Durante años, parecía que el mundo avanzaba en la eliminación del hambre. Sin embargo, a partir de 2014 la tendencia retrocedió lentamente y se invirtió en muchas naciones y ahora, unos 700 millones de personas –casi el 9% de la población mundial– se pasan con hambre, según la ONU. Una nueva investigación, publicada en ‘Nature Food’, ha demostrado que después de años de avances en la seguridad alimentaria, algunas naciones experimentan un fuerte retroceso.

Una de las regiones más afectadas es el África subsahariana. Mucha gente culpa a las sequías alimentadas por el cambio climático, pero el nuevo estudio analiza la cuestión con detalle y ha concluido que dice que no es así, sino que la culpa la tienen las guerras de larga duración y no el clima.

El estudio concluye que, si bien las sequías causan habitualmente inseguridad alimentaria en África, su contribución al hambre se ha mantenido estable o incluso ha disminuido en los últimos años. En cambio, el aumento de la violencia generalizada y de larga duración ha desplazado a la población, ha elevado los precios de los alimentos y ha bloqueado la ayuda alimentaria exterior, lo que ha provocado el cambio de tendencia.

«Cualquiera pensaría que se trata de sequías e inundaciones inducidas por el clima, porque eso es lo que la gente tiende a decir –señala Weston Anderson, que dirigió el estudio como investigador postdoctoral en el Instituto Internacional de Investigación para el Clima y la Sociedad de la Universidad de Columbia, en Estados Unidos–. Pero los académicos no han comparado la importancia de la sequía con la de la violencia en el desencadenamiento de las crisis alimentarias de forma global».

Para llegar a sus conclusiones, analizaron los datos de 2009 a 2018 del Sistema de Alerta Temprana de Hambrunas, una red financiada por USAID que proporciona información a los gobiernos y a las organizaciones de ayuda sobre crisis alimentarias inminentes o en curso en docenas de países. El sistema muestra que el número de personas que necesitan ayuda alimentaria de emergencia en los países supervisados aumentó de 48 millones en 2015 a 113 millones en 2020.

El sistema no está diseñado para cuantificar los diferentes factores que hay detrás de las emergencias. Sin embargo, Anderson y sus colegas han sido capaces de descifrarlos para 14 de los países africanos con mayor inseguridad alimentaria, las naciones que se extienden en una franja que va desde Mauritania, Malí y Nigeria en el oeste, pasando por Sudán, Chad y otras naciones, hasta Etiopía, Kenia y Somalia en el este. El estudio también incluyó varias naciones más al sur, como Mozambique y Zimbabue.

Los investigadores descubrieran que las sequías periódicas y bien documentadas han estado detrás de las crisis alimentarias en amplias zonas, pero los efectos globales de la sequía no aumentaron durante el periodo de estudio; al contrario, disminuyeron en algunas zonas.

Cuando la sequía se produjo, los agricultores se recuperaron normalmente en la siguiente temporada de siembra, en el plazo de un año más o menos. Los ganaderos tardaron el doble de tiempo en recuperarse, porque las zonas en las que viven se vieron con condiciones más extremas, y la gente tardó en reconstruir sus rebaños duramente afectados.

En medio de los habituales altibajos de las lluvias, la violencia ha sido responsable del progresivo aumento del hambre, según el estudio. Los conflictos de larga duración, que van desde repetidos atentados terroristas hasta combates campales entre ejércitos, han provocado una escasez que se prolonga año tras año, sin que se vislumbre el final, dicen los autores.

Este ha sido el caso especialmente en el noreste de Nigeria, donde la guerrilla de Boko Haram ha llevado a cabo una implacable campaña de ataques contra el gobierno y gran parte de la población durante la última década. También en Sudán del Sur o Somalia, donde se ha producido un aumento del hambre inducido por la guerra, pero en esos países, las sequías han sido los factores más dominantes, según el estudio. En la mayoría de los casos, los pastores vuelven a ser los más afectados por la violencia, al igual que por la sequía, porque es más probable que vivan en las zonas más propensas a la violencia.

