UNICEF España ha mostrado su agradecimiento por ser uno de los galardonados en los XIV Premios Estrategia NAOS, otorgados por el Ministerio de Consumo y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición para reconocer aquellos programas, intervenciones u otras iniciativas que promuevan la alimentación saludable y fomenten la práctica de actividad física regular.

Según ha informado UNICEF en un comunicado, el jurado ha destacado el importante trabajo de la entidad en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, y, específicamente, el derecho a una buena nutrición. «Este premio supone un reconocimiento al trabajo de la organización en los últimos años para abordar el creciente problema de la obesidad infantil en nuestro país», ha afirmado el presidente de UNICEF España, Gustavo Suárez Pertierra.

«Recibir un premio como este refuerza nuestro compromiso y nos anima a seguir trabajando para prevenir la obesidad infantil y lograr que cada niño, niña y adolescente pueda crecer en un entorno saludable, con una alimentación adecuada y unos hábitos que mejoren su salud física y mental», ha añadido.

La organización ha puesto de relieve que, en España, «el 34,9% de niños de 8 a 16 años tienen obesidad o sobrepeso, porcentaje que asciende al 40,6% en el tramo de edad de 6 a 9 años». Por ello, ha advertido de que la situación es «especialmente preocupante para los menores más vulnerables, ya que los hogares de rentas más bajas no pueden permitirse el consumo de carne o pescado al menos cada dos días, lo cual repercute en su alimentación. Han argumentado que «el 23,2% de los niños y niñas de familias con rentas inferiores a 18.000 euros brutos anuales sufre obesidad, frente al 11,9% de los de familias cuyas rentas superan los 30.000 euros».

UNICEF ha asegurado que la pandemia también ha tenido un impacto en el estado nutricional y la salud física de la infancia de España ya que el confinamiento «aumentó el sedentarismo y el tiempo frente a pantallas, pero también dificultó el acceso a alimentos saludables».

Por ello, han destacado que es «más importante que nunca» seguir trabajando con aliados como la Gasol Foundation y con todas las entidades públicas que están implicadas en la lucha contra la obesidad infantil para lograr medidas políticas y legislativas que promuevan los hábitos saludables y desincentiven los malsanos; un plan de sensibilización sobre la obesidad infantil; e intervenciones preventivas de esta problemática.

«Uno de los grandes retos es la puesta en marcha de un Plan contra la Obesidad Infantil integral que priorice a las poblaciones en riesgo de exclusión social y que, impactando en todos los ámbitos de la vida de un niño y abordando el cambio de hábitos», han concluido.

El ex ministro de Industria Miguel Sebastián reivindicó, ante el juez que investiga la supuesta contratación por parte del BBVA del entonces comisario José Manuel Villarejo para frustrar el desembarco de Sacyr en el banco, su estatus de perjudicado por este ‘Proyecto Trampa’, denunciando que sufrió «un vapuleo mediático continuado» que afectó tanto a su carrera profesional como a su vida personal.

Así se expresó en la declaración como testigo que hizo el pasado 14 de abril ante el juez instructor de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, dada su condición de director general de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno en la época en la que habría producido este espionaje empresarial a cargo de Villarejo.

A preguntas de la Fiscalía, que le interrogó las razones por las que en 2019 intentó personarse como perjudicado en este caso, Sebastián afirmó que lo fue en «una triple vertiente». En primer lugar, enumeró, «ha sido un vapuleo mediático, no solo en mi etapa como político sino en la etapa incluso posterior, o sea, un vapuleo mediático continuado en muchos frentes».

«En segundo lugar, porque me ha perjudicado en mi vida profesional, que se ha visto muy limitada. Yo tenía una carrera profesional antes de entrar en política y, a la salida de la política, al contrario de lo que le ocurre a muchos de mis colegas europeos o del mundo, mi trayectoria profesional se ha visto completamente truncada», señaló.

Por último, se refirió a sí mismo como «el primer caso de ‘outing’ de la historia de España», explicando que el ‘outing’ consiste en «revelar la condición de homosexual de una persona que no quiere que sea revelada públicamente. Esto, subrayó, fue «lo más desagradable». «Me gustaría que fuera el último» caso, apostilló el ex dirigente socialista.

EN PLENA «EFERVESCENCIA ECONÓMICA»

Sebastián situó la operación Sacyr-BBVA en el contexto de «una efervescencia económica y empresarial muy elevada, con burbujas de todo tipo», donde se cocinaban numerosas operaciones de las que se informaba a Moncloa.

El movimiento entre la constructora y el banco llegó a sus oídos por boca de Vicente Benedito. «Me dijo, queremos ir a verte porque queremos que informes al presidente de una operación que creemos que es importante», narró. Según Sebastián, hubo una primera reunión hacia el verano de 2004, en la que Benedito y el entonces presidente de Sacyr, Luis del Rivero, le expusieron el plan. «Les recibí y escuché», apuntó, describiendo una charla «muy genérica».

Ya después del periodo estival, hubo un segundo encuentro, cuando ya «sí que estaba la operación más en marcha», por lo que –según declaró– Sebastián les aconsejó que se entrevistaran con el vicepresidente económico del momento, Pedro Solbes, si bien negó que les pusiera directamente en contacto: «No hacía falta, les iba a recibir, como imagino que ocurrió».

Sebastián aclaró que no tuvo ninguna participación directa en esta operación, dado que su trabajo en aquella época se limitaba a «transmitir esa información al presidente del Gobierno, que era lo que ellos buscaban». Aún así, recalcó que en esta maniobra empresarial, a diferencia de otras, el Ejecutivo «no tenía nada que decir».

PINCHAZOS TELEFÓNICOS

Otro de lo asuntos por los que le preguntó el fiscal fue una conversación telefónica sobre la maniobra empresarial que habría tenido en su despacho como jefe económico de Moncloa en presencia de la entonces vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, con Ignacio Ruipérez –que hacía estudios económicos para el Santander cuando Sebastián estaba en un cargo similar en BBVA–.

Villarejo transcribió esta charla en uno de sus informes para BBVA, por lo que el fiscal buscaba averiguar si eran meras «invenciones» del ex comisario o si realmente espió a Sebastián. «Yo nunca he sido consciente de que me estaban espiando el teléfono, sobre todo porque era un teléfono de Presidencia del Gobierno», contestó, haciendo hincapié en que desde entonces no ha cambiado su número, algo que –razonó– habría hecho si creyera que estaba comprometido.

Tampoco tuvo la sensación de que le vigilaran. «Nunca», respondió tajante. «Es verdad que yo vivía muy cerca de Moncloa, decía en broma que me podía tirar en bicicleta desde mi casa a Moncloa y llegar sin pedalear, pero nunca me sentí seguido, y la verdad es que mi vida era de Moncloa a mi casa, de mi casa a Moncloa, y poco más», ilustró.

En cualquier caso, Sebastián tildó de «imposible» que se hubiera producido esa u otra conversación telefónica en su despacho estando delante De la Vega, porque la vicepresidenta primera solo fue a su oficina una vez, de forma «excepcional», para expresarle el pésame por la muerte de su hermano.

EL ‘NO’ DEL BANCO DE ESPAÑA

Sebastián achacó el fracaso de la operación a que «los que la llevaron a cabo decidieron retirarse» porque «dijeron que querían la autorización del Banco de España y el Banco de España no se la autorizó».

Esta versión contrasta con la ofrecida el mismo día por Del Rivero, que declaró ante el juez que cuando la constructora decidió abortar el intento de entrar en el Consejo de Administración de BBVA lo hizo por miedo después de que ardiera la Torre Windsor el 12 de febrero de 2005.

Otro testigo, el ex directivo de BBVA José Domingo de Ampuero, también declaró ese día que fue en enero de 2005 cuando Del Rivero le comentó que «tiran la toalla», por lo que el hecho de que el Windsor se incendiara no habría sido tan determinante, ya que se produjo en febrero.

LAS AMENAZAS DE ‘FG’

Con todo, Sebastián se mostró como víctima de una «bruta campaña mediática» en la que su esfera privada fue «pisoteada». «Y lo peor es que esto no ha sido por motivos ideológicos. Esto ha sido por dinero», añadió. En este sentido, aseguró que «no tenía ni idea» de que la campaña obedeciera a «motivos empresariales». «Yo creía que era parte de la política, no que venía de ‘FG'», el ex presidente de BBVA, Francisco González, dijo.

Preguntado por el fiscal si alguien dentro de BBVA podría tener interés en investigarlo, Sebastián manifestó que «desde luego no era consciente de que tuviera enemigos» en el seno de la entidad financiera, ya que a día de hoy aún mantiene relación con trabajadores del banco, al que se refirió como su «casa».

No obstante, rememoró un pasaje que tuvo lugar en 2003, cuando González le despidió como director del Servicio de Estudios de BBVA. Sebastián quiso saber el porqué y González le espetó que «no tenía que dar ningún tipo de explicación», limitándose a indicar que el banco había decidido «prescindir de tus servicios».

Pero la conversación no quedó aquí, pues –según contó– al término de la misma González le dijo algo que le sonó a «amenaza»: «Ojo con lo que dices de nosotros, porque nosotros podemos decir muchas cosas de ti», a lo que Sebastián contestó: «Puedes decir de mí lo que quieras».

El ex ministro socialista confesó que sigue sin entender esa «amenaza» porque nunca habría atacado al BBVA. «La verdad es que me dejó muy sorprendido porque yo siempre había creído que había tenido buena relación con él», confesó.

Asimismo, se mostró indignando porque su padre, agente de Bolsa, habría ayudado a González en sus primeros años y entre ellos había una relación cordial. «Ahí se equivocó», concluyó sobre su padre y la opinión que tenía del presidente de BBVA, acusando a este último de implantar un régimen «presidencialista» en la entidad financiera.

El Partido Popular ha acusado este lunes al Gobierno de «ningunear» a las comunidades autónomas también con las políticas activas de empleo como, a su entender, está haciendo a lo largo de esta legislatura y se ha visto con el Plan de Recuperación y los fondos europeos.

