El Tribunal Supremo (TS) ha declarado «firme» la sentencia de la Audiencia de Sevilla que rechazó el recurso de apelación interpuesto por la sociedad Agroalimentaria Los Lugares, enfrentada con el Ayuntamiento de Marinaleda, gobernado ininterrumpidamente desde 1979 por el veterano Juan Manuel Sánchez Gordillo (Colectivo Unidad de los Trabajadores, CUT), contra la sentencia inicial que condena a esta empresa a desalojar la nave municipal con la que contaba en dicha localidad y abonar al Ayuntamiento más de 91.000 euros por «rentas vencidas y no satisfechas» y «suministros impagados».

Así figura en un auto emitido por el Supremo el pasado 21 de julio, en el que dicha instancia declara la «inadmisión» del recurso de casación promovido por la representación de la empresa, contra la citada sentencia de la Audiencia de Sevilla que confirma la condena inicial por parte del Juzgado de Primera Instancia número dos de Estepa.

Según el Supremo, el citado recurso de casación «carece manifiestamente de fundamento al invocar como infringidas normas administrativas que, por lo demás, carecen de conexión con las cuestiones planteadas y resueltas en la sentencia que se recurre y que no suponen desarrollo o desenvolvimiento de normas sustantivas civiles y no contradicen el argumento principal de la sentencia recurrida».

En la sentencia emitida el pasado 15 de febrero por la Sección Octava de la Audiencia de Sevilla, ahora declarada «firme» por el Supremo tras inadmitir el citado recurso de casación, dicha instancia aborda un recurso de apelación de la citada empresa, contra una sentencia inicial emitida en noviembre de 2020 por el Juzgado de Primera Instancia número dos de Estepa.

En la sentencia inicial impugnada en apelación, según la Audiencia, el citado juzgado declara «resuelto por impago de rentas el contrato de arrendamiento suscrito» en 2012 entre la sociedad Agroalimentaria Los Lugares y el Ayuntamiento de Marinaleda sobre la mitad de una nave de propiedad municipal.

EL «DESAHUCIO» DE LA NAVE

Además, la sentencia inicial impugnada declara «haber lugar al desahucio por expiración del término pactado en el contrato», condenando a la empresa a «dejar libre y expedita la mencionada finca a disposición de la Corporación arrendadora, bajo apercibimiento de lanzamiento si no lo efectuara en plazo legal».

Finalmente, la sentencia inicial condena la empresa a pagar al Ayuntamiento de Marinaleda 89.404,40 euros «en concepto de rentas vencidas y no satisfechas; a «satisfacer las rentas que se devenguen con posterioridad a la presentación de la demanda, hasta la entrega efectiva de la nave arrendada», y a abonar 2.000 euros más por «suministros impagados».

Y es que según el Juzgado de Primera Instancia número dos de Estepa, quedó probada «la naturaleza privada del contrato, que ha finalizado conforme a lo pactado sin que sea factible la prolongación del mismo ya que la voluntad inequívoca del arrendador en contra de la reconducción es manifiesta». «Es palmario el impago de las rentas desde el inicio y las disquisiciones sobre compensación por obras no pueden ser objeto del pleito, menos si la demandada no ha seguido el protocolo necesario cerca de la Corporación», agregaba el juzgado.

LA DENUNCIA PENAL

La citada sentencia favorable el Ayuntamiento era emitida después de que en 2018, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Estepa incoase diligencias contra Sánchez Gordillo, incluso investigándole, por una denuncia interpuesta en su contra por uno de los socios de esta empresa, que le acusaba de «acoso» y de usar los recursos municipales para hacerle «la vida imposible» y perjudicar sus negocios.

En cualquier caso, ante el recurso de apelación de la citada empresa frente a la sentencia condenatoria ya descrita, la Sección Octava de la Audiencia de Sevilla expuso que no podía «acoger» los términos de dicho recurso de apelación al no «combatir» como tal los «argumentos fácticos o jurídicos» de la resolución impugnada.

«En donde más se descubre la incuria de la apelante es en su mala fe a la hora de desconocer el legítimo apremio del Ayuntamiento al no haber pagado las rentas debidas desde el momento inicial del contrato. Este impago se pretende enmascarar con las obras realizadas en la nave. Esta posibilidad tiene base contractual pero conforme a un protocolo que no se ha seguido y que no sirve para enervar la principal obligación de pago de las rentas», señala la Audiencia.

Según abunda dicha instancia, en la sentencia inicial impugnada se detalla «cómo no se ha instruido expediente para aprobar esas obras, ni consta en modo alguno que la Corporación las haya aprobado», toda vez que «el análisis de ese hostigamiento que parece denunciar la apelante no cabe en el marco de este juicio de desahucio, sin perjuicio de que no existe acción contraria que lo refrende».

Dado el caso, la Sección Octava de la Audiencia de Sevilla desestimaba ya el recurso de apelación de la sociedad Agroalimentaria Los Lugares, confirmando plenamente la sentencia inicial condenatoria.

La secretaria general del PPCV, Mª José Catalá, carga contra la «reculada» del ‘president’ de la Generalitat, Ximo Puig, al impuesto a las rentas altas de la Comunidad de Madrid y advierte que su matización es «fruto del descrédito que sufre porque no lo apoyaron ni los suyos».

«El Madrid ens roba de Puig ha quedado en parodia nacional y con un jefe del Consell desautorizado por todo el mundo», afirma después de que el también líder del PSPV dijera este miércoles que él «nunca» planteó específicamente un nuevo impuesto para las rentas altas de Madrid, sino que «se debía estudiar cómo compensar el efecto capitalidad», después de que la ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero, rechazara de plano esta posibilidad.

Pero Catalá recuerda que «Puig dijo claramente que apostaba por imponer una tasa a las rentas más altas de Madrid», con lo que cree que «desdecirse ahora es ahondar en el ridículo porque la propia hemeroteca le desmiente».

Por contra, exige al gobierno del Botànic (PSPV-Compromís-Unides Podem) que «baje los impuestos de una vez y deje de marear con propuestas para tapar su nefasta gestión». «Si Puig quiere marcar la agenda nacional –defiende– debería centrarse en no demonizar a sectores como el ocio nocturno y la hostelería y dejar de enfrentar territorios».

Para la diputada ‘popular’ en Les Corts, Puig es un presidente sin criterio y que funciona «a base de ocurrencias»: «Hace tiempo que está desnortado y va de desautorización en desautorización por parte de los suyos. Le ha pasado con el impuesto a Madrid, pero también ha quedado en evidencia con el Tajo-Segura o con la financiación autonómica, con la que no ha conseguido ni un solo avance».

«No puede ser que al ‘president’ se le conozca fuera de la Comunitat Valenciana como el presidente de las ocurrencias, que se gana un titular un día por extravagante y al día siguiente otro cuando el Gobierno lo deja en evidencia. Los valencianos no nos merecemos esto», insiste.

Por todo ello, la también portavoz del PP en el Ayuntamiento de València ve a Puig «en horas bajas» y le insta a que «en lugar de mirar tanto a lo que ocurre fuera, se centre en la recuperación social y económica de la Comunitat Valenciana».

