El Tribunal General de la Unión Europea ha paralizado temporalmente la suspensión de la inmunidad europarlamentaria del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y de sus exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí, los tres con escaño como eurodiputados por JxCAT, mientras da tiempo al Parlamento europeo a presentar alegaciones y dicta auto definitivo.

El auto definitivo llegará después de haber escuchado los argumentos del Parlamento europeo, que no los ha presentado todavía pero lo hará dentro del plazo de dos semanas que le da la Justicia europea para hacerlo, según han explicado fuentes europeas.

La defensa de los tres eurodiputados independentistas presentaron recurso ante el Tribunal con sede en Luxemburgo el pasado 19 de mayo, cuando expiraba el plazo para apelar la decisión de marzo del Parlamento europeo de dar luz verde a los suplicatorios dictados por el Tribunal Supremo.

Días después, el 26 de mayo, los abogados de Puigdemont, Comín y Ponsatí solicitaron también medidas provisionales al Tribunal europeo para suspender el levantamiento de las inmunidades parlamentarias mientras se dicta sentencia.

Es ante esta petición que el vicepresidente del Tribunal General de la UE decide suspender provisionalmente el levantamiento de la inmunidad, consciente de que los servicios legales del Parlamento no han podido presentar en menos de una semana sus observaciones sobre la demanda de medidas provisionales.

En su pronunciamiento de este miércoles, el vicepresidente del Tribunal europeo considera que «a día de hoy no es posible determinar si su fundamento ha quedado suficientemente demostrado» pero señala que es posible tomar una decisión temporal para mantener el ‘statu quo’ hasta dictar auto definitivo.

Añade que «de resultar fundadas, las alegaciones fácticas y jurídicas de los diputados justifican» que se mantenga ese ‘statu quo’ hasta que se examine más detalladamente las alegaciones de las partes y el vicepresidente del Tribunal General de la UE se pronuncie con carácter definitivo sobre la demanda de medidas provisionales.

LA EUROCÁMARA SUSPENDIÓ LA INMUNIDAD EN MARZO

El pleno del Parlamento europeo aprobó en su pleno del mes de marzo aceptar los tres suplicatorios remitidos por el Tribunal Supremo para poder juzgar en España a Puigdemont, Comín y Ponsatí por su papel en la causa del ‘procés’.

La Eurocámara concluyó tras examinar sus casos que los hechos por los que les reclama la Justicia española no tienen relación alguna con su actividad parlamentaria y que, además, ocurrieron con anterioridad a la obtención de sus escaños en el Parlamento europeo.

El Supremo remitió formalmente los tres suplicatorios al Parlamento europeo en enero de 2020 pero la parálisis forzada por la pandemia de coronavirus bloqueó su tramitación hasta el pasado noviembre, cuando se reactivaron con el aval de los servicios legales de la Eurocámara para celebrar por vía telemática las sesiones confidenciales sobre casos de inmunidad.

En su defensa, los tres eurodiputados de JxCAT argumentaron durante el proceso que el Tribunal Supremo no es la autoridad judicial competente para juzgarles y que sufren persecución política en España, una línea de defensa que ya apuntaron que retomarían en un eventual recurso ante el TUE si la Eurocámara aceptaba los suplicatorios.

Los informes adoptados por el pleno parlamentario recogen la posición de la comisión de Asuntos Jurídicos, que sí considera al Supremo autoridad competente y cree que deben aceptarse los suplicatorios porque en los tres casos se refiere a hechos ocurridos antes de que los reclamados ocuparan sus escaños como eurodiputados.

Claudia Gómez inició hace dos meses una petición en la plataforma Change.org para pedir al Ministerio de Trabajo que el Gobierno apruebe un permiso por duelo gestacional, y ya ha recogido más de 31.000 firmas.

«Soy Claudia y como muchas otras mujeres he sufrido en primera persona el dolor físico y psicológico de una muerte gestacional», subraya la impulsora de la petición en su escrito dirigido al Ministerio de Trabajo.

Según recuerda, todo empezó con tres palabras –«No hay latido»– pero asegura que «lo peor vino después» porque denuncia que «la atención al duelo perinatal en España es prácticamente nula».

Claudia Gómez cuenta que su segundo bebé, Hugo, murió en su vientre con 17 semanas de gestación, lo tuvo que parir y la enfermera colocó una sábana por encima para que no lo viera. Después, recuerda que llegó una ginecóloga que le dijo a otra: «Trae ese bote para meter al bebé».

La impulsora de la petición afirma que no podría haber afrontado el duelo por esta pérdida sin la ayuda de su psicóloga, a la que tuvo que buscar por su cuenta, según añade.

Por todo ello, quiere lograr que se apruebe un permiso por duelo en casos de pérdida gestacional que incluya a la pareja, si la hay, y que se reconozca cuando el bebé tiene menos de 180 días de gestación, ya que en la actualidad el permiso de maternidad existe en casos de muerte perinatal pero únicamente cuando se han superado los 6 meses de gestación.

«Es necesario que este permiso sea del tiempo suficiente para facilitar la recuperación física y psicológica. A pesar de que el 80% de los abortos espontáneos ocurren en las primeras 13 semanas como ocurrió en mi primera pérdida gestacional, no existe un permiso por duelo cuando ocurre antes de los 6 meses de gestación», explica.

Según precisa, muchas mujeres se sienten «indefensas» ante esta situación y «por no tener que dar explicaciones a su médico de cabecera, reanudan su actividad laboral al día siguiente de haber sufrido una muerte gestacional sin estar aún preparadas mentalmente». Ella misma, según cuenta, recibió en ambos casos una baja por enfermedad común.

El presidente de la Federación de Empresas de La Rioja (FER), Jaime García-Calzada, ha afirmado que «la gran herramienta para la inclusión es la formación» y que tanto la administración como las empresas y los ciudadanos deben «sumar para tener un crecimiento inclusivo».

García-Calzada ha intervenido en la Jornada ‘Crecimiento Inclusivo: La contribución empresarial a una prosperidad compartida’, organizada por Fundación UNIR, con el apoyo de Proeduca Summa, y el Observatorio Empresarial para el Crecimiento Inclusivo, y que se ha celebrado esta mañana en el auditorio de la universidad.

La jornada ha sido inaugurada por el rector de UNIR, José María Vázquez García-Peñuela, el presidente de Fundación Codespa, Manuel Herrando, y la directora general de Dependencia, Discapacidad y Mayores del Gobierno de La Rioja, María Somalo San Juan. En su intervención, el rector ha remarcado que en estos momentos «hay que pensar en cuál es la manera más adecuada de llevarla a la práctica, y ver cómo se mejora e incrementa, la acción de las empresas al crecimiento inclusivo».

En la misma línea, Herrando ha expresado su deseo de que «este encuentro sirva para movilizar a muchos empresarios, tanto de La Rioja como de otras partes de España, a seguir promoviendo dentro de sus organizaciones esta forma de generar valor y riqueza. Su compromiso es imprescindible y sin él no sería posible afrontar una recuperación económica inclusiva y sostenible».

Por su parte María Somalo ha manifestado que «la situación actual por la que estamos pasando pone de manifiesto que el papel de la economía inclusiva aumenta en importancia e intensidad». Y para lograrlo, la directora general ha abogado por establecer alianzas.

FORMACIÓN Y EMPLEO: DOS CAMINOS CLAVES PARA LA INCLUSIÓN

Tras las palabras de bienvenida, se ha celebrado la primera mesa redonda ‘Formación y empleo: dos caminos clave para la inclusión’, que ha contado con la participación de Rafael Puyol, presidente de UNIR, Mónica Gil- Casares, directora de Investigación, Innovación Social y Consultoría de Fundación Codespa, y Fernando Beltrán, director de Cáritas La Rioja.

Fernando Beltrán ha realizado una radiografía de cómo la Covid-19 ha impactado en la pobreza y la desigualdad en la región, asegurando que «en La Rioja se produce desigualdad y tiene consecuencias. La población en exclusión tiende a estar cada vez más alejada del conjunto de la población y los niveles de dificultad se van acumulando».

Una situación que a su juicio dificulta el acceso a la formación, por lo que se hace necesario el diálogo y el acompañamiento. «Hay que hablar con las personas que no se están formado y que viven la pobreza real», ha asegurado Beltrán.

