El jefe de la Policía con el Gobierno del PP cuando ocurrió la ‘Operación Kitchen’ que investiga la Audiencia Nacional se ha negado este jueves a colaborar con los grupos políticos que forman parte de la comisión de investigación en el Congreso de los Diputados. «Con el debido respeto, no voy a contestar a ninguna pregunta, ni a un saludo», ha asegurado.

El que fuera director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, uno de los mandos investigados en esta pieza del ‘caso Villarejo’, ha pedido la palabra antes de que le hicieran ninguna pregunta para advertir que la «actitud investigadora» de la comisión del Congreso «no es jurisdiccional» y sí «de naturaleza política».

En su opinión, la comisión de investigación del Congreso lo que hace es «emitir juicios de oportunidad política», por lo que reconoce que está obligado a comparecer pero no a declarar. «Argumentos que aquí se exponen carecen de idoneidad jurídica y la condición de certeza sólo la garantiza el proceso judicial», ha leído Pino, que se ha escudado en su derecho de defensa y en el secreto de sumario.

«Resulta muy lamentable», ha señalado el portavoz del PSOE, Felipe Sicilia, que ha relacionado su negativa a colaborar con su deseo de «tapar» el presunto delito que habría cometido al participar en el operativo al margen de la tutela judicial para sustraer información sensible al extesorero del PP Luis Bárcenas.

Eugenio Pino, con mascarilla con la bandera de España y casi siempre cruzado de brazos, ha guardado silencio, sólo interrumpido con frases como «sin comentarios» o «no voy a contestar».

El diputado del PSOE, el primero en tomar la palabra para interrogar al compareciente, le ha recordado que otros mandos policiales sí han contestado a aquello que entendían que no afectaba a su estrategia de defensa.

En su intervención, Felipe Sicilia le ha reprochado a Pino que ni le mirara cuando le hacía las preguntas. «Le agradecería que me prestara atención, cuanto menos, que me atienda. Si quiere no me conteste, pero que los ciudadanos al menos vean que tiene educación», le ha dicho al que fuera DAO en la etapa de Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior.

Las fuerzas de seguridad marroquíes han rechazado a primeras horas de este jueves a centenares de migrantes que pretendían acercarse a la doble valla de Melilla para intentar superarla mientras efectivos de la Guardia Civil han estado alertados en la ciudad española por si tenían que intervenir al tiempo que su helicóptero ha sobrevolado toda la noche el perímetro fronterizo.

Según han informado fuentes policiales, los migrantes han querido aprovechar la celebración de la pascua final del Ramadán, ante la suposición de una posible relajación policial, para realizar un intento de entrada en Melilla, pero ha sido la propia policía marroquí, dentro de su territorio, la que ha evitado que se acercaran a la doble alambrada de seis metros de altura cada una.

Los movimientos de las migrantes se han registrado durante la madrugada y primeras horas de este jueves en la zona que va desde Barrio Chino a Beni-Enzar, pero fueron interceptados por las Fuerzas Auxiliares de Marruecos que vigilan su lado de perímetro fronterizo.

Mientras tanto, un helicóptero de la Guardia Civil ha sobrevolado durante esas horas la zona para ver desde el aire los pasos que daban los migrantes, en su recorrido hacia la valla, al tiempo que desde Melilla los efectivos terrestres estaban en alerta por si fuera necesaria su intervención, algo que no fue necesario porque los agentes marroquíes consiguieron dispersar a los grupos numerosos de subsaharianos que quería aproximarse.

La última intentona de entrada irregular en Melilla se produjo el pasado 26 de abril. Ese día, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado abortaron el intento de entrada de unos 60 migrantes por Melilla aquella noche a través de la valla que le separa con Marruecos, unas horas después que otros 50 hubieran accedido a nado a Ceuta

El hasta ahora subdelegado del Gobierno en Valencia, Rafael Rubio (PSPV), ha salido sobre las 16 horas de su vivienda en un vehículo de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), después de que esta haya registrado el inmueble durante toda la mañana.

La UCO ha detenido este jueves a Rubio y al exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau (PP), en una presunta trama de corrupción, la conocida como caso Azud. Ambos están acusados de cobrar mordidas a cambio de adjudicaciones de infraestructuras.

Rubio, quien ocupó en su día el cargo de portavoz socialista en el consistorio valenciano y se encargó de cuestiones relacionadas con el urbanismo, ha sido detenido en su domicilio en el distrito valenciano del Pla del Real, hasta donde se habían trasladado diferentes agentes para realizar un registro.

Los efectivos de la UCO han introducido diferentes objetos como carpetas y documentos en sus vehículos. Sobre las 16.00 horas, los agentes de la Guardia Civil han retirado a la prensa de las puertas del garaje de la vivienda de Rubio y han despejado la vía para permitir la salida de tres vehículos.

