El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, ha celebrado el ascenso en los nuevos liderazgos femeninos dentro de la confluencia de la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, y de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra.

También ha tenido palabras de agradecimiento para el hasta ahora líder del espacio político Pablo Iglesias, por su «audacia» y «perseverancia», al asegurar que sin su empeño no formarían parte del actual gobierno de coalición, al que ha definido como el «más progresista» de Europa.

Así lo ha trasladado durante su intervención en la reunión entre los parlamentarios de la confluencia con todos los ministros y secretarios de Estado de Unidas Podemos, que ha visualizado el liderazgo de la también titular de Trabajo al frente de la coalición tras la renuncia de Iglesias a la política activa.

El encuentro, que era esperado de cara a la nueva etapa dentro de la confluencia, ha «muy positivo y constructivo» y volverá a repetirse en más ocasiones, según han destacado fuentes de Unidas Podemos.

La intervención de Díaz con un mensaje que ha transmitido energía y fortaleza a sus correligionarios, ha sido acogido con satisfacción en las filas parlamentarias.

El también dirigente de En Comú Podem ha ensalzado la figura de Iglesias, al recalcar que «para transformar el futuro primero hay que imaginarlo y él lo ha hecho».

A continuación se ha dirigido a Díaz y a Belarra, que parte como principal candidata para relevar a Iglesias al frente de Podemos, pues son dirigentes que abanderan el feminismo, que es ahora la principal «ola democrática» que transforma» el país.

También ha aludido a que ambas, debido a su procedencia gallega y navarra, y que describen el «carácter plurinacional» de España. «Muchas gracias a las dos por el paso que han hecho al frente», ha lanzado para añadir que está convencido de que Díaz puede ser la primera presidenta del Gobierno.

BRÚJULA DEL 15M

Por otro lado, Asens se ha referido al décimo aniversario del 15M que tendrá lugar este sábado, que fue la «movilización social más importante» desde la transición democrática y enseñó que, «sin miedo» y con organización, «todo es posible».

También ha recalcado que desde «esos anhelos de libertad desde las plazas», supieron construir un proyecto político que, en la actual crisis que atraviesa el país, no debe perder «esa brújula» ni ese «compromiso inicial».

La secretaria general y precandidata en las elecciones primarias del PSOE-A, Susana Díaz, ha subrayado que «somos el PSOE de Andalucía, no somos una sucursal. El PSOE de Andalucía es autónomo y toma sus decisiones; somos leales, pero con libertad». En este sentido, agrega que «tenemos dignidad con la blanca y verde, y sabemos que cuando al PSOE de Andalucía le va bien, al PSOE le va bien».

En un acto celebrado en Salteras (Sevilla) junto a militantes y al alcalde y presidente de la agrupación local, Antonio Valverde, Díaz ha destacado que su candidatura es «la del talento, capacidad, humildad, entrega, la que ha hecho autocrítica y la de que cuando todo acabe, salgamos todos y todas unidos».

«Me presento a la primarias –ha subrayado– porque ganamos las elecciones en el 2018 y hay un millón de personas que confiaron en el PSOE y no se equivocaron. Después se unieron las tres derechas y llegaron al gobierno. Tengo ganas, fuerza, ilusión, madurez de haber sido monaguilla antes que fraile y es ahora cuando hay que darle la voz a la gente que está pasándolo mal.

Díaz ha dicho al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que «convoque elecciones cuando quiera, estamos preparados para volver a la Junta lo antes posible, porque además llego habiendo superado todos los conflictos con mis compañeros: desde el respeto, pero que nadie señale a nadie, que se vote en conciencia y, cuando hable la militancia, después todos a una, unidos».

«Tengo fuerza y ganas de batirme el cobre todos los días como hacen los alcaldes. Y yo la tengo, gastando suela», ha relatado Díaz, quien ha recordado que «aprendí en el PSOE que cuando uno se presenta a las elecciones y las gana, aunque no pueda gobernar, no coge la puerta y un cargo y se va, sino que se queda dando el callo. Estoy aquí porque tengo ganas de ganar para transformar la vida de las personas». «Estos dos años han sido una lección de vida, y ahora distingo cuando te halagan el oído para conseguir algo», añade.

La socialista aboga por un «partido abierto, plural y con los mejores al frente. Con aquellos que no vienen a pedir nada, sino a ofrecerse al PSOE». La fecha del congreso, ha indicado, «no se decidió en Andalucía, sino en un Comité Federal por unanimidad, pero había ruido de primarias, y ese ruido tapaba nuestra labor de oposición, lo que tenía que hacer como secretaria general».

«Vamos a votar –ha resaltado–, pero vamos a votar libremente, con dignidad y autonomía. Se han encargado de que se sepa que no soy la candidata de Madrid, y no lo quiero ser, porque quiero ser la candidata de los militantes andaluces que voten en libertad». «Tenemos lealtad, pero eso no significa no decir lo que pensamos: lo hemos hecho posicionándonos contra los peajes en las autovías, y valoramos que el Gobierno lo ha haya reconocido y haya dado un pasa atrás».

Díaz ha reivindicado «la democracia interna», pues «la voz de un militante cambia una agrupación, pero esa voz tiene que ser libre. No se pueden dar empujones ni presionar ni señalar. Nadie se puede sentir ofendido porque discrepe de ti». «Quiero volver, pero no para hacer lo mismo, sino para hacer cosas distintas, con sensibilidad y cambiando las cosas, rindiendo cuentas y explicando que estamos al servicio de la gente. La rebeldía es la que me permite cambiar las cosas y la libertad es la que me permite cambiarlas de verdad», ha manifestado.

La precandidata ha reconocido que «este partido es mi familia, mis principios, mis valores y mi manera de estar en el mundo. Cuando nuestras discusiones salen a la calle se transforman en lío y en fracaso. Los compañeros tienen que votar en estas primarias en libertad, sin miedo, y una vez que finalice todos salimos a defender juntos al PSOE».

«Ya sé y tengo claro que no le gusto a Moreno. Eso lo tengo claro, por eso no podemos permitir que con este proceso de primarias las derechas y Moreno se froten las manos, los mismos que han blanqueado la entrada de la ultraderecha y del fascismo en las instituciones, como ha ocurrido en Andalucía», ha apostillado, pidiendo el voto «para poner a los mejores al frente del partido».

«Queremos escuelas de cero a tres años, para avanzar en igualdad y conciliación, crear bolsas públicas de energía para que nadie especule con los más desfavorecidos y las clases medias. Queremos cambios con luces largas, nunca con marcha atrás. Y para eso hace falta libertad en el voto», ha reseñado Susana Díaz.

La precandidata ha concluido la jornada con otro encuentro con militantes en Mairena del Aljarafe (Sevilla), que ha tenido que celebrarse en unos jardines cercanos, fuera de la agrupación local, ante la cantidad de asistentes y la imposibilidad de hacerlo en la sede por el límite de aforo.

El juez de la Audiencia Nacional que instruye la causa ‘Púnica’ ha acordado abrir una nueva pieza separada, la número 13, para investigar la documentación aportada desde la cárcel de Soto del Real por el que fuera alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega y que indiciariamente podrían acreditar la existencia de un sistema de facturación impuesto «que perseguiría satisfacer necesidades económicas del PP de la Comunidad de Madrid».

Se trata de una serie de correos electrónicos que incluyen facturas y que Ortega entrega por medio de su abogado a la Audiencia Nacional en aras de dar muestra de su disposición para colaborar con la justicia. «Se aporta como ‘ejemplo’ de la existencia ‘deeste sistema’ (de facturación impuesto) documentos anexados acorreos recibidos en el correo electrónico del Sr. Ortega,ggortega@telefonica.net», dice el auto con fecha de 12 de mayo.

Ahora, el magistrado, que recibió el escrito de Ortega en el marco de la pieza 9 de Púnica, en la que se investiga si el PP de Madrid se financió de forma ilícita, decide abrir nueva pieza dado el momento procesal de la pieza 9, que está cerca ya del fin de instrucción.

Además oficia a la UCO para que analice esas facturas entregadas por Ortega y las compare con la documentación entregada por la Comunidad de Madrid relativa a contratos y facturas de publicidad del Mercado de Puerta de Toledo.

Pero, según consta en el escrito de Ortega de abril de 2021, y refleja el juez Manuel García-Castellón en su auto, el que también fuera presidente de la empresa pública Mercado Puerta de Toledo asevera que ha recibido un borrador que «acreditaría la existencia de irregularidades», si bien matiza que esperará a entregarlo por consejo de su abogado hasta «recibir la documentación completa que le sirva de contraste».

DOCUMENTOS QUE VIENEN DE SU CUENTA DE MAIL

A pesar de abrir pieza nueva tras el escrito de Ortega, el juez advierte de que le llama la atención que las facturas que entrega y que acreditarían esas irregularidades son «documentos que provienen de su correo electrónico, por lo que se trataría de archivos de los que ya disponía en el momento en que presentó su primera denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción«, y cuando declaró en julio de 2020.

