Aragón ha establecido ya los mecanismos para la aplicación de la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia, que entra en vigor este viernes, de modo que se asegura la prestación a los ciudadanos que quieran ejercer este derecho.

El director general de Transformación Digital, Innovación y Derechos de los Usuarios del Departamento de Sanidad, Juan Coll, y la jefa del servicio de Garantías y presidenta de la de Comisión de Garantía y Evaluación del Derecho a la Prestación de Ayuda para Morir, Concha Revilla, han detallado los pasos dados por la comunidad aragonesa, así como el procedimiento para hacer uso de este derecho, incluido en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud y de financiación pública.

"Mañana nos despertaremos con un nuevo derecho como ciudadanos españoles y como ciudadanos aragoneses, y el sistema sanitario también estrenará una nueva prestación", ha dicho Coll. La eutanasia, según la ley, se define como un acto deliberado de dar fin a la vida de una persona, producido por la libertad expresa de la propia persona, y con el objeto de evitar un sufrimiento, bien sea por un proceso terminal o bien sea por un proceso de autonomía personal.

La eutanasia esta penalizada, y simplemente se despenaliza en dos casos, en caso de enfermedad grave e incurable y en padecimientos graves, crónicos e imposibilitantes. "Introduce un nuevo derecho, el derecho a la prestación de la ayuda para morir e introduce a su vez esta nueva prestación en el Sistema Nacional de Salud y, por ende, entra en la cartera de todos los servicios regionales de salud de las comunidades autónomas", ha continuado diciendo el director general.

"Es una ley muy garantista, pone las garantías por encima de cualquier realidad, tiene un procedimiento muy bien definido, hay un procedimiento con sus fases y sus plazos", ha manifestado Coll, quien ha asegurado que "la idea es garantizar que el proceso cumple tanto los requerimientos legales como médicos". Los profesionales médicos pueden ejercer su derecho a la objeción de conciencia.

La pasada semana el Departamento de Sanidad del Ejecutivo autonómico ya emitió una orden por la que se creó la Comisión de Garantía y Evaluación del Derecho a la Prestación de Ayuda para Morir. Esta normativa será transitoria y permitirá la aplicación de la ley en los plazos establecidos si bien posteriormente, el próximo otoño, se aprobará un decreto por el que se crearán y regularán tanto esta comisión como el Registro de profesionales sanitarios objetores a la eutanasia.

Esta semana se ha constituido ya formalmente la citada comisión, un órgano colegiado, deliberativo y multidisciplinar, con naturaleza de órgano administrativo, y que está compuesto por los siguientes miembros: un presidente, en concreto la jefa de servicio de Garantías de los Usuarios, Concha Revilla; un vicepresidente y un secretario; tres vocales facultativos médicos; tres vocales juristas; y un vocal, profesional de enfermería.

PROCEDIMIENTO

Concha Revilla ha expuesto que "para poder solicitar la prestación de ayuda para morir es necesario que la decisión del paciente sea una decisión autónoma, es decir, que sea libre, en el sentido de que tenga coacciones de ningún tipo y además ha de ser informada". Esa solicitud siempre se realiza ante un profesional sanitario y ya se inician todos los plazos.

También se incluye la posibilidad de que, en el caso de que el paciente no se encuentre en el pleno uso de sus facultades, pueda presentar la solicitud en su nombre, otra persona mayor de edad y plenamente capaz, acompañándola de su documento de instrucciones previas, testamento vital, voluntades anticipadas o documentos equivalentes legalmente reconocidos.

Una vez recibida la primera solicitud, el médico responsable realizará en el plazo de dos días un proceso deliberativo con el paciente sobre su diagnóstico, posibilidades terapéuticas y resultados esperables, así como sobre posibles cuidados paliativos, asegurándose de que comprende la información que se le facilita.

Tras este paso el paciente debe realizar una segunda solicitud para lo que tiene que haber al menos una separación de 15 días con la primera y el médico responsable, en el plazo de dos días naturales, retomará con el paciente solicitante el proceso deliberativo al objeto de atender, en el plazo máximo de cinco días naturales, cualquier duda o necesidad de ampliación de información.

Transcurridas veinticuatro horas tras la finalización del proceso deliberativo al que se refiere el apartado anterior, el médico responsable recabará del paciente solicitante su decisión de continuar o desistir de la solicitud de prestación de ayuda para morir. En el caso de que el paciente desee continuar, el médico responsable deberá comunicar esta circunstancia al equipo asistencial, así como, en el caso de que así lo solicite el paciente a los familiares o allegados que señale. Igualmente, deberá recabar del paciente la firma del documento del consentimiento informado.

El médico responsable deberá consultar a un médico consultor, quien, tras estudiar la historia clínica y examinar al paciente, deberá corroborar el cumplimiento de las condiciones en el plazo máximo de diez días naturales desde la fecha de la segunda solicitud, a cuyo efecto redactará un informe que pasará a formar parte de la historia clínica del paciente. Las conclusiones de dicho informe deberán ser comunicadas al paciente solicitante en el plazo máximo de veinticuatro horas. En caso de informe desfavorable del médico consultor, el paciente podrá recurrir a la Comisión de Garantía y Evaluación.

Si el informe es favorable, el médico responsable, antes de la realización de la prestación de ayuda para morir, lo pondrá en conocimiento del presidente de la Comisión de Garantía y Evaluación, en el plazo máximo de tres días hábiles, para que realice el control previo previsto.

De este modo, el presidente de la Comisión de Garantía y Evaluación designará, en el plazo máximo de dos días, a dos miembros de la misma, un profesional médico y un jurista, para que verifiquen si, a su juicio, concurren los requisitos y condiciones establecidos para el correcto ejercicio del derecho a solicitar y recibir la prestación de ayuda para morir.

La resolución definitiva de la comisión deberá ponerse en conocimiento del presidente para que, a su vez, la traslade al médico responsable que realizó la comunicación para proceder, en su caso, a realizar la prestación de ayuda para morir.

Asimismo, esta Comisión será la responsable de verificar en el plazo máximo de dos meses si la prestación de ayuda para morir se ha realizado de acuerdo con los procedimientos previstos en la ley.

VOLUNTADES ANTICIPADAS

La Dirección General de Transformación Digital, Innovación y Derechos de los Usuarios está ultimando un nuevo modelo de documento, en el que se dejará constancia de su voluntad de acogerse a esta prestación en un documento de voluntades anticipadas.

