CCOO denuncia la falta de más de 58.800 docentes para asegurar una presencialidad total con garantías de atención educativa de calidad y equidad para todo el alumnado este curso 2021/2022, según sostiene el sindicato en su informe ‘Algunos retos del sistema educativo público. Inicio de curso 2021-2022′.

«Nos ha decepcionado la escasa ambición de las administraciones educativas por abordar los retos del sistema educativo y su propensión a ahorrar costes pasando página y volviendo a una vieja normalidad», ha asegurado este lunes en su intervención el secretario general de CCOO Enseñanza, Francisco García, quien ha presentado el informe junto al secretario general de CCOO, Unai Sordo.

Según esta investigación, el incremento de la inversión en profesorado, partiendo de la situación prepandemia, para generalizar una ratio media de 20 estudiantes por aula estaría en torno a 3.241.403.820 euros.

Además, CCOO exige un aumento del Personal de Administración y Servicios Educativos (PAS educativo). El número de efectivos que se han de incrementar en total a nivel estatal estaría en torno a 36.260 personas, con una inversión aproximada de 1.016.911.700 euros.

En el estudio, el sindicato detalla que este curso se plantea poner a disposición de las autonomías 13.500 millones de euros, pero «sin especificar qué cantidad debe dedicarse a Educación y sin acordar los criterios y requisitos mínimos que tienen que cumplirse».

«Solo se hace una recomendación pública a las comunidades autónomas de que prioricen la educación. Esta circunstancia va a suponer un importante desequilibrio en el conjunto del sistema educativo español, ya que habrá comunidades con distintas velocidades a la hora de implantar y desarrollar medidas y de invertir fondos, además del impacto que esto tendrá para la implementación de la LOMLOE», avisa.

A su juicio, «lejos de avanzar en las propuestas para fortalecer la equidad y la calidad y, a la vez, posibilitar una mejor implantación de la LOMLOE, en el nuevo curso se plantean menos recursos y plantillas, se flexibiliza la distancia de seguridad y se permite volver a las ratios de alumnado por aula anteriores a la pandemia».

MEJORAS «URGENTES»

CCOO considera que las mejoras educativas son «urgentes y deben convertirse en estructurales» si se quiere afrontar «con garantías» los retos que hay por delante, entre otros, el desarrollo de la LOMLOE y la nueva Ley de Formación Profesional.

Francisco García ha explicado que las medidas propuestas incrementarían un 0,78% la inversión en educación para alcanzar el 5,05% del PIB, que es el compromiso adquirido por el Gobierno y que se sitúa todavía por debajo de lo que destinan a educación otros países del entorno.

Otro de los temas que preocupan al sindicato y que ha plasmado en el documento es la temporalidad en el sector educativo, con una media estatal del 29,1% (sin tener en cuenta las contrataciones docentes extra durante la pandemia), lejos del 8% contemplado para 2024 en el Acuerdo de plan de choque para reducir la temporalidad en las administraciones públicas, suscrito por CCOO con el Ministerio de Función Pública.

Por otro lado, el estudio apunta la necesidad de modificar el modelo de acceso y el ingreso a la función pública docente y añade que, en las oposiciones celebradas en 2021, de las 28.226 plazas convocadas han quedado 3.816 sin cubrir, es decir, un 14% de las ofertadas, a pesar de que el número de aspirantes ha sido de 215.481. Francisco García ha tachado de «inaceptable» que en estos procesos se queden plazas desiertas.

CCOO subraya que uno de los retos «más importantes» que aborda el sistema educativo español es el de alcanzar la escolarización universal en la enseñanza pública de 0 a 18 años. «Muchos expertos y expertas han señalado la necesidad de avanzar sustancialmente en la escolarización del alumnado de 0-2 años como mecanismo para reducir desigualdades sociales y educativas, y como medio de prevención de las altas tasas de fracaso y abandono escolar que afronta nuestro sistema educativo», argumenta en el documento.

En este sentido, la organización opina que este proceso de universalización tiene que llevarse a cabo en los centros educativos públicos, incrementando de manera decisiva la oferta pública de Formación Profesional (FP).

«La privatización avanza como un cohete en la educación no obligatoria a través de cheques guardería, Bachillerato, etc.», ha denunciado Francisco García en su intervención, mientras que Unai Sordo ha afirmado que «existe una oferta indisimulada» por la privatización de del sistema educativo y que ha habido un incremento de estudiantes a favor de la educación privada, un 20% en la FP, por ejemplo.

El estudio de CCOO ofrece una serie de conclusiones y propuestas que pasan por «conseguir un compromiso de todas las administraciones educativas para el incremento de la inversión en educación con el objetivo de bajar de forma permanente las ratios de estudiantes por grupo, aumentar la oferta de plazas educativas públicas e incrementar las plantillas de profesorado y PAS educativo».

También apuesta por establecer mecanismos para «frenar y revertir» los procesos de privatización de las enseñanzas no universitarias y por crear un fondo de cohesión territorial, distribuido en función de la diferente situación de las comunidades autónomas, con un modelo de financiación compartida.

Poner en funcionamiento una comisión dentro de la Conferencia Sectorial, que permita el seguimiento de los fondos destinados a Educación en las distintas CC.AA. es otra de sus propuestas.

Igualmente, quiere mejorar la situación laboral y retributiva del profesorado y del PAS educativo, que «en la actualidad está haciendo un enorme esfuerzo por mantener la equidad y la calidad, en muchos casos sin los recursos adecuados».

«Las desigualdades de mañana se están gestando hoy. La segregación educativa es el camino hacia la desigualdad», ha concluido el secretario general de CCOO.

La vicepresidenta de Junts, Elsa Artadi, ha emplazado este lunes a ERC y CUP a encarar una negociación conjunta de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que permita aprovechar el peso del independentismo en el Congreso y beneficie a Cataluña.

«Empecemos a trabajar juntos, a compartir información, requerimientos, necesidades y lo que creamos imprescindible para poder encarar una negociación conjunta que dé poder al independentismo», ha reclamado en rueda de prensa.

También ha apuntado que les gustaría que esta negociación de los PGE abordara capítulos como el de las inversiones, fondos sociales, fondos europeos y fondos Covid, pero también quieren que el ejercicio del derecho a la autodeterminación y la amnistía sean una baza de la negociación.

«Sería un error y la pérdida de una oportunidad por parte del independentismo si no nos diéramos cuenta de que esta negociación de los PGE puede ir más allá y hacernos fuertes ante el Gobierno», ha sostenido Artadi, que ha apostado por vincular la negociación de las cuentas a que se avance en el debate de la autodeterminación y la amnistía.

A su juicio, las fuerzas independentistas deberían negociar, como mínimo, los elementos en los que coinciden, y por ello ha pedido no ir por separado ni debilitados para evitar que el Gobierno «pueda sacar un rédito demasiado barato».

En el ámbito de la gestión, considera elementos fundamentales de la negociación el capítulo de inversiones en infraestructuras y servicios como el de Rodalies; leyes sociales como la de la Dependencia; la «descentralización real» de los fondos europeos, y que se mantengan los fondos Covid-19 para poder cuadrar los presupuestos catalanes.

AEROPUERTO DE BARCELONA

Tras la manifestación del domingo contra la ampliación del Aeropuerto de Barcelona – El Prat, Artadi ha defendido que la posición del Govern pasa por convertir el aeropuerto en un ‘hub’ internacional y por aumentar su competitividad «preservando la laguna de La Ricarda y con una mínima afectación medioambiental».

Después de que el Ejecutivo central suspendiera la inversión de 1.700 millones para la ampliación del Prat, ha reprochado que los socialistas se amparen en la falta de consenso en el Govern para paralizarla cuando «lo que hay es una división total y absoluta en el Gobierno y en el Ayuntamiento de Barcelona», donde gobiernan socialistas y comuns.

Además, ha censurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitara Cataluña para la mesa de diálogo y anunciara «la pérdida de una inversión y absolutamente nada más», y ha reclamado de nuevo la necesidad de que la gestión del Aeropuerto de Barcelona se haga desde Cataluña.

20S

La vicepresidenta de Junts también ha recordado que este lunes se cumplen cuatro años de las protestas del 20S ante la antigua sede de la Conselleria de Economía y Hacienda, y que tras ello llegaron las detenciones del entonces presidente de la ANC y actual secretario general de Junts, Jordi Sànchez, y del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

«Cuatro años después, y pese a los indultos, sigue habiendo muchas personas afectadas por la represión del Estado, más de 3.400 personas perseguidos por sus ideas», ha lamentado Artadi, que ha reclamado de nuevo una ley de amnistía y el ejercicio de la autodeterminación.

El ex jefe de Inteligencia del Gobierno venezolano Hugo ‘El Pollo’ Carvajal, pendiente de ser extraditado a Estados Unidos por presuntos delitos de tráfico de drogas y armas, ha declarado este lunes ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón en el marco de una investigación sobre terrorismo internacional a la que ha aportado bastantes datos.

‘El Pollo’, detenido en la cárcel madrileña de Estremera, ha sido trasladado a primera hora de la mañana a la Audiencia Nacional (AN) para testificar voluntariamente ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 sobre las supuestas conexiones entre ETA, la guerrilla colombiana de las FARC y el Gobierno bolivariano.

Según las fuentes jurídicas, ‘El Pollo’ ha hablado de diversos asuntos sobre los que ha sido muy claro y ha aportado bastantes datos. No obstante, se ha comprometido a entregar documentación que respalde sus palabras y, probablemente, tendrá que volver a declarar como testigo.

Interrogada por los medios de comunicación al término de esta comparecencia judicial, la abogada de Carvajal, María Dolores de Argüelles se ha limitado a calificar de «interesante» el testimonio de su cliente, pero no ha querido dar detalles sobre el mismo escudándose en que es un asunto secreto. Y es que, de acuerdo con las fuentes consultadas, la declaración ha sido declarada secreta.