En el último de los coches viajaba Rubio, que ya ha sido cesado de su cargo público y el PSPV-PSOE también le ha suspendido de militancia.

Asimismo, la UCO también se ha trasladado a primera hora de este jueves hasta el domicilio de Grau, mano derecho de la exalcaldesa fallecida Rita Barberá, para practicar otro registro.

Se trata de la segunda fase del caso Azud, en el que el Juzgado de Instrucción número 13 de València investiga presuntas mordidas con facturas supuestamente ficticias que varias empresas adjudicatarias de obra pública del Ayuntamiento de València habrían realizado.

La causa, que arrancó hace tres años y permanece secreta, está abierta por delitos de cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.

En una primera fase del procedimiento se detuvo al abogado José María Corbín, cuñado de Barberá, y al letrado Diego Elum, aunque posteriormente ambos quedaron en libertad con medidas. Junto a ellos figuran como investigados la mujer y las hijas de Corbín.

IMELSA Y CASO RELOJES

Rafael Rubio, exdiputado provincial, se encuentra procesado en otro procedimiento, una de las piezas del caso Imelsa en la que se han investigado contrataciones presuntamente irregulares en las empresas públicas de Imelsa y Ciegsa.

Tras conocerse su procesamiento en este procedimiento, Rubio se desvinculó de los hechos y aseguró que fue «extremadamente escrupuloso» con los contratos que hizo en 2011 a dos asesoras a su cargo en la Diputación, unas plazas que no se crearon a instancia suya. También negó pertenecer a ninguna organización criminal.

Por su parte, Alfonso Grau fue condenado a cuatro años de cárcel –una pena ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV)– por aceptar relojes de lujo de un contratista del Ayuntamiento, cambiarlos por otros más caros y pagar la diferencia. También está siendo investigado en el caso Imelsa.

Las ONG ambientales han celebrado el paso dado por el Parlamento al aprobar la primera Ley de Cambio Climático y Transición Energética de España que, aunque con años de retraso tras la firma del Acuerdo del Clima de París, confían en que permita encarar la necesaria acción contra la emergencia climática. No obstante, en declaraciones han lamentado la falta de ambición que el texto aprobado recoge para lograr limitar el ascenso de la temperatura global.

Tras la votación en el Pleno del Congreso del texto definitivo que marcará la senda de reducción de emisiones hasta alcanzar la neutralidad climática en 2050, la responsable de Justicia Climática de Amigos de la Tierra, Cristina Saavedra, ha manifestado que la ONG no puede evitar celebrar la aprobación de una ley de estas características, aunque considera que el Gobierno está «perdiendo una oportunidad con un texto excesivamente flojo».

En su opinión, es una ley «muy por debajo de las necesidades estatales e internacionales que la ciencia ha marcado para evitar las peores consecuencias de la crisis climática. «No tiene en cuenta su responsabilidad histórica como país industrializado frente a los países del Sur Global, territorios y comunidades más vulnerables que más están sufriendo los impactos de la emergencia climática sin tener apenas responsabilidad sobre ella», lamenta.

Por su parte, el responsable del programa de cambio climático de Ecologistas en Acción, Javier Andaluz, ha lamentado sin embargo que después de «dos años de trámite» la ley de cambio climático es «insuficiente», incorpora objetivos por debajo de los necesarios y no concreta medidas en sectores clave en la descarbonización. Por ello, reclama un «debate más profundo» y un mayor compromiso que recoja las recomendaciones de las ONG.

En definitiva, considera que la nueva ley es una «oportunidad perdida» para impulsar un cambio de lo global a lo local que consiga reducir los «importantes impactos climáticos y sociales». Por ello, recuerdan que para alcanzar la estimación de reducción de emisiones de un 7,6 por ciento anual hasta 2030, España debería reducir al menos un 55 por ciento sus emisiones de gases de efecto invernadero en esta década, frente al 23 por ciento que ha establecido la nueva norma.

En definitiva, Andaluz sostiene que «no se puede pensar que con esta ley se han cumplido suficientemente los objetivos climáticos» sino que es preciso acometer una revisión profunda para alinear los objetivos climáticos recogidos en el texto con las recomendaciones científicas.

Por su parte, Greenpeace considera que la nueva ley «no responde a al emergencia climática» y tiene un punto de partida «poco ambicioso» e «insuficiente» para cumplir el Acuerdo de París ya que «nace mucho más débil de lo que sería necesario». Por ello, señala que el texto tendrá que reforzarse y aumentar sus objetivos de reducción de misiones para servir «de forma decidida» para luchar contra la emergencia climática.