La Policía Nacional ha detenido en la zona norte de Granada capital a un varón de 48 años y nacionalidad española, quien cuenta con numerosas detenciones y antecedentes policiales, como presunto autor de un delito de malos tratos en el ámbito familiar, tras haber «agredido y amenazado con una navaja a sus padres y hermanos». Dicha persona ha ingresado en prisión como consecuencia de una reclamación judicial por no tener vigente el permiso de conducción.

Así lo ha indicado la Policía Nacional en una nota de prensa en relación con estos hechos, que tuvieron lugar sobre las 21,30 horas, momento en el que el 091 recibió una llamada que alertaba de una fuerte reyerta dentro de un domicilio. Tras personarse en la dirección indicada, los policías averiguaron, a través de una de las víctimas, madre del presunto agresor, de la existencia de «una serie de agresiones que se vienen repitiendo a lo largo del tiempo cometidas por su propio hijo hacia el resto de la familia, siendo la acaecida momentos antes la última de ellas».

La madre, una mujer de 66 años, relató como sobre las 20,00 horas su hijo de 48 años, con el cual convivían, había regresado al domicilio «muy alterado». Instantes después, habría comenzado a agredir físicamente a sus padres para «expulsarlos del domicilio». El investigado habría retorcido el brazo de su progenitora «al mismo tiempo que la golpeaba y le arrancaba de un tirón los pendientes, amenazando a los presentes con una navaja».

Acto seguido, sirviéndose de la navaja y de varios platos que acababa de romper, se habría autolesionado en los brazos, abandonado el lugar sin decir hacia donde se dirigía. Los agentes de Policía Nacional, debido a la extrema gravedad de lo sucedido y la agresividad que habría mostrado el presunto autor, comenzaron su búsqueda por la ciudad, consiguiendo localizarle en las inmediaciones de otro inmueble, en la zona norte, perteneciente a la familia.

Dicha persona fue encontrada deambulando por la calle y supuestamente blandiendo la navaja con fines intimidatorios, «atrincherándose en el piso de la familia a continuación». Una vez en su interior, el presunto agresor habría continuado amenazando de muerte a los policías y a su familia. Tras una negociación los agentes lograron entrar al domicilio, deteniendo y desarmando al agresor, interviniendo además una papelina de cocaína que llevaba consigo. Una vez en dependencias policiales dicho individuo lesionó a un policía en la mano tras resistirse violentamente.

En el proceso de consulta de antecedentes los agentes comprobaron que al detenido le constaba una orden de ingreso en prisión vigente, por conducir habiendo agotado todos los puntos de la licencia de conducción, siendo finalmente ingresado en el centro penitenciario.

La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto, ha manifestado que la llegada al poder de los talibanes en Afganistán «es un fracaso de la política», para, a continuación, indicar que hay que aportar soluciones a la situación creada». Desde esta comunidad autónoma «estamos dispuestos, como lo estuvimos en su día con los refugiados sirios, a recibir a aquellos que se considere que hemos de acoger», ha dicho.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios de comunicación, con motivo de su visita al Hogar de Mayores del Instituto Aragonés de Servicios Sociales en el barrio de Valdefierro de Zaragoza.

La consejera ha reconocido que lo que está ocurriendo en el país asiático «nos duele profundamente» y «la preocupación es grande» respecto al quebranto a los Derechos Humanos en la población. «Ante esta grave situación, Aragón quiere ayudar, acoger» y poner al servicio del Gobierno central y de las personas «nuestros recursos», ha enfatizado Broto.

También ha recordado que ésta fue la primera comunidad autónoma que realizó un protocolo específico ante la llegada de refugiados sirios, que contempla poner a disposición de las personas y las familias todos los medios «para que tengan una integración» en el ámbito sanitario y educativo, entre otros.

«Este protocolo ha funcionado muy bien» y cuenta con la participación de las entidades que acogen a refugiados, así como de las administraciones locales y de otros Departamentos del Ejecutivo autonómico, ha precisado Broto, con la finalidad de abordar «los problemas que puede haber en la acogida de estas personas».

NÚMERO DE ACOGIDAS

La consejera ha indicado, respecto al número de afganos que puedan llegar a Aragón, que no se ha planteado «nunca» un número límite. Según ha expuesto, es una decisión que adopta el Gobierno de España «en función de diferentes criterios y parámetros» y tiene constancia de que se ha puesto en contacto con entidades en Aragón, donde se encargan de esta tarea ACCEM, CPAIM, APIP-ACAM, Cruz Roja y Obra Social San Vicente de Paúl-Hijas De La Caridad.

La consejera ha añadido que, en ocasiones anteriores, el Gobierno central ha firmado convenios con estas entidades y «nosotros les ayudamos a ellas a la integración, poniendo los medios del Gobierno de Aragón».

En ocasiones anteriores, ha dicho, ha habido acogidas en el mundo urbano y rural «y ha sido muy positivo», para remarcar que esta comunidad autónoma «siempre ha sido tierra de acogida y refugio, igual que nosotros fuimos refugiados en otros momentos».

Un grupo de chavales agredió y robó las pertenencias el pasado sábado por la noche a un joven de 20 años, al que no conocían de nada, en uno de los andenes de la estación del Metro de Sol, han confirmado desde la Jefatura Superior de la Policía de Madrid, que busca ahora a los autores de estos hechos.

Concretamente, la Brigada Móvil de la Policía Nacional es la que se encarga de la investigación de los hechos y está recabando testimonios y observando tanto las imágenes de la agresión colgadas en redes sociales como las proporcionadas por el suburbano.

En ellas, se ve a un grupo de cuatro o cinco jóvenes que la emprenden, sobre todo uno de ellos, a golpes y patadas contra otro chaval, quedando este tendido aquejado en el suelo. Dos chicas, supuestas amigas de los atacantes, graban lo que sucede con su teléfono móvil. En el vídeo también se ve a algún viajero, que no hizo nada por defender al herido.

Los hechos ocurrieron sobre las 21 horas de este sábado. Según ha explicado a ‘Telemadrid’ Sixta, la madre de la víctima, todo comenzó cuando un joven pidió a su hijo, que estaba esperando el tren, que besara el suelo, a lo que se negó tajantamente. Entonces el primero llamó a sus amigos, que bajaron al andén y la emprendieron a golpes y patadas contra Randy, de origen dominicano.

En la refriega le robaron una cadena, una gorra, la cartera y el móvil, teléfono que luego tiraron cerca. Los agentes creen que le pegaron precisamente para robarle. Los hechos fueron denunciados por su familia ante la Policía, que ahora busca a los autores y a las chicas que grabaron lo sucedido por complicidad.

Sixta ha afirmado que su hijo es «un buen chico» y que ahora tiene mucho miedo a salir de casa, ya que recibió las imágenes de lo sucedido supuestamente enviadas por sus atacantes. «Ha tenido que ir al trabajo en Cabify por miedo a coger el Metro. He pensado mandarlo a mi país o a Canarias con familiares porque tengo mucho miedo y ansiedad», denuncia.