En Aragón hay 11.176 documentos de voluntades anticipadas activos. Un 5% de los ciudadanos que han suscrito el testamento vital --563 en total-- ya han expresado su deseo a recibir la eutanasia en el que caso de que hubiera una ley que la avalase.

WWF ha celebrado la "histórica" condena a España del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que "confirma" el deterioro del espacio natural de Doñana y concluye que se han realizado "extracciones desmesuradas de agua subterránea" que incumplen las Directivas Marco del Agua y Hábitats, por lo que ha condenado al Estado español y da la razón a la ONG que denunció a España ante las autoridades europeas.

La sentencia dictamina el incumplimiento por parte de la administraciones responsables de velar por el buen estado ambiental de Doñana y el incumplimiento en el entorno de las Directivas de Agua y Hábitat, lo que está "provocando un grave daño a la biodiversidad" de este enclave natural único en el planeta. Así, la ONG destaca que la sentencia confirma que se está permitiendo la sobrexplotación del agua en la zona, lo que está provocando un "continuo deterioro" de sus valores naturales.

En declaraciones, el portavoz de WWF Juanjo Carmona permitiendo la sobreexplotación del agua y, por consiguiente, el continuo deterioro de sus valores naturales.

Carmona ha explicado que el proceso legal comenzó hace una década cuando la ONG denunció a España ante la Comisión Europea por la extracción "abusiva e insostenible" de agua para producir frutos rojos y fresas y que durante estos diez años el regadío en la zona "no ha dejado de aumentar", hasta este año pasado a pesar de que estos años han sido todos cálidos y secos o muy secos.

"El Tribunal de Justicia de la Unión Europeo que nos condena por no ser capaces de cuidar un espacio único como Doñana, dando la razón a WWF en las reclamaciones y denuncia que hemos realizado en las últimas décadas. La sentencia no deja lugar a dudas", ha manifestado.

Carmona insiste en que se están sobreexplotando los recursos Doñana, en especial el agua mientras el Estado y la Junta de Andalucía están incumpliendo la ley europea que debe proteger Doñana. "Está provocando un continuo deterioro de los valores naturales de este espacio único", ha advertido.

Por eso, reclama al Gobierno y a la Junta de Andalucía que acaten la sentencia que defiende Doñana y que comiencen cerrando los pozos y fincas ilegales al oeste del espacio natural, que frenen la agricultura industrial que avanza por el noreste y pongan en marcha, entre otros proyectos, un ambicioso que restaure ecológicamente las marismas de Doñana y devuelva los caudales y parte de la superficie de regadío.

La sentencia deja clara la "inacción" de España ante los efectos negativos de las extracciones de agua sobre hábitats protegidos, como los estanques temporales mediterráneos y manifiesta la falta de información sobre el estado de las aguas subterráneas, debido sobre todo al desconocimiento de la Administración sobre las captaciones ilegales.

En los últimos diez años, WWF ha aportado distintos informes propios al proceso legal que han elaborado expertos y organismos públicos que demuestran la sobreexplotación y degradación progresiva del acuífero que alimenta Doñana y su grave repercusión en los hábitats y especies, sobre todo en la avifauna y los humedales temporales mediterráneos.

Según recuerda Carmona, la Comisión Europea decidió el 24 de enero del 2019 llevar a España decidiera llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

"La situación actual de Doñana es crítica", aseguró Carmona que denuncia que los regadíos ilegales en la zona del Condado siguen sin cerrarse, el regadío sigue creciendo sin parar y aparece el avance de la agricultura intensiva al norte de Doñana, donde el régimen de estas tierras es el normal para las tierras agrícolas de modo que se está transformando rápidamente la marisma de Aznalcázar usando todo el agua del río Guadiamar.

Carmona se ha referido también a la falta de lluvias y aportes superficiales en cantidad suficiente provocan que la marisma norte dentro del Parque Nacional de Doñana lleve dos años prácticamente seca; las lagunas peridunares del espacio natural pierden superficie de forma continua e incrementan su temporalidad; el deterioro del acuífero, en cantidad y calidad de sus aguas, no cesa; y otras presiones sobre Doñana que se multiplican por el impacto evidente del cambio climático.

Entre sus propuestas WWF considera "imprescindible" que haya voluntad política y recursos para ejecutar el Plan de la Corona Forestal que languidece deliberadamente sin medios ni personal suficientes y propone la creación de una Oficina Técnica, con una figura de Coordinador del Plan con dedicación plena, y un equipo de trabajo que permita el correcto desarrollo de sus medidas.

Por último, la ONG recuerda que pese a que el acuífero ha sido declarado "en riesgo de no alcanzar sus objetivos ambientales", el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, debe cerrar "de forma inmediata" todas las captaciones ilegales que están robando el agua a Doñana e implantar "urgentemente" las medidas planificadas para las captaciones de Matalascañas y frenar aquellas infraestructuras hidráulicas al norte de Doñana destinadas a favorecer el avance de la agricultura intensiva y que provocarán la transformación irreversible de las valiosas marismas de Aznalcázar.

"El Plan Hidrológico 2021-2027 debería ser un antes y un después para Doñana", defiende la ONG.

En este contexto, el secretario general de WWF, Juan Carlos del Olmo, califica de "escándalo" esta condena a España porque provoca "un gran daño para la imagen internacional del país que no ha sido capaz de cuidar un espacio único como Doñana, propiedad de todos los europeos y patrimonio de toda la humanidad".

"Ahora seremos todos los ciudadanos los que paguemos las consecuencias de la inoperancia de las autoridades locales, autonómicas y centrales que han consentido el expolio y saqueo de Doñana y han cedido continuamente ante las presiones de la agricultura intensiva legal e ilegal como hemos denunciado desde WWF en innumerables ocasiones", ha lamentado.

Los grupos en el Gobierno, PNV y PSE, han aprobado este jueves, con el apoyo de Elkarrekin Podemos-IU, la ley de medidas para la gestión de la pandemia de la covid-19, también llamada Ley antipandemia, que quiere "dotar de seguridad jurídica" a las medidas que apruebe el Gobierno autonómico para hacer frente a la covid-19. El texto establece cinco niveles de alerta, con restricciones específicas para cada uno de ellos, y un régimen sancionador con multas de entre 100 y 600.000 euros.