Así lo han expuesto los consejeros de Hacienda de las autonomías gobernadas por el PP en la reunión por vía telemática que han mantenido con los vicesecretarios de Sectorial y de Política Territorial, Elvira Rodríguez y Antonio González Terol, según han informado fuentes ‘populares.

El PP ha convocado esta reunión con sus consejeros antes de que se celebre este miércoles la Conferencia Sectorial en materia de políticas activas de empleo para «repartir los fondos de políticas activas de empleo» y ha habido quejas por la actitud del Ejecutivo, ya que, a su juicio, no atiende a sus demandas ni cuenta con ellas.

REUNIÓN CON CONSEJEROS DEL PP ANTES DE LA CONFERENCIA SECTORIAL

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, anunció hace 10 días que se destinarán más de 3.500 millones de euros a la modernización de las políticas activas de empleo.

De esa cuantía total, 2.110 millones se distribuirán entre las comunidades y serán objeto de debate en esa conferencia sectorial de empleo, en la que se va a presentar también el nuevo sistema de garantía juvenil.

En la reunión de los vicesecretarios del PP con sus consejeros de Hacienda se ha denunciado el «respeto mínimo» a las CCAA por parte del Gobierno en esta cuestión y que se les llegue a «cambiar los criterios de reparto» o se les «quite fondos de emprendimiento», según fuentes del partido.

Además, el PP ha criticado que el Gobierno haya presentado a las autonomías los fondos de políticas para el empleo del mecanismo de reconstrucción y resilencia pero «más del 50% se lo queda el Ministerio», según han añadido las fuentes consultadas, que creen que el Ejecutivo está optando por «una recentralización» sin ofrecer explicaciones a las comunidades.

El diputado de EH Bildu Jon Iñarritu ha desvelado este lunes por la noche en redes sociales que el 11 de marzo recibió un sobre remitido desde El Escorial (Madrid) con varias hojas escritas y letra similar al que ha denunciado la ministra de Industria, Reyes Maroto.

«El día 11 de marzo recibí un sobre con un regalo. Curiosamente el remitente era de El Escorial y es familiar de un diputado de extrema derecha», señala Iñarritu en un comentario en Twitter.

El diputado añade: «A mí no me envió una navaja sino una película de Agatha Christie y varias hojas escritas que no he conseguido descifrar». El comentario lo acompaña de dos fotografías con el sobre y con el contenido que había en su interior.

Este lunes por la tarde, la Policía ha remitido al juzgado de instrucción número 13 de Madrid, en funciones de guardia, el sobre con una navaja que fue enviado al Ministerio de Industria a la atención de Reyes Maroto, que además de ministra ha sido elegida como vicepresidenta económica del PSOE si Ángel Gabilondo ganas las elecciones del próximo 4 de mayo.

Basándose en el remitente del sobre, la Policía ha identificado al presunto autor del envío de esta carta, el cual es un vecino de El Escorial (Madrid) con graves problemas de salud mental, según confirmaron fuentes policiales.

Fuentes del Ministerio de Interior se han limitado a informar sobre las 17.00 horas de que el caso por el envío del sobre con la navaja aparentemente ensangrentada había quedado judicializado.

Policía y Guardia Civil prosiguen la investigación por los otros tres sobres con balas en su interior recibidos la semana pasada por el ministro Fernando Grande-Marlaska, la directora de la Guardia Civil, María Gámez, y el exvicepresidente y candidato de Unidas Podemos a las elecciones madrileñas, Pablo Iglesias.

Fuentes jurídicas consultadas han confirmado que la Policía ha dado traslado de su atestado a los juzgados madrileños, precisando que en estos momentos el caso está a la espera de que la oficina de reparto decida sobre qué juez debe asumir el caso.

La propia Reyes Maroto ha explicado a la prensa esta mañana tras presentar una denuncia en la comisaría del Congreso que su carta es diferente a la recibida la semana pasada por otros cargos públicos ya que, además de contener una navaja –en vez de balas como las otras tres–, sí figuraba un remitente con una dirección de El Escorial.

ERC y Junts siguen avanzando en las negociaciones para formar el nuevo Govern y han profundizado en el programa económico del futuro Ejecutivo, mientras que tienen encarrilado el apartado sobre las políticas sociales.

Así lo han explicado fuentes de las negociaciones después de la reunión de casi tres horas que han mantenido los equipos negociadores de ambos partidos en el Parlament, y que tiene lugar un día antes del encuentro que mantendrán el candidato de ERC a la Presidencia, Pere Aragonès, y el secretario general de Junts, Jordi Sànchez, en la cárcel de Lledoners.

La semana pasada ya se empezaron a reunir en el Parlament los grupos de trabajo sectoriales para concretar el programa que debería tener el nuevo Govern, lo que ha permitido que ya estén ultimando el capítulo de políticas sociales, que incluye salud, bienestar, políticas digitales, vivienda y juventud, entre otras cuestiones.

En relación al eje económico, que incluye las políticas territoriales, ambiental y de emergencia climática, las citadas fuentes han asegurado que han avanzado bastante y hay un «consenso inicial» al respecto, aunque el grupo que debe trabajar estos temas todavía no se ha reunido formalmente.

Todavía quedará por activar el tercer eje programático, que se encargaría de asuntos institucionales como Justicia y Administraciones Pública

Las fuentes ya citadas han asegurado que también han avanzado en los mecanismos de coordinación entre ambas formaciones, una carpeta del acuerdo que está prácticamente cerrada, mientras que siguen trabajando en la estrategia independentista.

Sin embargo, siguen sin abordar aún la estructura del futuro Ejecutivo catalán, que será el elemento central de la reunión del martes entre Sànchez y Aragonès en Lledoners, que probablemente se celebrará por la tarde, apuntan otras fuentes consultadas.

Fuentes conocedoras de las negociaciones han querido rebajar las expectativas de este encuentro: «No es una cumbre para desencallar nada», y han señalado que en esta reunión se prevé que ERC entregue a Junts el documento detallado con toda la estructura de Govern, que debería concretar qué consellerias tendrá el Ejecutivo y qué competencias tiene cada uno, antes de entrar en el reparto de carteras entre los dos partidos.

UN MES PARA LA FECHA LÍMITE

ERC y Junts tienen hasta el 26 de mayo –un mes exacto desde este lunes– para intentar desencallar las negociaciones y evitar una repetición electoral que los de Carles Puigdemont siempre han asegurado que no quieren, y que están dispuestos a ir a la oposición si no logran un buen acuerdo con los republicanos.

A falta de un mes, si Aragonès ni ningún otro candidato fuera investido, se disolvería automáticamente el Parlament y se convocarían elecciones a mediados de julio, algo que no ha sucedido nunca, a excepción de la legislatura anterior, cuando corrió este plazo tras la inhabilitación de Quim Torra porque no se presentó ningún candidato para sustituirle, pero no tras el fracaso de una candidato en la investidura justo después de los comicios.

El que fuera presidente del Sacyr Luis del Rivero señaló el pasado 14 de abril, ante el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso ‘Tándem’ que las diferentes actuaciones del comisario José Manuel Villarejo contra su persona le valieron un infarto que acabó en una operación a corazón abierto en la que tuvieron que hacerle «cinco baipases de una vez».

En su declaración y a preguntas de su defensa, el que fuera presidente de la constructora en los años 2004 y 2005 explicó que por esa época vieron conveniente retirarse del ladrillo y buscar refugio en otras inversiones, por lo que decidieron entrar en BBVA. Esto, según el sumario de la pieza separada 9 de Tándem, derivó en la contratación del comisario por parte de la entidad para abortar dicha operación –el proyecto ‘Trampa’–.

Durante su comparecencia ante el juez Manuel García-Castellón indicó que «en ningún momento» el consejo de administración de Sacyr se proponía lanzar una opa hostil contra el banco y de hecho que en una primera fase sólo aspiraban a llegar al 5 por ciento de las acciones y contando con el apoyo de accionistas antiguos.

Pero al poco de hacer pública esa intención, según Del Rivero, sufrió «una campaña brutal» desde los medios en su contra, que si bien en un inicio pensó que provenía del banco, luego pudo saber que fue orquestada por Villarejo, quien escribió en informes que «tenía penetración total en medios fundamentales». «Me creó una tensión brutal», confesó al magistrado.

Tras esto, su abogado le preguntó por si estos hechos resaltados le habían causado algún perjuicio, a lo que Del Rivero indicó que si bien ya en enero de 2005 comenzó a replantearse la operación de entrada en BBVA por los ataques «tremendos» en prensa, el sábado 12 de febrero vio en la televisión el incendio del rascacielos Windsor y pensó que «hasta ahí llegaban las cosas» y decidió proponer la venta d elas acciones al consejo, algo que ocurrió días después.

LA FALTA DE APOYO DE CARUANA, DECISIVA

Al hilo, explicó que ante el consejo expuso los motivos, y detalló que la operación no era avalada por el gobernador del Banco de España, por aquel entonces Jaime Caruana. «Ese motivo decisorio y decisivo nos hizo que la noche del 15 –de febrero de 2005– pusiéramos una colocación acelerada y que el 16 se comunicara a la opinión pública».

Tras esto, y sobre los daños sufridos por esa presión realizada por Villarejo contra su persona, el expresidente de Sacyr indicó al juez que sufrió un infarto por su culpa. «Villarejo se vanagloria dos veces de haberme ocasionado un infarto, y es cierto; el día 20 –no dice fecha exacta– tuve un primer ingreso en la Ruber –hospital privado– y el 26 tuve un segundo ingreso y fui operado del corazón con cinco baipases de una vez», recordó, para luego indicar que si se hubiera muerto en ese momento no hubiera conocido a sus nietos ni el desarrollo de sus hijos.

Añadió que esa «es una de las operaciones más complicadas» y luego tiró de refranero para afirmar que «hay disgustos que matan». A esto sumó daños morales «bastante importantes» porque su reputación se vio afectada y de hecho desde entonces dejó de ganar cantidades de dinero importantes debido a esto.

A lo largo del interrogatorio realizado por el fiscal anticorrupción, Del Rivero comentó de manera pormenorizada las reuniones tanto con personas del Gobierno –Miguel Sebastián o el ministro de Economía Pedro Solbes– como con la oposición –José María Aznar– o con accionistas. Además realizó un cronograma de los hechos relevantes de esas fechas apoyándose en sus agendas.

