El déficit del conjunto de las administraciones públicas, excluida la ayuda financiera, se situó en 36.074 millones de euros hasta mayo, lo que supone restar 13.810 millones a la cifra registrada un año antes, un 27,7% menos, por lo que desciende al 2,98% del PIB, según los datos facilitados por el Ministerio de Hacienda.

En lo que respecta al déficit del Estado hasta el mes de junio, el dato se sitúa en el 2,95% del PIB, y desciende un 25,9% respecto al mismo periodo del año anterior, hasta los 35.665 millones de euros.

Esta reducción responde, principalmente, al incremento del 15% en los ingresos, mientras que los gastos se redujeron ligeramente, un 0,1%.

En cuanto al déficit público hasta mayo, el de la Administración Central aglutinó la mayor parte con 31.365 millones, el 2,59% del PIB, y dentro de este, el déficit del Estado alcanzó la cifra de 30.407 millones, lo que equivale al 2,51% en términos de PIB.

Por su parte, los organismos de la Administración Central registraron a finales del mes de mayo un déficit de 958 millones, frente al déficit de 374 millones de mayo de 2020, lo que supone aumento del 156,1% interanual.

3.063 MILLONES DE GASTO SOCIO-SANITARIO DE LA COVID EN CCAA

De su lado, la Administración regional registró un déficit hasta mayo de 1.738 millones, lo que equivale al 0,14% del PIB. Este resultado obedece a un incremento de los gastos del 5,1%, frente a los ingresos que crecieron a un mayor ritmo, del 5,6%.

De acuerdo con la información transmitida por las Comunidades Autónomas, 3.063 millones corresponden hasta mayo a gasto socio- sanitario derivado de la Covid-19.

En cuanto a los fondos de la Seguridad Social hasta mayo de 2021, la cifra registró un déficit de 2.971 millones, un 80% menos respecto a los 14.868 millones registrados en los primeros cinco meses de 2020. En términos de PIB el déficit de la Seguridad Social se situó en el 0,25%, frente al 1,33% del mismo periodo del año anterior.

Este mejor comportamiento es consecuencia, según Hacienda, de un incremento de los ingresos del 9,1% (destacando el buen comportamiento de las cotizaciones) frente al descenso de los gastos en un 6,4%.

INCREMENTO DE LA RECAUDACIÓN DEL ESTADO HASTA JUNIO

En lo referente a los datos del déficit del Estado hasta junio, el mejor resultado se debe, como ya se ha mencionado, a un incremento de los ingresos no financieros del 15%, frente al menor incremento de los gastos que crecen un 0,1%.

En concreto, los recursos no financieros, que ascendieron a 94.341 millones, lo que supone un 15% más respecto al mismo periodo de 2020, aumentando los impuestos un 20,6% respecto a junio de 2020, hasta los 80.611 millones.

En concreto, los impuestos sobre la producción y las importaciones aumentaron un 14,7%, de los que los ingresos por IVA crecieron un 16,8%. Los impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio subieron un 33,3% debido al IRPF, que se alzó un 31,5% y al aumento del Impuesto sobre Sociedades, que creció un 42,1%.

Por su parte, los impuestos sobre el capital se incrementaron un 292,9%, respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que los ingresos de las cotizaciones sociales descendieron ligeramente, en un 2%.

LEVE AUMENTO DEL GASTO DEL 0,1%

De su lado, hasta junio, los gastos no financieros del Estado se situaron en 130.006 millones, cifra superior en un 0,1% a la registrada en 2020. La partida de mayor volumen, que fueron las transferencias entre administraciones públicas, ascendieron a finales de junio a 81.432 millones, en niveles muy similares a los de 2020, destacando las transferencias corrientes a las Comunidades Autónomas, que se han incrementado un 2,8%, es decir, 1.202 millones más hasta alcanzar los 44.828 millones.

El importe de los gastos del Estado relacionados con la pandemia ha sido de 5.351 millones, de los que 4.791 millones fueron transferencias a las Comunidades Autónomas y 559 millones, gasto en los consumos intermedios, que se corresponde casi en su totalidad las vacunas.

El precio mayorista de la electricidad ha cerrado este junio con una media de 93,46 euros por megavatio hora (MWh), lo que supone el nivel más alto de la historia, superando así el anterior precio récord de 83,3 euros del pasado mes de junio, y un 169,8% por encima del mismo mes del año pasado.

