La Asociación Hipotecaria Española (AHE) ha señalado que los niveles de dudosidad crediticia siguieron mostrando durante el tercer trimestre del año una «evolución favorable», si bien ha advertido de una «moderación» en la dinámica.

En su boletín trimestral sobre dudosidad crediticia, recoge que, a nivel agregado, las exposiciones dudosas del sector privado residente (OSR) redujeron su volumen tanto en términos interanuales (-5,6%) como intertrimestrales (-2,6%), hasta alcanzar un saldo dudoso que asciende a 52.826 millones de euros.

Sin embargo, esta mejora apenas se trasladó a la ratio de dudosidad (4,35%), pues supuso una rebaja de 0,05 puntos porcentuales en términos trimestrales y 0,22 puntos menos en tasa interanual.

La asociación reseña que esta evolución se produjo dentro de un contexto de reducción de los niveles vivos de endeudamiento, tras registrar el saldo vivo un volumen de 1.213.528 millones de euros a septiembre de 2021, cerca de 19.000 millones de euros menos en tan solo un trimestre.

Dentro del segmento de hogares, las exposiciones del crédito a la adquisición de vivienda mantuvieron la senda positiva observada a lo largo de los últimos años, pese a mostrar una ralentización en la tendencia en este tercer trimestre. En términos trimestrales, la ratio de dudosidad disminuyó 0,07 puntos desde el 3,03% registrado en el segundo trimestre de 2021 hasta el 2,96% actual, mientras que a nivel interanual se anotó una mejora de 0,30 puntos.

La AHE afirma que, en general, las medidas públicas implementadas en las economías domesticas para paliar el impacto de la pandemia han evitado «un claro deterioro» en la calidad de los activos, pues la tasa de dudosidad del crédito inmobiliario estaría manteniendo un nivel similar al observado hace una década, tendencia que se ha mantenido pese a que la mayoría de moratorias otorgadas a este sector ya habrían vencido.

De forma paralela, el crédito a la rehabilitación también mostró una evolución favorable, al situarse la tasa de dudosidad en el tercer trimestre en el 5,32%, 0,06 puntos por debajo que la tasa registrada en junio de 2021 y 0,37 puntos menor que la de hace un año, según los datos recogidos por la AHE.

Dentro de la cartera de créditos de los hogares, los préstamos al consumo experimentaron un comportamiento menos favorable en términos intertrimestrales, tras pasar de representar los dudosos el 5,01% de la cartera a suponer el 5,14% a septiembre de 2021, unos 0,13 puntos más en el último trimestre.

En valores absolutos, en cambio, apenas tuvo significación ese incremento, al comportar un incremento de unos 44 millones de euros en los activos dudosos, al tiempo que el saldo vivo se redujo en más de 1.400 millones de euros. Además, en términos anuales, esta rúbrica presentó una mejora de 0,43 puntos en su ratio.

EVOLUCIÓN DE LA DUDOSIDAD DE LAS EMPRESAS

Dentro del segmento de empresas, la asociación afirma que la radiografía es «más variada», en función del sector y de la exposición a la crisis.

A nivel agregado, las actividades productivas, con un volumen de dudosos que asciende a 27.321 millones de euros frente a los 563.085 millones de euros de saldo vivo, presentaron una leve mejora tanto en tasa intertrimestral (-2,1%) como en tasa interanual (-1,2%) en la ratio de dudosidad, que se sitúa en este tercer trimestre del año en el 4,85%, por debajo de la ratio del 5,41% que marcó antes del estallido de la pandemia.

La AHE destaca la tendencia positiva que continúan mostrando los activos ligados con el sector de la construcción y de las actividades inmobiliarias, que registran una tasa de dudosidad de 8,68% y 4,42%, respectivamente, frente al 9,12% y 4,55% observado en el trimestre anterior.

Así, la asociación destaca que, «en contra de lo pronosticado en un primer momento», la dudosidad del sector inmobiliario se ha mantenido estable desde que irrumpiera la pandemia, «mostrando incluso ligeras mejoras en algunos segmentos de crédito», como la relacionada con el crédito que cuenta con una garantía inmobiliaria.

