Agentes de la Policía Nacional han detenido en Ourense a un hombre de A Coruña por un delito continuado estafa a cuatro víctimas mediante el que se hacía pasar por odontólogo y ofrecía subvenciones para arreglos bucodentales.

Así lo ha informado la Policía Nacional, que ha señalado que la investigación en relación con estos hechos continúa abierta, «a la espera de más denuncias».

El pasado 13 de abril, relatan las mismas fuentes, se recibió en estas dependencias policiales de denuncia por parte de una señora que manifestó que un varón al que conocía, dado que mantuvo una relación de pareja, le estafó 3.110 euros al comentarle que trabajaba en una clínica dental de la ciudad de Ourense.

Primero le pidió dinero en efectivo para poder solicitar una subvención que, tras recibirla la perjudicada, posteriormente percibiría el dinero para poder realizar el arreglo bucodental, la cual nunca llegó a cobrar.

El 18 de abril se personó una nueva denunciante con la misma denuncia en los mismo términos. La perjudicada manifestó que un hombre que trabaja en una clínica odontológica de la ciudad le ofertaba arreglar la dentadura tanto a la denunciante como al resto de su familia, todo ello si empezaban a entregar una serie de adelantos en efectivo para poder tramitar las subvenciones y, del mismo modo, a esta denunciante le ofreció inversiones en establecimientos de hostelería. La Policía ha destacado que llegó a estafarle la cantidad de 30.535 euros.

Dos mujeres más presentaron denuncia en los mismos términos que lo relatado anteriormente, en relación a una estafa con el mismo método, 640 euros a una y a la otra 2.205 euros, concreta la Policía.

De este modo, después de una investigación por parte de la Unidad de Delincuencia especializada y Violenta (UDEV) de la Comisaría Provincial de Ourense, se identificó a este hombre y se constató que «no trabajó ni trabaja en la actualidad ni cobra ningún tipo de prestación», subrayan las mismas fuentes.

Este individuo ha sido localizado en una habitación de un hotel de esta ciudad ourensana, donde se procedió a su detención por un delito continuado de estafa. Ha sido identificado como un varón de 45 años, natura de A Coruña.

RECOMENDACIONES

La Policía Nacional recuerda que este tipo de subvenciones «sólo se hacen en centros odontológicos oficiales» y «no se deben aceptar propuestas que le hagan en la calle».

También aconseja mantener «la distancia con desconocidos» y revisar las «pertenencias valiosas si se abrazan con usted», así como controlar las «pertenecías y protegerlas en las aglomeraciones».

Asimismo, aconseja no facilitar datos personales o bancarios a través de llamadas telefónicas y no llamar a números de teléfono de tarificación especial 905, 803, 806 u otros, así como no ponerse en contacto con «números desconocidos de los que reciba mensajes o llamadas perdidas» porque pueden «darle de alta en servicios que no desea», avisa.

El coordinador autonómico de Cs Cantabria y portavoz del grupo naranja en el Parlamento regional, Félix Álvarez, ha replicado a la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, que «la mejor política es la que respeta la justicia, el Estado de Derecho y la dignidad del conjunto de los españoles. O sea, lo contrario de lo que hacen ustedes», ha apostillado.

Así ha reaccionado el portavoz ‘naranja’ tras escuchar este miércoles afirmar a Calvo en el Foro Ser Cantabria que «a veces la mejor justicia es la peor política» e indicar que cuando «un territorio presenta problemas» eso no se resuelve «solo con normas jurídicas».

Además, en este foro, y en un momento en que el Gobierno está estudiando los indultos para los independentistas condenados por el procés catalán, sobre los que el Tribunal Supremo se ha posicionado en contra, Calvo ha defendido la constitucionalidad de la figura del indulto como instrumento para «contrapesar» los poderes del Estado.

Tras escuchar estas palabras, el coordinador autonómico de Cs ha afirmado el Gobierno de España está «usando» los indultos «para que sus socios independentistas lo mantegan en Moncloa».

«Basta ya de engañar a los españoles», ha enfatizado Álvarez, que ha señalado que el indulto es una herramienta que «se concede atendiendo a los principios de justicia, equidad y utilidad pública y ha criticado que Pedro Sánchez «se agarre» a ella para otorgarla «a los que dieron un golpe de Estado en Cataluña, que «pretendieron subvertir» la legalidad constitucional, romper España y reventaron la convivencia entre catalanes».

INICIATIVA DE CS CONTRA LOS INDULTOS A LOS CONDENADOS DEL PROCÉS

Álvarez ha anunciado que Cs defenderá el próximo lunes, 7 de junio, una proposición no de ley (PNL) en el Parlamento de Cantabria a través de la que la formación naranja espera lograr la unión del resto de grupos parlamentarios «para decirle ‘no’ a Pedro Sánchez ante semejante ignominia».

«No a esa traición; no a esos indultos», ha subrayado Álvarez, quien ha advertido al PSOE que, de seguir «desafiando» a España, los españoles «le volverán a demostrar, como hicieron en 2017, que este país es mucho más fuerte y mucho más digno de lo que son ustedes».

«¿Puede explicar Sánchez qué utilidad pública hay en indultar a los que siguen insistiendo con chulería y desprecio en que volverán a dar otro golpe en cuanto la situación les sea propicia?», se ha preguntado el líder naranja, que cree que este «insulto» a la democracia, a la justicia, a los catalanes y a los españoles es, «además de gravísimo, absolutamente inútil».

Por último, el coordinador de Cs ha acusado a Pedro Sánchez de poner por encima del interés de España «su propio interés», y le ha recriminado que «ignore» que el 80 por ciento de los españoles, y también el 72 por ciento de los que votaron al PSOE, «estén en contra de estos indultos».