Además, recuerda que en su declaración como testigo refirió la existencia de más de un millón de euros de sobrefacturación en la contratación de publicidad desviados a través de la sociedad Mercado Puerta de Toledo, con lo que se estaría creando una suerte de «fondo», según palabras del propio Ortega, para pagar gastos del partido.

El Sr. Ortega afirmó que se desviaba dinero para mejorar laimagen de los miembros de la CAM, del Gobierno Regional y de la Presidenta –Esperanza Aguirre–, señalando de una manera poco concisa que de ese fondo se hacían actos y se organizaban actos para los medios de comunicación o había periodistas que cobraban dinero para poder organizarlos, desconociendo si se trataba de dinero en efectivo», indica el juez en el auto.

En este sentido, recuerda además que Ortega afirmó también que la mercantil SWAT era utilizada para pagar gastos del partido de forma encubierta a través del Mercado Puerta de Toledo. Y añade que tras nueve meses desde esa declaración, ahora aporta una serie de documentos, los cuales entiende indiciarios de acreditar los hechos que en su momento se denunciaban.

«SALTO CONSIDERABLE» RESPECTO A LA 9

Tras estas consideraciones, García-Castellón califica la entrega de documentos de Ortega de «salto considerable» respecto a los que son objeto de la pieza número 9 ya que se habla de «una presuntadesviación monetaria a través de la sociedad Mercado Puerta deToledo». Y subraya que la pieza separada 9 se refiere a las presuntas irregularidades que se habrían cometido en IMADE en laadjudicación y ejecución de un contrato de servicio de publicidad.

«Visto el momento procesal en el que nos encontramos y el tiempo transcurrido desde la incoación del presente procedimiento, y atendido que los hechos a los que se refiere el señor Ortega suponen un salto cualitativo que desborda considerablemente el objeto de la presente pieza, quien suscribe esta resolución considera que deberán ser objeto de investigación en una pieza separada», concluye.

Sobre los hechos objeto de la nueva pieza, indica que de lo entregado por Ortega se infieren indicios de la presunta comisión deun delito de falsedad documental cometida por particular en documento mercantil. Y apunta que la pena para este delito no excede los tres años y habría quedado prescrita antes incluso de la interposición de la querella que dio lugar a la incoación de las presentes diligencias en 2014.

NO APORTA INDICIO DE DESVIACIÓN MONETARIA

Con todo, el juez recuerda que más allá de los documentos presentados, facturas presuntamente modificadas, «no se aporta ningún indicio de la desviación monetaria, ni se acredita de modo alguno que pudiera haber existido el ‘fondo’ al que hacía mención el denunciante Ortega en su declaración en sede judicial».

Al hilo, advierte que el que fuera alcalde ‘popular’ parte de unas circunstancias personales «que deben ser tomadas en consideración al valorar la credibilidad de su testimonio, al tratarse de una persona condenada que denuncia hechos que le incriminan».

Y añade que no aporta indicio que permita advertir gasto o desembolso que se hubieran podido realizar con cargo a este referido «fondo», ni se identifica qué actos, qué personas o entidades pudieran haber recibido contraprestaciones con cargo a este «fondo», ni se justifica su existencia, siquiera indiciariamente, de ninguna manera.

Por todo ello, considera que el impulso del proceso no puede depender de la voluntad del denunciante, y añade que es «cuanto menos sorprendente» que Ortega presente esta documentación ahora sin dar más explicaciones cuando lo tenía en su correo electrónico particular.

LAS FACTURAS QUE ENTREGA ORTEGA

En su escrito, Ortega hace una relación de hasta 13 facturas emitidas por SWAT entre 2006 y 2009 contra el Mercado Puerta de Toledo «por trabajos aparentemente ficticios» y que sumarían un total de 832.560 euros. Esos trabajos ‘ficticios’ habrían quedado registrados como eventos, relaciones públicas, vídeos, fotografías, pintura o mantenimiento.

También habla de facturas con sobreprecios de facturas emitidas por el Mercado Puerta de Toledo hacia el IMADE. Y apunta que mientras que la empresa subcontratada emitía una factura por un determinado precio, ese encargo se facturaba desde el Mercado al IMADE por un precio muy superior.

En una de las facturas que entrega al juez llega a hablar que se pasa de 4.000 euros a 74.000 euros. A esto suma que también se realizaban duplicidades de facturas por los mismos trabajos, conceptos similares, y analiza facturas con sobrecostes por un desfile de moda que se hizo en 2008 y por la semana del deporte.

El secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Borja Vargues, se ha reunido este jueves con representantes de los profesionales de la abogacía, de la procura y de los graduados sociales para avanzar en las medidas de conciliación personal, familiar y laboral de estos colectivos, «claves para garantizar la tutela judicial efectiva».

Según ha explicado el Ministerio de Justicia en un comunicado, Vargues ha expuesto las medidas encaminadas a la conciliación de estos tres colectivos de profesionales diseñadas en los distintos proyectos normativos en los que trabaja el departamento liderado por Juan Carlos Campo, con el fin de recoger sus comentarios y aportaciones.

Así, se ha referido, en primer lugar, al Anteproyecto de Ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia, que recoge un nuevo periodo inhábil para las actuaciones judiciales, del 24 de diciembre al 1 de enero.

Por su parte, en el Anteproyecto de Ley de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia, se modifican los preceptos de las leyes procesales que se refieren a los períodos inhábiles y se añaden, además, todas aquellas medidas que se consideran compatibles con el derecho a la tutela judicial efectiva de la ciudadanía y que no ocasionan indefensión –como la suspensión de vistas u otros actos procesales, de actos de comunicación y del curso del procedimiento–, cuando acontezcan determinadas circunstancias personales o familiares de estos profesionales que así lo exijan.

En el caso de los procuradores, se contempla la interrupción de plazos y demora de términos, así como la suspensión del servicio de reenvío de notificaciones durante tres días hábiles cuando se comuniquen causas objetivas de fuerza mayor, como maternidad, paternidad, acogimiento o adopción, enfermedad grave y accidente con hospitalización, fallecimiento de parientes hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, o baja laboral.

Asimismo, no se practicarán actos de comunicación a los profesionales por vía electrónica durante el mes de agosto y entre el 24 de diciembre y el 1 de enero, salvo que sean hábiles para las actuaciones urgentes que corresponda.

Se suspenderá el curso de los procedimientos, la celebración de las vistas u otros actos procesales por tres días hábiles, a solicitud del profesional de la abogacía, por el fallecimiento, accidente o enfermedad graves de su cónyuge, de persona a la que estuviese unido por análoga relación de afectividad o de un familiar dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad.

Si cualquiera de estas circunstancias afecta al procurador y no se puede designar sustituto en ese momento, se suspenderá igualmente la celebración de la vista y se permitirá que el Colegio de Procuradores disponga de un plazo de tres días para organizar la sustitución.

En la jurisdicción social, los profesionales de la abogacía, de la procura y los graduados sociales podrán acogerse a las mismas causas de suspensión por circunstancias personales o familiares que se acaban de explicar para la jurisdicción civil y que son también supletorias para las jurisdicciones penal y contencioso-administrativa.

Por último, en el futuro anteproyecto de ley de eficiencia digital del servicio público de Justicia, se incluirán las medidas tecnológicas necesarias para preservar el derecho a la «desconexión digital» de los profesionales que desempeñan su trabajo ante los tribunales en los períodos en que proceda, ha precisado Vargues.

La presidenta de Islas Baleares, Francina Armengol, ha criticado este jueves que la alta incidencia de casos de coronavirus que registra la Comunidad de Madrid es un «lastre» para la apertura balear al turismo y ha pedido responsabilidad a todas las comunidades autónomas.

Así lo ha sostenido en declaraciones a los medios desde el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, donde ha mantenido una reunión de trabajo con el ministro del ramo, Miquel Iceta.

Armengol ha puesto de relieve la «adecuada» situación sanitaria del archipiélago, con una incidencia acumulada de 56 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días y 24 casos a 7 días. Todo ello, según ha destacado, «gracias al comportamiento magnífico de la ciudadanía de Baleares y a que se han establecido medidas de control para hacer una desescalada lenta y rigurosa siempre acordada con los equipos sanitarios».

Ha añadido que esta «buena situación sanitaria» permite a Baleares poder empezar a reactivar la economía y, en este sentido, poder tener una apertura turística. Si bien ha comentado que en Europa se plantea la diferenciación por territorios y, por ejemplo, está abierta a países como Alemania o a Holanda «sin tener que hacer cuarentena porque tienen una situación sanitaria buena», no ocurre lo mismo con Reino Unido.

«En el caso de Reino Unido, que todavía no separa por territorios, nosotros tenemos el acuerdo con el Gobierno de España, que también lo está luchando, para que Reino Unido separe los dos archipiélagos del conjunto de España porque tenemos una situación diferente», ha explicado la presidenta del Gobierno balear.