No obstante, pese a que el volumen de dudosos ha continuado disminuyendo, la AHE observa «ciertos riesgos» asociados principalmente con la evolución de algunos de los sectores o empresas más afectadas por la crisis, precisamente en los préstamos acogidos a alguno de los programas de protección aprobados por el Gobierno, entre los que se incluye las líneas de avales ICO que incorporan carencias de capital por un periodo de hasta dos años.

Así, recoge que, mientras que en el segmento de hogares una gran parte de las moratorias aprobadas ya habrían vencido, «sin aparentemente haber incidido muy negativamente sobre la capacidad de pago de estos agentes», en el segmento de empresas, especialmente en los préstamos con dotación pública, está previsto que el periodo de carencia venza a mediados de 2022, por lo que «está por ver cómo afecta en las carteras» este vencimiento.

«Naturalmente, el comportamiento y la robustez que muestra la actividad económica durante dicho espacio temporal –ahora parcialmente afectado con la conocida como sexta ola del Covid-19– incidirán de manera relevante en la materialización o no de estos riesgos», afirma la AHE en su boletín.

No obstante, recuerda que «una gran parte de estos riesgos ya habrían sido cubiertos», dotados en su mayoría en 2020, «por lo que, en principio, no se contempla un escenario similar al que ya se vivió en la anterior crisis».

El anteproyecto de la Ley de Vivienda volverá al Consejo de Ministros en 2022 y no este 28 de diciembre, el último Consejo del año, como preveía la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.

Fuentes de su Ministerio han confirmado que la normativa no estará entre los puntos del último Consejo de Ministros de 2021, a la espera de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) emita su informe preceptivo al respecto.

Desde la cartera de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana señalan que aún desconocen la fecha del pronunciamiento del CGPJ, pero sostienen que no debería tardar.

El pasado 10 de diciembre, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de ese día, Sánchez aseguró que el anteproyecto volvería al Consejo antes de que finalizara el año.

El texto se aprobó el pasado 26 de octubre, en primera lectura, en el Consejo de Ministros, y pasó después al periodo de información pública.

El Gobierno de coalición salvó con el acuerdo de la Ley de Vivienda el último escollo para que Unidas Podemos diera el viso bueno a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022.

El texto del Ejecutivo recoge la regulación del precio del alquiler en zonas de mercado tensionadas, bonificaciones para incentivar que pequeños propietarios bajen las rentas a los inquilinos y medidas para fomentar el parque público de vivienda, entre otras medidas.

No obstante, no se prevé que se apruebe la Ley de Vivienda, con su tramitación parlamentaria, hasta el segundo semestre de 2022.

La economía mundial superará por primera vez el umbral de los 100 billones de dólares (88 billones de euros) en 2022, lo que supone un adelanto de dos años respecto a las anteriores previsiones del Centro de Investigaciones Económicas y Empresariales (CEBR), que ha retrasado a 2030 desde 2028 el momento en el que China desbancará a Estados Unidos como mayor economía mundial.

En su análisis, la consultora británica destaca que la escala del impacto económico de la pandemia en 2020 parece haber sido un poco menos grave de lo supuesto anteriormente, con la pérdida del 3,2% del PIB mundial, frente a la estimación inicial del 4,4%, mientras que la recuperación «es ciertamente mucho más fuerte», con un crecimiento del 5,5% en 2021 y del 4,2% el próximo año.

De este modo, el crecimiento mayor de lo esperado anteriormente de Estados Unidos permitirá a la economía norteamericana mantenerse al frente a la ‘Liga Económica Mundial’ al menos hasta 2030, dos años más de lo estimado en la edición del año pasado, cuando será destronada por China, aunque esta fecha supone un adelanto de tres años respecto de las proyecciones publicadas antes de la pandemia.

De cara al final del horizonte de las proyecciones del CEBR, además de China y EE.UU. las mayores economías en 2036 serán la India, que avanzará al tercer puesto desde el sexto lugar previsto para 2022, por delante de Alemania, que mantendrá su cuarta posición, y de Japón, que caerá gradualmente desde el tercer lugar actual al quinto en 2036.