El pleno de la Cámara vasca ha debatido la nueva norma, tramitada por el procedimiento de urgencia, que ha sido rechazada por EH Bildu, PP+Cs y Vox. La nueva ley tiene como base la proposición de ley presentada por los grupos en el gobierno, y aunque su aprobación estaba garantizada gracias a la mayoría que suman PNV y PSE en la Cámara, estos grupos han alcanzado un acuerdo con Elkarrekin Podemos-IU y el texto incluye 62 de sus enmiendas.

Esta ley pretende dar una respuesta, en el ámbito de las competencias vascas, "adaptada a las circunstancias concretas actuales de la pandemia por la covid-19" con el objetivo de "dotar de seguridad jurídica" a las medidas que adopte el Gobierno para contener la pandemia, y evitar situaciones como la que se produjo cuando el TSJPV anuló el cierre de la hostelería en los municipios con elevada incidencia de covid-19, que había sido decretado por el Ejecutivo autonómico.

La norma se estructura en seis títulos, que incorporan las disposiciones generales, la regulación de la situación de emergencia sanitaria, la ordenación de las organizaciones y sistemas públicos de protección, el sistema integral de información de salud para la gestión de la emergencia sanitaria, las medidas generales y específicas para cada uno de los cinco niveles de alerta y el régimen sancionador.

Además, establece que cada 15 días, el Gobierno Vasco comparecerá en el Parlamento para informar de la situación de la pandemia y de la aplicación de las medidas previstas, así como sobre la incidencia de las medidas en las relaciones sociales y la estrategia para "compensarlas".

USO DE MASCARILLAS

El artículo 20 que regula el uso obligatorio de mascarillas ha sido criticado por los grupos de la oposición, ya que el Gobierno central ha decidido que las mascarillas dejarán de ser obligatorias en el exterior si se mantiene 1,5 metros de distancia, desde el próximo 26 de junio.

La ley vasca aprobada este jueves establece que será obligatorio el uso de la mascarilla para las personas mayores de seis años, "con independencia de la distancia interpersonal, tanto cuando se esté en la vía pública y en espacios al aire libre, como cuando se esté en espacios cerrados de uso público o que se encuentren abiertos al público y se pueda concurrir en el mismo espacio con otras personas".

También incluye una serie de excepciones en las que se puede prescindir de ella y que el Departamento de Salud podrá eximir del uso de mascarilla para actividades sectoriales específicas, que podrán sujetarse a la realización de pruebas diagnósticas previas o a la acreditación de la inmunidad adquirida de los participantes por medio de un certificado médico, que aseguren que no son susceptibles de contagiarse entre sí.

El texto, que incluye un régimen sancionador con multas de entre 100 y 600.000 euros, establece tres estadios y cinco niveles de alerta, para cada uno de los cuales fija una serie de medidas preventivas que afectan a la movilidad nocturna, movilidad del territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi, limitaciones de aforo en establecimientos y actividades, restricción de horarios en hostelería y restauración, entre otras.

En el caso del 'nivel 1' de alerta, el más bajo --en tasas de incidencia en 14 días superiores a 1 e inferiores a 300 casos por cada 100.000 habitantes-- se determina que se acordarán "medidas circunstanciales de restricción de la movilidad nocturna", que habrán de respetar lo previsto en la declaración del estado de alarma, es decir, equivalentes al 'toque de queda --entre las 23.00 y las 6.00 horas--.

Asimismo, se prevé la posibilidad de "valorar, en su caso", la activación o desactivación de las restricciones de movilidad del territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Se fija el aforo de establecimientos y actividades en un 75% y las reuniones sociales no podrán superar el número de 35 personas en espacios cerrados.

En el caso del 'nivel 5' de alerta, el más alto --con tasas de incidencia superiores a 500 casos por cada 100.000 habitantes--, se intensificarán las medidas de restricción de la movilidad nocturna o de limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno. Además, se establece que se valorarán nuevas y "más eficaces" medidas de confinamiento individuales o para colectivos específicos, "previa justificación y autorización o ratificación judicial".

UN TEXTO PARA LA COVID-19

El parlamentario del PNV Luis Javier Telleria ha defendido que esta ley se ha hecho 'ad hoc' para la pandemia de la covid-19 y su vigencia será "lo que dure esta pandemia". Además, espera dar "seguridad jurídica" a las medidas que se adopten "exprimiendo al máximo las competencias, sin romper el marco jurídico actual". "Para posteriores pandemias, contaremos con la Ley de Salud Pública, prevista en el calendario legislativo", ha recordado a la oposición.

La parlamentaria de EH Bildu Rebeka Ubera ha afirmado que el Parlamento ha aprobado una ley que nace "muerta, invalidada" porque está "desfasada y superada" y ha puesto como ejemplo que contemple la obligatoriedad del uso de las mascarillas.

"Dice que es una ley para responder a la covid-19 pero no sirve ni para eso. Este es el reflejo del modelo de gestión del Gobierno: tarde, tropezando con la misma piedra y actuando con unilateralidad", ha denunciado antes de advertir de que la pandemia "no ha acabado" y es necesario "poner en práctica lo aprendido" con medidas "estrictas" con "amparo jurídico".

El parlamentario del PSE Ekain Rico ha explicado que se trata de un ley concreta, para una situación concreta: la situación sanitaria generada por la covid-19, por lo que no será una norma "aplicable a cualquier situación pandémica" porque ha afirmado que cada emergencia sanitaria requiere de una respuesta específica. Además, ha explicado que han rechazado las enmiendas de EH Bildu y Vox porque eran 'de facto' una enmienda a la totalidad.

La parlamentaria de Elkarrekin Podemos-IU Miren Gorrotxategi ha defendido la necesidad de estar preparados para "futuros rebrotes y variantes" y cree que el acuerdo alcanzado para apoyar la ley ha conseguido que esta norma sea "mejor", aunque "llega tarde". "El no por el no de poco sirve. Hay que negociar, debatir y ser constructivas. Con la ley antipandemia lo hemos sido", ha asegurado y se ha mostrado dispuesta a "pelear y negociar" otras leyes que lleguen a la Cámara.

La parlamentaria de PP+Cs Laura Garrido ha criticado que el recorrido de esta ley va a ser "escaso y nulo", ya que su eficacia "es cuestionable y su aplicación puede ser inexistente, viendo el escenario de desescalada actual". Además, cree que el acuerdo con Elkarrekin Podemos-IU estaba "blindado" y los grupos en el mismo han "tratado de vestir un acuerdo que se ha producido entre las alianzas que hay en Madrid y que también las quieren tener aquí".

La parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha destacado que habría presentado una enmienda a la totalidad si la ley se hubiera presentado por parte del Gobierno, ya que cree que la nueva norma es "inconstitucional" e "innecesaria". "Van a aprobar el uso obligatorio de mascarillas hasta en la terraza de su casa, justo el mismo día en el que el Gobierno español nos va a liberar de ellas en espacios públicos", ha afirmado.

El matrimonio infantil se ha duplicado "con creces" entre marzo y diciembre de 2020, con respecto al mismo periodo de 2019, según se desprende del estudio 'Rompiendo la cadena', publicado por la ONG World Vision. En este informe, los expertos también advierten de que el aumento de la pobreza por el Covid-19 agudice esta situación y deje a otros cuatro millones de niñas en riesgo de matrimonio infantil para 2022.

Este trabajo se ha realizado a través de los informes que recibió el personal de World Vision durante 2020, donde se detectó este aumento durante los meses de crisis sanitaria. La ONG sugiere que este aumento se debe a la pérdida de medios de vida durante la pandemia, al aumento de la pobreza y a la falta de acceso a la educación y a los servicios de apoyo.

Y es que, advierte el estudio, "cuando los niños no pueden continuar su educación, las familias luchan para llegar a fin de mes y se reduce el acceso a servicios básicos como la salud reproductiva, el riesgo de matrimonio infantil aumenta significativamente".

Algunas niñas son casadas por sus padres o cuidadores para aliviar la "carga" sobre la economía del hogar o para protegerlas de las crecientes amenazas de violencia. Otras se casan como resultado de un embarazo en la adolescencia, la muerte de los cuidadores principales y otras causas, apunta el estudio.

UN "FUTURO SOMBRÍO"

Pero además de los datos evidentes de 2020, la organización ha hecho varias previsiones basadas en evidencias de pandemias pasadas. Así, señala que, recientemente, UNICEF ha pronosticado 10 millones más de matrimonios infantiles durante los próximos 10 años, lo que, sumado a las proyecciones existentes que pronostican que 100 millones de niñas estarán en riesgo de matrimonio infantil para 2030, determina un "futuro sombrío para muchas niñas en todo el mundo", con el Covid-19 amenazando con "revertir 20 años de progreso en este ámbito".

La líder golbal de incidencia de World Vision, Dana Buzducea, ha señalado que la "infancia es sagrada" y considera "desgarrador" ver que cada año 12 millones de niñas se casan antes de cumplir los 18 años. "Cada una de ellas es una tragedia con efectos de largo alcance: pupitres vacíos en las aulas, niñas tratadas como una mercancía, y la pérdida del potencial económico y social de cada una", ha denunciado.

"La pandemia de Covid-19 y los confinamientos han aumentado la presión sobre las familias, amenazando el derecho de las niñas a vivir una infancia segura y a desarrollar su potencial", ha señalado.

Buzducea asegura que la sociedad no se puede permitir esperar, ya que se "arruinarán más vidas" cuanto más tiempo pase, "a menos que se realicen cambios cruciales para proteger a las jóvenes". "Los gobiernos, los donantes y los socios deben hacer más para garantizar el cumplimiento de las leyes que protegen a los niños y niñas y diseñar una respuesta global sólida para acabar con el matrimonio infantil", ha reclamado.

ELEVAR LA EDAD MÍNIMA DE MATRIMONIO

World Vision sostiene, en este sentido, que la comunidad internacional debe trabajar para elevar la edad mínima para contraer matrimonio a los 18 años y garantizar la presencia y aplicación de leyes de prevención del matrimonio infantil.

En concreto, recomiendan diseñar, implementar y ampliar iniciativas de sensibilización y asociarse con líderes religiosos y comunitarios; aumentar la inversión en becas de acceso a la salud sexual y reproductiva, formación profesional y actividades de subsistencia para los niños y sus familias; así como en intervenciones de protección social y fortalecimiento económico.

Además, piden empoderar a las niñas y los niños con información, habilidades y redes de apoyo para prevenir el matrimonio infantil, así como apoyar su capacidad, conocimientos y habilidades cívicas y políticas para participar en los procesos de toma de decisiones.

Los expertos señalan que esta investigación reafirma el hecho de que postergar las uniones de hecho y matrimonios y mantener a la niñas en el sistema escolar es clave para mejorar su desarrollo y optimizar sus oportunidades económicas y sociales a futuro.

TESTIMONIOS

El estudio recoge casos concretos, como el de Khatema, de 9 años, una niña de Afganistán cuyo padre decidió casarla con un hombre mayor. "Le dije a mi padre que no me casara. Le dije que quería ser una profesora en el colegio de la aldea. El me miró en silencio y se fue de la casa", narra la joven.

También destaca el caso de Verónica, de 18 años, una joven que mientras estudiaba en la escuela secundaria en su ciudad de natal en Uganda comenzó a salir con un hombre mayor. Una noche, al llegar a casa su madre le acusó de promiscuidad y la golpeó, tras lo cual se negó a seguir pagando su educación y la envió a vivir con su novio porque "ahora su responsabilidad era casarse".

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, pese a reconocer que aunque "nadie lo esperaba" la evolución de la pandemia está siendo muy positiva gracias a la vacunación, ha insistido en pedir "mucha prudencia" porque "al virus hay que rematarlo", al tiempo que ha instado a "no olvidar" para "no caer en el mismo error".

De este modo se ha pronunciado el titular del Ejecutivo castellanomanchego en el acto de inauguración del monumento que en homenaje a las personas fallecidas en la pandemia luce en el patio principal del Convento de San Gil, sede del parlamento regional.

En este marco, donde ha reconocido que a su Gobierno y a todos los demás "les vendría muy bien enterrar el problema, sabiendo que la sociedad tiene derecho a pasar página y a perder el miedo", ha insistido en que "no tenemos derecho a olvidar, y las instituciones menos" y en que a nadie le interesa olvidar, porque "el que olvida puede cometer el mismo error".

El titular del Ejecutivo regional ha agradecido la disposición de la Mesa de las Cortes para que la escultura viese la luz, voluntad que ha tildado de acto de "inteligencia", pues se ha mostrado convencido de que si se quiere que el propósito dure, la mejor manera de hacerlo es a través de la cultura y del arte.