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y el líder del partido en el Parlament de Cataluña, Carlos Carrizosa, han pedido en una carta a los «catalanes constitucionalistas» que acudan a la protesta convocada por la formación naranja en Barcelona el próximo 11 de junio para exigir al Gobierno de Pedro Sánchez que no indulte a los condenados por el proceso independentista y dejarle claro que sus derechos «no se venden».

En la misiva, se dirigen a quienes sufren «los atropellos del separatismo» en Cataluña y les animan a participar en una concentración frente a la sede de la Delegación del Gobierno «para decir sí a la democracia, a la justicia y a la convivencia y no a los indultos».

Arrimadas y Carrizosa expresan su «profunda indignación y desamparo total» ante la posibilidad de que se perdonen las penas de cárcel impuestas al expresidente de la Generalitat de Cataluña y líder de Esquerra, Oriol Junqueras, y a los otros once condenados por el referéndum ilegal y la declaración unilateral de independencia de 2017.

«El Gobierno de la nación, nada menos que en nombre de España, pretende indultar a quienes intentaron romperla», los cuales «han sido condenados por delitos gravísimos y no solo no se arrepienten del daño que nos hicieron como sociedad y como país, sino que amenazan con volverlo a hacer», señalan.

Consideran que si Sánchez decide indultar a los presos del ‘procés’, «los autores del golpe de Estado», será «el responsable de una humillación sin precedentes hacia los catalanes constitucionalistas». «Y también a todo un país, a nuestra Justicia y a nuestro Estado de derecho», añaden.

«NUESTRA DIGNIDAD NO SE VENDE POR CUATRO ESCAÑOS»

Para evitarlo, instan a los catalanes no independentistas a asistir a la manifestación del día 11, dos días antes de la que se celebrará en la plaza de Colón de Madrid, y a la que también irá Arrimadas: «Para demostrar que somos muchos los catalanes que queremos justicia y convivencia, no privilegios políticos a cambio de que Pedro Sánchez siga en Moncloa».

En Ciudadanos «fuimos junto a vosotros, los catalanes constitucionalistas, los primeros en advertir del daño que el nacionalismo estaba haciendo a Cataluña» y los que «padecimos en primera persona los estragos para nuestra convivencia», y ahora «no toleraremos que vuelvan a vendernos por cuatro escaños al nacionalismo», dicen ambos políticos en el texto.

Consideran importante que, aparte de las protestas que pueda haber en Madrid o en otros lugares de España, también en Cataluña la gente salga a la calle: «Volvamos a demostrar al conjunto del país que nuestra dignidad, nuestra memoria y nuestros derechos no se venden».

Arrimadas y Carrizosa terminan la carta prometiendo a ese sector de la sociedad catalana que Cs siempre estará para ser su voz y la de todos los que «defienden la democracia». «Nacimos para esto y seguiremos siendo el proyecto que garantiza que en Cataluña se escucha también a los que no somos separatistas», aseguran.

Navarra detectó este martes 88 nuevos casos positivos de infección por Covid-19, según los datos facilitados por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), tras realizar en el sistema público de salud 2.282 pruebas (1.290 pruebas PCR y 992 test de antígenos).

En cuanto a la ocupación hospitalaria, 42 pacientes permanecían ayer ingresados por Covid-19 en los centros de la red hospitalaria de la Comunidad foral, tres menos que el día anterior. Este martes se produjo un ingreso en la UCI por esta enfermedad y se registró el fallecimiento de una mujer de 80 años. El número total de muertes confirmadas por esta causa en Navarra se sitúa en 1.188.

Sobre los nuevos contagios, por zonas, en Pamplona y su comarca se registraron el 58% de los casos positivos, en el Área de Tudela, el 15%, y en el área de Estella, el 3%. Los demás positivos (24%) se reparten por otras zonas de Navarra.

En lo que se refiere a los profesionales sanitarios del Sistema Público de Salud afectados por Covid-19, según informa el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, en la actualidad hay cinco positivos activos y en la última semana se han producido tres nuevos contagios. La plantilla está compuesta por casi 13.000 profesionales.

Respecto a la distribución por franjas de edad de los nuevos casos registrados, los grupos mayoritarios son el de menores de 15 años, con un 28%, y el de 30 a 44 años, con un 24%. A continuación, el grupo de 15 a 29 años, con un 22%, y el de 45 a 59 años, con un 19%. Finalmente, se encuentra el grupo de 60 a 75 años, con un 6%, y el grupo de mayores de 75 años, con el 1% de los nuevos contagios. La edad media de los nuevos positivos se sitúa en 31,1 años. Con respecto al género, el 52% de los casos son hombres y el 48% mujeres.

Desde la perspectiva de la ocupación hospitalaria, según informa el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O), tras el balance de ingresos y altas, 42 personas permanecen ingresadas con y por Covid-19 (tres menos que el día anterior), 13 de las cuales se encuentran en puestos UCI (una más que ayer) y otras dos en hospitalización domiciliaria (mismo número que en la jornada anterior). Los demás, 27 pacientes, están en planta (cuatro menos que el día previo). Todas estas personas dieron positivo en una prueba PCR, sea esta infección o no el motivo de su ingreso hospitalario, y ocupan espacios Covid-19.

La incidencia acumulada de infecciones por el virus, según los reportes diarios, se sitúa en Navarra en 62.187 confirmados.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha esperado que las obras de la nueva sede del Instituto Español de Oceanografía (IEO) en Málaga finalicen este año y que, por tanto, el edificio pueda estrenarse y comenzar a funcionar a principios de 2022.

Montero, que ha visitado las obras de esta infraestructura, en el puerto de Málaga, junto al subdelegado del Gobierno, Teófilo Ruiz, ha asegurado que se trata de un proyecto, presupuestado en 5,6 millones de euros, «largamente pretendido» y que desarrollará líneas relacionadas con los recursos pesqueros y con la economía marina.

Ha considerado que tener un edificio nuevo «es una oportunidad para volver a relanzar los proyectos de investigación, para despertar vocaciones entre la gente joven para que elijan este área del conocimiento» y para que, «una de las fuentes de riquezas más importante de nuestro país», pueda incorporarse «de manera clara» en el PIB y en el crecimiento económico.

