La Confederación Española de Sociedades Científicas (COSCE), que agrupa a 84 sociedades que representan a más de 42.000 científicos, considera que el borrador presentado por el Ministerio de Ciencia e Innovación para reformar la Ley de la Ciencia de 2011 «va en contra de la excelencia científica, dificulta la atracción de talento, perpetua la endogamia e interfiere con las políticas autonómicas más avanzadas como la de Cataluña, Madrid y País Vasco».

Asimismo, la COSCE critica que la reforma planteada por el Departamento que dirige Pedro Duque «no recoge ninguna de las propuestas realizadas por la COSCE en el ámbito de los recursos humanos en investigación».

Las críticas de las sociedades científicas hacia el borrador han sido plasmadas en un documento, ‘Informe COSCE sobre la Reforma de la Ley de la Ciencia en Recursos Humanos: El fin de la meritocracia científica’, que han enviado este lunes al Ministerio.

El texto recoge que el planteamiento actual del Ministerio será de difícil aceptación en las universidades, en los institutos hospitalarios y centros de investigación regionales.

Igualmente, el informe critica la eliminación del programa Ramón y Cajal, un programa que según la COSCE goza de «éxito, prestigio y buen funcionamiento» a la hora de atraer y retener talento en el sistema español de ciencia, tecnología e innovación, destacando además que la reforma no ofrece «una mejor alternativa.

Por consiguiente, la Confederación rechaza su eliminación en el borrador de reforma de la Ley y su sustitución por la figura de un «contrato laboral fijo de incorporación» con la «excusa», según la COSCE, de que se acabará la temporalidad y rebajará la edad de estabilización.

Para la Confederación, la propuesta de reforma «no sólo no mitigará la precariedad, sino que será imposible atraer y retener talento» en cuanto que también elimina la figura de Científico Titular de los Organismos Públicos de Investigación (OPIs) de la Administración General del Estado.

El texto resalta que los nuevos contratados se asumirán desde las instituciones contratantes, que ofertarán las plazas conforme a la tasa de reposición, por lo que no habrá incremento del número de puestos estables y se fomentará la endogamia, acabando con la atracción de talento basado en la meritocracia y evaluaciones externas.

El informe concluye que el resultado de la reforma de la Ley en el ámbito de los recursos humanos creará una bolsa creciente de contratados con dudosa capacidad de estabilización.

LA CIENCIA, UN ASUNTO DE ESTADO

El pasado 12 de abril, la COSCE ya envió otro documento (‘Informe de urgencia ante una inmediata propuesta de reforma de la Ley de la Ciencia’) al Ministerio donde se insistía en la refundación del sistema de ciencia, tecnología e innovación basadas en las propuestas de la comunidad científica española.

Según este informe, la ciencia debe ser tratada como un asunto de Estado, destacando que la modificación de la flexibilidad y adecuación normativa de los recursos humanos en investigación son prioritarios.

El principal investigado por el espionaje que sufrió el fundador de Wikileaks Julian Assange durante su estancia como asilado en la Embajada de Ecuador en Londres, David Morales, ha declarado este lunes ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que no es cierto que saliera de España en marzo en dirección a Lisboa saltándose así las medidas cautelares que pesan sobre él.

Fuentes jurídicas indican no obstante que desde la Audiencia Nacional se ha deducido testimonio para saber si Morales ha incurrido en un delito por quebrantamiento de esas medidas cautelares, toda vez que tiene prohibido salir del territorio nacional.

La declaración de Morales se producía después de que este domingo se conociera que el 8 de marzo habría sido interceptado por la policía lusa cuando intentaba llegar a Lisboa, según avanzaba El Mundo.

Pero su comparecencia de este lunes, que se ha realizado por videoconferencia, tenía relación con la ampliación de la querella de una de las partes perjudicadas. En la misma, el fiscal del caso ha solicitado que Morales acuda a firmar al juzgado con mayor frecuencia, mientras que la acusación ha interesado prisión provisional.

Sin embargo, el magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 5, que heredó la causa del anterior instructor José de la Mata, ha decidido mantener las comparecencias ‘apud acta’ tal y como estaban previstas, por lo que el investigado deberá seguir acudiendo al juzgado con una periodicidad mensual.

UNDERCOVER GLOBAL

Morales es el propietario de la empresa Undercover Global, adjudicataria del contrato para gestionar la seguridad de esa legación consular ecuatoriana entre 2015 y 2018 y que, según la querella presentada por Assange contra él, habría aprovechado esa circunstancia para espiarle y vender la información a servicios de inteligencia estadounidenses y ecuatorianos.

En concreto, el juez investiga si Morales habría «invadido la intimidad» de Assange mediante «la instalación de micrófonos ocultos y otros medios», como convertir el circuito cerrado de cámaras de seguridad en dispositivos de captación de imagen y audio, tal y como apuntaría la documentación de la empresa que la defensa del activista ha aportado a la Audiencia Nacional.

Tras admitir a trámite la querella, la Audiencia Nacional acordó en septiembre de 2019 la detención de Morales, que tras pasar a disposición del magistrado fue puesto en libertad con prohibición de abandonar España y obligación de comparecer en sede judicial dos veces por semana. Esa medida cautelar se relajó más adelante.

Está imputado por presuntos delitos contra la intimidad y contra el secreto de las comunicaciones abogado-cliente, blanqueo de capitales, cohecho y tenencia ilícita de armas. En el registro de su domicilio se intervino documentación relativa a sus contratos con la Embajada de Ecuador, dinero en efectivo, soportes informáticos y dos armas de fuego con el número de serie borrado.

El Gobierno mantiene su intención de levantar el 9 de mayo el estado de alarma y, por ello, ha comenzado ya a preparar la nueva fase que se abrirá entonces, y a analizar con los Ministerios qué medidas sociales y económicas dependen de la vigencia de este instrumento, para prorrogar vía decreto las que sigan siendo necesarias en la etapa final de la pandemia del coronavirus.

En concreto, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha pedido a todos los departamentos ministeriales que estudien qué medidas de las que han aprobado durante los últimos seis meses de estado de alarma tienen su fecha de caducidad ligada a este instrumento, para hacer una selección y prorrogar las necesarias, según informan fuentes gubernamentales.

Así, la idea del Ejecutivo es aprobar próximamente un decreto ley que permita dar continuidad a aquellas cuestiones que los Ministerios consideren que hace falta seguir manteniendo más allá del 9 de mayo. Serían medidas, en todo caso, que no necesitan que este instrumento constitucional siga vigente, ya que no tienen que ver con la restricción de derechos fundamentales.