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y líder autonómico de Ciudadanos, Juan Marín, ha asegurado que las auditorías de los entes públicos de la comunidad «han demostrado que había una administración paralela que estaba con infinidad de duplicidades, con un despilfarro de fondos públicos en la comunidad», hasta el punto de que «en muchos casos» se ha encontrado «situaciones dantescas que harían sonrojar a cualquier político que hubiera tenido responsabilidad».

En declaraciones a los periodistas durante su visita a Jerez de la Forntera (Cádiz), Juan Marín ha señalado que «uno de los compromisos que Cs adquirió con los andaluces en 2018 fue auditar todos los entes instrumentales de la administración pública andaluza» y ha recordado que «todas esas auditorías» ya han sido publicadas.

Ha puesto los ejemplos de «polígonos industriales de 158.000 metros cuadrados que nunca se pusieron en marcha y que nunca instalaron una empresa» o «empresas como Aerópolis, una empresa puntera que está en Sevilla infrafinanciada que no le permite desarrollar el potencial que tiene en un sector tan importante como es el aeroespacial en Andalucía y que tanto puede aportar al PIB».

Por ello, el vicepresidente andaluz ha asegurado que «todo esto ha demostrado que esas auditorías eran necesarias para poner punto y final a una forma de gobernar», en la que «el subsidio era el reclamo para la obtención de votos y no los incentivos que se están poniendo en marcha para que Andalucía sea la locomotora económica que siempre debió ser».

Por otra parte, Marín ha anunciado que «en esta última semana se han abonado todos los honorarios de la Asistencia Jurídica Gratuita: abogados, procuradores y Colegios de Abogados y Procuradores de Andalucía», al tiempo que ha aplaudido que «se ha vuelto a batir un récord» debido a que «en menos de 20 días cobran los abogados y procuradores unos servicios que, hasta que Cs no llegó a la Junta de Andalucía, cobraban en 14 meses y, a veces, hasta en dos años».

«Es una gran diferencia que puede poner de relieve cómo se gestiona en los gobiernos en los que Cs está presente y cómo gestionaban los gobiernos anteriores a la llegada de esta formación política a la Junta de Andalucía», ha subrayado el vicepresidente.

La directora general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Estrella Galán, ha pedido a las gobiernos que eviten con Afganistán la «tragedia» vivida en 2015 con la crisis siria en las costas europeas. «Estamos a tiempo», ha asegurado.

La entidad participa en el operativo puesto en marcha por el Ejecutivo para recibir a los ciudadanos evacuados de Kabul y realizar «una buena derivación» de aquellas que quieran quedarse en España al sistema de acogida.

Galán, ha señalado que, tras estos primeros vuelos en los que se ha evacuado a españoles y colaboradores del país y de la UE, se debe «garantizar la salida de la población civil» para evitar que se «queden atrapados» en el régimen talibán, y especialmente aquellos más vulnerables, como «mujeres», «niños» o «activistas», además de la ciudadanía en general.

En este sentido, propone «corredores humanitarios» que permitan a las autoridades «llegar a tiempo» para «evitar» un episodio similar al vivido en las costas europeas en 2015 con el «éxodo Sirio». «No podemos soportarlo una vez más», ha señalado.

APOYO AL REASENTAMIENTO

También ACNUR llama a poner en marcha otro tipo de procedimientos para ayudar a la sociedad afgana. Desde el Alto Comisionado de la ONU reconocen, que estas evacuaciones están bien, pero ha recordado que «otra forma de colaborar» es «reforzando los programas de reasentamiento» y «agilizando» los trámites en este sentido.

Tal y como han explicado, hay personas que han sido evacuados a un primer país y que allí permanecen a pesar de que, por circunstancias, pueden seguir en peligro en dicho lugar.

También recuerdan que países como Pakistán o Irán acogen al 90% de los refugiados afganos (2,2 millones) movilizados durante las últimas décadas y que siguen en cobijos improvisados y en situaciones extremas.

Finalmente, ACNUR hace un llamamiento a las autoridades para que no se aprueben devoluciones de ciudadanos afganos a su país, sea cual sea su situación administrativa de esta persona. El organismo dice tener constancia de que, desde algunos países, se ha procedido a estas devoluciones

La rectora de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, María Luz Morán, ha anunciado hoy que Paloma O’Shea, fundadora de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, ha rechazado la concesión del doctorado ‘honoris causa’ de la institución académica, que acordó su Consejo de Gobierno el pasado mes de marzo y cuya ceremonia estaba prevista para el próximo 2 de septiembre.

Así lo ha informado Morán en una rueda de prensa convocada en Santander para salir al paso de noticias con la situación de la UIMP, y en la que ha indicado que a comienzos de esta semana -en concreto el lunes- la pianista, mecenas y filántropa contactó con ella a través de su abogado para comunicarle que rechazaba dicha distinción, aduciendo un argumento «técnico-jurídico», con el que en la UIMP «no estamos de acuerdo», según ha señalado la rectora a cuestiones de la prensa sobre los motivos.

«Se trata de una decisión que afecta profundamente a todos quienes trabajamos en la UIMP, debido a la estrecha relación institucional que ha mantenido desde hace décadas con esta Universidad», ha manifestado durante la lectura de un comunicado previo a las preguntas.

Y ha añadido que esa relación le afecta «personalmente» a ella. «Les puedo asegurar que mi relación personal con doña Paloma O’Shea ha sido excelente», ha expresado Morán, para agradecer «muy sinceramente» a la también presidenta de la Fundación Albéniz y promotora del Concurso Internacional de Piano de Santander «el trato exquisito y el cariño que me ha demostrado desde que asumí el cargo de rectora».

Cuestionada por las causas de la renuncia y alguna posible incompatibilidad, la rectora ha respondido que no le corresponde a ella explicarlos.

«Nosotros en su momento, cuando se planteó en el Consejo de Gobierno la posibilidad de reconocer la estrechísima vinculación de doña Paloma O’Shea con la UIMP, se hicieron todas las consultas oportunas, con el Ministerio, la Secretaría General, para asegurarnos, como hacemos en todos los casos, de que la persona que recibe cualquiera de nuestros premios, medallas, doctorados ‘honoris causa’, cumpliera con todos los requisitos».

El presidente de la Unión de Criadores de Toros de Lidia, Antonio Bañuelos, ha instado a la alcaldesa de Gijón, Ana González a pedir perdón a sus ciudadanos por la «ridícula» excusa que ha empleado para prohibir las corridas de toros en la ciudad y avisa de que de no rectificar la entidad interpondrá contra la edil una denuncia por prevaricación.

«Es la excusa más ridícula que se puede buscar. Puede decir que no quiere toros», ha valorado Bañuelos en declaraciones realizadas en Antena 3 en las que ha destacado que anteriores denuncias similares contra alcaldes en otros puntos de España han terminado con un fallo a favor de la tauromaquia «en todos los casos».