«Sin duda el mar es una fuente tremenda de riqueza, de investigación y de empleabilidad», ha indicado la ministra, quien ha añadido que el fondo del mar es un terreno «donde todavía nos queda todo por descubrir y nos hemos aproximado solo a una pequeña parte».

Así, ha señalado que la investigación durante esta pandemia por el coronavirus «ha puesto de manifiesto que realmente sigue siendo la fuente de esperanza para toda la humanidad», poniendo como ejemplo las vacunas «que han venido de la mano de la investigación en un tiempo récord».

En este punto, ha incidido en que el Gobierno de España «quiere hacer de la investigación marina, de la economía azul, uno de los grandes retos para el futuro, como ayer se puso de manifiesto en la aprobación de la Ley de la Pesca donde se da un reconocimiento específico a toda la red de investigación en el marco del mar.

Montero ha apostado por «conectar economía azul con economía verde, los grandes baluartes para que en el futuro nuestro país, y sobre todo las provincias de la costa, puedan destacar en un área que cada día se está expresando con mayor intensidad en el conjunto de Europa».

«Tenemos la suerte en España de ser un país que tiene una amplia área de costa y por tanto para nosotros los recursos marinos se tienen que convertir en una fuente primordial», ha manifestado la ministra, quien ha reiterado la importancia de potenciar la economía azul.

PUERTO Y EXPO 2027

Cuestionada por los periodistas por el proyecto del hotel del puerto, ha dicho que se están recopilando todos los informes «para poder dar una opinión sustanciada, argumentada y que permita posicionar al Gobierno en relación con esta materia», por lo que ha abogado por esperar a tener todos los datos relacionados con los impactos medioambientales y del patrimonio.

Asimismo, preguntada por la candidatura de Málaga para la Expo tecnológica de 2027, Montero ha señalado que el Gobierno «va a apoyar cualquier candidatura que nos permita ser referente a nivel internacional«, considerando que «es evidente que Málaga reúne todos los requisitos y condiciones para que se pueda celebrar.

«Si esa candidatura tiene capacidad de ser viable, evidentemente el Gobierno de España estará ahí, como siempre, pero hay que ver las posibilidades reales que como país podamos tener en ese entorno», ha indicado, insistiendo en que como andaluza apoyará «con especial entusiasmo» cualquier candidatura que venga de esta comunidad.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado que existen «razones poderosas» para que cualquier ciudadano se manifieste el próximo 13 de junio contra los indultos a los condenados por el procés, una protesta a la que él no acudirá por motivos de agenda institucional.

«Hay razones poderosas para manifestar por parte de cualquier ciudadano, de cualquier comunidad autónoma, su posición en relación con la amenaza de indultar a personas que ni han solicitado el indulto y que, además, manifiestan que van a continuar en los hechos delictivos que dieron lugar a la condena», ha afirmado.

En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Gobierno y tras ser preguntado sobre si acudiría a esta manifestación en Madrid, Feijóo ha subrayado que «las sociedades democráticas se expresan democráticamente en las calles, en los medios de comunicación o en la opinión emitida por cualquier ciudadano».

En este sentido, el presidente gallego ha asegurado «entender perfectamente» que haya «mucha gente» que, «con independencia de su posición ideológica y de si se considera de un partido o de otro partido, no está de acuerdo» con esta medida que califica de «equivocación.

«Es una equivocación, en estas condiciones y en este momento, indultar a políticos que han cometido delitos y que, además, su proyecto político es seguir cometiéndolos. Y entiendo perfectamente que haya ciudadanos que lo expresen con claridad», ha sostenido.

Con todo, ha dicho que no cree que «le sea posible asistir» toda vez que saldrá de viaje «ese mismo domingo a primera hora». Y, además, es un viaje internacional por lo tanto, no creo que sea compatible el estar con la agenda de presidente de la Comunidad autónoma», ha señalado para reiterar que «entiende perfectamente» esa manifestación ante una decisión con la que «el Gobierno se precipita» y que «no es proporcional a la situación» que se vive.

Sin embargo, ha incidido en que la agenda como presidente de la Xunta «está por encima de cualquier otra agenda, tanto orgánica como individual». «Primero está la agenda institucional y después el resto de compromisos», ha señalado para señalar que la «agenda institucional es la prioritaria para cualquier político medianamente responsable». «Y yo intento ser un político responsable», ha apuntado.

Aunque el destino del viaje aún no se ha detallado, fuentes del Gobierno gallego han señalado que éste ya estaba programado con anterioridad a la convocatoria de la manifestación por parte de la plataforma cívica Unión 78.

El PP que lidera Pablo Casado no ha decidido en este momento si tomará alguna medida contra la exministra de Defensa y exsecretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, tras su imputación en la llamada ‘Operación Kitchen’ y ha insistido en pedir respeto a la presunción de inocencia, según han indicado fuentes de la cúpula ‘popular’.

En concreto, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha citado como investigados a Cospedal y a su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, por su supuesta implicación en el espionaje parapolicial que se habría montado desde el Ministerio de Interior contra el ex tesorero del PP Luis Bárcenas y su familia a través del ‘caso Kitchen’.

Nada más conocerse la noticia desde ‘Génova’ se ha apelado a la presunción de inocencia. «Mientras no haya sentencia condenatoria, Cospedal es inocente», ha asegurado el portavoz del partido y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

EL PP PIDE RESPETO A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

En parecidos términos se ha expresado desde Zaragoza el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, que ha añadido además que el PP «es un partido serio y de Estado» y no actúa «como algunas formaciones de izquierda, que cuando no les gusta una decisión judicial o del fiscal cargan contra la separación de poderes, contra la independencia judicial y ponen en la diana un juez.

