental y de convivencia que mantuvieron durante tres años, el agresor no lo aceptó ya que "de forma insistente y amenazante le requería para reanudar la relación, lo que provocaba temor en la víctima, que pese a no a atreverse a denunciar, se mantenía firme en su negativa".

Fue en el mes de junio de 2018 cuando la mujer optó por romper la relación de pareja que mantenía con el acusado. Dos meses después, cuando la víctima se encontraba en la terraza de un bar, su expareja le abordó y, "con ánimo de amedrentarla y perturbar su sosiego y tranquilidad", le conminó a reanudar la relación porque en caso contrario "causaría daño a su familia".

Esta advertencia ocasionó en la mujer un "gran" temor puesto que tenía una hija de solo cuatro años de edad fruto de una anterior relación sentimental.

Pese a la insistencia del acusado, la víctima no dio marcha atrás a su decisión inicial. Así que, el 10 de septiembre de ese mismo año, G. M.M. se presentó cuchillo en mano en la peluquería donde trabajaba su expareja.

"Aprovechando que la misma se encontraba sola, sin posibilidad de defensa, de forma súbita e inopinada se dirigió a ella con la intención de acabar con su vida, le asestó varias puñaladas con el cuchillo que portaba que le alcanzaron en el cuello, pecho, abdomen y brazos, causándoles la muerte", señala el fiscal.

La Consejería de Educación y Formación Profesional mantendrá como obligatorio el uso de la mascarilla en el interior de las aulas y también en los espacios exteriores de los centros educativos en el arranque del curso 2021-2022 ante la "dificultad" de garantizar una distancia interpersonal de 1,5 metros.

Sin embargo, permitirá actividades al aire libre, como recreos, compartidas por el alumnado de distintas clases o cursos, en función del número de alumnos, y flexibiliza la celebración de actividades extraescolares y complementarias.

Estas son algunas de las medidas que regirán el próximo curso y que la titular de la Consejería, Marina Lombó, ha detallado hoy a la comunidad educativa en una sucesión de reuniones celebradas vía telemática.

A partir de ahora, se recibirán las aportaciones de todos los agentes educativos, con la idea de cerrar definitivamente el borrador antes de finales de julio y remitírselo a la Dirección General de Salud Pública para su aprobación definitiva. Será entonces cuando se publique en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), ha informado el Gobierno en un comunicado.

Según ha resumido Lombó, a grandes rasgos, se "mantiene la organización de los centros en interiores, se flexibiliza en exteriores y se favorece la celebración de actividades extraescolares y complementarias".

Todo ello, gracias al avance de vacunación y al conocimiento "mayor" que se tiene hoy del virus, que hace, por ejemplo, que "no tenga ningún sentido prohibir que los niños compartan materiales de juego o funcione el préstamo de libros en las bibliotecas y, sin embargo, sí esté absolutamente clara la necesidad de la ventilación cruzada, el uso correcto de la mascarilla y mantener el sistema de rastreo".

El documento se ha realizado en base a la 'Propuesta de medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente al COVID para centros educativos para el curso 2021-2022', elaborado conjuntamente por los ministerios de Sanidad y Educación, y elevado posteriormente a Declaración de Actuaciones Conjuntas, de obligado cumplimiento, por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Así, aunque Lombó ha asegurado que su departamento "está abierto" a las sugerencias de la comunidad educativa, los cambios deberán tener en cuenta esas normas de obligado cumplimiento que ya recoge la propuesta de la Consejería.

COORDINADOR COVID

El protocolo mantiene gran parte de las medidas implantadas el pasado curso como, entre otras, toma de temperatura, ventilación (preferentemente cruzada), refuerzo de la limpieza, planes de contingencia, la declaración responsable que habrán de firmar todas las familias, y la necesidad de que cada centro nombre un coordinador COVID para el funcionamiento del 'corredor educativo' que las consejerías de Sanidad y Educación se han comprometido a mantener hasta el final de la crisis sanitaria.

La mascarilla será, de nuevo, obligatoria a partir de los seis años y aconsejable de tres a seis, salvo los momentos de ingesta de alimentos y bebida y la práctica de Educación Física y otras actividades siempre y cuando se desarrollen al aire libre y se pueda garantizar una distancia de, al menos, 1,5 metros.