Además, en su intervención ha explicado la regla por la que se nombran a las vacas y los toros en España y ha recordado que estos son notificados con antelación al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Bañuelos ha precisado que los nombres son heredados de sus madres tanto para las vacas como los toros por varias generaciones. «Feminista puede ser la madre de la vacas Activista, Emprendedora, Colaboradora y de todos llamados Activista, Emprendedor, Colaborador», ha puesto como ejemplo, para denunciar el «desconocimiento enorme» que existe sobre esta cuestión.

Respecto a ‘Nigeriano’ ha añadido que puede ser la madre de Etíope, Argelino, o Marroquí, que «se habrán lidiado en los últimos 50 años».

A su juicio, de «todos» los ataques que ha sufrido la tauromaquia «esta es la más grave, pero la más ridícula» porque, en su opinión, una alcaldesa que representa a los habitantes de su ciudad no puede tomar una decisión así por que le guste o no el nombre de los toros.

De ese modo, ha anunciado que la Unión de Criadores espera que la alcaldesa de Gijón, Ana González, pida «disculpas y perdón» a todos los habitantes a quienes «no les interesa si a la edil le gusta el nombre de los toros o no».

Por último, ha defendido que la tauromaquia es un actividad legal, que defiende la España vaciada, que es la que ocupan las ganaderías que protegen 500.000 hectáreas de alto valor natural, que se trata de un bien cultural inmaterial declarado así por el Parlamento que aporta valor al ecosistema, fija población rural y donde la mujer en el campo está implicada.

El presidente de la Fundación del Toro de Lidia, Victorino Martín, ha acusado a la alcaldesa de Gijón, Ana González, de «totalitarismo ideológico» y la ha comparado con los talibanes. «Los talibanes destruyeron los budas de Bamiyan por lo mismo que la alcaldesa de Gijón pretende derribar la tauromaquia, porque según ellos ambas manifestaciones de la cultura son inmorales», ha indicado.

A través de una carta publicada en la web de la Fundación, Martín ha indicado que la alcaldesa pretende prohibir los toros en Gijón y ha usado la polémica de los nombres para ello. Ante eso, le ha reclamado «un mínimo de curiosidad intelectual o del debido asesoramiento antes de opinar de manera tan frívola». «Le habría ahorrado el ridículo de hablar sin conocimiento y no habría quedado tan a las claras su motivación real y su totalitarismo ideológico», ha señalado.

Para la Fundación, la polémica de los nombres es «burda» y «llevada a todos los ámbitos culturales supondría por ejemplo prohibir la Semana Negra de Gijón si alguna de las novelas presentadas en el festival tuviera un contenido que le pudiera resultar ofensivo a alguien». «O que decidiera prohibir los conciertos en la ciudad, o la música en su conjunto, si un año C. Tangana aparece por Gijón cantando sus Demasiadas mujeres», ha indicado.

Por otro lado, sobre las declaraciones de la alcaldesa de que cada vez hay más voces contrarias en la ciudad, Martín ha señalado que «los totalitarios del mundo y de la historia siempre se escudan en el manto protector de una supuesta voluntad popular que les ilumina y legitima para cualquier cosa».

En estos días estamos viendo en diversas partes del mundo cómo en nombre de supuestas mayorías o de una moralidad superior, hay quienes arrasan con los derechos que no pueden depender de mayorías, como son los derechos humanos, derechos inalienables y comunes a toda la familia humana», ha indicado, para recordar que «cultura no se puede prohibir.

Así, ha indicado que es «el mismo espíritu represor el que anima a los totalitarios de todas partes del mundo a cercenar los derechos que son inalienables a todos los seres humanos». «Si va a comenzar la represión cultural en Gijón, le aconsejamos que lo haga bien, con un buen tribunal inquisitorial que revise minuciosamente todos los contenidos culturales en búsqueda de las ofensas al dogma y unos buenos autos de fe de mes en mes, eso servirá de lección para que ningún gijonés se atreva a tener gustos culturales alejados de la ortodoxia de su celosa alcaldesa», ha señalado.

ACTUACIONES LEGALES CONTRA LA ALCALDESA

Para finalizar, ha recordado que la tauromaquía es un bien cultural protegido por la legislación española y ha recordado que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional tanto la prohibición expresa de la tauromaquia que se aprobó en su día en Cataluña, como la «prohibición encubierta» que pretendió adoptar el Parlamento balear «con una legislación que sólo autorizaba los festejos taurinos cumpliendo ciertos requisitos que lo desnaturalizaban».

En lo que respecta a decisiones municipales, ha recordado, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana anuló la decisión del Ayuntamiento de Villena de no ceder la plaza de toros para la celebración de un espectáculo taurino por su oposición a la tauromaquia, «considerándola arbitraria y carente de motivación legalmente admisible al ser una obligación municipal la protección y defensa de la tauromaquia».

«Cualquier actuación que ponga en riesgo, siquiera de forma indirecta, ignorar la voluntad de la Ley, en cuanto esté encaminada a tomar una decisión que no sea favorecedora de la actividad de fomento la tauromaquia, resulta contraria a lo dispuesto en la Ley y en la doctrina del Tribunal Constitucional», ha explicado, para añadir que una corporación municipal no puede, «basándose en un argumento tan tosco y peregrino como el nombre de dos toros de lidia, pero tampoco en ninguna otra razón, adoptar medidas tendentes a impedir la celebración de festejos taurinos en su municipio».

Así, ha señalado que la no renovación de la concesión de la plaza de Gijón sería «adoptar una decisión arbitraria y contraria a la ley a sabiendas», algo que a su juicio «tendría muy graves consecuencias en el ámbito administrativo, pero también en el penal, tanto para quien adoptara estos acuerdos como para quien los apoyara, informara o colaborara en hacerlos efectivos.»

«Queremos creer que después de todo lo ocurrido estos días, no se adoptarán ninguna de las medidas anunciadas ni ninguna otra que ponga en riesgo o impida la celebración de festejos taurinos los próximos años. En caso contrario, la Fundación del Toro de Lidia iniciará actuaciones legales en todos los órdenes para garantizar la celebración de estos festejos y para que sobre quienes hubieran adoptado las decisiones ilegales a sabiendas recayeran todas las consecuencias administrativas y penales que el ordenamiento jurídico prevé en estos casos», ha explicado

La directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay, ha reclamado que se respete el derecho a la educación en Afganistán ya ha afirmado que «nada debe obstaculizar el derecho fundamental a la educación, especialmente para las niñas y las mujeres».

Así lo ha dado a conocer este jueves la UNESCO, que ha asegurado que «no escatimará esfuerzos para apoyar a todos los afganos para garantizar su derecho a la educación».

La organización ha recordado que la educación es «un derecho humano fundamental indispensable para el cumplimiento de otros derechos humanos y para el desarrollo de Afganistán». «Y lo es aún más en este momento crítico», ha subrayado.

Por este motivo, la UNESCO ha pedido que se garantice el derecho a la educación «sin discriminación». «Los estudiantes, los docentes y el resto del personal educativo deben tener acceso a entornos seguros. Las niñas y las mujeres, en particular, deben seguir aprendiendo y enseñando sin ninguna restricción», ha aseverado.