De su lado, Reino Unido, que lograría mantener la quinta posición mundial en 2022, a pesar del ‘Brexit’, cedería un puesto en 2026 y se mantendría en sexta posición hasta al menos 2036, por delante de Francia, que ocupará el séptimo lugar desde 2022 hasta el final de las previsiones.

En el caso de España, la consultora anticipa que el país logrará mantener la posición 14 mundial durante la presente década, aunque caerá al puesto 15 en 2031, lo que no impedirá que España siga siendo la mayor economía de habla hispana en el mundo durante todo el horizonte de las previsiones, por delante de México.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha vuelto a ampliar, hasta el 30 de junio de 2022, la extensión de la caducidad de los títulos multiviaje Avant, que tendrán ahora de forma generalizada una duración de 20 días en lugar de los 8 anteriores.

Renfe ofrece actualmente tres tipos de Abonos Avant, la Tarjeta Plus 10, la Tarjeta Plus 10 Estudiantes y la Tarjeta Plus, dirigidos a aquellas personas, en su mayoría trabajadores y estudiantes, que utilizan el servicio de tren de alta velocidad de forma diaria o casi diaria.

La validez original de dichos bonos es de 8, 10 y 30 días respectivamente, ampliada provisionalmente a 20 días los dos primeros y a 60 días el tercero, según informa el Ministerio en un comunicado.

El objetivo de esta medida es favorecer la utilización de los servicios públicos ferroviarios de media distancia Avant que discurren por líneas de alta velocidad y están sujetos a Obligación de Servicio Público, frente a otros modos alternativos de transporte menos sostenibles.

La utilización de estos títulos multiviaje, nominativos e intransferibles, que ofrecen descuentos a los viajeros recurrentes frente a los viajeros ocasionales, se enfrenta a la actual evolución de la pandemia, muy marcada por la situación creada por la variante ómicron que genera incertidumbres sobre la normalización de la movilidad.

La ampliación se adoptó por primera vez en octubre de 2020 y permitió el mantenimiento de viajeros que, en caso de no haberse adecuado la caducidad de los abonos, podían haberse desplazado hacia otros modos de transporte.

Los nuevos plazos de caducidad de estos títulos serán aplicables hasta el 30 de junio de 2022, si bien, en función de la evaluación del seguimiento de esta medida y de la evolución de la situación sanitaria y su efecto sobre la movilidad, el Ministerio podrá acordar la eventual continuidad de esta medida.

Bildu llevará al Pleno del Congreso una moción en la que defiende endurecer los controles y las sanciones ante posibles manipulaciones del mercado de la electricidad y una auditoría «exhaustiva» del sistema para detallar los costes reales de generación de cada tecnología.

Todo ello en una moción consecuencia de la interpelación urgente dirigida a la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la última sesión de control al Gobierno del año en el Congreso. La moción no se someterá a votación en principio hasta el próximo mes de febrero, cuando el Congreso recupere los Plenos ordinarios tras el paréntesis de enero, inhábil en ambas Cámaras según la Constitución.

En su iniciativa, Bildu pide promover los cambios organizativos y legislativos necesarios para «inspeccionar con mayor agilidad y elevar las sanciones a empresas que puedan estar ejerciendo un poder de mercado para alterar el precio de la electricidad y aumentar así sus beneficios de manera abusiva».

VETAR A MANIPULADORES DE FONDOS EUROPEOS

Asimismo, aboga por vetar de los fondos europeos del Plan de Recuperación a cualquier empresa que haya alterado los precios de mercado energético en los últimos cinco años y revisar el decreto ley de recorte de ingresos de las eléctricas para poner fin a la sobrerretribución de ‘beneficios caídos del cielo’ que, señala, siguen percibiendo determinados sistemas de generación.

En este sentido, desde Bildu piden también promover desde las instituciones europeas una reforma en el sistema marginalista de fijación de precios para que cada tecnología sea retribuida según sus costes reales de generación y que así la factura no pague la electricidad a precio de la más costosa.