La última víctima es Etiopía, donde el hambre se ha disparado en todo el país en los últimos años, principalmente debido a unas lluvias inferiores a la media. Pero el año pasado estalló una guerra civil en la región de Tigray, lo que agravó enormemente la miseria. El estudio no examina este nuevo conflicto, pero un reciente informe de la ONU afirma que más de 5 millones de personas de la región necesitan ayuda alimentaria urgente, y que muchas de ellas ya están sufriendo una hambruna total.

Los investigadores analizaron una tercera causa posible del hambre: las langostas. Una vez más, no es sorprendente que las langostas afecten a la seguridad alimentaria en algunos años al dañar el forraje y los cultivos, pero no a una escala lo suficientemente grande como para explicar el aumento del hambre durante el periodo de estudio. El estudio no analizó las olas de langostas inusualmente grandes que barrieron gran parte de África Oriental en 2019-2020, pero estas pueden haber tenido resultados más drásticos.

Otro factor que los investigadores analizaron es si el inicio de la sequía contribuyó a los brotes de violencia y, por lo tanto, a más hambre. Uno de los coautores del informe, el climatólogo Richard Seager, del Observatorio de la Tierra Lamont-Doherty de Columbia, conectó los puntos a este respecto en un estudio de 2015 ampliamente citado en el que se argumentaba que una de las chispas de la actual guerra civil siria era una sequía de varios años que expulsó a mucha gente de sus tierras hacia las ciudades. Este no parece ser el caso de los países africanos, apunta.

«No encontramos ninguna relación sistemática entre la sequía y la frecuencia de los conflictos o las muertes relacionadas con ellos –señalan los autores–. Los conflictos pueden verse afectados por el estrés medioambiental en algunos casos, pero la relación en toda África en las últimas décadas es compleja y depende del contexto».

Aunque la guerra ha sido el motor predominante del hambre en algunos países, eso no significa que otros se hayan librado por completo de la violencia que puede interrumpir el suministro de alimentos, como es el caso de de Malí, que ha sido objeto de ataques intermitentes por parte de insurgentes separatistas e islamistas que a veces han tomado ciudades enteras, o Burkina Faso, testigo de cientos de ataques de rebeldes y yihadistas, incluido un asalto a un pueblo a principios de junio de este año en el que murieron más de 100 personas.

«El mensaje general es que, si queremos predecir y gestionar las crisis alimentarias, tenemos que prestar atención a los conflictos, que pueden ser realmente complicados, y no sólo a las cosas más fáciles de identificar, como la sequía –advierte Anderson–. Las sequías tienen un comienzo y un final claros. Pero hay todo tipo de violencia. Y muchas veces no hay un comienzo o un final claros». Dicho esto, la guerra está ciertamente detrás del aumento del hambre en otras partes del mundo que el equipo no examinó, añade, más obviamente en medio de la guerra civil que hace estragos en Yemen.

La vicepresidenta primera de la Ciudad Autónoma de Melilla y consejera de Presidencia y Administración Pública, Gloria Rojas (PSOE), y la consejera de Hacienda, Dunia Almansouri (CPM), han sido citadas a declarar por el Juzgado de Primera instancia e Instrucción número 2 de Melilla en calidad de querelladas por la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa.

Rojas, que también es secretaria general del PSOE de Melilla, acudirá por primera vez en esta legislatura a declarar en calidad de imputada. Sin embargo, Almansouri lo va a hacer en tres ocasiones en otras causas, después de que el citado juzgado haya aceptado la denuncia interpuesta por el PP contra la gestión en la concesión del servicio de seguridad privada de instalaciones de la Ciudad Autónoma, con un contrato de licitación de unos de nueve millones de euros.

La misma querella de los populares contra Rojas y Almansouri también ha sido presentada ante el Tribunal de Cuentas al asegurar que la gestión de la misma ha supuesto «un sobrecoste de 900.000 euros para las arcas públicas».

ROJAS POR PRIMERA VEZ

Gloria Rojas, al igual que Dunia Almansouri, deberá comparecer ante dicho órgano Judicial, el próximo día 30 de septiembre de 2021 a las 10,45 horas, «a fin de prestar declaración en calidad de querellada, sobre prevaricación administrativa ocurrido en Melilla».

Al respecto, se les hace saber que tienen el deber de «comparecer asistido de abogado de su elección y en caso contrario se le asignaría abogado del turno de oficio».