«No hay que perder los importantes progresos realizados en el país, sobre todo en materia de educación. La educación debe continuar para las niñas y las mujeres. El futuro de Afganistán depende de ellas», ha añadido la directora general.

La UNESCO ha recordado que desde 1948 ha prestado asistencia técnica para reforzar y consolidar la educación en Afganistán. A través de su oficina en Kabul, ha invertido en políticas educativas, especialmente en la enseñanza de las niñas. Mediante una de las mayores campañas de alfabetización de la historia de la organización, se ha llegado a 1,2 millones de afganos, de los cuales 800.000 son mujeres.

Ha concluido que también ha apoyado los esfuerzos para hacer frente a la pandemia de la COVID-19, ayudando al sistema educativo a promover un retorno seguro a la escuela, especialmente para las niñas.

El expresidente de la Generalitat Quim Torra ha mostrado sus dudas sobre la mesa de diálogo sobre Cataluña que debe retomarse en septiembre: «No es que sea escéptico, es que no puedo creer en ella», ha señalado, instando a su sucesor, Pere Aragonès, de ERC, a elegir entre dirigir la independencia o ser «muleta» del Gobierno de Pedro Sánchez.

Lo ha afirmado en la 53 Universitat Catalana d’Estiu (UCE) en Prada de Conflent (Francia), en un encuentro también retransmitido telemáticamente y en el que ha participado junto a la presidenta del Parlament, Laura Borràs.

Torra ha dicho que «Cataluña no está en condiciones de sentarse en una mesa de diálogo» de la que no se sabe ni la metodología ni qué se negociará, ha advertido.

«Ir a hacerse una foto cada tres meses no me parece que sea algo que el independentismo se pueda permitir», y ha añadido textualmente que servirá para normalizar esta situación de dependencia con España.

A SÁNCHEZ SÍ LE CONVIENE

También se ha preguntado «qué puede ganar la parte catalana» y cuál es la fuerza de Cataluña en esta negociación, y ha dicho que el Gobierno de Pedro Sánchez acepta esos encuentros por conveniencia táctica.

«Le puede ir bien porque no tiene nada que perder, da una imagen internacional de cierto fin del conflicto, y por cuestiones tácticas de supervivencia del presidente Sánchez», ha concretado.

Ha añadido que el independentismo «está en un momento de confusión» y que la mesa de diálogo es uno de los elementos que más confusión aportan.

EL PAPEL DE ARAGONÈS

Sin citar explícitamente a su sucesor, Pere Aragonès, Torra ha asegurado que el presidente «debe escoger: dirigir la separación de Cataluña o hacer de muleta del Gobierno».

El expresidente ha recordado que en Cataluña hay «una concepción muy presidencialista desde Francesc Macià» del papel del presidente de la Generalitat, pero que la institución está formada por el Parlament, el Govern y la propia Presidencia.

Además, ha señalado que la presidencia tiene una «fuerza moral», que tiene el compromiso con la confianza que los votantes han depositado en el cargo, y que por eso no puede incumplir sus promesas.

1 DE OCTUBRE

Torra considerado que el 1-O fue uno de los dos momentos en que Cataluña ha intentado su separación de España, junto con el 14 de abril de 1934, y ha lamentado que ninguno de los dos tuvo «las consecuencias queridas».

Ha puntualizado que la declaración de la República Catalana realizada por Macià en 1934 fue un acto de las élites, mientras que el 1 de octubre de 2017 fue obra del «empoderamiento popular».

«La cárcel y el exilio, para mí de manera inexplicable, ha provocado que se haya echado a perder todo lo que se defendió en 2015 o antes del 1 de octubre», ha lamentado, y ha asegurado que para él es inexplicable que haya habido este cambio de parecer entre algunos políticos independentistas.

Marea Arcoíris ha señalado hoy cómo la victoria de los talibán ha situado a mujeres y niñas, y a las personas LGTB, en una posición de extrema vulnerabilidad donde sus vidas corren un riesgo real y ha pedido protección y refugio para ellas.

En nota de prensa, ha explicado que, tras la llegada al poder del régimen talibán en Afganistán, la nueva ley que regirá en el país es la sharía y la ley islámica, interpretada y aplicada de manera estricta y radical por los fundamentalistas islámicos, castiga con pena de muerte a las personas LGTBI.

Ha indicado cómo, en estos primeros días, el gobierno talibán está intentando dar una imagen de moderación y de respeto a los derechos humanos dentro de la ley islámica, en un ejercicio de blanqueamiento de la violencia, el terrorismo y la misoginia.

Hoy, ha dicho, «asistimos con estupefacción a que gobiernos internacionales, y la propia UE, están dispuestos a darles credibilidad y reconocerlos como interlocutores válidos a pesar de las atrocidades cometidas en el pasado y de las alertas que nos llegan desde organizaciones internacionales que operan en el país y de la propia población afgana».

Marea Arcoíris ha recordado que Afganistán es uno de los once países del mundo que aún contemplan la pena de muerte para las personas LGTBI y ha exigido al gobierno del estado español y al de la UE la creación de corredores humanitarios seguros para que las mujeres y niñas y las personas LGTBI en peligro puedan salir de Afganistán, viajar a Europa y pedir protección.

«Sin estas medidas, no podrán salir de su país o se verán obligadas a hacerlo a través de rutas migratorias inseguras en las que pueden sufrir todo tipo de abusos», ha aseverado.

Ha demandado, así mismo, que se revisen los protocolos de asilo para personas LGTBI en riesgo por su condición ya que la mayoría de los expedientes son en la actualidad rechazados.

También, que tanto el Gobierno de La Rioja como los Ayuntamientos de esta comunidad «actúen frente a esta barbarie y tomen medidas concretas y reales más allá de declaraciones institucionales para acoger al mayor número de personas que huyen de un futuro donde sus vidas no pueden ser vividas».

Las declaraciones de testigos para esclarecer la forma en que se produjo el crimen de Samuel Luiz ha continuado esta semana en el Juzgado de Instrucción número 8 de A Coruña, con la declaración de una veintena de testigos.

Así lo informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que señala que el juez que dirige en estos momentos la causa ha tomado declaración a personas que se encontraban en las inmediaciones del lugar de los hechos, ocurridos en la madrugada del 3 de julio en el paseo marítimo de A Coruña.

De los 20 testigos, precisa que la mayor parte de ellos son «del entorno de los presuntos agresores, aunque también de la víctima o que se encontraban en el interior del pub donde previamente habían coincidido los sospechosos y el fallecido».

Han declarado también en calidad de testigos las dos personas que auxiliaron a Samuel Luiz, dos hombres senegaleses de los que uno, al intentar ayudarle, resultó también agredido.

Sobre la agresión que sufrió esta persona, Ibrahima, cuando trataba de proteger a la víctima, confirma que dará lugar a una causa separada que se abordará en otro procedimiento, tal como se acordó en un auto del 3 de agosto.

