Ocho de los once acusados de formar una organización dedicada a la explotación sexual de mujeres extranjeras en clubes de Aragón y Alicante han reconocido este lunes los hechos en el arranque del juicio contra ellos, que se celebra en la Audiencia Provincial de Cantabria, y en el que han aceptado penas de hasta más de 80 años de cárcel y multas de 96.650 euros.

Este es el caso del socio y subordinado directo del presunto cabecilla, que se enfrentaba inicialmente a 518 años y nueve meses de prisión y 2,65 millones de multa que reclamaba la fiscal por los 137 delitos de prostitución -a otras tantas mujeres procedentes del este de Europa, Sudamérica y norte de África-, además de uno de blanqueo de capitales -que también achaca a este procesado- y otro de tenencia ilícita de armas.

En cambio, no ha reconocido lo sucedido el jefe de la banda, para quien el ministerio público mantiene los 555 años de prisión y 3,1 millones de euros de multa solicitados por los tres supuestos ilícitos. A preguntas de la fiscal ha asegurado que «nunca jamás en la vida he hecho uso de ninguna autorización a cuenta de ninguna sociedad» que supuestamente administraba para ocultar a través de ellas la procedencia de beneficios generados por la prostitución.

Y ha negado conocer lo que ocurría en el interior de las habitaciones de los locales que formaban parte del negocio, y que ha enmarcado en todo caso dentro de la «libertad sexual» de las mujeres que se hospedaban en esos hostales o pensiones, según ha indicado.

Tampoco han admitido los hechos los hijos del cabecilla, para los que el ministerio público reclama 411 años de cárcel y 2,2 millones de euros por el delito de prostitución y 5 años de prisión y 900.000 euros de multa (al hijo) y 980.000 euros (a la hija) por el de blanqueo.

CÓMPLICES DE PROSTITUCIÓN

Al margen de estos tres encausados, los ocho restantes han reconocido lo ocurrido y se han mostrado conforme con el escrito de modificación avanzado por la Fiscalía y las nuevas penas propuestas.

Las mismas suponen una rebaja respecto a las iniciales al considerarles a siete de ellos -todos menos el socio del líder- cómplices del delito de prostitución -y no autores- y al entender también esta parte que concurre la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas por estos hechos.

Así, en un principio a tres de los colaboradores se les imputaban un total de 64 delitos de prostitución, mientras que a otros se acusaba de 25, 24 ó 7 delitos de este tipo. Cada uno conllevaba pena de prisión (entre tres años y medio, y dos años y medio) y multa (oscilaba entre los 13.500 y los 6.750 euros).

Ahora, al admitir su participación en lo ocurrido, las penas que interesa la fiscal oscilan entre 32 años y tres años y medio de cárcel, aunque también se piden doce años y doce años y medio. Y las multas van de 3.150 a 28.000 euros, pasando por los 10.800 y 11.250 euros.

ORGANIZACIÓN, CONTROL Y BENEFICIOS

Según la fiscal, los principales imputados lo están porque «organizan, controlan y se benefician económicamente» de la prostitución de mujeres, que «se ven obligadas a residir y tener relaciones sexuales con los hombres que indican los responsables de los locales, con las condiciones y precios marcados por la misma, horarios abusivos y disponibilidad absoluta para prostituirse».

Al considerado jefe de la organización le acusa de administrar varias sociedades, «normalmente» sin trabajadores dados de alta ni actividad económica conocida, a través de las cuales «se trata de ocultar la procedencia de los beneficios generados por la prostitución».

A sus órdenes están sus más estrechos colaboradores -sus dos hijos y su socio y subordinado directo- y bajo su autoridad se encuentran los encargados de los clubes, quienes informan «diariamente de las recaudaciones y de las mujeres que hay», siendo él «quien tiene la última palabra» sobre los prostíbulos. Según la acusación pública, el jefe se encarga de su inspección, de la recaudación, de reclutar mujeres, de cambiarlas de club según las necesidades y de dar de alta o baja a los trabajadores de seguridad y camareros.

Mientras, los hijos del cabecilla se hacen cargo de la gestión «administrativa y financiera de la red» y el resto de acusados son colaboradores, responsables de la gestión de los locales y de controlar a las mujeres explotadas.

En total, en lo registros hechos en 2010 fueron identificadas 137 extranjeras ejerciendo la prostitución, en tanto que al cabecilla le incautaron dinero en metálico, tres pistolas con munición, y documentación relacionada con los clubes y las sociedades.

«NO PUEDO SABER LO QUE HACEN DENTRO DE LAS HABITUACIONES»

Durante el interrogatorio de la fiscal, el supuesto jefe de la organización ha señalado que ha estado «mucho tiempo» dado de alta como autónomo, pero para otras actividades. Y aunque ha admitido su participación en sociedades involucradas o tener autorización para las cuentas, ha negando la gestión de las mismas o el uso de ese permiso.

«Nunca jamás en la vida he hecho uso de esa autorización a cuenta de esas sociedades», ha sentenciado, para rechazar así haber realizado «ninguna operación» o gestionado «un euro». «Ni sé dónde está el banco. No he ido nunca», ha apostillado al respecto.

«Yo, cuando tomé la decisión de montar estos negocios, nunca pensé ciertas cosas», ha manifestado el principal encausado en un punto de su declaración. En otros momentos, ha expresado que los locales se usaban como hostales -no como prostíbulos- y que las chicas que se hospedaban en ellos «van y vienen donde ellas quieren», ha defendido.

A este respecto, ha agregado que él desconoce si se ejerce la prostitución en las habitaciones de la pensión. «No puedo saber lo que hacen allí dentro», ha sentenciado, para apuntar que en todo caso eso «está dentro de su libertad sexual».

Ha agregado, a propósito de cuestiones por un local concreto, que algunas mujeres residían en él y pagaban 50 euros diarios, «con derecho» a desayuno, comida, cena, self-service o limpieza de habituación «las 24 horas» del día, según ha detallado.

Con todo ello, el principal procesado en esta causa ha negado dedicarse a la gestión de clubes de alterne, dar órdenes en los locales en cuestión, «mandar chicas» o lucrarse del negocio.

En su lugar, ha señalado que se limitada a ejercer sus «derechos como socio» de un negocio. «Me informaba y preocupaba por ello», ha manifestado.

Y de las conversaciones habituales con otros encausados, como las mantenidas con algunos encargados de los locales, las ha enmarcado en una relación de «conocidos» o «colegas».

Finalmente, sobre el dinero incautado en el momento en que fue arrestado –tenía 40 billetes de 500 euros- ha señalado que era porque se iba de viaje y para hacer distintos pagos.

El juicio proseguirá este martes con el interrogatorio de la defensa al principal enjuiciado, y continuará después con la declaración de sus hijos, ya que tampoco han reconocido los hechos ni aceptado las penas propuestas.

A continuación, se desarrollarán las pruebas testifical y pericial, y la vista concluirá a finales de la semana que viene, con las conclusiones definitivas, informes de las partes y derecho a la última palabra de todos los procesados.

El diputado regional del PP Jesús Cano ha asegurado este lunes que su partido lleva «semanas» alertando del riesgo de riadas en el Campo de Cartagena y el Mar Menor, «sin que el Gobierno de Sánchez haya tomado ninguna medida», informaron fuentes de los ‘populares’ en un comunicado.

«Desde hace semanas venimos advirtiendo del riesgo de lluvias torrenciales que puedan causar un daño irreversible en el Mar Menor, cuando se cumple ahora más de un mes desde la visita de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, sin que haya hecho absolutamente nada», ha incidido Cano.

Para el parlamentario, «lo que tiene que hacer el PSOE es pedirle al delegado del Gobierno y a la Confederación Hidrográfica del Segura que se hagan cargo de lo que les compete, que es la limpieza de las ramblas por las que llegan las aguas torrenciales, con todo tipo de arrastres, hasta el Mar Menor y los municipios costeros».

Asimismo, ha asegurado que el Gobierno regional «sí está actuando en origen y trabajando en el ámbito de sus competencias para dar cumplimiento a la Ley de Protección del Mar Menor».

Esto «se ha demostrado hoy mismo con la instalación de 1.000 sondas de humedad en el entorno del Mar Menor que garantizan eficiencia en el uso de agua y fertilizantes, que se suman a 50 caudalímetros, 25 pluviómetros, 500 sensores ambientales, cinco piranómetros, cinco estaciones meteorológicas completas, 55 sensores de humectación de hoja y 25 piezómetros para el control del acuífero, lo que muestra el claro interés del Gobierno regional por la protección del ecosistema y la contribución a la recuperación del Mar Menor».

«También lo prueba que esté formando e informando a los agricultores para que no haya nadie que desconozca sus obligaciones, además de todas las inspecciones que se llevan a cabo», ha añadido el diputado del PP.

Además, Cano ha insistido en que «el que no está actuando en origen es el Ministerio, que está permitiendo que haya más de 500 hectáreas de regadíos ilegales a los que debería haber cortado el grifo».