Según datos de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), este precio ha sido un 12,5% superior al de Alemania y un 16,7% superior al de Francia. Con respecto a junio de 2021, el precio medio de julio ha sido un 12,2% superior.

Además, considerando la evolución del mercado diario en 2021 y las cotizaciones de los precios futuros hasta fin de año, el precio medio estimado del mercado eléctrico español es de 79,05 euros/MWh, un precio 131,8% mayor que el de 2020, y un 9,8% más caro que el del mercado alemán y un 4,1% más caro que el mercado francés.

Por su parte, la cotización del futuro para 2022 del mercado eléctrico español a 30 de julio ha sido de 73,55 euros/MWh, un 3,6% más caro que hace un mes, y un 2,6% inferior a la cotización del mercado alemán.

AEGE subraya que en estos primeros siete meses del año los precios eléctricos de Alemania y Francia han sido inferiores a los de nuestro mercado.

Además, señala que para la industria electrointensiva española, considerando las medidas aprobadas en su Estatuto, se estima un precio a fin de año en España de 88,36 euros/MWh, más del doble que el precio francés, que es de 40,39 euros/MWh, y superior en casi 30 euros/MWh al alemán, que es de 59,22 euros/MWh.

RECIBO UN 5,4% MÁS CARO QUE EN JUNIO Y UN 17% QUE HACE UN AÑO.

En lo que respecta al recibo de la luz, con estos niveles de precio de la electricidad, OCU estimó que la factura media de un hogar con tarifa regulada (PVPC) -con 4,6 kilovatios (kW) de potencia y un consumo mensual de 292 kWh- se elevará hasta los 72,5 euros al mes, lo que representa un incremento del 5,4% respecto a junio (68,80 euros) y un 17% respecto al pagado durante el mes de julio de 2020 (55,70 euros).

Sin la reducción del IVA del 21% al 10%, aprobada a finales del mes pasado por el Gobierno de manera transitoria hasta final de año para contener el impacto alcista del precio de la luz en el recibo, la factura se hubiera elevado hasta los 79,80 euros, indica la asociación.

Así, en lo que va de 2021, la factura eléctrica de un hogar asciende a unos 470 euros, lo que representa un 23% más que en los siete primeros meses de 2020, con unos 89 euros más.

El precio de la energía tiene un peso cercano en la factura de en torno al 24%, mientras que alrededor del 50-55% corresponde a los peajes -el coste de las redes de transporte y distribución- y cargos -los costes asociados al fomento de las renovables, a las extrapeninsulares y las anualidades del déficit de tarifa- y el resto impuestos.

Las oscilaciones en el precio diario afectan a los consumidores acogidos a la tarifa regulada (PVPC), algo más de 10 millones, mientras que están exentos los que están en el mercado libre -unos 17 millones-, ya que cuentan con un precio pactado con su compañía.

Representantes del sindicato Uscal se han concentrado este viernes en las inmediaciones del Convento de San Esteban de Salamanca, donde se ha celebrado la Conferencia de Presidentes, para pedir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a los máximos responsables de las comunidades autónomas la reducción de la temporalidad en la administración pública y que «se respete el derecho a la estabilidad de los empleados públicos temporales en abuso».

Uscal, quien ha insistido en su mensaje: ‘Contra la precariedad laboral en el sector público: hay que consolidar personas, no plazas’, ha remarcado que «España lidera las tasas de temporalidad de toda la Unión Europea, desde siempre, y esas tasas son intolerables en un estado miembro de la Unión».

«En la empresa privada, la inspección de trabajo persigue las conductas abusivas y fraudulentas, sancionándolas. En el sector público, sin embargo, la ausencia de toda herramienta de inspección mantiene oculta la temporalidad abusiva», ha añadido en un comunicado posterior a la concentración en Salamanca.

En el sector público «hay más de 800.000 empleados públicos temporales, con años de servicio a sus espaldas, cubriendo aquellos destinos que nadie quería, que pueden cesar en cualquier momento porque su puesto de trabajo queda al arbitrio de la Administración de turno. Despido libre y gratuito en pleno siglo XXI», ha añadido.

«A todos los partidos políticos, a todas las administraciones, a todos los sindicatos que se sientan en las mesas de negociación porque dicen defender a los trabajadores, hay que insistirles en que deben aplazarse de inmediato todas las convocatorias en marcha hasta que se inspeccione cada relación temporal: las situaciones de abuso no pueden terminar con el cese del trabajador», según el sindicato.