Además, Del Rivero hizo referencia al entonces presidente del BBVA, Francisco González señalando que como «había llegado allí por la política, pues se creería que se ponían y quitaban presidentes de los bancos por la política».

Realizó estas manifestaciones, a preguntas del fiscal, en la parte de su relato en la que se refiere al presunto apoyo por parte del Gobierno de entonces, a cargo del socialista José Luis Rodríguez. «Ese Gobierno, si hubiese querido que la operación se hubiera hecho, la hubiera hecho, hubiera salido, pero el Gobierno estaba al margen del tema –relató Del Rivero–, el primer día que llegó sacó las tropas de Irak, paralizó el trasvase del Ebro, el Estatuto de Cataluña… Si una cosa de éstas la hubiera querido hacer, la habría hecho».

CONOCIMIENTO POR AZNAR Y ABELLÓ

Del Rivero manifestó varias veces que nunca se sintió espiado ni hostigado, sólo mediáticamente, y que una vez aprobada la operación el primer contacto fue con el ex presidente el Gobierno José María Aznar, en una comida en el domicilio del empresario Juan Abelló. «Le parecía bien», recordó.

En cuanto al momento en el que decidieron no seguir adelante, el empresario sitúa la decisión el 15 de febrero de 2005, tres días después del incendio en Madrid del edificio Windsor. «El consejo era conocedor que había una investigación de Anticorrupción sobre papeles de Merrill Lynch, era público -explicó ante el juez-. Y si vemos que a nosotros un ataque tan brutal el 28 de enero con el tema del agua, que si yo me llevaba el agua (de los agricultores murcianos) que todas las semanas los confidenciales atacando, y en ese momento sabiendo que los papeles de Merrill Lynch que tenían que ver con el presidente del banco BBVA se quema, pues decimos que hemos venido a tener un negocio, no a hacer una guerra».

A continuación, Del Rivero niega que trate de hacer imputaciones ni quiera hacerlo, si bien desde Sacyr entendieron que no iban a ir «a una guerra a muerte». Sobre su conocimiento de los citados papeles de Merrill Lynch, a preguntas del representante del Ministerio Público el empresario se limitó a decir que sabían que se estaban investigando esos documentos «cuyos informes los tenía Deloitte, eso era lo que sabíamos».

En cuanto a la investigación que le realizó Villarejo, reconoció durante su declaración judicial que en ella aparecían ciertos datos de su vida íntima como la realización de un regalo, un viaje con sus esposa o la existencia de una comida a la que asistió junto con Abelló y Demetrio Casteller en Aranjuez (Madrid). También señaló al fiscal que el director de seguridad de Sacyr entonces era un ex policía, Rodrigo Álvarez.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha aclarado este lunes que él es el único que puede convocar elecciones en la comunidad, de manera que «nadie puede hablar» en nombre de la Junta de adelanto electoral.

«Cuando escucho que el PSOE dice que vamos a adelantar las elecciones, ¿desde cuándo disuelve el Parlamento de Andalucía Sánchez, Díaz o Espadas?. Nada, aquí sólo disuelve el presidente de la Junta, que soy yo», ha zanjado en su intervención en la reunión del Comité Ejecutivo Autonómico del PP, celebrada en Córdoba.

En este sentido, ha enfatizado que «aquí nadie puede hablar en nombre del Gobierno de ningún adelanto electoral», por lo que «no nos metan en sus líos internos, ni sus follones, porque estamos en lo que estamos, que es Andalucía y los andaluces, y ellos que resuelvan sus follones», les ha recomendado.

Así, ha abundado que «no hay ninguna intención de adelantar las elecciones», porque «lo primero es Andalucía, vacunar, recuperar la economía, el empleo y el progreso».

«Ese es el objetivo y de ahí no nos puede sacar absolutamente nadie», ha aseverado Moreno, quien ha subrayado que «todas las energías, talento y capacidad tienen que volcarse en el próximo año en sacar a Andalucía de la peor crisis económica, social y sanitaria que ha tenido en su historia reciente».

Entretanto, ha apostillado que «los adversarios políticos están en sus cosas, en resolver sus liderazgos internos», sobre los que les ha deseado «toda la suerte del mundo, porque a Andalucía le interesan liderazgos fuertes en la oposición».

Sin embargo, ha insistido, «nosotros nos vamos a dedicar a lo que nos toca, que es estar al lado de los ciudadanos y sacar a Andalucía adelante», por lo que «no nos metan en sus líos», ha recalcado.

Por contra, ha defendido que el Gobierno regional trabaja ya en «un paquete de medidas de reactivación económica muy importantes en todos los sectores», a lo que ha añadido que «algo está cambiando en la estructura social y económica» de la región, que «está aguantando mejor que el resto de España» las consecuencias actuales. En este punto ha defendido la reducción de la presión fiscal y «convertir a Andalucía en la comunidad donde menos burocracia y trámites administrativos haya y ser un referente internacional«.

RECLAMA A SÁNCHEZ LA CONFERENCIA DE PRESIDENTES

De este modo, Juanma Moreno ha trasladado que en la Junta están «centrados en lo importante, que es lo que le pasa a los andaluces», e «incluso obsesionados», con la gestión de la pandemia del Covid-19, de manera que «el principal objetivo no puede ser otro que el de vacunar y curar a las personas que enfermen por el Covid», así como «la reactivación económica».

En este caso, ha destacado «el esfuerzo sin precedentes» desde la región, porque «no existe ninguna otra comunidad que haya puesto encima de la mesa más recursos para salvar a las pequeñas y medianas empresas y autónomos, con 732 millones de euros», a los que quieren «sumar la ayuda que el Gobierno de España pone con el plan de rescate, con unos mil millones de euros».

Al respecto, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que «de que de una vez por todas se ponga las pilas», porque «en febrero anunció el paquete de ayudas, pero no se entiende que se esté prácticamente en mayo y todavía no se haya firmado un convenio con el Ejecutivo para repartir recursos a los autónomos y empresas». «¿A qué va a esperar el Gobierno?, porque las ayudas hay que gastarlas antes de diciembre de este año», ha advertido Moreno.

Tras subrayar que él no confronta, sino que exige «lo justo y los intereses de 8,5 millones de españoles que viven en Andalucía», el presidente de la Junta ha demandado a Sánchez que «ejerza la cogobernanza de la que tanto habla y tan poco practica» y que convoque una reunión de la Conferencia de Presidentes para abordar «el plan de vacunación, cómo se va a recuperar la movilidad» tras el 9 de mayo cuando finalice el estado de alarma, «cómo se va a pasar de una comunidad a otra, cuál va a ser la desescalada» o «cómo se van a repartir los fondos Next Generation», entre otras cuestiones.

«EN EL PP DE ANDALUCÍA NI HAY SORPRESAS, NI VOLANTAZOS»

Mientras, el presidente del PP andaluz ha recordado que su partido está en el proceso congresual que «finaliza en la tercera semana de junio» en Almería para «renovar los cargos y equipos directivos en el esfuerzo de actualización permanente del partido», del que ha declarado que cuenta con «un proyecto renovador, centrista e inclusivo», así como «un partido plural y diverso, reflejo de la sociedad». «Somos heterogéneos. Bendita sea la diversidad, que nos hace más fuertes», ha asegurado.

Además, ha manifestado que en su partido apuestan por «la estabilidad», porque «es garantía», y huyen de «todo aquello que pueda tambalear a las instituciones», sino que ha defendido «fortalecerlas, porque en ellas reside parte de la democracia».

Y ha apostillado que «en el PP de Andalucía ni hay sorpresas, ni volantazos», a la vez que «el PP es el pegamento para aglutinar a todas las personas serenas y sensatas dentro del espacio político», ha dicho, para señalar que «el modelo andaluz puede ser uno de los mejores catalizadores de anhelos y deseos de los andaluces y españoles», así como «a través del proyecto nacional sólido, fuerte y estable» con Pablo Casado, de quien ha indicado que «muy pronto será el presidente de todos los españoles», algo que, según ha mantenido, «se necesita urgentemente».

El candidato de Unidas Podemos (UP) a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, se ha preguntado esta tarde si su padre estaría hoy amenazado de muerte si la exportavoz parlamentario del PP Cayetana Álvarez de Toledo y el eurodiputado de Vox Herman Tertsch no le hubieran llamado terrorista.

«Pido una reflexión. Mi padre fue detenido en 1973 por repartir propaganda y en el Congreso Cayetana le llamó terrorista. ¿Estaría mi padre amenazado de muerte hoy si Herman Tertsch y Álvárez de Toledo no le hubiera llamado terrorista?. Tendríais que escuchar lo que dicen a Grande-Marlaska cada miércoles en el Congreso cuando le acusan de complicidad con el terrorismo», ha señalado Iglesias en un mitin celebrado esta tarde en el madrileño distrito de Tetuán.

Allí, rodeado de varios diputados y miembros de su lista electoral ha criticado que la ultraderecha use la mentira «como arma política». «Mañana vendrán con otra mentira diferente. Así es como funciona el fascismo, con la mentira, la provocación y el insulto. ¿Os imagináis la sensación de impunidad cuando un ultraderechista se puede permitir hacerse un selfie con un antidisturbios? O que pongan un cartel de propaganda nazi en una estación y eso sea amparado por un juez», se ha preguntado.

Por eso, el líder de Podemos entiende que «al fascismo hay que pararlo ya» y ha dicho entender «lo que significa el fascismo». «En democracia te pueden presentar a las elecciones y ganarlas. Unidas Podemos ha significado una enorme voluntad de cambiar las cosas. Nos dijeron que montáramos un partido y nos presentamos a las elecciones y entonces empezaron a funcionar las cloacas, que es un dispositivo para vender bulos a los medios de comunicación. Da igual que tengamos denuncias archivadas si eso ha servido para llenar portadas en periódicos. Eso ha servido para el miedo al cambio», ha indicado.