Por lo pronto, la dirección nacional del PP sostiene que «no hay nada decidido» sobre si podría abrir expediente informativo a la exsecretaria general del partido o suspenderla de militancia, según las fuentes consultadas.

El líder del PP, Pablo Casado, ha evitado este miércoles las preguntas de los periodistas sobre este asunto en su visita a Madrid Fusión Alimentos de España 2021, junto a la presidenta del Comité de Derechos y Garantías del PP y delegada de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy.

El pasado mes de febrero, coincidiendo con la apertura del juicio por la reforma de la sede del PP supuestamente pagada con dinero B, Casado ya dijo ante el Comité Ejecutivo del partido que no iba a hablar más del pasado. Según dijo entonces, «las hipotecas en política no son hereditarias», ya que, «no lo han sido para ningún otro partido y no deben serlo» para el Partido Popular.

SUSPENSIÓN DE MILITANCIA SI SE ABRE JUICIO ORAL

Los Estatutos del PP fijan la suspensión de militancia en la apertura de juicio oral. Según el artículo 21, la suspensión provisional de afiliación será acordada de manera automática por el Comité Nacional de Derechos y Garantías «cuando un afiliado promueva o apoye actuaciones en contra de los acuerdos adoptados por la dirección del partido», «incurra en cualquiera de las infracciones previstas en los artículos 16 de los Estatutos», o «esté incurso en un proceso penal respecto de los cuales se haya dictado auto de apertura de juicio oral por un delito relacionado con la corrupción y quedará expulsado en el momento de que se dicte sentencia firme por corrupción».

Ese mismo artículo añade, no obstante, que en caso de infracciones muy graves y por razones de urgencia, el presidente y el secretario del Comité Nacional de Derechos y Garantías, incluso antes de iniciado el expediente, «podrán acordar la suspensión provisional de afiliación y funciones del expedientado, si bien ello deberá ser ratificado por el propio Comité en la primera reunión que celebre éste».

Por otra parte, Cospedal no acudirá esta tarde al Congreso de los Diputados como estaba previsto, ya que la comisión parlamentaria que investiga la llamada ‘operación Kitchen’ ha suspendido la comparecencia de la ex secretaria general tras haberse conocido que ha sido citada por el juez instructor como investigada.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha decidido archivar provisionalmente la investigación sobre la llamada ‘Operación Kitchen’ para dos policías, el comisario José Francisco González García y el inspector Jesús Vicente Galán, que estaban imputados por participar en los seguimientos a la mujer del ex tesorero del PP Luis Bárcenas, al considerar que se limitaron a cumplir órdenes.

González García era el jefe del Área Especial de Seguimientos durante la época en la que se habría desarrollado la ‘Operación Kitchen’, por lo que su cometido era coordinar todos los servicios de la misma, entre ellos el dispositivo de vigilancia a la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias.

Una información desclasificada ha revelado una serie de notas elaboradas por agentes del Área Especial de Seguimientos, servicio adscrito a la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCO), que revelan vigilancias a Iglesias y su entorno por «orden y comunicación» del entonces jefe de la UCO, Enrique García Castaño.

Estas revelaciones, ha explicado el juez, coinciden con lo declarado por González García, según el cual García Castaño le ordenó que creara un equipo para vigilar a Iglesias con el supuesto objetivo de obtener información sobre el dinero que los Bárcenas pudieran esconder y las personas que les habrían ayudado.

De acuerdo con el relato de González García, reproducido por el magistrado, el jefe de la UCO le indicó que el equipo de vigilancia debía estar preparado para hacer el seguimiento cuando él lo requiriera. Primero fueron puntuales, pero desde agosto de 2013 –en torno a las fechas en las que habría arrancado ‘Kitchen’– fue continuo. Solo acabó cuando Iglesias se dio cuenta de que la observaban.

En cuanto a Galán, jefe de sección de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) en ese momento, sostuvo en su comparecencia ante García-Castellón que el responsable de esa unidad, Marcelino Martín Blas, le ordenó establecer una vigilancia en la calle General Díaz Porlier de Madrid, cerca de la casa de Bárcenas, para localizar un coche, sin explicar por qué. Una agente que participó en ello, testificó que el motivo que les trasladó Galán era que podía haber una mujer en peligro.

Tanto la agente como Galán contaron al titular del Juzgado de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional que, al llegar a dicha calle, advirtieron que había otros policías haciendo guardia y, tras comprobar las matrículas de los vehículos, confirmaron que eran agentes de la Comisaría General de Información. Entonces, el imputado sugirió poner fin al seguimiento y así lo hizo.

SUJETOS AL ORDEN JERÁRQUICO

Con todo, el juez ha estimado que ambos actuaron «en cumplimiento de un deber y, por tanto, su actuación resultaría amparada por una causa de justificación, debiendo proceder al sobreseimiento provisional de las actuaciones al no haber resultado debidamente acreditada su participación en los hechos».

García-Castellón ha subrayado que se limitaron a «seguir órdenes de su superior jerárquico», sin que del curso de la investigación pueda deducirse que sabían lo que estaba pasando con ‘Kitchen’.

A este respecto, ha recalcado que la Policía Nacional es un «cuerpo organizado» donde «los mandos inferiores están sujetos a las instrucciones de los superiores, salvo que tengan motivos para sospechar de la ilicitud del mandato».

El mandato de la ‘Operación Kitchen’, que se habría orquestado desde el Ministerio de Interior y financiado con fondos reservados, habría sido montar un espionaje parapolicial a Bárcenas y su familia para conseguir la documentación comprometedora que pudiera tener sobre el PP y sus dirigentes y evitar así que llegara a manos de la Justicia.

El sucesor de Francisco Martínez en la Secretaria de Estado de Interior, José Antonio Nieto, ha asegurado en el Congreso que ambos intercambiaron mensajes sobre la aplicación del artículo 155 en Cataluña sin disolver los Mossos d’Esquadra, pero ha desvinculado esas conversaciones de la llamada operación Kitchen por la que está imputado Martínez.