Mientras, el juzgado está a la espera de recibir informes de carácter policial. Y es que todavía faltan los resultados de pruebas de ADN y del volcado de datos de móviles y de redes sociales, según informaron responsables policiales sobre la investigación en relación a este caso.

DETENIDOS

Por el mismo, están investigadas seis personas, cuatro adultos y dos menores. De los primeros, tres se encuentran en prisión provisional y una cuarta, una mujer y novia de uno de ellos, en libertad con cargos, con obligación de comparecer en el juzgado.

Para todos ellos, Fiscalía y acusaciones piden delito de asesinato. Otros dos jóvenes, uno con antecedentes, se encuentran internados en un centro de menores al no tener 18 años cuando se produjeron los hechos.

Según lo recogido en el sumario, de acuerdo con lo que apuntaron testigos en sus declaraciones, unas diez personas participaron en la agresión a Samuel. En el caso de dos de ellos –al que uno de los acusados en prisión culpó de los golpes recibidos por Samuel–, las pruebas de ADN los implican «directamente», de acuerdo con lo avanzado por los investigadores.

El Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, de Vitoria, retomará en septiembre la programación de su ciclo de conferencias con Javier Solana e Iñaki Gabilondo, dos protagonistas de la política y el periodismo que debatirán sobre «terrorismo, memoria y futuro», ha informado la organización del evento.

Con motivo del Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo, proclamado el 21 de agosto por Naciones Unidas, el Centro Memorial ha hecho público este jueves, en su canal de youtube, un avance de esta conversación, grabada en el Museo del Prado de Madrid, que podrá verse íntegra en la misma plataforma a partir del 2 de septiembre.

El Ciclo Inaugural del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo retomará su programación en septiembre con protagonistas como el escritor Patrick Radden Keefe, autor de ‘No digas nada’ — «una historia real de crimen y memoria» en Irlanda del Norte (ganador del National Book Critics Circle Award y del Premio Orwell, finalista del National Book Award y mejor libro de 2019 según The New York Times)–, que participará en un coloquio junto al periodista Gorka Landaburu el día 8 de septiembre.

El artista Fernando Sánchez Castillo presentará, por su parte, una exposición, una performance y un taller para jóvenes a partir de su trabajo con los robots desactivadores de explosivos de la Guardia Civil.

En esta programación participarán también la directora de cine Iciar Bollain y el exdiputado socialista Eduardo Madina, a los que se le sumarán próximamente nuevos nombres.

El Centro Memorial se inauguró el pasado 1 de junio. Desde esa fecha han participado en sus actividades personalidades como los cineastas Manuel Gutiérrez Aragón y Borja Cobeaga; los escritores Ángeles Caso, Luisa Etxenique y Juan Gabriel Vásquez; los periodistas Quico Tomás y Valiente, Mayte Carrasco y Ana Aizpiri; los gestores y activistas Lucía González Duque y Francisco Estévez Valencia; y el compositor y guitarrista de La Oreja de Van Gogh Pablo Benegas, entre otras personas.

Los 17 agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO) y de la Unidad de Intervención Policial (UIP) se quedarán con el embajador español en Afganistán, Gabriel Ferrán, con la misión de crear ‘pasillos de seguridad’ dentro del anillo de seguridad del aeropuerto de Kabul hasta completar la evacuación de los colaboradores afganos que se acercan al aeródromo, al figurar en las listas del Gobierno para abandonar el país centroasiático.

Según informan fuentes conocedoras del dispositivo, los agentes de la Policía Nacional están realizando jornadas maratonianas desde que abandonaron la Embajada de España en Kabul formando la ‘cápsula’ de seguridad del jefe de la legación al frente de la coordinación del plan de evacuación.

Son 17 policías del GEO y UIP, unidades de elite especializadas en este tipo de misiones de máxima complejidad, que se encontraban ya en Kabul dentro del dispositivo en torno a la Embajada y resto de instalaciones españolas, antes de que el avance talibán precipitara los planes de evacuación de todos los países occidentales.

REENCUENTRO DESDE ALEDAÑOS DEL AEROPUERTO

Según las citadas fuentes, hasta ahora los policías no han sufrido ningún incidente dentro del plan establecido para aguardar dentro del aeropuerto de Kabul a completar la evacuación de todo el personal que el Gobierno ha autorizado a subirse a los aviones A400M, incluyendo a colaboradores afganos y de otros países europeos.

El Gobierno ha dado por completada este jueves la primera fase de la evacuación tras la llegada a Madrid de un primer grupo de 53 evacuados entre los que figuran los únicos cinco trabajadores españoles que permanecían en el país. El objetivo es sacar a unos 800 afganos, según informan fuentes del Gobierno.

«Concluimos la primera fase de la evacuación. No quedan ya españoles, salvo los necesarios para proseguir la evacuación», ha celebrado en Twitter el ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares. Esos españoles «necesarios» son el grupo de 17 policías y el embajador. Su labor es facilitar el reencuentro de los nacionales afganos que prestaron ayuda a España hasta el retorno de los talibanes.

Tras ser informados por mensaje de que están en las listas de evacuación, estos colaboradores se acercan por sus propios medios a los aledaños del aeropuerto –en algunos casos han viajado desde puntos remotos de Afganistán–, y ya allí se activa el ‘pasillo’ para pasar el anillo de seguridad montado por los militares estadounidenses.

SITUACIÓN COMPLEJA ALREDEDOR DEL AEROPUERTO

La situación es muy compleja debido a que muchos afganos que no figuran en esas listas se agolpan intentando subirse a algún vuelo para huir de los talibanes.

La seguridad del aeródromo depende del ejército de EEUU, aunque por fuera también hay accesos controlados por los talibanes, de ahí que se hayan vivido momentos de tensión y registrados al menos una docena de fallecidos entre la población afgana como consecuencia de los disparos y de las avalanchas. Esta situación ya ha merecido la queja de la comunidad internacional.

En este contexto, los policías crean los ‘pasillos’ desde dentro del perímetro de seguridad del aeropuerto –no salen a buscar a nadie a ninguna vivienda, según estas fuentes– para, previa autorización de los militares estadounidenses, proceder a reagrupar a los colaboradores guiándoles a las dependencias donde también aguarda el embajador.

Los agentes del GEO y UIP forman una ‘cápsula’ de custodia del grupo cuando aterriza algún avión español, listo para una evacuación que se realiza en un corto plazo de tiempo. En ese momento, ceden a pie de pista del aeropuerto el testigo de la seguridad a los militares, que realizan el trayecto de ida y vuelta a Dubai, donde se hace escala hasta el posterior traslado a la base de Torrejón (Madrid).

Dentro del aeropuerto, la situación es de calma tensa aunque las citadas fuentes apuntan que la delegación española aguarda sin incidentes a que se complete la evacuación de todo el personal, cumpliendo con las indicaciones del Gobierno, y bajo supervisión directa del embajador y de los policías, que abandonarán Afganistán a bordo del último avión.

