UGT ha trasladado al comité de expertos creado por el Gobierno para abordar la reforma fiscal una serie de propuestas entre las que se incluye una petición para que se analice, a medio plazo, la posible integración del IRPF y del Impuesto de Patrimonio en una sola figura tributaria.
El objetivo de esta medida sería el de gravar de manera general y única la capacidad de pago global del contribuyente, según explica UGT en su documento de propuestas al comité.
Además de hacer cambios en algunos de los impuestos actuales, el sindicato plantea también la creación de nuevas figuras tributarias, entre ellos un impuesto extraordinario sobre los beneficios de las entidades bancarias, que tendría carácter coyuntural, pues desaparecería una vez se recuperara la normalidad tras el Covid.
«La aportación colectiva en la pasada crisis para rescatar el sistema financiero justifica ahora socialmente que este sector aporte un extra para ayudar a recuperar el tejido productivo y social», argumenta UGT.
En el contexto de una reforma fiscal de mayor tiempo de maduración, el sindicato apuesta además por avanzar en el diseño de un impuesto o cesta de impuestos destinados al pago de las pensiones, a semejanza de la existente en Francia.
Aboga además por introducir «definitivamente» una tasa sobre las transacciones financieras que incluya los derivados y las operaciones más especulativas y por desarrollar una imposición verde que permita conjugar la obtención de más recursos con el desincentivo a las actividades más perjudiciales para el medioambiente.
No obstante, sobre la fiscalidad verde, el sindicato advierte de que debe realizarse un diseño «acertado» de sus figuras tributarias, así como una «extraordinaria labor explicativa» de su funcionamiento y efectos «para evitar interpretaciones erróneas que puedan derivar en conflictos indeseados».
Además, apuesta por estudiar la conveniencia de derivar parte de los ingresos obtenidos por estos nuevos tributos o recargos a políticas que compensen a las personas o sectores que puedan salir perjudicados por su aplicación, al menos durante un periodo transitorio.
IRPF: GRAVAR MÁS A LAS VIVIENDAS NO HABITUALES
A juicio de UGT, el actual sistema fiscal no redistribuye de manera adecuada y contempla algunos tratos «inequitativos o directamente injustos» que pervierten su buen funcionamiento.
Así, en el IRPF, denuncia que las rentas salariales aportan más de 8 de cada 10 euros recaudados; que los ingresos medios declarados por los asalariados son 1,8 veces superiores a los declarados por actividades empresariales, y que los rendimientos del capital pagan tipos diferentes y muy inferiores a los del trabajo.
En lo que respecta a este impuesto, UGT plantea elevar la aportación de las fuentes de renta distintas del trabajo por cuenta ajena, gravando con la misma tarifa todas las rentas con independencia de su procedencia.
En todo caso, y hasta la realización plena de esta medida, ve preciso aumentar el número de tramos y tipos de la actual tarifa del ahorro, y diferenciar de manera más específica los diferentes rendimientos de capital para gravar más aquellos obtenidos en el corto plazo o con instrumentos de vocación especulativa.
Aboga además por revisar la estructura de tramos y tipos de la tarifa general, para conseguir resultados más progresivos, estableciéndose más tramos en los niveles superiores de renta, con tipos marginales mayores.
También pide eliminar el régimen de módulos para actividades económicas; elevar el gravamen de las viviendas distintas de la habitual no afectas a actividades económicas; reducir la exención de los premios de loterías y apuestas del Estado.
SOCIEDADES: IR A UN TIPO MÍNIMO DEL 25%
En el Impuesto sobre Sociedades, UGT denuncia que las empresas que declaran ingresos superiores a 1.000 millones de euros pagan sólo un 21,1% de tipo efectivo, lo mismo que un asalariado que gane en torno a 45.000 euros brutos en el IRPF. Además, sostiene que los grupos empresariales consolidados (las muy grandes empresas) pagan sólo un 5,3% de su resultado contable positivo.
Aprovechando las recientes propuestas internacionales de un tipo mínimo sobre este impuesto, UGT apuesta por que España presione al alza dicho tipo, alcanzando un 25% en lugar del 15% acordado actualmente. En el ámbito nacional, cree que la reforma fiscal debería incorporar ya un tipo efectivo mínimo sobre el resultado contable del 15% para que haya un suelo mínimo igual para todas las empresas, grupos o no.
En el caso de los grupos empresariales, sugiere implantar un tipo marginal superior para estas empresas, así como para las de cualquier tipo que obtengan beneficios contables superiores a una determinada cuantía.
Pide además equiparar la tributación de las SICAVs y de las socimis a las del resto de empresas, así como eliminar la posibilidad de que las empresas que operen en paraísos fiscales reciban ayudas públicas.
En el IVA, UGT pide que tributen en el IVA superreducido o reducido todos los bienes y servicios de primera necesidad, incluidos los suministros básicos de la vivienda para consumos bajos, y que se elimine la exención de los servicios educativos y sanitarios privados.
Además, considera aconsejable recuperar un IVA incrementado para los bienes suntuarios (existente de 1986 a 1992, inclusive, y que entonces era del 28%), «una decisión que corresponde al ámbito europeo y que el Gobierno debería impulsar en sus instituciones», afirma.
Sobre el Impuesto de Patrimonio, cree que debería establecerse una estructura y tarifa similar en las diferentes comunidades autónomas, impidiendo la competencia fiscal entre las mismas. Igualmente, plantea establecer unos estándares mínimos para todas las regiones en el Impuesto sobre Sucesiones y aumentar la carga para las grandes fortunas.
Al mismo tiempo, UGT propone revisar todas las reducciones fiscales para evaluar su conveniencia o no en el seno de una mesa de diálogo social para intentar alcanzar el mayor grado de consenso.
En cuanto a las cotizaciones sociales, ve imprescindible destopar las bases máximas de cotización y hacer que los autónomos coticen por sus ingresos reales y, en lo que respecta a la lucha contra el fraude fiscal, que estima que resta ingresos por entre 24.000 y 70.000 millones anuales, pide aumentar las plantillas de la Agencia Tributaria y tener «tolerencia cero» con él.
IMPUESTO A LOS ROBOTS
En su documento, UGT incluye un planteamiento que lleva reclamando desde hace años: la implantación de un impuesto o tasa a la robotización como mecanismo complementario de financiación para la Seguridad Social, una medida que reconoce compleja y que sería «ineficaz» si no es adoptada por todos los países, al menos en el ámbito de la UE.
En su propuesta, elaborada por un inspector de Hacienda, el sindicato analiza las posibles alternativas para su establecimiento en España, sugiriendo posibles vías para su aplicación, por ejemplo estableciendo en el Impuesto sobre Sociedades un tipo de gravamen más alto, del 28%, para aquellas empresas con un alto nivel de robotización.
Otras alternativas pasarían por establecer en el IVA un tipo incrementado, del entorno del 23%, para gravar la adquisición de productos de tecnología avanzada por empresas y del que quedarían exonerados los consumidores finales, o bien implantar un impuesto o tasa específica que gravase la fabricación o importación de los productos de tecnología avanzada.
Según plantea UGT, parte de esta mayor recaudación generada por este nuevo impuesto podría financiar una ayuda de 300 o 400 euros mensuales a los trabajadores afectados por los procesos de robotización para que puedan reciclarse, a modo de complemento de la prestación por desempleo.