Esta es la primera vez en este mandato que un consejero del PSOE en activo ha resultado imputado después de algo más de dos años de gobierno en coalición con CPM y el ex Ciudadanos (Cs) Eduardo de Castro, y tras ver durante este periodo de tiempo como varios de sus compañeros de Consejo de Gobierno desfilaban por los juzgados en calidad de investigados, algunos en repetidas ocasiones, como el propio presidente de la Ciudad.

La activista y fundadora de la ONG ‘Caminando Fronteras’, Helena Maleno, ha denunciado la muerte de 18 personas migrantes que iban a bordo de una lancha neumática en la que viajaban rumbo a Canarias. El suceso tuvo lugar este lunes 9 de agosto, en la costa de Tarfaya (Marruecos).

A través de su cuenta de Twitter, Maleno ha explicado que la embarcación transportaba a cincuenta y ocho personas, entre ellas dieciséis mujeres y un niño de tres años.

También apunta que los controles policiales en la zona desplazan las salidas de estas embarcaciones a zonas «complicadas» y «abruptas» de la costa. Así, tal y como ha explicado una superviviente de este suceso a la activista, cuando iniciaron la navegación, las olas ya golpeaban la neumática, superando incluso el tamaño de la misma.

Según apunta Maleno en sus redes sociales, la embarcación salió desde «una zona rocosa donde el océanos rompe con mucha fuerza».

DESPLAZAMIENTOS FORZOSOS

«El mar nos golpeada una y otra vez. Intentamos arrancar el motor y no funcionaba. Las olas se llevaban a las personas, y una de ellas arrastró a mi niño, logre cogerle la camiseta y gritaba que me ayudasen», ha explicado la madre del niño de tres años a Maleno.

Finalmente, fallecieron tres personas, dos mujeres y un hombre, cuyos cadáveres llegaron a la costa y han sido identificados como nacionales de las Islas Comores –archipiélago situado al sureste de África–, un país que se encuentra a 7.000 kilómetros del lugar desde el que comenzaron este viaje, ha denunciado la fundadora de ‘Caminando Fronteras’.

El resto de las personas que iban en la neumática han sido detenidas por los gendarmes marroquíes y, según ha explicado Maleno, han sufrido «desplazamientos forzosos». «Les decía a los policías que estaba enferma que no me tirasen en cualquier lado, que tenía a mi hijo conmigo», ha relatado la madre del niño.

«Desgraciadamente las víctimas de naufragios que son personas migrantes no tienen derecho a nada. Descansen en paz», concluye la activista su mensaje en las redes sociales.

Vox ha instado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a convocar elecciones generales y dejar paso a otro Gobierno ya que el suyo ha demostrado su «incapacidad» para gestionar la política energética y resolver el problema del encarecimiento de la factura eléctrica.

«A la vista de la incapacidad del Ejecutivo para realizar políticas sociales como, por ejemplo, una política energética, ¿piensan convocar elecciones y dejar paso a un Gobierno capaz?», plantea la senadora de Vox por Ceuta Yolanda Merelo en una batería de preguntas escritas registradas en la Cámara Alta.

El precio medio de la luz en el mercado mayorista ha vuelto a marcar este jueves nuevos máximos históricos por quinto día consecutivo al llegar a los 115,83 euros, y el viernes se elevará hasta los 117,29 euros.

Según Merelo, se trata de una situación similar a la vivida con el temporal de frío y nevadas del pasado mes de enero, cuando el precio de la electricidad aumentó un 27 por ciento y el del gas un 22 por ciento. Por ello, pide al Gobierno del PSOE y Unidas Podemos que explique «por qué no previó» la situación actual teniendo en cuenta ese precedente.

LA ENERGÍA COMO «SERVICIO DE LUJO»

Tras señalar que el pasado julio el precio de la electricidad ya aumentó un 167 por ciento respecto al mismo mes de 2020, la senadora ha preguntado al Ejecutivo por qué «considera la energía como un servicio de lujo y no como un bien de primera necesidad».

Además, ha advertido de que el alto precio de la electricidad impide a algunos consumidores utilizar aire acondicionado frente a la ola de calor, que «suele afectar especialmente a la población más mayor».