EMPRESAS PÚBLICAS Y REDUCCIÓN DEL CONSUMO

Asimismo, llaman a impulsar la creación de una energética pública y facilitar la creación de comercializadoras públicas, a todas las escalas institucionales, con el objeto de enfrentar «la ausencia de bienestar energético de multitud de hogares» pero también «restar poder de mercado a las grandes compañías».

Finalmente, Bildu pide «alcanzar lo más rápido posible un escenario de neutralidad climática», acelerando a 2040 el horizonte de descarbonización, y poner en marcha una campaña institucional y mediática para dar a conocer y promover medidas para la reducción de consumo energético por consumidores domésticos y empresas.

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha publicado el nuevo Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF), el marco regulatorio que establece el uso para el que está reservado cada una de las bandas de frecuencia en las que se divide el espectro radioeléctrico.

Según ha informado el Ministerio en un comunicado, las modificaciones propuestas afectan a las condiciones de uso de diferentes bandas de frecuencia, entre las que destacan las condiciones técnicas armonizadas de la banda de 26 GHz para su uso por las redes de comunicaciones electrónicas 5G.

Cabe resaltar que la licitación de la banda de 26 GHz es una de las medidas incluidas en la Hoja de Ruta 5G del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ya que se trata de una de las bandas prioritarias para el desarrollo de esta tecnología.

También se han actualizado las condiciones de uso de las bandas de frecuencia para aplicaciones relacionadas con la seguridad de los sistemas de transporte inteligente e información al tráfico, aplicaciones de bucle inductivo y aplicaciones para implantes médicos.

Además, el CNAF recoge las necesidades de la industria española, por lo que se ha incluido la habilitación de 20 MHz en la banda de 2.300-2.400 MHz para redes de comunicaciones móviles de banda ancha en régimen de autoprestación.

Según explica el departamento de Economía y Transformación Digital, esto permitirá a las empresas disponer de espectro para aplicaciones propias, entre las que se encuentran las aplicaciones industriales. De estos 20 MHz, 10 serán de uso preferente para redes de servicios públicos de distribución de electricidad, gas o agua.

En esta ocasión se publica una nueva versión completa del CNAF y no modificaciones puntuales, ya que se incluyen las disposiciones correspondientes a los acuerdos adoptados en la última Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

Asimismo, se incorporan Decisiones de Ejecución de la Comisión Europea y Decisiones de la Conferencia Europea Postal y de Telecomunicaciones, relativas al espectro radioeléctrico; y se actualizan algunas notas de utilización nacional, en los términos y condiciones técnicas resultantes de los procesos de armonización en el ámbito de la Unión Europea.

Un fondo afiliado a MCAP Global Finance, la subsidiaria europea de Marathon Asset Management, ha vendido el complejo de oficinas que alberga la nueva sede en España de All We Wear Group, conocido como Pepe Jeans Group.

Savills IM ha actuado como ‘asset manager’ en nombre de Marathon, asesorando fuera del mercado la compra por parte de un inversor privado de este edificio situado en la zona de ‘Madbit’, el distrito tecnológico de Madrid ubicado en el área de Julián Camarillo, según informa la consultora inmobiliaria en un comunicado.

El complejo está formado por dos edificios que se encuentran en la avenida Institución Libre de Enseñanza, 43, y cuenta con una superficie de 8.762 metros cuadrados, 319 plazas de aparcamiento y dos locales comerciales.

La firma de moda AWWG, que integra las marcas de Pepe Jeans London, Hackett y Façonnable y es distribuidor autorizado de Tommy Hilfiger y Calvin Klein en España y Portugal, estrenó el pasado mes de octubre esta sede tras un proceso de reposicionamiento del edificio llevado a cabo por Marathon.

Se trata de dos áreas separadas dentro del espacio de oficinas, en las que se concentran las distintas zonas de negocio. Por un lado, se encuentran las oficinas corporativas y en el otro las salas de exposición que contienen ‘boutiques’ individuales que muestran las nuevas colecciones de cada marca para los clientes que las visitan.

Las dos unidades convergen en la entrada, que ofrece una terraza exterior situada en un patio con renovados puestos de. AWWG cuenta actualmente con 500 tiendas, con presencia en 54 países del mundo y una plantilla de 2.800 empleados.