Por último, ha afirmado que «los mismos que llevan semanas repitiendo que el culpable es el Gobierno regional, son los que en realidad, con su dolosa inacción, están contribuyendo a la degradación del Mar Menor».

El Ministerio de Trabajo ultima un reglamento que pauta la opción de retirar la medalla al mérito en el trabajo cuando quede acreditado que la persona beneficiaria de esta distinción formó parte del «aparato de represión de la dictadura franquista».

Así se recoge en el proyecto de real decreto que el departamento que dirige Yolanda Díaz ha llevado ya al trámite de audiencia pública, de cara a reformar el reglamento de concesión de la medalla y la placa al mérito en el trabajo.

En su apartado décimo del texto normativo se contempla la revisión y retirada de dicha distinción si se determina que, antes o después de la concesión, la persona formó parte del «aparato de represión de la dictadura franquista».

También se habilita la revocación de la medalla o placa cuando «hubiera sido declarado responsable de actos constitutivos de delito u observado conductas incompatibles con los valores democráticos y los principios rectores de protección de los derechos humanos, particularmente de aquellos que tengan una incidencia laboral y social».

Los supuestos mencionados para la retirada, según el proyecto de decreto, podrán resultar acreditados por medio de «sentencia penal o resolución administrativa sancionadora firmes, tenga o no esta última carácter disciplinario, así como por cualquier otro medio de prueba admisible en derecho».

La anulación de la distinción será publicada en su caso en el Boletín Oficial del Estado, mediante orden ministerial o real decreto de revocación en el Registro de Concesiones de esta condecoración.

OBLIGACIÓN DE DEVOLVER EL GALARDÓN

Además, figura la obligación de devolución de la medalla o placa entregada al Ministerio de Trabajo y Economía Social y la prohibición a esta persona de exhibir la distinción o hacer mención de su posesión en cualquier «acontecimiento de naturaleza pública o privada», así como acompañarla al resto de sus datos personales en documentos en los que apareciese mencionado su nombre o razón social o corporativa.

Finalmente, se acompaña una disposición adicional para habilitar la opción de revisión y retirada a los reconocimientos concedidos con anterioridad a la entrada en vigor del real decreto, acorde al mencionado artículo décimo.

El borrador de decreto recuerda que la norma que rige esta condecoración data de 1982 y enfatiza que, desde esa fecha hasta la actualidad, se han producido «una serie de importantes cambios sociológicos y profesionales que hacen necesaria una revisión de las premisas y criterios relacionados con el ámbito laboral». Y es que se pauta también la posibilidad de establecer también una concesión de la distinción a título póstumo.

TIENE QUE TENERSE EN CUENTA LA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA

Y en el marco de esa actualización, el Ministerio de Trabajo ve motivado tener en cuenta en la regulación de la medalla, sobre todo en el apartado de la revisión y retirada, la actual normativa de Memoria Histórica.

A su vez, se establece que la distinción de la medalla se concede a personas que por su labor y contribución hayan incrementado la «dignidad, la igualdad y la calidad del trabajo», con opción a la concesión a título póstumo. Sin embargo, la placa es una condecoración civil que se desplegará a asociaciones, organismos y colectivos. En ambos casos se establecen tres modalidades bajo las categorías de ‘Igualdad’, ‘Excelencia’ y ‘Salud laboral’.

La vallisoletana Elena García Armada ha sido la ganadora de la octava edición del Premio Ada Byron a la Mujer Tecnóloga, organizado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Deusto. Por su parte, el premio Ada Byron joven ha recaído en la catalana Jordina Torrents Barrena.

Según ha informado la entidad universitaria, este premio cuenta con el patrocinio oro de Microsoft, así como el de Diputación Foral de Bizkaia, DanobatGroup y Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer; y la colaboración de Innobasque y Basque Health Cluster. Los galardones serán entregados el próximo 14 de octubre, en el Paraninfo de la Universidad de Deusto.

Elena García Armada es Doctora Ingeniera Industrial, Investigadora Científica del CSIC y Presidenta de Marsi Bionics. Ha logrado resultados pioneros en el ámbito internacional en el desarrollo de exoesqueletos pediátricos de asistencia a la marcha, y sus trabajos han dado lugar a ocho patentes extendidas internacionalmente.

La galardonada con el premio Ada Byron 2021 ha publicado más de 100 trabajos científicos. Fundó la Empresa de Base Tecnológica Marsi Bionics en 2013, que dedica gran parte de su actividad a la transferencia tecnológica. El gran impacto científico-técnico y social de su trabajo investigador y emprendedor se reconoce con 40 premios otorgados por instituciones de prestigio.

Elena García representa a la ciencia española en importantes comités, siendo miembro del jurado de los Premios Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica, miembro del Jurado del Premio Nacional de Transferencia Tecnológica y, miembro del Comité Estratégico del programa Mujer e Ingeniería de la Real Academia de Ingeniería, entre otros. Es Académica Correspondiente de Honor de la Real Academia de Medicina de Cantabria.

Por su parte, la catalana Jordina Torrents Barrena ha sido galardonada con el premio Ada Byron joven. Torrents se doctoró en 2019 por la Universitat Pompeu Fabra en el campo de la inteligencia artificial, aprendizaje profundo e imagen médica. Previamente se licenció en Ingeniería Informática por la Universitat Rovira i Virgili (2014), realizando dos másteres.

Durante el doctorado, realizó estancias en King’s College London y Google UK. Actualmente trabaja en el departamento de Big Data & Analytics de HP Inc.-Large Format Printing (Barcelona), liderando el grupo de inteligencia artificial y aprendizaje automático. Compagina su trabajo en HP con tareas docentes en la Universitat Oberta de Catalunya.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado este lunes el archivo de ‘Púnica’ para la ex presidenta madrileña Cristina Cifuentes, que estuvo investigada por las supuestas irregularidades en la adjudicación del contrato de servicio de cafetería, cocinas y comedor de la Asamblea de Madrid en 2009 y 2011 y por la presunta financiación ilegal del PP regional.

Los jueces de la Sección Cuarta han respaldado el auto dictado el pasado mes de abril por el juez de la ‘Púnica’, Manuel García-Castellón, confirmando el cierre de las pesquisas para Cifuentes, el presidente del Grupo Cantoblanco Arturo Fernández y la letrada de la Asamblea de Madrid Tatiana Recoder, al desestimar los recursos presentados por ADADE y PSOE.

Los magistrados señalan que no se ha podido constatar que la actuación de Cifuentes fuera determinante para adjudicar dicho contrato al Grupo Cantoblanco, ni que en tales adjudicaciones hayan sido relevantes las donaciones efectuadas por Arturo Fernández a la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (FUNDESCAM).

«Inexistencia de indicios de criminalidad que hemos de extender a la conducta consistente en participar en la financiación ilegal del Partido Popular», han añadido los miembros de la Sección Cuarta.

En este sentido, han indicado que «no ha quedado determinado, ni siquiera indiciariamente, que la adjudicación de los servicios de explotación del restaurante de la Asamblea de Madrid a la empresa Cantoblanco (…) tengan una relación directa con las donaciones, por importes de 100.000 y 60.000 euros, que hicieron las entidades Arturo Grupo Cantoblanco SL y la Confederación Empresarial de Madrid, respectivamente, en favor de FUNDESCAM, controlada por el Partido Popular».

MERAS «CONJETURAS»

Estas acusaciones pedían mantener investigada a Cifuentes alegando que FUNDESCAM era en realidad una herramienta para ocultar la financiación ilegal del PP madrileño que se habría nutrido de donaciones de empresarios que después conseguían contratos públicos. Según los recurrentes, es imposible que la antigua dirigente ‘popular’ desconociera este mecanismo y, en particular, las adjudicaciones al Grupo Cantoblanco.

Sin embargo, la Sala ha considerado que el recurso se basa en «conjeturas o sospechas, más propias de una fase inicial de la investigación pero totalmente denostadas después de practicarse las esenciales diligencias».

«De toda la actividad indagatoria celebrada se extraen, de manera clara y contundente, la insuficiencia de indicios racionales de criminalidad en los actos de los tres investigados» mencionados, han afirmado los magistrados.

Respecto a Cifuentes, han precisado que en los contratos administrativos de adjudicación de los servicios de restauración en la Asamblea de Madrid participaron todos los grupos políticos, que «incorporaron el criterio ponderativo de la calidad de la comida y del servicio», y que «el comité de expertos designado actuó con independencia y unanimidad llegando a la conclusión de que la mejor oferta era la del Grupo Cantoblanco».

En cuanto a la presunta vinculación entre las donaciones a FUNDESCAM por parte de las empresas de Fernández y dicha adjudicación, «no se ha constatado que tuviera nada que ver», han sostenido.

Y, sobre el conocimiento o la participación de Cifuentes en la presunta ‘caja b’ del PP de Madrid, han indicado que «tampoco se ha acreditado, especialmente porque sus cometidos como responsable de movilización territorial de aquella formación política se encuentran alejados de cualquier cometido de financiación y obtención de fondos».