«A pesar de todo no pudieron impedir que gobernásemos en muchas ciudades, que estemos en el Gobierno de España y en el de varias comunidades no lo pueden aguantar. Como no han sido capaces de impedirlo entra otro mecanismo de poder, que es fascismo. Se reían de nosotros por señalar el problema del fascismo hace años. Ahora muchos profesionales de medios están reconociendo que no se puede aceptar la mentira, el bulo. Eso es enormemente importante. Tras el debate del viernes, muchos en la Ser entendieron que los fascistas no pueden tener un tratamiento normal, que con quienes están en contra de la democracia no se puede tener tolerancia. Por eso es importante votar a UP porque no vamos a tener dudas para derrotar al fascismo», ha proseguido.

En la misma línea, Iglesias ha señalado que les atacan tanto y les han convertido en «chivo expiatoria» porque saben que no iban a apoyar un Gobierno del PSOE con Ciudadanos. «Lo que ocurrió en las primarias del PSOE que convirtieron a Pedro Sánchez en secretario general es que los militantes dieron la vuelta a la voluntad d ellos poderes económicos y mediáticos. Y eso tiene que ver con la presencia de Unidas Podemos. Logramos que hubo el primer gobierno de coalición y demostrar que había un camino posible. No solo somos una promesa, sino una realidad de gobierno que ha demostrado que podemos gobernar mejor que ellos. Somos una prueba de que se puede gobernar distinto. Ahí es cuando opera la dinámica del fascismo», ha esgrimido.

El exvicepresidente del Gobierno de España asegura que la «agresividad» de sus rivales de derechas «demuestra que están ganando, que muy pronto verán a UP ejerciendo una posición de liderazgo en el Gobierno de Madrid». «Para ello lo que tenemos es la capacidad del boca a boca, hay que hablar con todo el mundo; ellos nos van a insultar sin pudor. Su agresividad no es casual, responde a que saben que lo pueden perder. Frente a los argumentos irracionales, razones. Los que no quieren que nada cambie no son demócratas. Adelante que sí se puede», ha concluido.

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado este lunes que se monten «circos» con las amenazas que todos los responsables políticos reciben y ha advertido del posible «efecto llamada».

Durante un acto de campaña en el Teatro Municipal José María Rodero de Torrejon de Ardoz, ha criticado que desde la izquierda esté «crispando creando un ambiente de división social».

«Nosotros, y yo también, condenamos todo tipo de violencia, ahora bien todos recibimos en algún momento como responsables políticos amenazas y la diferencia es que unos no lo comentamos, lo llevamos a las instituciones pertinentes y no estamos haciendo circos», ha declarado.

Así, ha hecho hincapié en que todos llevan «escolta» y todos han sido «amenazados en algún momento». «Yo también he estado en una lista yihadista, también he recibido amenazas pero lo que no hay que hacer es una y otra vez seguir aumentado el efecto de llamada. Hay que tratarlo con discreción y serenidad como corresponde», ha recalcado arropada por su consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín, el expresidente de la Comunidad y senador, Pedro Rollán, y el alcalde de Torrejón de Ardoz, Ignacio Vázquez.

Además, ha trasladado que le gustaría saber a quién han puesto al frente de la seguridad de algunas de las instituciones porque a ella le llegan a mandar a su despacho directamente, «pasando por el escáner de la Real Casa de Correos», aunque sea «un abrelatas de una lata de mejillones» y el responsable de seguridad de la Puerta del Sol «no vuelve a su puesto de trabajo».

«Si no son capaces de gestionar el escáner de tres instituciones distintas como para gestionar Barajas o gestionar un país», ha recalcado. Asimismo, ha incidido en que cuando se habla de violencia hay que recordar «quién pacta con el entorno político de ETA, quién desea guillotina para sus adversarios, quién jalea y respalda romper comercios y escaparates de comerciantes honrados que pagan sus impuestos».

Ayuso ha rechazado que en esta campaña se hable de lo que no está pasando porque lo que sí esta pasando, a su parecer, «se queda soterrado» como puede ser la llegada a España de la cepa india del coronavirus.

La candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, se ha mostrado dispuesta a poner «todo» de su parte para conseguir un Gobierno en Madrid con «ideas claras», donde se dediquen recursos a conservar los empleos y «en beneficio de los madrileños».

En una entrevista en ‘Onda Cero’, ha afirmado que con la presidenta regional y candidata a la reelección por el PP, Isabel Díaz Ayuso, se va a «llevar muy bien», más ahora que no está el exvicepresidente, Ignacio Aguado, «en medio con su confusión». «Las cosas van a ser más fáciles», ha apuntado.

Monasterio ha vuelto a aludir a la crispación en la campaña generada tras el envío de cartas amenazantes a cargos del Gobierno y al candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, algo que insiste que ha condenado. Asimismo, ha indicado que la izquierda «no quiere debatir y ha buscado una forma de salir de los debates y de arrebatar a los madrileños el derecho de escuchar a todos los candidatos en el máximo número de debates posibles».

Así, ha recalcado que la izquierda está «muy nerviosa» y por eso se ha ido a un discurso «tan brutal» contra Vox. La líder de Vox Madrid ha criticado que se quiera hacer un cordón sanitario contra su formación y «sacar de la política» a cuatro millones de españoles. «Esto es lo contrario a la democracia», ha defendido.

De la misma forma, ha insistido en que el resto de partidos han visto que Vox va a tener un «buen resultado» en estas elecciones y que el Gobierno va a «depender» de su formación. «Va a ser la clave para que no entre la izquierda en la Comunidad de Madrid y para que no se sigan haciendo políticas de izquierda», ha apostillado.

Su intención, según ha relatado, es conseguir «una España mejor». «Lo que quiero es una España mejor para mis hijos, mejorar la sociedad, mejorar Madrid y mejorar España», ha trasladado.

«DIGNIDAD» PARA LOS MENORES EXTRANJEROS

También, ha hablado de la polémica creada a raíz del cartel electoral en el que comparaban el dinero que se dedica a los menores extranjeros no acompañados y a los ancianos en la pensión y ha indicado que lo único que quieren es «dignidad» para estos niños y que vuelvan con sus padres.

«Están la mitad del tiempo vagando por ahí, a merced de redes de narcotráfico, de mafias que los extorsionan, muchos acaban adictos al pegamento, les chantajean… Es terrible», ha dicho la candidata de Vox.

Monasterio ha criticado que se «incentive» por parte de los políticos estas conductas, además de hacer un «efecto llamada». «No podemos seguir generando esta falsa promesa de prosperidad», ha asegurada Monasterio, que ha aludido a las ‘colas del hambre’ para decir que si en España no son capaces de resolver estos problemas «cómo vamos a hacer un efecto llamada para que vengan niños solos».

Organizaciones en representación del colectivo de mujeres con discapacidad y mujeres rurales han exigido, este lunes, en el Senado su aparición en las estadísticas sobre violencia machista, con el objetivo de que su realidad y sus especificidades sean visibilizadas.

Así lo ha defendido la secretaria de organización de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), Marta Valencia, así como la presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR), Teresa López, en sus comparecencias ante la Comisión que controla en la Cámara alta el cumplimiento del Pacto de Estado contra la violencia de género.

Valencia ha denunciado que, a fecha de hoy, España no sabe «cuántas mujeres con discapacidad han sido asesinadas» por su parejas o exparejas, por la ausencia de datos oficiales desglosados. Esta situación, ha indicado, impide poner rostro a los datos que sí se han registrado en la macroencuesta sobre violencias machistas realizada por el Ministerio de Igualdad.

En este estudio, recuerda la secretaria de organización de COCEMFE, se recoge que el 23,4% de estas mujeres consideran que su discapacidad es el motivo por el que sufren agresiones físicas o sexuales.

Valencia critica, así, que los datos desglosados por discapacidad, entre otras muchas otras áreas, no estén presentes, por ejemplo, en los boletines mensuales de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género.

UNA VISIÓN DESDE LA RURALIDAD

En referencia a otra de esas posibles áreas a desglosar, FADEMUR llama a incorporar «la ruralidad». A su juicio, se podrían desglosar los datos recogidos teniendo en cuenta a las víctimas o casos que se producen en localidades de menos de 5.000. 10.000 o 20.000 habitantes, por ejemplo. «La realidad en el mundo rural está muy oculta», ha reconocido.

López ha explicado que, además de las dimensiones de la localidad, en materia de violencia contra la mujer en el rural es también muy importante estudiar otros agravantes de la situación, como la edad de las víctimas (jóvenes o mayores) o si son o no migrantes. «Si se hacen estudios y estadísticas sin diferenciar no hay una foro real y será difícil investigar las circunstancias de las víctimas», ha apuntado la presidenta de FADEMUR.

En su opinión, la situación actual de estas mujeres reclama una actuación «ágil y urgente» y «una intervención» que, según ha indicado, especialmente tras la pandemia, debe pasar por una mayor dotación de recursos y de profesionales.

López también ha pedido fondos y partidas específicas para luchar contra esta lacra, teniendo en cuenta el tamaño de los municipios, además, de campañas de información y sensibilización adaptadas a esta realidad o que se acelere la puesta en marcha de los acordado por el Parlamento en el Pacto de Estado.

JURISTAS ALERTAN ANTE LA COORDINACIÓN DE PARENTALIDAD

Mientras que la representante de COCEMFE ha puesto sobre la mesa, otras peticiones como la ampliación del concepto de violencia de género a violencias contra las mujeres, teniendo en cuenta de que algunas de estas víctimas lo son de sus cuidadores; garantizar un mejor acceso a la denuncia de las víctimas con discapacidad; realizar protocolos socio-sanitarios que tengan en cuenta esta situación específica; o reformular el Código Penal para incluir la reincidencia en delitos de violencia de género.

En la misma sesión ha comparecido ante los portavoces de la comisión la presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, María de los Ángeles Jaime de Pablo, quien ha hecho un repaso de los principales ejes del pacto y poniendo el foco en medidas que, a su juicio, los legisladores deben tener en cuenta.