En este sentido, ha argumentado que al ser islas cuentan con unos controles en puertos y aeropuertos «diferentes», pero ha lamentado que mientras no se consiga que el país británico les separe de la media española, «evidentemente lo que está sucediendo en todas las comunidades» les afecta.

Es en este contexto en el que ha pedido «responsabilidad» a todos los territorios para poder trabajar «conjuntamente» en algo que para Baleares «es absolutamente fundamental, pero también lo es para toda España», ha zanjado Armengol.

CONFERENCIA DE PRESIDENTES

Preguntada acerca de la convocatoria de una Conferencia de Presidentes, que varios presidentes autonómicos ya han urgido al Gobierno central, Armengol se ha mostrado «muy favorable» a «poder participar en la toma de decisiones desde las comunidades autónomas» y en el marco de un encuentro entre sus homólogos con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así, ha detallado que ha podido comentar con Iceta la «necesidad» de seguir implantando la Conferencia «como fórmula de cogobernanza en España» y para hacer posible la toma de decisiones de forma «más compartida» entre el Gobierno y las diferentes autonomías.

Por último, la dirigente balear ha hecho hincapié en que estas conferencias «consolidan una forma de trabajar, que es la que se ha llevado trabajando con el Gobierno de España durante toda la pandemia ante el acuerdo de trabajo entre comunidades autónomas entre sí y comunidades autónomas con el Gobierno.

Vox quiere que el Pleno del Congreso repruebe la próxima semana a los ministros Fernando Grande Marlaska (Interior), Irene Montero (Igualdad), Ione Belarra (Asuntos Sociales) y Reyes Maroto (Industria) por haber «colaborado» en «difamar» al partido durante la campaña electoral en la Comunidad de Madrid.

Así se recoge en la moción que ha registrado en el Congreso para su debate en el próximo Pleno, y que es consecuencia de la interpelación que los de Santiago Abascal dirigieron este miércoles al titular de Interior.

En su iniciativa, relatan los incidente violentos que sufrieron el pasado 7 de abril durante el mitin celebrado en Vallecas y denuncian que dirigentes de Podemos, como Juan Carlos Monedero, hiciera un llamamiento público para boicotear ese acto o que al día siguiente algunos ministros de la formación morada «justificaran» la violencia contra Vox, entre las que citan a Irene Montero y Ione Belarra.

ACUSACIONES «FALSAS»

También cargan las tintas contra la ministra Maroto, a la que censuran por haber acusado «falsamente» a Vox de ser los responsables del envío de una carta con una navaja ensangrentada en su interior en los últimos días de la campaña.

Por todo ello, en su moción, Vox pretende en primer lugar que el Congreso exprese su «firme condena» por la violencia padecida por el partido durante la campaña electoral madrileña.

Y, a renglón seguido, plantea que el Congreso repruebe a las ministras Montero, Belarra y Maroto, así como a su colega de Interior, Fernando Grande Marlaska, «por haber colaborado y cooperado activamente en la campaña de difamación» contra Vox. También emplaza al presidente del Gobierno a destituirles.

Además, el partido que capitanea Abascal aprovecha su iniciativa para pedir a Marlaska que investigue el desempeño los dos miembros de la seguridad de Unidas Podemos detenidos en los altercados acaecidos durante el mitin en Vallecas por si vulneraron la ley de seguridad privada. Este mismo jueves, el ministro ha dicho que no piensa abrir una investigación al respecto.

EL PP TAMBIÉN PEDIRÁ REPROBAR A MARLASKA

Ésta no será, no obstante, la única reprobación que se debatirá en el Pleno del Congreso de la próxima semana, pues el PP llevará a debate una proposición no de ley para que la Cámara censura al titular de Interior por haber actuado «con desviación de poder» al apartar de la Jefatura de la Comandancia de Guardia Civil en Madrid al coronel Diego Pérez de los Cobos, una decisión anulada por la Audiencia Nacional.

Hasta la fecha el ministro del Interior es, con diferencia, el que más peticiones de reprobación acumula por su decisión de destituir a Pérez de los Cobos o por el acercamiento semanal de presos de ETA a las cárceles del País Vasco, entre otros asuntos.

No obstante, en todas las ocasiones el PSOE y Unidas Podemos han conseguido el apoyo de otros grupos minoritarios para salvar a Marlaska de la censura del Congreso, y todo apunta a que en esta ocasión ocurrirá lo mismo no sólo con él sino también con sus tres compañeras señaladas.

El secretario ejecutivo de Justicia e Interior del Partido Popular, Enrique López, ha subrayado que «nadie pone en duda» que la gestión de los centros penitenciarios es una competencia prevista en el Estatuto de Autonomía de Euskadi de 1979, pero ha afirmado que el acuerdo alcanzado entre los gobiernos central y vasco para ejecutar este traspaso competencial a partir del 1 de octubre es «la peor decisión» y llega «en el peor momento».

López, que ha comparecido ante los medios de comunicación en Vitoria tras reunirse con la dirección del PP vasco, ha denunciado que la transferencia a las instituciones vascas de la competencia sobre la gestión de las prisiones ubicadas en la comunidad autónoma, acordada este pasado lunes por los gobiernos central y autonómico, es una medida que no resulta «necesaria» ni «conveniente».

«No pongo en cuestión que la gestión y la ejecución de las penas es una competencia prevista en el Estatuto de Gernika», ha afirmado el dirigente del PP, quien ha subrayado que esto es algo que «nadie pone en duda».

No obstante, ha manifestado que han sido «muchos» los gobiernos que no han considerado «procedente» ejecutar el traspaso de esta competencia a las instituciones vascas. A su juicio, el hecho de que la transferencia se haya llevado a cabo ahora supone que se ha adoptado «la peor decisión del peor gobierno y en el peor momento».

López ha afirmado que la asunción de esta competencia implicará que la responsabilidad del tratamiento penitenciario de los reclusos que se encuentren en cárceles vascas recaiga en la administración penitenciaria vasca.

Esto, según ha dicho, supondrá «una serie de problemas» en los casos de presos condenados por pertenencia a ETA o por formar parte del «entorno» de la banda. Dichos «problemas» –según ha dicho– ya se han producido en Cataluña –la única autonomía hasta ahora que tiene competencias penitenciarias– en los casos de presos encarcelados por delitos relacionados con el proceso independentista.

Según ha afirmado, la Administración catalana se está dedicando a una especie de «distracción legal permanente» respecto a estos reclusos, al aprobar medidas como salidas de prisión o «beneficios penitenciarios» que han tenido que ser «revocados» por el Tribunal Supremo.

López ha afirmado que el «problema» reside en que una vez atribuida esta competencia al Gobierno Vasco, el cumplimiento de las penas de los presos recluidos en Euskadi dependerá de la Administración vasca, y únicamente el Ministerio Fiscal tendrá «legitimidad» para poder recurrir las decisiones que adopte esa administración.

FISCALÍA SIN «INDEPENDENCIA»

El dirigente del PP ha recordado que la Fiscalía General del Estado está dirigida por Dolores Delgado, que fue ministra de Justicia del PSOE en la anterior legislatura y que –según ha dicho– no ofrece «ninguna garantía de independencia ni de imparcialidad».

En este contexto, ha destacado la «importancia» de la propuesta planteada por el PP para permitir que las víctimas del terrorismo tengan también «legitimación» para poder recurrir las decisiones que adopte la administración penitenciaria.

ACERCAMIENTOS «VERGONZANTES»

López también se ha referido a los acercamientos de presos de ETA a cárceles vascas o próximas a la comunidad autónoma, una práctica que en los últimos años han llevado acabo los sucesivos gobiernos del PSOE y del PP. El dirigente del Partido Popular ha denunciado que el acercamiento de reclusos de la banda que está llevando a cabo el actual gobierno socialista es «vergonzante», y ha criticado que se esté aproximando Euskadi a reclusos que no han pedido «perdón» por sus crímenes.

A su juicio, esto supone «una profunda ignominia» para las víctimas del terrorismo. «Se está acercando a presos por nada y para mucho», ha afirmado.

López, que ha apelado al «legado» de Miguel Ángel Blanco, el concejal del PP asesinado por ETA en 1997, ha calificado de «muy triste» que el Gobierno central haya «cedido al chantaje de ETA» para propiciar estos acercamientos. «Es muy triste que se haya desbaratado ese legado», ha insistido.

El dirigente del Partido Popular ha lamentado que el actual Ejecutivo sea «presa de los presos», tanto de los condenados por delitos relacionados con el proceso independentista de Cataluña, como de los reclusos de la desaparecida ETA.

En este sentido, ha advertido de que no se debe permitir que las cárceles vascas «se conviertan no en centros de cumplimientos de penas, sino en centros de negociación política».

ESTADO DE ALARMA

En su intervención, y en la misma línea mantenida horas antes durante la primera parte de su visita a Vitoria, López ha subrayado que el gobierno de la Comunidad de Madrid, del que es consejero de Justicia, «nunca ha pensado en pedir ningún tipo de estado de alarma».