El sindicato de maquinistas (Semaf) ha elevado un escrito a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria con el que solicita que se rectifique el procedimiento de desconexión del sistema de protección ERTMS N2 en el tramo Taboadela AV- Ourense.

Tal y como lo ha configurado Adif, «supone un riesgo para la seguridad de la circulación, así como el incumplimiento de lo dictado en una normativa superior como es el Reglamento de Circulación Ferroviaria», denuncia.

Igualmente, el sindicato ha pedido explicaciones a la agencia para conocer cuáles son las «supuestas deficiencias existentes en la instalación del sistema de protección» que han llevado a redactar una consigna para que el maquinista tenga que desconectar el sistema en ciertas situaciones que en otros puntos de la red no implican desconectarlo.

«Y además, lo haga sin autorización de los responsables de circulación del centro de regulación de la circulación, contraviniendo lo establecido en la norma en vigor», añade.

Esto es, para la organización, «un claro síntoma de que la propia empresa responsable de la infraestructura no confía en la efectividad del sistema de protección que ha instalado en el mencionado tramo, Taboadela AV- Ourense».

De esta forma, critica que «Adif deja caer toda la responsabilidad en el maquinista, induciendo, con este modo de proceder, al error humano».

Por ello, maquinistas solicitan a la agencia que informe «de las deficiencias detectadas en el sistema que les ha llevado a articular una consigna contraria a lo que dicta el reglamento de circulación ferroviaria».

También reclaman «que las subsane a la mayor celeridad posible y que en tanto no se produzca, rectifique la consigna y se pueda circular al amparo del equipo de protección principal del tren (ERTMS) en coordinación con los responsables del centro de regulación y circulación».

La Comunidad Autónoma, de la mano del sector agrario, trasladará su «preocupación e incertidumbre» al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en el documento de alegaciones al Plan Estratégico Nacional de la futura PAC (PEPAC), hecho público el pasado día 30 de noviembre, que ha quedado este lunes consensuado tras la reunión entre el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, y representantes de distintas organizaciones vinculadas al sector, según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

Luengo ha puesto de relieve que el Gobierno regional «ha buscado a lo largo de este proceso el máximo consenso con el sector agrario, porque somos su altavoz y defensores de sus intereses, que son los de la Región, por lo que representa el peso que tiene en nuestra economía», y ha enfatizado que la Comunidad Autónoma «ha defendido ante el Gobierno nacional y ante Europa las reivindicaciones y exigencias de nuestros agricultores y ganaderos porque en ellos está el futuro del sector agrario y porque deben recibir las ayudas que les son tan necesarias como justas».

El consejero, que ya se opuso en julio al documento presentado por el ministro en la Conferencia Sectorial sobre la PAC para el período 2023-2027 «al no recoger las necesidades de los agricultores y ganaderos de la Región de Murcia», por lo que «reiteramos que existe un sentimiento de rechazo al conjunto del Plan, al no recoger aspiraciones básicas del sector, como la supresión del carácter histórico de los derechos o del desmesurado número de regiones», así como por el hecho de «desaprovechar la ocasión para redirigir la PAC hacia un modelo más acorde con las realidad agraria, actual y al mismo tiempo la apuesta ecológica que se demanda desde Europa».

En las alegaciones que se plantean, se incide, entre otras cuestiones, «en que vaya realmente dirigida al sector profesional, para lo que aquel que se considera agricultor activo debe de ser agricultor profesional. Del mismo modo, planteamos que el sistema de distribución de las ayudas sea más justo y equitativo, en función de la realidad agraria actual; y se reitera que los eco-esquemas no recogen la climatología del sureste español», ha indicado Luengo.

También se pone de relieve que las ayudas asociadas «deben mejorar su concepto de desertificación y otorgar un mayor apoyo al sector ganadero, sobre todo a la ganadería sin base territorial; y, desde luego, incluir a la flor cortada y planta ornamental como programa sectorial, conforme al compromiso asumido el pasado mes de febrero por el ministro de Agricultura».