La responsable de la Unidad Política de Greenpeace, Alicia Cantero, ha explicado que este es un momento «crucial» para que la recuperación del país pueda avanzar con una transición compatible con limitar el calentamiento del planeta al 1,5º.

«La lucha contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad tienen que estar en el centro de todas las políticas. Esta ley es un punto de partida mucho menos ambicioso del que necesitamos, por eso hay que seguir trabajando para concretar aquellos aspectos que nos permitan lograr la eliminación de los combustibles fósiles y una recuperación justa y verde», ha concluido.

En una línea más optimista, el secretario general de WWF, Juan Carlos del Olmo, ha celebrado la aprobación de la «imprescindible» Ley de Cambio Climático y Transición Energética porque es una «reivindicación histórica» del movimiento ecologista y supone la herramienta necesaria para afrontar el cambio climático en un «momento crítico» porque «no hay un segundo que perder».

De ese modo, reclama actuar «con determinación» para evitar los peores impactos del cambio climático, en un país «tan vulnerable» a ellos por su ubicación en la región mediterránea. Por ello, Del Olmo valora que la ley supone un «importante punto de partida para iniciar una profunda transformación hacía una economía totalmente descarbonizada».

No obstante, subraya que junto a otras ONG ecologistas WWF también reclama objetivos «más ambiciosos» por lo que confía en que en los mecanismos de revisión introducidos en la norma se puedan «acelerar estas metas» para ajustarlas «lo antes posible» a lo que la ciencia demanda y lograr que la descarbonización plena se produzca antes de 2050.

En definitiva, felicita al Gobierno y a todos los partidos políticos que han mejorado el texto de la ley y que lo han apoyado, al tiempo que les emplazan a seguir trabajando en su desarrollo e implementación. «Esta ley es el punto de partida del largo camino que tenemos por delante en la batalla contra el cambio climático», ha deseado.

Finalmente, para el director de Políticas Ambientales de SEO/BirdLife, David Howell, este es un día en el que las ONG celebran un «momento muy importante tras un camino muy largo», ya que las organizaciones de la sociedad civil comenzaron hace más de una década la reclamación de una norma para luchar contra el cambio climático.

Así, lamenta este retraso de 10 años en los que han seguido las «inercias que han dificultado poder alcanzar la ambición de emisiones que las ONG deseaban». No obstante, para Howell uno de los avances más significativos de la ley recién aprobada en el Parlamento son el reconocimiento a la importancia de planificar mejor el urgentísimo despliegue de las renovables pero de acuerdo con la conservación de la biodiversidad y proteger las zonas con mayor valor.

Sin embargo, ve «necesario» profundizar y «atar mejor» esta relación entre las renovables, la planificación autonómica, estatal y europea y la protección de la biodiversidad porque la redacción actual es, a su juicio, «poco explícita».

Por otro lado, destaca como un avance la implantación de un Comité de personas expertas, que debe ponerse en marcha «este mismo año» y disponer de presupuesto y recursos propios para su desarrollo, de cara a que pueda emitir sus recomendaciones antes de que en 2023 se revisen los objetivos.

Por último, el representante de SEO/BirdLife ha valorado que gracias a una enmienda propuesta por la ONG se introduce en la ley la obligación de hacer un seguimiento específico de las especies y habitats más vulnerables porque supone una novedad que la ley de cambio climático ayude a «mejorar» la relación entre clima y biodiversidad.

El Congreso de los Diputados ha convalidado este jueves el Real Decreto-ley 6/2021, de 20 de abril, por el que se adoptan medidas complementarias de apoyo a empresas y autónomos afectados por la pandemia de la Covid-19, al tiempo que se ha aprobado su tramitación como proyecto ley por el procedimiento de urgencia.

En concreto, el Congreso ha convalidado el decreto que da luz verde a las comunidades autónomas a ampliar las ayudas directas dentro del fondo de 7.000 millones a más sectores y a empresas con pérdidas en 2019 con un total de 294 votos a favor, ninguno en contra y con un total de 52 abstenciones.

La vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha sido la encargada de defender ante el Congreso el decreto, asegurando que «desde el primer momento» el Ejecutivo se planteó reconsiderar los sectores que pudieran cumplir con los requisitos fijados en el decreto aprobado en marzo y dotado con un total de 11.000 millones, de los que 7.000 millones corresponden a ayudas directas.

Así, en abril, el Gobierno dio luz verde, a través de otro real decreto, a la posibilidad de que las comunidades pudieran incluir nuevos sectores especialmente afectados en sus territorios, como es el caso del calzado y del vino en algunas regiones, además de empresas «viables» que hubieran registrado pérdidas en 2019 debido a «circunstancias excepcionales».