Por otro lado, preguntada sobre el proceso de extradición, que está paralizado a la espera de que se resuelva la petición de asilo de ‘El Pollo’, la letrada ha insistido en que se trata de una causa política.

«Él podía haber estado perfectamente feliz en su país, porque está electo hasta 2021, lo que pasa es que en un momento determinado dice ‘hasta aquí hemos llegado’ y apoyó a (Juan Guaidó) y ahí es cuando comenzaron sus conflictos», ha reivindicado la letrada, en declaraciones a los medios de comunicación.

De Argüelles ha afirmado que su cliente solo quiere «un juicio justo» donde pueda defenderse. Y, en este sentido, ha indicado que Carvajal «siempre ha dicho que confía en la Justicia española».

«Y que él no tiene ningún problema, y se lo ha dicho a Estados Unidos muchas veces, en llegar a un acuerdo o bien el procedimiento hacerlo fuera de Estados Unidos, porque en todas partes ya se le tiene por juzgado y condenado», ha apostillado.

Sobre el estado de Carvajal, la abogada ha contado que está «bien», «tranquilo», aclarando que no se ha sometido a una cirugía estética para cambiar su aspecto físico. Simplemente, ha engordado y le ha crecido un poco el pelo, ha precisado De Argüelles.

EXTRADICIÓN PARALIZADA

Esta comparecencia judicial se ha cruzado con el proceso de extradición que se sigue contra Carvajal en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo (TS) y que está pendiente de varios recursos.

El año pasado, tanto la Audiencia Nacional como el Gobierno dieron luz verde a su entrega a las autoridades estadounidenses, pero la extradición ha sido suspendida en los últimos días porque se creía que el asilo que solicitó en 2019 estaba sin respuesta.

No obstante, el Ministerio de Interior ha comunicado a la Audiencia Nacional y a la defensa de Carvajal que ya contestó a la petición de asilo en septiembre de 2019 para denegarlo.

Ahora, ‘El Pollo’ ha recurrido este ‘no’ ante la cartera que dirige Fernando Grande-Marlaska insistiendo en que se le debe otorgar la protección internacional porque es víctima de una verdadera persecución política.

De Argüelles ha sostenido este lunes que «jurídicamente» no se le puede extraditar hasta que haya una decisión «definitiva» sobre el asilo. A este respecto, ha avanzado que, en el caso de que Interior ratificara la denegación inicial podrían presentar un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la AN y, en último término, acudir al Tribunal Constitucional e incluso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

LA BALA DEL SUPREMO

‘El Pollo’ también ha explorado la vía del Supremo para no caer en manos de Estados Unidos. En mayo de 2020, su defensa presentó un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS contra la decisión del Consejo de Ministros de enviarlo a Washington.

La Sala III tiene previsto resolver dicho recurso el próximo 26 de octubre, por lo que Carvajal ha solicitado al TS unas medidas cautelarísimas pidiendo que detenga su extradición hasta pronunciarse sobre el fondo del asunto. Alega que, de lo contrario, podría sufrir un daño irreversible, dado que el alto tribunal podría tumbar su entrega a la potencia norteamericana una vez que ya estuviera en suelo estadounidense.

Esta misma Sala ya rechazó las medidas cautelares planteadas por la defensa en mayo de 2020, al considerar que debía prevalecer el «interés general» frente al «particular» de Carvajal, y recalcando que durante el proceso judicial en la Audiencia Nacional se preservaron sus derechos fundamentales, por lo que pudo hacer las alegaciones oportunas y éstas se escucharon y analizaron, y que, cuando supo que sería extraditado, huyó.

Para intentar que su entrega quedara paralizada con esas medidas cautelares, ‘El Pollo’ insistió en negar los hechos que se le imputan y advirtió de que, de ser puesto a disposición de Estados Unidos, sería sometido a «tortura» para «obtener información sobre el régimen imperante en la República Bolivariana de Venezuela». Y ello, continuaba, porque Washington cree «erróneamente» que formó parte del «entorno cercano» de Chávez y Nicolás Maduro.

EL CARTEL DE LOS SOLES

El proceso de extradición se reactivó después de que Carvajal fuera arrestado el pasado 9 de septiembre pasadas las 21.00 horas en un piso ubicado en la calle Torrelaguna de Madrid en una operación conjunta de la Policía Nacional y la DEA, tras pasar casi dos años prófugo.

«Él está pendiente de una resolución judicial, entonces, entre estar en prisión, que es bastante incómodo (…), y estar fuera ha decidido estar fuera. Pero, vamos, ha tenido oportunidades de irse a cualquier país del mundo y no se ha querido ir», ha destacado la abogada defensora.

De acuerdo con la Policía Nacional, hasta su detención, vivía «totalmente enclaustrado, sin salir al exterior ni asomarse a la ventana, y siempre protegido por personas de confianza». Cambiaba de escondite cada tres meses y recurrió a cirugía estética y a elementos de disfraz para intentar ocultarse.

El otrora jefe de Contrainteligencia Militar con los gobiernos de Chávez y Maduro está perseguido por hechos que se produjeron entre 1999 y 2019, cuando habría pertenecido al llamado ‘Cártel de los Soles’, una organización criminal supuestamente gestionada por cargos ‘chavistas’ que, con la presunta colaboración de las FARC y otros grupos armados, habría introducido grandes cantidades de droga en Estados Unidos

La portavoz del PSC en el Parlament, Alicia Romero, ha llamado este lunes a abrir un debate y una reflexión con expertos sobre la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat: «Una vez parece que la inversión está parada, creo que para poderla afrontar en un futuro valdría la pena».

«Estaría bien que reflexionáramos para ver si somos capaces de poner esta inversión de nuevo, no sé si dentro de unos meses, pero como mínimo dentro de un tiempo, y no la perdamos definitivamente por los siglos de los siglos», ha recalcado en rueda de prensa después de la manifestación de este domingo en contra de la ampliación.

Romero, que ha asegurado su respeto a quienes se manifestaron, ha insistido en la necesidad de ahondar en este asunto e ir más allá de la dicotomía entre medio ambiente sí o no, porque cree que no es el debate que se debería mantener: «Me gusta hacer submarinismo y no surf, y muchos debates en Cataluña se acaban quedando sobre la ola y no profundizamos»

Preguntada por la suspensión de la inversión por parte del Gobierno central, ha señalado a la falta de una «posición madura y firme» del Govern de Pere Aragonès, y ha pedido al Govern que mantenga una postura firme no sólo en este ámbito, sino también en asuntos como los Juegos Olímpicos de Invierno, porque no tenerla debilita no sólo al Govern, sino a Cataluña, ha dicho.

Así, ha remarcado que el Gobierno de Pedro Sánchez no ha cambiado de opinión ante la inversión al retirarla, sino que «el escollo ha sido que el Govern no lo ha tenido suficientemente claro», y ha garantizado que el Ejecutivo central incluía esta inversión en los planes de Aena.

«NORMALIZACIÓN INSTITUCIONAL»

Sobre la mesa de diálogo entre el Gobierno central y el de la Generalitat de la semana pasada y la reunión previa entre Sánchez y Aragonès, ha valorado positivamente la «normalización institucional» que cree que representa y el hecho de que se haya descartado marcar plazos, tras lo que se ha mostrado convencida de que la próxima reunión se fijará lo antes posible.

Además, la portavoz socialista ha expresado el apoyo del PSC a los afectados por la erupción volcánica en La Palma: «Esperamos que siga sin haber víctimas personas y que haya el mínimo posible de daños materiales».

La Portavoz del PSOE y viceprimera secretaria del PSC, Eva Granados, ha acusado hoy al líder de Vox, Santiago Abascal, de propiciar el discurso del odio que es, ha asegurado, «la antesala de las agresiones».

Granados ha respondido así a las acusaciones lanzadas ayer por Abascal, quien calificó al grupo de neonazis que se manifestó el sábado en el madrileño barrio de Chueca como «banda de locos y de fanáticos gritando barbaridades que no representan a ningún español» y ha subrayado que «apesta a cloaca socialista».

En declaraciones a los medios durante la protesta en Madrid este domingo del Sindicato Solidaridad contra el recibo de la luz, Abascal ha advertido de que últimamente se ven «cosas muy extrañas», entre las que ha destacado «los sobres con balas o montajes como el de Malasaña».

Eva Granados, que ha comparecido esta mañana tras la reunión del Comité Organizador del 40 Congreso del PSOE, ha recordado al líder de Vox las palabras de una entrevista que leyó ayer en prensa, en la que se afirmaba que «el discurso del odio es la antesala de las agresiones».

«Creo que tenemos que decir basta ya de que líderes políticos que tienen la fortuna de tener audiencia, de tener micro vayan vertiendo declaraciones que son del todo inadmisibles y que atentan directamente contra artículos de nuestra constitución», ha exclamado la Portavoz socialista.

Granados ha reiterado que están creciendo los delitos de odio, la LGTBifobia y las manifestaciones de extremismo. En su opinión, este hecho tiene que ver con que «determinadas formaciones políticas» estén instaladas en una «agitación y en una crispación permanente», que alimentan «día a día» y que «pretenden trasladar a nuestras calles».

Según la socialista, a estos partidos les vale para ello «cualquier proclama, cualquier discurso apocalíptico» con el que «culpar de todo al Gobierno» y para lanzar «acusaciones xenófobas y racistas», sin olvidar –ha añadido– el desprecio a las ideas progresistas.

En su opinión, al final «en eso están los señores de la derecha y la ultraderecha», con ataques a las políticas de igualdad o la «minoración» de las políticas contra la violencia de género. Para Granados, la polarización y la crispación no son ajenas a lo sucedido este fin de semana en el madrileño barrio de Chueca.