En su intervención, también llama a una mejor y mayor recaudación de datos sobre violencia de género en materia judicial; pero también propone cambiar el borrador de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para eliminar su propuesta de revisar las órdenes de protección de las víctimas cada 3 meses, para no generar «angustia» a las mujeres; se ha mostrado a favor de un abordaje de la Educación afectivo-sexual; y ha llamado a poner en marcha la ley contra la trata y la prostitución anunciada por el Gobierno.

Del mismo modo, ha señalado que la Ley contra la Violencia en la Infancia, en la actualidad en tramitación en el Senado tras ser aprobada por el Congreso, recoge bien las medidas para proteger a los niños víctimas de violencias machistas o sexuales. Aún así, ha advertido de la violencia económica, que hace poco ha sido reconocida en una sentencia por los tribunales (cuando un padre no pasa la pensión a sus hijos), o el peligro de la coordinación de parentalidad que se usa en algunas comunidades autónomas dentro del proceso de divorcio.

Jaime de Pablo alerta de que hay muchas mujeres que recurren a la separación para huir de las situaciones de violencia de género sin tener que denunciar y que los profesionales que median en este procedimiento no están formados o capacitados para reconocer la situación o cómo tratarla. En este sentido, también ha llamado a los representantes autonómicos en el Senado a rechazar el llamado síndrome de alienación parental que, ha recordado, no tiene respaldo científico.

La Fiscalía ha elevado al Juzgado de Instrucción número diez de Sevilla, que indaga el brote de listeriosis surgido en 2019 por la carne mechada distribuida por la empresa Magrudis pese a estar contaminada con dicha bacteria, y pide continuar las actuaciones por presuntos delitos contra la salud pública y de defraudación del fluido eléctrico.

Así lo ha señalado en un escrito contra José Antonio Marín Ponce, dueño y administrador de hecho de dicha sociedad; su hijo y administrador único de la entidad, Sandro José Marín Rodríguez; su otro hijo Mario Marín Rodríguez; Encarnación Rodríguez Jiménez como esposa de Sandro José y la hermana de esta última, Isabel María Rodríguez Jiménez.

En paralelo, y a través de este escrito fechado el pasado 12 de abril, la Fiscalía no ve «acreditada» la participación en el supuesto delito contra la salud pública en el caso de los investigados Antonio Martínez León y su hermano Domingo como administradores solidarios de la empresa comercial bautizada con sus apellidos; de Federico Rodríguez Jurado como comercial para Magrudis y otras empresas cárnicas; de David Martín Muñiz como asesor financiero de Magrudis; de la inspectora veterinaria del Ayuntamiento de Sevilla María José Ojeda Barrera y del arquitecto Sergio Lorencio Gómez, contratado por Magrudis para la regularización de la actividad que ejercía desde años atrás.

Al arquitecto, eso sí, le achaca no obstante un presunto delito de falsedad en documento oficial junto con José Antonio Marín Ponce y Sandro José Marín Rodríguez, a cuenta de la declaración responsable presentada ante el Ayuntamiento.

Dado el caso, la fiscal ha pedido continuar las diligencias contra los primeros investigados, es decir los responsables de Magrudis y sus familiares; y el «sobreseimiento provisional» respecto a Antonio Martínez León y su hermano Domingo, Federico Rodríguez Jurado, David Martín Muñiz, María José Ojeda Barrera y Sergio Lorencio Gómez, aunque sólo parcialmente en este último caso porque se le atribuye el mencionado delito de falsedad en documento oficial, como ha sido indicado.

LA RESPONSABILIDAD CIVIL

En paralelo, la Fiscalía pide «seguir el procedimiento para determinar la responsabilidad civil» no sólo contra las personas físicas contra las que reclama continuar las actuaciones por los presuntos delitos señalados, sino contra las empresas Magrudis y su derivada Cárnicos Mario, contra sus empresas aseguradoras y contra el Ayuntamiento hispalense «por responsabilidad patrimonial derivada de funcionamiento normal o anormal del servicio público», dado el «deficiente control sanitario y de la licencia de actividad».

Todo ello por el mencionado brote empidémico del verano de 2019, que sumó más de 200 afectados, la muerte de cuatro de ellos tras consumir los productos contaminados con la bacteria Listeria monocytogenes y abortos en el caso de varias embarazadas.

Para la fiscal, «queda acreditado que los responsables de Magrudis conocían que realizaban un proceso de elaboración (de productos cárnicos) con deficiencias sanitarias riesgo grave o muy grave para los posibles consumidores en caso de comercialización», señalando expresamente el caso de un lote de productos «que dio positivo en Listeria monocytogenes el 22 de febrero de 2019 y había llevado Sandro José Marín a analizar como consecuencia de una intoxicación».

«LO OCULTARON DE FORMA DELIBERADA»

«No existe constancia de que los responsables de Magrudis retiraran el lote del mercado (…), manteniendo de esta forma su ocultación», expone la Fiscalía, según la cual los citados investigados «no pusieron los hechos en conocimiento de las autoridades sanitarias ni del Ayuntamiento de Sevilla ni de la Junta de Andalucía, desprendiéndose que lo ocultaron de forma deliberada».

Los informes técnicos, según la Fiscalía, reflejan que en las instalaciones compartidas entre Magrudis y Cárnicos Mario, así como en productos de las mismas como carne mechada, chicharrones, lomo al pimentón o lomo al jerez, fue «detectada la bacteria monocytogenes».

En el caso de la inspectora veterinaria del Ayuntamiento, la Fiscalía expone que la actuación del servicio en el que trabaja la misma «fue sin duda deficiente», precisando que la exención de responsabilidad que se solicita para la misma «deriva de una falta de medios del propio servicio de inspección y la sobrecarga de trabajo, por la escasa dotación de personal a la vista de sólo nueve veterinarios oficiales para todo el distrito de Sevilla».

«Con la frecuencia de las inspecciones con los referidos medios, es evidente que nunca podrá hacerse según las exigencias de la normativa sanitaria», indica la Fiscalía.

No consta que ella ni el arquitecto contratado por Magrudis, según la Fiscalía, conocieran «la presencia de positivo en Listeria ya en febrero de 2019, ni en los resultados que finalmente se produjeron», en alusión a las muertes y los abortos.

Respecto al arquitecto, eso sí, la fiscal señala que la declaración responsable que elaboró para la regularización de la actividad de Magrudis frente al Ayuntamiento contiene «multitud de deficiencias» más allá de «meros errores técnicos», porque planteaba «la situación más favorable para la legalización de la actividad a través» de dicho método que no implica control previo, cuando era «conocedor de que no procedía» tal mecanismo.

La procuradora no adscrita de las Cortes, la salmantina María Montero, ha reconocido este lunes que dejó Ciudadanos (Cs) partido al que perteneció hasta el pasado 19 de marzo, porque no compartía el sentido del voto de esta formación a la moción de censura presentada por el PSOE contra el gobierno de coalición en la Junta de PP y Cs, y que se debatió en el Parlamento regional tres días más tarde.

Así lo ha explicado Montero en una entrevista concedida a la emisora Onda Cero Castilla y León, donde ha aseverado que el hecho de que como despacho, la Mesa de las Cortes le haya asignado una mesa en la biblioteca del Parlamento regional «es más un castigo que otra cosa», ya que su baja de Cs provocó que la coalición de Gobierno perdiese la mayoría absoluta.

A pesar de que no tiene intención «por el momento» de entregar su acta de procuradora y de no compartir el sentido del voto de Cs, Montero ha explicado que se abstuvo en la votación porque no está de acuerdo «al cien por cien con la gestión de la Junta ni con que Alfonso Fernández Mañueco sea su presidente» pero sabía que la moción no iba a prosperar y Luis Tudanca no iba a ser elegido presidente por lo que entendió que su abstención era «lo más lógico y sensato».

Asimismo, ha explicado que cuando se afilió a Cs, en 2015, era un partido socialdemócrata, aunque está formación después se definió como liberal y decidió seguir en Ciudadanos «porque era la mejor opción que había» en ese momento, aunque la procuradora salmantina se ha definido «más al lado de la izquierda», al tiempo que ha recordado que durante toda la campaña electoral la formación naranja «vendió cambio» pero cuando llegó el momento de votar la investidura se apoyó a Alfonso Fernández Mañueco.

«He estado casi dos años no cómoda del todo, defendiendo a la Junta, porque era mi papel, yo pertenecía a Ciudadanos, pero sin estar al cien por cien de acuerdo» con la gestión del Gobierno regional, ha explicado Montero, quien ha votado iniciativas con las que no estaba de acuerdo pero «por disciplina de voto» votaba lo que decidía el partido, por lo que cuando se planteó la moción de censura, como no estaba «cómoda» con su partido, decidió que no podía seguir en Ciudadanos.

Aunque su intención es seguir como procuradora en las Cortes, no sabe «lo que pasará dentro de seis meses» pero tiene claro que «hoy por hoy» su intención es no entregar el acta, al tiempo que ha reconocido que no le afecta que le llamen «transfuga», porque no se siente así ya que no ha dejado Cs para irse a otra formación.

María Montero ha negado que desde el Grupo Socialista se le ofreciese algo a cambio de votar a favor de la moción de censura, y ha asegurado que los días previos al debate habló con gente de Cs, del PP y de PSOE porque tiene relaciones con muchos procuradores, a lo que ha añadido que «mucha gente del PSOE» sabe como piensa pero nunca ha llegado «a un acuerdo de votar esto a cambio de esto.

Asimismo, María Montero no se arrepiente de la decisión que tomó de darse de baja de Cs aunque si se lo ha pensado por su familia, por evitarles a ellos «sufrimiento» ya que ha vivido «momentos duros» porque, según ha relatado, se dijeron cosas de ella en los medios «que no son ciertas, noticias manipuladas» que su familia leyó.

No sabe cuál será su futuro y si seguirá en la política, de momento, Montero, que reconoce que está viviendo «un momento convulso» se adaptando a su nueva situación de procuradora no adscrita, quien mantiene una «relación cordial» con sus ex compañeros de Cs, mientras que con la gente que tenía buena relación sigue esa «buena relación».

Asimismo, ha asegurado que «siempre» votará a favor de lo que considere que es lo mejor para los castellanoleoneses y ya ha adelantado que votará en contra de la supresión del impuesto de Sucesiones y Donaciones, pero votará a favor de la comisión de investigación sobre la gestión de la pandemia en las residencias de mayores.