Como ejemplo de circunstancia excepcional, la ministra señaló el impacto de la quiebra de Thomas Cook en las empresas turísticas y particularmente en Canarias y Baleares.

Algunos de los grupos políticos del Congreso han transmitido a la ministra ciertas reticencias y críticas sobre la tardanza y complejidad de la puesta en marcha de estas ayudas.

En concreto, desde el Partido Popular, aunque han mostrado su voto favorable, han criticado que el decreto llega «tarde» y después de un anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante el Congreso «y no como planificación por parte del departamento que dirige Calviño», mientras que Vox ha señalado que el decreto es «insuficiente, llega tarde y con procedimientos para su ejecución «lentos y farragosos».

Por su parte, la portavoz de Coalición Canaria-PNC en el Congreso de los Diputados, Ana Oramas, ha señalado que el decreto llega «tarde y mal» respecto a otros países europeos, advirtiendo de que muchas empresas se han quedado por el camino, y desde Ciudadanos han criticado que el decreto ahonda en la desigualdad percibida en el decreto anterior entre comunidades.

PAÍS VASCO, NAVARRA, CEUTA Y MELILLA, NO HAN FIRMADO LOS CONVENIOS

Todas las comunidades autónomas, a excepción de País Vasco, Navarra y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, ya han firmado los convenios que regulan la colaboración para poner en marcha las ayudas directas de 7.000 millones destinadas a autónomos y empresas afectadas por la pandemia del coronavirus.

Sobre esta cuestión, Idoia Sagastizabal (PNV) ha asegurado que en el caso de Euskadi se firmará el convenio, pero ha achacado este retraso a las peculiaridades del sistema de tributación, que había que homologar. Además, la diputada, aunque lo apoya, ha criticado que el decreto no haya sido consensuado previamente con los grupos políticos ni con las comunidades autónomas.

La ministra ha señalado, además, que el Gobierno ya ha transferido la parte correspondiente de los recursos a Extremadura, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Castilla y León, Asturias, Galicia y Comunidad Valenciana, y en los próximos días se realizará el desembolso a Cataluña, Murcia, La Rioja, Andalucía y Cantabria.

El Ministerio de Hacienda remitió el pasado 15 de abril a las comunidades autónomas los convenios que regulan la colaboración para poner en marcha los 7.000 millones de ayudas directas que el Ejecutivo aprobó para los autónomos y las empresas afectadas por la pandemia del coronavirus, y les pidió que tramitaran la firma de dichos convenios con carácter de urgencia, aunque sin establecer una fecha límite para su rúbrica.

APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO DE DEUDAS

En el decreto defendido este jueves por Calviño, el Gobierno también incluyó una medida para garantizar la liquidez de las empresas y agilizar los aplazamientos y fraccionamientos de las deudas no tributarias ni aduaneras que se tramitan en las delegaciones de Economía y de Hacienda.

Es decir, la medida va a afectar a deudas que se derivan del reintegro o del reesembolso de ayudas o de préstamos que se conceden por la Administración General del Estado (AGE) y se distribuyen desde el ámbito territorial en las delegaciones correspondientes.

También afectará a deudas cuya gestión recaudatoria corresponda a las delegaciones de Economía y Hacienda o a aquellas que se encuentran en periodo voluntario de pago o que se aplazan o se fraccionan previamente.

Para este tipo de deudas, se ha habilitado a las Delegaciones de Economía y Hacienda a conceder un periodo de carencia de hasta dos años para el pago de obligaciones no tributarias y un fraccionamiento posterior de la deuda de hasta dos años.

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha declarado la inconstitucionalidad y la nulidad de la disposición con la que el Gobierno «blindó» la presencia del entonces vicepresidente segundo Pablo Iglesias en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia, dentro del decreto-ley que impulsó el 17 de marzo para paliar los efectos económicos de la pandemia.

La sentencia, que responde a sendos recursos de Vox y del PP de la que ha sido ponente el magistrado Pedro González-Trevijano, considera que no concurre en el presente caso este presupuesto inexcusable, la extraordinaria urgencia y necesidad, que habilita al Gobierno para acudir al instrumento legislativo del Decreto-ley, obviando el procedimiento legislativo ordinario o de urgencia, para regular dicho nombramiento. El magistrado Cándido Conde-Pumpido ha anunciado un voto particular que se conocerá junto a la sentencia en los próximos días.

Tras la conformación del gobierno de coalición, el presidente Pedro Sánchez decidió en febrero modificar la composición de las comisiones delegadas, entre ellas, la que controla al Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Para ello, aprobó un real decreto, pero fue recurrido por Vox ante el Supremo.