QUE LOS SANITARIOS JUBILADOS PUEDAN SEGUIR AYUDANDO

Es el caso, por ejemplo, de la medida que se aprobó en febrero para permitir que los sanitarios jubilados pudieran volver a trabajar para ayudar en la lucha contra la pandemia, sin perder su pensión. Esta cuestión estaba ligada expresamente a que estuviera vigente el estado de alarma.

Esto se suma al anuncio que ya realizó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace dos semanas de que iba prorrogar hasta agosto la moratoria de desahucios sin alternativa habitacional en el alquiler, la moratoria o condonación parcial para inquilinos de grandes tenedores o entidades públicas, y los mecanismos de condonación y prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler; medidas que también estaban sujetas a la finalización del estado de alarma.

Ahora son los diferentes departamentos ministeriales los que están en fase de estudio, analizando cuáles de las iniciativas que han impulsado estos últimos seis están en riesgo con el fin del estado de alarma, ya que «la intención del Gobierno» es levantar esta herramienta el 9 de mayo, tal y como reafirmó Sánchez el pasado miércoles.

A este respecto, el presidente apostó por abrir una nueva fase, gracias al avance de la vacunación, y dejó claro que con el fin del estado de alarma acabarán también las restricciones que implican limitación de los derechos fundamentales, que solo se pueden desarrollar bajo el paraguas de este instrumento, como la limitación de la movilidad nocturna, más conocida como el toque de queda.

Y en cuanto a los cierres perimetrales, el jefe del Ejecutivo defendió que deben ser los tribunales los que se pronuncien sobre el alcance que deben tener, en el caso de que las comunidades decidan seguir manteniendo este tipo de restricciones a la movilidad en un determinado territorio.

En todo caso, el Ejecutivo mantiene que no hace falta reformar la legislación sanitaria para afrontar la nueva fase de la pandemia que se abre tras el estado de alarma, a pesar de que se lo está reclamando no solo el PP, sino también varios gobiernos autonómicos e incluso algunos de sus socios parlamentarios, para poder hacer frente a la pandemia más allá del 9 de mayo.

Sin embargo, el Gobierno sí ha comenzado a trabajar en un plan para garantizar que las medidas de tipo social y económico que han ido aprobando los Ministerios durante la pandemia bajo el amparo del estado de alarma puedan seguir en vigor, si se determina que son necesarias.

La Federación madrileña de familias numerosas (Fedma) ha acusado al exvicepresidente y exministro de Derechos Sociales y actual candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, de ser «el impulsor del acoso y derribo hacia la familia» a través de la ley de diversidad familiar que prepara el que antes era su Ministerio.

«Es el impulsor del acoso y derribo de la familia y en particular de la familia numerosa con la pretensión de elaborar una modificación o reforma de la Ley de protección a las familias numerosas. Una reforma que ya tiene nombre, ley de Diversidad Familiar, y cuya principal línea estratégica es la de establecer el criterio de la renta para decidir qué familias o modelos de convivencia se integrarían en esta ley», critica la asociación en una nota.

Según una consulta lanzada por la asociación y contestada por 1.748 hogares, el 95,9% de las familias numerosas madrileñas está en contra de una ley de diversidad familiar donde la renta sea un criterio para ser familia numerosa, y no solo el número de hijos.

En concreto, desde la Federación rechazan que la nueva ley «eliminaría como criterio prioritario el número de hijos, que es precisamente la esencia y naturaleza de las familias numerosas» y proponen establecer «otros cauces para ayudar y sostener a familias vulnerables».

«No vamos a caer en la trampa de la reforma cuando lo que realmente quieren es deshacer la ley de familias numerosas para darle una nueva estructura llamándola ley de diversidad familiar», ha apuntado la vicepresidenta de la Fedma, María Menéndez.

Además, Menéndez ha precisado que esta ley de diversidad familiar «se está preparando fuera de España» y que «se ha solicitado financiación y apoyo técnico y jurídico a un organismo de la Unión Europea (UE) llamado Reformas Estructurales».

«¿Por qué no se ha propuesto como Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso de los Diputados, donde reside la legitimidad para legislar?, ¿por qué no se quiere abrir el debate?», pregunta la asociación dirigiéndose a la nueva ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra.

la Fundación Cajasol, por sexto año consecutivo, ha sido elegida por World Press Photo como primera sede mundial donde se exponen lasimágenes que componen la muestra del concurso de fotografía más prestigioso del mundo y que este año se celebra su 64 edición.

En este sentido, tal y como ha explicado en un comunicado el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, es un «privilegio ofrecer, un año más, este estreno mundial en nuestra ciudad ycontribuir de esta forma a dotar de contenidos culturales de primer nivel a nuestra industria turística y de ocio en un momento tan crítico para la economía y para este sector en particular».

Bajo el lema, conectando al mundo con las historias que importan, se han presentado 74.470 fotografías de 4.315 fotógrafos provenientes de 130 países. Entre los premiados hay tres españoles: el barcelonés residente en Kenia Luis Tato, con una fotografía sobre la mayor plaga de langostas del desierto keniano en los últimos 70 años; el vasco Aitor Garmendia, nominado en la categoría de medio ambiente, y el extremeño Jaime Culebras en la categoría de naturaleza.

Para el concurso de este año, el 19 por ciento de los participantes se identifican como mujeres, esto equivale a un 15 por ciento más desde 2015, cuando se dieron a conocer por primera vez los datos de los participantes para llamar la atención sobre la necesidad de una mayor diversidad. De los nominados de este año, once fotógrafas son mujeres (24 por ciento), «un dato que ha mejorado considerablemente, doblando lacantidad de 2020, pero que evidencia que aún queda trabajo por hacer para atraer a más participantes femeninas y aumentar el número de mujeres ganadoras».

Un jurado independiente compuesto por 28 profesionales de la fotografía, presidido por NayanTara Gurung Kakshapati, seleccionó las mejores imágenes e historias de 2020. En un año sin precedentes marcado por la pandemia y las protestas por la justicia social en todo el mundo, los ganadores comparten una diversidad de interpretaciones y perspectivas ante estos y otros temas urgentes como la crisis climática, los derechos de las personas transgénero y los conflictos territoriales.

El jurado del concurso de fotografía de 2021 seleccionó la fotografía de Mads Nissen The First Embrace como la foto del año de World Press Photo y Habibi de Antonio Faccilongo como la historia del año de World Press Photo.

En la imagen ganadora, Rosa Luzia Lunardi (85) es abrazada por la enfermera Adriana Silva da Costa Souza, en la residencia Viva Bem, São Paulo, Brasil, el 5 de agosto de 2020. Nissen dijo sobre su imagen que se trataba de una historia sobre la esperanza y el amor en los momentos más difíciles. «Cuando me enteré de la crisis en Brasil y del pobre liderazgo del presidente Bolsonaro, que ha estado descuidando este virus desde el principio, sentí la necesidad de hacer algo al respecto».