El socialista David Serrada ha aprovechado la comparecencia de Nieto ante la comisión Kitchen para recordarle unos mensajes que intercambió con Francisco Martínez en noviembre de 2017, tras la detención del comisario jubilado José Manuel Villarejo, en los que reconocía que el entonces ministro, Juan Ignacio Zoido, estaba preocupado.

Pero Nieto ha precisado que esos mensajes del 5 de noviembre de aquel año, dos días después de la detención de Villarejo, se referían a otro hecho sucedido de ese mismo día 3, la reunión del Consejo de Ministros en la que se nombró a Juan Antonio Puigcerver, un alto cargo del ministerio, como director general de Interior en la Generalitat.

VAYA, QUÉ CASUALIDAD

Según ha explicado, su antecesor en la Secretaría de Estado, Martínez, que entonces era sólo diputado del PP, les estaba asesorando como doctor en Derecho Constitucional en cómo aplicar el artículo 155 en materia de seguridad en Cataluña, teniendo en cuenta, además, que se habían convocado elecciones en esa comunidad y que Puigcerver era, por tanto, responsable de su organización.

Lo que buscaban con ese «nombramiento vital» era respetar el papel de los Mossos frente a quienes, tras el referéndum del 1 de octubre de ese año, pedían su disolución o la designación de un policía o un guardia civil al frente.

A los preliminares de ese nombramiento es a lo que se referían los mensajes de Martínez, ha asegurado Nieto, subrayando que, desde el «ejemplar» traspaso de poderes que tuvo con su antecesor –al que ha agradecido su asesoramiento en la aplicación del 155–, «en ningún momento» hablaron de la ‘operación Kitchen’.

También ha dicho que su antecesor nunca le pidió insistentemente una reunión sobre esa supuesta trama montada en el Ministerio el Interior para espiar a Luis Bárcenas. «Vaya, parece que este mensaje es otra casualidad más», ha comentado con sorna el diputado del PSOE.

En respuesta a otros comisionados ha insistido en esa tesis y ha recalcado que si hubiera sabido algo del supuesto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas lo hubiera puesto inmediatamente en conocimiento de la Fiscalía o del juez.

Por otra parte, Nieto ha resaltado que Villarejo fue detenido siendo él secretario de Estado y que nunca le vio actuar dentro del ministerio, aunque ha admitido que le conoce. Según ha dicho, le ha saludado en un par de actos públicos y pero sólo ha hablado con él una vez, en uno de esos eventos, cuando le comentó que tenía un contencioso con la Secretaría de Estado de Interior sobre la fecha de su jubilación y el derecho a un diploma y a mantener la placa. «Analizamos el recurso y no pudimos atender a lo que pedía», ha resumido.

JAMÁS RECIBIÓ INSTRUCCIONES PARA PROTEGER AL PP

Preguntado expresamente si no se habían visto por Córdoba, dado que Nieto fue alcalde de esa ciudad y Villarejo nació en una localidad cercana, el compareciente ha dicho que no, pero ha aprovechado para vincular al expolicía con un «escándalo» por la venta de unos terrenos cuando era alcaldesa la dirigente de Izquierda Unida, Rosa Aguilar.

Nieto ha asegurado que no recibió presiones ni del entorno de Villarejo ni de la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y que tampoco recibió «jamás» instrucciones de nadie para proteger los intereses del PP.

El ex secretario de Estado ha negado que existiera una policía paralela –en referencia a la denominada ‘policía patriótica’–, así como la conocida como ‘operación Cataluña’ para desacreditar al independentismo, aunque sí ha reconocido que «han podido existir personas que no han hecho adecuadamente su trabajo o no han entendido los límites de sus funciones». Tampoco ha entrado a valorar por qué Mariano Rajoy decidió sustituir a Jorge Fernández Díaz por Juan Ignacio Zoido al frente de Interior.

Respecto al cese de Enrique García Castaño como responsable de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), ya bajo su mandato, Nieto lo ha circunscrito a una «propuesta técnica» y lo ha desvinculado de sus hipotéticas actuaciones en la ‘Kitchen’.

NIEGA CHIVATAZO A IGNACIO GONZÁLEZ

También se le ha interrogado sobre el caso Lezo y las supuestas informaciones que apuntan que él habría alertado al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, algo que ha negado de plano e incluso ha amenazado con una «querella» al diputado de Vox, José María Figaredo, por aludir a esa posibilidad.

Es más, en respuesta al diputado de Podemos Ismael Cortés, ha señalado que el Congreso debería pedirle perdón porque en su día le reprobaron por ese supuesto «chivatazo» y, tres años después, ni siquiera ha sido citado como testigo en esa causa. «Jamás he filtrado ninguna información, de ningún tipo, entre otras cosas porque tampoco lo conocía», ha añadido, desatacando que los policías y guardias civiles son «muy celosos del mandato de los jueces» y no informan de esas operaciones a los cargos políticos.

A preguntas de Macarena Olona, de Vox, el compareciente ha negado que cesaran como director adjunto operativo de la Guardia Civil a Pablo Martín Alonso por no querer «cometer el delito» de desvelar a sus superiores políticos informaciones judiciales sobre los casos Púnica y Lezo que afectaban al PP.

Nieto ha ensalzado a Martín Alonso y ha explicado que lo que se hizo fue «buscar un atajo» para evitar tener que jubilarle. Como ya se estaba pensando en una reestructuración organizativa, se optó por eliminar las DAO de la Policía y la Guardia Civil -para evitar los problemas de bicefalía con las direcciones generales de ambos cuerpos– aunque después ambas fueron recuperadas por el Gobierno del PSOE.

El vicesecretario general de Ciudadanos y portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha pedido este miércoles al Partido Popular que ayude a esclarecer los «oscuros episodios del pasado» sobre la operación Kitchen porque, de lo contrario, «no va a salir nunca de la sombra de la corrupción».