Respecto a la pregunta sobre la relación actual entre la formación y el empleo, Rafael Puyol ha indicado que asistimos a cierto desajuste entre la formación que damos y la que se necesita para trabajar. El presidente de UNIR también ha incidido en que «es un buen momento para repensar la oferta educativa» porque «estudiar significa hacerlo para toda la vida».

Durante la charla, el presidente de UNIR ha matizado que la universidad se enfrenta a tres desafíos, también en materia de inclusión: procurar que la digitalización no acarree desigualdades; establecer alianzas y ayudas, y contar con un profesorado capacitado y dotado con recursos.

Por su parte, Mónica Gil-Casares ha realizado un breve resumen del IV informe del Observatorio Empresarial para el Crecimiento Inclusivo (OEPCI), y ha ofrecido nueve claves para lograr este crecimiento integrador.

IMPACTO SOCIAL. UNA MINA DE ORO EN EL CORAZÓN DE LA EMPRESA

La segunda mesa redonda de la jornada ha estado representada por el presidente de Divina Seguros, Armando Nieto Ranero; la directora Global de Relaciones Laborales de Prosegur, Victoria Jiménez de Pablo; el presidente de la Federación de Empresas de La Rioja (FER), Jaime García-Calzada; y el director ejecutivo de UNIR, Javier Galiana.

Cada uno de ellos ha explicado la estrategia de crecimiento inclusivo de sus organizaciones para, a continuación, dar paso a un diálogo en el que Armando Nieto ha explicado como el crecimiento inclusivo es algo totalmente integrado en el ADN de su compañía que nació con el propósito de crear una mutualidad que contribuyese al bienestar de las empleadas del hogar.

Por su parte, la directora Global de Relaciones Laborales de Prosegur, ha explicado que toda aquella empresa que quiera potenciar el impacto social de su negocio debe empezar por hacerlo desde dentro y de arriba hacia abajo. «El crecimiento de las empresas lo hacen las personas y por eso debe de incluir a las personas en sus beneficios», ha asegurado.

A continuación, ha tomado la palabra, Jaime García-Calzada para explicar que, aunque estamos en un momento de transformación que puede acabar con muchos negocios, «la destrucción de empleo se va a parar porque hay empresas que necesitan contratar a gente«. Sin embargo, ha explicado que esto tiene un lado oscuro, ya que «no se encuentran a personas formadas en lo que requieren en este momento. Por eso, «la gran herramienta para la inclusión es la formación», ha asegurado.

A la pregunta ¿qué papel juegan las alianzas?, todos los ponentes de la jornada han estado de acuerdo en la necesidad de que entidades públicas y privadas colaboren juntos. «La administración, las empresas y los ciudadanos debemos estar sumando para tener un crecimiento inclusivo», ha indicado García-Calzada.

En la misma línea se ha manifestado Javier Galiana, para quién «el compromiso de las instituciones con el crecimiento inclusivo debe ser firme por el entorno social y la propia entidad».

Javier Galiana, que ha ejercido de moderador de la mesa, también ha intervenido en el diálogo para explicar la estrategia desarrollada por UNIR en aspectos como la gestión responsable, más allá de la responsabilidad social corporativa. En concreto, Galiana ha destacado las políticas más reseñables que la universidad tiene en política de Recursos Humanos como son las becas para formación de empleados e hijos de empleados, sistema de retribución flexible, club de empleados o portal con descuentos y un plan de carrera para que los empleados puedan desarrollarse profesionalmente en UNIR.

OEPCI

El OEPCI es una plataforma de aprendizaje y de difusión de buenas prácticas para empresas comprometidas con un crecimiento económico que no deje a nadie atrás. Actualmente lo integran BBVA, Divina Seguros, Fundación «la Caixa», Open Value Foundation, Fundación UNIR, Fundación KPMG, Sener, Fundación CODESPA, IESE Business School y Boston Consulting Group.

La exsenadora de Podemos Celia Cánovas declara este jueves como testigo en el caso ‘Neurona’ porque el juez considera que tiene un «conocimiento directo» en su «condición de perjudicada» por la presunta sustracción del dinero de la formación ‘morada’ que se haya podido cometer a través de la denominada Caja de Solidaridad.

La citación tiene lugar después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid aplazara la declaración prevista para el 25 de mayo.

Cánovas será interrogada a petición de Vox, una de las acusaciones populares de ‘Neurona’. Esta petición fue recurrida por Podemos, que considera que la «finalidad original» del partido liderado por Santiago Abascal sería buscar nuevas líneas de investigación para «seguir engordando la causa».

La Fiscalía se adhirió parcialmente al recurso de la formación ‘morada’ y reclamó al juez que aclarara las razones por las que ha citado a Cánovas. El instructor, sin embargo, ratificó su intención de llevar a cabo el interrogatorio.

El magistrado considera que Cánovas puede arrojar luz sobre «las funciones de la gerente», Rocío Esther Val, para la implementación de supuestos sobresueldos, y sobre «la presunta distracción del dinero de Podemos que se haya podido cometer a través de la Caja de Solidaridad» en beneficio de la Asociación 404 Comunicación Popular.

No obstante, el juez ha coincidido con Podemos en que, respecto al contrato de 363.000 euros que el partido firmó con Neurona Comunidad por labores de consultoría política para las elecciones generales del 28 de abril de 2019, «no parece» que Cánovas «pueda aportar dato adicional alguno».

ACUSACIÓN PARTICULAR

La exsenadora de En Comú Podem por Tarragona ejerce de acusación particular en la causa después de que pidiera personarse en el procedimiento al entender que la formación ‘morada’ habría malversado fondos y usado las donaciones de los cargos públicos para encubrir «una operación de blanqueo».

Sostiene que sus donaciones a Podemos desde que entró como senadora en 2015 ascienden a 25.000 euros y asegura que no ha podido conocer el destino dado a esos fondos, por lo que se considera «perjudicada por la posible malversación denunciada y que es objeto de las presentes diligencias instructoras».

CAJA DE SOLIDARIDAD

El juez de Madrid reactivó la investigación sobre la Caja de Solidaridad de Podemos el pasado marzo por orden de la Audiencia Provincial de Madrid. En aquel momento, pidió al partido que aportara el documento por el que se aprobó la solicitud realizada por una asociación popular para recibir 50.000 euros de la caja en cuestión.

Este es uno de los hechos presuntamente ilícitos que mencionó el exabogado de Podemos José Manuel Calvente en la denuncia que presentó en diciembre de 2019 contra la formación ‘morada’ y de la que partió el caso ‘Neurona’.

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, viajará este jueves a Ceuta en plena escalada verbal entre España y Marruecos y en medio de la polémica creada por la presencia en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, que salió esta madrugada de vuelta a Argelia después de mes y medio hospitalizado por coronavirus en La Rioja.

En el programa de la visita de Casado, que se produce dos semanas después del desembarco masivo de inmigrantes en Ceuta, figura una reunión a las 10.45 horas con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Vivas, y un encuentro con empresarios por la tarde.

Este martes, en un desayuno informativo, Casado reclamó al Gobierno de Pedro Sánchez «intensificar» la relación con Marruecos para resolver la crisis y no poner en riesgo la cooperación en política migratoria, lucha contra el terrorismo yihadista y el narcotráfico o la colaboración en materia pesquera o agrícola.

Tras señalar que el PP lleva «avisando» desde hace un año de lo que podía pasar con Rabat, el presidente del PP calificó de «torpeza tremenda» la entrada en España con «identidad falsa» del líder del Frente Polisario.

EL PP HA PEDIDO LA DIMISIÓN DE LA MINISTRA DE EXTERIORES

Precisamente, el PP ha solicitado este miércoles la dimisión «inmediata» de la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, por su «nefasta» gestión en la crisis diplomática con Marruecos y el «oscurantismo» en la entrada y salida de España del líder del Frente Polisario.

«Creo que ha generado una crisis diplomática de primer orden y el Gobierno ha demostrado que tiene un nulo peso en política exterior», ha declarado en TVE el secretario general del PP, Teodoro García Egea para justificar la petición de dimisión de al ser preguntado por la salida de Ghali de España esta madrugada.

Casado se ha quejado de que, dos semanas después de hablar con Pedro Sánchez a raíz de esta crisis con Marruecos, el jefe del Ejecutivo no haya vuelto a hablar con él. «Me dijo que me iba a informar de esto puntualmente y hasta hoy», lamentó este martes.