De Fernández, la Sala ha concluido que «tampoco existen indicios racionales de criminalidad para que se le pueda imputar alguna conducta penal por su condición de donante» de FUNDESCAM y «mucho menos» que las adjudicaciones fueran consecuencia de esas aportaciones de dinero.

El actor madrileño José Coronado será galardonado en la 26 edición del Ourense Film Festival con el premio Televisión 2021. Recibirá este reconocimiento por su extensa carrera en la televisión, en que ha dejado papeles memorables en series como Brigada Central, Periodistas, Acusados, El Príncipe, Gigantes y Vivir sin permiso, al que hay que sumar ahora Entrevías.

Actualmente rueda para Mediaset España Entrevías, una nueva ficción que el grupo produce junto a Alea Media y cuyo primer capítulo se estrenará en primicia el mismo día en que el actor recibirá el galardón, el 29 de septiembre en el Teatro Principal de Ourense.

El premio surgió en el año 2019 y Coronado toma, así, relevo de la actriz gallega Cristina Castaño, que ha participado en series de Mediaset como La que se avecina, que recibió el premio en su primera edición.

«Con la institución del premio OUFF Televisión, el festival quiere subrayar el impulso que la ficción televisiva está tomando en los últimos años, con el añadido de incorporar recursos y estructuras del cine, además de la propia dinamización del sector», destaca la organización del evento.

Además, subraya «talento, creatividad e industria» caminan «de la mano en el objetivo común de producir imágenes de calidad», de las que José Coronado es «garantía». «Un reconocimiento para uno de los actores más premiados, ganador del Goya en 2012 por su majestuosa interpretación en ‘No habrá paz para los malvados’ de Enrique Urbizu», remarca el festival.

CARRERA PROFESIONAL

Es una de las caras más conocidas del audiovisual español. Nacido en Madrid en 1957, hizo un curso de arte dramático en la Escuela de Cristina Rota a punto de cumplir los 30. Un mes después consiguió su primer papel en una obra de teatro y, desde entonces, no paró de trabajar.

Su dilatada carrera profesional incluye cerca de 40 películas, más de una docena de obras de teatro y decenas de papeles en series para televisión. Además, estuvo dos veces nominado al Goya como mejor actor de reparto por ‘Goya en Burdeos’, dirigida por Carlos Saura, y por ‘La caja 507’ de Enrique Urbizu.

En su carrera televisiva destacan su papel como agente Lucas en Brigada Central (1990-1992) o como el jefe de Local Luis Sanz en la mítica Periodistas (1998-2002). A estas series le siguieron otras como Código fuego (2002) y ficciones como Los ochenta (2004), RIS Científica (2007) Y Acusados (2008).

En 2013, El Príncipe, producida por Mediaset España, se convirtió en su nuevo éxito, con grandes críticas y audiencias hasta su fin en 2016. En 2018 participa en Gigantes, de Movistar+, y vuelve con Mediaset España en Vivir sin permiso, en la que comparte de nuevo cartel con Álex González.

Ya en este 2021, José Coronado ha estrenado la serie de Netflix El inocente, que alcanzó un gran éxito internacional de público y en la que comparte pantalla con Mario Casas y Alexandra Jiménez.

Entrevías, la serie que rueda actualmente, es un drama urbano que protagoniza junto al actor gallego Luís Zahera y la nueva actriz novel Nona Sobo. Narra la historia de Tirso Abantos, un hombre de principios cuya existencia sosegada y rutinaria da un vuelco cuando su nieta adolescente irrumpe de lleno en su vida.

La ficción combina drama, acción y toques de humor en sus tramas mientras aborda cuestiones de fondo como la brecha generacional, los cambios en la sociedad, la crisis de valores y la convivencia entre personas de distintas culturas.

ESTRENO ZARAUZA

Por su parte, la cinta de Alfonso Zarauza ‘Malencolía’ es la escogida para inaugurar la 26 edición del Ourense Film Festival el próximo viernes. El estreno mundial de este filme durante la gala de inauguración del festival dará el pistoletazo de salida a diez días de cine en los que Ourense, como plató de cine, volverá a brillar en el universo cinematográfico.

Esta historia de terror poco convencional ha sido rodada este mismo año en escenarios de O Carballiño, Boborás y O Irixo. Producido por Maruxiña Film Company

El filme está producido por Maruxiña Film Company y cuenta con la participación de Televisión de Galicia y la colaboración de la Diputación de Ourense.

Malencolía es el sexto filme del director gallego Alfonso Zarauza, el último después del gran éxito alcanzado con Ons (2020). Cuenta con Xulio Abonjo y Melania Cruz como protagonistas, a los que acompañan Iolanda Muíño, X. A. Touriñán, Ledicia Sola y Tito Asorey, entre otros.

Elia Robles en la dirección de arte, Alberte Blanco en la de fotografía, Tamara Soto en la dirección de producción y Fernando Alfonsín en el montaje forman parte del equipo técnico de esta cinta que gira en torno a la historia de Sira y Pepe, una pareja que después de diez años viviendo en Berlín decide tomar una nueva dirección en su vida regresando a Galicia.

Con ese objetivo, comprarán una casa en una aldea que consideran abandonada, pero donde vive una señora con la que mantendrán una extraña relación. El estreno podrá verse en la gala de apertura del OUFF del próximo viernes, a las 20,30 horas, en el Auditorio Municipal.

La dirección general de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior ha alertado por fuertes lluvias y tormentas en el este de la Península este lunes por la tarde que podrán acumular hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora en las provincias de Barcelona, Tarragona, Valencia, Alicante y Murcia.

Además, a partir del martes se sumará a la alerta Baleares, en concreto Mallorca, Ibiza y Formentera, donde los pronósticos meteorológicos prevén acumulaciones de hasta 70 litros por metro cuadrado en una hora y de hasta 140 litros por metro cuadrado en 12 horas.

Protección Civil alerta también de la probable aparición de precipitaciones en forma de granizo pero dado el difícil pronóstico de los fenómenos tormentosos aconseja mantenerse informado en todo momento de la posible evolución de los cambios meteorológicos.

Asimismo, avisa también de que es probable la presencia de vientos costeros y fuerte oleaje en áreas del litoral mediterráneo, en las Islas Baleares y en el Estrecho.

Ante las lluvias intensas, recomienda a los conductores que disminuyan la velocidad, extremen las precauciones y no se detenga en zonas por donde pueda discurrir gran cantidad de agua. En caso de tener que viajar aconseja hacerlo preferentemente por carreteras principales y autopistas.

En caso de tormentas súbitas y de lluvias intensas insta a tener en cuenta el lugar donde se aparcan los vehículos, ya que el rápido ascenso del nivel de las aguas puede dañar los vehículos aparcados sobre zonas inundables y, además, arrastrarlos, provocando daños a bienes ajenos e incluso obstaculizar el flujo natural de la corriente.

Por otro lado, añade que si empieza a llover de manera torrencial es necesario tener en cuenta que existe riesgo de inundación por lo que aconseja no atravesar ni con el vehículo ni a pie los tramos inundados, porque desconoce lo que puede haber debajo del agua y localice los puntos más altos de la zona.

También recuerda que no se debe tratar de salvar el automóvil en medio de una inundación. A quienes se encuentren en el campo les aconseja alejarse de ríos, torrentes y zonas bajas de laderas y colinas, evitando atravesar vados inundados y dirigirse a los puntos más altos de la zona.

Por otro lado, frente al riesgo de tormentas, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias destaca que el peligro de las tormentas para las personas se produce, fundamentalmente, en campo abierto, pero también existe peligro de caída de rayos en los núcleos urbanos, de modo que conviene colocarse cerca de los edificios para protegerse y, dentro de las viviendas evitar las corrientes de aire.

A los conductores les apunta que un vehículo cerrado puede ser unbuen refugio y que si una persona se ve sorprendida por una tormenta en el campo se debe evitar correr y permanecer en lugares elevados, como los altos de las colinas, crestas o divisorias. También insiste en que no hay que refugiarse bajo los árboles y alejarse de alambradas y objetos metálicos.

Por último, ante los vientos costeros intensos, Protección Civil recomienda alejarse de la playa y de otros lugares bajos que puedan ser afectados por las elevadas mareas y oleajes que suelen generarse ante la intensidad de vientos fuertes.

Del mismo modo, aconseja no estacionar los vehículos en zonas que puedan verse afectadas por el oleaje, ya que en estas situaciones el mar adquiere condiciones extraordinarias y puede arrastrarle si se encuentra en las proximidades del mar.

Finalmente, insta a no poner en riesgo la vida ante las imágenes espectaculares del fuerte oleaje.

El Tribunal Supremo (TS) ha desestimado la medida cautelarísima solicitada el pasado 16 de septiembre por el exgeneral venezolano Hugo Armando Carvajal, conocido como ‘El Pollo’ Carvajal, en la que interesaba suspender el acuerdo del Consejo de Ministros de marzo de 2020 por el que se acordó su entrega a las autoridades de Estados Unidos.