Kevin WY Lee, fotógrafo, director creativo y miembro del jurado del concurso de fotografía 2021 describe la fotografía ganadora como una imagen «icónica» del Covid-19. «Conmemora el momento más extraordinario de nuestras vidas, en todas partes. Leí vulnerabilidad, seres queridos, pérdida y separación, desaparición, pero, lo que es más importante, también supervivencia, todo en una imagen gráfica».

La historia del año es del fotógrafo italiano de documentales AntonioFaccilongo, que relató desde el punto de vista humano una historia de amor ambientada en uno de los conflictos más largos y complicados de la historia, la uerra israelí-palestina. Este trabajo ha sido definido como «una obra maestra y una historia de lucha humana en el siglo XXI», en palabras de Ahmed Najm, miembro del jurado, quien consideró que muestra «otro lado del largo conflicto contemporáneo entre Israel yPalestina».

El Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia (SISEJ) se ha sumado a las exigencias formuladas por otras asociaciones al Ministerio de Justicia para que cuente «todavía más» con este cuerpo de funcionarios, en el marco de la tramitación del anteproyecto de la nueva ley de Eficiencia Organizativa, que transformará la oficina judicial.

«Nuestra organización, sin perjuicio de poner en valor la labor que el actual equipo ministerial está desarrollando, cree que el Ministerio debe contar con nuestro cuerpo todavía más de lo que se hace», ha dicho la asociación de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) en un comunicado difundido este lunes acerca de la reunión celebrada el viernes en Justicia sobre dicho anteproyecto.

Antes de ese encuentro, las asociaciones CNLAJ, UPSJ y AINLAJ enviaron una carta conjunta al ministro, Juan Carlos Campo, para expresarle su «profundo malestar» por el «trato insensible» que –según afirman– han venido recibiendo de su departamento en las consultas sobre los proyectos legislativos en marcha y exigirle una «escucha activa», amenazando con buscar «fórmulas alternativas» de comunicación con el Ministerio.

Su principal queja era que Justicia les convocó el 16 de abril a una reunión para el día 23, indicándoles que con carácter previo recibirían la documentación necesaria para poder discutir el borrador de la ley de Eficiencia Organizativa, y les llegó directamente en forma de anteproyecto el mismo día que fue aprobado por el Consejo de Ministros, tres días antes de la cita.

Al igual que las otras asociaciones, SISEJ ha planteado críticas concretas al anteproyecto de ley. En primer lugar, ha señalado que, «con carácter general», «no varía un ápice las funciones del LAJ en la Ley Orgánica del Poder Judicial, condenado así a continuar siendo visto principalmente como un simple fedatario público cuando está sobradamente capacitado para el ejercicio de funciones».

A este respecto, ha recordado que «ya se ha visto con la posibilidad brindada por la Ley del Registro Civil de ser encargados del mismo», abogando además por la posibilidad de que, «con el curso de formación puente preceptivo», los letrados de la administración de justicia puedan pasar a ser miembros de las carreras judicial y fiscal.

Asimismo, SISEJ ha calificado como «un claro retroceso» la desaparición del servicio común de ordenación del procedimiento en la oficina judicial ideada por la nueva ley. «Hace que el diseño de ésta se resienta y existe el riesgo de que en las unidades de tramitación nuestras facultades de dirección del proceso se vean mermadas y, con ello, la necesaria homogeneidad en aspectos puramente adjetivos», ha advertido.

Por contra, ha valorado «de forma muy positiva» la creación de las oficinas de justicia en los municipios, «por entender que supondrán una gran mejora en el servicio público de justicia sin ahondar en los problemas de la ‘España vaciada’ que podría haber supuesto la desaparición de los juzgados de paz».

«Estas oficinas deben ser, de un lado, vías de salvar en el ámbito judicial la brecha digital que afecta a una gran parte de la ciudadanía y, de otro lado, puntos que faciliten la inmediación telemática en los actos procesales», ha sostenido.

DISPUESTOS A COLABORAR CON JUSTICIA

SISEJ, que estuvo representado en la reunión por su secretario, Raúl Asensio, «agradece la convocatoria y valora positivamente el comienzo de los trabajos para dar forma a esta ley absolutamente trascendental para alcanzar el objetivo de definir un servicio público de Justicia de calidad acorde a nuestros tiempos».

Así, aunque apunta que «los tiempos de implantación que se manejan son muy apretados», entiende que «se debe dar el impulso definitivo al cambio para evitar que nuevamente pueda quedar postergado».

Con todo, ha declarado, «el Ministerio de Justicia puede contar con nuestra participación no solo en esta fase de creación de la norma jurídica, sino también en la de implantación de los largamente reivindicados tribunales de instancia», que nacerán con la nueva ley.

Igualmente, ha manifestado que espera con «con gran ilusión» lo que ha definido como «el siguiente hito en el camino de la definición de una nueva justicia en este país: la ley de eficiencia digital», que Campo auguró que podría llegar al Consejo de Ministros hacia verano.

«LIMAR ASPEREZAS»

Según un comunicado del Ministerio emitido tras la reunión del viernes, Justicia ofreció a las asociaciones de LAJ trabajar de manera conjunta para mejorar dicho borrador y ellas realizaron una serie de aportaciones iniciales que se comprometieron a ir completando a lo largo del proceso de tramitación del anteproyecto de ley.

Tanto el presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), Rafael Lara, como el portavoz de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ), Francisco Aguilar, confirmaron este extremo. Lara estimó que en ese sentido la reunión había sido «constructiva». «Ha servido para limar asperezas», coincidió Aguilar.

Pese a ello, trasladaron sus quejas al departamento de Campo, reclamando mayor presencia de los LAJ en la elaboración de las leyes que les afecten, y planteando sus objeciones a este texto porque creen que no contribuirá a dotar de mayor eficiencia a la administración de justicia, sino a generar «confusión» al no deslindar claramente las competencias que tendrán los distintos profesionales que trabajarán en los nuevos tribunales de instancia y en las oficinas judiciales.

El delegado del Frente Polisario en España, Abdulah Arabi, ha subrayado que el secretario general del movimiento, Brahim Ghali, fue trasladado por razones «estrictamente humanitarias» y que, por tanto, el Gobierno de Pedro Sánchez actuó de forma «coherente» con su política de acogida, a pesar del «ruido mediático» que le atribuye ahora a Marruecos.