"Enrique de Lucas esto lo ha hecho siempre maravillosamente bien y creo que, a través de la escultura, ha resumido nuestras impresiones, decepciones, coraje e impotencia", ha afirmado García-Page, que ha valorado que a la puesta de largo de esta escultura haya acudido una representación sintética de todas las instituciones para dejar claro que, "muy lejos de lo que pueda pensarse", el propósito del Gobierno regional es que "lo que ha pasado no se olvide nunca". "No se si eso trae o no mejores consecuencias políticas pero no tenemos derecho a olvidar y las instituciones menos".

PIDE DISCULPAS A LOS AFECTADOS

Tras asegurar que los puños que forman la escultura representan "impotencia", ha querido hacer autocrítica y pedir disculpas a las personas y familias que se han visto afectadas por el COVID-19, así como a "la gente que ha vivido aterrorizada y todavía hoy sigue con mucho miedo".

"Pedir sinceramente disculpas a la gente porque es evidente que la administración en su conjunto, los gobiernos, el mío también, nos vimos sobrepasados, y la inmensa mayoría de la gente de buen corazón sabe a estas alturas que Castilla-La Mancha no podía ser una excepción en España, España en Europa y Europa en el planeta".

"El mejor homenaje que se puede hacer a la cantidad de gente que se ha ido es eternizar este dolor y este sentimiento, inédito en la sociedad española, en una escultura que representa la impotencia que sentimos todos, pero también el puño representa coraje".

"Autocrítica, coraje y memoria. No nos interesa a nadie olvidar, porque el que olvida empieza a cometer el mismo error, aunque solo sea como advertencia de que hay que prepararse no ante lo que conocemos, sino ante lo que no se conoce, y eso es muy complicado, porque nadie nos dice que no va a venir otro virus, mañana o pasado", ha advertido García-Page, que ha destacado no obstante, que se han ensayado ya muchos mecanismos de coordinación entre las administraciones, a lo que se une un comportamiento mayoritario ejemplar de la sociedad española.

"El mejor homenaje podemos hacer a fallecidos, a los que todavía están hospitalizados es mantener la prudencia, que esto no ha pasado todavía. Aunque hemos entrado en una fase muy buena para recuperar la normalidad, esto no ha pasado y durante mucho tiempo tendremos que convivir con la prudencia que requiere un fenómeno de esta naturaleza, que como vemos esta variando y cambiando", ha incidido.

Por ello, ante esta situación, que según ha advertido hará que los gobiernos sigan "alerta" e intervenido "política y legalmente", ha abundado en pedir a la sociedad que a este homenaje del arte y de la cultura le siga el de mantener la prudencia. "Al virus hay que rematarlo y mantenerse alerta por si vienen más", ha concluido.

La vicesecretaria de Política Social del PP, Ana Pastor, ha criticado el uso político que ha hecho el Gobierno al levantar el uso obligatorio de la mascarilla en exteriores a partir de este sábado y ha pedido que esta medida se base en criterios "técnicos y científicos".

Pastor, que es médico de formación, ha señalado que hay que ser "prudentes" con la relajación de restricciones frente a la covid-19 y que no se puede pasar "del todo a la nada en un día", en una entrevista en TVE este jueves.

Así, ha destacado que las mascarillas han salvado "muchísimas vidas" y su retirada tiene que realizarse atendiendo a criterios "técnicos y científicos", de modo que "en función de la situación epidemiológica se puedan ir tomando medidas".

Asimismo, ha criticado que el Gobierno haya utilizado este asunto "políticamente" y que el presidente Pedro Sánchez realizara este anuncio "por su cuenta". Pastor, ha recordado que este miércoles las comunidades autónomas le afearon a la ministra de Sanidad, Carolina Darias que no se podía actuar "de esa manera".

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN VACUNACIÓN

Respecto a la comisión de investigación sobre el proceso de vacunación que se ha constituido en el Congreso, Pastor ha señalado que ha habido "muchos incidentes" y quieren que se den explicaciones en el Parlamento sobre ellos.

En este sentido, ha criticado que hubiese "17 calendarios de vacunación" que no se informó adecuadamente sobre la llegada de la variante británica del coronavirus a España y no hicieron análisis de las distintas variantes.

Además, ha explicado que en la comisión se abordará también incidentes sobre la llegada de vacunas y la distribución territorial o por qué hubo un momento en el que "desaparecían las estadísticas" porque las explicaciones han sido "siempre, muy escasas".

El Pleno del Congreso ha instado este jueves al Gobierno a tomar medidas para luchar contra la proliferación de los delitos de odio, con campañas institucionales específicas para su prevención y también para concienciar sobre los riesgos de la desinformación, una moción que ha contado con el rechazo de PP, Vox y Ciudadanos, ue aseguran temer una 'caza de brujas'.

La iniciativa se ha aprobado a instancias del PSOE, Unidas Podemos y ERC que pactaron una moción derivada de la interpelación que, sobre el auge de la extrema derecha, los independentistas dirigieron la semana pasada al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.

Inicialmente ERC pretendía que el Congreso aprobase un texto para emplazar al Ejecutivo a analizar el "activismo ideológico de la ultraderecha" en la Administración y los poderes del Estado, incluyendo la Justicia, y en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el Ejército. "Al fascismo, a la extrema derecha franquista, ni agua", proclamó durante el debate la diputada de ERC María Carvalho.

Sin embargo, los de Gabriel Rufián acabaron aceptando una enmienda del PSOE y el grupo confederal en la que, por ejemplo, desaparecían las menciones a la ultraderecha y a las Fuerzas Armadas, y que es la que se ha aprobado con los votos del PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV o Bildu.

Durante la discusión de esta iniciativa en el Pleno del pasado martes, los socialistas señalaron que existen muchas formas de combatir el fascismo, mientras que su socio de Gobierno, Unidas Podemos, apuntó directamente al cierre de los CIEs, el fin de las devoluciones en caliente o garantizar la igualdad entre hombres y mujeres.

Por contra, el PP, Vox o Ciudadanos rechazaron el texto apuntando que se trata de una moción "consecuencia de odio" que pretende que el Gobierno impulse "una caza de brujas", según apuntaron los 'populares'; sobre todo cuando es la propia ERC la que cumple, a juicio de Cs, con las características propias de la ultraderecha: "pasado mítico inventado, adoctrinamiento, victimización o racismo".