Y en este sentido, ha recalcado que «el extremismo vive de eso, vive de avivar el enfrentamiento, de crear un clima insoportable». Un asunto que, considera, afecta a todos como sociedad y es una amenaza para la democracia y los valores que la sustentan.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha confiado en que la inoculación de la tercera dosis de la vacuna contra la covid-19 a personas en residencias de mayores se inicie «esta semana» y ha reiterado la necesidad de contar con las «suficientes» para finalizar la inmunización de la población «en el menor tiempo posible».

Preguntado tras una visita realizada este lunes a las Illas Cíes, ha explicado que el Gobierno gallego trabaja con el objetivo de finalizar la administración de la tercera dosis a personas inmunodeprimidas o con algún órgano transpalantado, así como la inmunización de las que aún no se han vacunado «para obtener el mayor porcentaje de población» con pauta completa.

En todo caso, el presidente gallego ha recalcado que se precisan las «vacunas suficientes» para finalizar la vacunación de la población «en el menor tiempo posible».

Asimismo, ha confiado en que «esta semana» pueda comenzar la inoculación de la tercera dosis en residencias de mayores, tal y como ha recordado que se acordó en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Adicionalmente, Feijóo ha indicado que este fin de semana se inocularon unas 39.000 dosis que permitieron completar la pauta de adolescentes de 12 a 17 años y que personas que no habían recibido el primer pinchazo fuesen vacunadas.

El presidente del Ejecutivo autonómico ha puesto el foco en que más del 90% de la población gallega se ha vacunado, lo que, a su juicio, supone que se aporte una «imagen de madurez». De este modo, ha recalcado que Galicia representa junto a otras comunidades como Asturias una de las que cuenta con un mayor porcentaje de personas vacunadas y ha recalcado que la media estatal también es superior a la de los países de la Unión Europea (UE).

Así las cosas, ha hecho un llamamiento a las personas que no han recibido el primero pinchazo para que se vacunen «por el bien de ellos y de los demás» y ha garantizado que se dispensarán las terceras dosis a los colectivos acordados «en cuanto se tengan las vacunas». Así, ha recalcado que Galicia ha administrado el 99% de las recibidas.

El 90% de los menores infractores atendidos por la Comunidad de Madrid no reincidieron en el delito y 214 de ellos lograron un contrato en 2020, un año pandémico en el que continuó su asistencia.

Así lo ha puesto hoy de manifiesto el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, durante la presentación de la Memoria 2020 de la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor (ARRMI), que el año pasado atendió a 2.773 menores y jóvenes, de los cuales sólo el 17,13% (uno de cada seis) cumplía medidas en régimen de internamiento.

López ha destacado que los datos de la ARRMI del año pasado «refuerzan un modelo caracterizado por cuatro ejes primordiales, como son la individualización del tratamiento, la aplicación de programas de intervención especializados, la vocación y capacitación de los profesionales y la implicación de las familias en todo el proceso reeducativo encaminado a la reinserción de los menores y jóvenes con los que se interviene».

En concreto, el consejero ha subrayado que entre los jóvenes y menores que cumplen medidas judiciales en algunos de los seis centros que tiene la ARRMI en la región, «aproximadamente el 90% tiene una evolución positiva, al disminuir sus factores de riesgo de reincidencia delictiva».

También ha resaltado que de los 440 menores y jóvenes que participaron en 2020 en el programa de inserción sociolaboral de la Agencia, 214 lograron un contrato de trabajo.

Respecto a la pandemia, López ha señalado que «no ha habido que lamentar la pérdida de ninguna vida entre los menores y jóvenes atendidos. Es más, ninguno de los internos contagiados tuvo que ser hospitalizado, mientras que entre los casos contados de profesionales de los centros que precisaron hospitalización, ninguno lo fue con ingreso en UCI.

Además, el titular regional de Justicia ha agradecido tanto el «buen comportamiento» de los primeros como «la entrega y profesionalidad de los segundos, que ha permitido que la actividad de los centros de la ARRMI no quedara paralizada ni se resintiera».

PERFIL DE LOS ATENDIDOS EN 2020

Según recoge la Memoria de la ARRMI, de los 2.773 menores y jóvenes atendidos, 1.592 correspondieron a altas nuevas, lo que supone un descenso de casi el 8% con respecto a 2019.

En cuanto al perfil de los que cumplían el año pasado medidas judiciales en los centros de la Agencia, se observa un ligero aumento en la media de edad, ya que el porcentaje conjunto de la franja etaria de 17 años en adelante creció un 4% respecto a 2019.

Así, el grupo de 18 años es junto al de 17 el mayoritario, representando en conjunto casi el 55% sobre el total de los menores y jóvenes atendidos.

En cuanto al sexo, un 78,65% son hombres y un 21,35% mujeres. En lo que se refiere a la nacionalidad, el 75,33% son españoles; el 12,30%, de países del Magreb; el 6,19% de Iberoamérica; y el 3,98% de países de la UE.

En lo relativo a las tipologías delictivas, durante el pasado año se aprecia una reducción de condenados por comisión de delitos contra el patrimonio, fundamentalmente robos y hurtos, pasando del 48,6% en 2019 al 46,04% en 2020.

También disminuyen, en relación con 2019, los delitos relacionados con el maltrato (especialmente violencia filio parental), que pasa del 15,1% al 14,74% en 2020, y con las lesiones (13,65% frente al 14,8% registrado en 2019).

Respecto a los delitos más graves y que despiertan mayor alarma social (homicidios, asesinatos y delitos contra la integridad sexual), la proporción sobre el total continúa, al igual que en 2019, siendo escasa, llegando sólo hasta el 3,65%. Por lo que respecta a los delitos de carácter sexual, predominaron los abusos (19 casos) sobre las agresiones sexuales (7).

El Kamikaze acusado de matar a un joven de 20 años en la M-50 de Madrid ha declarado en el juicio que no recuerda nada de lo sucedido la mañana del 15 de septiembre de 2019 tras venir de una noche de fiesta en un karaoke con sus amigos, solo que tenía sueño y que se saltó la salida de su casa frente a la insistencia de la fiscal por las contradicciones ante los detalles que dio en instrucción.

El acusado se ha roto al final de su interrogatorio a preguntas de su letrado al reconocer su error y asumir la culpa mostrando su arrepentimiento. «Reconozco mi error y los daños que he causado», ha dicho.

Se trata del primer caso de un delito contra la seguridad vial que llega a juicio en Madrid. La víctima era un joven de 20 años que la mañana del 15 de septiembre de 2019 se dirigía a su trabajo. En cuestión de segundos, perdió la vida.

La Fiscalía de Madrid solicita 15 años de cárcel para Kevin C. B. por un delito de homicidio en concurso con conducción temeraria y otro contra la seguridad vial, al igual que solicita la acusación particular en nombre de la familia del joven fallecido. Su defensa sostiene que se trató de una imprudencia al no asumir el riesgo que se podía producir al ir bajo los efectos del alcohol y con exceso de velocidad.

En los informes previos, la abogada Barbara Royo ha subrayado que «Kevin pudo imaginar y prever que si conduces varias kilómetros en dirección contraria y de forma temeraria puedes herir y matar a alguien».

«No iba tan borracho como para no saber lo que hacia. kevin iba en dirección normal. Decidió frenar en el arcén y poner los intermitentes dar marcha atrás. Dio un giro de 180 grados como si estuviera dentro de un videojuego poniendo en peligro la vida de muchas personas», ha aseverado.

La letrada ha solicitado al jurado que no confundan «el no querer matar a alguien con sí querer conducir de forma temeraria». «Haciendo eso, puedes imaginarte que te puedes chocar y matar a alguien. Eso es asumir el resultado y eso es un homicidio con dolo eventual y no una imprudencia», ha recalcado.

El abogado defensor ha manifestado que su cliente no tuvo la diligencia de conducir bajo los efectos del alcohol, pero ha afirmado que no quiso matar a nadie ni asumió ese riesgo. «No realizó maniobras evasivas. No era un loco homicida conductor», ha aseverado.

El letrado ha planteado al tribunal que compare la diferencia de su cliente con asesinos de la talla de César Román, alias el rey del Cachopo, José Bretón o el de Asunta Basterra. También se ha quejado el abogado que se pida más pena para su patrocinado frente a casos de accidentes mortales como los de Ortega Cano y Farruquito.

«No ha tenido ni una multa ni un incidente de tráfico. No sería justo ir a prisión por algo de lo que no se acuerda. Es responsable de lo que es pero a perdido perdón a la familia. Kevin no es un asesino», ha dicho.

El abogado que defiende a la Mutua Madrileña se ha quejado que la acusación particular pida que se indemnice con 20.000 euros a cada uno de los abuelos y a la novia del fallecido, que entonces tenía 19 años.

NO RECUERDA EL ACCIDENTE

En su declaración, el acusado ha afirmado que no recuerda nada del accidente, solo que «tenía sueño». «Lo siguiente que recuerdo es que me despierta la Policía y estaba atrapado. Salí como pude y luego en el hospital», ha señalado a preguntas de la fiscal, a quien ha indicado que no recuerda si bebió pero que seguramente sí porque venía de estar con sus amigos de un karaoke.

La fiscal le ha insistido en que, si no se acuerda ahora de nada, por qué en instrucción dio muchos más detalles. «Estaba en shock. No sabía de lo que me acordaba y de lo que no por las noticias», ha indicado el joven pero seguidamente la fiscal le ha recordado que manifestó detalles que no conocía la prensa.

Tras ello, le ha llamado la atención en las contradicciones manifestadas al indicar que pudo saltarse la salida de su casa y pudo querer volver después de haber manifestado que no cogía esa carretera para ir a su casa. De hecho, le ha preguntado si ha sufrido algún tipo de trastorno al no recordar ahora nada cuando en instrucción sí recordaba.

Le ha recordado que manifestó entonces ante el juez instructor que sabía que no estaba en condiciones de conducir pero que quería volver a casa, algo de lo que tampoco se acuerda ahora.