Ghali fue evacuado desde Argelia la semana pasada, después de que su estado de salud empeorase tras contagiarse de coronavirus y ser ingresado inicialmente en un hospital argelino. Llegó a España a bordo de una avión medicalizado y con pasaporte diplomático de Argelia, un aspecto este último que Arabi considera «obvio».

El delegado saharaui explica en una entrevista que el líder del Polisario sigue «mejorando», si bien evita entrar en detalles sobre sus circunstancias por cuestiones de privacidad.

El Gobierno marroquí convocó el fin de semana al embajador español en Rabat, Ricardo Díez-Hochleitner, para trasladar su «decepción» por el traslado y pedir «explicaciones». Sin embargo, Arabi insiste en que la evacuación se basa en cuestiones «estrictamente humanitarias» e insta a dejar de lado lecturas políticas.

«Estamos enfrascados en una guerra de desinformación por parte de Marruecos», afirma Arabi, que acusa a Rabat de intentar «instrumentalizar» el caso. «Marruecos no debe confundirse en tratar las relaciones bilaterales en España e intentar dictar lo que tiene que hacer»», añade.

El líder del Polisario en España, que dice tener una «interlocución fluida» con el Gobierno de Sánchez, aclara que nadie del Ejecutivo se ha puesto en contacto con la delegación saharaui tras la polémica de los últimos días –«ni creo que debería hacerlo», apunta–.

En el terreno judicial, ve poco recorrido a la petición de la Asociación Saharahui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEDH) para que la Audiencia Nacional valore volver a citar a Ghali, quien en 2016 fue convocado por supuestos delitos de genocidio, asesinato, torturas y desapariciones cometidos presuntamente contra la población saharaui disidente refugiada en los campamentos de Tinduf (Argelia).

Arabi no contempla que Ghali pueda quedar bloqueado en España, argumentando que una cosa es «el impacto mediático» y otra la «realidad». «Creemos que ese caso no tiene ningún recorrido jurídico», alega, confiado en que el líder podrá abandonar sin problemas territorio español y «retomar sus funciones».

«RESPONSABILIDAD EN EL CONFLICTO»

El delegado saharaui recuerda que España, como antigua metrópoli, «tiene una responsabilidad en el conflicto» que sigue abierto en el Sáhara Occidental, donde el Frente Polisario le reclama un «papel activo» en la búsqueda de una solución que se resiste desde hace décadas.

La situación se volvió especialmente tensa en noviembre, a raíz del desalojo por parte de Marruecos del paso de Guerguerat, en la frontera con Mauritania y amparado por el alto el fuego firmado en 1991, y las autoridades de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) hablan abiertamente de «guerra» para describir el estado actual sobre el terreno.

Arabi teme un «escalada militar» porque considera que el pueblo saharaui está «más decidido que nunca a continuar su lucha». No obstante, defiende también que el Polisario siempre estará abierto a negociar, en busca de una autodeterminación que Rabat siempre ha rechazado de plano.

Sobre la ausencia de un enviado especial de la ONU para el Sáhara Occidental, el representante del Frente Polisario en España subraya que el posible nombramiento «no es un fin en sí mismo», sino que debe ser «un medio para llevar a las partes a las negociaciones», como logró en su día el expresidente alemán Horst Koehler, dimitido en mayo de 2019.

El Polisario no pone nombres a posibles aspirantes y se limita a reclamar un enviado «de renombre», con «honestidad» y con una «imparcialidad total», después de que fuentes diplomáticas citadas la semana pasada por la agencia oficial marroquí, la MAP, recriminasen los supuestos vetos al ex primer ministro rumano Petre Roman y al exministro de Exteriores portugués Luis Amado.

El borrador del planteamiento de un conflicto de atribuciones entre órganos constitucionales del Estado que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debatirá el próximo miércoles en Pleno Extraordinario solicita pedir expresamente a las Cortes Generales que «se deje sin efecto la supresión de competencias constitucionales» que se han visto afectadas por la reciente reforma aplicable a este órgano, que se encuentra en funciones. La reforma produce «un menoscabo en una de lasprincipales competencias que la Constitución le encomienda», que es la de nombramientos.

Así se señala en el texto, que de aprobarse se remitirá al Congreso de los Diputados tal y como exige la tramitación del mencionado conflicto de competencias. De no obtenerse satisfacción, según prevé este tipo de recursos, el conflicto se plantearía ya formalmente al Tribunal Constitucional (TC).

El borrador tiene 16 páginas y fue incluido como anexo en la carta de petición de convocatoria de Pleno por los ocho vocales que han obligado al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, a celebrar esta reunión el próximo miércoles.

De aprobarse tal y como ha sido redactado, el texto trasladará al Congreso de los Diputados que su reforma, al privar al CGPJ de una competencia –que le atribuye expresa y de manera exclusiva y excluyente la Constitución en el artículo 122.2 para nombramientos y para propuesta de nombramientos en el artículo 159.1–, está «menoscabando al Consejo competencias que la Constitución le confiere».

Añade que la reforma «ahonda en una concepción parlamentarista del CGPJ, viendo en él un reflejo de las fuerzas políticas con representación parlamentaria en un ámbito que debe ser ajeno a ello, todo lo cual provoca un enorme daño a la imagen de la Justicia en España».

En cuanto a la reforma en sí, el borrador plantea que no secomprende por qué razón se distingue un «haz de competencias yatribuciones que legítimamente han de corresponder al Consejo entrante orenovado y no al saliente», salvo que se considere que la composición del Consejo debe ser reflejo de la del Parlamento, cuestión que la Constitución precisamente trata de evitar, recuerdan, estableciendo periodos de mandato diferentes para la Cortes Generales y para el órgano de gobierno de los jueces.

La propuesta que llevará este texto a debate supera el mínimo de cinco vocales que señala la ley para forzar un Pleno y la firman Rafael Fernández Valverde, Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Noya, Nuria Díaz y María Ángeles Carmona, todos ellos designados a petición del PP.

REIVINDICACIÓN DE SU INDEPENDENCIA

Lo que estos vocales pretenden mediante el ejercicio del denominado conflicto de atribuciones es recordar a los diputados que el CGPJ tiene como principal misión la de defender la independencia justicia, y que para ello la Constitución le dota de competencias específicas quela Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) desarrolla, entre ellas los nombramientos.

«El menoscabo de competencias que realiza la ley se compadece mal con la percepción de independencia judicial en un Estado de Derecho al quedar incorporada la acción legislativa en un contexto de bloqueos para la renovación del Consejo General del Poder Judicial -añade el texto que se discutirá el jueves-. En suma, se está privando al Consejo General del Poder Judicial por parte del poder legislativo de una competencia que le atribuye expresa y de manera exclusiva y excluyente la Constitución en el artículo 122.2″.