En este sentido, ha calificado de «paradójico» que el Gobierno Vasco (PNV-PSE) «esté pensando», según ha dicho, en solicitar «un estado de alarma a la carta».

«Es paradójico que una comunidad autónoma gobernada por un partido nacionalista abrace un estado de alarma pidiendo que se decrete para el ámbito de esa comunidad autónoma», ha manifestado.

ONG sociales y ambientales han celebrado la aprobación este jueves en el Congreso de los Diputados de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que establece la neutralidad climática en 2050 y considera que es un «aceptable punto de partida», aunque queda un «largo camino por delante» después de casi un año de tramitación parlamentaria.

Para Climate Strategy, ECODES, Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente, Fundación Renovables, SEO/BirdLife y Transport & Environment, aunque el texto ha recibido críticas por su falta de ambición y por su amplio margen de mejora, las organizaciones consideran que la nueva ley «sienta las bases» para poder hacer frente a la emergencia climática en los próximos años.

Así, sacan pecho de las mejoras que ha incorporado en la tramitación parlamentaria y que han sido planteadas por estas organizaciones y que han sido incorporadas en las enmiendas propias de Compromís, Más País-Equo y ERC, en mayor medida, pero también por PSOE, Partido Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, Bildu o Teruel Existe y defendidas durante las discusiones posteriores hasta su aceptación definitiva.

Sin embargo, lamentan que el poder legislativo no haya aceptado incluir un nuevo artículo para que el Gobierno elabore presupuestos de carbono de carácter quinquenal para establecer la senda que permita alcanzar los objetivos a 2030 y la neutralidad climática antes de 2050.

En esa línea, critican que el Comité de Personas Expertas de Cambio Climático y Transición Energética no quede fuera de influencias políticas y empresariales y que no cuente finalmente con presupuesto propio y una estructura, composición y funciones definidas en la Ley para quedar fuera de cualquier control gubernamental, como se refleja en todas las leyes climáticas de países cercanos.

Asimismo, critican que finalmente no se haya adelantado a 2035 la prohibición de los coches de combustión porque 2040 es «incoherente» en su opinión» con el objetivo de descarbonización en 2050.

Las ONG desgranan en un comunicado las carencias que observan en la ley y aseguran que en los próximos meses seguirán trabajando para que lo plasmado en la ley «no se quede en el papel» y que su desarrollo reglamentario sea el óptimo. Asimismo, promoverá que en la próxima revisión de objetivos, prevista en 2023, se adopte el mayor incremento de objetivos.

Para ello, reclama que con rapidez se forme el nuevo comité experto previsto en la ley, para que el Gobierno cuente con recomendaciones objetivas y basadas en el conocimiento a la hora de revisar los objetivos al alza.

El portavoz de Ecodes, Cristian Quílez, ha manifestado que después de cinco años desde su anuncio, España cuenta «finalmente» con una Ley que aborde finalmente la actual emergencia climática. Sin embargo, ha mostrado su «decepción» por la escasa ambición y concreción del articulado relativo al sector del transporte y la movilidad.

Para la directora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente, Ana Barreira, se trata de una ley «marco» de muchos aspectos ya que requiere la adopción de nuevos instrumentos normativos para su aplicación tan urgente.

El director de comunicación de la Fundación Renovables, Ismael Morales, ha expresado su «desilusión objetiva» al observar las carencias, que podían haber sido subsanadas, por lo que lamenta que se pierda otra «oportunidad» para hacer una reforma profunda del marco legal y de seguir un camino que «difícilmente» se podrá recuperar hacia la creación de un futuro sostenible.

Por su parte, el Responsable de Clima y Energía de SEO/BirdLife, David Howell, celebra la ley porque es un «hito importante en España» pero advierte de que llega «con retraso» y con un contenido «insuficiente» en algunos aspectos, pero admite que «parece el mejor resultado posible dada la situación política actual en España y las inercias de su economía«.

Finalmente, desde Transport & Environment, Carlos Bravo, ha expresado que pese a que el sector transporte es el que más contribuye al cambio climático en España, con casi un 30% del total de emisiones de gases de efecto invernadero en 2019, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética «no ha dado a este sector la importancia debida».

«No hay mención alguna a la movilidad cero emisiones en el transporte pesado de mercancías ni una apuesta decidida por los combustibles cero emisiones en el transporte marítimo», denuncia Bravo que estima que esto supone un «grave error» porque la ley abre la puerta al uso de electro combustibles en el transporte por carretera, algo que en su opinión es una opción «muy ineficiente y costosa».

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha defendido este jueves que el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad tienen, como el resto de regiones, «los instrumentos de control de las concentraciones públicas y los permisos correspondientes de cómo transcurren las fiestas y cómo no deben transcurrir» para afrontar la festividad de San Isidro de este fin de semana. Por ello, ha pedido que no eludan sus responsabilidades.

«Sería un caso insólito que la capital y la Comunidad de Madrid fueran las únicas en toda España que no tienen esos instrumentos», ha asegurado en declaraciones a los medios antes de participar en la inauguración de las Jornadas Literarias sobre Emilia Pardo Bazán que organiza la Real Academia Española (RAE).

Calvo se ha pronunciado así al ser preguntada sobre si al Gobierno le preocupa que se vuelvan a producir en Madrid fiestas multitudinarias en las calles como las del fin de semana pasado tras el fin del estado de alarma, y coincidiendo con las fiestas patronales de la capital, y después de que el Ayuntamiento haya acusado al Gobierno de «dejación de funciones».

«A nosotros como Gobierno, si se nos pide ayuda, la prestamos, pero sería la única ciudad y comunidad que no tengan instrumentos para regular y controlar estas situaciones», ha avisado, antes de criticar que «el PP, desde el principio abrió una batalla contra el Gobierno, no contra la pandemia. «Y todavía estamos ahí», ha lamentado.

«ES LA HORA DE NO ESCURRIR EL BULTO»

Según Calvo, todas las administraciones públicas tienen que asumir las responsabilidades que les corresponde y «no escurrir el bulto». Así, ha defendido que, en este momento, con el aumento de la vacunación, los contagios a la baja y las diferencia entre la situaciones de cada comunidad, era necesario poner fin al estado de alarma para que los gobiernos autonómicos siguieran confrontando al virus con sus competencias.

«Las comunidades están cada una en una situación diferente. Cada comunidad sabe perfectamente qué situaciones les conviene tener ahora. Tienen que ejercer sus responsabilidades y sus competencias como siempre, igual que lo ha hecho el Gobierno de España durante más de un año», ha defendido la vicepresidenta.

En este sentido, ha recalcado que «todo el mundo tiene que poner lo mejor de sí mismo en vez de hablar de caos» y convertir la lucha contra la pandemia en esta fase final en un «debate falso» que «intranquiliza a la ciudadanía». «Lo que tenemos que hacer cada cual es tomar las mejores decisiones posibles», ha insistido.

Además, ha defendido que «ha sido el Gobierno en solitario quien ha asumido casi la mayor parte de la protección social» y también el que ha mantenido el estado de alarma «en exclusiva». «Ahora le toca a todo el mundo, cada cual hacer su tarea», ha apostillado.

En este sentido, preguntada en concreto sobre las fiestas de San Isidro, ha señalado que lo que tiene que hacer Madrid es «utilizar con responsabilidad, con equilibrio y con prudencia» los instrumentos que tiene, y que no requieren del estado de alarma.

«Yo querría llamar la atención a este momento en el que no vale de ninguna de las maneras que la política consista en eximirte de tu responsabilidad para que las asuma otro. Aquí cada quien tiene sus responsabilidades», ha avisado.

También ha vuelto a negar que exista caos jurídico por las diferentes decisiones de los tribunales superiores de justicia, porque es lo mismo que ocurre con las autonomías, que cada cual toma sus decisiones en función de sus circunstancias.

La Real Academia Española (RAE) ha celebrado este jueves 13 de mayo un homenaje a la escritora Emilia Pardo Bazán con motivo del centenario de su fallecimiento, en un acto en el que ha pedido perdón por no incorporar a la institución a una autora que «lo mereció de sobra».

«Pardo Bazán sufrió mucho con la RAE y fue una escritora que mereció de sobra estar en esta casa. Miramos hacia atrás con pena, pero comprendiendo que la situación histórica fue la que fue. Aún así, lamentamos realmente que una situación como la de Emilia llegara a producirse», ha señalado al comienzo del acto el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado.

De hecho, el director de la Academia ha señalado a modo simbólico que Pardo Bazán podría ocupar el silló 47 de la RAE –la institución cuenta con 46–. «Son esos sillones que están reservados para aquellos mejores que los que estaban dentro en su momento y no tuvieron oportunidad de entrar», ha lamentado.

Incluso Muñoz Machado ha hablado de ‘la cuestión doña Emilia’ para abordar este asunto, que «ocupa un lugar especial» para la institución. «Como director de la institución, debo hacer referencia con toda normalidad a lo que ocurrió hace 100 años en esta casa», ha advertido.