CRUCE DE REPROCHES ENTRE EL GOBIERNO ESPAÑOL Y MARROQUÍ

En los últimos días se ha agravado la tensión con Rabat, que ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de utilizar la migración como «pretexto» para «desviar la atención de las verdaderas causas de la crisis bilateral», aludiendo a que la raíz de la crisis está en el Sáhara Occidental.

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ya dijo el martes que «no es admisible» que haya un Gobierno que diga que se atacan las fronteras para «inundar de inmigrantes una ciudad española por discrepancias en política exterior».

Y este miércoles, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado que España continuará trabajando para recuperar la relación con Marruecos, al tiempo que ha dejado claro que la posición del Ejecutivo respecto a la soberanía del Sáhara Occidental no ha «cambiado en nada».

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha denunciado las «mentiras» que, según ha dicho, contaron a los españoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y «sus palmeros» del PSOE respecto a sus intenciones en Cataluña y a la posibilidad de indultar a los presos del ‘procés’, y ha animado a la gente a mostrar su rechazo en la calle y «no bajar la cabeza».

En declaraciones a esRadio, Arrimadas ha recordado que Sánchez aseguró a finales de 2019 que traería de vuelta a España al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont para que fuese juzgado por el proceso independentista de 2017 en Cataluña y que reformaría la ley para tipificar como delito la organización de referéndums ilegales.

Ha señalado que Sánchez ha incumplido esas promesas y ahora incluso aboga por «hacerle un Código Penal a medida» al exvicepersidente de la Generalitat y líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, rebajando la pena de prisión que conlleva el delito de sedición, uno de los delitos por los que fue sentenciado en el juicio del ‘procés’. Además, ha criticado que antes el jefe del Ejecutivo descartara indultar a los doce líderes independentistas condenados y ahora justifique esa medida.

Arrimadas ha afirmado que le «indigna» ver «los palmeros que tiene el señor Sánchez detrás», que apoyaban su posición de hace dos años y actualmente «son los primeros defensores» de la postura contraria. A su juicio, la portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, y otros cargos del PSOE «que no han trabajado en su vida fuera de la política y que le deben a Sánchez todo», «van a defender lo que diga él en cada momento y cambiarán de opinión 200 veces».

EL PSC «GANÓ LAS ELECCIONES A BASE DE MENTIRAS»

Igualmente, ha destacado cómo, en la campaña de las últimas elecciones autonómicas en Cataluña, el PSC y su candidato, Salvador Illa, decían que no formarían un gobierno con Esquerra, pero después acabaron «rogando» a este partido que aceptara un tripartito con ellos y con En Comú Podem.

«El PSC ha ganado las elecciones a base de mentiras», ha lamentado, señalando también que Illa se comprometió a presentarse a la investidura para ser elegido presidente de la Generalitat y luego se ha visto que, al igual que le pasó a ella cuando Cs ganó los comicios catalanes en 2017, si no tienes los votos suficientes y hay una mayoría independentista alternativa, «no se puede».

Respecto a los indultos, la líder de la formación naranja ha reiterado que sería dar un «privilegio» a personas condenadas por delitos graves que «amenazan con volver a hacerlo» y, además, supondría «un insulto» a todos los catalanes que han sufrido los «atropellos» de los dirigentes nacionalistas durante años y a los que han «dado la cara» frente a ellos, y concederlos sería «legitimar todo lo que han hecho».

«Es todo tan indignante y tan rastrero que lo que no podemos hacer es bajar la cabeza. Somos mayoría los que creemos en España y en las instituciones», ha recalcaldo, añadiendo que la concesión de los indultos «no le puede salir gratis políticamente» al Gobierno.

Por ello, ha animado a la gente a participar en la concentración que Ciudadanos ha convocado para el 11 de junio en Barcelona y mostrar a Sánchez que, si indulta a los presos del ‘procés’, lo hará «en contra de la voluntad mayoritaria de los españoles, incluidos muchos votantes socialistas indignados» ante su pretensión de «humillar a España por seguir en Moncloa.

EL GOBIERNO NO PRETENDE «SOLUCIONAR NADA» EN CATALUÑA

Arrimadas considera que el Gobierno no busca «solucionar nada» de la situación en Cataluña y que su único objetivo es resolver «el problema de inestabilidad que tiene a nivel parlamentario» garantizándose el apoyo de ERC y otras fuerzas nacionalistas.

También duda que, gracias a los indultos, los partidos nacionalistas catalanes acaben rebajando sus exigencias en el diálogo con el Ejecutivo central. «El independentismo está encantado con esta gente, que les da todo lo que quiere y más», ha declarado, advirtiendo de que la experiencia ha demostrado que «cuanto más te rebajas» ante el separatismo, «peor».

En cuanto a la manifestación del próximo 13 de junio en la plaza de Colón de Madrid, organizada por la plataforma Unión 78 para rechazar los indultos, la presidenta de Ciudadanos ha repetido que asistirá, pero que el «protagonismo» debe ser para «la sociedad civil».

«Que a Sánchez no le salga bien la jugada de centrar el tiro ese día en qué líder político va o deja de ir; aquí lo que hay que hacer es retratar a Sánchez» en «la foto con los que han dado el golpe de Estado, los que insultan a España y quieren romperla», ha subrayado.

Así, ha argumentado que esa protesta «no tiene nada que ver con ideologías», sino con «defender a España», y por eso participarán «muchos socialistas de toda la vida» que no están de acuerdo con la actitud del Gobierno.

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha cancelado la rueda de prensa que tenía previsto ofrecer a última hora de la tarde junto a su homóloga de Bélgica, Sophie Wilmès, de visita en Madrid.

Según ha informado Exteriores, la cancelación se ha decidido «de mutuo acuerdo». La cita con los medios estaba prevista a las 19.30 horas en el Palacio de Viana, donde las dos ministras mantienen su encuentro bilateral.

La rueda de prensa había generado mucha expectación, ya que la ministra de Exteriores aún no se ha pronunciado sobre la salida de España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, tras haber sido acogido por razones humanitarias para recibir tratamiento médico contra la COVID-19.

González Laya ha estado en el punto de mira a raíz de la crisis conb Marruecos desatada por este hecho. El reino alauí llamó a consultas el pasado 18 de mayo a su embajadora en Madrid, Karima Benyaich, horas después de que unos 10.000 migrantes cruzaran la frontera marroquí con Ceuta aprovechando la dejadez de las autoridades del país vecino.

Este lunes, Rabat reconoció finalmente que el motivo de la crisis no era Ghali y que por tanto su salida de España no acabaría con ella. Según precisó en un comunicado el Ministerio de Exteriores marroquí, la crisis obedece a unas supuestas «segundas intenciones hostiles de España con respecto al Sáhara», que no ha especificado.

Lo que en realidad busca Marruecos es que España siga los pasos de Estados Unidos que, con Donald Trump aún en la Casa Blanca, decidió el pasado diciembre reconocer la soberanía marroquí sobre la antigua colonia española, algo que la nueva Administración de Joe Biden no parece dispuesta a revocar. El Ejecutivo español se mantiene firme en su postura y se ampara en las resoluciones de la ONU sobre esta cuestión.

En estas semanas, tanto Laya como su Ministerio han apostado por la discreción, sin querer entrar a comentar salvo en contadas ocasiones, las declaraciones realizadas por altos cargos de Marruecos, algunas de ellas incluso muy críticas hacia la propia ministra. En este sentido, tampoco han querido desvelar detalles sobre los contactos que se han venido manteniendo para reconducir la situación.

Según las fuentes consultadas, el Gobierno está ahora a la espera de lo que pueda decir Marruecos tras la marcha de Ghali y existe un deseo expreso de retomar el diálogo y de tender puentes con el país vecino, habida cuenta de la estrecha relación existente en muchos ámbitos.

A este respecto, la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, ha confiado este miércoles en que «en los próximos días podamos dar por concluida la crisis» entre España y Marruecos.