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha dicho este lunes esperar que el Gobierno de la Nación envíe la comunidad autónoma «más vacunas» contra el covid-19, ya que en Andalucía la eficacia de su programa de vacunación ha hecho que «el 99,5 por ciento» de las vacunas recibidas están puestas.

En este sentido y durante su intervención en la clausura del Comité Ejecutivo Autonómico del PP andaluz reunido en Córdoba, Moreno ha felicitado al consejero de Salud y Familias, el cordobés Jesús Aguirre, «por el esfuerzo que se está haciendo con la vacunación en Andalucía», donde la «obsesión» del Gobierno andaluz que preside Moreno, es que «todas las vacunas que nos lleguen» por parte del Ministerio de Sanidad sean puestas «rápidamente» y en base a «los protocolos que hemos establecido».

Ello, según ha subrayado, implica el mantenimiento de «un amplio dispositivo humano y tecnológico», y el resultado del mismo es que, de «las dosis recibidas hasta el 21 de abril, que han sido casi 2.550.000», se han administrado «2.538.125, lo que supone que el 99,5 por ciento» de las vacunas recibidas están puestas.

«Eso significa –ha resaltado– que el dispositivo que ha puesto en marcha la Consejería de Salud está funcionando», y lo está haciendo «francamente bien», porque, «vacuna que nos llega a Andalucía, vacuna que ponemos» y se hace, además, «de una manera eficiente y ejemplar, en función de los propios protocolos».

Por eso, según ha dicho Moreno, le gustaría que llegarán a Andalucía «más vacunas», porque «necesitamos más vacunas en Andalucía y, por tanto esperamos que el Gobierno de España nos mande más vacunas, para poder suministrarlas al conjunto de los ciudadanos de Andalucía».

En cuanto al detalle de cómo va la vacunación en la comunidad autónoma, Moreno ha resaltado que «prácticamente el 23 por ciento de la población andaluza ya ha recibido al menos una dosis de la vacuna, con lo cual ya tienen un cierto nivel de inmunidad», y «estamos también por encima del ocho por ciento, con casi un nueve por ciento de personas inmunizadas en Andalucía», es decir, que son más de «700.000 personas» las «están completamente inmunizadas con las dos dosis».

Además, los andaluces han demostrado su «responsabilidad y sentido común, asumiendo la vacuna como el principal referente en la lucha contra la pandemia», de manera que «solo se han negado a ponérsela un 1,12 por ciento de la población, aproximadamente 28.000 personas», frente a «las cientos de miles» que sí se la han puesto, con lo que, según ha insistido, «solo nos faltan más vacunas, para llegar lo antes posible a esa inmunidad colectiva».

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha apuntado que se está valorando «si es necesario o no realizar alguna acción sobre personas que puedan venir» de India ante su gran incremento de contagios de COVID-19, pero ha precisado que no tiene vuelos directos con España.

En rueda de prensa este lunes, el epidemiólogo del Ministerio de Sanidad ha instado a valorar «con prudencia» los más de 300.000 positivos diarios en India, ya que «hay que ponerlo en su contexto». «300.000 casos en un país con 1.400 millones de habitantes es proporcionalmente menos que los 30.000 casos que está notificando Argentina, por ejemplo», ha esgrimido.

En cualquier caso, Simón ha admitido que «los sistemas de detección que usan en la India no nos dan la confianza suficiente de que la incidencia sea la real». «Probablemente sea más alta de lo que están detectando», ha apuntado.

A pesar de las grandes cifras de casos, Simón ha resaltado que «la mayor parte de la población infectada en India son una personas con una probabilidad de hacer un viaje de larga distancia muy limitada». «Aún así, España no tiene vuelos directos con este país, por lo tanto no puede prohibirlos», ha recordado.

En el caso concreto de las variantes del virus surgidas en India, que podrían ser más transmisibles al poseer dos mutaciones clave, Simón ha señalado que «hasta ahora no se ha demostrado ningún factor especialmente de riesgo asociado». «No se puede descartar dadas las mutaciones que tiene, que podrían estar asociadas a una mayor transmisibilidad. Pero, por el momento, los datos no indican que estén ocupando mayor espacio fuera de India», ha argumentado.

Simón ha explicado que España no ha detectado aún ningún caso de esta variante india. «La variante fundamental en toda España, con alrededor del 94 por ciento de los casos, es la británica. De la sudafricana y la brasileña hay un número de casos pequeño», ha remachado.

El Fiscal de Sala de La Fiscalía de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, ha solicitado este lunes una homogeneización de la normativa que afecta a ciclistas, peatones y vehículos de movilidad personas (VMP) en toda España.

Así se ha expresado Bartolomé Vargas durante su comparecencia ante la Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados con ocasión del programa de trabajo sobre la Estrategia Española de Seguridad Vial 2021-2030.

En su intervención, Vargas ha explicado su propuesta que pasa por que bien la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial bien la Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte sistematicen las normas sobre ciclistas, peatones y patinetes, que son colectivos «esenciales en el nuevo diseño de ciudad».

De este modo, el Fiscal de Sala de La Fiscalía de Seguridad Vial reclama que tengan «un régimen normativo y no estar en preceptos aislados, sino sistematizados». En este punto, ha apuntado que las ordenanzas municipales son las que regulan esta cuestión, pero «tienen que someterse a la legislación estatal».

«Con lo cual, yo veo imprescindible que en una ley o en otra se aborde una homogeneización de la normativa sobre ciclistas, peatones y vehículos de movilidad personal que ofrezca seguridad jurídica y se complemente con las ordenanzas municipales», ha declarado, al tiempo que ha subrayado que esto «mejorará, a buen seguro, la seguridad vial y la movilidad sostenible».

LAS VÍCTIMAS, LO MÁS IMPORTANTE

Durante su comparecencia, el fiscal ha vuelto a reiterar que lo más importante en materia de seguridad vial son las víctimas de los siniestros, por lo que ha recordado el reciente oficio que ha remitido a todas las policías judiciales de tráfico de España para que levanten más atestados de siniestros viales y así aumenten las causas penales que den mayor protección a las víctimas.

«El año pasado, esta pandemia de la siniestralidad vial género 1,35 millones de fallecidos, el Covid, 1,8 millones. A lo mejor ya este año va a haber más fallecidos por siniestralidad vial que por Covid. Estos son los datos de tras de los cuales no nos podemos olvidar», ha apuntado, para después añadir que las víctimas de accidentes de tráfico se quejan «con razón» de que no reciben la atención «jurídica y moral debida» en dependencias policiales, juzgados y oficinas de atención a las víctimas.

Además, el fiscal ha hecho hincapié en que «es el número más elevado de víctimas por infracciones penales del país, pero pasan desapercibidas» y son «invisibles», porque «no hay suficiente conciencia vial», porque «no se ve tanto el delito» y no hay «suficiente reproche moral a estos comportamientos», a pesar de que las condenas son «muy elevadas». Así, ha agregado que se trata de una cuestión «principalísima» aún por resolver.

También en relación con las víctimas, Vargas ha detallado que trabaja en un protocolo con la Dirección General de Seguros, compañías aseguradoras, el Consejo General de la Abogacía, víctimas de accidente de tráfico, consorcio del seguro, para que las instrucciones antes mencionadas se complemente con «un acuerdo de todos para eliminar las malas praxis y consolidar las buenas», y que «sea un circuito económico transparente» y el dinero «vaya donde tenga que ir», a los profesionales y a las víctimas «en las cantidades en las que legalmente les corresponden».

Por otro lado, el fiscal ha apuntado que la Unión Europea sostiene que distintas investigaciones indican que disminuir de 25 a 15 minutos el tiempo entre el accidente y la llegada de los servicios médicos de urgencias reduce un tercio las muertes. Así, ha anunciado que la Fiscalía trabaja en un protocolo en este momento de coordinación con la Dirección General de Tráfico, policías, servicios sanitarios, emergencias, etc. para lograr esta rebaja y evitar el incremento de fallecidos en las carreteras.

El Fiscal de Sala de La Fiscalía de Seguridad Vial también ha adelantado que en junio publicará un dictamen para fiscales y un oficio para las policías a fin de impulsar la aplicación del Artículo 385 Bis del Código Penal que establece que será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 2 años o a las de multa de 12 a 24 meses y trabajos en beneficio de la comunidad de diez a 40 días, el que originare un grave riesgo para la circulación «no restableciendo la seguridad de la vía, cuando haya obligación de hacerlo». Así, ha indicado que irá acompañado de una mejora del catálogo de puntos negros y «un esfuerzo de todas las autoridades coordinadas».

En la sesión de este lunes, el portavoz de Seguridad Vial del Grupo Parlamentario Popular, Óscar Gamazo, ha denunciado la «intolerable» ausencia del Gobierno, cuya presencia estaba prevista para contestar a las preguntas que habían sido formuladas por escrito y que, al no haberlas contestado en el plazo establecido, debía responder oralmente en la Comisión. Para el portavoz ‘popular’, esta ausencia es «un desprecio al GPP, a todos los grupos y a la labor que realizan».

El religioso Nicesio Pérez del Palomar Quincoces, de la Congregación del Santísimo Redentor, natural de la localidad alavesa de Tuesta y asesinado en 1936 durante la Guerra Civil, ha sido declarado Beato por el Papa Francisco este pasado sábado junto a otros once religiosos.

En un comunicado, la Diócesis de Vitoria ha comunicado este lunes que tras varios estudios por parte historiadores a petición de la Congregación para las Causas de los Santos, la Santa Sede, por medio de un decreto del Papa Francisco, ha autorizado proclamar Beato al alavés Nicesio Pérez del Palomar Quincoces.

Según ha destacado, este religioso de la Congregación del Santísimo Redentor fue asesinado en Madrid en 1936 «a consecuencia de la persecución contra religiosos y religiosas por profesar la fe católica».

El departamento vaticano analizó las conclusiones de varios historiadores expertos en la Guerra Civil española sobre la vida de este alavés natural de Tuesta, perteneciente al municipio de Valdegovía, y de otros once sacerdotes pertenecientes a la misma orden religiosa.