La Sección Quinta de lo Contencioso-Administrativo del TS indica que «nada hay» en el escrito de petición que permita concluir la concurrencia de circunstancias de especial urgencia y que tampoco se alegan nuevos argumentos respecto de los que planteó en una petición de suspensión formulada en 2020 y que ya fue rechazada por la Sala.

El tribunal acuerda además tramitar el incidente cautelar por el procedimiento ordinario, por lo que antes de decidir, escuchará al Gobierno como autor de la resolución impugnada.

En todo caso, el auto del tribunal recuerda que «la pretensión» actual debe estudiarse teniendo en cuenta que en el presente recurso se procedió ya a una petición de medida cautelar sobre la que se decidió ya en mayo de 2020.

«IGNORADO PARADERO»

En ese auto, «se denegó la suspensión de la resolución impugnada, al considerar que, conforme a la reiterada jurisprudencia de esta Sala para supuestos similares al presente, la entrega de ciudadanos a los que se ha declarado la procedencia de la extradición ya ha sido declarada por el Tribunal del Orden Penal, que en el presente caso había acordado la prisión preventiva».

Indican que en el momento de dictarse aquel auto, el recurrente se encontraba «en ignorado paradero» y que eso «dificultaba» la ejecución de la entrega y suponía «el riesgo precisamente contrario al invocado en favor de la medida cautelar, es decir, que se frustrara la ejecución de dicho acto, caso de la desestimación del recurso contencioso-administrativo».

Todo esto, añade el tribunal, sin perjuicio del quebrantamiento de la orden de estar a disposición del Tribunal Penal que había decretado su libertad al revocar la orden de prisión inicial.

Por otro lado, en el auto de la Sección Quinta, ponencia de Wenceslao Francisco Olea Godoy, se incide en que a la vista de esa preliminar condición «nada hay en el escrito de petición que permita concluir en la concurrencia de dicha especial urgencia y tampoco cabe concluirla de las alegaciones que se hacen».

LA SALA «NO LLEGA A COMPRENDER LA PETICIÓN»

Así, el tribunal le dice a la defensa de Carvajal que la Sala «no llega a comprender la petición que se hace respecto de la suspensión de una resolución, la orden de entrega, cuando ya se había denegado la medida cautelar en el auto ya mencionado y se suplica dicha adopción por vía procedimental sumaria, sin invocar peculiaridad alguna de las circunstancias de las que deducir esa preliminar circunstancia».

Le recuerda a Carvajal además que «por pura lógica jurídica», cuando ya se ha denegado una primera petición, reiterar de nuevo la petición de suspensión de entrega «obliga a invocar nuevos argumentos». Y dicen que esa exigencia está implícita en el mandato que se impone al Tribunal de lo Contencioso en el artículo 132.2 de la Ley procesal.

Fiscalía pide 9 años de años de cárcel para hombre al que acusa de intentar asesinar a su padre, enfermo de cáncer de pulmón, al que propinó una paliza después de que su hijo de nueve años, nieto de la víctima, le confesara que el abuelo abusaba sexualmente de él. El anciano finalmente murió cuatro meses después de la agresión tras haberse recuperado de las heridas.

Sin embargo, la acusación particular, ejercida por los hermanos del acusado, pide 22 años de cárcel por un delito de asesinato al entender que sí que hubo «un claro intento» de matarlo y que fue la paliza lo que provocó la desestabilización de la enfermedad de su padre y su muerte prematura. Además, mantiene que la agresión se cometió con ensañamiento, alevosía y abuso de superioridad. Sin embargo, la defensa cree que la víctima falleció de muerte natural por su enfermedad crónica y pide tres meses de prisión por un delito de lesiones.

El juicio ha arrancado este lunes en la Audiencia de València con la selección del jurado popular, que debe decidir ahora en qué grado el hombre falleció a consecuencia de los golpes o si la muerte fue debida a las patologías previas que sufría.

La agresión, según el relato de Fiscalía, se produjo el 2 de marzo de 2016 después de que el menor le contara al acusado que su abuelo, de 75 años, le sometía a tocamientos y otros actos de carácter sexual. El hombre fue entonces hasta la casa de su padre en la localidad valenciana de Torrent para pedirle explicaciones. Una vez allí, entró en el salón y cerró las puertas para que no lo vieran las dos personas que cuidaban de su padre y le recriminó los abusos a la vez que le decía: «Te tengo que matar».

Así, sin posibilidad de que abuelo se defendiera por su edad y estado de salud ni tampoco pudiera pedir ayuda, le propinó puñetazos y patadas en la cabeza y en el tórax con una intensidad tal para matarlo o para que esta agresión le causara la muerte y le dejó tendido en el suelo en «un charco con sangre».

Por ello, califica los hechos como constitutivos de un delito de asesinato en grado de tentativa, con la agravante de parentesco y las atenuantes de arrebato, al considerar que tenía las capacidades congnitivas y volitivas levemente alteradas por el estrés generado al escuchar los abusos que sufría su hijo; y de confesión, ya que el procesado acudió a la Policía sobre las 20.50 horas.

La víctima fue trasladada al hospital, donde permaneció 41 ingresado en la UCI, 13 en planta y 68 días impedido, en total 122 días de curación. No obstante, falleció cuatro meses después de la agresión, el 5 de julio de 2016. Por ello, pide también indemnizar a sus herederos con 11.920 euros.

AGRESIÓN BRUTAL

Por su parte, la acusación particular señala que sí que hubo «un claro intento» de matar al padre ya que se aseguró de cerrar bien todas las puertas y se cercioró de que «no había nadie» que pudiera evitar la acción. Así, señala que esta «brutal agresión» fue lo que originó «un rápido deterioro que desestabilizó todas las patologías» y, por tanto, hay «un claro nexo causal». Por ello, pide 22 años y seis meses de cárcel por un delito de asesinato y alternativamente 18 años y 9 meses por un delito de homicidio.

Por contra, la defensa cree que la muerte de la víctima fue natural por la evolución del cáncer que sufría y pide tres meses de cárcel por un delito de lesiones con la eximente incompleta de alteración psquíca al conocer de «forma brusca» los abusos que sufría su hijo y la atenuante de confesión, y falta de dilaciones indebidas.

Así, señala que fue al volver en coche a su casa tras recoger al niño del colegio cuando este le contó «el secreto» de que sufría abusos por parte del abuelo. Al llegar a casa pidió al pequeño que se le contara a la madre y el menor detalló todos los abusos sexuales.

Al escucharlo, el procesado «se sumió en un estado de ofuscación» y se dirigió al domicilio para pedir explicaciones a su padre y «sin poder controlar sus impulsos» le agredió, pero sin usar arma alguna. La defensa insiste en que esta reacción fue consecuencia del «estrés agudo» que le provocó conocer los abusos lo que «le redujo su capacidad de control» y le llevó a cometer «esta acción lesiva de forma irrefrenable» y que además en el ataque también le influyó la epilepsia que sufre desde la infancia.

La defensa señala que un juzgado de Torrent abrió un procedimiento para investigar estos abusos y que el niño fue tratado por el servicio de atención a menores en 2016, que dictaminó que los hechos son «creíbles».

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, continua en La Palma siguiendo la evolución de la erupción volcánica, y mantiene por el momento aplazado su viaje a Nueva York con motivo de la Asamblea General de Naciones Unidas, que tenía previsto iniciar este domingo. La previsión del Ejecutivo es que lo reanude cuando lo permita la evolución de los acontecimientos, según informan.

Sánchez tenía previsto iniciar este lunes una apretada agenda de reuniones antes de su intervención en el 76º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, fijada para el jueves por la tarde.

El Gobierno había otorgado a este viaje una gran relevancia, al tratarse de la primera vez que los líderes mundiales se van a reencontrar tras la pandemia, ya que en 2020 la Asamblea General de la ONU se tuvo que celebrar de forma principalmente telemática.

Además, Moncloa había preparado una intensa agenda desde este lunes hasta la intervención de Sánchez el jueves. De momento, Sánchez ya ha tenido que cancelar un acto con inversores internacionales organizado por el magnate Michael Bloomberg para promocionar España, con el Plan de Recuperación como reclamo, y bilaterales con el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson o el emir de Qatar, Tamim Bin Hamad Al Thani, previstas para este lunes.

La magnitud de la erupción que tuvo lugar el domingo del volcán Cumbre Vieja, en el municipio de El Paso de La Palma, llevaron a Sánchez a cambiar sus planes en el último momento y aplazar su vuelo a Nueva York, para desplazarse a la isla y seguir ‘in situ’ la evolución de los acontecimientos.

VISITA A LOS EVACUADOS Y A LAS ZONAS AFECTADAS EN LA PALMA

Tras pasar allí el domingo, el presidente decidió hacer noche en la isla y dedicar este lunes a visitar a los evacuados y las zonas afectadas, y participar en las reuniones del Comité Director del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por riesgo volcánico (Pevolca).

La previsión del Gobierno es que Sánchez retome su viaje a Nueva York próximamente, si lo permiten las circunstancias y la situación en La Palma no empeora. De este modo, las fuentes consultadas no lo dan por cancelado.