Tras ese recurso, el Ejecutivo decidió aprovechar en marzo el decreto de medidas económicas contra la pandemia para realizar una modificación de la ley del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y blindar ese cambio en la composición de la comisión de Asuntos de Inteligencia.

Para incluir a Iglesias en la comisión que controla al CNI, Sanchéz dio entrada a todos los vicepresidentes –hasta ahora solo estaba la vicepresidenta primera–. La modificación también contemplaba la inclusión del Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, un cargo que ahora ostenta Iván Redondo.

En concreto, la sentencia declara que el precepto adolece de un defecto formal determinante de su inconstitucionalidad, en cuanto su aprobación a través de la figura jurídica del decreto-ley vulnera los requisitos exigidos por la Constitución para la utilización de este instrumento legislativo.

Añade que el artículo 86.1 del texto constitucional señala que solo en «caso de extraordinaria y urgente necesidad» podrá el Gobierno dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de decretos-leyes.

OBVIÓ EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO

La sentencia considera que no concurre en el presente caso este presupuesto inexcusable, la extraordinaria urgencia y necesidad, que habilita al Gobierno para acudir al instrumento legislativo del decreto-ley, obviando el procedimiento legislativo ordinario o de urgencia, para regular dicho nombramiento.

Acudiendo a una jurisprudencia consolidada en esta materia, la sentencia, de la que hoy sólo se ha avanzado una nota de prensa, pone de manifiesto que el Gobierno no justificó la extraordinaria urgencia de esta medida en el procedimiento de elaboración de la norma; ni la misma guarda coherencia con los motivos generales que determinaron la aprobación del Real Decreto-ley 8/2020, y que no se discuten.

El real decreto-ley contempla una serie de medidas de carácter económico, social y sanitario dirigidas a atender de forma inmediata las consecuencias provocadas por la pandemia del COVID-19, y no resulta posible determinar la conexión de sentido que pudiera existir entre las circunstancias desencadenadas a raíz de la pandemia, y la modificación de la composición de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia, que propició la integración en la misma del entonces vicepresidente Segundo del Gobierno, siendo éstas las razones esenciales que determinan la infracción del mencionado precepto constitucional.

VOX LO CALIFICÓ DE «TRUCO»

Los recursos fueron presentados por el PP y Vox. El partido liderado por Santiago Abascal, que calificó de «truco» al método empleado para incluir al ya ex líder de Podemos en este órgano parlamentario.

El Consejo de Ministros ya aprobó en febrero de 2020 un decreto que regulaba los miembros de la comisión delegada del CNI para dar la oportunidad al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de incluir a los cargos de la Administración que considerase convenientes.

Ese decreto fue recurrido por Vox y posteriormente, según el recurso presentado ante el TC, el Gobierno trató de sortear ese recurso incluyendo la modificación de la composición de la comisión delegada del CNI en el decreto ley que recoge todas las medidas aprobadas la pasada semana por el Consejo de Ministros para paliar las consecuencias del coronavirus.

Defendía en el recuso resuelto este jueves por el TC que los decretos tienen que obedecer a una circunstancia «de extraordinaria y urgente necesidad», requisito que sí reúne el COVID-19 pero «en ningún caso una cuestión ajena a la crisis sanitaria como es la presencia del líder de Podemos en la Comisión del CNI».

La disposición adicional segunda incluida por el Gobierno, ahora declarada inconstitucional reza: «La Comisión estará presidida por el vicepresidente del Gobierno que designe su presidente, e integrada por los vicepresidentes designados por el presidente del Gobierno, las ministras de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y de Defensa, el ministro del Interior, y la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, así como el director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, el secretario de Estado de Seguridad y la secretaria de Estado del Centro Nacional de Inteligencia, que actuará como secretaria».

El dueño de la finca de Totalán (Málaga) donde estaba el pozo en el que cayó y falleció en enero de 2019 el pequeño Julen ha informado de la consignación de la indemnización que debía de varios meses a los padres, con el fin de poder evitar ir a prisión para cumplir la condena impuesta por un delito de homicidio con imprudencia grave por la muerte del niño.

El escrito, remitido este jueves por la defensa de David Serrano al Juzgado de lo Penal número 9 de Málaga, que mantiene suspendida la pena impuesta de un año de prisión, señala que este ha satisfecho ya el importe total de 200 euros, a razón de 50 euros mensuales, que no había abonado desde febrero pasado.

Serrano fue condenado en enero de 2020 a un año de cárcel y a indemnizar a cada uno de los padres con 89.500 euros, con una cuota mensual de 50 euros. La prisión fue suspendida, por lo que no ha ingresado en la cárcel, aunque este beneficio está condicionado a cuestiones como el pago de la responsabilidad civil, de la que inicialmente abonó 25.000 euros.