También le ha traído a la memoria Barbara Royo, la abogada de la familia de la víctima, que en instrucción manifestó que bebió varias copas y chupitos de ron e incluso que se acordaba de girar en la carretera. Lo supuse», ha dicho insistiendo en que fue por la influencia de las noticias dadas por los medios de comunicación.

El acusado ha relatado que el coche tenía silenciadores para poder «pisar más» y elementos estéticos como alerones y difusores de alerón para el paracoches.

El acusado se ha roto al final de su interrogatorio al reconocer su error y asumir la culpa en los hechos sucedidos aquella mañana de septiembre de 2019, mostrando su arrepentimiento. «Reconozco mi error y los daños que he causado», ha dicho.

En la fase testifical, varios testigos ha señalado que esa mañana vieron al vehículo que conducía el acusado a gran velocidad y haciendo zigzag. «Le vi muy convencido. Pasó a escasos centímetros de mi coche y pensé que iba a por mi», ha explicado uno de ellos estimando que podía ir a unos 140 kilómetros por hora.

HECHOS JUZGADOS

En su escrito, el fiscal recoge que el conductor kamikaze decidió el 15 de septiembre de 2019 coger su coche «pese a tener sus facultades disminuidas como consecuencia de una previa ingestión de bebidas alcohólicas».

La Fiscalía subraya que, pese a todo, el acusado partió hacia Arganda del Rey por la autopista M-50, una vía que conocía a la perfección «dado que la utilizaba normalmente y con mucha frecuencia para ir a Fuenlabrada y a su domicilio», y que conducía a una velocidad muy por encima de la permitida (139 km/h).

El acusado, primero adelantó a otro turismo que circulaba por el carril central «aproximándose mucho al lateral izquierdo» y «provocando que tuviera que dar un bandazo hacia el carril derecho».

A continuación, realizó maniobras irregulares «como movimientos en zig-zag, pasando de un carril a otro, de los tres posibles, sin indicar con las luces intermitentes, poniendo de esta manera, en concreto peligro la vida e integridad física del resto de los usuarios de la vía, alguno de los cuales tuvo que modificar su velocidad e incluso realizar maniobra como cambio de carril, para evitar la colisión y poder esquivarlo».

Tras parar su coche en el arcén, el acusado reemprendió la marcha solo que esta vez lo hizo en sentido contrario «con pleno desprecio a los posibles resultados lesivos que pudieran derivarse de su acción y asumiendo el alto riesgo de llegar a atentar contra la vida e integridad física del resto de los usuarios de la vía, así como de causar daños materiales, peligro que con su acción estaba creando, y pese a que tuvo la posibilidad de evitarlo, no lo hizo».

La Fiscalía apunta que el acusado recorrió «aproximadamente» 1,9 kilómetros en sentido contrario al estipulado y a alta velocidad «rebasando a varios vehículos que tuvieron que realizar maniobras para evitar colisionar de manera frontal».

El acusado, que circulaba a 139 km/h en el momento de la colisión «pese a que existía por las características de la vía una limitación específica de 100 km/h y aconsejable de 80 km/h», superaba la tasa de alcoholemia.

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha asegurado este lunes que los republicanos quieren participar en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) pero ha pedido al Gobierno central «ponerse las pilas» en las próximas semanas y meses para cumplir los acuerdos que llegaron en las cuentas de 2020.

«Queremos involucrarnos y participar en la negociación de los PGE», ha afirmado en rueda de prensa, aunque ha explicado que el Gobierno todavía no se ha puesto en contacto con ellos para iniciar la negociación.

Vilalta ha apuntado que para explorar el margen para la negociación es necesario que el Gobierno cumpla el acuerdo al que llegaron los republicanos con el Ejecutivo de Pedro Sánchez en los Presupuestos del año pasado y ha dicho que espera comenzar a analizar qué grado de cumplimiento ha habido.

Ha reconocido que están «muy lejos de estar satisfechos» porque cree que ha habido algunas partes del acuerdo que sí que se han cumplido, otras que se han cumplido a medias y otras que no, por lo que ha urgido al Gobierno a acelerar el cumplimiento de ese acuerdo.

«Harían bien de ponerse las pilas en aquello que todavía no han cumplido. Si no, comenzaríamos bastante mal esta negociación», ha advertido.

Así, ha pedido que se reúna lo más pronto posible la comisión de seguimiento que acordaron cuando se aprobaron las cuentas de 2020 para poder repasar qué se ha cumplido, ya que, según ella, esta comisión no se ha reunido todavía porque hace poco que hay Govern en Cataluña.

También ha destacado que para que ERC esté abierta a negociar los Presupuestos es importante que haya un «clima favorable» determinado por que la mesa de diálogo avance.

Preguntada por que Junts haya pedido a ERC y CUP negociar conjuntamente los PGE, Vilalta ha celebrado que Junts quiera ahora negociar las cuentas cuando «el año pasado se autoexcluyeron» y ha contestado que están abiertos a hablarlo porque cree que pueden haber demandas compartidas.

MESA DE DIÁLOGO

Después de la crisis entre los socios del Govern por la delegación de la mesa de diálogo, la portavoz republicana ha emplazado a Junts a reincorporarse a esta mesa presentando una nueva propuesta que pase por miembros del Govern: «Contamos con ellos».

Vilalta ha dejado claro que la mesa de diálogo tiene que ser «de gobierno a gobierno» y que para que Junts participe deberán plantear una delegación en la que solo haya consellers.

Ha confiado en que en las próximas semanas habrá la posibilidad de que esto suceda, pese a que ha exigido a Junts no poner excusas: «Si alguien no quiere participar, que lo diga claro. Pero que no invente excusas. La mesa debe ser de gobierno a gobierno, esto lo habíamos decidido entre todos y así nos hace más fuertes».

«Sería una lástima que Junts no quisiera aprovechar esta oportunidad que tenemos delante. Sería renunciar a vías o caminos que tenemos a nuestro alcance para avanzar hacia la república catalana», y ha añadido que la puerta a que estén siempre ha estado abierta.

Asimismo, ha defendido que la evolución de la mesa de diálogo se irá valorando a medida que vaya avanzando y ha avisado al Gobierno de que «quizás no hacen falta prisas pero tienen que haber concreciones».

Agentes de la Policía Nacional han realizado una operación con la Polizia di Stato de Italia y EUROPOL que ha acabado con la detención de 106 personas relacionadas con la mafia italiana asentada en el sur de la isla de Tenerife. Están investigados por blanquear, presuntamente, más de diez millones de euros en el último año, procedentes de estafas informáticas realizadas por toda Europa.

Los arrestados están acusados de organización criminal, estafa, tráfico de drogas, blanqueo de capitales, secuestro, falsedad documental, lesiones, amenazas, coacciones, robos con violencia, robos con fuerza, estafa a la Seguridad Social y tenencia ilícita de armas.

Las investigaciones comenzaron en junio de 2020 por parte de la Policía Nacional, cuando se detectó que en la isla se encontraba asentado un grupo de personas vinculadas con diferentes clanes mafiosos italianos, cuya misión era blanquear el dinero obtenido a través de los múltiples delitos informáticos cometidos en España, Alemania, Irlanda, Italia, Lituania y Reino Unido.

La organización tenía «un alto grado de tecnificación», según ha informado la Policía Nacional, lo que le permitía abarcar distintas modalidades de fraude informático: phishing, smishing, vishing, sim swapping, fraude del CEO y hackeos a empresas comerciales.

Se han bloqueado hasta la fecha 118 cuentas bancarias de una red criminal que habría conseguido asentarse e introducirse en diferentes estamentos de la sociedad: entramados empresariales, despachos de abogados y entidades bancarias, entre otros.

HOMICIDIOS Y ATRACOS A PUNTA DE PISTOLA

Las investigaciones policiales permitieron corroborar la relación con la prostitución, compraventa de armas, tráfico de drogas, secuestro, estafa, usurpación de identidad, falsedad documental, delitos contra la Seguridad Social, robos con fuerza y con violencia, lesiones y hasta la implicación de varios de sus miembros en dos homicidios llevados a cabo en la isla.

En una ocasión secuestraron a una mujer y, tras amenazarla a punta de pistola, la llevaron a un cajero automático para robarle todo el dinero y abrir 50 cuentas bancarias online para la organización. Una vez detenidos, amenazaron a la víctima y su entorno para evitar que testificaran en su contra.

También daban palizas, robaban en establecimientos y extorsionaban tanto a miembros de la organización que se apartaban de las normas internas como a otras personas o empresas tinerfeñas que, por miedo a represalias, no denunciaban, lo que les confirió un importante grado de impunidad.

TRÁFICO DE DROGAS

Las entradas y registros que realizaron los agentes aportaron datos que demostraron la implicación de los investigados en los numerosos ilícitos penales, incluido el tráfico de drogas, ya que se logró detectar una plantación de marihuana compuesta por más de 400 plantas y un centro de procesado de la modalidad ‘full melt’ o ‘iceolator’, consistente en el filtrado de las hojas de la marihuana junto con agua y hielo a fin de aumentar sus efectos, ya que resulta mucho más potente debido al incremento del principio activo THC.

Para la mafia era tan importante el modo de financiación que mandaban desde Italia a miembros fugitivos de la Justicia Italiana para controlar sobre el terreno sus actividades de financiación y supervisar, así, la obtención y envío de dinero.

Dos de los detenidos tenían vigentes Órdenes Europeas de Detención por 20 años de prisión por tráfico de drogas, robos con violencia y robos con fuerza. Una vez asentados en España, continuaron viviendo gracias al delito, teniendo en vigor, igualmente, órdenes de detención emitidas por Juzgados de la localidad barcelonesa de Sabadell y de la tinerfeña de Arona por secuestro y robos con violencia.

Durante la operación, los agentes han intervenido un dispositivo de descarga eléctrica, 12.615 euros, 402 plantas de marihuana en distintos grados de desarrollo, dos básculas de pesaje de precisión, material para el cultivo de marihuana, material para la distribución de dosis de cannabis, 118 cuentas bancarias bloqueadas, 224 tarjetas bancarias y numerosos equipos informáticos, entre otros efectos.