El presidente tenía previsto empezar su agenda este lunes participando en el foro ‘The Climate moment’, que organiza Reino Unido como país anfitrión de la próxima Conferencia sobre el cambio climático, la COP26, que tendrá lugar en Glasgow en noviembre.

Después iba a protagonizar un coloquio organizado por Bloomberg específicamente para hablar del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno España; un evento que era fruto, según fuentes de Moncloa, del encuentro que mantuvieron Sánchez y Bloomberg en julio en Nueva York, en el marco de su gira económica por Estados Unidos.

Tras este evento, Sánchez tenía programada una entrevista en Bloomberg TV, antes de pasar ya a su agenda de la tarde, con bilaterales con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres; con el emir de Qatar; y con Boris Johnson. Tampoco podrá asistir a la cena privada organizada por el grupo de banca de inversión Goldman Sachs con CEO de grandes firmas internacionales.

En la agenda diseñada por el Gobierno antes de la erupción volcánica, la primera cita que figura para este martes es la participación de Sánchez en la apertura del 76º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, que arranca a las 9.00 hora local, las 15.00 horas en España. Su presencia dependerá de cuándo decida retomar su viaje.

Este martes también tiene agendados en Nueva York una bilateral con el nuevo presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, y una entrevista en CNN con la prestigiosa periodista Christiane Amanpour, a la 13.00 hora local –19.00 horas en España–.

La vicesecretaria de Política Sectorial del PP, Elvira Rodríguez, ha denunciado la «incapacidad» del Gobierno de Pedro Sánchez para frenar la subida de los precios de la luz y sus efectos sobre las economías domésticas y las pequeñas empresas. Además, le ha acusado de regular el sistema eléctrico «sin mucho sentido común» y «sin tener en cuenta los efectos colaterales» de su reforma.

«Si no sabe que deje los asientos. Una materia tan fundamental como la electricidad, básica para nuestra calidad de vida, materia prima para muchos y con un efecto a controlar sobre el medioambiente, no debe ser tratada deprisa y corriendo sin ton ni son, como se ha hecho», ha afirmado.

Durante la clausura de la jornad «Medioambiente, economía circular y crecimiento azul» organizada por la Fundación Concordia y Libertad, Rodríguez ha recalcado que «el Gobierno se ha demostrado incapaz de reaccionar de manera adecuada» a la subida de precios y ha regulado «sin mucho sentido común» y «sin tener además en cuenta los efectos colaterales de reforma sobre su sistema eléctrico.

Además, ha señalado que no valen declaraciones que han hecho ahora acerca de que ‘aclararán’ el impacto sobre las renovables o que las compañías son «explotadoras de los ciudadanos» porque envía «señales equivocadas que pueden tener efectos claramente perniciosos».

«Con lo que es básico no se juega y el Gobierno está jugando. Nosotros tenemos nuestras propuestas y nos lo estamos tomando en serio», ha enfatizado, para añadir que están hablando del futuro de España.

EL «DRAMA» DE LOS CIUDADANOS DE LA PALMA

Además, la también exministra de Medio Ambiente ha expresado el «afecto, solidaridad y apoyo incondicional» del Partido Popular a los habitantes de la isla de La Palma, donde muchos de sus ciudadanos viven «un verdadero drama» tras la erupción del volcán

«Resulta escandalosa la falta de empatía y de compasión de la ministra Maroto con esos palmeros que estar perdiendo todo lo tienen y que dicen que ahora van a ser como Islandia, que esto es una oportunidad», ha enfatizado, en alusión a las declaraciones de la ministra de Turismo, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.

En concreto, Reyes Maroto ha querido enviar un mensaje de «tranquilidad» a los turistas que se encuentren o vayan a llegar a la isla de La Palma en los próximos días ante la erupción volcánica que allí se ha producido, y ha abogado por «aprovechar esto también como un reclamo para que muchos turistas que quieran disfrutar de lo que la naturaleza» ha traído a La Palma «lo puedan hacer en las próximas semanas y meses».

Ante esas palabras, que la propia ministra ha matizado después asegurando que hoy están con las víctimas de la catástrofe en La Palma, Elvira Rodríguez ha señalado: «La señora Maroto por lo que ha dicho hoy, debería ser objeto de revocación».

Rodríguez ha apostado porque las soluciones para el medio ambiente sean «realistas», no caigan en planteamientos «de vencedores y vencidos» y «que hagan ver al presente que merece la pena ocuparse del futuro». «La solución está en que debemos plantear alternativas en las que todos sean ganadores», ha manifestado.

En este punto, y con la vista puesta en la Convención Nacional que el PP celebra entre el 27 de septiembre y el 3 de octubre, Rodríguez ha indicado que «el PP está trabajando en el medioambiente, la economía circular, el cambio climático y sus efectos sobre el planeta, la conservación de la biodiversidad y el importante papel que ocupa la innovación».

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite los recursos de inconstitucionalidad presentados por el partido político Vox y por el Partido Popular (PP) contra el decreto-ley relativo a los repartidores de plataformas digitales, conocido como la ‘ley rider’, y que obliga a esas empresas de reparto a contratar como asalariados a sus repartidores.

En una providencia del TC, se indica que sendos recursos fueron presentados por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Vox y más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular contra el Decreto-ley 9/2021, de 11 de mayo, por el que se modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

El tribunal de garantías ordena dar traslado de la demanda y de los documentos presentados al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno, para que puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que consideren convenientes.

En nota de prensa, recuerda que los recurrentes consideran que la norma impugnada carece del presupuesto habilitante del artículo 86.1 de la Constitución referido a la extraordinaria y urgente necesidad.

«En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general», reza ese artículo concreto.

RECURSOS ANTE EL ABUSO DE LA FIGURA DEL DECRETO LEY

La decisión del TC llega después de que la formación que preside Pablo Casado recurriese el pasado julio el real decreto al entender que no había «urgente necesidad» en la aprobación del mismo, acusando al Gobierno de «hurtar» al Congreso su labor y recordando que el alto tribunal ya había tumbado tres reales decretos del Ejecutivo por «utilizarlos abusando de su poder para evadir el control parlamentario».

Según los ‘populares’, en el caso de la ‘Ley rider’ la modificación del Estatuto de los Trabajadores se realizó mediante decreto y cuando «el acuerdo con el diálogo social estaba aprobadoen el mes de abril». Se daba, además, «una vacatio legis de tres meses». Para el PP eso demostraba que «no había urgente necesidad, sino que había una necesidad urgente de saltarse nuevamente al Congreso».

Por su parte, la formación liderada por Santiago Abascal registró el mismo mes otro recurso al considerar que el Ejecutivo había realizado un «uso abusivo» de la figura de decreto ley. Para Vox, las razones esgrimidas para la aprobación de este decreto no se ajustaban a «la ‘situación de extraordinaria y urgente necesidad’ constitucionalmente requerida» para recurrir al decreto ley, «ni se compadecen con las exigencias de la jurisprudencia constitucional que dimanan en su interpretación del artículo 86.1 de la Constitución».

Además, el partido sostenía que el propio Gobierno declaraba haber iniciado los trabajos para elaborar la norma en junio de 2020, y que después aplazó su entrada en vigor hasta el próximo agosto –se dio tres meses a las empresas para regularizar la situación–.

A su juicio, este período contrastaba «poderosamente» con la declaración del Gobierno de que «la situación a la que se pretende dar respuesta no puede abordarse mediante el procedimiento legislativo ordinario o a través de su tramitación urgente».

La Portavoz del PSOE y viceprimera secretaria del PSC, Eva Granados, ha asegurado hoy que las declaraciones de Ábalos sobre que le gustaría comprender mejor su salida del Gobierno para que no se especule tanto son una «opinión personal» del exministro y exnúmero tres del PSOE. La dirigente socialista no ha querido opinar sobre la influencia que puede tener en el voto la decisión de la ‘España vaciada’ de presentar una alternativa en las próximas elecciones. Eso sí, ha afirmado respecto a las encuestas que arrojan un panorama ingobernable, que el PSOE ha demostrado saber gobernar la «complejidad».

Al ser preguntada por las afirmaciones del exsecretario de organización del PSOE, en las que afirma que le hubiera gustado comprender mejor su salida del Gobierno para que no se especule tanto, la Portavoz socialista ha asegurado que ella no puede hacer «juicios de intenciones y menos valorar una entrevista en la que se traslada su opinión personal».

«Creo que no podemos decir nada más que eso», ha remachado durante su comparecencia ante los medios en Ferraz, tras la reunión del Comité Organizador del 40 Congreso del PSOE, de la que solo ha afirmazo que «los trabajos avanzan» y que las federaciones están trabajando en las enmiendas y en las delegaciones que enviarán al Congreso que tendrá lugar en Valencia a mediados de octubre.

Eva Granados no ha querido pronunciarse sobre el perfil que deben tener los nuevos integrantes de la Ejecutiva socialista, dada la previsión de que haya un cambio profundo en su composición. Se ha limitado a señalar que el PSOE tiene 200.000 militantes y que es un partido histórico «en el que no sobra nadie».