Posteriormente, en diciembre pasado, la Fiscalía y la familia de Julen pidieron la revocación del beneficio de la suspensión de la condena y el ingreso en prisión «inmediato» del condenado, al no haber pagado varias mensualidades de la indemnización. Ante eso, la defensa del condenado consignó judicialmente la cantidad de 500 euros por las deudas de su cliente.

En ese momento, el magistrado acordó mantener la suspensión de la pena de prisión, al considerar que lo sucedido «no debe conllevar la revocación del beneficio», aunque advirtió a Serrano de su posible revocación si se producían nuevos impagos de la indemnización que debe pagar a los padres y si no informaba de su situación económica al juzgado.

La pasada semana, el juzgado emitió una resolución, en la que se indicaba que examinada la cuenta de consignaciones, se ha comprobado que el penado había «incumplido» la obligación de abono de la responsabilidad civil desde el mes de febrero, según la información adelantada por el Diario ‘SUR’.

En dicha diligencia de ordenación, se acuerda «iniciar nuevamente el trámite de revocación de la suspensión» y dar traslado a las partes para que se pronuncien al respecto y en el caso del fiscal para que emita un informe. La abogada de los padres ya se ha manifestado, según han apuntado fuentes judiciales, instando a la revocación de la suspensión de la condena.

Por su parte, la defensa del condenado se opone a dicha revocación en el mismo escrito en el que informa de que se ha realizado el pago del importe total de 200 euros. El letrado Antonio Flores, del despacho LawBird Legal Services, que representa a Serrano, ha señalado que han aportado lo que el cliente les traslada y entienden «que debería quedarse aclarado» el asunto.

Con todos los pronunciamientos que emitan las partes personadas en este caso el magistrado deberá tomar una decisión respecto a la continuación o no del trámite para revocar el beneficio de la suspensión del ingreso en prisión de Serrano.

Un total de 170 temporeras marroquíes contratadas en origen para la campaña agrícola de Huelva espera su repatriación «por razones humanitarias» a Marruecos, después de que el viaje haya sido suspendido por el Gobierno alahuita «sin razón concreta».

Según informa la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) en nota de prensa, el pasado 21 de abril estaba previsto «con todas las medidas administrativas y sanitarias en regla», el retorno de 80 trabajadoras de la campaña de frutos rojos que debían ser repatriadas a Marruecos «por razones humanitarias, algunas de gravedad» por «razones de salud, nacimiento de hijos o fallecimiento de familiares en Marruecos», pero que «vieron imposible el retorno sin una razón concreta».

Desde entonces, la organización ha indicado que «las necesidades de repatriación han aumentado hasta 170 personas» y que «el Gobierno de Marruecos no ofrece aclaraciones sobre el motivo de la suspensión ni ofrece una nueva fecha para el viaje de vuelta de estas trabajadoras».

En este punto, UPA Huelva ha trasladado «su incertidumbre y preocupación» al respecto, «dado que las trabajadoras necesitan volver a sus hogares con sus familias y no pueden por circunstancias ajenas a ellas, a los empresarios y al Gobierno de España», por lo que considera necesario que el Gobierno de Marruecos se pronuncie» y ofrezca soluciones a sus compatriotas».

Así, según han indicado desde la Subdelegación del Gobierno en Huelva, ya se está trabajando para solventar esta situación, mientras que desde UPA han solicitado al Cónsul de Marruecos una reunión urgente para abordar este tema. Asimismo se ha hecho extensiva la solicitud de reunión al secretario de Estado de Migraciones, Jesús Pera Cortijo, «por su competencia en la materia por parte del Gobierno de España».

La organización agraria ha trasladado a ambas administraciones que, a finales de mayo, comenzará el retorno escalonado de la totalidad del contingente y que «debe organizarse y coordinarse con una antelación adecuada», por lo que, asevera, «la falta de noticias al respecto está generando inseguridad tanto entre las personas trabajadoras como entre los empresarios».

En este sentido, UPA Huelva ha solicitado tanto al cónsul como a la Dirección de Migraciones del Gobierno de España «la puesta en marcha de los mecanismos necesarios para que el retorno de las trabajadoras sea efectivo en las fechas previstas como en cada campaña» y «evitar escenarios como el vivido la campaña pasada con el cierre de fronteras con Marruecos debido al Covid-19».

Finalmente, UPA apela «a la sensibilidad del Gobierno marroquí con sus súbditos que están trabajando en la campaña agrícola bajo el sistema de contratación en origen», y espera «que se ponga solución urgente al retorno inmediato de estas 170 trabajadoras».

Cabe recordar que a día de hoy se encuentran en la provincia 12.725 trabajadoras de contratación en origen para la campaña de las fresas y los frutos rojos de Huelva.