Estas dudas competenciales y con incidencia en el funcionamiento de los poderes del Estado son en sí mismas, añaden, «factores indeseables y requieren una decisión, llegado el caso, por el Tribunal Constitucional».

Para los proponentes, «resulta imprescindible desde el más alto nivel constitucional» clarificar qué competencias puede ejercer el Consejo y cuáles no, porque «las lesiones que se están produciendo ante las incertidumbres en el ejercicio de competencias derivadas de la entrada en vigor de la reforma legal, son reales y efectivas».

Añaden que no se puede comparar la situación del Gobierno en funciones con la de un CGPJ en la que ha expirado el mandato, una situación que entienden también se podría aplicar con la misma justificación que se da para el CGPJ con relación a otros órganos constitucionales cuyo mandato ha vencido, como sucede conel Defensor del Pueblo y magistrados del Tribunal Constitucional

ÓRGANOS CONSTITUCIONALES «INVASORES»

Por lo que respecta al conflicto de atribuciones, se trata de una iniciativa muy poco habitual que se interpone cuando un órgano constitucional, como es el CGPJ, considera que otro de los órganos del Estado asume atribuciones que no le corresponden, y debe comunicándose antes al «órgano invasor» -en este caso el Congreso de los Diputados- dentro del mes siguiente en que hubiera llegado a su conocimiento la actuación indebida, pidiendo que se revoque.

Si el órgano al que se dirige la solicitud afirma que actúa en el ejercicio de sus atribuciones o, en el plazo de un mes desde la recepción de la notificación no rectificase en el sentido solicitado, el órgano que estime indebidamente asumidas sus atribuciones puede plantear conflicto ante el Tribunal Constitucional, especificando los preceptos que considera vulnerados y formulando las alegaciones que estime oportunas.

El trámite de este asunto prevé conceder el plazo de un mes a la otra parte para que personarse en el procedimiento y formular alegaciones y, finalmente, la sentencia que resuelve el conflicto determinará a qué órgano corresponden las atribuciones constitucionales controvertidas y declarará nulos los actos ejecutados indebidamente.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha inadmitido una querella contra el vicepresidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès, que presentó un particular por el decreto con el que la Generalitat trató de aplazar elecciones catalanas del 14 de febrero.

El auto, rechaza esta querella que se presentó por los presuntos delitos de prevaricación, usurpación de funciones y falsedad documental.

En diciembre, Aragonès convocó las elecciones para el 14 de febrero después de la disolución automática del Parlament, y en enero firmó un decreto para dejar sin efecto esa convocatoria a causa de la crisis sanitaria.

El denunciante recurrió ese decreto que aplazaba las elecciones sin nueva fecha, y otra Sala del TSJC revocó de forma cautelar el decreto que suspendía el 14F, por lo que las elecciones finalmente se celebraron en la fecha inicialmente prevista.

La querella que ahora rechaza la Sala Civil y Penal supone la continuación de la petición de medidas cautelares con las que el denunciante logró el aval de la Sala Contenciosa del TSJC para revocar el decreto que aplazaba el 14F.

PODÍA APLAZAR LAS ELECCIONES

Según el denunciante, Aragonès no tenía competencias para suspender las elecciones, aunque el tribunal señala que tenía «capacidad ejecutiva» para aplazarlas.

El auto del TSJC apela a tener en cuenta las circunstancias de lo ocurrido y no considera que haya los «elementos necesarios» para abrir una investigación judicial.

Los magistrados no aprecian «arbitrariedad ni deliberada injusticia en la resolución ni voluntad del querellado de resolver al margen del ordenamiento jurídico».

Los Franco han solicitado al Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña que les conceda de «forma inmediata» un plazo «razonable», que estiman de un mes, para proceder a la retirada de «todas las cosas, bienes u objetos que hay en el interior del inmueble».

«Con la sola excepción de aquellas que, eventualmente, se encuentren en él por haber sido colocadas por la propia parte actora», indica en referencia al Estado después de que tomase posesión del pazo de forma provisional en virtud de la sentencia dictada por este mismo juzgado.

La petición la hacen después de que la semana pasada la Audiencia Provincial de A Coruña revocase el depósito cautelar de los bienes muebles existentes en el interior del pazo.

Sobre lo trasladado al juzgado, el letrado de los Franco, Luis Felipe Utrera-Molina ha ratificado que se refieren a todos los bienes, incluidos los que estén declarados Bien de Interés Cultural (BIC). Este es el caso de las estatutas del Mestre Mateo, a las que se suman la biblioteca Emilia Pardo Bazán, que cuenta con la protección de un bien de este tipo tras iniciarse el año pasado el correspondiente expediente.

«Lo que está declarado BIC también es propiedad de mis clientes, la unica matización respecto al traslado de bienes que son BIC es que está sometido a la proteccion de la Ley del Patrimonio Cultural de Galicia», ha recordado el abogado, que ha avanzado que solicitarán el «oportuno permiso» a la Administración gallega.

ELIMINAR EL INVENTARIO

En su escrito, piden también que se ordene al Estado que permita el acceso al inmueble de los profesionales que designe la familia Franco a fin de proceder a la retirada de los bienes «que hay en su interior».

Además, plantean la «eliminación o supresión» de las actuaciones del inventario de bienes que se realizó, fechado en noviembre del año pasado, y que se llevó a cabo, expone, al amparo de unas medidas revocadas.

Plantean también que se ordene tanto al Estado, como parte demandante como a las instituciones que se adhirieron a la demanda –Xunta de Galicia, ayuntamientos de Sada y A Coruña y la Diputación coruñesa– «a que se abstengan con carácter indefinido de todo uso, utilización, invocación, divulgación y/o revelación a persona alguna, pública o privada, de tales documentos».

«Y de todos y cada uno de los datos e informaciones que los mismos ponen de manifiesto en relación con los bienes existentes en el inmueble revindicado». Lo mismo solicitan en relación a las personas que participaron en la elaboración de los mismos. Por otra parte, remarcan que se reservan los derechos correspondientes en relación a la indemnización que pueden solicitar.

En concreto, la pasada semana, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de A Coruña revocó el depósito de los bienes a favor del Estado del Pazo de Meirás, es decir, determina que la demanda de la parcela catastral hecha por la Administración General del Estado no incluye «mesas, vajillas, alfombras o cuadros» en una resolución contra la que no cabe recurso.

Lo hizo tras estimar el recurso presentado por la familia Franco, que ahora deberá ser «indemnizada» por los daños y perjuicios que les haya podido ocasionar esta situación. De esta forma, la Audiencia Provincial dejó sin efecto el auto del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña.