Por ello, ha remarcado que «es inaceptable el cambio de unos trabajadores, en abuso, por otros, nuevos opositores. No puede confundirse ni enfrentar el derecho de unos trabajadores abusados con la expectativa de derecho de los opositores».

Por ello, Uscal ha pedido «un gran pacto nacional para reducir la temporalidad en el sector público y para eliminar completamente la temporalidad abusiva de todas las administraciones públicas» y ha instado al presidente del Gobierno, a los de los gobiernos autonómicos y a la Federación Española de Municipios y Provincias, «justicia» y «que se cumpla la Ley y se sancione a quien no la cumpla», además de que «se respete el derecho a la estabilidad de los empleados públicos temporales en abuso».

Banca March destaca que sigue siendo la entidad más solvente de España al registrar unos «sólidos» ratios financieros y de capital y una ratio CET1 del 18,43% a diciembre de 2020, según señala en un comunicado.

Con esta cifra, la entidad ha adelantado en dos años el objetivo establecido en su Plan Trienal 20-22 de alcanzar el 18% a finales de 2022.

La firma, que no está supervisada por la Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés) debido a criterios de tamaño –entidades de más de 30.000 millones de euros en activos–, no figura entre las entidades analizadas en los test de estrés elaborados por este organismo regulador y cuyos resultados se publicarán esta tarde, a cierre de mercado, sino que es supervisada directamente por el Banco de España.

La EBA basa este informe en los datos de los bancos europeos a cierre del último ejercicio, en este caso 2020, en el que Banca March presentó una ratio CET1 del 18,43%. En las últimas cifras publicadas, a cierre de marzo, este indicador pasó a situarse en 18,22%, «manteniéndose como el más elevado de la banca española y unos de los más altos de Europa», señala la entidad.

Por otro lado, Banca March ha destacado que sus clientes valoran «muy positivamente» la «solidez y solvencia» del banco, tal y como se recoge en el informe sectorial de satisfacción de clientes elaborado por Stiga entre los usuarios de las 16 principales entidades con actividad en España.

Además, ha recordado que la agencia Moody’s confirmó en abril de 2020 el rating de ‘A3’ con perspectiva ‘estable’ de la entidad, destacando en su análisis el «sólido perfil crediticio del banco, con ratios de solvencia que se sitúan entre los más altos del sistema bancario español y una robusta posición de liquidez, apoyada en una elevada disponibilidad de activos líquidos».

El consejero delegado de Banca March, José Luis Acea, ha afirmado que es «un orgullo» mantenerse como el primer banco español con mayor ratio de solvencia.

Así, ha destacado que la entidad «cuenta con sólidos ratios financieros y de capital, profesionales formados en la mejor escuela de gestores de la banca española para el asesoramiento patrimonial y a la empresa familiar, un uso creciente de la tecnología al servicio del negocio, productos exclusivos como la coinversión y el liderazgo en la calidad de servicio percibida por los clientes.

Por otro lado, el banco ha recordado que a 31 de marzo registraba la tasa de mora «más baja del sector en España», de un 1,50%, frente al 4,55% de la media del sector, según los últimos datos del Banco de España, «sin haber recurrido a la venta masiva» de carteras de préstamos dudosos «a descuento».

Por último, destaca que los niveles de liquidez –LCR (191,7%) y DTL (130,0%)– y cobertura de riesgos dudosos de la entidad en el primer trimestre del año (59,9%) se situaron «entre los más altos de la banca».

Los fondos de inversión cerraron el mes de julio con un incremento en su volumen de activos de 3.219 millones de euros, un 1,1% más que el mes anterior, con lo que el total se sitúa en 303.511 millones de euros, casi 29.000 millones de euros por encima del cierre de 2020 y un 10,5% de crecimiento en el año, según datos de Inverco.

Ante un comportamiento plano en los mercados financieros, este incremento ha tenido su origen, principalmente, en el volumen de las suscripciones netas, que han aportado el 70% del crecimiento del mes. El 30% restante tuvo su origen en las revalorizaciones de cartera por efecto mercado.

Los fondos que Renta Fija, los Fondos Globales y los Fondos de Renta Fija Mixta fueron los que más crecimiento experimentaron en sus patrimonios, con aumentos de 1.794 millones, 1.037 millones y 665 millones, respectivamente.