El Alto Representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, ha reconocido este jueves que el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, le advirtió de antemano durante su visita a Moscú del pasado febrero de que si mencionaba el tema del opositor Alexei Navalni él le sacaría Cataluña.

Borrell realizó a principios de febrero una controvertida visita a Moscú, por la que fue muy criticado antes y después de la misma. En su rueda de prensa conjunta con Lavrov, el jefe de la diplomacia europea pidió a Rusia la liberación de Navalni y una investigación independiente sobre el envenenamiento que sufrió el pasado verano.

Ante estas palabras, el ministro de Exteriores ruso le replicó aludiendo casos de abusos policiales vividos en la UE y Estados Unidos y sacó a la palestra la situación de los presos independentistas como ejemplo de «decisiones judiciales motivadas políticamente».

Los líderes independentistas catalanes están en prisión por organizar un referéndum, una decisión que la justicia española no ha revocado pese a que tribunales de Alemania y Bélgica hayan fallado en contra», afeó Lavrov. «Ante esto, España ha defendido su sistema judicial y ha pedido no dudar de sus decisiones. Eso es lo que queremos de Occidente en términos de reciprocidad», agregó.

Borrell ha explicado ahora en un encuentro organizado por el Real Instituto Elcano en Madrid lo que había ocurrido antes de esa tensa rueda de prensa.

NO FUI A MOSCÚ A HABLAR DE JUNQUERAS

«Lavrov me advirtió que ‘si sacas a Navalni te voy a sacar el tema de Cataluña para demostrar que tienes problemas internos de Derechos Humanos y libertades'», ha indicado, defendiendo que él no había viajado a Moscú para «discutir si la situación del señor (Oriol) Junqueras, que estaba haciendo campaña electoral en ese momento, era la misma que la de Navalni», quien «se arriesga a muchos años de régimen penitenciario bastante distinto».

«Rusia no acepta que se le planteen los temas de Derechos Humanos, en este caso Navalni, porque para el régimen de (Vladimir) Putin es una cuestión existencial», ha justificado el exministro de Exteriores, que ha defendido nuevamente su decisión de viajar a Moscú en aquel momento.

Así, ha dicho que optó por el viaje porque quería trasladar a Rusia «abiertamente» el rechazo europeo a lo que estaba ocurriendo con Navalni. «Ir allí a decírselo a la cara evidentemente no iba a salir gratis», ha reconocido.

Desde entonces, ha añadido, ha habido nuevos contactos lo que demuestra que pese a los «encontronazos» en determinadas cuestiones, como puede ser Bielorrusia o Navalni, en las que «nuestras discrepancias no van a desaparecer», en otras «queremos cooperar».

HAY QUE EVITAR EL ENQUISTAMIENTO CON RUSIA

El jefe de la diplomacia europea ha reconocido que el intercambio de sanciones ha hecho «más difícil» la relación con Rusia, «pero no debe conducirnos al enquistamiento», ha sostenido. Hay cuestiones en las que la UE deber «mostrar firmeza absoluta porque algunos países ven en Rusia una amenaza absoluta». «Es un equilibrio difícil pero en él tenemos que vivir», ha remachado.

En cuanto a Bielorrusia, ha dicho que comprende que la oposición se sienta frustrada porque el apoyo que les brinda la UE no haya conseguido cambios, pero ha insistido en que hay que ser conscientes de lo que el bloque puede hacer que es mantener la presión sobre el régimen de Alexander Lukashenko, imponer sanciones –hay una tercera ronda en preparación– y apoyar a la sociedad civil. «A veces se pide a la UE cosas que no puede hacer», ha lamentado.

La Red de ONGD de Madrid ha demandado este jueves al próximo Gobierno de la Comunidad una solución global a la actual crisis, «para no dejar a nadie atrás», y que apueste por la Cooperación Internacional para el Desarrollo «como una herramienta esencial para salir de la crisis sanitaria con una mirada global».

A su juicio, el nuevo Gobierno debe avanzar hacia la construcción de una sociedad madrileña «basada en un sistema sólido de protección social que garantice los derechos económicos, sociales y culturales de todas las personas y comprender que el carácter global y sistémico propio de esta pandemia, así como de la crisis generada, obliga también a las instituciones públicas a dar respuesta más allá de nuestras fronteras, movilizando los recursos necesarios para ello».

Por ello, la Red solicita que retomen los procesos paralizados por estas elecciones, impulsando la puesta en marcha de la Agenda 2030 y agilizando los trámites para la aprobación de unos presupuestos regionales expansivos y sociales «que permitan atender la necesidades de la población madrileña más vulnerable, acoger con generosidad a quienes solicitan acogimiento y refugio en nuestra región y cumplir con nuestros compromisos internacionales de cooperación con los países empobrecidos que están sufriendo con más severidad los impactos de las crisis».