La Comisión Europea ha rechazado de nuevo conceder nuevas ayudas para ayudar al sector del vino, como reclama España y otra quincena de países, y ha confiado su recuperación a la reapertura de bares y restaurantes a medida que se levanten las restricciones contra la pandemia, al final de la disputa arancelaria con Estados Unidos y al uso de las medidas de flexibilidad ya aprobadas en el pasado.

Así se lo ha trasladado el comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski, a los ministros del ramo de la UE durante la reunión telemática de este viernes, en la que el titular español, Luis Planas, ha vuelto a hacer esta petición a Bruselas para ayudar al sector a superar la crisis provocada principalmente por el cierre de la hostelería y los aranceles de Washington.

«Soy consciente de que hay más peticiones para nuevas ayudas al sector. Soy bastante comprensivo al respecto, pero cualquier apoyo significativo sólo podría venir de la reserva de crisis y esto requeriría recortar los pagos directos de todos los productores», ha dicho el polaco en el encuentro, según el discurso que ha compartido la Comisión Europea.

Wojciechowski reconoce que el sector se encuentra en una situación «complicada» y avanza que Bruselas vigilará su evolución, especialmente cuando el impacto de las recientes «heladas» y de la próxima cosecha sea «más claro».

Sin embargo, el polaco aboga por entender estas «dificultades» como parte de un «espectro más amplio». En concreto, pide centrarse en «crear las condiciones para levantar con seguridad las restricciones actuales contra la COVID-19» y propiciar así la reapertura de la hostelería y el impulso del turismo.

También ha apuntado que tendría un efecto positivo que la UE llegase a un acuerdo definitivo con Estados Unidos para enterrar la disputa arancelaria a cuenta de los subsidios a Airbus y Boeing, respectivamente, que afectan también a exportaciones agroalimentarias.

UTILIZAR LAS MEDIDAS YA APROBADAS

En tercer lugar, el responsable de Agricultura del Ejecutivo comunitario ha llamado a «utilizar todas las herramientas y flexibilidades que se ofrecen actualmente» a través de la PAC para ayudar al sector del vino a responder a sus problemas de oferta.

Wojchiechowski ha enfatizado que la Comisión reacción «rápidamente» a la pandemia extendiendo el paquete de crisis del vino, el cual «ayudó a aliviar cierta presión». «En concreto, permitió que hasta 300 millones de euros se destinasen a medidas como el almacenamiento, la destinación de crisis o la cosecha verde», ha recordad.

Además, ha señalado que el reciente acuerdo informal entre Estados miembros y Parlamento Europeo en el marco de las negociaciones sobre la reforma de la PAC para prorrogar hasta 2045 el régimen de autorizaciones de viñedo ha sido «enormemente aceptado» por el sector.

FONDOS EXTRAORDINARIOS

La respuesta del comisario de Agricultura, por tanto, es igual que la que trasladó durante la reunión de marzo de los ministros de Agricultura de la UE, cuando España y una docena de países reclamaron fondos extraordinarios para el sector del vino.

Antes de la videoconferencia de este lunes, Planas ha precisado que a la demanda se han unido recientemente Francia e Italia, lo que eleva a 16 el número de Estados miembros que han suscrito la petición del Gobierno español.

En un vídeo que ha compartido en su perfil de la red social Twitter, el ministro español ha admitido que el proceso de vacunación «va avanzando» y que las perspectivas «a corto y medio plazo son positivas» tanto para la sociedad en su conjunto como para el sector de la restauración, pero a pesar de ello sigue existiendo un momento «difícil» agravado además por las recientes heladas.

«Por tanto, una vez más, le vamos a reiterar a la Comisión (la petición de) fondos extraordinarios en relación con esta situación de este producto tan importante para nuestro sector agroalimentario», había anunciado Planas antes que empezase la reunión telemática.

En los últimos días han aumentado las voces que respaldan la suspensión de las patentes de tratamiento contra la Covid-19, entre ellas, las de 170 premios Nobel y exmandatarios, a las que ahora se suman 388 europarlamentarios y parlamentarios nacionales, y 34 organizaciones internacionales, entre las que se encuentra Salud por Derecho, que piden a la UE de cara a la reunión de la Organización Mundial del Comercia (OMC) del próximo 30 de abril, que se deje de bloquear la iniciativa y se ayude a salvar millones de vida en todo el mundo.

La propuesta, que fue impulsada en octubre por India y Sudáfrica, está respaldada ya por 103 de los 162 países que conforman la OMC y cuenta con el reciente apoyo de 388 miembros del Parlamento Europeo (eurodiputados) y de parlamentos nacionales de toda la UE; de 175 premios Nobel y ex jefes de Estado y de gobierno -como Joseph Stiglitz (Premio Nobel), François Holland (ex presidente de Francia), Mary Robinson (ex presidenta de Irlanda) o Jose Luis Rodríguez Zapatero (ex presidente español); y del director general de la OMS.

«En España, cuya posición ha estado alineada hasta ahora con la de la Unión Europea, también se ha abierto el debate. Pedro Sánchez y Carolina Darias anunciaron la semana pasada la voluntad del Gobierno de «impulsar la discusión» sobre la suspensión temporal de las patentes», afirman en un comunicado.

«Son muchos los líderes europeos que en el último año han repetido que las vacunas deben ser consideradas bienes públicos globales, entre ellos, Pedro Sánchez. Sin embargo, no han pasado de las palabras a los hechos. Ahora tienen la oportunidad. El mundo necesita vacunas y para que puedan llegar a todas las personas es imprescindible que se aumente la producción», asegura Vanessa López, directora de Salud por Derecho.

«La suspensión de patentes es la opción más efectiva y real que tenemos en estos momentos a nuestro alcance. No podemos permitirnos seguir perdiendo vidas humanas por proteger los intereses de las empresas, los gobiernos están obligados a defender a las personas y salvar vidas. Eso es lo que pedimos hoy a la UE y a sus estados», añade.

Las organizaciones aseguran que las negociaciones que están teniendo lugar en las diferentes reuniones de los últimos meses «no han ido más allá del intercambio de aclaraciones y explicaciones adicionales». Por ello, piden a la UE que cambie su postura y promueva el debate entre los países que continúan bloqueando la iniciativa.

«Apoyar la exención de los ADPIC sería una de las formas disponibles más poderosas y eficaces para que los gobiernos demuestren su compromiso con la cooperación mundial y aumenten el acceso mundial a las vacunas», afirman, porque consideran que la producción de vacunas no puede dejarse, recuerdan, en manos de los mecanismos tradicionales y voluntarios.