Así se ha pronunciado después de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón citara como investigados a la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal y a su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, por su supuesta implicación en el espionaje parapolicial que se habría montado desde el Ministerio de Interior, durante el gobierno de Mariano Rajoy, contra el extesorero del PP Luis Bárcenas y su familia, a través de la operación Kitchen, para sustraer pruebas que podrían incriminar al PP por corrupción en el caso Gürtel.

En una rueda de prensa en la Cámara Baja, Bal ha recordado que, en el juicio por la primera época de la trama Gürtel, en el que él ejerció la acusación como abogado del Estado, el PP estaba como partícipe a título lucrativo y se dedicó a «impugnar todas las pruebas incriminatorias» respecto a los acusados Luis Bárcenas, Francisco Correa y Pablo Crespo diciendo que se habían violentado derechos fundamentales.

«¿Esto es una actitud de colaboración con la Justicia? ¿Esto es tratar de esclarecer unos hechos del pasado?», se ha preguntado. En su opinión, al PP «le vendría bien» hacerlo de verdad porque de esa manera «podría hacer borrón y cuenta nueva».

ES «ABSURDO» HABLAR DE UN «MONTAJE POLÍTICO»

Además, el portavoz de Cs ha reprochado a los ‘populares’ su actitud en la comisión de investigación del Congreso sobre la operación Kitchen, donde llegan «hasta el absurdo» al insistir en que todo fue «un montaje político», pese a que el juez García-Castellón aprecia indicios racionales de que se puso en marcha esa operación en el Ministerio del Interior.

«Lo que debería hacer el PP de una vez por todas es dar un paso atrás en su política de obstaculización en la comisión Kitchen y colaborar con la Justicia aportando todas las informaciones y los datos que tenga en su poder para aclarar estos hechos, incluso aunque le perjudiquen. Porque no van a salir nunca de la sombra de la corrupción si no dan un decidido paso en favor de esclarecer estos oscuros episodios del pasado», ha subrayado.

Sin embargo, ha evitado opinar sobre si el presidente del PP, Pablo Casado, debería dar explicaciones –por la relevancia del cargo que ocupó Cospedal en el partido– o si debería adoptar alguna medida contra la exsecretaria general. «Sobre las decisiones que tome el PP sobre sus afiliados no me voy a pronunciar», ha respondido.

CORRUPCIÓN AL CUADRADO

Bal ha destacado que se trata de «hechos muy graves» de «corrupción al cuadrado», pues el PP supuestamente creó «una trama corrupta para obstaculizar la acción de la Justicia que investiga la propia corrupción del PP» y para intentar «ocultarla». «Esto debería servir en el futuro de aviso a navegantes, para que entendieran que, al final, este tipo de cosas se van de las manos, porque se termina descubriendo la verdad», ha añadido.

A su modo de ver, el comportamiento del PP en este tema «recuerda muchísimo a lo que hace Podemos, que no colabora con la accion de la Justicia y tampoco apoya las comisiones de investigación en sede parlamentaria» sobre los asuntos que le afectan, como su presunta financiación ilegal, el caso Neurona o la tarjeta del móvil de Dina Bousselham, exasesora de Pablo Iglesias.

Ambos partidos pretenden «tapar la corrupción» propia, «poniendo todos los obstáculos» para impedir que se investigue, y utilizar la corrupción de otras formaciones políticas «como arma arrojadiza contra el contrario», ha criticado. En cambio, en Ciudadanos, ha agregado, «siempre queremos investigar toda la corrupción, venga de donde venga».

IMPUTACIÓN DE COSPEDAL Y LÓPEZ DEL HIERRO

Sobre el auto de imputación del juez contra Cospedal y López del Hierro, el diputado ha resaltado que está «muy bien fundamentado» y que enumera una «enorme retahíla» de indicios de criminalidad que resultan «demoledores», por lo que, en relación con Cospedal y su marido, ya no se habla solo de «sospechas».

En cuanto a la decisión de López del Hierro de no responder a las preguntas de los diputados en su comparecencia de este miércoles en la comisión de investigación sobre la operación Kitchen, Bal ha comentado que tiene derecho a callar, pero que, ante las «acusaciones indiciarias» que incluye el juez en su auto, «lo lógico» es que «alguna explicación diera».

Según ha indicado, tanto el empresario como Cospedal tenían hoy la oportunidad de «decir que los hechos son mentira» o, como el PP, asegurar que todo forma parte de «una conjura política oscura contra el principal partido de la oposición». «Sin embargo, guardan silencio», ha añadido, antes de lamentar que no contribuyan a exponer la verdad de «unos hechos que son de extraordinaria gravedad y que interesan a la sociedad española».

El Tribunal Supremo ha fijado que en un delito de violación se considera que se ha producido penetración cuando hay contacto de acceso a la zona interna vaginal por leve que este sea, por lo que no se exige que se haya producido «un acceso total». «No se exige, por ello, en el tipo penal una penetración absoluta ni la jurisprudencia exige una penetración total, sino que en el caso de que sea parcial existe agresión sexual por violación», resaltan.

Este pronunciamiento del Supremo se recoge en una sentencia, ponencia del magistrado Vicente Magro, en la que corrige una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que rebajó la condena por unos hechos producidos en la provincia de Zaragoza al entender que la audiencia de instancia había condenado por un delito de violación erróneamente porque no se había dado penetración.

Tras analizar el caso concreto, el Supremo aprovecha la sentencia para fijar doctrina respecto a lo que se interpreta como penetración, y subraya que «todo lo que sea un exceso de superación de la horizontalidad en la zona sexual femenina, por leve o breve que sea, supone la existencia de agresión sexual por violación del artículo 179 del Código Penal».

Asevera el tribunal que no es exigible que en la penetración se produzca un «acceso total y absoluto», ya que la violación concurre aunque el acceso sea leve o breve. Y ahonda en que debe entenderse por ‘horizontalidad’ la zona superficial referida al mero tocamiento externo.