Por otra parte, este miércoles también se ha conocido que el Tribunal General de la Unión Europea ha decidido paralizar provisionalmente la suspensión de la inmunidad europarlamentaria del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y sus exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí, los tres con escaño en el Parlamento europeo por JxCAT. Los tres residen actualmente en Bélgica.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha señalado, en su último auto sobre el caso, que el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez tenía una implicación «directa» en la llamada ‘Operación Kitchen’, presuntamente montada con recursos del Ministerio de Interior para espiar al ex tesorero del PP Luis Bárcenas y su entorno, en base a las anotaciones realizadas por el ex comisario José Manuel Villarejo en sus agendas.

En el auto conocido este miércoles, con el que imputa a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro, por su hipotético rol en la ‘Kitchen’, el titular del Juzgado de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional fija también su atención en el papel que habría desempeñado Martínez.

García-Castellón desliza en esta misma resolución que el final de la instrucción está cerca al manifestar que, «en este momento, una vez oídas las declaraciones que se han entendido necesarias para avanzar en el esclarecimiento de los hechos, y estudiada la documentación que se ha ido recibiendo, la pieza se vislumbra con la madurez necesaria para encarrilar la fase preparatoria».

El avance de la investigación judicial, indica, «ha permitido conocer aspectos clave de la trama, como la captación de Sergio Ríos, chófer de Bárcenas; los pagos efectuados a este a cambio de su colaboración» para espiar al ex tesorero; «el círculo de policías implicados, bajo la dirección del ex DAO Eugenio Pino; o la implicación del ex secretario de Estado de Seguridad y del ex ministro de Interior en ese momento», Jorge Fernández Díaz.

Con «carácter indiciario», establece que Pino, «con abuso de sus funciones», habría encomendado a los comisarios Villarejo, Marcelino Martín Blas, Enrique García Castaño y José Luis Olivera, entre otros, «labores operativas para obtener de Ríos información que les permitiera sustraer de algún lugar cerrado –en algún momento se refieren a este espacio como ‘zulo’– documentación comprometedora para el PP y para altos cargos del mismo en posesión de Bárcenas y su mujer, Rosalía Iglesias».

El instructor ha podido ahondar en la supuesta función de Martínez en este entramado a raíz de las agendas incautadas a Villarejo el pasado mes de octubre, que contienen notas manuscritas del policía jubilado referidas a los años 2012, 2013 y 2014, lo cual incluye el marco temporal en el que se habría desarrollado ‘Kitchen’. No obstante, en su auto destaca igualmente el «careo» entre el ex ‘número dos’ de Interior y Fernández Díaz en sede judicial.

SIN INTERMEDIARIOS

García-Castellón resalta «la fluida relación que se aprecia entre Villarejo y Martínez, aún antes de que éste fuese nombrado secretario de Estado de Seguridad». El 23 de octubre de 2012, el ex comisario cuenta en un apunte que el jefe de Gabinete del ministro avisa al DAO de «que solo informe al N1», Fernández Díaz, lo que –para el juez– evidencia «una relación directa» entre el comisario, Pino y el titular de Interior, «dejando de lado a todos los mandos intermedios».

El nombre de Martínez, apodado CHISCO por Villarejo, aparece ya en la primera anotación del comisario retirado sobre ‘Kitchen’, el 11 de julio de 2013. «Charla de 45 minutos. Plan contra LB. Interv. comunicaciones, registros y citación de mujer e hijo», escribe junto a dicho alias.

Días después, el 15 de julio, CHISCO vuelve a surgir. «Quiere plan estratégico para salir del caso LB», expone Villarejo. Y, a renglón seguido, añade junto al apodo de Martínez: «Problemática por posibles grabaciones».

De los garabatos del ex comisario, García-Castellón deduce que Martínez también se involucra en el plan para captar al chófer de Bárcenas, donde atribuye una intervención «decisiva» a Cospedal (MD y COSPE) y a López del Hierro (ILH), motivo en el que funda la imputación del matrimonio.

Así, el 18 de julio de 2013, junto a CHISCO, rubrica «forzando contacto con chófer LB». «Muy preocupado por datos CHEF», completa Villarejo al día siguiente sobre Martínez en alusión a Ríos, al que se suele referir como ‘cocinero’ o ‘chef’.

Para el juez, «la secuencia transcrita pone de manifiesto (…) la importancia que el asunto tuvo para el secretario de Seguridad, quien asume de forma directa la obtención de información de forma diaria, resultando especialmente sorprendente que el secretario de Estado se involucre hasta ese nivel en un asunto de esta naturaleza».

NUEVAS CITACIONES

Por todo ello, el magistrado ha reprogramado la comparecencia de Martínez y Villarejo en su juzgado, prevista inicialmente este miércoles, para el próximo 1 de julio, con la intención de esclarecer «su vinculación y otras cuestiones».

Entre esas «otras cuestiones», el instructor ha anticipado ya que preguntará a Martínez si, como plasma Villarejo en sus agendas, recibió una «gran bronca» de COSPE en relación con los «problemas» derivados de un informe del inspector jefe de Gürtel, Manuel Morocho.

Además de los ya mencionados, García-Castellón hace alusión a los agentes José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díez Sevillano como «personas de la máxima confianza» de Pino que «habrían tenido pleno conocimiento de la puesta en marca y ejecución de la llamada ‘Operación Kitchen’, así como de su carácter ilícito al tener como objetivo la sustracción de pruebas de un procedimiento judicial».

«El acceso desde la cúpula policial referida hasta el investigado Sergio Ríos habría sido facilitado, aparentemente con pleno conocimiento de su carácter ilegal, por el inspector jefe Andrés Manuel Gómez Gordo, investigado en la causa, persona de máxima confianza de la entonces secretaria general del PP y su marido», dice el juez para cerrar el círculo.

La comisión del Congreso que investiga la ‘operación Kitchen’ se plantea solicitar una nueva prórroga para poder seguir funcionando hasta final de año, tras haberse aplazado este miércoles la comparecencia de la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, al conocerse que ha sido imputada por la Audiencia Nacional.

Este mismo miércoles también se ha conocido que el juez Manuel García-Castellón citaba como investigado al marido de la exministra, el empresario Ignacio López del Hierro, que justo estaba compareciendo en el Congreso.

La imputación de Cospedal ha llevado al PSOE a plantear a última hora la suspensión de su interrogatorio, que estaba previsto a las tres y media de este miércoles. Tras escuchar el testimonio del segundo compareciente de la mañana, el ex secretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto, la comisión se ha reunido a puerta cerrar para tratar la propuesta de los socialistas.

Todos los grupos han apoyado suspender la citación a Cospedal, salvo el PP, que ha votado en contra, y Vox, que no estaba presente cuando se ha producido la votación. Aún así, la exministra se ha personado en la Cámara alegando que no había sido avisada del aplazamiento y ha puesto una queja en la institución.

EN PRINCIPIO ACABABA EL 30 DE JUNIO

Así las cosas, la comisión debe buscar una nueva fecha para recibir a Cospedal, lo que alterará el calendario inicialmente previsto. Hasta ahora, el plan era finalizar las comparecencias la próxima semana escuchando el jueves, 10 de junio, al exministro Jorge Fernández Díaz y al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.

Sin embargo, fuentes parlamentarias han informado de que algunos grupos barajan ya la idea de alargar los trabajos de la comisión que, hoy por hoy, sólo tiene de plazo hasta el próximo 30 de junio para aprobar sus conclusiones, que después tienen que ser elevadas al Pleno del Congreso.

La necesidad de buscar un nuevo encaje a la comparecencia de Cospedal y la previsión de que puedan producirse todavía nuevas imputaciones ha llevado a varios grupos a revisar los planes de la comisión.

Precisamente este miércoles, la Cadena Ser, ha revelado en la parte del sumario que sigue siendo secreta se recogen declaraciones que señalan la implicación de la exvicepresidenta primera del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que dependía de su departamento.

EL PSOE APELA A CASADO

Tras la imputación de Cospedal, la vicesecretaria general del PSOE y portavoz en el Congreso, Adriana Lastra, se ha apresurado a avisar al presidente del PP, Pablo Casado, de que no puede «seguir huyendo ni escondiéndose», y tras recordar que llegó al liderazgo del partido gracias a ella, le ha instado a dar «explicaciones inmediatamente».

El PSOE nunca llegó a descartar del todo la posible citación a Casado ante la comisión ‘Kitchen’, aunque su nombre no se llegó a incluir en el listado de comparecientes y sólo lo planteó ERC, que, como Unidas Podemos y Junts también reclamó entonces citar a Sáenz de Santamaría.