El jefe del Grupo de Investigación de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM), José David López del Vale, ha asegurado, este lunes, que, por el momento, la investigación sobre el caso de corrupción de menores sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.

En declaraciones a los medios, López ha aclarado que «no se puede afirmar que haya una red de corrupción de menores en Baleares», sino más bien «una cadena de contactos».

Las 17 personas detenidas en Palma por un supuesto delito de corrupción de menores han sido puestas en libertad. La Policía Nacional detuvo a estas personas en una investigación divida en dos fases después de que la Fiscalía de Menores y el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) activaran sus mecanismos de alerta.

Los hechos se remontan a los años 2018 y 2019. En agosto de 2021, la Policía Nacional detuvo, en una primera fase, a tres mujeres menores de edad como presuntas autoras de un delito de corrupción de menores, ya que captaban a otras para que ejercieran la prostitución.

Asimismo, la semana pasada se procedió a la detención de otras 14 personas, diez hombres y cuatro mujeres. La mayoría contactaban a través de páginas web de contacto con las menores para mantener relaciones sexuales a cambio de una remuneración económica o, en algunos casos, de regalos.

Sobre esta página web, la Policía ha aclarado que no se va a iniciar ningún procedimiento en contra.

Además, se tomó declaración como investigados a otros seis varones, «que no fueron detenidos porque su implicación es menor; incluso se puede descartar que tengan relación», ha aclarado el jefe del Grupo de Investigación de la UFAM. Ninguno de los detenidos tenía relación entre ellos, han concluido.

El portavoz de la dirección nacional de Vox, el eurodiputado Jorge Buxadé, ha puesto en cuestión la manifestación homófoba llevada a cabo este fin de semana en el barrio madrileño de Chueca, pues considera que sus consignas «no se las cree nadie», y ha acusado a «las cloacas del PSOE» de haberla organizado para «demonizar» a su partidos y a sus simpatizantes.

En rueda de prensa en la sede del partido, Buxadé ha asegurado que hay «pruebas indiciarias» de que el PSOE está detrás de esa manifestación, en la que se coreaban gritos contra los homosexuales y con tintes racistas.

Por un lado, Vox asegura que esas consignas no se habían oído nunca, que ni los propios manifestantes se las creían y que daba la impresión de que «alguien les puso los gritos».

Además, subraya que la manifestación fue convocada por una asociación y que luego fueron otros los que se manifestaron y con otro motivo, y ha destacado que en la fotografías se veían camisetas de ‘El club de la lucha’ y a «ultrillas de los ‘bukaneros'», en referencia a los ultra del Rayo Vallecano, de tendencia de ultraizquierda.

«PERFECTAMENTE ORGANIZADOS»

Su conclusión, «la más lógica posible», es que los manifestantes estaban «perfectamente organizados por las cloacas socialistas» para «seguir con la demonización de Vox» y tapar otros acontecimientos del fin de semana como la concentración en Mondragón contra ETA o la marcha del sindicato Solidaridad contra la subida de la luz, a las que acudieron miembros de Vox.

Y, como antecedentes, añade que la polémica por la «inexistente agresión homófoba de Malasaña», utilizada a su juicio para «arrinconar» y «demonizar» a los simpatizantes y votantes de Vox. «Llegamos a esa conclusión porque llueve sobre mojado», ha señalado.

Preguntado por la investigación iniciada por la Fiscalía, Buxadé ha exigido saber qué ha pasado con las investigaciones sobre las cartas con balas enviadas en la campaña electoral madrileña o sobre los agresores del mítin de Vox en Vallecas.

La Guardia Civil ha detenido a la conocida doctora con problemas mentales Noelia de Mingo, condenada por matar en 2003 a tres personas y herir gravemente a otras en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, por acuchillar hoy lunes a dos personas en un supermercado de la localidad de El Molar, han informado fuentes de la investigación.

La agresión múltiple se han producido sobre las 12 horas en el comercio MaxCoop Unide, situado en la avenida de España número 41. Allí ha apuñalado a la cajera, una mujer de 46 años, que presentaba una herida de arma blanca en el hemitórax izquierda. Tras ser estabilizada por los sanitarios del Summa-112, ha sido trasladada en ambulancia al Hospital 12 de Octubre de Madrid.

De Mingo se dirigió luego a una farmacia contigua, donde ha herido, a la altura de la clavícula, a la empleada de dicha farmacia, una mujer 53 años, que tenía varias heridas incisas de carácter moderado. Tras se estabilizada, ha sido evacuada al hospital de La Paz, ha indicado un portavoz de Emergencias Comunidad de Madrid 112.

Dos policías locales de El Molar han conseguido desarmar y detener a la autora, que se ha quedado parada varios minutos en una calle con el cuchillo en la mano, ante el estupor y el miedo de muchos vecinos, que se han encerrado en las casas y comercios de la zona. La arrestada ha sido dirigida a dependencias del Puesto de El Molar y el arma ha sido localizada y pendiente de su recogida por personal especialista de Policía Judicial.

LA JUSTICIA DETERMINÓ QUE «NO HABÍA PELIGRO PARA LOS DEMÁS»

Se trata de Noelia de Mingo, que salió de la cárcel en tercer grado en 2017 bajo control de la familia a pesar de haber sido condenada a 25 años en una cárcel psiquiátrica. Ya en 2011 comenzó a disfrutar de salidas terapéutica hasta que en 2017 la Audiencia Provincial de Madrid acordó sustituir el régimen de internamiento por un tratamiento ambulatorio con custodia familiar, concretamente de su madre octogenaria, que vivía en El Molar, de donde son oriundas.

La sección 16 de la Audiencia de Madrid entendió hace cuatro años que la afectada «no constituye en estos momentos, y tras más de diez años de internamiento, un peligro para los demás ni para sí misma» en base a los informes psiquiátricos y psicológicos. Dio respuesta así a la petición que le formuló el juzgado de vigilancia penitenciaria que atendía el caso y a la vista de la coincidencia absoluta de los informes emitidos por todos los profesionales que han tenido contacto con la afectada.

Todos ellos establecieron que Noelia de Mingo padece esquizofrenia paranoide crónica, que no tiene cura, pero «se mantiene estable y no ha vuelto a presentar desde su internamiento episodios de descompensación». También determinan que es «plenamente consciente» de su dolencia (elemento absolutamente esencial en este tipo de padecimiento) y «reconoce perfectamente los síntomas que pudieran hacerle ver que puede empeorar».

Los especialistas también señalaron de forma unánime que se había adaptado sin contratiempos al centro psiquiátrico penitenciario y posee una «clara conciencia» del daño ocasionado. También determinaron que siguiera controlada por el psiquiatra del Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes, quien daría cuenta de su evolución a la Sección 16 de la Audiencia Provincial de Madrid.

El mismo profesional tendría que dar cuenta al tribunal de cualquier síntoma o elemento de descompensación que se aprecie en la afectada, sobre la que podrá adoptar las medidas terapéuticas de urgencia que fueran precisas.

Como última medida de control, el tribunal estipuló que cada tres meses la Clínica Médico Forense de Madrid informara de la evolución de la paciente. «La clave, a juicio de este tribunal, para hacer compatible ese equilibrio entre necesidad terapéutica de la respuesta estatal y seguridad, está en el control, en el seguimiento puntual y razonable de la persona afectada por la medida», expusieron los tres magistrados en aquella resolución.

La Portavoz del PSOE y viceprimera secretaria del PSC, Eva Granados, ha ofrecido hoy al presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, la «mano tendida» del PSC de Salvador Illa para hablar de los Presupuestos catalanes si no se pone de acuerdo con Junts para sacarlos adelante.

Granados ha realizado estas declaraciones durante su comparecencia ante la prensa esta mañana en la sede socialista de la calle Ferraz, tras la reunión del Comité Organizador del 40 Congreso del PSOE, que coordina la vicesecretaria general, Adriana Lastra.

Al se preguntada si las discrepancias entre ERC y Junts –puestas de manifiesto la semana pasada tras no ponerse de acuerdo en la representación catalana en la Mesa de Diálogo– pueden provocar una crisis de Gobierno y un acercamiento entre ERC y el PSC, Eva Granados ha recordado que quien ganó las elecciones de febrero en Cataluña fue Salvador Illa.

ERC Y SUS CONTRADICCIONES

En este sentido, ha considerado que «lo lógico» hubiera sido que el candidato del PSC «pudiera estar al frente del Gobierno de la Genrearlitat».

Sin embargo, ha señalado que ERC prefirió pactar con Junts y hacer un acuerdo con la CUP. «Ahí es donde están sus contradicciones», ha exclamado Eva Granados antes de afirmar, no obstante, que «el señor Aragonés sabe que si no se pone de acuerdo con sus socios, tiene la mano tendida del PSC de Salvador Illa para poder hablar de Presupuestos».

Según la Portavoz socialista, el liderazgo del PSC es «incuestionable» y «la alternativa al Gobierno independentista de Cataluña la representa el PSC». Pero ha querido dejar claro que los socialistas catalanes van a ser siempre «muy responsables» para que los catalanes también formen parte de la «recuperación justa».

Y para ello, Granados considera necesaria una «colaboración leal con el Gobierno de España, pero también unos presupuestos en el Parlamento de Cataluña».

En cuanto a la «estabilidad del Gobierno de Cataluña» por la que la han preguntado los periodistas, Eva Granados ha querido poner en valor la «institución» de la Presidencia de la Generalitat, tras la decisión adoptada por Pere Aragonés de que los elegidos por Junts –entre los que había dos expresos del procés indultados– no acudirían a la Mesa por no formar parte del Ejecutivo catalán.

«Se está ante una negociación entre gobiernos y el presidente de la Generalitat decidió que la delegación la formaran miembros del Gobierno y yo creo que lo que se trasladó en ese caso fue la figura de la Presidencia de la Generalitat, que tenemos que recordar que en Cataluña la presidencia de la Generalitat es una institución en sí misma», ha aseverado Granados.