Así, si se supera esa barrera externa, por leve que sea ese acceso o contacto, ya es una penetración. Por tanto, añaden, basta con el «acceso suficiente» para entender que ya se irrumpe en la zona sexual de la mujer.

EL CASO DE ZARAGOZA

De esta manera, el Supremo en su resolución de fecha de 27 de mayo indica que, en el caso concreto de Zaragoza, el TSJ sostenía que no había quedado probado que el acusado hubiera introducido los dedos en la vagina de la víctima, entendiendo que se trató solo de contacto externo sin acceso real a la misma.

Relata que el TSJ modificó el hecho probado señalando que se suprimía la expresión «introduciéndole un dedo en el interior de la vagina» porque entendió que la zona de entrada a la cavidad vaginal –introito– de la mujer era parte externa y que no se había producido penetración por introducción de dedos.

Pero el ponente del Supremo advierte que el TSJ actuó «apreciando de forma irracional la valoración de la prueba llevada a cabo por quien tiene la inmediación de la práctica de la prueba, que lo era el tribunal de instancia, que fue quien en su sentencia recoge la conclusividad respecto a que se produce la introducción de los dedos en la vagina».

Y recuerda que esta conclusión se obtuvo «de la propia declaración de la víctima y del informe pericial que concluye que respecto a la exploración del área genital, presenta escoriaciones en el introvaginal y en la parte interna de los labios menores».

Al hilo, subraya que el TSJ si bien suprimió la frase señalada, mantuvo en los hechos probados la relativa a la exploración genital en la que se aseveraba que presentaba esas escoriaciones. Y da la razón a la víctima admitiendo que cuando se hacer referencia al introito vulvar, en realidad debe referirse al introito vaginal –entrada de la cavidad vaginal–.

Eso se mantiene porque «el hecho probado refleja que la víctima presentaba escoriaciones en el introvaginal», lo que supone que ya era en la parte interna y no en la externa. «Lo que debe concluir que hubo la penetración determinante de la violación del artículo 179 del Código Penal«, añade.

SIETE AÑOS DE CÁRCEL POR EL 179

Por todo esto, el Supremo califica de determinante la mecánica descrita en los hechos probados, obtenida por la declaración de la víctima y la pericial, y afirma que se trata de una agresión sexual según el artículo 179.

Ese artículo especifica que cuando la agresión sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías, el responsable será castigado como reo de violación con la pena de prisión de seis a doce años.

El tribunal entiende que consta la introducción de dedos en la vagina y por tanto la pena finalmente impuesta es la de siete años de prisión por delito de violación del 179, y no del artículo 178 que castiga al delito sexual sin acceso carnal ni introducción de dedos en la vagina. Por tanto, anula la pena de tres años impuesta por el TSJ y regresa a la impuesta en un primer momento por la Audiencia Provincial.

La llegada de migrantes a España por vía irregular supera por primera vez en lo que va de año las 10.000 personas, una cifra que no incluye a los alrededor de 8.000 migrantes que, según las cifras del Ejecutivo, llegaron a través de la frontera con Ceuta los pasados días 17 y 18 de mayo.

En las cifras que de forma quincenal presenta el Ministerio del Interior sobre las llegadas de migrantes a España, no se han actualizado en este caso los datos correspondientes a las entradas por vía terrestre a Ceuta (se incluyen las correspondientes al periodo del 1 de enero al 16 de mayo de 2021), ni las que se han producido por la valla de Melilla (cuyos datos están actualizados hasta el 27 de mayo).

De esta forma, las cifra de 10.690 migrantes llegados a España por vía irregular en los cinco primeros meses del año, publicada este miércoles por Interior, no incluye a las alrededor de 8.000 personas que, según datos del Gobierno, habrían entrado en el país durante la pasada crisis vivida en Ceuta.

En el balance, el equipo de Fernando Grande-Marlaska, señala que la actualización no ha sido posible porque los datos «se encuentran bajo análisis y tratamiento».

SIGUEN AUMENTANDO LAS LLEGADAS A CANARIAS

Aún así, Interior compara los 10.690 llegados hasta ahora con los 7.422 que habían entrado al país en el mismo periodo de 2020. De estos más de 10.600, la mitad, un total de 5.386, lo han hecho a través de las costas canarias. El archipiélago registra, así, un incremento en las llegadas del 117,7% con respecto al mismo periodo del año anterior.

También ha crecido, un 19,1%, las llegadas vía marítima a través de la Península y Baleares. Un total de 4.355 personas migrantes arribaron por esta vía en lo que va de año, frente a los 3.658 que lo hicieron en los primeros cinco meses de 2020.

Sí están actualizados los datos de las ciudades autónomas en cuanto a las llegadas por mar. En Melilla aún no se ha registrado ninguna en todo 2021, al igual que ocurrió en 2020. Mientras, en Ceuta se han contabilizado hasta ahora 111 entradas, frente a las 46 que se registraron entre enero y mayo de 2020.

En cuanto a las entradas por las fronteras terrestres, en Ceuta se recoge la llegada de 379 personas hasta el pasado 16 de mayo y de 459 en Melilla hasta el pasado día 27 del mismo mes.

El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol ha pedido perdón a sí mismo y a los catalanes por tener dinero en Andorra sin declarar que, según su confesión el 25 de julio de 2014, procede de una herencia de su padre; ha negado ser «un corrupto» y ha admitido que sufre por su familia y Cataluña.

«Sobre todo tengo que pedir perdón a la gente de mi país. Esto es lo que cuenta. Puede parecer una figura literaria esto de pedir perdón también al joven que yo era hace más de 60 años, pero no lo es. No sé bien lo que es, pero, en todo caso, no es una figura literaria. Es la expresión de un dolor», admite en el libro titulado ‘Jordi Pujol, entre el dolor y la esperanza’ (Editorial Proa y Enciclopedia) escrito por Vicenç Villatoro y que se ha publicado este miércoles.