«Las señoras no eran recibidas en esta institución por razón de sexo y los académicos se manisfestaron en contra de Emilia Pardo Bazán, sin minusvalorar sus virtudes literarias, para que se incorporara», ha apuntado el académico, recordando que ya se establecieron previamente vetos a las mujeres con Gertrudis Gómez de Avellaneda.

«Así eran las cosas en cualquier lugar y el tratamiento de la mujer era entonces en casi todas partes iguales. Ahora la RAE solo puede mirar con nostalgia aquella ocasión que hubiera permitido tener a gran mujer en esta casa y que habría sido la primera en entrar», ha señalado.

LAS CARTAS DE PARDO BAZÁN

La RAE conserva tres documentos respecto a este caso. Uno es un escrito de la propia escritora en marzo de 1914 solicitando de puño y letra su ingreso en la RAE, explicando sus méritos literarios e institucionales, con obras escritas y cargos ocupados en instituciones relevantes.

«Termina con una solicitud de ingreso, haciéndolo abiertamente y de modo insólito de lo que son las costumbres y las prácticas académica, que exigen para ingresar en la RAE que la firmen tres académicos de numero. Pero el reglamento de entonces permitía también solicitudes individuales, por lo que no fue una extravagancia», ha indicado Muñoz Machado.

De esta petición se conserva una contestación apócrifa no firmada en la que se comenta que no se va a dar trámite a la solicitud porque «no reúne condiciones objetivas ni es un varón», aunque la academia no «da por bueno» este documento.

El otro documento es una carta firmada por la marquesa de San Luis en la que se dirige a esta institución pidiendo que se designe a Pardo Bazán académica honoraria, reparando el mal que se le hizo en el momento en que lo solicitó.

La Academia no respondió a esta petición, pero sí su director de entonces, Antonio Maura, con «una amable carta» en la que decía a la condesa que su requerimiento «no había sido admitido a trámite no por razones de índole personal, sino por razones de orden objetivo».

DON Y DOÑA

La vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, ha defendido la importancia de Pardo Bazán tanto para el conjunto de las letras españolas como «para las mujeres de España, que pueden reconocerse en su activismo y su vida».

«Es una de las pocas mujeres que en la Historia lleva el ‘doña’ delante, lo que da una medida chisposa de la impronta de su fortaleza intelectual y de su seguridad. Si en su tarjeta pusiera ‘don Emilio’ su vida habría sido otra, pero con ‘doña Emilia’ llegó a casi todos los lugares que quiso y donde casi ninguna llegaba, lo que da medida de su inmensidad», ha concluido.

La jornada literaria, coordinada por la académica Carme Riera, ha desgranado la vida y obra de esta autora. Un total de ocho académicos (Soledad Puértolas, Miguel Sáenz, Luis Mateo Díez, Manuel Gutiérrez Aragón, Juan Mayorga, José María Merino, Darío Villanueva y la propia Riera) han hablado del cosmopolitismo feminista de doña Emilia, de su relación con Madrid y Cataluña, de su narrativa (desde sus inicios y sobre pasajes concretos), su faceta teatral y el universo cinematográfico que ha inspirado.

El cineasta Santiago Segura ha leído este jueves el pregón con motivo de las fiestas de San Isidro 2021, que arrancan este sábado 15 de mayo, y ha destacado en él el «sufrimiento de los madrileños», que tienen que soportar «tráfico, contaminación y los precios del alquiler».

«Es imposible disfrutar de atardeceres más bellos que los nuestros; recuerdo aquella canción del grupo Leño, que decía, es una mierda este Madrid que hasta las ratas pueden vivir; aquí viven las ratas, sobreviviendo como los propios madrileños, porque mira que sufrimos, con el desempleo, el alquiler, el tráfico, la contaminación… pero aguantamos porque nos gusta nuestra ciudad», ha apuntado desde el balcón de la Casa de la Villa.

Segura ha estado escoltado por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida; la vicealcaldesa, Begoña Villacís, así como la delegada de Cultura, Andrea Levy; la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre; el portavoz del PSOE, Pepu Hernández; la edil de Vox Aránzazu Cabello o la concejala delegada de Deporte, Sofía Miranda.

Ha sido un pregón especial, pues ha estado dedicado a los servicios esenciales del Ayuntamiento que dieron «lo mejor de sí» durante la pandemia. Así, en la Plaza de la Villa, perimetrada y con control de aforo, han estado presentes policías municipales, miembros de EMT, operarios de Jardines y Zonas Verdes así como sanitarios del Samur o personal de Selur.

El actor y director cinematográfico ha comenzado recordando que es de Carabanchel y fue «el segundo niño que nació en el Hospital de La Paz», hecho del cual su madre guardaba un recorte del periódico. Estudió en la Complutense y el bachiller en el IES San Isidro, como Pío Baroja.

En una irónica intervención, ha hecho mención al «relaxing cup of café con leche» en la Plaza Mayor de la capital que ‘popularizó’ la exalcaldesa Ana Botella. A continuación ha reconocido que es «adicto» y que estuvo «enganchado» al dulce. «Buscaba en obradores, y cuando no tenía dinero, le daba a las plameras glaseadas, bartolillos, a las bambas de nata, a las rosquillas de Alcalá, a las tontas, las listas, incluso las indecisas. Me metía litros de chocolate en San Ginés. Hoy en día, llevo una vida lo más normal posible apartado de mi droga», ha ironizado.

También ha habido hueco para la parte más sentimental, cuando ha recordado que sus madrileños favoritos son su padre, Felipe, y su padre «adoptivo», Tony Leblanc, y cuando ha asegurado que los servicios esenciales se «dejan la piel» por tener una «ciudad mejor».

«A ver cómo os animo a disfrutar la fiesta, a bailar un chotis agarrados pero con distancia, o a hacer un botellón de gel hidroalcohólico con mascarilla. Aunque a veces veamos rebaños de ovejas negras descerebradas comportándose como hooligans, estamos en la recta final, no vayamos a cagarla ahora», ha concluido.

Laureano Bermejo, quien fue secretario de Organización de Ciudadanos en Galicia, ha confirmado, a través de sus redes sociales, que abandona el partido naranja, causando baja como afiliado y como miembro electo del Consejo General.

Bermejo renuncia también a su puesto como concejal de la formación naranja en el Ayuntamiento de Orense pasándose al grupo de no adscritos desde el que asevera, seguirá defendiendo «los intereses y los valores» que llevaron a los ourensanos a mostrarle «su confianza» en el 2019.

En un escrito publicado en redes sociales, Bermejo ha expuesto que el proyecto de Ciudadanos del 2014 era un proyecto de «centro y liberal», que a día de hoy «dista mucho» de aquel por el que se afilió. Así, ha lamentado que «pasó de ser un proyecto ilusionante a ser una muleta más de –Pedro– Sánchez y su banda».

En esta misma línea, Laureano Bermejo ha señalado que las «múltiples estrategias erráticas» de los últimos meses, tanto en la dirección autonómica como nacional, han llevado a Ciudadanos a «una situación de coma en la que nadie asume responsabilidades dejando morir el proyecto».

El concejal orensano ha incidido en la «vergüenza» que le produce que «no exista autocrítica» en la formación acusando a «las personas que actualmente tienen la responsabilidad de liderar el partido» de «carecer de capacidad de admitir errores», echando la culpa «a Albert Rivera» e incluso «a los votantes» de los «fracasos del partido». «Es el colmo tener que escuchar como culpáis a los votantes de vuestros fracasos, de los errores que son de la líder y de su actual equipo», ha sentenciado Bermejo.

PAPEL EN EL AYUNTAMIENTO

Laureano Bermejo había sido secretario de organización autonómico de la formación naranja hasta el pasado mes de septiembre cuando la coordinadora en Galicia, Beatriz Pino, asumió todas las responsabilidades apartándolo. De este modo, el edil de Orense pasó a centrarse en la crisis municipal en la capital de las Burgas, ayuntamiento en el que era concejal de la formación junto con José Araújo.

Sobre este cargo, ha anunciado que pasará al grupo de no adscritos desde donde, ha asegurado, «seguirá defendiendo los valores de centro y liberales, trabajando y escuchando a todos los vecinos para mejorar la ciudad de Ourense».

Bermejo apela directamente a la Ejecutiva Nacional sentenciando que «no se puede dirigir un proyecto por y para los gallegos desde Madrid, dándole la espalda totalmente a los gallegos». En esta línea ha manifestado encontrarse con un «sentimiento frustrante», al ver «como los nuevos miembros del Comité autonómico, avalados y respaldados por la Ejecutiva Nacional, no cuentan con las virtudes políticas, la capacidad de hacer equipo, de liderar y de ilusionar a todos los gallegos».

El concejal finaliza su escrito proclamando que su «paz interior no es negociable», y con una frase que adjudica a Diana R. Black: «Los grandes egos son grandes escudos para mucho espacio vacío».