Estas tres categorías suponen prácticamente la totalidad del incremento del mes, a lo que se suman los 293 millones de los fondos de Renta Variable Mixta. Por el contrario, los fondos Garantizados registraron descensos de 695 millones y los de Renta Variable Internacional, de 68 millones.

Los flujos netos han sido positivos por sexto mes consecutivo, con un importe de 2.267 millones de euros, por lo que Inverco resalta que el ahorrador ha mantenido en julio su confianza en este tipo de vehículos.

En el conjunto del año 2021 los Fondos de Inversión acumulan más de 16.500 millones de euros en suscripciones netas. Por categorías, la mayor parte han experimentado flujos de entrada positivos: los de Renta Fija han registrado suscripciones por 1.676 millones de euros, seguidos de los Globales, con 686 millones y los de Renta Fija Mixta, con 463 millones.

Los Garantizados, por su parte, registraron reembolsos netos por casi 742 millones de euros, en tanto que los de Renta Variable Internacional fueron de 110 millones y los de Gestión Pasiva, de 21 millones.

RENTABILIDAD MEDIA DEL 0,27%

La rentabilidad media de los fondos de inversión en julio fue del 0,27%, con rentabilidades positivas en casi todas las categorías a excepción de Renta Variable Nacional, que ha obtenido un rendimiento negativo del 0,36%. No obstante, en el año su avance alcanza el 10,96%.

Los vehículos de Gestión Pasiva han sido los que han obtenido una mayor rentabilidad, con el 0,59%, seguidos de los Globales, con un 0,52%, y los de Renta Fija Mixta, con un 0,39%.

En el conjunto del año, los fondos de inversión acumulan una rentabilidad del 4,54% y todas las categorías presentan rendimientos positivos. Los de renta variable pura son los que cuentan con mejores cifras, del 14,35% en el caso de la Renta Variable Internacional y el ya citado 10,96% de la Renta Variable Nacional.

El Tesoro Público ha decidido no convocar la subasta de bonos y obligaciones del Estado que estaba prevista para el próximo 19 de agosto, según ha informado el organismo dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

De esta forma, en el mes de agosto el Tesoro prevé convocar un total de tres subastas los días 5, 10 y 17. En concreto, el 5 se subastarán bonos y obligaciones del Estado; el 10, letras a 6 y 12 meses y el 17, letras a 3 y 9 meses.

De cara a la próxima emisión del 5 de agosto, el Tesoro ya ha anunciado las cuatro referencias de bonos y obligaciones que se subastarán.

En este sentido, se emitirán bonos del Estado a 3 años, con cupón del 0% y vencimiento el 31 de mayo de 2024; bonos del Estado a 5 años, con cupón del 0% y vencimiento el 31 de enero de 2026; Obligaciones del Estado indexadas a la inflación a 10 años, con cupón del 1% y vencimiento el 30 de noviembre de 2030 y Obligaciones del Estado a 10 años, con cupón del 0,5% y vencimiento el 31 de octubre de 2031.

En la última subasta, celebrada el pasado 15 de julio, el Tesoro Público adjudicó 5.366 millones de euros en bonos y obligaciones del Estado, por debajo del objetivo máximo de 6.000 millones que se había marcado.

Los inversores volvieron a mostrar su apetito por los títulos de la deuda española al haber demandado 10.363 millones de euros en la emisión, casi el doble de lo finalmente adjudicado por el organismo, según los datos del Banco de España.

REDUCCIÓN DE 20.000 MILLONES EN LA EMISIÓN DE DEUDA

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, anunció este mismo mes la decisión de reducir la emisión prevista de deuda pública para 2021 en 20.000 millones de euros, con lo que la emisión neta de deuda este año por parte del Tesoro ascenderá aproximadamente a unos 80.000 millones de euros.

Con la reducción de las necesidades de financiación, el grueso de la financiación para 2021 se seguirá obteniendo mediante la emisión de instrumentos a medio y largo plazo, con un total de 174.399 millones, y en menor medida a través de Letras, 94.758 millones.

Según ha explicado el Ministerio, el Tesoro aceleró en la primera mitad del año la ejecución del programa de financiación, lo que ha permitido que se haya ejecutado ya el 71,8% del programa de emisión a medio y largo plazo.

El consejero delegado de BBVA, Onur Genç, ha comunicado que el banco podría liberar parte de las provisiones realizadas por la pandemia en 2022, siempre que la situación macroeconómica siga mejorando.