Por lo tanto, ha dicho, «el liderazgo del presidente que está al frente de la Delegación de la Mesa del reencuentro tiene que ser a partir de las negociaciones con sus socios y no cabe más valoración sobre la delegación que hemos visto sobre la delegación en esa primera reunión de la mesa».

Además, ha reiterado que los gobiernos han hecho su trabajo y han cumplido su compromiso de «sentarse y hablar», por lo que ahora a quien le toca «sentarse y hablar» es al presidente de la Genrealitat «con el conjunto de las fuerzas políticas de Cataluña». «Eso es lo que esperamos», ha apostillado.

ESPERA SER ELEGIDA SENADORA AUTONÓMICA LA PRÓXIMA SEMANA

La Portavoz socialista también ha explicado que espera poder ser elegida senadora autonómica por Cataluña la próxima semana en el Parlament.

En este sentido, ha aclarado que mañana hay junta portavoces Parlamento catalán en la que se tiene que preparar el siguiente pleno, en la que se verá la propuesta para que haya un pleno específico para que se pueda hacer el cambio de senadores autonómicos.

Por ello, ha manifestado su esperanza de que este asunto figure en el orden del día del pleno del Parlament que tendrá lugar la última semana de septiembre, es decir, la próxima.

El expolítico del PP Rodrigo de Santos ha dicho que «jamás» mantuvo relaciones sexuales con presos de la ONG Padre Garralda-Horizontes Abiertos, en Vallecas, y ha aducido «prejuicios» contra él por sus antecedentes penales.

Quien fuera exteniente de alcalde y de Urbanismo de Palma se ha sentado este lunes en el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid acusado de dos delitos agresión sexual que habría cometido contra dos presos cuando trabajaba en la citada fundación, dedicada a la reinserción de presos.

«Nunca he mantenido relaciones sexuales de ningún tipo ni nunca le he amenazado a ninguno de los dos con retirarle el aval», ha sostenido el acusado, que ya fue condenado en 2010 por la Audiencia Provincial de Palma por un delito de abuso sexual con acceso carnal a menor, a la pena de 5 años de prisión y prohibición de aproximación y comunicación por tiempo de 8 años.

En esta ocasión se le juzga por un supuesto delito continuado de agresión sexual continuada y otro delito de agresión sexual –por el que Fiscalía pide 20 años–, que ambos ha rechazado durante la sesión. La Fundación ofrecía viviendas donde se alojaban los presos durante los permisos penitenciarios. Rodrigo de Santos trabajó en la misma desde 2015 y fue coordinador desde octubre de 2016.

AGRESIÓN SEXUAL CONTINUADA

En el primero de los casos, entre febrero y julio de 2017, la Fiscalía le acusa de haber obligado a un reo a tener relaciones sexuales hasta en siete ocasiones bajo amenazas de retirarle el aval para «poder disfrutas de los permisos penitenciario».

En este caso, supuestamente habría tenido tocamientos íntimos, le habría obligado a masturbarse y ha tanto ser como ejercer la penetración.

El acusado ha rechazado que estos encuentros tuvieran lugar y ha asegurado que la denuncia responde a una venganza tras estudiarse por parte del equipo de trabajadores de la fundación –compuesto por siete personas– retirarle el aval por «reiterados incumplimientos» de las normas de al Fundación.

De hecho, sobre sus preferencias sexuales ha dicho que es «activo», que se puede demostrar por «colonoscopias» que no ha sido penetrado «siete veces» como figura en la acusación.

Al hilo, ha explicado que empezó a tener relación con este reo en febrero de 2016 y que su relación «personal y profesional siempre fue buena», con una evolución «muy favorable» del preso a lo largo del tiempo hasta «dos crisis».

La primera de ellas cuando deja una novia y la segunda cuando empieza a trabajar mientras mantiene una relación a distancia con una mujer que vive en Londres y cuya relación es «muy exigente».

«Hablaba todo el día, mañana, tarde y noche hablando con su novia», ha asegurado el acusado, quien ha explicado que el 17 de octubre pasa la noche fuera del recurso habitacional sin tener permiso, una conducta que era reiterada. «Desde que tenía a la novia mudada de Londres a Madrid, nos pedía muchas noches libres, cada vez más (…) No venía ni avisaba», ha añadido Rodrigo Santos, quien ha vinculado la llegada de esta novia con un «deterioro» de su actitud.

Así, el 17 de octubre –tras pasar la noche fuera sin avisar– le llama para hablar con él y tienen una discusión en la que el demandante le habría dicho :«Te vas a enterar porque todos se van a enterar de quién eres –en referencia a sus antecedentes–«. El día 18 se acuerda la propuesta de retirada de su aval y posteriormente la supuesta víctima interpone la demanda por abuso sexual.

SEGUNDO DEMANDANTE

El acusado ha vinculado la demanda de este con la del segundo, al que el primer demandante habría «ido a buscar» para que también cargase contra Rodrigo de Santos por unos hechos que supuestamente habrían tenido lugar en febrero de 2017, cuando el acusado invitó a este segundo reo a su casa de Alcobendas, donde este pasó la noche.

De Santos ha explicado que este contaba con un aval familiar, pero que al divorciarse lo perdía y que, además, dejaba de estar en situación de extranjero legal al dejar de ser cónyuge de una española.

Ante esta situación le invitó porque De Santos ha confesado mantener una «relación incorrecta mezclando vida personal y profesional» y que en este caso había «afecto mutuo» y le quería permitir hacer una llamada a Marruecos, su país natal, cuando en la Fundación no se podían hacer llamadas internacionales.

Aún así, ha negado que hubiera relaciones sexuales en ese momento ni en ninguno y también ha rechazado que el preso volviera a ir a su casa. «Dormimos cada uno en nuestro dormitorio», ha defendido el acusado, quien ha negado que intimaran en el sofá de la casa o que le «tocase el pene mientras hablaba con su familia» por teléfono.

Aún así, ha reconocido que sí que hubo «provocaciones» por WhatsApp en ambos sentidos con «insinuaciones», pero que nunca llegó a materializarse, y que «solo fue ese día». «Perdí una noche de control con el demandante diciendo lo que dije», ha aseverado, aunque ha recordado que en su espacio podría haber tenido relaciones sexuales con consentimiento sin ser delito.

Asimismo, ha explicado como en un momento dado uno de sus compañeros de trabajo publicó en un chat de los voluntarios de la Fundación un enlace hacia los antecedentes penales de De Santos, ante lo que ambos demandantes le mandaron mensajes de apoyo de manera individual y ha rechazado que él mismo «obligase» a hacerlo.

TRABAJADORA SOCIAL NARRA COMO VÍCTIMA LE EXPLICÓ QUE ABUSABAN DE ÉL

También ha declarado una testigo, trabajadora social, que ha narrado cómo la primera de las supuestas víctimas le explicó que el acusado le «llamaba a su despacho» y que sentía que «abusaban sexualmente de él».

Entendía, además que Rodrigo de Santos tenía «mucho poder» y que había sido una persona de confianza que le había ayudado mucho a lo largo de su proceso. «(El acusado) Dijo que había que responder de alguna manera a todo lo bien que le había hecho», ha añadido.

Asimismo, ha descrito como «ofuscado» y «nervioso» cómo se encontraba el denunciante la primera vez que le indicó lo que estaba pasando y ha añadido que «parecía que le faltaba la memoria», por lo que en un principio «parecía que se contradecía» y le daba «mucha vergüenza».

La tercera vez que la supuesta víctima habló con la testigo recibió una llamada de Santos en la que solicitaba la expulsión del recurso habitacional por «vocearle» y «no cumplir las normas».

Juezas y Jueces para la Democracia (JjpD) ha afirmado este lunes que la Comisión Europea comparte su visión de que primero debe abordarse la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) antes de cambiarse el sistema de elección de jueces.

Después de reunirse con el comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, el viceportavoz de la asociación, Fernando de la Fuente, ha asegurado que el liberal belga le ha transmitido que reiterará con «rotundidad» a España la necesidad de renovar el CGPJ, si bien no ha avanzado que medidas podría tomar Bruselas si la situación se demora.

«El comisario ha dicho que debe renovarse y que va a exigir la renovación inmediata y luego que el sistema se mejore, que nunca daña y es algo positivo», ha afirmado De la Fuente en declaraciones a la prensa tras el encuentro, recalcando que la preocupación principal del Ejecutivo europeo es la renovación.

«Entiende que ha de avanzarse en una mejora del sistema de elección de vocales, pero coincide en que es inasumible hacerlo ahora con carácter previo», ha añadido, sobre la cuestión que divide a las asociaciones judiciales y partidos políticos. «(Reynders) ha dicho que es inviable e impensable que se haga a corto plazo, como pide el PP. Una cosa bien hecha y seria es imposible que dure menos de año y medio parlamentariamente», ha apostillado De la Fuente.

Según JjpD, Reynders coincide en que la renovación del órgano de gobierno de los jueces no puede condicionarse al cambio en el sistema de elección, algo que solicita el Partido Popular, al que JjpD atribuye el bloqueo.

«Al comisario le ha preocupado que España no cumpla con los estándares básicos como la renovación de los órganos judiciales. No solo por la credibilidad de la justicia sino por cómo afecta al funcionamiento de las instituciones», ha dicho, aunque ha insistido en que en Bruselas no ven la situación comparable a la que atraviesan Polonia o Hungría.

Asimismo, el viceportavoz ha indicado que el comisario belga se ha sorprendido al saber que los 32 nominados al CGPJ son previamente escogidos por las asociaciones tras procesos de primarias, algo que para JjpD evidencia el «ruido» en torno al CGPJ y que la información «no llega de forma clara». «Pensaba que los parlamentarios podían elegir a quienes quisieran», ha apuntado.