«Iniciativas como COVAX o C-TAP _una iniciativa de la OMS para compartir el conocimiento científico desarrollado contra la COVID-19 de forma voluntaria_ dependen en gran medida de promesas y compromisos que, en la mayoría de los casos, aún no se han materializado y, en cualquier caso, serían insuficientes para poner fin a la pandemia. Si la situación no cambia, los intereses y las ganancias de unos pocos determinarán el destino de la mayoría», denuncian las organizaciones.

La vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán, solicitará explicaciones en el Congreso al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por la «traición» que, a su juicio, supone «expulsar» a la Guardia Civil de Navarra con el traspaso de la competencia de Tráfico a la Comunidad Foral.

Así lo ha avanzado Ana Beltrán, presidenta también del PP de Navarra, tras denunciar que esa transferencia de Tráfico a Navarra se vaya a materializar el próximo 14 de mayo, diez días después de las elecciones autonómicas madrileñas «para que no penalice» en las urnas al PSOE.

«La traición del PSOE a Navarra tiene fecha. El 14 de mayo Sánchez expulsará a la Guardia Civil de la Comunidad foral», ha afirmado, para subrayar que es una exigencia que Bildu y Batasuna «llevan reclamando durante años» y que el Gobierno «ahora les concede».

Por eso, la responsable de Organización del PP ha acusado al Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez de «arrodillarse» ante la formación abertzale y ha recalcado que su partido no «olvidará jamás» este hecho porque ese traspaso «al final va a derivar en la expulsión de la Guardia Civil de la Comunidad Foral».

EL PP PEDIRÁ CUENTAS EN EL CONGRESO

Por lo pronto, ha anunciado que el PP tiene intención de formular preguntas al ministro Marlaska en el Congreso por ese traspaso cuando «en su día dijo que no lo iba a hacer» y ahora «ya tiene fecha». Además, el Grupo Popular presentará una proposición no de ley en la Cámara Baja.

«Marlaska se está convirtiendo en el símbolo de las cesiones a los nacionalistas y a los abertzales», ha declarado Beltrán, en referencia también al reciente acuerdo para traspasar la competencia de Prisiones al País Vasco.

VUELVE A PEDIR LA DIMISIÓN DEL MINISTRO

Beltrán ha aludido además a las últimas polémicas en torno al ministro Markaska, quien, según ha dicho, este sábado llegó a llamar al Partido Popular «organización criminal», lleva semanas «acercando presos de ETA a cárceles del País Vasco» y destituyó al coronel Diego Pérez de los Cobos, cuyo cese fue anulado por una sentencia judicial.

«Hace tiempo que descubrimos que Marlaska era una gran mentira», ha afirmado, para reclamar una vez más la dimisión del ministro del Interior porque tras esta sucesión de hechos se ha llegado a «la gota que colma el vaso».

La Fiscalía de Madrid ha recurrido la decisión de la juez de Instrucción número 48 de Madrid de denegar la medida cautelar para la retirada del cartel electoral de Vox contra los menas al insistir en que constituye «una estigmatizacion negativa, intolerante y prejuiciosa» hacia los menores, han informado fuentes fiscales.

La juez Carmen Rodríguez Medel, de guardia cuando entró la solicitud de medidas cautelares, argumentaba en su auto que se requiere de «algo más para hablar de un hecho que merezca reproche penal» al no entrañar la imagen del cartel una «incitación dolosa y pública a terceros que genere un riesgo», tal y como exige la jurisprudencia.

Rodríguez Medel alegaba que no se dan los requisitos contemplados en la ley para adoptar la medida cautelar solicitada por la Fiscalía de Madrid en su escrito en aras a la protección de la dignidad de los menores.

El cartel electoral del Vox visualiza la imagen del rostro de una mujer mayor a quien se atribuye la condición de «abuela» y se imputa como coste económico en concepto de pensión la cantidad de 426 euros.

En contraposición, se plasma en el mismo cartel la imagen de un mena que representa a un joven «racializado de piel oscura con la cabeza tapada con la capucha de la prenda que viste y con la cara igualmente tapada por un amplio pañuelo», a quien el coste que se atribuye al mantenimiento de estos menores es de 4.700 euros al mes.

En su recurso, el fiscal insiste ahora en que la caracterización de un menor no nacional en la forma que se visualiza en el cartel publicitario constituye «una estigmatización negativa, intolerante y prejuiciosa» hacia todo el grupo.

HOSTILIDAD HACIA MENAS

Afirma que genera «la hostilidad y el rechazo social hacia estos menores, su cosificación y deshumanización y constituye un ataque a la dignidad de todo el colectivo, lo que se ha hecho de manera pública al colocar el cartel en una de las estaciones de Metro de mayor afluencia de usuarios del servicio público de transporte». De ahí que en el recurso se señale que el cartel traspasa la libertad de expresión del anunciante.

Respecto a la afirmación de la juez de que el hecho denunciado no reviste apariencia delictiva, el recurso sostiene que el mensaje difundido tiene como objetivo «ahondar en la idea del coste social que supone un mena, enfrentado al de un pensionista, cuestionándose así su carácter ético y legal, trasladando una imagen totalmente prejuiciosa de un menor extranjero y delincuente, dado que la imagen de una persona joven de piel oscura embozado y encapuchado es un concepto social común y estereotipado».

Añade incluso que la imagen utilizada en el cartel no es «baladí», puesto que resulta «evidente que lo buscado es la obtención de la predisposición social negativa hacia este colectivo, su deshumanización, basada en la idea prejuiciosa del carácter delincuencial de estos menores que a su vez impide la convivencia normalizada en las zonas en las que se encuentran, formando esta idea parte del discurso mantenido por algunos grupos sociales».

El escrito vuelve a pedir a la juez que se adopte como medida cautelar la retirada del cartel denunciado, «así como todos los de idéntico contenido expuestos en cualquier otro espacio publicitario y colocados por el anunciante denunciado».

Y es que la Fiscalía incide en que el carácter «básico» y «sustancial» del derecho a la libertad de expresión «no tiene un carácter absoluto cuando entra en liza con bienes jurídicos igualmente protegidos constitucionalmente».

La Fiscalía subraya que si se retiran los carteles la «dignidad» y «seguridad» del colectivo vulnerable de los menores no nacionales quedaría protegida sin vulnerar el derecho de Vox de realizar propaganda electoral, puesto que «el espacio publicitario contratado y ocupado por el cartel cuya retirada solicita, puede volver a ser ocupado con propaganda tendente a la petición de votos en campaña».

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha denunciado este lunes ante la Policía Nacional la carta de amenaza que ha recibido con una navaja dentro, y ha avisado de que este hecho demuestra, a su juicio, que «todos los demócratas» están «amenazados de muerte» si no frenan a Vox en las urnas.