Durante la presentación de resultados del primer semestre, el directivo ha recordado que BBVA ha creado 1.500 millones de provisiones específicas desde el inicio de la pandemia, de los que casi 900 millones fueron para España.

BBVA no espera una subida de la morosidad este año, mientras que «podría haber algo de subida» en 2022, dependiendo de la evolución de los créditos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

En cualquier caso, Genç ha asegurado que la cantidad provisionada «va a ser más que suficiente», por lo que BBVA podría plantearse liberbar parte de ellas, aunque esperará hasta 2022 para ver la evolución de las cifras.

«Si mejora la macroeconomía, probablemente liberaremos algunas de estas provisiones. Nuestra idea es que, si las cosas siguen mejorando, podríamos liberar algunas provisiones, pero eso sería más bien en 2022. Tenemos que ver, sobre todo en España, cómo evolucionan las carteras antes de liberar provisiones», ha comunicado el consejero delegado ante analistas e inversores.

En otro orden de cosas, el directivo ha descartado estar preocupado por la deuda pública en España, pues en su opinión lo importante es utilizar ese mayor endeudamiento para aprovechar los fondos europeos.

Tampoco le preocupa la recuperación del turismo en España, pues BBVA calcula que la facturación del turismo será en torno al 70% de la de un año normal.

«Ojalá hubiera sido más, pero la cifra podría haber sido muchísimo peor y, por tanto, está resultando un año bastante razonable para el turismo, dentro de lo previsto. Creo que España va a poder seguir adelante con esas cifras sin problema», ha asegurado.

Plus Ultra Líneas Aéreas muestra su satisfacción ante la solicitud de la Fiscalía Provincial de Madrid a la juez de Instrucción Número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, para que desbloquee la ayuda pública a la compañía Plus Ultra en lo relativo al pago de 34 millones de euros, concedido por Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE).

La Fiscalía afirma que en ausencia de apoyo estatal, la compañía no podría atender sus obligaciones operativas, «teniendo graves dificultades para seguir en funcionamiento».

El cese de la actividad de Plus Ultra, señala la Fiscalía citando los informes aportados por la propia compañía, generaría una pérdida de empleo directa de más de 400 personas y afectaría de forma indirecta al empleo de 2.700 trabajadores. El impacto económico sería de 365 millones de euros en términos de facturación, añade.

Por tanto, desde Plus Ultra quieren expresar la «absoluta coincidencia» con la Fiscalía en todos sus puntos y reiterar su satisfacción por lo anunciado, así como por las recientes decisiones tomadas por el Tribunal Supremo, el Tribunal de Cuentas y la Comisión Europea con respecto a la financiación pública que se le ha otorgado.

Asimismo, la aerolínea insiste en que «todas estas decisiones refrendan la falta de fundamento de las falsas acusaciones y tergiversaciones que se están vertiendo desde diferentes medios de comunicación, representantes políticos y diversas organizaciones durante los últimos meses sobre la aerolínea española.

PRÉSTAMO PARALIZADO

La petición del Ministerio Público se da a conocer dos días después de que la compañía hiciera llegar a la juez un escrito de alegaciones en el que defiende que el préstamo que le resta por recibir por parte del Gobierno «resulta indispensable» para garantizar la viabilidad de la aerolínea.

La juez paralizó el pasado jueves la entrega de los 34 millones de euros que forman parte del rescate a la aerolínea y que se debían desembolsar este miércoles, 28 de julio.

Plus Ultra también aportó el informe de un auditor de cuentas independiente en el que, tras adverarse los datos contables de la compañía, se contrasta la realidad de las necesidades financieras de su actividad económica habitual en el marco del Plan de Viabilidad elaborado para la solicitud del apoyo financiero público.

IAG Cargo, responsable de la comercialización de la carga de las aerolíneas de International Airlines Group (IAG) ha registrado ingresos por 769 millones de euros en el primer semestre del año, lo que supone un 25% más que los registrados en la primera mitad de 2020.

La compañía ha anunciado este viernes una fuerte subida de los ingresos correspondientes al segundo trimestre en un contexto muy positivo para el transporte de mercancías y alineado con la mejora que vive este mercado.

En concreto, IAG Cargo ha obtenido unos ingresos de 419 millones de euros del 1 de abril al 30 de junio de 2021, lo que supone un incremento del 17,3% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, a tipos de cambio constante.