Alfonso Grau, exvicealcalde de Valencia con Rita Barberá, ha salido arrestado de su vivienda en el centro de la ciudad tras más de ocho horas de registro, a bordo de un coche de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y sin prácticamente pisar la calle.

Este jueves, la UCO ha arrestado a Grau y al hasta ahora subdelegado de Gobierno en Valencia, Rafael Rubio, en una presunta trama de corrupción, la conocida como caso Azud. Ambos están acusados de cobrar mordidas a cambio de adjudicaciones de infraestructuras.

Junto a Grau (PP) y Rubio (PSPV) también ha sido detenida la hija del exvicealcalde, un empresario y otras diez personas más en una operación desarrollada en Valencia, Alicante, Madrid y Tomelloso.

Alfonso Grau, mano derecha de la exalcaldesa fallecida en 2016, ha abandonado su casa, en el centro de Valencia, sobre las 17.30 horas, desde el registro iniciado hacia las nueve de la mañana.

Los guardias civiles se han llevado de la vivienda varios monitores, mochilas, cajas y bolsas, objetos que han tenido que reorganizar porque no cabían en el maletero.

El exvicealcalde, de 80 años, no ha hecho declaraciones y ha dejado su piso tras salir a la puerta y montar directamente en el coche de la UCO, que ha subido a la acera de la parte noroeste de la Porta de la Mar.

MORDIDAS DE OBRA PÚBLICA

Se trata de la segunda fase del caso Azud, en el que el Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia investiga presuntas mordidas con facturas supuestamente ficticias que varias empresas adjudicatarias de obra pública del Ayuntamiento de Valencia habrían realizado.

La causa, que arrancó hace tres años y permanece secreta, está abierta por delitos de cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.

En una primera fase del procedimiento se detuvo al abogado José María Corbín, cuñado de Barberá, y al letrado Diego Elum, aunque posteriormente ambos quedaron en libertad con medidas. Junto a ellos figuran como investigados la mujer y las hijas de Corbín.

IMELSA Y CASO RELOJES

Alfonso Grau, concejal entre 1995 y 2015, fue condenado a cuatro años de cárcel –una pena ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV)– por aceptar relojes de lujo de un contratista del Ayuntamiento, cambiarlos por otros más caros y pagar la diferencia. También está siendo investigado en el caso Imelsa.

Por su parte, Rafael Rubio, exdiputado provincial, se encuentra procesado en otro procedimiento, una de las piezas del caso Imelsa en la que se han investigado contrataciones presuntamente irregulares en las empresas públicas de Imelsa y Ciegsa.

El Juzgado de Instrucción 6 de Tarragona ha ordenado detener a la diputada de la CUP en el Parlament Laia Estrada después de que en dos ocasiones no se ha presentado a la citación para declarar como investigada por presuntos desórdenes públicos en la protesta por el Consejo de Ministros de 2018 en Barcelona.

En una providencia, la jueza pide la detención policial de Estrada para llevarla al Juzgado y tomarle declaración, que es la única diligencia que falta para terminar la instrucción de la causa.

En diciembre, al no acudir a una de las citaciones, Estrada explicó que lo hacía usando su «derecho a no colaborar con una justicia que cuando se trata de perseguir el independentismo o la disidencia política no tiene ningún tipo de problema para tirar adelante causas que no se aguantan por ningún sitio».

En declaraciones a las puertas del Parlament, Estrada ha explicado que la orden de detención se ha cursado «por no haber comparecido voluntariamente» en dos ocasiones para declarar ante el juez por haber participado en las protestas por la celebración del Consejo de Ministros en Cataluña en diciembre de 2018.

«En las protestas en Tarragona en las que yo participé nos dedicamos a andar muchísimo y no hubo ningún tipo de desorden ni violencia. Pero a mi y a otras personas nos imputan delitos de desórdenes públicos, lo que implica violencia», ha lamentado.

«ATESTADOS FANTASIOSOS» DE MOSSOS

Según Estrada, las militantes de la CUP, especialmente las que son electas, decidieron no comparecer ante procesos que derivan «de atestados totalmente fantasiosos elaborados por Mossos d’Esquadra que distorsionan la realidad».

En su opinión, esta causa se podría haber archivado como ya pasó cuando decidió también no comparecer voluntariamente a declarar, acusada por desórdenes públicos, por participar en la huelga del 3 de octubre y el 3 de noviembre de 2017.

También ha explicado que la causa está ahora en manos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) tras haber pasado por el juzgado de instrucción de Tarragona, y ha querido destacar: «Ahora mismo, que estoy ejerciendo como diputada en el Parlament, hay muchos agentes. Si me quieren venir a detener, hagámoslo rápido y acabemos con esta historia».

La vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, ha trasladado a los diputados de Unidas Podemos que se inicia una «nueva etapa» en la que «van a ir a por todas», desde el convencimiento de que este espacio político será «decisivo» de cara a la próxima década.

También ha dicho que es consciente de que Unidas Podemos está «en transición» y que los cambios «generan inquietudes», pero a continuación ha subrayado que el exlíder de la confluencia Pablo Iglesias, aunque haya abandonado la política, caminará junto a ellos «como siempre ha hecho». «Y yo creo que lo va a hacer todavía mucho mejor», ha remachado Díaz para transmitir a sus parlamentarios que no deben tener «ningún temor» al respecto.

Díaz se ha pronunciado en estos términos durante la reunión de todos los ministros de Unidas Podemos con los diputados del grupo parlamentario en el Congreso, un encuentro que ha visualizado su liderazgo a los mandos de la confluencia.

Y es que en este encuentro «importante», en palabras de la también titular de Trabajo tras los últimos acontecimientos, han asistido también los ministros Ione Belarra (Derechos Sociales), Irene Montero (Igualdad), Alberto Garzón (Consumo) y Manuel Castells (Universidades), junto a todos los secretarios de Estado de Unidas Podemos-

«Vamos a por todas, la legislatura empieza ahora y lo mejor está por hacer. Estoy convencida, no es por entusiasmo (…) Vamos a transformar la vida de la gente, quedan muchas victorias para el común de las gentes», ha exhortado a los parlamentarios.

TOCA ESCRIBIR UN «NUEVO CONTRATO SOCIAL»

De hecho, la máxima representante de Unidas Podemos en el Gobierno ha proclamado que toca escribir «un nuevo contrato social» que debe redactarse con «múltiples manos» y «al servicio de la gente».

Sobre todo en tiempo, ha relatado, en el que «toca mirar al futuro» y en el que tendrán encuentros frecuentes para, desde ese diálogo conjunto, «repensarse» aunque convencida de que, tanto en el Gobierno como en el Congreso, son la formación más activa para «abrir horizontes a la sociedad».

Díaz también ha querido expresar «orgullo» por un espacio político que ha cambiado «la historia» del país, con una mención especial a Iglesias, y que inicia una nueva etapa desde el convencimiento de son «imprescindibles» y continuarán siendo «decisivos». «Elevemos la mirada y asumamos la responsabilidad», ha animado a sus compañeros.

RECORDAR EL 15M

Con vistas al aniversario del 15M, Díaz ha querido recordar ese «momento de dignidad» cuando la gente de este país «dijo basta» y el pueblo «recuperó» el significado «más digno» y «noble» de la política, un hito que nunca deben olvidar.

Además, ha reiterado que la legislatura «comienza ahora» tras estar volcados en la gestión de una pandemia que ha evidenciado la «fragilidad» del ser humano y de la que, poco a poco, comienzan a «levantar la cabeza» y afrontar un provenir con más «optimismo y esperanza».

Sobre todo tras tener en la memoria «imágenes tremendas» como ver como se desplomaban puestos de trabajo y teniendo en mente que han muerto aproximadamente 80.000 conciudadanos, cuyo recuerdo debe acompañarles siempre.

No obstante, Díaz ha ensalzado que Unidas Podemos ha demostrado que se puede gestionar las crisis de manera diferente puesto que en la anterior, la de 2008, se perdieron 3,3 millones de empleos que se tardaron 10 años en poder recuperar mientras que en la actual afectó a 80.000 puestos de trabajo y faltan 200.000 para lograr los mismos niveles de afiliación previos a la pandemia.

En consecuencia, se debe poner «lo común por delante» de cara a desplegar el «enorme reto» de la estrategia de recuperación, que debe ser «justa e inclusiva» dado que de la crisis del Covid-19 no se puede salir con «más desigualdad ni precariedad».

Unas transformaciones que se empiezan a visualizar con la Ley del Cambio Climático y con una transición verde que moverá, en el horizonte de 2030, hasta 200.000 millones y con estimaciones de poder generar hasta 250.000 puestos de trabajo.

Tras recalcar que otro de los retos es la transición tecnológica, la vicepresidenta ha advertido también que toda transformación implica un importante impacto social y deben asegurar que se acometen «con la gente dentro» y desde el interés colectivo.