La asociación ha aprovechado para denunciar una situación que considera «anómala» y que exigen que se resuelva en un plazo de dos o tres semanas. Cuatro asociaciones de jueces de España han cerrado reuniones para este lunes con el comisario de Justicia con el objetivo de trasladarle sus inquietudes ante la parálisis en la renovación del órgano de gobierno de los jueces.

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de Pedro Sánchez contra la disposición transitoria segunda del Estatuto de Personal al servicio del Parlamento de La Rioja y suspende la vigencia y aplicación del precepto impugnado.

El Gobierno alegaba en su recurso que esa disposición, referida a la consolidación del empleo de carácter temporal, puede vulnerar varios artículos de la Constitución. En concreto se referían a los artículos 23.2, 103 y 149.1.18 de la Carta Magna.

En una providencia del 16 de septiembre, el TC recuerda que esa disposición fue aprobada por el Pleno del Parlamento riojano el pasado 31 de marzo, y que ahora el tribunal de garantías, al invocar el presidente del Gobierno el artículo 161.2 de la Constitución, «suspende la vigencia y aplicación del precepto impugnado desde la fecha de interposición del recurso (6 de julio de 2021) para las partes del proceso» y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para los terceros.

El Pleno del TC acuerda además, como es habitual, dar traslado de la demanda y documentos presentados al Congreso de los Diputados, al Senado, así como al Parlamento y al Gobierno de La Rioja para que puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que consideren convenientes.

«VULNERA» PRINCIPIOS DE IGUALDAD, MERITO Y CAPACIDAD

Ya en junio el Ejecutivo acordó en Consejo de Ministros presentar ese recurso de inconstitucionalidad contra la disposición transitoria al entender que esta norma crea una categoría laboral que «vulnera» los principios de igualdad, mérito y capacidad previstos en los artículos 23.2 y 103.3 de la Constitución.

Según explicó entonces la portavoz del Gobierno, entienden que esa disposición «impide la concurrencia» y crea la denominación de empleados públicos fijos, denominación que «no está regulada hasta la fecha y tendría teóricamente esa regulación los mismos derechos y las mismas obligaciones de la categoría de funcionario».

Por ello, y porque además consideraron que no es una competencia autonómica la creación de esta estructura funcionarial propia y el poder crear una nueva categoría de empleados públicos, el Ejecutivo cree que «concurren los requisitos» para poder impugnar esta disposición ante el TC.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acudirá finalmente a la Convención Nacional del PP que se celebra en Valencia, después de modificar la agenda de su viaje a Estados Unidos, según han informado fuentes del Gobierno madrileño.

Ayuso parte este fin de semana para Estados Unidos, en un viaje que busca posicionar a la Comunidad entre inversores y otros referentes norteamericanos y potenciar la marca Madrid. El Gobierno madrileño, que lleva preparando esa visita desde junio, destaca también su importancia porque coincide con la celebración del mes de la hispanidad en ese país, según las fuentes consultadas.

La propia presidenta madrileña ya dijo el pasado viernes que estaba «haciendo lo posible» para cuadrar su agenda y poder ir a la Convención Nacional, al tiempo que aseguró que ella «nunca eclipsaría» a Pablo Casado en un «evento de esa magnitud».

MESA DE PRESIDENTES AUTONÓMICOS

Fuentes del Ejecutivo autonómico han indicado que para poder llegar el sábado a Valencia la presidenta madrileña ha tenido que modificar su agenda y adelantar su vuelta porque era un viaje de una semana.

Ayuso irá directamente a Valencia desde Estados Unidos y su intención es estar presente en la mesa de presidentes autonómicos que se celebra el sábado 2 de octubre, en la que participarán también otros barones territoriales de la formación.

Ese mismo día también está prevista otra mesa con presidentes provinciales y alcaldes del partido. La clausura de la Convención Nacional correrá a cargo de Pablo Casado el domingo 3 de octubre en la Plaza de Toros, un lugar emblemático para el PP y símbolo de sus victorias electorales.

LA FECHA DEL CONGRESO DEL PP DE MADRID

En los últimos días el foco mediático ha estado centrado en la presencia o no de Ayuso en ese cónclave de Valencia, en el que se pretende encumbrar a Casado como «auténtica alternativa» a Pedro Sánchez, así como en la petición de la presidenta madrileña de adelantar el congreso del PP de Madrid para empezar a preparar ya las autonómicas y municipales de 2023.

‘Génova’ ha rechazado de plano esa solicitud de celebrar ya el congreso regional alegando que la Junta Directiva Nacional del PP, máximo órgano del partido, fijó los congresos uniprovinciales en el primer semestre de 2022.

El macrojuicio por el incendio originado en agosto de 2016 en una planta de tratamiento de residuos peligrosos de Chiloeches (Guadalajara) ha arrancado este lunes con las cuestiones previas y será este martes cuando empiecen los interrogatorios a varios exaltos cargos, concretamente al director general de Evaluación Ambiental entre 2005 y 2008, Miguel Ángel Yuste; y al director general de Evaluación Ambiental entre 2009 y 2011, Carlos José Blázquez Orodea.

Está previsto que se sienten en el banquillo 21 acusados (18 particulares y tres empresas) y, en principio, ha fijado en 53 las sesiones a celebrar hasta mediados de diciembre.

La vista oral se iniciaba cerca de las 9.30 horas en una sala habilitada especialmente para esta compleja vista en los antiguos juzgados de Guadalajara, en la que también se han tenido en cuenta las normas Covid y donde los letrados han estado sentados en pupitres individuales y, por detrás, los acusados.

Para los dos ex altos cargos que declaran este martes, el Ministerio Público los considera autores de un delito continuado de prevaricación administrativa medioambiental y ha pedido para ellos penas que llegan hasta los tres años de cárcel y 13 de inhabilitación.

Entre los encausados también se encuentran las empresas Kuk Medioambiente, Grupo Layna y Salmedina, y otros ex altos cargos y cargos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha entre los que se encuentra el exviceconsejero de Medio Ambiente, Sergio David González (PSOE), y por otro lado, el exalcalde de Chiloeches, César Urrea (PP).

Un juicio que llega cinco años depués de originarse un incendio que ha sacado a la luz el supuesto reciclado inadecuado de residuos peligrosos con escombros que no lo eran y en cuya primera vista, que concluía cerca de las 13.00 horas, el magistrado de la Sala de la Audiencia Provincia, José Aurelio Navarro Guillén, no ha visto ningún inconveniente en admitir las alegaciones previas presentadas por varios letrados para que los acusados puedan ausentarse de la sala, salvo la obligación de acudir el último día, con motivo del derecho a la última palabra.

También se ha aceptado otra petición compartida por varios de los letrados como es el hecho de que, ante la prolongación de la vista durante casi tres meses, se les otorgue la posibilidad de que un abogado pueda ser sustituido por otro de su despacho en alguna ocasión.

En lo concerniente a las pruebas documentales, se han admitido todas las que se han presentado; sin embargo, sobre la petición de una de las partes para que no se tuviera en cuenta una prueba audiovisual realizada por un detective privado con anterioridad al incendio en la nave que ardió el 26 de agosto, el presidente de la sala ha señalado «son cuestiones que se valorarán en el juicio» para ver si tienen o no eficacia jurídica y naturaleza probatoria.

En la sala, el letrado que representa a Altamira, la empresa inmobiliaria que ejecutó las hipotecas que tenía sobre el terreno y se lo quedó, ha reclamado el dinero que han tenido que gastar –casi millón y medio de euros– en la descontaminación de la parcela tras una petición de la propia Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, una cantidad que ahora reclaman, al igual que han solicitado a la Audiencia instrucciones para ver cuál debe ser su actuación ahora con relación a la descontaminación del subsuelo, algo que resolverá en la pieza separada de responsabilidad civil.

Altamira está en este juicio como actor civil, una figura que no acusa pero que si se ha personado para reclamar los daños que ha sufrido como consecuencia de estos hechos. El magistrado que ha presidido la Sala ha terminado la sesión pidiendo «calma y paciencia» a todos alas partes entendiendo la complejidad del proceso.

Vox ha criticado este lunes que el PP ponga como condición para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), caducado desde hace casi tres años, una ley para que los jueces de procedencia judicial en ese órgano los elijan sus pares cuando lleva «15 años» negociando con el PSOE y los «separatistas» los nombres de los magistrados que lo integran.

En rueda de prensa, el vicepresidente de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, ha admitido causarle «risa» que el partido que lidera Pablo Casado urja ahora a reformar la legislación para modificar el sistema de elección de los vocales del CGPJ cuando «hasta hace pocos meses el PP negociaba con el PSOE las listas».

YA TENÍAN UN ACUERDO…

De hecho, ha recordado que ambos partidos ya tenían avanzado un acuerdo para renovar el órgano de gobierno de los jueces y que éste no acabó de cerrarse porque, según su verdad, Vox iba a denunciar esa «patraña» y, según la versión que se ofreció, al PP no le gustaba uno de los jueces por ser cercano a Podemos.

Buxadé ha querido dejar claro que, al contrario que los de Pablo Casado, Vox ha reclamado despolitizar el Consejo del Poder Judicial desde su nacimiento y se ha cuestionado si en Génova se habrán reunido para adherirse a ese punto incluido en el punto 93 del programa con el que el partido de Santiago Abascal concurrió a las elecciones.

Precisamente, este martes, los ‘populares’ someterán este martes a debate del Pleno del Congreso su ley para «reforzar la independencia judicial», que incluye la condición que ha puesto al Gobierno para renovar el CGPJ: cambiar el sistema de elección en ese órgano para que los vocales de procedencia judicial los elijan directamente los jueces.

En su comparecencia, el dirigente de Vox también se ha quejado de que se ‘venda’ que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha levantado «todas» las restricciones ante la reducción de la incidencia del coronavirus para lamentar que las medidas no sean «unánimes» en todas las comunidades donde gobierna, sino que haya «mucha arbitrariedad».