Aunque la rentabilidad para el trimestre se ha reducido en un 31,2% en comparación con el ejercicio anterior a tipos de cambio constante, las toneladas vendidas han aumentado en un 56,2%, lo que refleja un repunte de demanda del mercado que ha compensado el descenso de la rentabilidad.

El comercio electrónico continúa siendo un factor clave de la actividad durante el trimestre, con el transporte de una amplia gama de productos que abarcan desde ropa y electrónica a equipamiento deportivo. En este mismo periodo, ha habido un aumento muy significativo del transporte de vinos italianos a Estados Unidos (95.000 botellas, aproximadamente).

Junto con los vuelos de pasajeros, durante el segundo trimestre y a medida que algunos países han ido levantando las restricciones sanitarias, IAG Cargo ha operado vuelos mixtos de pasajeros y carga.

En consecuencia, se ha incrementado la actividad desde España a América Latina, gracias al reinicio de la ruta a Guayaquil, el aumento de frecuencias a Sao Paulo y Ciudad de México, y la reanudación de los vuelos a San Juan.

Durante el segundo trimestre, IAG Cargo ha operado un amplio programa de vuelos chárter además de vuelos exclusivamente de carga. Concretamente, Iberia ha operado un total de 474 vuelos solo con carga durante el primer semestre del año (298 en el primer trimestre y 176 en el segundo), sobre todo a Argentina y Colombia con productos perecederos, farmacéuticos, equipos médicos, textiles, repuestos de automoción y herramientas, entre otros.

En el caso de British Airways, también engloba a los vuelos especiales de carácter humanitario a la India para proporcionar equipos médicos y material sanitario al país cuando experimentó un ascenso en el número de contagios por COVID-19.

Iberia, aerolínea integrada en el grupo IAG, registró unas pérdidas de 337 millones de euros en el primer semestre del año, frente a unos ‘números rojos’ de 359 millones de euros registrados en el mismo periodo del año pasado.

Los ingresos alcanzaron los 929 millones hasta junio, frente a los 1.373 millones contabilizados en el mismo periodo de un año antes debido sobre todo por el parón provocado por la pandemia del Covid-19.

De su lado, British Airways registró unas pérdidas de 1.445 millones de euros antes de partidas excepcionales, frente a unas pérdidas de 1.094 millones de euros registradas en el mismo periodo del año anterior. Los ingresos de la aerolínea se situaron en 1.060 millones de euros frente a los 3.223 millones de euros de un año antes.

En el caso de Vueling, la pérdida contable fue de 204 millones de euros con respecto al primer semestre de 2020 cuando se registraron unas pérdidas de 268 millones de euros. En lo referido a los ingresos, se situaron en 196 millones, frente a los 313 millones del primer semestre del pasado año.

Por lo que se refiere a Aer Lingus, las pérdidas se situaron en 199 millones de euros, frente unas pérdidas de 189 millones de euros. La facturación alcanzó los 65 millones de euros, cifra muy inferior a los 377 millones registrados en el mismo periodo del año anterior.

El ‘holding’ IAG, que engloba Iberia, British Airways (BA), Vueling y Aer Lingus, registró unas pérdidas después de impuestos y partidas excepcionales de 2.048 millones de euros en el primer semestre de este año, frente a las pérdidas de 3.813 millones registradas de un año antes, debido a las restricciones de viajes derivadas por la crisis sanitaria del Covid-19.

Los planes de capacidad de transporte de pasajeros actuales para el tercer trimestre para el holding aéreo son alrededor del 45% de la capacidad de 2019, «pero siguen siendo inciertos y estando sujetos a revisión». El Grupo calcula que se necesitará al menos hasta 2023 para que la demanda de pasajeros recupere los niveles de 2019.

El consejero delegado de IAG, Luis Gallego, destacó especialmente en la presentación de los resultados semestrales los buenos resultados de Iberia y Vueling.

«En el segundo trimestre, ambas compañías registraron los mejores rendimientos dentro del Grupo, fruto de las menores restricciones de viaje en algunos países de América Latina y la recuperación del mercado doméstico español», explicó el directivo.

Durante el semestre, el Grupo también formalizó una línea de crédito renovable garantizada con un consorcio de bancos por importe de 1.755 millones de dólares (1.476 millones de euros) disponible durante tres años más dos ampliaciones consecutivas de un año, a discreción de las entidades.