«ES EL TIEMPO DE LAS MUJERES»

Otro cambio estructural «imparable» para Díaz es el «feminismo» al proclamar que es «la hora y el tiempo de las mujeres» con múltiples ejemplos de «liderazgos» que «han de ser diferentes», dado que es «consciente» de que ahora la ciudadanía «tiene una enorme distancia» con la política.

Tras alertar de que parte de la sociedad percibe que los políticos están alejados de sus preocupaciones cotidianas, Díaz ha llamado a «escuchar» y acompañar a la gente para «humanizar» la política de cara a erradicar ese «malestar social».

«Tenemos que generar sosiego y tranquilidad. Es lo que hacen los dirigentes grandes», ha emplazado a los parlamentarios de su espacio político, pues frente al «ruido» que «ensordece» deben atender las preocupaciones de la vida cotidiana.

De esta forma, ha priorizado la defensa de lo público como gran lección de la pandemia para continuar con las políticas que «cambian la vida» aunque no den «grandes titulares», como prohibir la publicidad de casas de apuestas, terminar con los «recortes» a la dependencia o lanzar el plan corresponsables.

En esta línea, ha avanzado que una normativa clave de cara al año que viene será una ley sobre los usos del tiempo que abanderarán desde los ministros de Trabajo, Igualdad y otros muchos dado que será una normativa «transversal».

El vicepresidente del Govern y conseller de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, Juan Pedro Yllanes, ha calificado este jueves como un «día histórico para España» por la aprobación definitiva en el Congreso de los Diputados de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

«Nuestro país afronta, de una vez, la lucha contra el calentamiento global y pone fecha en el calendario para acabar con los combustibles fósiles y dejar depender de ellos para producir electricidad», ha expresado Yllanes a través de su cuenta de Twitter.

El vicepresidente ha recordado que en Baleares «la situación es especialmente preocupante», dado que la región mediterránea se está calentando más rápido que la media mundial. «Es por ello no debemos perder el tiempo en afrontar este reto de manera contundente», ha añadido.

Yllanes ha valorado la Ley de Cambio climático autonómica, aprobada en 2019, «que ha servido de ejemplo y ha acelerado la aprobación de la Ley estatal». «Importante también que la Ley estatal aprobada hoy respete el acuerdo para que podamos prohibir la circulación de vehículos diésel en nuestras islas en 2025», ha destacado.

Por su parte, el director general de Energía y Cambio Climático del Govern, Pep Malagrava, ha resaltado que esta aprobación es «un hito muy importante para el desarrollo de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático». «Como toda ley, es mejorable, y aunque la ley balear es más avanzada, será un instrumento a emplear para desarrollar la implantación de renovables, mejorar la eficiencia energética y apostar por una movilidad sostenible en todo el Estado», ha considerado.

Para Malagrava, dos de las medidas más importantes son el desarrollo de zonas de bajas emisiones en islas y ciudades de más de 50.000 habitantes, y poder avanzar en las comunidades insulares las restricciones de circulación en vehículos de combustión.

«Desde el Govern instamos al Estado a establecer restricciones a la circulación de vehículos diesel a partir de 2025 y el resto de vehículos de combustión a partir de 2035, tal y como marca la Ley de Cambio Climático de las Islas», ha asegurado.

El director general ha advertido que «una Ley es un instrumento, no la solución» y que «sólo con la acción de administraciones, empresas y particulares conseguiremos los objetivos en renovables, reducción de emisiones y ahorro energético».

PSIB APLAUDE LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA LEY

Desde PSIB-PSOE también han aplaudido la aprobación definitiva de la Ley de Cambio Climático estatal, al considerarla una «ley histórica que provocará un cambio profundo de modelo y la creación de miles de puestos de trabajo».

Así lo ha afirmado el diputado socialista en el Congreso Pere Joan Pons, quien ha apuntado que se trata de una ley que permitirá cumplir las directivas europeas para la descarbonización en 2050, suponiendo un «incremento importante en la reducción de las emisiones, poniéndonos a nivel europeo».

Asimismo, Pons ha enfatizado que esta ley, que se refleja en la ley de cambio climático autonómica, también posibilitará «inversiones importantes en innovación», al tiempo que impulsará la creación de miles de puestos de trabajo en los próximos años en el campo de la transición energética.

Respecto de las reclamaciones realizadas desde las Islas, Pons ha resaltado que esta ley va en la línea del aprobado por el Ejecutivo autonómico la pasada legislatura en cuanto a la prohibición de la matriculación de nuevos vehículos diesel desde 2025.

Los datos de la Memoria anual de Eurojust sitúan a España como la cuarta delegación de la UE en carga de trabajo y destacan su protagonismo operativo en 2019, superando con gran solvencia la situación generada por la emergencia sanitaria derivada del COVID-19, según informa en una nota el Ministerio de Justicia.

Su titular, Juan Carlos Campo, ha recibido este jueves la Memoria anual de la delegación española en Eurojust de la mano del magistrado José de la Mata, miembro nacional de España en Eurojust y magistrado d de la Audiencia Nacional en comisión de servicio.

Una vez entregada la Memoria, según establece la ley, el Gobierno, a propuesta del ministro Campo, enviará copia de la Memoria al Congreso de los Diputados y al Senado. Por su parte, el magistrado De la Mata queda a disposición tanto de la Comisión mixta para la Unión Europea de las Cortes Generales, como de las Comisiones de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados y del Senado, por si fuera solicitada su comparecencia.

Durante el acto de entrega de la Memoria, Campo ha puesto en valor el trabajo desarrollado por Eurojust, ha afirmado que gracias a él «La Unión Europea es un espacio de convivencia en el que prevalece el Estado de derecho».

Del mismo modo, el ministro ha hecho hincapié en la importancia del trabajo de la delegación española. «Debemos estar orgullosos de tener una de las delegaciones más potentes en Eurojust», ha afirmado.

En ese sentido, Campo ha destacado que la elección del Adjunto al miembro nacional, el fiscal Jorge Espina Ramos, como presidente del equipo de trabajo sobre cibercrimen, señalando que «es un reconocimiento muy importante, ya que ha sido elegido por sus propios colegas para una de las áreas de acción más relevantes en la Agencia».

DATOS DE LA MEMORIA

La memoria recoge, entre otros datos, que la delegación española en Eurojust ha atendido durante el año 2020 un total de 1.479 casos, lo que supone un incremento de más del 10 por ciento frente al trabajo operativo desarrollado en 2019.

La Delegación española ha abierto durante 2020 un total de 209 casos, frente a los 190 casos activos abiertos en 2019; y ha recibido un total de 459 casos de solicitudes de asistencia por el resto de delegaciones nacionales, frente a 428 casos pasivos en 2019.

Estos datos de la Memoria anual sitúan a España como la cuarta delegación de la UE en carga de trabajo y protagonismo operativo en 2019, superando con gran solvencia la situación generada por la emergencia sanitaria derivada de la COVID-19.

Se ha consolidado, además, la utilización de los mecanismos de coordinación multilateral disponibles en Eurojust, participando la delegación española en 61 de las 371 reuniones de coordinación y en 7 de los 19 centros de coordinación operativos, añade el Ministerio.

Un juez militar israelí ha dictaminado este jueves que Juana Ruiz, la ciudadana española detenida el pasado 13 de abril por las fuerzas de seguridad israelíes en Cisjordania, deberá permanecer en prisión a la espera de juicio, según ha informado su abogada, Gaby Lasky.

«El juez ha decidido dejarla en prisión a la espera del juicio», ha señalado la abogada israelí, precisando que está previsto que el proceso judicial el próximo 2 de junio.

Lasky ha reconocido que no esperaban que el juez permitiera su puesta en libertad a la espera de juicio, ya que en la justicia militar israelí «suele ser la excepción».

Así las cosas, la abogada de Ruiz ha adelantado que a principios de la próxima semana presentará una apelación y ha confiado en que el juez «se pronuncie cuanto antes» sobre la misma y sea favorable a la liberación de la española.

Ruiz, de 60 años y que reside desde hace más de 35 en Cisjordania, donde trabaja como coordinadora de proyectos en la ONG palestina Health Work Committees (HWC), fue detenida el 13 de abril en su casa en Beit Sahur, cerca de Belén, por más de 20 soldados israelíes.

Hace justo una semana, el 6 de mayo, fue informada de que se le acusa de un total de cinco cargos, tres en relación con su trabajo en HWC, organización a la que Israel considera ilegal, así como de haber introducido dinero en los territorios palestinos y de haber recibido fondos con falsas pretensiones, según explicó entonces Lasky, que recalcó que «no hay ningún cargo oficial de financiación del terrorismo».

Por otra parte, respecto a la acusación formulada por las autoridades israelíes de que HWC tiene vínculos con el Frente Popular de Liberación de Palestina (FPLP), una organización que tanto la UE como Estados Unidos consideran como terrorista, la abogada dijo que es algo que se está intentando crear.

El Shin Bet –el servicio de seguridad interior de Israel– ha acusado al FPLP de usar la organización para la que trabaja Ruiz y otras para defraudar varios millones de euros a organizaciones y países europeos en los últimos años con los que financiar sus actividades y reclutar a nuevos combatientes, entre otros.