Habrá, de nuevo, grupos estables de convivencia hasta sexto de Primaria -y opcionales en el resto de etapas y enseñanzas- y entradas y salidas escalonadas.

Sin embargo, sí se flexibilizan las actividades al aire libre. El texto establece que en escenarios de trasmisión de riesgo bajo, se permite la interacción entre grupos en actividades al aire libre, tales como recreos, actividades deportivas, proyectos, etcétera.

En el caso de Infantil y Primaria, los centros fijarán antes del inicio de curso los grupos de convivencia estable que interactuarán entre sí al aire libre y se mantendrán fijos por periodos lectivos. En concreto, podrá interactuar todo el alumnado de un mismo curso en centros con tres o más líneas por curso, de dos niveles distintos en los de hasta dos líneas, todos los de la misma etapa en centros de una sola línea y, finalmente, en escuelas unitarias y Centros Rurales Agrupados, todo el alumnado del centro.

Estas mismas agrupaciones regirán para las salidas fuera de centro que, a diferencia del pasado curso, sí están permitidas, exceptuando aquellas que impliquen pernocta. Una decisión que, avanza el borrador de protocolo, se revisará periódicamente.

También se flexibiliza la celebración de las actividades extraescolares, que el pasado curso estaban permitidas, pero habían de respetar los grupos estables de convivencia establecidos para las aulas, extremo que, en la práctica, dificultó su celebración.

Ahora, cuando no sea posible mantener esos grupos, se organizarán nuevos grupos estables específicos para estas actividades que serán fijos. Los organizadores de estas actividades deberán informar al Coordinador COVID de los centros de estas agrupaciones, para facilitar el rastreo si se detecta un positivo entre los participantes.

Del mismo modo, este próximo curso se abre la posibilidad de que acceda al centro educativo el personal que estime conveniente el equipo directivo para el desarrollo de iniciativas relacionadas con actividades complementarias, la acción tutorial o el Proyecto Educativo de Centro.

En estos casos, además de respetar todas las medidas establecidas, el centro deberá guardar un registro diario de quiénes entran al recinto escolar y están en contacto con el alumnado.

Se retoman también las reuniones presenciales con las familias, para facilitar el seguimiento del alumnado, así como las reuniones presenciales de los órganos colegiados de gobierno de los centros, las asociaciones de padres y madres y las de alumnos, siempre respetando las medidas de prevención.

La consejera, acompañada por la secretaria general de su departamento y la directora general de Innovación e Inspección Educativa, Florentina Alonso y Mercedes García, respectivamente, se ha reunido con los comités de directores de Educación Infantil y Primaria, Educación Secundaria y Educación Concertada y con las organizaciones sindicales que conforman la Junta de Personal Docente.

A lo largo de la jornada están programados encuentros también con el Comité de Empresa, el Comité de Seguridad y Salud, la Mesa de las Familias (FAPA y CONCAPA) y la Mesa de la Educación Concertada.

Marbella (Málaga), Conil de la Frontera y Tarifa (Cádiz), y Villanueva de Córdoba y Pozoblanco (Córdoba) son los municipios andaluces de más de 5.000 habitantes que superan este martes 20 de julio la tasa de 1.000 casos de Covid-19 por cada 100.000 habitantes en 14 días fijada por la Junta como criterio para decretar cierre perimetral con aval judicial, a 24 horas de que los comités provinciales de alerta de salud pública se reúnan para revisar las restricciones vigentes por municipios.

El miércoles pasado, la Junta de Andalucía decidió no proponer restringir la libertad de movimiento y el cierre de actividad no esencial de ningún municipio de la comunidad autónoma al revisar, como cada semana, la situación epidemiológica de cada uno de ellos, a pesar de que en esa semana cinco municipios con más de 5.000 habitantes superaban la tasa de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días.

Fue la segunda vez que se dio esta circunstancia desde que el pasado 9 de mayo decayó el estado de alarma que el Gobierno de España decretó por segunda vez para el conjunto del país en lo que va de pandemia de Covid-19 para frenar la expansión de contagios.