Y Vox, al que se dirigieron todas las críticas, se defendió cuestionándose que le llamen ultraderecha "por defender la Constitución, la vida, la familia, la igualdad de todos los españoles, el Estado de Derecho o la separación de poderes", entre otras cosas.

NO DISCRIMINACIÓN

En concreto, con la moción aprobada, el Pleno insta al Gobierno a poner en marcha medidas y planes efectivos para promover la igualdad de trato y no discriminación en la Administración General del Estado y en los poderes del Estado, incluyendo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el Poder Judicial.

También le pide que realice una evaluación y "un plan de mejora de toda la acción del Gobierno relativa a la lucha contra los delitos de odio, en colaboración con el resto de administraciones públicas, el Defensor del Pueblo y la sociedad civil".

El último punto de la moción, incluye un llamamiento al Ejecutivo para promover campañas institucionales para la prevención de delitos de odio y para concienciar a la población sobre los riesgos de la desinformación en redes sociales e Internet.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha descartado que el Gobierno vaya a conceder un indulto anticipado al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, actualmente huido de la justicia en Bélgica, aunque ha reconocido que la ley contempla dicha posibilidad.

En una entrevista en Onda Cero, Campo ha señalado que el Gobierno "no lo contempla bajo ningún concepto" aunque ha reconocido que existe una previsión en la ley que lo haría posible.

Campo se ha expresado así ante la pregunta de la posición del Gobierno sobre un posible indulto anticipado a Puigdemont que se está planteando desde el entorno independentista, una vez que ya se han aprobado los indultos a los líderes del procés que estaban presos.

En esa misma línea, Campo ha señalado que Puigdemont "sabe" que no está amparado por la inmunidad del Parlamento Europeo y ha reiterado que si regresa a España será detenido y juzgado.

REFORMA DEL CÓDIGO PENAL, A LA ESPERA DE "MAYORÍAS" PARA APROBARLA

Campo también ha rechazado que la reforma del Código Penal esté congelada y por el contrario ha señalado que se encuentra "en estudio" al tiempo que ha refutado que se vaya a realizar con la finalidad de reducir las penas del delito de sedición.

"No es con esa finalidad" ha afirmado, si no "una reforma profunda del bien jurídico orden público". Así ha señalado que sería "absurdo" abordar una reforma que requiere "de unas mayorías" sin contar con el respaldo parlamentario necesario.

CONVOCATORIA DE REFERÉNDUMS ILEGALES EN EL CÓDIGO PENAL

Campo también ha afirmado que la intención del grupo socialista de volver a introducir en el código penal la convocatoria de referéndums ilegales, que anunció en su campaña electoral, no está ni "aplazada" ni "descartada" pero que "todo a la vez no se puede".

"No se puede meter en una cocción muy buenos elementos porque al final tendríamos un mal alimento", ha apuntado. "Hay que hacerlo en su momento, viendo los apoyos con los que se puede contar y con el sosiego necesario".

El Tribunal Militar Territorial Primero, con sede en Madrid, ha dado por preparados los recursos de casación anunciados por la familia y la pareja del soldado de Infantería de Marina sevillano Antonio Carrero Jiménez, fallecido el 18 de mayo de 2018 en Mali al volcar el todoterreno militar modelo Iveco Lince en el que viajaba, contra el auto en el que dicha instancia judicial resuelve el "sobreseimiento definitivo" de la causa incoada con relación al citado accidente mortal de tráfico.

Con ello, según han precisadofuentes de la representación de la familia del militar fallecido, ambas partes habrán de formalizar ahora sus recursos de casación con destino a la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, al objeto de que dicha instancia se pronuncie sobre los mismos.

En el auto impugnado, que ratifica la propuesta de "sobreseimiento definitivo" elevada por la titular del Juzgado Togado Militar encargado de instruir las actuaciones, el Tribunal Militar Territorial Primero da cuenta del mencionado accidente, acontecido el 18 de mayo de 2018 en la carretera Sevaré a Kuolikoro, en Mali, en el marco de un convoy militar español encuadrado en una misión internacional.

Según los hechos considerados como acreditados, en la citada carretera circulaba, entre los diferentes vehículos, "un autobús que se movía en zig-zag" y a "alta velocidad" pese a las "malas condiciones" de la vía.

El conductor de dicho autobús habría "perdido el control" del mismo, derrapando el vehículo, ante lo cual el conductor del todoterreno militar modelo Iveco Lince en el que viajaba como tirador el soldado Antonio Carrero Jiménez, para evitar una "inminente colisión frontal" con el citado autobús, efectuó "un volantazo" para esquivarlo, fruto de lo cual el todoterreno militar acabó volcando, con el resultado de la muerte del tirador.

LA ITV

El auto señala que durante la instrucción de la causa, en la que la familia del soldado fallecido señalaba "graves irregularidades" relacionadas con la seguridad del vehículo accidentado, ha quedado probado que el todoterreno militar modelo Iveco Lince siniestrado había sido sometido en septiembre de 2017 a una inspección técnica de vehículos (ITV) en Asturias, con resultado "desfavorable" por "defectos graves" al contar con neumáticos "no coincidentes con los incluidos en la homologación de tipo o sus equivalentes".

A partir de tal premisa, el Tribunal Militar Territorial Primero expone que las pruebas periciales practicadas sobre el accidente reflejan que no medió "negligencia" humana en el mismo, pues el conductor del vehículo militar "realizó una dificultosa maniobra evasiva en una carretera que no estaba en buenas condiciones y con un vehículo con cierta inestabilidad y propensión al vuelco en circunstancias exigentes como la acaecida".

El auto profundiza especialmente en el aspecto de los "defectos graves" del vehículo señalados insistentemente por la familia del militar fallecido, exponiendo que "tras las diligencias de investigación", ha quedado de relieve que "tales defectos son un error" sólo calificable como "formal o administrativo", en referencia expresa al resultado desfavorable de la ITV a la que fue sometido el todoterreno en septiembre de 2017.