La formación presidida por Santiago Abascal ha rechazado las justificaciones del Gobierno sobre el encarecimiento de la factura eléctrica y le ha reprochado que «se aparte de toda responsabilidad y culpe a los anteriores gobiernos» del Partido Popular.

A continuación, le pide que aclare «por qué no ha realizado una política energética diferente a la de los anteriores gobiernos que permita que los españoles paguen un precio acorde con un servicio de primera necesidad».

CULPA A LA «AGENDA GLOBALISTA» SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE

Para Vox, los fuertes incrementos en el precio de la luz se deben en parte a la Agenda 2030 de la ONU sobre el Desarrollo Sostenible, que el Gobierno de España ha asumido y que «hace pagar a los consumidores los derechos de emisión de dióxido de carbono pese a que las emisiones de CO2 de España son insignificantes».

«Es decir, que aumenta la factura de la luz pese a tratarse de un punto de una agenda globalista que no responde a las necesidades e intereses de los españoles», ha concluido Merelo.

En la iniciativa parlamentaria, recuerda que Vox apuesta por «una política nacional equilibrada entre energías renovables y otras fuentes para garantizar un suministro sostenido y asequible que permita bajar todos los impuestos sobre la factura de la luz», así como «eliminar o bajar impuestos y suprimir los costes regulados (gasto político)».

El PP ha exigido este jueves la comparecencia urgente en el Congreso de los Diputados del nuevo ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, para que explique la postura del Gobierno ante las críticas y acusaciones de Nicaragua, al tiempo que ha apostado por una respuesta más firme al régimen de Daniel Ortega.

«Exigimos la comparecencia urgente del ministro Albares para saberqué acciones y medidas concretas va a adoptar respecto a Nicaragua», ha explicado en un comunicado la portavoz de Exteriores del PP, Valentina Martínez.

La diputada ‘popular’ sostiene que la decisión del Gobierno de llamar a consultas a la embajadora en Managua «no es suficiente» ya que «la posición de nuestro país debe ser más firme, más contundente y con una respuesta más extensa».

«Es hora de que España tenga una verdadera política exterior de defensa de nuestros intereses y valores también en América Latina», ha reivindicado Martínez, incidiendo en que algunos miembros del Gobierno «están a favor de la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua y defienden el régimen que ha encarcelado a todos los opositores que querían presentarse a las elecciones».

Martínez ha insistido en que «la defensa de la libertad y la democracia se ejerce de forma activa». Por ello, ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que «España lidere la respuesta internacional en defensa de la libertad, de la democracia y de los Derechos Humanos en Nicaragua, tal y como el PP viene reclamando al Gobierno que lo haga en el resto de países de América Latina, como Cuba o Venezuela».

Por último, ha recordado que la Comisión de Exteriores del Congreso aprobó el pasado junio una proposición no de ley promovida por el PP –y que refrendó el PSOE– en la que se instaba al Gobierno a promover acciones internacionales contra Nicaragua, exigiendo al Ejecutivo que cumpla con dicho mandato parlamentario.

RETIRADA DE LA EMBAJADORA ESPAÑOLA

Albares ordenó este miércoles la llamada a consultas de la embajadora en Nicaragua, María del Mar Fernández-Palacios, en respuesta a un duro comunicado de la Cancillería nicaragüense en el que se denuncia injerencia por parte de España y se recurre a los GAL o a Cataluña para criticar al Gobierno.

Según Exteriores, la decisión se tomó ante «graves e infundadas acusaciones contra España y sus instituciones, así como gruesas falsedades sobre procesos judiciales y electorales» que contenía el comunicado del Gobierno de Daniel Ortega, expresando su «tajante» rechazo del mismo.

Dicho comunicado fue la respuesta a otro de Exteriores criticando los arrestos de opositores en Nicaragua en las últimas semanas y advirtiendo de que con ello se impedía que las elecciones previstas para el 7 de noviembre, en las que Ortega opta a su reelección, ofrezcan «un resultado con garantías y credibilidad».