Nicesio nació el 2 de abril de 1859, mismo día que fue bautizado en la pila bautismal de la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Tuesta que aún se conserva dentro del templo. También allí recibió su Primera Comunión y se confirmó en el pueblo de Espejo con 16 años de edad.

Con 25 años, en 1884, ingresó como fraile redentorista, tras pasar como aspirante por El Espino (Burgos), por Astorga (León) y por Nava del Rey (Valladolid), donde se formó en las áreas de carpintería y construcción.

En octubre de 1891 se instaló en la localidad francesa de Les Contamines, en la frontera con Suiza e Italia, para aprender técnicas de horticultura y apicultura para poder desarrollarla luego en España. Con estas dos facetas -maestro de obra y hortelano- inicia decenas de obras y huertas en Madrid, León, Navarra, Granada, Cuenca, Santander y Valencia.

«Los testimonios de quienes le conocieron le definían como una persona muy trabajadora e inteligente, donde cada día se entregaba a la oración y quien celebraba misa con gran devoción», ha destacado la Diócesis.

Cuando comenzó la Guerra Civil, Nicesio tenía 77 años. Durante los primeros días, junto a los once sacerdotes que formaban el grupo de Hermanos frailes, se refugiaron en varios lugares distintos en Madrid después de abandonar el convento donde vivían.

Tras esconderse en varias ubicaciones, en agosto de 1936 el fraile alavés fue delatado y asesinado. En julio de 1940 se procedió a la exhumación e identificación de sus cuerpos, arrojados a una fosa común y trasladados al Panteón de los Redentoristas en el Cementerio de la Almudena de Madrid, donde reposan actualmente.

Este pasado sábado, 24 de abril de 2021, el Papa Francisco aprobó la promulgación del decreto sobre su martirio y declaró Beatos al alavés Nicesio Pérez del Palomar y a once religiosos más, todos redentoristas asesinados en Madrid al inicio de la Guerra Civil.

La Abogacía del Estado ha presentado el recurso en representación del Ministerio del Interior contra la sentencia que anula el cese del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, un escrito en el que niega «desviación de poder» y mantiene que la Audiencia Nacional «elimina» la posibilidad de destituir del cargo a un oficial de acuerdo al «juicio de confianza» que establezca la cadena de mando.

«Entiende esta parte que la sentencia apelada ha superado los límites del control jurisdiccional en actos de esta naturaleza, eliminando cualquier espacio posible al juicio de confianza que el superior jerárquico puede y debe realizar con ocasión del nombramiento o cese de un subordinado en un puesto de libre designación y que no puede ser objeto de control jurisdiccional», señala el recurso.

El recurso responde a la sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo número 8 de la Audiencia Nacional que anulaba el cese de Pérez de los Cobos como jefe de la Guardia Civil en Madrid, coincidiendo con la investigación –luego archivada– de una juez de Madrid que pidió máxima reserva por la imputación del delegado del Gobierno ante la posible relación entre la manifestación del 8M y el inicio de la pandemia de coronavirus.

El escrito de apelación presentado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo plantea el desacuerdo remitiéndose a la Ley de Régimen del Personal de la Guardia Civil y subrayando que en el relato de hechos de la última palabra el coronel Pérez de los Cobos «contradice el resultado de la prueba practicada». «El demandante cambió unilateralmente su comportamiento por algún motivo», sostiene.

En este sentido, revela que el coronel informó hasta en cuatro ocasiones a la cadena de mando de indagaciones de la investigación antes de su cese, sin plantear ninguna queja. En concreto, dio cuenta una videoconferencia con la magistrada para «acelerar la investigación», de una conversación sobre el «plus de cautela» y sobre el modo en el que se estaban efectuando una serie de citaciones.

«No es cierto que el demandante informase ‘hasta que la magistrada ordenó expresamente que no se informase a nadie más que a ella de la evolución y el resultado de las investigaciones’. Dicha afirmación no es cierta se mire la prueba por donde se mire», se queja Interior.

La Abogacía continúa defendiendo la «inexistencia de desviación de poder», añadiendo que la motivación para el cese del coronel fue «real y legal», motivada en la «pérdida de confianza y el control jurisdiccional» de las investigaciones.

«Tampoco se ha buscado promocionar fraudulentamente a una persona que careciera de méritos suficientes u obtener del demandante una información ‘de la que no podía disponer’ por ser ello ilícito. De hecho, en este último caso, lo lógico habría sido que se hubiese acreditado, aunque fuera mínimamente, la petición ilegal de información que se habría desatendido, algo imposible de probar ya que no existió petición alguna», recoge el escrito.

Estamos hablando», prosigue, «de una información que ya había sido entregada a las partes personadas en el procedimiento –entre ellas, el Delegado del Gobierno– y había sido objeto de difusión en un medio de comunicación.

SE INFORMÓ DE CUATRO INCIDENCIAS

El recurso expone de manera «clara y concisa» cuáles son los hechos relevantes que han resultado acreditados de la prueba practicada, empezando por el auto de 23 de marzo de 2020 del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid que incoa diligencias previas por la posible comisión de un delito «únicamente frente al Delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco Pardo».

Citan en este punto la petición de la juez instructora de «guardar rigurosa reserva sobre la evolución» de la investigación, pese a lo cual la Policía Judicial de la Comandancia de Madrid comunicó a la cadena de mando del Ministerio del Interior, a través del coronel Pérez de los Cobos, «incidencias de diversa índole hasta en cuatro ocasiones, nunca referidas al contenido de la investigación que se estaba llevando a cabo».

«La naturaleza de la investigación no implicaba que no pudieran recibir información alguna de esa investigación judicial», insiste. La decisión de cesar al coronel se adopta a partir del 22 de mayo de 2020, cuando apareció publicada una noticia en ‘El Confidencial‘ sobre las diligencias llevadas a cabo por la Policía Judicial, «apuntándose, entre otros extremos, a la posible responsabilidad de otros cargos como Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad.

El 24 de mayo, según el recurso, la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, realizó una llamada al entonces Director Adjunto Operativo, el teniente general Laurentino Ceña, «a fin de aclarar si él era conocedor de que se habían entregado las diligencias referentes a la investigación». A través del Mando de Operaciones, se requirió explicaciones a Pérez de los Cobos que contesta que «ni conocía ni debía conocer nada».

La contestación no satisfizo al Ministerio del Interior, según detalla el recurso: «Esta fue la única respuesta ofrecida por el demandante a la cadena de mando en relación con su conocimiento sobre la entrega de las diligencias (no el contenido), después de haber informado a la cadena de mando sobre diversas incidencias de la investigación (hasta cuatro) y tan solo dos días después de que el contenido de esas mismas diligencias, practicadas por la UOPJ integradas en su Comandancia, se hubiese comunicado a todos los lectores del periódico digital ‘El Confidencial».

«El mismo día 24 de mayo de 2020, el órgano competente acordó el cese del demandante por pérdida de confianza, que le fue notificado el día 25 de mayo de 2020», añade en su cronología de hechos en base a la versión de Interior.

CESE DE OTRO MANDO

La Abogacía se apoya en la jurisprudencia y el cese de otro mando de la Guardia Civil, el coronel Manuel Sánchez Corbí, por ser un puesto de libre designación. «El cese analizado viene regulado en la legislación específica aplicable al personal de la Guardia Civil; por tanto, la normativa general sobre ceses de empleados públicos (y la interpretación que de ella se haga por el Tribunal Supremo) no puede extenderse al personal de la Guardia Civil», alega.

La destitución se justifica en que en la Guardia Civil «radican los principios de disciplina y operatividad» y que dichos principios son defendidos en resoluciones como la del Tribunal Constitucional 323/1996, por lo que «siguen vigentes a día de hoy». «No nos encontramos ante un cese por falta de idoneidad, regulado en el artículo 83.3 de la Ley 29/2014, sino ante un cese por pérdida de confianza, regulado en el artículo 83.1 de la citada Ley. Debe así motivarse únicamente la competencia de la autoridad que adopta el cese», añade.

También rebate la supuesta desviación de poder: «No se ha hecho uso de la potestad administrativa para un fin distinto del legalmente previsto, sino como consecuencia de la disconformidad con el proceder del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, que ha motivado la pérdida de confianza de la directora de la Guardia Civil, del secretario de Estado de Seguridad y del ministro del Interior».

«Ni la motivación recogida en la propuesta de cese y la resolución del recurso de alzada es intrínsecamente ilegal, ni los hechos acreditados y la legislación y jurisprudencia aplicables en materia de Policía Judicial nos permiten concluir que se haya exigido o esperado un comportamiento que habría sido ilegal», concluye.

El presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se ha mostrado convencido de que el PSOE volverá a superar el umbral del 30 por ciento de los votos que alcanzó con él en las próximas elecciones, al tiempo que ha reivindicado el diálogo y el acuerdo para la resolución de problemas.

Zapatero ha recordado que el PSOE no es solo el partido más veterano de España sino el que «más elecciones ha ganado en periodo democrático y el que más años ha gobernado» y por ello, al margen de los ciclos y la llegada del multipartidismo, se ha mostrado convencido de que el PSOE «va a pasar otra vez el listón del 30 por ciento en los próximos comicios».

En opinión del expresidente, los socialistas gozarán de «una mayor capacidad para tener la posición más fuerte en la autonomía para gobernar», si bien ha reconocido que aún queda mucho para las próximas elecciones.

Esto será así, ha dicho, porque los españoles apoyan «con mucho peso» al PSOE cuando el partido «está en forma y con brío» y porque saben que ha sido «la columna básica de las instituciones democráticas y el que ha promovido las leyes modernizadoras y quien hace la política en el mundo que más corresponde a los valores de los españoles» que son pacíficos y de una puesta por el diálogo y la cooperación.

Zapatero, que ha participado junto al que fuera su ministro de Exteriores Miguel Angel Moratinos y la actual jefa de la diplomacia, Arancha González Laya, en la presentación de un libro sobre la política exterior de su Gobierno, ha sostenido que «lo de dañar la imagen de España pasa más cuando la derecha está en la oposición y la izquierda está en el gobierno».