La línea de crédito está a disposición de Aer Lingus, British Airways e Iberia y cada una de ellas tiene su propio límite de crédito dentro de la línea general. A 30 de junio, no se habían realizado disposiciones de esta línea de crédito.

CAPACIDADES DE LAS AEROLÍNEAS.

Durante los seis primeros meses de 2021, la capacidad de IAG, medida en asientos-kilómetro ofertados o AKO, cayó un 52,5% frente a 2020 y un 79,2% frente a 2019, registrándose descensos en todas las regiones a causa de la pandemia de Covid-19.

La capacidad sigue viéndose afectada considerablemente por las restricciones a los viajes decretadas por los gobiernos nacionales en respuesta a la pandemia de COVID-19 y las nuevas variantes del virus.

Durante el primer trimestre, la capacidad de British Airways se vio afectada negativamente por el confinamiento impuesto en todo el Reino Unido a principios de enero y la prohibición de los viajes internacionales. Se operaron rutas de largo radio fundamentalmente para el transporte de carga, con varios vuelos diarios a ciudades estadounidenses.

Las operaciones de corto radio se vieron gravemente limitadas por las restricciones, pero se ofrecieron servicios regulares para conectar las principales ciudades que registraron una demanda sostenida de viajes de negocios.

Las operaciones de largo radio de Iberia se centraron en las rutas a Latinoamérica y el Caribe (LACAR) y se beneficiaron de los viajes para visitar a amigos y familiares durante el periodo de Navidad y Año Nuevo y en las fechas previas a la Semana Santa, aunque las restricciones introducidas en la UE en respuesta a la identificación de la variante brasileña del COVID-19 afectaron negativamente a los volúmenes de pasajeros.

Las operaciones de Vueling se centraron en los mercados domésticos y en conectar la península ibérica con las islas Canarias y Baleares. La capacidad de Aer Lingus continuó estando determinada por las necesidades de carga, con vuelos operando regularmente a Nueva York, JFK, Chicago y Boston con coeficientes de ocupación de pasajeros muy bajos.

Las operaciones de largo radio de LEVEL desde Barcelona estuvieron muy limitadas y sólo se ofrecieron vuelos regulares a Buenos Aires en el primer trimestre.

Durante el segundo trimestre, la capacidad de British Airways se vio afectada negativamente por las restricciones a los viajes impuestas por el gobierno británico y la reintroducción del sistema de semáforo para los viajes. El carácter restringido de la lista «verde» limitó duramente la recuperación de la capacidad prevista en relación con el levantamiento de las restricciones a los desplazamientos.

Las restricciones introducidas por otros gobiernos en cuanto a viajes desde el Reino Unido en respuesta a la variante delta del COVID-19 también contribuyeron a la baja capacidad. Las operaciones de largo radio de Iberia siguen centrándose en la región donde las rutas a Colombia y Ecuador están beneficiándose del tráfico de visitas a amigos y familiares. Las rutas de corto radio se beneficiaron de unos mayores niveles de tráfico de conexión durante el trimestre.

Las operaciones de Vueling durante el trimestre se beneficiaron del levantamiento del estado de alarma por parte del gobierno español el 9 de mayo de 2021 y de las restricciones a los viajes que este conllevaba. Las rutas domésticas entre la Península Ibérica y las islas Canarias y Baleares evolucionaron favorablemente.

La capacidad de Aer Lingus siguió estando gravemente limitada por las severas restricciones instauradas por el gobierno irlandés con coeficientes de ocupación de pasajeros de un 20% de promedio. Las operaciones siguen estando determinadas por las necesidades de carga y se operaron vuelos regularmente a Nueva York, Chicago y Boston. LEVEL mantuvo sus operaciones regulares a Buenos Aires y a finales del trimestre retomó los vuelos a San Francisco.

El mercado bursátil no ha acogido bien estos resultados y a media mañana las acciones de IAG caían más de un 7% desde los 2,13 euros con los que cerró en la jornada del jueves hasta los 1,97 euros al mediodía de este viernes.

CC.OO. ha exigido a Deliveroo «plenas garantías» para los 4.000 trabajadores afectados, en su gran mayoría como ‘riders’ bajo la figura de falso autónomo, por su marcha de España, una decisión que «obedece exclusivamente a una estrategia de mercado y a su falta de rentabilidad», según ha informado este viernes.