MÉS per Mallorca, que forma parte del Govern Balear que preside la socialista Francina Armengol, ha presentado una iniciativa en el Parlamento autonómico y en el Senado para que el Gobierno central haga los cambios legislativos necesarios para dar a conocer todos los documentos vinculados al 23-F y los GAL, ya que, apuntan, en los últimos años se han aportado nuevos datos «que ponen en duda la versión oficial».

Según ha explicado el partido este jueves en nota de prensa, su diputado en el Parlament, Joan Mas, sostiene que el 23 de febrero de 1981 se dio una versión «que durante décadas ha estado validada por los medios de comunicación y gran parte de los partidos sujetos al pacto constitucional de 1987».

Sin embargo, recientemente «se han dado a conocer nuevos datos de historiadores y memorias de algunos participantes de la trama» que pondrían en tela de juicio dicha versión.

En este sentido, Mas ha considerado que, cuatro décadas después del intento de golpe de estado, «no hay ninguna justificación para no conocer con detalle cada documento, registro o información» que esté en poder del Estado y que aporte «luz a la veracidad de los hechos» del 23-F.

Además, ha pedido que se alcance «esta necesidad» a través de la reforma de la Ley de Secretos Oficiales, a la que ha tachado de «franquista y generadora de opacidad, indefensión y, sobre todo, de desmemoria».

Mas ha descrito como «inexplicable» que esta Ley no esté todavía adaptada «a la realidad democrática actual» y ha considerado «vergonzoso» conocer de otros países y sus servicios de inteligencia hechos trascendentes que, todavía, «son secretos en el Estado español».

«Es un derecho democrático conocer mejor y de la misma manera el terrorismo de los GAL o el abandono del Sáhara Occidental», ha concluido.

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda (FNMT) acuñará, emitirá y pondrá en circulación hasta 12.000 monedas de colección dedicadas al lince ibérico durante el cuarto trimestre de 2021, según publica este jueves el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Las piezas, que tendrán un valor facial de 1,5 euros, tendrán un peso mínimo de 31,104 gramos, con un contenido mínimo de una onza de oro de 999,9 milésimas de oro fino.

Su diámetro circular será de 37 milímetros y su canto, liso. En el anverso se reproducirán los motivos y leyendas de un real de a ocho, de tipo columnario: dos hemisferios bajo corona real, flanqueados por las columnas de Hércules con el lema PLUS VLTRA, todo ello sobre un mar con oleaje.

En la parte superior, en sentido circular y en mayúsculas, aparecerá la leyenda Felipe VI Rey de España. Mientras, en la parte inferior de la moneda, en sentido circular se inscribirá la leyenda 1 onza 999,9 oro y con los motivos y leyendas una gráfica de piñones.

En el reverso, como protagonista se reproduce una imagen de la cabeza de un lince ibérico. A izquierda la marca de Ceca y el año de acuñación 2021. En la parte superior de la moneda, en dos líneas, el valor facial 1,5 euro. En la parte inferior y en sentido circular, la leyenda lince ibérico, rodeados los motivos y leyendas una gráfila de piñones.

En total se podrán emitir un máximo de 12.000 ejemplares que el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital autoriza a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda.

Asimismo, se destinarán a los fondos numismáticos del Museo de esa entidad hasta cinco unidades de estas monedas dedicadas al emblemático felino que a principios de este siglo se encontraba en peligro de extinción pero que gracias a distintas actuaciones y programas de conservación ha salido de ese estado y en la actualidad alcanza los 1.111 ejemplares según datos de mayo de 2021 confirmados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Los ciudadanos evacuados de Afganistán, que han llegado esta madrugada a España –tanto españoles como nacionales afganos–, han dado negativo en las pruebas del Covid que se les han realizado a su llegada al país y, aquellos que así lo precisen, podrán acceder al sistema de acogida español en un plazo no superior a 72, tal y como recoge el protocolo.

Todos ellos, algo más de medio centenar, llegaban en la madrugada de este jueves al aeropuerto de Torrejón (Madrid) en el vuelo A400 del Ejército del Aire, procedente de Kabul, y han sido recibidos por los ministros de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá; y de Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares.

En protocolo desplegado para esta situación, en el que el Gobierno cuenta con el apoyo de ONG, comienza con la realización de pruebas PCR a todos los evacuados que, según ha señalado Escrivá, han sido negativas en todos los casos.

A pie de pista, el Ejecutivo ha habilitado diferentes espacios acondicionados para atender a las familias afganas a las que, tras su identificación, se les ha informado sobre los procedimientos de protección internacional.

ESPACIOS DIFERENCIADOS Y ATENCIÓN SANITARIA Y PSICOLÓGICA

Esta protección internacional podrá ser solicitada desde el propio campamento de Torrejón, según ha explicado ACNUR, que ha recabado información sobre este proceso.

En dicho campamento se ha instalado a los afganos de forma provisional. Este tiene capacidad para unas 800 personas en espacios diferenciados para mujeres y niños –que se instalarán en módulos familiares con capacidad para 500 personas– y hombres –que lo harán en dos estancias con literas con capacidad para 200 personas–.

Además, disponen de un comedor para 200 personas, zonas de aseos y duchas. Todos los espacios cuentan con aire acondicionado y vigilancia y seguridad por parte de las fuerzas de seguridad.

Tal y como ha informado el Gobierno, también se ha montado un espacio para que puedan jugar los niños, otro para lactancia y alimentación de bebés y otro para atención sanitaria y psicológica. A todos los acogidos se les facilitará comida, bebida, mascarillas y utensilios de higiene femenina e infantil.

3.000 PLAZAS LIBRES

Todos este proceso estaba supeditado a la posibilidad de que alguno de los evacuados diera positivo en Covid-19. De estas pruebas también dependía la estancia de los ciudadanos en las instalaciones provisionales que, según el protocolo, no puede superar el plazo de 72 horas.

Al ser todas ellas negativas, se confirma que antes de que acabe la semana, aquellos que soliciten asilo en España serán trasladados a centros de acogida del Ministerio de Inclusión. El departamento que dirige Escrivá ha indicado que el país cuenta con «recursos suficientes para asistir a los solicitantes de protección internacional» y, en concreto, ha puesto a disposición de esta situación las alrededor de 3.000 plazas libres repartidas por toda España con las que cuenta ahora el país.

El propio ministro ha señalado, en una entrevista a La Sexta, que la atención de estas personas se realiza cada casi de forma «individualiza» para su integración. De hecho, ha explicado que ha llegado una mujer embarazada que no quieren que permanezca en las instalaciones provisionales, de forma que ella y su familia serán enviadas «lo antes posible» a un piso o centro de acogida.

DOS FASES PARA LA INTEGRACIÓN

«Durante los próximos 6 meses, aunque este periodo se puede extender a los 9 meses, se realiza un primer proceso de acompañamiento intenso», ha explicado, para indicar que, a través de las ONG colaboradoras, se trabaja en el «idioma», las «habilidades laborales» o la «integración con las administraciones.