LAYA: «SOMOS NUESTRO PEOR ENEMIGO»

También se ha referido a esta cuestión González Laya, quien ha subrayado que la imagen de España es mucho mejor fuera que dentro. «Somos nuestro peor enemigo», ha lamentado, apostando por sacar determinadas cuestiones, como la pandemia, «de la batalla política nacional».

Esto no significa que todas las fuerzas políticas tengan que estar de acuerdo, ha añadido, ya que España es un país democrático, sino que «determinadas cuestiones no deben estar en la lucha partidista» porque «dañan al país».

Así las cosas, ha afeado que desde la oposición siempre se le pregunte por la imagen de España en el mundo cuando acude a Congreso o Senado, y ha pedido «trabajar de una forma un poco más leal». Para González Laya, la campaña para las elecciones en la Comunidad de Madrid es «una muestra flagrante de esta terrible tendencia a segarnos la hierba bajo nuestros propios pies».

Por otra parte, Zapatero ha subrayado que todas las experiencias positivas que ha tenido en su trayectoria tanto nacional como internacional han sido resultado del «diálogo no por confrontación. «Cuando alguien niega el diálogo o intenta no dialogar tiene una debilidad intelectual sobre sus posiciones», ha valorado, insistiendo en que «los mejores avances se van a hacer por ahí» no fue para tanto osbrellevé muy bien que no quisiea recibirme, tampoco yo qusie recibirle.

RELACIÓN CON BUSH

Asimismo, ha reivindicado su decisión de sacar las tropas de Irak tras llegar al Gobierno y se ha referido a la complicada relación mantenida con la Administración de George W. Bush. «No fue para tanto. Yo sobrellevé muy bien que no quisiera recibirme en todo el mandato, yo tampoco le quise recibir a él», ha destacado.

Zapatero ha hablado también del nuevo presidente estadounidense, Joe Biden, mostrándose optimista en cuanto a su gestión y el papel que parece quiere jugar a nivel internacional, y sobre Rusia, país que según él aún tiene que definir su papel en el mundo tras la caída de la Unión Soviética.

El expresidente, Moratinos y González Laya han participado en la presentación del libro ‘España y la doctrina del multilateralismo eficaz: Globalización, diplomacia y seguridad en la era Zapatero’, obra del historiador danés Morten Heiberg.

El autor ha resaltado el modo en que la política exterior española, con su apuesta por el multilateralismo, influenció en la Administración de Barack Obama y sobre todo el «papel importantísimo» que jugó España en el acercamiento entre el presidente estadounidense y el mandatario cubano, Raúl Castro.

Asimismo, ha sostenido que en lugar de romper con la política exterior anterior, lo que hizo el Gobierno de Zapatero fue «reequilibrar los intereses de España», apostando por Europa y el multilateralismo como habían hecho todos los gobiernos desde la transición hasta el segundo mandato de José María Aznar.

A este respecto, Moratinos ha coincidido en que Aznar había apostado por el «unilateralismo atlántico» y lo que hizo el Gobierno socilista fue «recolocar al país en los grandes vectores del siglo XXI». Asimismo, ha tenido palabras de elogio para Zapatero, igual que este para el que fuera su ministro.

«Ambos coincidíamos en que diálogo es el instrumento básico en diplomacia, política, e intercambio social y humano, lo practicamos y lo pusimos en marcha y nos podemos sentir relativamente satisfechos», ha comentado el antiguo jefe de la diplomacia.

La Policía ha remitido a un juzgado la investigación por el sobre que contenía una navaja en su interior y que fue recibido este lunes por la ministra de Industria, Reyes Maroto. En las últimas horas la Policía ha identificado al presunto autor del envío de esta carta, el cual es un vecino de El Escorial (Madrid) con graves problemas de salud mental, según confirmaron fuentes policiales.

La Policía ha llegado a él con facilidad ya que el remite del sobre se correspondía con la identidad real y el domicilio de la persona identificada. Fuentes del Ministerio de Interior se han limitado a informar sobre las 17.00 horas de que el caso por el envío del sobre con la navaja aparentemente ensangrentada había quedado judicializado, por lo que desde el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska se remitían a la autoridad judicial para «cualquier novedad».

Fuentes jurídicas consultadas han confirmado que la Policía ha dado traslado de su atestado a los juzgados madrileños, precisando que en estos momentos el caso está a la espera de que la oficina de reparto decida sobre qué juez debe recaer el caso.

La propia Reyes Maroto, fichaje del candidato socialista, Ángel Gabilondo, para las elecciones a la Comunidad de Madrid, ha explicado a la prensa esta mañana que su carta es diferente a la recibida la semana pasada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la directora de la Guardia Civil, María Gámez, y el líder de Podemos y exvicepresidente, Pablo Iglesias.

En su caso, además de contener el sobre con una navaja –en vez de balas como las otras tres–, sí figuraba un remitente con una dirección de El Escorial (Madrid) que la Policía estaba investigando para saber si es el autor de la amenaza.

«Eso hace que sea más fácil, pero claro, tenemos que ver si esa persona que aparece como remitente existe y que es la persona que me ha mandado la carta», apostilló Maroto tras denunciar los hechos en la comisaría del Congreso.

El PSOE ha registrado una reforma del Reglamento del Congreso que prevé la imposición de sanciones a los diputados que mientan en las declaraciones de bienes, actividades o intereses que presentan en la Cámara, una medida que podría llegar, en función de su gravedad, a la retirada de cargos parlamentarios y de los complementos salariales que llevan aparejados.

En la iniciativa, los socialistas proponen también la creación de un Registro de grupos de interés en la Cámara y fijan cómo debe ser su relación con los miembros del Congreso, así como con los empleados de los grupos parlamentarios.

El grupo que capitanea Adriana Lastra tipifica las «infracciones» que pueden cometer los diputados y los grupos. En concreto, definen como tales el incumplimiento de todas obligaciones contenidas en el Reglamento de la Cámara, incluidas las recogidas en el nuevo título relativo a los ‘lobbies’.

OMISIÓN DE DATOS

Pero también incurrirán en «infracción» quienes den datos «falsos» en sus declaraciones patrimoniales, en las que dan cuenta de sus actividades extraparlamentarias y en las que relativas a sus intereses económicos, donde han de consignar, entre otras cosas, para quién trabajaban en el lustro anterior a lograr el acta de diputado. También se considerará infracción «la no presentación» de estas tres declaraciones o la omisión de información obligatoria en las mismas.

La proposición de ley de reforma del Reglamento registrada por el PSOE detalla un procedimiento sancionador para los diputados y los grupos que incurran en estas infracciones. El incumplimiento de que se trate podrá ser denunciado por un grupo, la Mesa del Congreso, la Mesa de una comisión o quien ocupe la Secretaría General de la Cámara y la instrucción correrá a cargo de la Comisión del Estatuto de los Diputados.

Esta comisión podrá inadmitir la denuncia si no le ve fundamento, pero la Mesa del Congreso podrá revocar la decisión. Si se abre el procedimiento, se dará audiencia a los afectados, y podrán recabar pruebas, «aplicándose a tal efecto lo dispuesto en la legislación reguladora del procedimiento administrativo sancionador».

CÓDIGO DE CONDUCTA

La comisión tendrá un máximo de cuatro meses para resolver y, en función de la gravedad de los hechos probados, «podrá proponer las sancione que considere pertinentes, que se podrán graduar desde el apercibimiento y aplicación en la web del Congreso de la infracción cometida por el diputados o el grupo hasta la retirada de cargos y complementos salariales» del infractor, «exceptuando los establecidos constitucionalmente», es decir, el ‘sueldo base’ de diputado. La sanción deberá ser aprobada por el Pleno de la Cámara.

El grueso de la iniciativa del PSOE versa sobre los denominados lobbies o grupos de interés y su influencia en las iniciativas parlamentarias. Así, defiende la creación de código de conducta para los lobbistas, que deberán seguir principios de integridad, respeto a la ley, transparencia y veracidad de la informació.

En este contexto, abogan por crear un registro de estos grupos, que tendrá carácter público a través de la web del Congreso. Los inscritos en el mismo podrán interlocutar con los diputados y los empleados de los grupos parlamentarios y éstos deberán comunicar el contenido de sus contactos con los ‘lobbies’, difundiéndose en todo caso la identidad de las personas que han intervenido en los mismos, la fecha y las materias tratadas.

HUELLA LEGISLATIVA

Otro de los puntos de esta reforma reglamentaria prevé la elaboración de un informe de ‘huella legislativa’ donde consten todos los cambios que sufre una iniciativa durante su tramitación. Los diputados y grupos deberán concretar las propuestas que hayan recibido de los grupos de interés –adjuntando los documentos– y que hayan sido utilizados en la tramitación. Además, al registrar sus propias iniciativas deberán informar si tienen su origen en un grupo de interés.

Ese informe, que será publicado en la web de la Cámara, recogerá también todas las votaciones producidas durante la tramitación, indicando el sentido del voto de cada uno de los parlamentarios que hayan intervenido.

La propuesta recoge también una serie de infracciones de los grupos de interés de carácter leve, grave o muy grave. Entre estas últimas destaca la difusión de información falsa a los diputados de forma reiterada, mentir sobre el interés al que representan o directamente ocultarlo, mantener reuniones sin estar inscritos en el registro e incurrir en un conflicto de interés o valerse de uno en el que pueda incurrir un miembro del Congreso.

Estas infracciones muy graves podrán recibir las siguientes sanciones: apercibimiento, suspensión de inscripción en el registro hasta un máximo de diez años o la prohibición indefinida de inscribirse en él.

VETO A EXDIPUTADOS Y EXALTOS CARGOS

Además, el PSOE plantea que no puedan formar parte de grupos de interés quien haya sido miembro de las Cortes Generales o alto cargo del Gobierno de España durante los cuatro años anteriores o quien haya sido inhabilitado judicialmente para acceder a cargo público.

No tendrán que registrarse como grupos de interés las entidades que integran la organización territorial del Estado, las corporaciones de derecho público, las embajadas, los sindicatos más representativos, la CEOE ni la CEPYME.