Además, ha instado a la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a aclarar si tiene intención de formar gobierno con Vox o «si se suma a los demócratas» y al «cordón sanitario» contra la ultraderecha que ha propuesto el candidato socialista, Ángel Gabilondo, como hace en Francia el presidente Emmanuel Macron o en Alemiania la canciller Angela Merkel.

Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación tras presentar la denuncia en la comisaría del Congreso; una comparecencia en la que ha confesado que siente «miedo» porque están «amenazando su vida», pero en la que ha avisado de que no les van a «amedrentar».

«VAN EN SERIO»

Asimismo, ha asegurado que esta amenaza que ha recibido «pone de manifiesto que el odio se está convirtiendo en hechos». «Esto significa que van en serio, que nadie se está inventando nada, que personas como yo, que somos personas sencilla, que hablamos siempre de hacer las cosas por el bien común, reciban esta carta, es para preocuparse. No soy una persona polémica que haya estado en el foco de la polémica, como pueden estar otros compañeros», ha apostillado.

A este respecto, ha avisado de que esto demuestra que «cualquiera podría estar amenazado». «Podemos estar comprando y que alguien pueda atentar contra nuestra vida. Tenemos que dejar la crispación para empezar a hablar de política. Esto va en serio. Hay mucha gente más amenazada y no nos van a callar», ha asegurado.

En su comparecencia, Maroto ha relatado que cuando le han informado de la amenaza, lo primero que ha hecho ha sido llamar a su familia y al colegio de su hijo pequeño para trasladarles que estaba bien.

También ha explicado que la carta es diferente a las que recibieron la semana pasada el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la directora de la Guardia Civil, María Gámez, y el líder de Podemos y exvicepresidente, Pablo Iglesias.

En su caso, además de contener el sobre una navaja, en vez de balas, como las otras, si figuraba un remitente, que ahora la Policía está investigando para saber si existe. «Eso hace que sea más fácil, pero claro, tenemos que ver si esa persona que aparece como remitente existe y que es la persona que me ha mandado la carta», ha apostillado.

«Ya está la policía científica con todas las huellas que tiene la carta, como también, ahora ya que lo he denunciado, el resto de la Policía y Guardia Civil tratando de buscar a esta persona y ver si es la que está amenazando mi vida», ha añadido.

Y a continuación, ha recalcado que la carta pone de manifiesto que «el odio y las amenazas se están convirtiendo en hechos» y que no son invenciones. «Hoy yo soy la amenazada, pero todos los demócratas estamos amenazados», ha advertido.

«HAY QUE PARAR EN LAS URNAS A LA ULTRADERECHA»

«Discurso del odio que se convierte en cartas, donde no solo nos amenazan, sino que nos amenazan de muerte, quieren callarnos de una manera que tenemos que denunciar», ha ahondado.

En todo caso, Maroto ha defendido que ahora tiene más ganas si cabe de trabajar para hacer de Madrid, de España y del mundo un lugar mejor. «Hay que defender la democracia, y si eso significa que en las urnas hay que parar a la ultraderecha, hay que ir a decir que basta ya», ha reclamado.

«Tenemos que defender la democracia y esto me da si cabe más fuerzas para trabajar, no solo por un país mejor, sino para dejar atrás el odio», ha afirmado. «Hay que evitar que la ultraderecha entre no solo en el gobierno de la comunidad sino en la Asamblea.

«La mejor manera que tenemos los madrileños es ir el martes a votar y decir a Vox que basta ya, que ha pasado una línea roja, y que este odio se está convirtiendo en cosas como esta, con amenaza de muerte. Hoy a mí, pero lamentablemente todos los demócratas estamos amenazados de muerte si no paramos a Vox en las urnas», ha sentenciado.

Varias asociaciones de la Guardia Civil han criticado este lunes a su directoria general, María Gámez, por «vulnerar el principio de neutralidad» exigible a la institución al participar en los mítines de la campaña del candidato del PSOE a las elecciones de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo.

«Los guardias civiles se deben a la neutralidad política y la directora debe hacer gala a esta neutralidad», han señalado desde AUGC, la asociación profesional mayoritaria en el Instituto Armado.

Desde las asociaciones de la Guardia Civil y los sindicatos de la Policía Nacional se expresó estos días atrás su condena y solidaridad por el envío de cartas amenazantes a María Gámez, el ministro Fernando Grande-Marlaska y el líder de Unidas Podemos y candidato en las elecciones madrileñas, Pablo Iglesias.

AUGC –que convocó hace días una movilización el 5 de junio en la Plaza Mayor de Madrid– considera que quien asume el cargo en la dirección general de la Guardia Civil debe centrar sus intervenciones públicas en «defender los intereses generales de los guardias civiles», además de «demandar la modernización de la institución».

«El ministro Marlaska y la directora no han sabido defender el trabajo y la posición de la Guardia Civil como un cuerpo de seguridad pública», continúa AUGC, que ha recordado que está «totalmente en contra del desmantelamiento» del servicio de Tráfico en Navarra porque «supone el exilio de 175 compañeros, viéndose ellos y sus familias abocados a un traslado forzoso».

JUCIL, la asociación nacida de la plataforma Jusapol y que no tiene en la actualidad representación en el Consejo de la Guardia Civil, también ha difundido un comunicado este lunes para lamentar la participación de María Gámez en los mítines del candidato socialista, ya que considera que «embarra la imagen apolítica» de la institución.

Según JUCIL, Gámez ha demostrado «un escaso respeto a la imagen de la institución que representa». «Han sido numerosos los mensajes que hemos recibido por los cauces internos de asociados y compañeros mostrando su disgusto por la actitud y el error cometido», han indicado.

LA GUARDIA CIVIL EN NAVARRA

Otra de las cuestiones abordadas por las asociaciones ha sido el calendario para que la Guardia Civil ceda en Navarra las competencias de Tráfico. APROGC ha informado de que ha mantenido varios contactos con el Gobierno de la comunidad foral para «actualizar las noticias sobre el estado de las negociaciones».

Según APROGC, le han trasladado que la previsión es que durante el segundo trimestre de este 2021 se lleve a cabo la firma, aunque la ejecución del servicio en exclusividad por parte de la Policía Foral y la denominada ‘pasarela’ –para facilitar el cambio de los agentes entre cuerpos policiales– no se materializará «de manera inminente».

Esta asociación añade que el compromiso dado por el Ministerio del Interior y la directora general de la Guardia Civil es «claro y rotundo»: «Ningún guardia civil se verá obligado a abandonar la Comunidad Foral». APROGC también demanda «acabar con la descoordinación policial» integrando a los diferentes cuerpos policiales en la Sala de Emergencias 112.