Por su parte, la Cancillería nicaragüense replicó denunciando «la cínica y continua intromisión, injerencia e intervención en nuestros asuntos internos, impropias de gobiernos democráticos, impropias también de regímenes que incumplen continuamente con los derechos de sus pueblos a la autonomía o a procesos autonómicos de independencia» y remitiéndose al «terrorismo de Estado» de los GAL.

Asimismo, desafió al Gobierno de Pedro Sánchez a que abra «las puertas, sin represión, o persecución, o violencia desmedida, a la libre decisión y votación sobre los estatus que cada país de ese, por hoy, Estado centralizado, demanda, reclama y exige».

Ciudadanos ha pedido al Gobierno que, para evitar dañar la imagen de España, no envíe como embajador a Rusia a Camilo Villarino, jefe de Gabinete de Arancha González Laya cuando esta era ministra de Asuntos Exteriores, mientras esté investigado judicialmente por la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.

En Cs «respetamos los procedimientos judiciales y la presunción de inocencia», pero «no podemos compartir que el Gobierno quiera dar a esta persona un cargo mientras tiene un proceso judicial abierto en el que está siendo investigado», han explicado desde el partido naranja.

Tras señalar que «la imagen de España ya ha sufrido demasiado en los últimos años de gobiernos del PP y del PSOE», ha abogado por evitar un mayor deterioro: «No podemos permitir que nuestra carta de presentación al mundo sea la de una persona con cuentas pendientes con la Justicia por haber tenido un papel protagonista en una conducta que podría haber sido realizada de forma contraria a la legalidad».

Para la formación liderada por Inés Arrimadas, el destino que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha pensado para Villarino representa un puesto «fundamental» para la acción exterior desde el cual España «debe defender con mayor fuerza que nunca el cumplimiento de la ley, el respeto al Estado de derecho y los derechos y libertades fundamentales».

«Nos parece que cualquier designación para un cargo debería esperar hasta que estas cuestiones sean resueltas», ha indicado sobre la situación de Villarino, que ha sido citado a declarar como imputado el próximo 1 de septiembre por el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, Rafael Lasala.

Brahim Ghali llegó en un avión argelino a la Base Aérea de Zaragoza el pasado 18 de abril sin pasar controles de fronteras ni documentación, y desde allí fue trasladado en una ambulancia al Hospital San Pedro de Logroño, donde fue ingresado bajo el nombre de Mohamed Benbatouche. El 2 de junio salió del país desde Pamplona.

El abogado de la acusación particular, Antonio Urdiales, quiere que se esclarezcan las circunstancias en las que Ghali, figura histórica de la lucha por la autodeterminación del pueblo saharaui, entró y salió de España y si hubo un posible encubrimiento o prevaricación.

LA CÚPULA DE EXTERIORES PODRÍA HABER COMETIDO UNA ILEGALIDAD

Aunque González Laya aseguró el pasado julio que en la entrada de Ghali se siguieron «al pie de la letra» todas las reglas establecidas para los vuelos oficiales, a Ciudadanos le parecen «muy preocupantes» los indicios contra Villarino. «Esto demuestra que las esferas más altas del Ministerio habrían podido cometer una ilegalidad», algo «intolerable en un país democrático como España», ha subrayado.

En opinión de Cs, es necesario ofrecer ayuda humanitaria a quienes lo necesitan, pero debe hacerse «siempre de forma acorde a la legalidad interna española y a los tratados internacionales de los que España es parte».

«Ya lo advertimos en su momento: la acogida de Brahim Ghali en nuestro país no podía ser una coartada para que no rindiera cuentas ante la Justicia por los casos pendientes que tenía. Ahora, parece también que el propio Ministerio es quien tiene causas pendientes ante la justicia por la forma en la que se gestionó ese traslado», ha señalado.

Ghali, cuyo paso por España generó una crisis diplomática con Marruecos, tiene pendiente una querella en la Audiencia Nacional presentada por el activista saharaui Fadel Breica por la detención ilegal y las torturas que este afirma que sufrió a manos del Frente Polisario en los campos de refugiados saharahuis en Tinduf (Argelia) en 2019.

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha afirmado este jueves que «no es fácil» encontrar «el equilibrio» entre las expresiones artísticas como el cartel de Zahara, retirado por el Ayuntamiento de Toledo, y la ofensa a las creencias religiosas, al tiempo que ha reconocido que «no tengo mejor criterio que otras administraciones como el Ayuntamiento» tras la decisión de la retirada.