LOS NEUMÁTICOS

Al respecto, precisa que "el defecto encontrado se refería exclusivamente a unos neumáticos no coincidentes con los incluidos en la homologación de tipo equivalentes", extremo derivado de que "en la ficha que se examina en la inspección no constaba la información de que el vehículo podía montar los neumáticos que efectivamente llevaba, que sí figuran en la ficha reducida de Iveco", tratándose de los neumáticos que "fueron los entregados por el fabricante, que se recogen en la inspección del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) y que son los que montan los vehículos del mismo modelo, además de ser los que debía llevar debido al sistema de autoinflado".

Es decir que dicha ITV con resultado desfavorable fue fruto de "una mera errata, no habiendo además indicios de que los neumáticos tuvieran ningún tipo de relación con el resultado del accidente".

Es por ello que el Tribunal Militar Territorial Primero valora la "practica probatoria" que conduce a la "convicción final" de que "el vehículo se encontraba en perfectas condiciones, no existiendo ningún fallo que hubiera podido generar el accidente o incrementar su resultado".

En consecuencia, a través de este auto de fecha 8 de abril, el Tribunal Militar Territorial Primero resuelve el "archivo definitivo" de las actuaciones, si bien se trata de una decisión susceptible de recurso de casación ante la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo.

El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha cuestionado este jueves la nueva regulación que aprobará el Consejo de Ministros para que las mascarillas dejen de ser obligatorias en el exterior si se mantiene 1,5 metros de distancia o cuando se vaya con personas convivientes aunque se deberán seguir llevando siempre encima porque "no hay evidencia científica de que la mascarilla en el bolsillo sea efectiva".

Aguirre se ha pronunciado de este modo en una entrevista en Antena 3 Televisión, al ser preguntado por las condiciones del fin del uso obligatorio de la mascarilla al aire libre a partir del próximo sábado 26 de junio anunciadas por la ministra de Sanidad, Carolina Darias, tras la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

Tras criticar que la nueva regulación sobre el uso de las mascarillas se "debería haber debatido dentro del Consejo Interterritorial porque la ministra lo que hizo fue informarnos", el titular andaluz de Salud ha asegurado que "no hay evidencia científica de que la mascarilla en el bolsillo sea efectiva". "La mascarilla es efectiva cuando te tapa las fosas nasales y la boca. Llevarla en el bolsillo no creo que sea oportuno", ha subrayado.

En su opinión, poner fin al uso obligatorio de las mascarillas en el exterior "hace bajar la percepción del riesgo de la población general en un momento de incertidumbre porque vemos un aumento de la incidencia acumulada en otros países como consecuencia de la variante Delta y en España como consecuencia del contagio entre los menores".

"Quitar la mascarilla hace percibir como si hubiéramos vencido el virus y el virus lo tenemos entre nosotros", ha añadido Aguirre, que ha explicado que Andalucía propuso en el Consejo Interterritorial "mantener todavía la mascarilla obligatoria en exteriores, sobre todo en zonas o distritos sanitarios de incidencia acumulada alta en grado tres o grado cuatro", si bien ha querido dejar claro que la Junta será "leal" ante un Real Decreto "de obligado cumplimiento".

ANDALUCÍA NO REGISTRA CONTAGIO COMUNITARIO POR LA VARIANTE DELTA

Preguntado por el hecho de que Andalucía sea la única comunidad en riesgo alto con la mayor tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes en 14 días, el consejero de Salud ha admitido su "preocupación" aunque la incidencia "va bajando con áreas y distritos sanitarios con incidencia por debajo de cien y otras en la que está muy alta, como es el caso específico de la ciudad de Córdoba".

"Sabemos que no tenemos la variante Delta ahora mismo en contagio comunitario y la tenemos controlada, pero tenemos que estar expectantes, preocupados y preparados ante su posible incidencia", ha añadido Aguirre, que ha destacado que la buena evolución de los ingresos hospitalarios porque "el aumento de la incidencia acumulada en Andalucía es por personas jóvenes de 15 a 29 años que no repercuten directamente en los ingresos hospitalarios".

No obstante, ha insistido en la necesidad de estar alerta ante la evolución de la pandemia en otros países con mayor índice de vacunación como Israel, Reino Unido o Portugal y ha señalado que la variante Delta "tiene una contagiosidad entre un 70 y un 90% mayor que la cepa británica".

Por último, Aguirre ha agradecido el "comportamiento ejemplar" de los andaluces durante las celebraciones de la noche de San Juan en una comunidad con mil kilómetros de costa que evidencia que "la sociedad andaluza está muy concienciada y sensibilizada" y ha lamentado la "permisividad administrativa que ha habido en las playas catalanas, que lleva a una disminución de la percepción de riesgo y a un posible aumento exponencial de los contagios".

Las temperaturas máximas subirán este jueves de forma generalizada en el interior peninsular, así como las mínimas, que subirán en el interior de la mitad sur, en una jornada en la que predominarán los cielos despejados, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Durante este jueves, en la mayor parte del país predominarán los cielos poco nubosos o despejados. No obstante, habrá nubosidad abundante y precipitaciones en el Cantábrico más oriental y norte de Navarra, abriéndose claros por la tarde.

También estará nuboso en el resto del área pirenaica y el extremo noreste de Cataluña, con algunos chubascos por la tarde. Asimismo habrá áreas con intervalos de nubes bajas, a primeras horas en el alto Ebro, sistema Ibérico, Baleares y litoral sureste peninsular, y durante todo el día en el área del Estrecho y resto del Cantábrico.

Por último, se espera nubosidad de evolución diurna en el interior del norte y este peninsular y también en Mallorca, sin descartar algún chubasco débil por la tarde en esta isla y en la Ibérica oriental. Tampoco se descarta alguna lluvia débil y local en el norte de las Canarias de mayor relieve.

Las temperaturas máximas bajarán en el área del Estrecho y subirán de forma generalizada en el interior peninsular. Las mínimas subirán en el interior de la mitad sur y bajarán en el interior de la mitad norte peninsular. En el resto se esperan pocos cambios. En general, las temperaturas estarán en valores cercanos a los normales para finales de junio, pero con las mínimas del interior norte claramente por debajo.

Por último, habrá predominio de viento de componente norte en la mitad norte peninsular, Baleares y Canarias, y de componente este en el sur y sureste peninsular. Asimismo, soplará viento de Levante fuerte o con intervalos de fuerte en el Estrecho y el litoral almeriense y se producirán intervalos de noreste fuerte en el litoral coruñés.

El viento provocará mala mar en Cádiz, donde se ha decretado aviso de nivel amarillo (riesgo) por fenómenos costeros.