La Federación de Enseñanza de CCOO en Cantabria ha celebrado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) que da la razón al sindicato y establece que la Consejería de Educación «vulneró el derecho a la negociación colectiva» con la modificación del calendario escolar para que fuera lectiva la primera semana de noviembre.

CCOO ha valorado «muy positivamente» la actuación del TSJC, cuya sentencia cree que «cambiará mucho la manera de enfrentarse a las negociaciones que quedan por delante con la Consejería de Educación».

El sindicato presentó un recurso contra la resolución de la Consejería de Educación, que modificó el calendario escolar para que fuera lectiva la primera semana de noviembre y vulneró, como ahora recoge la sentencia dada a conocer ayer, el derecho a la negociación colectiva.

«Esta sentencia no deja lugar a dudas sobre el hecho de que el calendario escolar es objeto de negociación con las organizaciones sindicales», ha subrayado la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO en Cantabria, Conchi Sánchez, que ha insistido en este punto desde el inicio del conflicto porque «afecta a la distribución del trabajo del profesorado y de otros colectivos vinculados al sistema educativo».

En este sentido, el TSJC remarca en la sentencia que «el principio de coherencia y de confianza legítima obliga a la Administración a negociar la modificación sustancial del mismo que implica la conversión en lectivo de un periodo que previa negociación colectiva se fija como no lectivo».

Por otro lado, como ha señalado la secretaria general de la Federación de Enseñanza, la sentencia «tira de las orejas» a la Administración y le recuerda que «negociar no es informar o consultar, sino aproximar posiciones, buscar el equilibrio de intereses y procurar llegar a acuerdos».

DEFENSA DE LA LIBERTAD SINDICAL

Sánchez ha valorado «muy positivamente» la actuación del TSJC porque «es duro» con la actuación de la Consejería de Educación y hace especial hincapié en el derecho a la libertad sindical.

Como reza la sentencia, «el sacrificio de la libertad sindical que implica la omisión de la negociación colectiva» para tomar una medida de este tipo «tiene que estar justificado» no solo en la mera mención del fin de salud pública perseguido, «sino en su adecuación a dicho fin, en su necesidad al respecto y en su proporcionalidad en consideración al bien o derecho que sacrifica o limita».

Y añade que en este caso la administración «no aporta pruebas sobre la adecuación, necesidad y proporcionalidad en relación con la lucha contra la pandemia».

El jefe de la Policía con el Gobierno del PP cuando ocurrió la ‘Operación Kitchen’ que investiga la Audiencia Nacional se ha negado este jueves a colaborar con los grupos políticos que forman parte de la comisión de investigación en el Congreso de los Diputados. «Con el debido respeto, no voy a contestar a ninguna pregunta, ni a un saludo», ha asegurado.

El que fuera director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, uno de los mandos investigados en esta pieza del ‘caso Villarejo’, ha pedido la palabra antes de que le hicieran ninguna pregunta para advertir que la «actitud investigadora» de la comisión del Congreso «no es jurisdiccional» y sí «de naturaleza política».

En su opinión, la comisión de investigación del Congreso lo que hace es «emitir juicios de oportunidad política», por lo que reconoce que está obligado a comparecer pero no a declarar. «Argumentos que aquí se exponen carecen de idoneidad jurídica y la condición de certeza sólo la garantiza el proceso judicial», ha leído Pino, que se ha escudado en su derecho de defensa y en el secreto de sumario.

«Resulta muy lamentable», ha señalado el portavoz del PSOE, Felipe Sicilia, que ha relacionado su negativa a colaborar con su deseo de «tapar» el presunto delito que habría cometido al participar en el operativo al margen de la tutela judicial para sustraer información sensible al extesorero del PP Luis Bárcenas.

Eugenio Pino, con mascarilla con la bandera de España y casi siempre cruzado de brazos, ha guardado silencio, sólo interrumpido con frases como «sin comentarios» o «no voy a contestar».

El diputado del PSOE, el primero en tomar la palabra para interrogar al compareciente, le ha recordado que otros mandos policiales sí han contestado a aquello que entendían que no afectaba a su estrategia de defensa.

En su intervención, Felipe Sicilia le ha reprochado a Pino que ni le mirara cuando le hacía las preguntas. «Le agradecería que me prestara atención, cuanto menos, que me atienda. Si quiere no me conteste, pero que los ciudadanos al menos vean que tiene educación», le ha dicho al que fuera DAO en la etapa de Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior.

Las fuerzas de seguridad marroquíes han rechazado a primeras horas de este jueves a centenares de migrantes que pretendían acercarse a la doble valla de Melilla para intentar superarla mientras efectivos de la Guardia Civil han estado alertados en la ciudad española por si tenían que intervenir al tiempo que su helicóptero ha sobrevolado toda la noche el perímetro fronterizo.

Según han informado fuentes policiales, los migrantes han querido aprovechar la celebración de la pascua final del Ramadán, ante la suposición de una posible relajación policial, para realizar un intento de entrada en Melilla, pero ha sido la propia policía marroquí, dentro de su territorio, la que ha evitado que se acercaran a la doble alambrada de seis metros de altura cada una.

Los movimientos de las migrantes se han registrado durante la madrugada y primeras horas de este jueves en la zona que va desde Barrio Chino a Beni-Enzar, pero fueron interceptados por las Fuerzas Auxiliares de Marruecos que vigilan su lado de perímetro fronterizo.

Mientras tanto, un helicóptero de la Guardia Civil ha sobrevolado durante esas horas la zona para ver desde el aire los pasos que daban los migrantes, en su recorrido hacia la valla, al tiempo que desde Melilla los efectivos terrestres estaban en alerta por si fuera necesaria su intervención, algo que no fue necesario porque los agentes marroquíes consiguieron dispersar a los grupos numerosos de subsaharianos que quería aproximarse.

La última intentona de entrada irregular en Melilla se produjo el pasado 26 de abril. Ese día, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado abortaron el intento de entrada de unos 60 migrantes por Melilla aquella noche a través de la valla que le separa con Marruecos, unas horas después que otros 50 hubieran accedido a nado a Ceuta

El hasta ahora subdelegado del Gobierno en Valencia, Rafael Rubio (PSPV), ha salido sobre las 16 horas de su vivienda en un vehículo de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), después de que esta haya registrado el inmueble durante toda la mañana.

La UCO ha detenido este jueves a Rubio y al exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau (PP), en una presunta trama de corrupción, la conocida como caso Azud. Ambos están acusados de cobrar mordidas a cambio de adjudicaciones de infraestructuras.

Rubio, quien ocupó en su día el cargo de portavoz socialista en el consistorio valenciano y se encargó de cuestiones relacionadas con el urbanismo, ha sido detenido en su domicilio en el distrito valenciano del Pla del Real, hasta donde se habían trasladado diferentes agentes para realizar un registro.

Los efectivos de la UCO han introducido diferentes objetos como carpetas y documentos en sus vehículos. Sobre las 16.00 horas, los agentes de la Guardia Civil han retirado a la prensa de las puertas del garaje de la vivienda de Rubio y han despejado la vía para permitir la salida de tres vehículos.

En el último de los coches viajaba Rubio, que ya ha sido cesado de su cargo público y el PSPV-PSOE también le ha suspendido de militancia.

Asimismo, la UCO también se ha trasladado a primera hora de este jueves hasta el domicilio de Grau, mano derecho de la exalcaldesa fallecida Rita Barberá, para practicar otro registro.

Se trata de la segunda fase del caso Azud, en el que el Juzgado de Instrucción número 13 de València investiga presuntas mordidas con facturas supuestamente ficticias que varias empresas adjudicatarias de obra pública del Ayuntamiento de València habrían realizado.

La causa, que arrancó hace tres años y permanece secreta, está abierta por delitos de cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.

En una primera fase del procedimiento se detuvo al abogado José María Corbín, cuñado de Barberá, y al letrado Diego Elum, aunque posteriormente ambos quedaron en libertad con medidas. Junto a ellos figuran como investigados la mujer y las hijas de Corbín.

IMELSA Y CASO RELOJES

Rafael Rubio, exdiputado provincial, se encuentra procesado en otro procedimiento, una de las piezas del caso Imelsa en la que se han investigado contrataciones presuntamente irregulares en las empresas públicas de Imelsa y Ciegsa.

Tras conocerse su procesamiento en este procedimiento, Rubio se desvinculó de los hechos y aseguró que fue «extremadamente escrupuloso» con los contratos que hizo en 2011 a dos asesoras a su cargo en la Diputación, unas plazas que no se crearon a instancia suya. También negó pertenecer a ninguna organización criminal.

Por su parte, Alfonso Grau fue condenado a cuatro años de cárcel –una pena ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV)– por aceptar relojes de lujo de un contratista del Ayuntamiento, cambiarlos por otros más caros y pagar la diferencia. También está siendo investigado en el caso Imelsa.