Luengo ha señalado que la PAC «surgió para equilibrar rentas, y la Región de Murcia se encuentra, y seguirá siendo así, entre las regiones productivas que menos perciben, cuando debería percibir más por su realidad productiva».

Esta nueva PAC «nació con unas expectativas de cambio, pero con los planteamientos actuales va a seguir siendo una PAC injusta, porque dos explotaciones iguales deberían tener la misma PAC, independientemente de su situación geográfica», ha concluido el consejero.

La Comunidad Autónoma y las entidades del sector agrario regional presentarán su documento de alegaciones esta semana, con el fin de que incluyan en el Plan Estratégico Nacional, que será remitido a la Unión Europea para su aprobación en un plazo de seis meses. La nueva PAC se aplicará a partir del 1 de enero de 2023.

Telefónica ha conseguido el visto bueno de CCOO y UGT a las condiciones negociadas para el Plan Social de Empleo, la prórroga del Convenio Colectivo y el Plan de Suspensión Individual, por lo que aprobará la firma del acuerdo previsiblemente mañana, según han confirmado los sindicatos en sendos comunicados.

Los dos sindicatos se reunirán mañana con la empresa para la firma del acuerdo, donde quedarán recogidas las garantías tanto para los trabajadores que cumplan los requisitos del Plan de Suspensión Individual, y que voluntariamente quieran acogerse.

Las condiciones para acogerse al plan establecen 15 años de años de antigüedad y haber nacido en el año 1967 o anteriores. De su lado, la prórroga del Convenio Colectivo del 2023 extiende las garantías para la plantilla que cumpliendo dichos requisitos decidan no hacerlo y para el resto de trabajadores que se queden en Telefónica.

CCOO ha dado hoy el sí al acuerdo tras un amplio debate celebrado en los órganos de dirección del sindicato y en asambleas previas.

Por su parte, el consejo sectorial de UGT Comunicaciones y Cultura ha refrendado este lunes las condiciones negociadas para el Plan Social de Empleo, la prórroga del Convenio Colectivo y el Plan de Suspensión Individual de Telefónica, con lo que aprobará la firma del acuerdo.

Según han indicado fuentes del sindicato, los trabajadores «han compartido la estrategia de UGT para garantizar la estabilidad laboral futura del grupo Telefónica, al tiempo que comparten las condiciones pactadas para el Plan de Suspensión Individual».

No obstante, la organización ha indicado que estas «no son exactamente iguales a las anteriores», aunque reconoce que «respetan en esencia los puntos fundamentales de todos los acuerdos». Estos son el 100% de voluntariedad y una dotación en rentas que permita la estabilidad económica de los empleados que decidan acogerse al programa.

Telefónica ha elevado al 38% el porcentaje máximo de salidas en las áreas consideradas estratégicas en el marco del programa de salidas voluntarias que negocia con los sindicatos y que podría afectar así a un máximo de 2.980 empleados, con opción a inscribirse desde el 1 de febrero.

En total, 4.532 trabajadores de la empresa que cumplan con los requisitos de tener 54 años y más de 15 años de experiencia en la firma podrán acogerse al plan.

De aprobarse el plan, los empleados que se acojan saldrían de la empresa con un 68% de su salario si nacieron en 1967, o un 65% si lo hicieron en años posteriores. Unido a este acuerdo, habría otro que se traduciría en la extensión del convenio colectivo con subidas salarias y bonos para compensar la inflación, así como un pacto social y de empleo.

Además, los empleados que no puedan acceder a una jubilación a los 65 años podrán pedir que la cantidad comprometida en la renta se distribuya en 24 mensualidades más hasta llegar a los 67 años de la jubilación.

Por lo demás, la compañía mantendrá el 100% del coste del convenio con la Seguridad Social, por lo que no supondrá costes para las arcas estatales, y mantendrá la póliza de salud, seguro médico y plan de pensiones hasta los 65 años, siempre y cuando los trabajadores aporten su parte en el último caso.