El Pleno del Congreso aprueba este jueves que la comisión de investigación sobre la denominada 'operación Kitchen' pueda alargar sus trabajos hasta el próximo 31 de diciembre. En todo caso, la previsión es la actividad de la comisión no se retome hasta después del verano, ya en septiembre, cuando arranque el nuevo periodo de sesiones.

Fue hace dos semanas cuando la comisión acordó solicitar esta nueva prórroga y lo hizo con el voto en contra del PP, el único partido que desde el principio se opuso a abrir pesquisas sobre la trama supuestamente urdida desde el Ministerio del Interior, en la etapa de Jorge Fernández Díaz, para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y hacerse con pruebas que pudieran implicar a dirigentes del partido en casos de corrupción.

El Pleno dio el visto bueno a la creación de esta comisión, a instancias del PSOE y Unidas Podemos, el pasado 1 de octubre, pero el órgano que preside la socialista Isaura Leal no se constituyó hasta finales de diciembre y las comparecencias no empezaron hasta marzo.

La comisión nació con un mandato de tres meses por lo que, nada más arrancar los interrogatorios, hubo de solicitar una nueva prórroga hasta finales de junio, pero que, al final, tampoco ha sido suficiente.

En este tiempo la comisión ha recibido a 27 comparecientes entre policías y expolicías, víctimas, implicados en el espionaje y responsables políticos y llegó a tener programados los interrogatorios a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal; el exministro Jorge Fernández Díaz, y el expresidente Mariano Rajoy.

CAMBIO DE PLANES

La previsión a principios de junio todavía era poder aprobar sus conclusiones a finales de este mes, pero la imputación de Cospedal apenas horas antes de que tuviera que comparecer en el Congreso provocó un cambio de planes.

El PSOE planteó suspender su interrogatorio, dada su nueva situación procesal, la mayoría de la comisión aceptó y, después, las dos formaciones que integran el Gobierno de coalición apostaron por solicitar la nueva prórroga que se aprueba este jueves. También se suspendieron las comparecencias de Rajoy y Fernández Díaz, inicialmente previstas para el 10 de junio.

Cuando retome sus trabajos, además de buscar nuevas fechas para los comparecientes que han quedado pendientes, la comisión tendrá que decidir si vuelve a citar a algunos de los que ya han desfilado por la misma y si realiza nuevos interrogatorios, sobre todo si continúa creciendo la lista de imputados.

Por lo pronto, Vox y Unidas Podemos tienen solicitada la comparecencia de la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y los de Santiago Abascal piden también la del exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán, dado que algunos de los comparecientes han apuntado a la implicación de ambos en la trama.

CASADO Y SÁENZ DE SANTAMARÍA

El nombre de la que fuera 'número dos' del Gobierno de Rajoy ya fue incluido en las peticiones de comparecencia de Unidas Podemos, ERC y Junts, pero quedó fuera del listado inicial acordado por la comisión. Ahora vuelve a estar sobre la mesa y el PSOE no descarta apoyar su citación.

De su lado, Unidas Podemos y ERC quieren que se cite al presidente del PP, Pablo Casado. Esquerra fue el único grupo que incluyó el nombre de Casado en su primer listado de comparecientes, pero su citación no salió adelante para la primera tanda de interrogatorios.

Unidas Podemos siempre defendió interrogarle, pero cuando arrancaron los trabajos de este órgano no propuso formalmente su comparecencia porque no llegó a un acuerdo con el PSOE. Ahora que se abre la posibilidad de plantear nuevas comparecencias, ERC está decidida a volver a intentar que se llame a Casado. Unidas Podemos lo considera pertinente e intentará convencer al PSOE que, de momento, no lo ve necesario.

Además, según han avanzado fuentes de esta formación, ERC es partidaria de volver a interrogar a los policías Enrique García Castaño y Andrés Gómez Gordo. Entre los políticos, verían oportuno que volviera al Congreso ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y, además, intentarán de nuevo que en la próxima tanda de comparecencias se incluya al expresidente del Gobierno y del PP José María Aznar.

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea van a enviar este jueves un nuevo mensaje de rechazo a los países que como Marruecos o Bielorrusia tienen su frontera con territorio europeo e "instrumentalizan" a los migrantes con fines políticos y para presionar a la UE.

"El Consejo europeo condena y rechaza todo intento por terceros países de instrumentalizar a los migrantes con fines políticos", indica el último borrador de las conclusiones que los Veintisiete negocian para su adopción durante la cumbre de líderes de la UE que se celebra este jueves y viernes en Bruselas.

La referencia al uso del flujo migratorio para presionar a la Unión Europea evita "voluntariamente" poner nombre a los países terceros a los que se refiere, según han explicado fuentes europeas consultadas, porque las capitales querían evitar establecer una "lista".

Sin embargo, las mismas fuentes conceden que la crisis de mayo en Ceuta por el paso masivo de migrantes con la connivencia de las autoridades marroquíes y el caso de Bielorrusia, que facilita el paso de refugiados iraquíes a Lituania, están en la raíz de este párrafo.

Un alto funcionario europeo confirma que el mensaje no está dirigido a un único país porque la situación de presión se está viendo "en diferentes puntos" de entrada a Europa.

Esta referencia se enmarca en un capítulo sobre migración previsto en las conclusiones escritas de la reunión de los 27 líderes, después de que el primer ministro italiano, Mario Draghi, reclamara un debate en profundidad del Consejo europeo sobre la gestión migratoria.

Draghi quería que los líderes abordaran cara a cara las dificultades para sacar adelante la reforma de la política común de asilo y migración, una revisión que permanece bloqueada desde hace años por las diferencias dentro de la propia UE, dividida entre los países en primera línea que piden más solidaridad de sus socios -como España, Italia y Grecia- y los que como Hungría rechazan de plano todo reparto de la carga de la acogida.

Por el momento, conscientes de que la cuestión de la solidaridad entre países y responsabilidad de cada uno es el principal escollo, los mandatarios se centrarán en la dimensión exterior del asunto, con el reto de reforzar la cooperación con los países de origen y tránsito de los migrantes que llegan de manera irregular a la UE.

De esta discusión se espera que los líderes pidan a la Comisión Europea que proponga "acciones concretas" y un "apoyo tangible" para los países terceros desde los que parten la mayoría de migrantes que buscan refugio en la UE.