En declaraciones a los medios tras visitar las instalaciones del Área de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Rota (Cádiz), Montero ha reclamado «equilibrio entre que esas expresiones existan porque este país es libre para que cada uno puede pensar y decir lo que piensa y evitar que determinadas sensibilidades se puedan sentir ofendidas».

La ministra de Hacienda ha sostenido que se trata de «debates controvertidos» donde afloran «opiniones de todos los gustos», por lo que ha instado a «respetar, hacer compatibles ambos derechos», en referencia a la creación artística y la creencia religiosa.

La cantante Zahara ha respondido a la retirada del cartel de su concierto en Toledo tras las acusaciones de Vox por «ofensa extrema» a la Virgen. «La única respuesta que voy a dar a todo lo que ha sucedido será encima de un escenario cantando, defendiendo el arte, la música y la libertad de expresión», aseguró la cantante la noche de este miércoles en un concierto en Valencia.

En el cartel de promoción del concierto previsto para el 3 de septiembre en Toledo, la cantante andaluza aparece vestida como la Virgen con un niño en sus brazos y con una banda azul en la que se puede leer ‘Puta’, el título de su último disco que también da nombre a su gira.

El cartel fue eliminado tanto por el promotor de su concierto en Toledo, como por el propio Ayuntamiento de la ciudad que, tras retirarlo de su propia web, le trasladó a la empresa organizadora el malestar que había suscitado entre la ciudadanía.

El coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha insistido en la importancia de organizar movilizaciones en la calle contra la subida de la luz para lograr que el Gobierno actúe contra el «oligopolio eléctrico» que, a su juicio, está «timando» y «estafando» a los ciudadanos con el precio de la luz.

Frente a las palabras de la vicepresidenta Teresa Ribera recalcando que este problema no se resuelve con manifestaciones, Pablo Fernández admite que «esto se arregla con soluciones y propuestas», pero también subraya que «las movilizaciones pueden contribuir» con su presión para combatir la subida de la luz.

«Y desde Unidas Podemos vamos a dar esa batalla por bajar la subida de la luz –anuncia–. Estaremos en las calles y en las instituciones luchando por todos los medios para bajar la factura de la luz», ha reiterado.

En declaraciones, el dirigente de Podemos ha insistido en que es bueno que la ciudadanía presione y se manifieste en la calle expresando su desacuerdo con la subida de la luz, que este jueves registra el cuarto récord consecutivo de la historia.

«Es bueno que la ciudadanía presione y se manifieste en la calle diciendo que es una vergüenza, pero realmente este problema se soluciona con propuestas», ha apostillado.

La solución que propone Unidas Podemos para rebajar el precio de la luz pasa por la «creación de una empresa pública de energía que aporte competencia y transparencia en el mercado y por la fijación de precios máximos en las distintas tecnologías en función de los costes reales de producción», ha explicado Fernández.

HAY QUE SER MÁS AMBICIOSOS

Para ello, la formación ‘morada’ ha propugnado la «recuperación para lo público» de aquellas concesiones hidroeléctricas que hayan caducado o que estén a punto de caducar, algo que, en su opinión, ya acepta la vicepresidenta Teresa Ribera. «Creemos que es muy buena noticia que el PSOE secunde nuestra propuesta porque sería la forma estructural de minorar el precio de la luz, que es abusiva», ha manifestado.

En este punto, ha admitido que el apoyo por parte de su socio de Gobierno «es un avance» ya que, dice, hasta ahora el PSOE «se había cerrado en banda» ante esta propuesta.

No obstante, ha reiterado que «hay que ser mucho más ambiciosos» y ha insistido en la necesidad de crear una empresa pública de energía que reduzca «de forma exponencial» la factura de la luz.

«EL ORIGEN ESTÁ EN LAS POLÍTICAS DEL PP»

Según ha explicado, el problema de que en este país haya un oligopolio que «está timando» a la ciudadanía «lo provocó el PP». «Quiero denunciar el cinismo y la demagogia sin parangón del PP. El origen de que haya un oligopolio que esté timando a la ciudadanía está en las políticas del PP de hace dos décadas», ha recalcado.