LIBERTAD

En concreto, se ha preguntado si alguien puede explicar a su partido por qué en Andalucía el aforo de teatros y cines es de un 100%, cuando se trata de establecimientos cerrados, mientras que el de los toros o el fútbol se sitúe en el 60%. Según ha defendido, todo esto se resuelve con una palabra que parece que va a ser solo «del dominio de Vox»: «libertad».

Ha aprovechado también Buxadé para dejar claro que Vox sólo ratificará a José Antonio Sánchez al frente de Telemadrid, una cuestión que se debatirá esta semana en la Asamblea regional, si Ayuso se aviene a reducir «sustancialmente» el presupuesto destinado al ente público, así como a garantizar que haya «una absoluta transparencia» en la contratación de las productoras externas.

Pero, además, Vox reclama también que se informe a los madrileños de a dónde va a ir a parar el ahorro que va a suponer esa rebaja de la partida para Telemadrid porque «las necesidades de los madrileños son altísimas en materia de seguridad, salud pública y otras cuestiones».

David Real es un maestro conquense que desde el pasado 1 de enero está afincado en la isla canaria de La Palma. Desde que este domingo a las 15.12 horas en la comunidad canaria entrase en erupción el nuevo volcán de la isla, este conquense está viviendo las últimas horas con «calma tensa» desde su casa en Los Llanos de Aridane, a unos 8 kilómetros del lugar de la erupción.

Real, en declaraciones, ha narrado que esta erupción está siendo «impresionante de ver, magnífica», aunque «con la pena» de ver cómo la colada de lava «está devorando casas y carreteras».

«Una vez que está todo controlado y todo el mundo estamos siguiendo las indicaciones de las autoridades, estamos intentando hacer vida normal dentro de lo posible», ha subrayado este conquense afincado en La Palma.

Aunque lleva tres años viviendo en Islas Canarias, desde el 1 de enero de este año tiene plaza de maestro de inglés en Los Llanos de Aridane. Allí, en torno a las 11.30 horas de este domingo, sintió «un fuerte temblor», aunque la erupción como tal no la pudo sentir.

Erupción de la que se pudo enterar a través de amigos, quienes estaban pendientes de la Televisión Canaria, canal que ofreció en directo las imágenes en las que el nuevo volcán de la ‘Isla Bonita’ comenzaba a expulsar lava.

Real no ha tenido que ser evacuado de su domicilio. Aunque Los Llanos de Aridane sea un municipio amplio, en el centro de la localidad, que es donde él reside, no ha sido necesario. «Amigos y conocidos de otros núcleos sí que han tenido que ser evacuados de sus casas», ha comentado.

Además, saliendo unos metros de su casa tiene una vista panorámica del parque natural de Cumbre Vieja, lugar en el que se ha originado este volcán. Desde ahí, ha narrado cómo la ceniza que está dejando el volcán se está desplazando hasta la zona de la Caldera de Taburiente, dejando un cielo negro por esa zona.

Como docente que es, ha recordado que las clases han quedado suspendidas este lunes y que están a la expectativa de saber si van a seguir suspendidas o se van a reanudar. «Por lo que he podido saber, la lava ha dejado inutilizado algún colegio de la zona más afectada, como Las Manchas, y no se sabe qué va a pasar con los alumnos y los docentes de esos centros ni con los propios que existen en Los Llanos».

Por último, Real ha reconocido que este año está viviendo un San Mateo diferente. «Quién me iba a decir a mí hace tres años, cuando viví mi último San Mateo en tierras conquenses, que ahora iba a estar en esta situación», ha indicado.

Colgate Palmolive España y la Fundación Universo Accesible, que promueve el Restaurante Universo Santi, primer restaurante del mundo de alta cocina atendido al cien por cien por personas con discapacidad, ubicado en Jerez de la Frontera (Cádiz), se han unido para la formación durante seis meses en cocina y hostelería de siete personas con discapacidad.

En el acto de presentación ha estado el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, que ha valorado la participación de una empresa nacional como Colgate en un proyecto de formación para personas con discapacidad en Universo Santi, que desde hace ya muchos años se puso en marcha para dar cabida a muchos jóvenes que querían una oportunidad dentro del sector gastronómico a través, un proyecto que está marcando a nivel nacional e internacional una posición y una forma de hacer las cosas que es envidiable».

Marín ha agradecido a Colgate las siete becas que se van a materializar para que siete chicos y chicas con discapacidad puedan formarse en este centro para tener la oportunidad de acceder en el día de mañana al mercado laboral. «Creo que es una iniciativa tremendamente satisfactoria«, ha manifestado el viceconsejero de la Junta.

Por su parte, el presidente de la Fundación Universo Accesible, Antonio Vila, ha afirmado que se trata de «un sueño hecho realidad», porque Universo Santi, «no solo da empleo, sino que tiene chicos aquí que seguramente tengan un empleo digno sin paternalismo, y se va a escoger a los mejores».

Vila ha destacado que el restaurante fuera incluido dentro de la Guía Michelín y ha afirmado que el confinamiento les vino «muy mal». «Cerramos en febrero –antes del Estado de Alarma– y hemos abierto los últimos para no poner en riesgo la vida de los trabajadores ni de los clientes. Nos quedamos sin financiación para poder pagar todos los gastos de esta finca. Es muy difícil mantener esto, pero poco a poco lo vamos buscando», ha explicado.

En cuanto a los ‘chicos’ de Universo Santi, Antonio Vila ha explicado el caso de Alejandro, que llegó un domingo con 22 años. «Al bajarse del coche vi que era un artista y pensé que era una de las estrellas que tenía que estar aquí. Chicote vino y decidió que Alejandro tenía que dar el salto haciendo su sueño realidad», ha añadido.

Igualmente, ha citado a Gloria, una chica para la cual «el mercado no estaba preparado para ofrecer un empleo para una persona muy cualificada pero discapacitada». «Me di cuenta que tenía que ser la líder del proyecto y embajadora del mismo. Gloria no solo es madre, sino que vive con su pareja, con la que comparte empleo».

Por su parte, Nikolaos Skourletis, director general de Colgate Palmolive España, se ha mostrado «contento» por poder colaborar en esta iniciativa. «Trabajar para apoyar a jóvenes a encontrar el trabajo de sus sueños es un mensaje ligado a Colgate. Contribuir que crezca la semilla del optimismo donde está ya está sembrada», ha concluido.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Almería ha acordado este lunes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para hombre detenido por supuestamente haber intentado acabar con la vida de su expareja de 25 años el pasado sábado a bordo de su vehículo, la impactar contra el coche de ella.

Fuentes del TSJA han informado de que el detenido está investigado por un delito de homicidio en grado de tentativa, según ha determinado la juez instructora. Al hombre no le constan denuncias anteriores por violencia de género, toda vez que, según han añadido fuentes del Gobierno andaluz, la víctima tampoco contaba con ningún tipo de medida de protección previa.

Mientras, la víctima sigue ingresada en el Hospital Universitario Torrecárdenas en estado grave aunque con pronóstico favorable, por lo que su vida no correría peligro.

El ataque se produjo a las 7,00 horas. El servicio unificado de emergencias 112 recibió un aviso en el que se relataba que una joven estaba siendo agredida en la rotonda que conecta los barrios almerienses de El Alquián, El Toyo y Retamar, camino del aeropuerto.

Sucesivamente, el 112 trasladó esta información al Cuerpo Nacional de Policía, a la Policía Local y a la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES 061), que se movilizó al lugar de los hechos.

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Almería confirmaron entonces que los hechos se encuadran en una agresión de violencia de género, por lo que el caso se ha incluido en el protocolo de seguimiento del sistema Viogén.

El teléfono 016 es el número de información y asesoramiento jurídico para las víctimas de violencia machista y su entorno. Funciona las 24 horas, es gratuito y no deja rastro en la factura telefónica aunque puede quedar registrado en ciertos terminales. El servicio 016 ha incorporado un servicio permanente de WhatsApp al número 600000016 y el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es.

La Capitanía Marítima de Santa Cruz de Tenerife dependiente de la Dirección General de la Marina Mercante del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), ha emitido una resolución mediante la que prohíbe temporalmente la navegación en la zona afectada por la erupción volcánica en la isla de La Palma.

Capitanía Marítima también ha ordenado la movilización de dos medios de Salvamento Marítimo en la zona para el ejercicio de control: el remolcador de Altura Punta Salinas y la salvamar Alphard.

Esta medida se adopta de manera preventiva por el riesgo inherente para la navegación ante la posible llegada de las coladas volcánicas al mar.

Asimismo, señala en un comunicado que se trata de concienciar a la población, al ser conscientes de que el atractivo propio de este fenómeno puede generar una concentración de embarcaciones en las zonas circundantes al punto donde está previsto que lleguen las coladas volcánicas al mar, lo que podría generar accidentes indeseables o interferir en las operaciones de emergencia que se pudieran realizar.

La prohibición de navegar afecta a una zona acotada del litoral occidental de la isla: al sur por la Punta del Pozo (Puerto Naos, Los Llanos de Aridane) y al norte por la playa de las Viñas (Tazacorte) y la paralela a la costa, a media milla náutica de dicho litoral.

Por ello, se recomienda que la navegación marítima en la zona afectada se realice por el meridiano 017° 57,0 W o al oeste.

Esta prohibición no afectará a buques y embarcaciones de las administraciones públicas que realicen labores científicas, de control de la evaluación del proceso volcánico, de labores de control del tráfico marítimo, así como a policía administrativa o salvamento marítimo.

Pero, en todo caso, apuntan desde Capitanía Marítima, estas embarcaciones mantendrán una distancia suficiente de la zona de llegada de las coladas al mar, así como de las nubes que dicho evento provoque.

Las medidas estarán en vigor hasta que desaparezca el riego provocado por la erupción volcánica y podrán modificarse en función de la evolución del volcán.