Por lo pronto, la presidenta de la comisión, la socialista Isaura Leal, ha convocado una reunión de la Mesa este jueves, previsiblemente para buscar una nueva fecha para citar Cospedal y, en su caso, modificar las citaciones a Fernández Díaz y Rajoy.

En el caso de que se apueste por solicitar una nueva prórroga para que la comisión pueda seguir funcionando, el tema tendría que ser tratado por el plenario de la comisión.

El Pleno del Congreso acordó abrir esta investigación el pasado mes de octubre, pero la comisión no se constituyó hasta el 20 de enero. Su plazo inicial era de seis meses, por lo que en marzo hubo de solicitar una primera ampliación de otros tres, hasta el 30 de junio.

La segunda prórroga que se baraja, de aprobarse, comenzaría a contar en septiembre, con el arranque del nuevo periodo de sesiones, y podría servir para alargar los trabajos hasta noviembre o incluso diciembre.

La vicepresidenta primera del Gobierno de España, Carmen Calvo, y el vicepresidente del Ejecutivo regional, Pablo Zuloaga, han situado a los jóvenes en el centro de la agenda política y han reconocido que se trata de una de las principales «preocupaciones» para ambos ejecutivos.

«Para el Gobierno de España una de las principales preocupaciones es el empleo de la gente joven, al que vamos a dedicar 3.500 millones de euros, sabiendo que España se la juega con qué vamos a hacer con vuestro futuro y con la capacidad de movilizar, primero, vuestro talento y, en segundo lugar, lo que seáis capaces de desplegar desde la formación que tenéis», ha dicho Calvo durante su intervención en el Centro de Estudios Lebaniegos de Potes ante algunos jóvenes participantes en el programa europeo FOLM (From Outdoors to Labour Market), que se desarrolla en Cantabria.

El programa FOLM busca mejorar las oportunidades de empleo de jóvenes entre 18 y 29 años, que no están trabajando ni recibiendo formación, mediante el desarrollo de habilidades sociales y personales, que mejoren su motivación y confianza, ha explicado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

Calvo también ha avanzado que la próxima semana se comienza a debatir el Plan de Empleo Joven, que el Ejecutivo está construyendo «con bisturí» porque, a su juicio, «no puede ser un plan a granel», sino que «debe saber los problemas exactos que España tiene delante, como la tasa de desempleo y el desaprovechamiento de jóvenes altamente cualificados·.

«Estamos delante de las cosas que de verdad importan», ha asegurado la vicepresidenta, para quien «España tiene en estos momentos recursos para hacer la transformación que no nos podíamos imaginar que iba a venir tan pronto».

En este sentido, Zuloaga también ha asegurado que «trabajar por los jóvenes y cómo debe ser su futuro requiere de un trabajo fino» y ha destacado la «gran responsabilidad» que las instituciones tienen para asegurar «que nadie se quede atrás» y «construir un futuro post pandemia que no niegue a nadie la oportunidad que merece ni recorte la confianza de cada uno de los chicos y chicas que son nuestro futuro». «Este reto requiere un esfuerzo titánico de todos», ha añadido.

Además, ha considerado que los jóvenes «son el colectivo que más dificultades puede encontrar para construir un futuro si no somos capaces de mirar hacia ellos para tomar las decisiones que nos corresponden».

En este marco ha situado Zuloaga el proyecto FOLM, que «coloca a los jóvenes en el foco de la acción política» y posiciona a Cantabria «como promotor de buenas prácticas en la empleabilidad juvenil en el resto de Europa».

Junto a la comunidad, este programa también se desarrolla en la región polaca de Warmia-Masuria y la zona centro de Irlanda, y pone el foco en los jóvenes de 18 a 29 años que no están trabajando ni recibiendo formación durante al menos los últimos seis meses para que, a través del desarrollo de habilidades sociales y personales, puedan encontrar motivación y confianza para mejorar sus oportunidades de empleo.

Una iniciativa que, según ha considerado Calvo, aplica «métodos modernos, más complejos y más técnicos para llegar a lo más importante que tenemos en la vida», que es «saber quién eres y para dónde vas», y ha instado a los jóvenes a que «no compren el ticket del desánimo».

En la presentación del programa FOLM también han participado la consejera de Economía y Hacienda, María Sánchez; y la directora general de Juventud, Irene Lanuza.

Asimismo, han intervenido el encargado de coordinar los grupos del proyecto FOLM en Cantabria, Fernando Carregal, y la presidenta del grupo FEMXA, Patricia García, entidad participante.

Además, al acto han asistido los alcaldes de la comarca de Liébana y varios jóvenes que han participado en las actividades del programa, que han compartido sus experiencias.

ÉXITO DEL 84% Y OPORTUNIDAD DE CAPTACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

Por su parte, la consejera de Economía y Hacienda, María Sánchez, ha explicado que desde la puesta en marcha de este programa han participado 342 jóvenes, que llegaron sin ocupación, y actualmente el 54 por ciento ha retomado los estudios, el 30 está trabajando y el 16 se encuentra en búsqueda activa de empleo.

Un balance que supone una tasa de éxito del 84 por ciento y evidencia, a su juicio, que este programa «está funcionando en Cantabria de manera extraordinaria».

«El Gobierno tiene el firme propósito de optimizar el rendimiento de esta iniciativa como herramienta eficaz a la hora de combatir el desempleo juvenil», ha afirmado Sánchez, y ha avanzado que el Ejecutivo está estudiando el modelo de formación al aire libre «como etapa cero de todas las escuelas taller de la región».

Esto podría ser una «ocasión magnífica», ha añadido, para «intentar maximizar la captación de financiación procedente de fondos europeos», ya sea a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia como desde la complementariedad que ofrecen los fondos estructurales como el Fondo Social Europeo.

La Asociación Dignidad y Justicia ha reclamado a la Audiencia Nacional que prohíba los homenajes al ‘etarra’ Txabi Etxebarrieta programados para el 4 y 6 de junio en Bilbao al considerar que constituyen un presunto delito de enaltecimiento al terrorismo.

En un escrito que ha dirigido este miércoles a los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional, la asociación ha denunciado al Ayuntamiento de Bilbao porque cree que favorece los homenajes organizados por la Fundación «Etxebarrieta memoria elkarktea».

Ha precisado que dichos actos «pueden ser considerados como constitutivos de un delito de enaltecimiento del terrorismo así como un delito de humillación y menosprecio a las víctimas del terrorismo y sus familiares».

A su juicio, «dada la pertenencia del homenajeado a la organización terrorista ETA» y «siendo el motivo de dichos actos de ofrendas florales ante su tumba y actos en honor y en homenaje a su trayectoria dentro de la organización», la celebración de dichas actividades «constituirían un acto de exaltación» al «currículum delictivo» de Etxebarrieta que en caso de producirse vulneraría la ley.

4 Y 6 DE JUNIO

La asociación ha reclamado a la Audiencia Nacional que libre oficio a la Unidad Central de Inteligencia, al Servicio de Información de la Guardia Civil y a la Policía Autonómica Vasca para que recaben información de los actos, identifiquen a los organizadores e intervengan en la preparación de las actividades programadas. Asimismo, ha solicitado que se prohíban los homenajes.

En concreto, ha hecho referencia dos convocatorias. Una de ellas es la charla que lleva por título «Txabi Etxebarrietaren heriozta 1968ko Euskal Herrian/ La muerte de Txabi Etxebarrieta en la Euskal Herria de 1968», que se celebrará este viernes en el edificio público de «La Bolsa», perteneciente al Ayuntamiento de Bilbao.

También ha pedido que se tomen acciones contra el acto denominado «Egia bide/askatasuna amets»/El camino de la verdad, el sueño de la libertad», que tendrá lugar el domingo en la Plaza Hermanos Etxebarrieta, y contra la ofrenda floral que está programada en el cementerio Derio.

Desde la Asociación Dignidad y Justicia recuerdan que Etxebarrieta es conocido por cometer el primer asesinato de ETA el 7 de junio de 1968.

El Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha aprobado, como asuntos más destacados de su reunión semanal, la emisión de un apercibimiento al titular de la central nuclear Almaraz (Cáceres) y otro al titular de Vandellós II (Tarragona) por incumplimiento de la Instrucción del CSN IS-10 en el primer caso, y de las instrucciones IS-10 e IS-21, en el segundo caso.

En el caso de Almaraz, se trata de un incumplimiento de un artículo de la Instrucción del CSN relativa a criterios de notificación de sucesos al CSN por parte de las centrales nucleares (IS-10) ya que el titular no notificó al Consejo la falsificación que había detectado en la documentación correspondiente a la dedicación de unos lotes de registradores clase que fueron instalados en la central.

Esta situación fue detectada en una inspección del organismo regulador y se reflejó en los hallazgos correspondientes al último trimestre de 2020 del Sistema Integrado de Supervisión de Centrales Nucleares (SISC). El hallazgo fue categorizado como verde, es decir, de baja importancia para la seguridad. El titular comunicó este asunto al resto de centrales y a la empresa suministradora, que despidió al responsable de la falsificación del certificado.

Respecto a Vandellós II, el apercibimiento se refiere, por una parte, al incumplimiento de la Instrucción del CSN sobre requisitos aplicables a las modificaciones en centrales nucleares (IS-21) y, por otra, al de la relativa a criterios de notificación de sucesos de centrales nucleares (IS-10).

Ambas están relacionadas con un suceso ocurrido en junio de 2020 en el que se detectó en el presionador una disminución del valor de presión por debajo del nivel mínimo establecido en las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (ETF).

En la gestión del suceso por parte del titular, se consideró que incumplió lo establecido en la IS-21 y, asimismo, que se debería haber notificado al CSN la disminución de la presión por debajo de su límite especificado, de acuerdo con la IS-10. Estos hechos también fueron objeto de una inspección del CSN que se categorizaron como hallazgo verde, de muy baja significación para el riesgo.

Ambos apercibimientos se consideran infracciones leves ya que no se ha derivado peligro para la seguridad o la salud de las personas o el medioambiente, según se establece en el artículo 86 epígrafe c) de la Ley 25/1964 de Energía Nuclear, según detalla el CSN.

CONVOCATORIA I+D+I 2021

Por otra parte, el Pleno ha informado favorablemente la convocatoria de ayudas a la realización de proyectos de I+D+i relacionados con las funciones del CSN en línea con lo establecido en su Plan Estratégico 2020-2025, en el que se establecen diversos hitos para mejorar los procesos que impulsen la investigación, el desarrollo y la innovación.

Los proyectos que se presenten a esta convocatoria deberán estar vinculados con las materias que se enmarcan en el programa de I+D+i del Consejo como son, entre otras, la percepción pública del radón en España; la realidad virtual como herramienta de formación en emergencias radiológicas; la determinación de la vulnerabilidad radiológica de las centrales nucleares españolas en explotación frente a amenazas informáticas o las aplicaciones de técnicas de aprendizaje automático, análisis de datos e inteligencia artificial en la seguridad nuclear, así como combustible tolerante a accidentes.

Los proyectos presentados deberán tener un período de ejecución mínimo de dos años y máximo de tres, contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación en el BOE de la Resolución definitiva de la Presidencia del CSN sobre la concesión de estas ayudas.

Ciudadanos ha exigido la dimisión del presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ya que «ha sido reprobado y calificado como tránsfuga por la comisión de expertos del Pacto Antitrasfuguismo del Congreso», según ha afirmado la coordinadora autonómica de la formación naranja, Ana Martínez Vidal, tras hacerse público este informe.

«Somos la primera comunidad autónoma que cuenta con un presidente del Gobierno reprobado por el Congreso de los Diputados, un presidente de la Asamblea tránsfuga y en la que la mitad de sus consejeros no representan a ninguna formación política y únicamente buscan un interés personal y económico» ha añadido Martínez Vidal.

Este informe constata que «hubo traición de Isabel Franco, Francisco Álvarez, Valle Miguélez y Alberto Castillo a Ciudadanos y a todos sus votantes en la Región, ya que firmaron la moción de censura y luego pactaron con el PP el voto en contra», según Cs.

En concreto, reprocha que pactaron con el PP «para asegurarse el sillón caso de Franco y Castillo y de beneficiarse de uno en los casos de Miguélez y Álvarez, el cual dejo el cargo de consejero en breve, demostrando su poco interés por los murcianos y sí su intención de castigar a Ciudadanos; al ponerse al frente del Grupo Parlamentario, para intentar callar la voz del partido liberal y secuestrando de esta manera el mismo».

A estos diputados «tránsfugas», dicho informe «suma como principal beneficiado y promotor al presidente López Miras quien, para evitar la moción de censura, optó por comprar las voluntades de siete diputados, logrando un gobierno no electo y alterando la decisión de los ciudadanos de la Región en las últimas elecciones», según Cs.

«Tanto el presidente Miras como el resto de tránsfugas han corrompido nuestras Instituciones y han vulnerado la voluntad que los murcianos expresamos en las urnas», ha indicado la líder naranja en la Región.

La Región de Murcia «merece un gobierno democrático y que represente la voluntad de la ciudadanía», según Martínez Vidal, quien cree que «se hace imprescindible un cambio de ciclo tras casi tres décadas de un PP que solo sabe gobernar con el rodillo, y que toda la sociedad murciana alce la voz frente a este atropello a nuestra democracia».

La Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución (PAP) y la Alianza contra el Borrado de Mujeres han pedido que se acelere la aprobación de una legislación para acabar con la prostitución tras la sentencia del Supremo que anula la disolución del Sindicato de Trabajadoras Sexuales (OTRAS) dictada por la Audiencia Nacional.

Así, la plataforma ha exigido «hoy, con más razón», la aprobación de la Ley Orgánica Abolicionista del Sistema Prostitucional al considerar que «la prostitución no es un trabajo, es violencia patriarcal».

A este llamamiento se ha sumado la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, que creen que el Gobierno de Pedro Sánchez debe dar ya «alguna señal» de su compromiso en esta materia y «acelerar» una legislación que «ponga freno a la explotación sexual de las mujeres en España». Sobre la sentencia, esta organización ha señalado que la consideran «absurda», porque «los autónomos no tienen sindicatos».

Para SAP, la sentencia del Supremo hecha pública (en parte) este miércoles no reconoce la prostitución como un trabajo.

La sentencia del Alto Tribunal estima el recurso de OTRAS a la sentencia al considerar conforme a derecho los estatutos del sindicato. A su juicio, el examen debe ser al contenido de los mismos y las decisiones deben quedar ajenas al debate sobre la legalización, tolerancia o penalización de la prostitución por cuenta ajena.

«Máxime cuando la misma no aparece contemplada en los Estatutos, y con arreglo a nuestro Derecho la celebración de un contrato de trabajo cuyo objeto sea la prostitución por cuenta ajena, debe reputarse nulo», recoge el Alto Tribunal.

Esta última frase es en la que, según la PAP, el Supremo reconoce que la prostitución no es un trabajo, aunque, reconoce, el Tribunal «no ha tenido la valentía para decirlo claro».

Dice la PAP que este punto «imposibilita que los proxenetas puedan organizarse empresarialmente» y, por tanto, «no cabe blanquear el proxenetismo» como, a su juicio, pretende OTRAS en sus estatutos. «Si no existe patronal y no existe relación laboral, es evidente, que es pura falsedad hablar de organización sindical», señala.

PAP señala que el «objetivo principal» que les llevó a interponer el recurso inicial en la Audiencia Nacional (que ha derivado en esta sentencia) contra la sindicación de las trabajadoras sexuales era «impedir que la prostitución pudiera ser considerada como un trabajo» y, a su juicio, «ese es el resultado» obtenido ahora a través del Supremo.

Aún ha así, han lamentado que el Alto Tribunal haya hecho pública parte de la sentencia «como si de un periódico amarillista se tratara» sin dar cuenta antes de la misma a las partes, lo que, a su juicio, puede generar «efectos desconcertantes y posiblemente de desinformación».

Oxfam Intermón denuncia que de los 1.770 millones de dosis de vacunas que se han administrado en todo el mundo, el 28 por ciento ha sido en países del G7 y un 0,3 por ciento se han puesto en países de renta baja. Esto significa que, al ritmo de vacunación actual, los países de renta baja tardarán 57 años en vacunar a toda su población, mientras que los países ricos podrían tener a toda su población vacunada el 8 de enero del 2022.