En concreto, el sindicato ha reclamado que el impacto en términos laborales sobre dichos empleados se afronte reconociendo su estatus laboral «como así han señalado múltiples actas de Inspección de Trabajo y sentencias de los tribunales españoles.

El sindicato -que ya ejerció como asesor de los trabajadores en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) ejecutado en dicha empresa en 2020- se ha puesto a disposición de la plantilla afectada de cara al periodo de consulta que Deliveroo ha anunciado para septiembre, y que «más allá del eufemismo que deberá aclararse por la propia empresa, entendemos como el periodo de consultas preceptivo de un procedimiento de despido colectivo».

El sindicato ha subrayado que existen otras plataformas de reparto presentes en territorio español que son rentables económicamente y cumplen con la legislación laboral.

Asimismo, CC.OO. ha reclamado al Gobierno una «especial» implicación con el cumplimiento y despliegue del Real Decreto-ley 9/2021 del 11 de mayo, la conocida como ‘Ley Rider’, por el que se modifica el Estatuto de los Trabajadores para garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales.

En este sentido, el sindicato ha expresado su preocupación ante el anuncio de Glovo de su intención de «desobedecer» la ley y seguir operando sin garantizar la laboralidad y, por tanto, sin respetar los derechos tanto individuales como colectivos de una mayoría de sus repartidores.

Ante esta situación, CC.OO. ha exigido un impulso «decidido», desde la acción legislativa e inspectora, para garantizar la laboralidad de las personas trabajadoras de las plataformas digitales de reparto.

El consejero delegado de BBVA, Onur Genç, no prevé que el grupo realice nuevos procesos de reestructuración de empleo en el corto plazo, pues el foco del equipo directivo es centrarse exclusivamente en el negocio.

Así lo ha indicado durante la presentación de resultados del primer semestre, tras ser preguntado sobre la posibilidad de que BBVA anuncie un nuevo ERE en España en los próximos tres años, una vez que finalice el actual plan para 2.935 empleados en España, que llevará consigo un ahorro de costes de en torno a 250 millones de euros brutos al año a partir de 2022.

«Diría que el foco a corto plazo del equipo directivo es volver a centrarnos exclusivamente en el negocio, en crecer. No estamos pensando en futuros ERE, estamos pensando en ejecutar el actual y centrarnos en nuestros clientes y negocio», ha afirmado.

En cualquier caso, en la presentación previa ante analistas e inversores el consejero delegado ha señalado que el acuerdo cerrado con los sindicatos no impide al grupo llevar a cabo nuevas reestructuraciones en los próximos años, aunque por el momento no entra dentro de sus planes.

«Este ERE hay que completarlo, el proceso está todavía en marcha y en años posteriores podremos llevar a cabo otros programas de reestructuración, aunque no lo tenemos previsto», ha manifestado ante los analistas.

El consejero delegado ha asegurado estar «muy satisfecho» con el proceso actualmente en marcha y con haber alcanzado un acuerdo con la mayoría de los sindicatos.

Preguntado sobre la posibilidad de realizar un ajuste similar en otros países, el consejero delegado del grupo ha asegurado que BBVA no tiene, de momento, un plan específico para ello, pues las tendencias que se ven en España son diferentes a las del resto de geografías, que son mercados emergentes donde todavía el sector financiero está «muy poco desarrollado».

«Por eso, no esperamos, de momento, ninguna reestructuración importante en otros países», ha afirmado.

SIN IMPACTO REPUTACIONAL POR EL ERE O EL CASO CENYT

En un reciente análisis, BBVA no ha visto un impacto negativo del ERE en la reputación del banco, a lo que Genç cree que habría contribuido que la adhesión al programa haya sido voluntaria.

Tampoco el banco ha percibido impacto en la reputación del banco por el caso Cenyt que se desarrolla en la Audiencia Nacional, en el marco de la macrocausa sobre los negocios del comisario José Manuel Villarejo, «ni siquiera en los momentos más álgidos del tema».

Sobre este asunto, el consejero delegado ha reiterado que la prioridad de BBVA «es, desde el primer momento, la plena colaboración con la Justicia en el esclarecimiento de los hechos».

Preguntado por la reciente citación como investigado del responsable de comunicación del banco, Paul García Tobin, presente durante la presentación de resultados, Genç se ha limitado a recordar que la política del banco es no hablar sobre personas concretas. «No tengo más comentarios sobre el tema», ha zanjado.