Según Pujol, pide perdón no con ánimo de rehabilitación porque manifiesta su voluntad de asumir unos errores personales que vive «con rabia y vergüenza», pero no quiere caer en la desesperación que lleva a la autodestrucción.

De hecho, en diversas ocasiones define lo ocurrido como un «desgarro» y admite que cuesta entender que aceptara tener dinero en el extranjero no declarado en España, que no utilizó ni gastó, y que ello ha generado tristeza, decepción, indignación y le ha obligado a hacer una reflexión sobre sí mismo.

«Es verdad que estoy imputado, pero sin ningún tipo de prueba que me involucre en hechos de corrupción. Yo no soy un corrupto», añade también Pujol en su defensa, que asegura que está preparado para ir a prisión, para la ruina y para la muerte, pero no para el deshonor y la vergüenza pública.

Desde el arrepentimiento y un sentimiento de culpabilidad, asume que la recuperación de su figura será «lenta y dolorosa, y en el mejor de los casos no será completa», y que desde el primer momento se apartó de la vida política y social.

Según Pujol, ha sufrido un «ensañamiento intenso y furioso» y desconoce si la historia lo absolverá, pero reivindica lo que hizo al frente de la Generalitat durante los 23 años de sus gobiernos junto con el papel que jugaron los ayuntamientos, diputaciones y otras entidades, así como gente de otros partidos.

PROCESO INDEPENDENTISTA

Sobre si ve posibilidades de introducir elementos de pacificación, diálogo y negociación en el proceso independentista, Pujol constata que «no ha habido un intento serio de restablecer puentes de diálogo y de negociación, de auténtica negociación, no para perder el tiempo o para tergiversar».

«Yo no impulsé el movimiento independentista», ha recalcado el expresidente catalán, tras recordar que durante años situó la reivindicación de Cataluña en el marco de un proyecto español y europeo, y frenó iniciativas de ruptura o distanciamiento.

Tras advertir de que no contribuirá a que la política sea un «y tú, más», ha dejado claro que no tirará de la manta por más que se lo pidan, a raíz de su comentario durante su comparecencia en el Parlament para hablar de la causa contra él y su familia.

También cree que para tirar adelante cualquier proyecto colectivo en Cataluña hay que tener «la casa ordenada, y no lo está», aunque entiende que Cataluña reclame respeto por su identidad y sus instituciones y que pida más autogobierno y una reforma de la estructura política del Estado.

«No tanto la independencia, excepto en algún momento de tensión especial, como hace ahora una parte muy importante del pueblo catalán», suscribe Pujol, que ha avisado de que el nacionalismo catalán –independentista o no– puede ser un factor importante de desbarajuste de la política española.

En su opinión, parece evidente que Cataluña «no conseguirá la independencia» pese al aumento de los que la defienden, pero puede crear una situación que dañe seriamente la estabilidad del Estado, y por ello ha llamado a hacer un esfuerzo para acercarse para encontrar un clima de diálogo que permita precisar el punto en el que se estropearon las relaciones.

FINANCIACIÓN Y REFUNDACIÓN DE CDC

Sobre las acusaciones de presunta financiación irregular de Convergència, Pujol ha precisado que muchos partidos y políticos europeos, también españoles, han tenido problemas parecidos «pero en ninguno ha habido el ensañamiento que ha habido contra CDC».

Aunque asegura que puede admitir que pueda haber casos en que ha habido actuaciones incorrectas y punibles, cree que con el incremento de la tensión de las relaciones entre Cataluña y el resto de España la movilización política, policial y jurídica contra él y contra CDC «se endurece mucho, y se movilizan todo tipo de instancias, legales o no, que salpican a todo el mundo».

También se refiere a la crisis del espacio convergente, donde cree que han participado diferentes factores, empezando por la crisis económica, la voluntad que Convergència de refundarse y la afectación de casos de corrupción reales o supuestos, sumado al «daño» provocado por su persona.

Desde su confesión, ya no es miembro de CDC ni de ninguna de las formaciones que han heredado dicho espacio, pero ha puntualizado que ello no implica que no se sienta vinculado a éste.

Pese a todo, considera que la manera cómo se ha abordado la crisis derivada de su confesión en el marco de Convergència se podría haber hecho «de forma más serena, y salvar más muebles, bastantes más».

FAMILIA

En relación a su familia, explica que con Marta Ferrusola tuvieron siete hijos por «fe cristiana y patriotismo», y reconoce que no cumplió suficientemente bien como padre de familia y que fue culpa suya.

«Una culpa que no debo trasladar a mis hijos ni a mi esposa. Sobre todo no a mi esposa, que es quien mientras pudo actuar sobre el conjunto de la familia, lo hizo con eficacia. Después no tanto. Y me considero especialmente responsable, más bien porque soy y era el jefe de familia», expone.

Sobre si ha querido asumir los problemas de sus hijos, cree que puede que sea así pero apunta: «Soy como soy. Y en todo lo que nos pasa alguna responsabilidad moral debo tener».

Aunque mantiene su fe cristiana, sin el entusiasmo de su juventud, admite que ahora no le consuela suficientemente ahora que vive una «crisis profunda» y una resignación que le ha repercutido en sus relaciones humanas en general y también en la familia.

Al preguntársele si sitúa el caso Banca Catalana en el ámbito de los errores personales, lo niega destacando que «no hubo ninguna falla ética y, en todo caso, si hubo alguna, fue técnica o profesional, pero sobre todo de exceso de ilusión».

En la presentación del libro, Villatoro, acompañado del también periodista Josep Ramoneda, ha explicado que el libro recoge lo plasmado en diversos encuentros presenciales y analógicos, el primero de los cuales en febrero de 2019 y el último en verano del año pasado, y que tiene la sensación de haber pedido a Pujol su «testamento político».