La Alianza People’s Vaccine, formada por la Health Justice Initiative, Oxfam y ONUSIDA, ha publicado nuevas estimaciones según las cuales el mes pasado las personas que viven en países del G7 tenían 77 veces más posibilidades de recibir una vacuna que las que viven en países más pobres.

En conjunto, en mayo los países del G7 estaban vacunando a 4,6 millones de personas al día, lo cual quiere decir que, si este ritmo se mantiene, el 8 de enero de 2022 toda la población de esos países estaría vacunada. En cambio, con el ritmo de vacunación actual – 63.000 personas al día – los países de renta baja necesitarán 57 años para alcanzar el mismo nivel de protección.

«Resulta obsceno que el Reino Unido, Alemania y otros países ricos con capacidad para vacunar a su población impidan a los países pobres producir las dosis de vacunas que necesitan para salvar vidas», afirma Iñigo Macías, responsable de investigaciones de Oxfam Intermón, para quien es «triste» que los países en desarrollo no deban depender de COVAX, o de la buena voluntad de la industria farmacéutica.

«Los dirigentes del G7 deben aprovechar este momento para situarse en el lado correcto de la historia, y respaldar plenamente la liberación de las patentes de las vacunas, que ya cuenta con el apoyo de más de 100 países. Puede que los miembros del G7 tengan las vacunas que necesitan, pero prácticamente todo el resto del mundo no, y estas personas están pagando la protección de las patentes con su vida», continúa Macías.

Algunos miembros del G7 alegan para no apoyar la liberación de patentes haber hecho su parte comprometiendo o bien dosis de vacunas o bien fondos para la iniciativa COVAX, creada para facilitar el acceso de los países en desarrollo a las vacunas contra la COVID-19 que, sin embargo, no está cumpliendo su propósito. A finales de mayo, la iniciativa COVAX había suministrado menos de un tercio de las vacunas comprometidas, y la Alianza alerta de que, al ritmo actual, a finales de año probablemente tan solo habrá llegado, en el mejor de los casos, al 10 por ciento de la población de los países en desarrollo.

CUATRO MESES SIN LIBERAR PATENTES, 1 MILLÓN DE MUERTOS

Asimismo, advierten de que más de un millón de personas han fallecido a causa de la COVID-19 desde la última reunión del G7 en febrero. En este encuentro, los dirigentes de estos países manifestaron, «de manera imprecisa», su compromiso de incrementar el suministro mundial de vacunas, pero en último término no respaldaron de forma unánime la exención de las normas de propiedad intelectual que protegen las vacunas, ni tampoco la inversión para producir vacunas en los países en desarrollo, dos medidas que permitirían marcar la diferencia.

Coincidiendo con la reunión de los ministros de Sanidad del G7, que se celebrará este jueves, antes de la cumbre de líderes del G7 que tendrá lugar la próxima semana, la Alianza People’s Vaccine, de la que forma parte Oxfam Intermón insta al G7 a no hacer más promesas vacías y dejar de defender los intereses de las empresas farmacéuticas para, en cambio, adoptar medidas urgentes para acabar con la enorme brecha de vacunación entre sus países y los países más pobres.

Fatima Hassan, fundadora y directora de la Health Justice Initiative en Sudáfrica, afirma que «desde la última reunión de líderes del G7, han muerto ocho personas por minuto». «Estamos hablando de más de un millón de vidas perdidas. Mientras, unos pocos países, entre los que se encuentran el Reino Unido y Alemania, siguen bloqueando las propuestas para suspender las patentes de las vacunas y tratamientos contra la COVID-19, algo que permitiría que cualquier empresa productora cualificada del mundo fabricase las vacunas, no solo un puñado de grandes empresas farmacéuticas europeas y estadounidenses», añade.

«Independientemente de sus promesas y compromisos, si el G7 no respalda las medidas para acabar con los monopolios de las vacunas contra la COVID-19, en la práctica sigue permitiendo que sean las grandes farmacéuticas quienes deciden quién vive y quién muere», afirma.

Intermon Oxfan señala que de los países del G7, tan solo Estados Unidos apoya la propuesta presentada en la OMC para suspender los derechos de propiedad intelectual de las vacunas. El Reino Unido y Alemania se oponen, mientras que Canadá, Francia, Japón e Italia miran para otro lado, a pesar de que la opinión pública se ha mostrado muy favorable la idea.

Mientras, según las encuestas, el 70 por ciento de la población de los países del G7 considera que sus gobiernos deberían garantizar que las empresas farmacéuticas comparten sus fórmulas y tecnologías, a fin de que productores cualificados de todo el mundo puedan incrementar el suministro de vacunas.

Ante esta situación, Mohga Kamal-Yanni, asesor sénior sobre políticas de salud de la Alianza People Vaccine, señala que «el G7 debe tomar medidas para obligar a las farmacéuticas a compartir los conocimientos científicos y las tecnologías de las vacunas con proveedores cualificados de países en desarrollo, a fin de maximizar el suministro».

La ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal presentará una queja formal en el Registro del Congreso por no haber sido avisada con la suficiente antelación de la suspensión de su comparecencia en la comisión de investigación de la llamada ‘operación Kitchen’ tras haberse conocido que ha sido citada por el juez instructor como investigada.

Cospedal, que estaba citada para las 15.30 horas, se ha presentado diez minutos antes de los previsto en la Sala Prim, donde se han sustanciado este miércoles el resto de comparecencias, y allí se ha enterado, a través de los medios de comunicación, de que su comparecencia había sido aplazada.

Tras la sesión matinal de comparecencias, el PSOE propuso la suspensión de su comparecencia, que fue avalada por todos los grupos, salvo el PP, que votó en contra al sospechar que los socialistas buscan alargar los trabajos de la comisión, y Vox, que ya no estaba en la sala. Los diputados recibieron el aviso en su móvil a las tres de la tarde, sólo media ahora antes de la hora prevista, según confirmaron fuentes parlamentarias.

Sin embargo, la propia Cospedal ha confesado que nadie le había avisado y que había acudido al Congreso porque es su «obligación». «No me han avisado. Nadie me ha dicho nada. Esto no puede ser», ha protestado Cospedal, quien ha cuestionado que se haya tenido que enterar así de una decisión de estas características.

Enseguida, ha abandonado los alrededores de la Sala Prim y se ha dirigido al mostrador de ujieres del edificio que se encuentra frente del Palacio del Congreso para quejarse por que no se le hubiera notificado que su comparecencia había sido aplazada y para pedir cuentas por este proceder.

«ESTO ES MÁS QUE UN ATROPELLO»

Por el camino, se ha encontrado con la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, y el secretario general del grupo, Guillermo Mariscal, y otras diputadas como Carmen Riolobos o María Jesús Bonilla, que la han acompañado hasta una de las salas del Congreso, donde ha estado esperando recibir explicaciones de la presidenta de la comisión, la socialista Isaura Leal. «Esto es más que un atropello. No hay democracia ni hay nada. Es una cosa increíble», comentaba, visiblemente enojada, con sus compañeros.

Desde el PSOE aseguran que, tras adoptarse la decisión de suspenderse la comparecencia, los servicios jurídicos de la Cámara procedieron a avisar a Cospedal: la llamaron al teléfono de contacto que había facilitado, pero no lo cogió; a las 14.30 horas se contactó con la secretaria, que prometió avisarla, y además se le envió un correo electrónico.

Finalmente, ha sido el secretario adjunto del Congreso el que ha acudido al encuentro con Cospedal para hablar sobre este episodio. Aún con todo, la ex dirigente ‘popular’ tiene previsto presentar una queja en el Registro del a Cámara por el trato recibido, según avanzaron fuentes parlamentarias.

A la salida de este encuentro, la que otrora ‘número dos’ del PP, flanqueada por diversos diputados, entre ellos también Ana Belén Vázquez o Carlos Rojas, ha abandonado las dependencias de la Cámara Baja sin hacer declaraciones a los periodistas pero sí censurando la actuación de la comisión y singularmente del PSOE.

QUEDAN FERNÁNDEZ DÍAZ Y RAJOY

«Éstos lo que quieren es tener abiertas la comisión cinco meses para que no se hable de los indultos», ha comentado a sus compañeros, en alusión a la posible concesión de esta medida de gracia a los presos del procés.