Preguntado por la decisión del Gobierno de permitir la venta de Naturgy a un fondo australiano con sede en Islas Caimán, el coportavoz de Podemos ha mostrado su rechazo con la gestión de su socio de Gobierno y lo ha tildado como «un error».

«Estamos en desacuerdo con esa venta de un 23% de Naturgy a un fondo que radica en las Islas Caimán y creemos que es un error y una pérdida de soberanía energética. A nuestro juicio es un error y no se debería haber realizado», ha lamentado.

La Operación Centinela Gallego 2021 comenzará el próximo domingo día 15 y se prolongará hasta el 1 de octubre.

El consejero del Medio Rural, José González, acompañado del director general de Defensa do Monte, Manuel Rodríguez, participó este jueves en la presentación del despliegue de las tropas en un acto que tuvo lugar en la base aérea contra incendios de O Campiño, en el municipio de Pontevedra.

La reedición de este convenio entre el Ministerio de Defensa y Medio Rural permitirá incorporar 30 patrullas terrestres y dos equipos de mantenimiento móvil al dispositivo de lucha contra los incendios forestales.

Medio Rural financiará el importe de los gastos que se produzcan con motivo de esta colaboración.

El presupuesto previsto para el reconocimiento, despliegue, actividad operativa y relevos de la unidad de las Fuerzas Armadas es de casi 470.000 euros, una cantidad idéntica a la del pasado año.

El consejero ha señalado que este operativo «viene para intensificar la vigilancia y también para incidir en la identificación de los incendiarios», aportando además el beneficio de que la propia presencia de los militares sobre el terreno disuada de este tipo de prácticas delictivas.

José González ha afirmado que este «compromiso común» del Ministerio y de la Consejería «es efectivo y viene siendo renovado desde hace más de 20 años» y además «muestra que la implicación del Ejército en la protección de nuestros montes y en nuestra propia seguridad es un hecho por el que todo gallego debe sentirse agradecido».

El personal del Ejército estará bajo el mando único de la Xunta. La incorporación de medios y personal podrá ser superior si aumenta el esfuerzo por situaciones de riesgo alto o muy alto, llegando a las 75 patrullas y 2 helicópteros de vigilancia si el nivel de riesgo es muy alto.

El consejero ha insistido en la necesidad de reforzar las labores de disuasión y vigilancia como «otra forma más de hacer prevención» y ha destacado que más del 70% del territorio gallego está cubierto por cámaras que permiten «salvaguardar, detectar y anticiparnos» al fuego.

Asimismo, ya son 12 los drones que la Xunta destina a la lucha contra los incendios.

La autoridad judicial ha decretado el ingreso prisión para una mujer y un hombre, de 39 y 47 años y que mantenían una relación sentimental, después de ser detenidos por la Policía Nacional por su presunta participación en un delito de tentativa de homicidio y por la tenencia ilícita de armas, al intentar acabar con la vida del marido de ella en Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

Uno de los arrestados presuntamente disparó a la víctima en el pecho con una escopeta, dejando al marido herido de gravedad, según ha informado en un comunicado la Policía Nacional. Además, ha precisado que la investigación policial «evitó un segundo intento de homicidio», con la detención de los supuestos autores y la incautación en el interior del vehículo de una escopeta municionada y preparada para disparar, un cuchillo de grandes dimensiones, un pasamontañas, una peluca y ropa para muda.

Los hechos ocurrieron el pasado 13 de julio cuando se recibió una llamada en el Cimacc 091 comunicando que una persona había sido herida con un arma de fuego cuando iba circulando en su ciclomotor por un camino rural poco transitado en Alcalá de Guadaíra.

Los agentes que se trasladaron hasta allí comprobaron la veracidad de los hechos, al igual que los servicios sanitarios que asistieron a la víctima ‘in situ’. El hombre tuvo que ser trasladado de urgencia al centro hospitalario por la gravedad de las heridas.

La Brigada Local de Policía Judicial de Alcalá de Guadaíra se hizo cargo de la investigación manteniendo todas las líneas abiertas, ya que la víctima «desconocía quien le había disparado» y «no tenía motivo» para el desenlace de esos hechos.