La dirigente socialista no ha querido valorar el paso dado por la coordinadora de la ‘España vaciada’ de concurrir a las próximas elecciones y cómo podría influir el voto rural en el resultado de los partidos tradicionales.

Según Granados, el Gobierno de España y también el PSOE, así como los diferentes gobiernos autonómicos y municipales siempre han trabajado por el medio rural. «España lo es todo, medio rural y urbano y los fondos europeos son una gran oportunidad para acabar de articular la España rural», ha añadido.

En cuanto a las encuestas recientes que arrojan resultados en los que ninguno de los grandes partidos sumaría dibujando una España ingobernable, la socialista ha afirmado que el Gobierno ha demostrado que sabe «gobernar esa complejidad».

ENCUESTAS: EL VALOR TENDENCIAL DEL PP «NO ES HACIA ARRIBA»

En cualquier caso, ha querido dejar claro que estas encuestas se están produciendo cuando faltan dos años para las próximas elecciones generales y solo tienen un «valor tendencial». Ha recordado, en este sentido, que la semana pasada se conoció la encuesta del CIS –en la que se agranda la ventaja del PSOE sobre el PP– y cree que la tendencia que marcan el resto de encuestas que se están conociendo es que la del PP «no es hacia arriba».

Pero Eva Granados sí ha querido valorar los buenos resultados que dan las encuestas al SPD alemán y ha apuntado que se debe a que la socialdemocracia ha dado una respuesta muy distinta a la crisis surgida del Covid que la que se dio con la anterior crisis. «Necesitamos gobiernos en Europa que crean en la centralidad de las políticas sociales, la redistribución y la transición justa y revolución digitall y poner en el centro a las personas», ha señalado al tiempo que consideraba una «buena noticia» que haya un gobierno en Alemania en el que la «socialdemocracia tenga algo que decir».

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado este lunes el «compromiso rotundo» de las instituciones con los afectados por la erupción del volcán de Cumbre Vieja en La Palma y ha asegurado que se notará en la reconstrucción y la recuperación de todo lo dañado.

En declaraciones a los medios después de una reunión con el gobierno autonómico, el cabildo y con los técnicos, para evaluar la situación del volcán, Sánchez ha afirmado que esta erupción no va a hacer que haya gente que se quede «dañada» por el impacto económico que está produciendo. Así, ha indicado que cuando proceda acometer la recuperación, el Gobierno pondrá los recursos para que los afectados puedan «sino la normalidad previa» a la erupción «sí mucho de su normalidad»

Sánchez ha indicado que el volcán «sigue en fase de erupción» y que en este momento lo más importante es garantizar «el perímetro de seguridad» y ha pedido extremar la precaución, no aproximarse a las zonas afectadas y mantenerse informados a través del 112, la Guardia Civil y la Policía Nacional. «El volcán sigue operando y tenemos que extremar las precauciones», ha advertido.

CAPACIDADES SUFICIENTES PARA CUALQUIER EVENTUALIDAD

A este respecto, Sánchez ha apuntado que cuentan con «capacidades suficientes» para hacer frente a «cualquier tipo de eventualidad» derivada de la erupción y ha insistido en que «todos los recursos del estado» están a disposición de los afectados.

En la misma línea ha avisado que de que todavía «van a venir jornada muy largas», ha trasladado su solidaridad con las familias afectadas y ha afirmado que «toda España está con La Palma». Así ha destacado la «empatía» de la ciudadanía que está siguiendo «al minuto» la evolución de la isla.

Finalmente, Sánchez ha destacado el trabajo preventivo de la «ciencia española» que ha permitido detectar la actividad sísmica previa a la erupción y responder desde el plano político con «proporcionalidad».

Sánchez se trasladó a la Palma el domingo por la tarde después de que comenzase la erupción del volcán de Cumbre Vieja, que por el momento ha provocado la evacuación de unas 5.000 personas, y ha pospuesto el viaje que tenía programado a Nueva York para asistir ala Asamblea General de Naciones Unidas.

El abogado que representa a las familias de las víctimas mortales de la doctora Noelia de Mingo considera necesario que se cambie la ley para que haya un mayor control sobre agresores con enfermedades psiquiátricas que se encuentran en libertad tras haber cumplido sus condenas o estén en tercer grado bajo custodia familiar.

De Mingo, condenada por matar en 2003 a tres personas y herir gravemente a otras en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, ha sido detenida esta mañana en El Molar por acuchillar a dos personas en un supermercado de esta localidad madrileña.

Carlos Sardinero, el letrado de las familias, se opuso en mayo de 2017 a la puesta en libertad de la médico tras los informes favorables de los forense. La médico mató en 2003 a tres personas e hirió a otras cinco tras sufrir un brote de esquizofrenia.

Fue absuelta del homicidio por padecer esquizofrenia paranoide, aunque se estableció para ella una medida de 25 años de internamiento en un psiquiátrico penitenciario. En 2017 se le concedió al tercer grado bajo control de la familia por su trastorno.

Ahora vivía en la localidad de El Molar bajo la custodia de su madre, de 79 años, y tenía un tratamiento ambulatorio y controles médicos cada dos semanas, con la orden de dar aviso si notaban que empeoraba.

El letrado de las víctimas mortales ha señalado que le produce «mucha tristeza» lo ocurrido esta mañana tanto por las víctimas como por la propia Noelia.

«En 2017, nosotros consideramos blanda la sustitución de la medida internamiento en centro psiquiátrico penitenciario por un tratamiento con custodia familiar y ahora nos damos cuenta de que la estábamos protegiendo», ha reseñado.

Sardinero recuerda que entonces había informes forenses que determinaba que había una revisión completa de la enfermedad cuando la esquizofrenia paranoide es una enfermedad que no tiene tratamiento curativo.

Tras ello, ha planteado que el legislador tiene que establecer otro tipo de mecanismos para que haya un control sobre este tipo de pacientes con enfermedades psiquiátricas con conductas violentas que se encuentran en libertad y que se encuentran «abandonados a su suerte».

Su Majestad el Rey de España, Felipe VI, ha considerado este lunes que «es muy necesario y urgente» prepararse «más y mejor» para afrontar los nuevos desafíos sanitarios y medioambientales que «claramente comprometen el futuro de nuestro planeta y de las sociedades tal y como las conocemos», todo ello después del «reconocimiento al extraordinario» trabajo realizado por la comunidad científica con las vacunas ante la pandemia del Covid-19, que «debe dar paso a una etapa en la que la importancia de la ciencia se mantenga con independencia del contexto sanitario».

Así lo ha expuesto en la inauguración en Córdoba del curso académico 2021-22 de las universidades españolas en un acto solemne celebrado en el salón de actos Juan XXIII del Campus Universitario de Rabanales de la Universidad de Córdoba (UCO), deseando que este curso universitario sea el de la recuperación de «la presencialidad», siempre «con el absoluto respeto a las medidas sanitarias».

Según ha defendido ante los citados desafíos, «es necesario invertir los esfuerzos, al máximo posible, en investigación e innovación», y en ello «las universidades son protagonistas esenciales de ambas actividades», por lo que «la potenciación de la investigación y transferencia del conocimiento a los sectores sociales y productivos del país ha de convertirse en una prioridad para la sociedad y los poderes públicos», ha resaltado Felipe VI.

En palabras del Rey, «el conocimiento generado en la universidad debe traspasar sus fronteras y permear en todos los ámbitos», al tiempo que ha manifestado que espera que «el curso académico venga acompañado de importantes éxitos para el sistema universitario español en su conjunto».

Al respecto, confía en «ser capaces de mantener e incrementar sus fortalezas y abordando de manera decidida todos los aspectos que puedan mejorarse para cumplir con el mandato fundamental que tiene encomendado: dar el mejor servicio de educación superior a la sociedad». Y es que, según ha agregado, «el valor de la universidad reside precisamente ahí: en su vocación de servicio para contribuir a mejorar las sociedades de las que forma parte».

En relación con el curso, ha confiado en «la recuperación de las clases presenciales de manera muy generalizada», tras las limitaciones por la pandemia, y ve «necesario y justo manifestar el agradecimiento a la comunidad universitaria por el enorme esfuerzo para conseguir que la formación y la investigación no sufrieran demasiado y no perdieran la calidad propia de un sistema universitario que forma parte del Espacio Europeo de Educación Superior».

Por otra parte, Felipe VI ha señalado que «la irrupción de la enseñanza virtual en las universidades se ha manifestado como una excelente oportunidad para extraer toda su potencialidad como una herramienta complementaria a la presencial, incluso como elemento indispensable para la formación permanente».

Además, el Rey ha comentado que «en este tiempo de continuas transformaciones, la universidad española afronta un reto inmediato para mejorar la calidad del sistema: un nuevo marco normativo motivado por un contexto de profundos cambios económicos, laborales, tecnológicos, sociales y culturales que ha experimentado el país en una sociedad globalizada y en permanente proceso de adaptación».