Con el aplazamiento de la comparecencia de Cospedal este miércoles, la comisión ya sólo tenía pendiente del listado inicial llamar al exministro Jorge Fernández Díaz y al expresidente Mariano Rajoy, cuya comparecencia se calculaba para la próxima semana, el 10 de junio.

Una vez que se terminen los interrogatorios, la comisión debe aprobar unas conclusiones antes del 30 de junio, que es cuando acaba su mandato, para después votar el dictamen en el Pleno del Congreso.

Pero dado lo apretado del calendario parlamentario y la posibilidad de nuevas imputaciones, ahora ya no se descarta la opción de prorrogar los trabajos de la comisión de investigación

El PDeCAT ha registrado este miércoles en el Congreso de los Diputados un paquete de 24 enmiendas a la Ley del Ingreso Mínimo Vital, en las que proponen que la ayuda sea compatible con la prestación por hijo a cargo y solicitan el traspaso de su gestión a la Generalitat de Cataluña.

«Defender la compatibilidad del Ingreso Mínimo Vital con la prestación por hijo o menor a cargo y solicitar el traspaso de la gestión a la Generalitat de Cataluña son nuestros principales objetivos por los que velaremos durante los trabajos parlamentarios que ahora empiezan», ha afirmado el diputado de la formación en el Congreso, Genís Boadella.

Según ha recordado el diputado del PDeCAT, el Real Decreto-Ley que regula el Ingreso Mínimo Vital se publicó en el BOE el 1 de junio de 2020 y el 17 de junio de 2020 fue convalidado y tramitado como proyecto de Ley. Si bien, precisa que la Mesa del Congreso ha ido prorrogando sucesivamente la finalización del plazo de presentación de enmiendas, lo que ha definido como «un auténtico ejercicio de obstrucción parlamentaria para evitar que los grupos hagan sus aportaciones».

Boadella ha criticado que el Ingreso Mínimo Vital haya tenido sucesivas modificaciones con diferentes Reales Decretos-Ley con los que el gobierno ha ido haciendo ajustes. «La auténtica mejora de la ley la hacen los grupos parlamentarios, con todas sus aportaciones a través de enmiendas y el contacto con las entidades», ha precisado.

A su juicio, el Gobierno «se ha acostumbrado a legislar a golpe de Real Decreto-Ley y tendría que empezar a escuchar más a los otros partidos, si quiere tejer complicidades de cara al futuro».

Entre las enmiendas que han presentado, el PDeCAT también propone ajustar mediante coeficientes la cuantía del IMV al coste de la vida en los diferentes territorios del Estado; exigir como obligación a las personas beneficiarias del IMV, si no están trabajando y son mayores de edad o menores emancipados, estar inscritas como demandantes de empleo; e incluir un complemento de discapacidad del 22% de la cuantía del IMV que percibe una persona beneficiaria individual.

Igualmente, la formación propone, entre otros cambios, eliminar la exclusión de los administradores de una sociedad de recibir el IMV, y modificar el trámite de obtención y presentación de los certificados de empadronamiento, requeridos para recibir el IMV, sustituyéndolo, al igual que sucede con la información tributaria, por la obtención y verificación telemática por parte de la Administración del Estado.

Actualmente, según indica el PDeCAT, se está produciendo una «indeseada e innecesaria» acumulación de solicitudes de expedición de estos certificados en las oficinas del padrón municipal de todas las corporaciones locales.

«Indeseada, por el incremento exponencial de solicitudes, que está desbordando la capacidad de gestión de los municipios, sumado a un uso indebido del padrón respecto a su verdadera finalidad. E innecesaria porque la información requerida al solicitante con el certificado de empadronamiento ya está en poder de la Administración», precisa.

Finalmente, propone que los gastos de tramitación y gestión incurridos por las corporaciones locales sean financiados, con dotación contemplada en los Presupuestos Generales del Estado, a través de un Fondo específico destinado a sufragar los gastos derivados de la gestión del Ingreso Mínimo Vital.

La procesión del Corpus Christi de Sevilla repetirá el modelo del pasado año, como consecuencia de la situación actual derivada de la pandemia del coronavirus, por lo que no saldrá a las calles el día 3 de junio –fecha en la que se conmemora la festividad– sino que se celebrará en el interior de la Catedral y con un cortejo muy reducido, al igual que el aforo previsto en el templo.

En este sentido, la seo hispalense abrirá sus puertas a las 9,00 horas para que puedan acceder las personas que deseen participar en la misa del Corpus Christi, que presidirá monseñor Juan José Asenjo, en el Altar del Jubileo, solo unos días antes de su despedida como administrador apostólico, en un acto previsto para el sábado.

El aforo estará limitado al 50 por ciento, con arreglo a las normas establecidas por la Junta de Andalucía, o, lo que es lo mismo, 611 asientos disponibles, según informa el Arzobispado. «Las garantías de seguridad, prevención e higiene son una prioridad para el Cabildo Catedral, de ahí que se extremen las cautelas en todos los actos que acoge el primer templo de la Archidiócesis».

Al igual que sucedió el pasado año, para cumplir este aforo el Cabildo se ha visto obligado a reducir al mínimo las representaciones de instituciones de la ciudad y de la Archidiócesis. En lo que se refiere a la procesión con el Santísimo Sacramento, este año se celebrará de nuevo por las naves en el interior del templo metropolitano.

Igualmente, para evitar la aglomeración de participantes, el cortejo procesional quedará reducido al Consejo de Cofradías, la Junta de Gobierno de la Archicofradía Sacramental del Sagrario, el Cabildo Catedral, el vicario general, el administrador apostólico y las primeras autoridades.

Finalmente, el Santísimo Sacramento será portado por monseñor Asenjo sin usar la Custodia de Arfe ni la compañía de los pasos de los santos sevillanos. El administrador apostólico bendecirá a todos los fieles de la Archidiócesis desde la Puerta de la Asunción de la Catedral, si bien, desde el Cabildo ruegan de nuevo «encarecidamente» a los que quieran congregarse en la Avenida de la Constitución para recibir esta bendición, que guarden la distancia social. Se estima que la bendición se realice alrededor de las 11,15 horas.

Por último, y al contrario de lo sucedido el pasado año, la Octava posterior al Corpus Christi de adoración al Santísimo se celebrará aunque sin el tradicional baile de Seises.

ACTIVIDADES EN LAS VÍSPERAS

El Consejo de Bandas de Música Procesional de Sevilla ha programado una serie de conciertos con la participación de un total de 15 bandas de cornetas y tambores y agrupaciones musicales. Este miércoles tendrá lugar uno de ellos, así como los días 7, 8 y 9 de junio, en la Iglesia de los Terceros a las 21,00 horas, que se suman al celebrado este martes.

Este ciclo tiene un carácter benéfico, ya que la entrada contará con un donativo que irá destinado a la propia hermandad. También se habilitará en el acceso al recinto un punto de recogida de alimentos. Las entradas se pueden reservar a través de la web: ‘http://www.tienda.consejodebandas.es’.

La música también será protagonista el jueves en las Setas de laEncarnación. En esta ocasión, la hermandad de la Amargura organiza, con lacolaboración de la Delegación de Gobernación y Fiestas Mayores, un conciertocoincidiendo con la festividad del Corpus Christi que se celebra ese mismo día y dentro de los actos del 325 aniversario de su fundación. El concierto tendrá lugar a las 20,30 horas y contará con la participación de las bandas que acompañan a los dos pasos de la hermandad el Domingo de Ramos: Tres Caídas de Triana y Carmen de Salteras.

Las invitaciones para el concierto –disponible en ‘www.amargura.org’– supondrán un donativo de cinco euros que serán destinados íntegramente al Fondo Santa Ángela de la Cruz de la Amargura. También existirá un ‘fila cero’ para aquellos que quieran colaborar con esta obra social de la hermandad.

A esta oferta musical se suma el tradicional concurso de exorno de escaparates con motivo de la celebración del Corpus que ha organizado Al Centro –la Federación de Comercio y Servicios del Centro de Sevilla– con la colaboración del Distrito Casco Antiguo. Además de activar la actividad comercial, el concurso pretende animar a establecimientos situados en este enclave a engalanar sus escaparates con motivo de esta festividad.