Después comienza una segunda fase en la que el individuo es «más autónomo», aunque se le sigue protegiendo con fondos públicos para que pueda acceder a una vivienda o a un trabajo y se «acelere su proceso de integración». Esto se extiende a los 18-24 meses y, según ha declarado el ministro, este proceso «suele tener éxito».

En su intervención, Escrivá también ha agradecido a las comunidades autónomas y municipios que han ofrecido sus recursos por si fueran necesarios.

DIFICULTADES PARA LA MOVILIDAD DE LOS INTÉRPRETES

Por otra parte, Escrivá ha señalado que existen dificultades para evacuar a los intérpretes que colaboraron con las tropas españolas, ya que algunos «pueden estar distribuidos por todo Afganistán», según ha explicado el ministro y que se trata, en algún caso, de colaboradores que prestaron servicio «hace unos cuantos años» pero que han mostrado «interés» en salir del país.

Así, ha señalado que la situación en Afganistán es «compleja» y por lo tanto «no hay que descartar» que algunos tengan «dificultades de movilidad».

Escrivá ha confirmado que el contacto con los intérpretes lo están haciendo «los militares del ministerio de Defensa» y los diplomáticos que están en Kabul, que según ha precisado son los últimos españoles que se han quedado allí hasta que se logre «terminar este proceso». «Son ellos los que por distintos canales, me consta, están en contacto con estas personas», ha asegurado.

Finalmente el ministro ha afirmado que el Gobierno se está esforzando «al máximo» y poniendo «todos los recursos» para poder sacar del país a todos los que hayan colaborado con España y quieran salir, aunque, como ha advertido, la situación en Afganistán «es la que es».

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha sostenido este jueves que el Govern de la Generalitat tiene el «deber» de negociar la independencia frente al Estado en el marco de la mesa de diálogo y ha avisado de que solo tendrá sentido si en ella se tratan la amnistía y el derecho de autodeterminación.

En una conferencia en la 53 Universitat Catalana d’Estiu (UCE) en Prada de Conflent (Francia) junto al expresidente de la Generalitat Quim Torra, retransmitida también telemáticamente, Borràs ha dicho que un Govern independentista «tiene el derecho de negociar infraestructuras y competencias, faltaría más, pero tiene el deber de negociar cómo se avanza hacia la independencia».

Ademàs, ha recordado que el presidente Pere Aragonès dijo en su discurso de investidura que el Ejecutivo catalán está comprometido a culminar la secesión.

MESA «DE NEGOCIACIÓN»

Laura Borràs ha reiterado su «escepticismo» con esta mesa y ha afirmado también que está mal nombrada, ya que debería ser de negociación, no de diálogo.

«Es evidente que Cataluña debe negociar con el Estado, pero el Estado cree que será suficiente con un simulacro de diálogo para dejar el proceso independentista definitivamente atrás», ha advertido.

Borràs, que fue cabeza de lista de Junts a las elecciones catalanas, ha añadido que las reivindicaciones sobre temas autonómicos «tienen otros marcos, otras instancias, donde pueden ser tratadas y resueltas».

Además, ha augurado que «hará falta mucho menos de dos años para ver si la mesa de negociación tiene sentido, porque solo tendrá sentido si se tratan los temas que tocan: la amnistía y el derecho a la autodeterminación. Si estas cuestiones no entran ni en el orden del día con la excusa de que no caben en la Constitución, llegaremos pronto al cabo de la calle».

«La velocidad diésel que el presidente Sánchez ha impuesto y los mensajes previos que se van emitiendo desde Madrid no invitan, ciertamente, al optimismo, porque el presidente español parece más preocupado en garantizarse una nueva victoria electoral que en resolver la situación catalana», y ha acusado a Sánchez de obviar que los comicios del 14F generaron el Parlament más independentista de la historia, en sus palabras.

HUBO «INCONSISTENCIA INSTITUCIONAL»

Para Borràs, es el momento de «reconstruir la estructura institucional» de Cataluña tras el mal balance que, según ella, arroja la legislatura anterior en el Parlament –cuando lo presidía Roger Torrent, de ERC–.

Considera que la cámara mostró en la pasada legislatura una «inconsistencia institucional» cuando no se aprobó celebrar un debate de investidura a distancia de Carles Puigdemont, no se opuso resistencia –según ella– a la retirada del acta de diputado del expresidente, y no se publicaron oficialmente resoluciones sobre la monarquía.

Ha asegurado que tiene la voluntad de «dejar atrás aquella etapa» y que recibe mensajes de ciudadanos agradecidos por haber recuperado la autonomía del Parlament –en sus palabras–.

Así, ha trazado una estrategia de reconstrucción institucional en la que el Parlament debe ser el «espacio donde hablar de todo, con independencia de los poderes judicial y ejecutivo».

En ese plan, el Govern debería «evidenciar la insoportable limitación de la dependencia actual y todo aquello que el Govern no puede hacer», ya que el ejecutivo catalán continua atado de manos y pies, según ella, para hacer proyectos estratégicos, y solo puede gestionar las migajas.

Por último, Borràs ha destacado la importancia de la implicación de los ayuntamientos y del Consell per la República que «deberá hacer visible el horizonte republicano» que se quiere alcanzar.

La portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, ha registrado este jueves una solicitud para que el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, comparezca «de forma urgente» en una sesión extraordinaria en sede parlamentaria para dar cuenta del estado del Mar Menor y de la actuación de su gobierno.

«Es intolerable que López Miras esté desaparecido mientras el Mar Menor agoniza. Lo mínimo que debe hacer es dar la cara», ha dicho Marín, para quien el «silencio» del jefe del Ejecutivo «es una estrategia deliberada para huir de sus responsabilidades».

Para la parlamentaria, «desde la sopa verde de 2016 el Gobierno regional no ha hecho nada, salvo poner impedimentos a las medidas de protección de la laguna».

Podemos ha solicitado también la comparecencia urgente del consejero de Agricultura y Medio Ambiente Antonio Luengo, para que explique «sus íntimos vínculos con la agroindustria».

«La investigación de la Fiscalía, que trata de averiguar si Luengo favoreció unos regadíos ilegales de su tío, uno de los mayores terratenientes del campo de Cartagena, huele muy mal y apunta en la misma dirección que Podemos lleva meses indicando: los vínculos familiares y económicos de Luengo y el gobierno regional con la agroindustria», ha apostillado Marín.

La formación ‘morada’, que ya pidió el lunes la dimisión de Luengo por el estado del Mar Menor, quiere solicitar de nuevo su renuncia en un Pleno extraordinario. «No puede seguir ni un minuto más al frente. La Consejería de Agricultura y Medio Ambiente se ha transformado en una oficina de defensa de la agroindustria y en una amenaza para el medioambiente que debería defender», ha dicho.

Por otro lado, la diputada de la formación morada, que ha cancelado sus vacaciones, ha exigido al PSRM que apoye estas comparecencias. «Tal y como está el Mar Menor no hay vacaciones que valgan. Nuestra gente vive en vilo por el estado del Mar Menor y los políticos tenemos que estar al pie del cañón y dando soluciones como el Parque Regional del Mar Menor, no en la trifulca», ha concluido.