Algunas tareas que trae consigo este nuevo curso son, según ha citado, «la consolidación del sistema universitario como instrumento eficaz de promoción y progreso individual»; «su internacionalización, aprovechando las características que presenta el mundo actual para cooperación y colaboración académica e investigadora con otras universidades y centros de investigación extranjeros», y «la potenciación de la capacidad investigadora y transferencia de conocimiento».

Entretanto, Felipe VI ha felicitado a la UCO por su 50º aniversario. «Siempre es una buena noticia para toda la sociedad reconocer una sólida trayectoria educativa y formativa como esta, que es un referente en los ámbitos agroalimentario, científico y de innovación», ha dicho.

PAPEL «PROTAGONISTA» DE LA UNIVERSIDAD

Mientras, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha destacado «el papel protagonista de las universidades en la recuperación económica y social de la región tras la pandemia», a las que ha definido como «palancas propulsoras de conocimiento, pero también de desarrollo, emprendimiento y más y mejores alianzas con el tejido productivo». Ha recordado que esta Legislatura, por primera vez, el presupuesto anual de las diez universidades públicas andaluzas supera los 2.000 millones, de los que más de 1.500 millones son de presupuesto autonómico.

Así, ha aseverado que la Junta está «plenamente comprometida con velar y potenciar el sistema universitario al que se dota de la mayor cantidad de recursos de su historia, redoblando los esfuerzos para que éste dé el máximo de sus posibilidades». Ha apuntado que en menos de tres años se ha dedicado a la investigación más de 300 millones, ha aplaudido a la UCO por sus 50 años y ha proclamado que este curso «debe ser el de la mayor normalidad posible, que pasa por la vuelta a la máxima presencialidad».

«ES HORA DE APOYAR»

Por su parte, el ministro de Universidades, Manuel Castells, ha declarado que «aunque la autonomía universitaria ha funcionado y rectores y equipos de gobierno han cumplido con su gestión, es hora de apoyar más decididamente a la universidad», defendiendo «incrementar recursos disponibles en colaboración con las comunidades autónomas en función de sus competencias». Entre algunas cifras del último año, ha señalado 400 millones del fondo Covid y 530 millones de fondos europeos.

También, ha subrayado que «es necesario actualizar un marco jurídico estatal de dos décadas, que se ha visto superado por la velocidad del cambio tecnológico, cultural y social», de ahí el trabajo del Ministerio sobre el anteproyecto de ley orgánica del sistema universitario, en período de consulta. Y ha valorado «haber superado en cierta medida las dificultades sin precedentes del curso pasado, gracias al esfuerzo de todos», entre otros aspectos.

LA UNIVERSIDAD PIDE «ADECUADA» FINANCIACIÓN

Y el rector de la UCO y presidente de CRUE-Universidades Españolas, José Carlos Gómez Villamandos, ha defendido contar con «un modelo de financiación valiente», algo en lo que ha agradecido la labor del presidente de la Junta, admitiendo que «queda la ardua tarea de concretar la puesta en marcha».

También, ha afirmado que «a nivel estatal se está en una etapa decisiva para una nueva Ley de Universidades y una reforma de la Ley de Ciencia», de modo que «se necesita que las leyes aborden los cambios estructurales que las universidades necesitan», ha indicado el rector, quien ha pedido «mantener los cambios en el tiempo», valorando «la disposición al diálogo» del ministro de Universidades.

Y ha resaltado líneas «imprescindibles» para garantizar el modelo, como «financiación adecuada, autonomía en políticas de personal y académica y un marco para el personal universitario que propicie certidumbre y reconocimiento», con «rendición de cuentas por resultados».

El acto ha comenzado con la lección inaugural de la catedrática de Genética de la Facultad de Ciencias de la UCO, María Teresa Roldán Arjona, sobre ‘Reparación del AND. Entre la estabilidad del genoma y la plasticidad del epigenoma’. Ha habido una actuación del Coro Averroes y en las puertas del campus se ha concentrado personal de CCOO en contra del anteproyecto de Ley de Universidades y el modelo de financiación regional.

Han estado presentes, además de las autoridades citadas, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández; el alcalde, José María Bellido; los consejeros de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco, y de Salud y Familias, Jesús Aguirre, y el presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, entre otros.

Un 88% de los ciudadanos ve necesario fomentar la formación en educación vial en patinetes y bicicletas, según concluye ‘Spin Report: La percepción de la ciudadanía sobre la micromovilidad’, un estudio elaborado por Kantar para Spin, la compañía de movilidad compartida y eléctrica de Ford Motor Company, a una muestra de 2.000 personas.

Según han informado este lunes los autores de este informe, se trata del primer estudio sobre micromovilidad compartida en Madrid, Barcelona, Zaragoza, Sevilla, Málaga y Tarragona, principales ciudades españolas que han contado con servicio de patinetes eléctricos compartidos durante el último año.

De este modo, la realización de cursos de patinetes y bicicletas a la ciudadanía es una necesidad en la que coinciden todas las ciudades encuestadas: Tarragona (94%), Barcelona (90%), Madrid (89%), Sevilla (86%), Málaga (85%) y Zaragoza (81%).

«El estudio nos muestra una conclusión muy relevante para las ciudades: los ciudadanos demandan más educación vial. La formación es de esencial importancia para Spin. Buena muestra de ello es que hemos impulsado la Spin Scooter Academy by RACC, la primera academia de conducción de patinetes eléctricos que ayer celebró su segunda edición en Madrid con un gran éxito de convocatoria», ha afirmado Filippo Brunelleschi, Country Manager en España y Portugal de Spin.

A su vez, Brunelleschi ha añadido que este fin de semana también han colaborado con los patinetes en un taller de conducción de patinetes eléctricos, organizado en Zaragoza por varias entidades en el marco de la Semana Europea de la Movilidad.

LA MICROMOVILIDAD AUMENTA EL USO DEL TRANSPORTE PÚBLICO

Asimismo, un 70% de todos los encuestados afirma que se desplazaría más en transporte público si tuviera servicios de micromovilidad cerca que le facilitaran el acceso a la parada o la llegada a su destino, una cifra que asciende al 79% en el caso de Sevilla y Málaga, y al 71% en Madrid.

Por otro lado, un 76% de la población encuestada querría un sistema tarifario integrado conjunto de transporte público que incluyera los servicios de micromovilidad compartida. Una demanda que obtiene un mayor respaldo en concreto entre los sevillanos (82%), los malagueños (80%) y los zaragozanos (81%).

Para Brunelleschi, estos datos desmienten «la falacia de que las opciones de movilidad compartida son una amenaza para el uso del transporte público y no una opción complementaria». Es más, los datos muestran que hasta harían incrementar su uso», ha asegurado.

El motivo principal de los encuestados para utilizar el patinete eléctrico compartido se atribuye a la voluntad de reducir la contaminación (59%). Le siguen la facilidad de aparcamiento (53%) y el hecho de poder desplazarse más rápidamente para ganar tiempo (44%). Málaga es la ciudad con mayor puntuación en este punto, con un 68%, le siguen Sevilla y Zaragoza con un 62%.

Destaca asimismo que el 82% de la población encuestada anhela vivir en una ciudad menos contaminada, un dato que se mantiene en Madrid y que asciende en el caso de Tarragona (87%) y de Barcelona (86%). Además, un 62% de la población encuestada afirma que cada vez le gusta menos coger el coche por la ciudad, cifra que se sitúa por encima de la media en Tarragona (66%), Sevilla (65%) y Barcelona (64%).

El diputado de Compromís en el congreso de los Diputados, Joan Baldoví, ha explicado que abordará próximamente en la redacción de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) dos cuestiones «principales» y «fundamentales» para la provincia como son la infrafinanciación y la «agenda del tren».

Así se ha referido este lunes en su visita a Alicante en la que ha estado acompañado por los concejales en el Ayuntamiento, Natxo Bellido y Rafa Más.

En primer lugar, Baldoví ha asegurado la infrafinanciación que sufre la Comunitat aunque ha señalado que «se puede remediar» a través de los PGE, con transferencias o mediante inversiones territorializadas.

«Nuestro estatuto aprobado por una amplia mayoría dicen que las inversiones territorializadas deben estar alrededor de nuestro peso demográfico, que es del 10%», ha aseverado.

Así, Baldoví ha afirmado que estarán muy atentos y serán muy críticos con este asunto porque «Alicante siempre acaba siendo ese territorio que se queda muy por debajo de la media estatal en inversión.

«AGENDA DEL TREN»

El segundo tema que abordará está relacionado con «la agenda del tren», por lo que ha lamentado que aún continúen los problemas para desbloquear la cesión de terrenos de Adif ubicados junto a Casa Mediterráneo y Avenida de Elche o la conexión de tren con el aeropuerto.

«Aún no se permite que Alicante tenga una permeabilidad de la ciudad con la zona marítima que ahora mismo las vías obstruyen. Otro de los problemas es la vía de acceso al puerto o la conexión del aeropuerto», ha añadido.