HACÍA PASAR POR SU PRIMO AL AMANTE

En el transcurso de la investigación, los agentes pudieron determinar que la mujer de la víctima «mantenía una relación sentimental paralela a su matrimonio, con un hombre al que hacía pasar por su primo». De esta forma, se centró la línea de investigación en torno a estas dos personas y la Policía constató que «habían ideado un plan para acabar con la vida de la víctima».

Dicho plan se llevó supuestamente a cabo cuando le dispararon con una escopeta en el pecho al ir conduciendo su ciclomotor, quedando malherido. La Policía ha indicado que, ante «el fracaso» de acabar con la vida de esta persona, los detenidos supuestamente «habían diseñado otro intento que no llegó a su fin gracias a la actuación policial».

Esta investigación y operativo policial ha culminado con la detención de los presuntos autores y, además, en la inspección realizada al vehículo del arrestado se han incautado una escopeta municionada y preparada para disparar, un cuchillo de grandes dimensiones, un pasamontañas, una peluca y ropa para muda que «formaba parte de un segundo plan que aseguraba la huida sin ser identificados».

A los detenidos se les imputa la presunta comisión de los delitos de tentativa de homicidio y tenencia ilícita de armas y ambos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su ingreso en prisión.

El presunto líder de la red de narcotráfico de ‘Titella’, Carlos Brambilla, empezó a sospechar que Antonio Aguilera –considerado el número dos de José Luis Moreno en la supuesta trama de estafa– podía «estar colaborando con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado» después de que la Guardia Civil incautara 1,3 millones a una de las «mulas» de la trama que transportaba dinero desde Francia.

En un informe de 21 junio, la Policía Judicial relata que Brambilla dio por «finalizada» su «alianza» con Aguilera al considerar que podría estar trabajando con agentes de la autoridad.

Según los investigadores, Brambilla cambió la estructura organizativa y le sustituyó por otras dos personas: una para ayudar a «recuperar el dinero intervenido» y otra para colaborar en la «confección de documentación» que justificara los movimientos de dinero de las empresas.

En el oficio remitido al Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional consta que, después de que la Guardia Civil incautara el dinero a la «mula», se estableció un dispositivo de vigilancia «a fin de comprobar los movimientos en el despacho de Aguilera» en Madrid.

RED DE NARCOTRÁFICO

La Policía Judicial ubica a Brambilla «en el escalón superior de la jerarquía organizativa, siendo el dirigente de una organización que se dedica al narcotráfico» y cuyos beneficios son utilizados en la «constitución y dotación de solvencia de un entramado mercantil fraudulento».

En el caso de Aguilera, los agentes sostienen que sería uno de los hombres «encargados de introducir capitales procedentes del exterior» mediante la «emisión de facturas ficticias o de ingresos en efectivo para posteriormente realizar transferencia entre empresas controladas por la organización», así como de «blanquear el dinero efectivo procedente de organizaciones narcotraficantes como la liderada por Brambilla».

También habría participado en otras operaciones fraudulentas de la trama a través del «abono creciente de remesas de pagarés al portador» con la finalidad de «financiar los proyectos de José Luis Moreno», a quien la Policía considera «el beneficiario final de la mayoría de los fondos obtenidos fraudulentamente».

ESTANCIA EN PRISIÓN

De conversaciones telefónicas interceptadas a Aguilera en 2020, los investigadores relatan que tenía contacto con un funcionario de Prisiones de Soto del Real (Madrid) con el que «estaría colaborando» en la venta de un hotel, «entre otros negocios inmobiliarios».

Según consta en los informes de la Policía Judicial, Aguilera estuvo ingresado en el centro penitenciario en 2018, en el marco de una investigación de estafa y falsificación que se instruyó en el Juzgado de Instrucción Número 14 de Madrid.

Los agentes subrayan que a raíz del ingreso en prisión de Aguilera, «Moreno comenzó la reestructuración de su organización, buscando otras fuentes de las que poder financiarse». Una vez fuera de la cárcel, el número dos de la presunta trama liderada por el productor constituyó un «nuevo entramado empresarial cuya única finalidad era seguir lucrándose indebidamente».