De acuerdo con los últimos datos actualizados por la Consejería de Salud, 29 municipios superan la tasa de 1.000 casos en 14 días --uno menos que hace siete días--, pero sólo cuatro de ellos cuentan con más de 5.000 habitantes, Tarifa (tasa de 1.050), Conil de la Frontera (1.102), Villanueva de Córdoba (1.199), Pozoblanco (1.029) y Marbella (1.048).

OTROS 24 MUNICIPIOS CON MÁS DE 1.000

De los 24 municipios con tasa Covid superior a 1.000 pero menos de 5.000 habitantes en los que los comités provinciales de alerta de salud pública tendrán que decidir si aplican o no cierre perimetral, seis se ubican en Córdoba, otros seis en Granada, otros seis en Málaga, tres son jiennenses, dos pertenecen a la provincia de Almería y uno a la de Huelva.

Estos municipios son Santaella (1.149), Cañate de las Torres (1.437), Pedro Abad (3.588), Conquista (1.093), Pedroche (2.902) y El Viso (1.311) en Córdoba; Ugíjar (2.503), Aldeire (1.587), La Calahorra (2.395), Agrón (1.538), Jayena (1.140) y Villamena (1.071) en Granada, y Alfarnatejo (1.099), Istán (1.048), Villanueva de la Concepción (1.125), Benaoján (1.996), Montejaque (1.475) y Casarabonela (1.034) en Málaga.

En Jaén, los municipios con tasa mayor a 1.000 son Lopera (2.629), Cambil (1.379) y Aldeaquemada (5.042), mientras que las localidades almerienses son Alicún (2.985) y Serón (1.230) y la onubense es Niebla (1.069).

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha insistido en "hacer algo" con la financiación autonómica pero sin ir contra nadie: "Nunca haré frentismo en esta cuestión".

Puig se ha pronunciado en estos términos en una entrevista en la Hora de la 1, al ser interpelado por la infrafinanciación que denuncia la Generalitat y por si ha conseguido aliados para pedir una reforma al Ejecutivo.

El 'president' ha manifestado que el sistema de financiación está caducado desde hace seis años y "no puede continuar así porque genera mucha desigualdad".

Ha indicado que hay dos cuestiones "básicas": "la suficiencia financiera del conjunto del sistema autonómico y, por otra parte, la distribución de los recursos, y no puede haber las diferencias enormes que hay en estos momentos", ha aseverado. "Hay una situación de falta de equidad y es urgente que se aborde", ha dicho.

Con la financiación, ha añadido, de lo que se trata es de garantizar con parámetros evaluables la realidad y "todos los estudios dicen con rotundidad que la comunidad peor financiada es la valenciana y eso se tiene que superar", ha insistido.

En relación con los "aliados", Puig ha indicado que esta situación "hay que abordarla como un acuerdo y no como una confrontación entre territorios. Nunca haré frentismo en esta cuestión porque no es unas comunidades contra otras. Todas las autonomías tienen sus razones y sus argumentos y no se trata de ir contra nadie, sino de buscar una solución que garantice la igualdad entre españoles y la singularidad de los territorios".

Por otro lado, Puig, preguntado por la salud del pacto de gobierno y por si prevé un adelanto electoral en la Comunitat, ha dicho que el Gobierno en la autonomía "goza de buena salud".

"Durante este tiempo hemos aprobado presupuestos y leyes. A veces pueden haber diferencias, que es la lógica de la gestión de la diversidad que nos exige la ciudadanía", ha aseverado, al tiempo que ha avanzado que este fin de semana tendrá lugar el seminario de gobierno en el que abordarán los retos del próximo semestre, que "queremos que sea el de la reactivación económica y social de la Comunitat", ha manifestado.

Por último, interpelado por si ve a la exalcaldesa de Gandia Diana Morant como una aliada en el Gobierno y un buen perfil para sucederle en su momento, ha señalado que "lo importante de un gobierno es lo que hace, aunque quien lo hace también".

Considera que con la remodelación hay un gobierno "preparado para la recuperación" y que hay un "buen equipo, con impronta joven, con mujeres capacitadas, como Morant, que ha demostrado en Gandia su enorme liderazgo". "Para mí es una aliada como el resto de miembros del Gobierno", ha resumido.