«El impacto que la extensión de la emergencia sanitaria está suponiendo en los países empobrecidos está siendo catastrófico, con consecuencias mucho más graves para las personas en situación de mayor vulnerabilidad», añaden.

Por ello, la Red de ONGD de Madrid creen que las medidas de salida post-crisis deben enmarcarse en la formulación de políticas sociales públicas con financiación suficiente de ámbito regional, nacional e internacional, coherentes entre sí y con las metas del desarrollo sostenible recogidas en la Agenda 2030.

«La Agenda 2030 pone claramente de manifiesto que todos los países tienen responsabilidades en los desafíos del desarrollo mundial y la Comunidad de Madrid debe ser partícipe de esa corresponsabilidad, como así lo ha demostrado en los últimos años en los que ha mantenido la Cooperación Internacional dentro de su acción política, ha impulsado espacios de participación social, como el Consejo de Cooperación, y ha dado pasos hacia la aprobación de un Plan General de Cooperación al Desarrollo en nuestra comunidad», apuntan.

La Red considera con la llegada de los fondos europeos para la recuperación (los llamados NextGenerationEU) la Comunidad de Madrid tiene la oportunidad de ampliar la mirada global en la respuesta a la crisis. «Una salida justa a la misma implica una gestión eficiente de dichos fondos y debe comenzar por el fortalecimiento de las políticas sociales públicas, entre las que se incluye la cooperación internacional para el desarrollo que es, también, competencia de gobiernos locales y regionales», concluyen en un comunicado.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ratificado la anulación al Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (Peuat) de Barcelona de 2017 al no admitir a trámite el recurso de casación que el consistorio interpuso contra la sentencia que lo anulaba por inexistencia de evaluación económica y financiera.

Según ha anunciado la teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, el plan sigue vigente porque el consistorio aprobó inicialmente en enero de 2020 una actualización del Peuat, incorporando las modificaciones que alegaba la sentencia, por lo que ha insistido en que «las prohibiciones y limitaciones que fijaba el Peuat de 2017 siguen vigentes» en base a la nueva aprobación.

El plan marca que no se podrán ampliar ni abrir nuevos establecimientos en el centro de la ciudad, que no se podrá aumentar el número de viviendas de uso turísticos y que un establecimiento no podrá sustituir viviendas existentes.

Según el Ayuntamiento, la actualización aprobada inicialmente y la correspondiente suspensión de licencias impiden que se tramite ningún proyecto contrario a su normativa, de manera que «en ningún caso se pone en duda la columna vertebral ni los principios básicos que rigen el plan».

«SENTENCIA DISCUTIBLE»

Sanz ha valorado que es una «sentencia discutible» porque ha asegurado que tiene contradicciones jurídicas, pero ha reconocido que era un riesgo que contemplaban porque los recursos de casación se admiten pocas veces, en sus palabras.

«Cuando innovas y cambias las reglas del juego y planteas propuestas para ganar autonomía municipal sabes que habrá un riesgo y que habrá debate jurídico», ha apuntado.

A pesar de eso, ha defendido que el Peuat ha cumplido con los objetivos previstos: «Nos ha salvado del colapso turístico», porque se ha limitado el crecimiento hotelero en ámbitos saturados –como Ciutat Vella, Gràcia y Eixample– y se han extendido a otras zonas como Nou Barris, Sant Andreu, Les Corts o el 22@, ha explicado.

«Ninguna sentencia nos dice que no podemos hacer un Peuat. Ni que no tenemos competencia para hacerlo. Ni que tenemos que pagar nada», ha señalado Sanz, que ha insistido en que el Ayuntamiento tiene competencia para realizar estos planes.

En este sentido, ha remarcado que el plan cuenta con una mayoría política que lo aprobó, por lo que ha asegurado que la ciudad tiene un Peuat «que no está en duda», y ha explicado que la nueva actualización se encuentra en fase de exposición pública y pendiente de su aprobación definitiva en el plenario.

ERC Y CS PIDEN UN PEUAT «FIRME»

Para el grupo municipal de ERC, la situación con el Peuat representa «un nuevo ejemplo de la incapacidad del Gobierno de los comuns y el PSC de ofrecer respuestas adecuadas y bien hechas para la ciudad», a los que les ha reprochado quedarse en el terreno superficial en sus propuestas.

Por su parte, la líder de Cs en el consistorio, Luz Guilarte, ha reclamado al Gobierno municipal «que no sigan perdiendo más tiempo en proyectos sectarios e ideológicos» y les ha instado a aprobar un nuevo Peuat en criterios técnicos para que dé respuesta a la nueva situación socioeconómica.