En concreto, sobre el aeropuerto, ha criticado que la tramitación de la conexión «va muy lenta» y tienen pocas noticias al respecto. Además se ha mostrado preocupado por tener «el peor cercanías del país» que se caracteriza por «tener una alta tasa de incidencia por impuntualidad o suspensión de vías». «Se ha tenido poca inversión estos años», ha manifestado.

Igualmente, la coalición ha calificado este lunes como «catastrófico» por la cancelación de once cercanías en menos de cinco horas y dos demoras de alrededor de 20 minutos. «La situación del servicio de cercanía de Renfe está siendo insostenible. El coordinador del servicio de cercanía en el territorio valenciano, Juan Carlos Fulgencio, parece que está cobrando dinero público para continuar desmantelando un servicio fundamental», ha arremetido la diputada de Compromís, Papi Robles.

AGENDA DE REIVINDICACIONES

Por su parte, Natxo Bellido ha agradecido a Joan Baldoví la labor que realiza para defender los intereses de Alicante y ha insistido en la necesidad de ceder los terrenos de la casa del mediterráneo, por lo que ha solicitado pactar una agenda de reivindicaciones, al mismo tiempo que ha pedido al bipartito dejar «las batallitas absurdas» y que se sume a las demandas de los ciudadanos.

«En las últimas semanas el bipartito ha protagonizado batallitas absurdas y les pedimos que lo dejen porque hacen el ridículo y que dejen trabajar en el Plan Edificant y en el Plan Convivint», ha aseverado.

Ocho de los once acusados de formar una organización dedicada a la explotación sexual de mujeres extranjeras en clubes de Aragón y Alicante han reconocido este lunes los hechos en el arranque del juicio contra ellos, que se celebra en la Audiencia Provincial de Cantabria, y en el que han aceptado penas de hasta más de 80 años de cárcel y multas de 96.650 euros.

Este es el caso del socio y subordinado directo del cabecilla, que se enfrentaba inicialmente a 518 años y nueve meses de prisión y 2,65 millones de multa que reclamaba la fiscal por los 137 delitos de prostitución -a mujeres procedentes del este de Europa, Sudamérica ynorte de África- que imputa en esta causa, además de uno de blanqueo de capitales -que también achaca a este procesado- y otro de tenencia ilícita de armas.

En cambio, no han reconocido lo sucedido el jefe de la banda, que se enfrenta a 555 años de prisión y 3,1 millones de euros de multa por los tres supuestos ilícitos; y sus hijos, para los que el ministerio público reclama 411 años de cárcel y 2,2 millones de euros por el delito de prostitución y 5 años de prisión y 900.000 euros de multa (al hijo) y 980.000 euros (a la hija) por el de blanqueo.

Al margen de estos tres encausados, los ocho restantes han reconocido lo ocurrido y se han mostrado conforme con el escrito de modificación avanzado por la Fiscalía y las nuevas penas propuestas.

Las mismas suponen una rebaja respecto a las iniciales al considerarles a siete de ellos -todos menos el socio del líder- cómplices del delito de prostitución -y no autores- y al entender también esta parte que concurre la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas por estos hechos.

Así, en un principio a tres de los colaboradores se les imputaban un total de 64 delitos de prostitución, mientras que a otros se acusaba de 25, 24 ó 7 delitos de este tipo. Cada uno conllevaba pena de prisión (entre tres años y medio, y dos años y medio) y multa (oscilaba entre los 13.500 y los 6.750 euros).

Ahora, al admitir su participación en lo ocurrido, las penas que interesa la fiscal oscilan entre 32 años y tres años y medio de cárcel, aunque también se piden doce años y doce años y medio. Y las multas van de 3.150 a 28.000 euros, pasando por los 10.800 y 11.250 euros.

El Sindicato de Enfermería (Satse) ha reclamado a las consejerías de Sanidad que impulsen la implantación progresiva y generalizada de centros de educación infantil en los centros sanitarios con el objetivo de facilitar la conciliación de la vida laboral, familiar y personal de las enfermeras, enfermeros, fisioterapeutas y el conjunto de profesionales sanitarios, además de fomentar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

Satse subraya que conciliar la vida personal, familiar y laboral es un derecho de la ciudadanía y una condición fundamental para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, al poder mantenerse una carrera profesional plena y, a la vez, ejercer el derecho al cuidado de su familia, por lo que todas las administraciones públicas deben promover la consecución responsable de este derecho.

En este sentido, la organización sindical destaca la necesidad de propiciar la creación de centros de educación infantil para niños y niñas de entre 0 y 3 años en los centros sanitarios, a fin de que se facilite de manera efectiva la conciliación de sus profesionales, los cuales, en cualquier momento pero especialmente en tiempos de pandemia, tienen muchas dificultades para compatibilizar su vida laboral y personal.

Satse recuerda que los profesionales sanitarios en edad de ser madres y padres son prácticamente el 50 por ciento del total, según la última estadística del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2020, estando todos ellos sometidos a unas condiciones de trabajo «especialmente penosas» debido a que trabajan a turnos, por las noches y festivos, y con horarios ampliados, denuncia Satse. Por ello, añade, la oferta tradicional de centros educativos en ese tramo de edad no recoge sus necesidades específicas.

Asimismo, el sindicato apunta que, en el caso de Enfermería y Fisioterapia, y teniendo en cuenta el elevado porcentaje de mujeres que lo integran (cerca del 85%), es la única manera factible de fomentar la lactancia materna de forma eficaz, ya que facilita la presencialidad, al encontrarse el lactante en el mismo entorno de trabajo.

En concreto, el sindicato demanda a los responsables de las diferentes consejerías de Sanidad que impulsen un plan de implantación progresiva de este recurso educativo que, además de gratuito, tiene que permanecer abierto, al menos, de 7.00 a 23.00 horas, de lunes a viernes. De igual manera, estas guarderías deben contar con servicio de comedor y tener actividad educativa.

Satse recalca que se han desarrollado experiencias en hospitales de Andalucía que han resultado claramente positivas para los profesionales beneficiados, por lo que deberían trasladarse al resto de centros sanitarios de todas las comunidades autónomas.

«Hay que impulsar medidas que, como la creación de centros de educación infantil en los hospitales y otros centros sanitarios, propicien la participación equilibrada entre mujeres y hombres en la vida familiar y profesional y garanticen, en definitiva, la igualdad de oportunidades en el empleo, modificando, además, roles y estereotipos tradicionales», concluyen desde la organización sindical.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado a España a indemnizar con 16.600 euros a la compañía Inmovilizados y Gestiones SL por una disparidad de criterios del Tribunal Supremo ante cinco casos idénticos al considerar que «no encuentra motivo para justificar las distintas conclusiones».

En una resolución, el tribunal ha concluido que se ha visto vulnerado el derecho de dicha empresa a un proceso equitativo, contemplado en el artículo 6 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales.

La compañía acudió a Estrasburgo al considerar que era «arbitrario» declarar admisibles dos recursos sobre cuestiones de derecho y declarar inadmisibles otros tres que eran de «idéntica naturaleza».

Inmovilizados y Gestiones SL era propietaria de un inmueble en el municipio de San Lorenzo del Escorial, expropiado parcialmente en 2011 por el Concejo Municipal, lo que dio lugar a cinco procesos administrativos judiciales relacionados con cinco terrenos. La compañía presentó cinco recursos, examinados todos en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

Cuatro años más tarde, en 2015, la empresa interpuso cinco recursos de casación ante el Supremo contra las cinco sentencias del TSJM. En 2016, el Alto Tribunal resolvió: en dos casos falló a favor y anuló las resoluciones impugnadas; en los otros tres casos, desestimó los recursos.

DISPARIDAD DE CRITERIOS SIN JUSTIFICACIÓN

El TEDH ha confirmado que los cinco recursos de casación interpuestos afectaban a las mismas partes procesales y se basaban en los mismos motivos legales. Y ha destacado que el Supremo, «con el mismo juez actuando como ponente en el procedimiento de admisibilidad de los cinco recursos», dictó «diferentes resoluciones».

Así, ha asegurado que aunque no es su función comparar las decisiones judiciales emitidas por los tribunales nacionales, en este caso «no encuentra motivo para justificar las distintas conclusiones».

Según recoge la resolución, la Abogacía del Estado defendió cambios legislativos y diversidad de magistrados para asegurar que no se había vulnerado el principio de seguridad jurídica.

PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA

Según consta en la sentencia, el tribunal «no puede aceptar el argumento del Gobierno de que el cambio legislativo sobre la regulación de los recursos de apelación sobre cuestiones de derecho fue el motivo de la inadmisibilidad de los recursos».

En este sentido, ha recordado que el nuevo marco legal en vigor en España desde 2016 y está relacionado «con el objetivo interés casacional y no era aplicable a los recursos interpuestos por la empresa».

El TEDH ha subrayado que «uno de los aspectos fundamentales de la regla de derechos es el principio de seguridad jurídica» y que «decisiones contradictorias en casos similares derivados del mismo tribunal» puede violar ese principio y «socavar la confianza pública en el Poder Judicial».