Además del 38% de adhesión máxima en áreas estratégicas, se podrán adscribir el 75% de los trabajadores en áreas con excedente de personal, entre las que hay más de 3.000 empleados elegibles, y la totalidad de los responsables de equipo en posiciones de coordinador, jefe y gerente (214 personas).

Los nacidos en 1967 tendrán prioridad para salir de la compañía, ya que son la generación que no ha podido optar a ninguno de los anteriores Planes de Salida Individuales. Tras ellos, el segundo criterio será la antigüedad en la empresa.

EXTENSIÓN CONVENIO Y PACTO SOCIAL

Además, Telefónica ha propuesto la prórroga del convenio colectivo hasta finales de 2023 con una revisión salarial del 1,5% de la masa salarial y un plus de 300 euros a todas las personas trabajadoras incluidas dentro del ámbito del convenio que estuvieran dados de alta a fecha 1 de enero de 2023.

De esa cantidad, 150 euros se consolidarán en el ejercicio 2024, mientras que se garantiza que para 2023 no habrá pérdida del poder adquisitivo.

Se mantiene la cláusula de garantía salarial para el periodo 2019 a 2022 (ambos incluidos), manteniendo los términos recogidos en la prórroga del II Convenio Colectivo, así como la incorporación de 400 profesionales nuevos a la empresa.

En cuanto al Plan Social de Empleo, la compañía se ha comprometido a alcanzar un 33% de mujeres directivas para 2024, así como implementar un modelo de flexibilidad definitivo y acelerar la incorporación de perfiles híbridos que combinen aspectos tecnológicos, humanísticos y de negocio o procedentes de la formación profesional.

El nuevo plan contará también con un mínimo del 5% del total de plazas creadas para talento joven para personas con diversidad funcional y una gran oferta de formación continua.

Asimismo, la operadora ha abierto la puerta a analizar y promover una mayor concentración en capitales de provincias y núcleos poblacionales importantes, así como valorar nuevas oportunidades gracias al teletrabajo con la posibilidad de deslocalizar algunas actividades para garantizar empleo en más provincias.

Hoteles Manilva y Globalia Travel Club son algunas de las empresas turísticas que encabezan en estos momentos el listado público de contribuyentes morosos con el Ministerio de Hacienda. Este año el grupo turístico de cruceros Pullmantur también entra en el famoso listado negro de deudores ya que se han añadido 4.000 nuevos morosos a la lista al incluir a contribuyentes con deudas de más de 600.000 euros.

El endurecimiento de la regulación vigente desde la primera publicación del listado en el año 2015, ha ampliado a 7.277 el número de contribuyentes (particulares y empresas) que aparecen en la lista respecto a los 3.869 que figuraban en la difundida el pasado mes de junio. Además, se incluyen expresamente en el listado no solo a los deudores principales, sino también, y como novedad, a los responsables solidarios.

La aerolínea Spanair y Hoteles Manilva son algunas de las compañías vinculadas al sector turístico que se mantienen un año más en la lista de morosos publicada este lunes por Hacienda y recogida por Europa Press, que incluye nuevos deudores como Globalia Travel Club Spain.

A la cabeza del listado de morosos turísticos se encuentra Hoteles Manilva, que, un año más, repite en el listado como una de las empresas españolas que mayor montante acumula de deuda en el sector turístico. En el último listado aparece que la compañía malagueña acumula un total de 23,3 millones de deuda, la misma cifra que el pasado año.

Otra empresa que entra en el listado publicado este lunes por la Agencia Tributaria con un elevado nivel de deuda es Globalia Travel Club, con más de 20,9 millones de euros. El pasado mes de abril, la Audiencia Nacional ordenó a la compañía devolver a Hacienda 17,49 millones de euros en concepto de IVA por los ejercicios de 2010 y 2011 de Travelplan, su división mayorista. Durante esos años, el grupo no presentó liquidaciones de IVA para Globalia Travel Club Spain, al entender que, al estar domiciliada en Canarias, quedaba exenta del pago de dicho impuesto.

También repite en los primeros puestos del listado la aerolínea Spanair, que cesó sus operaciones a finales de 2012 y debe a Hacienda 7,15 millones de euros. En septiembre de 2014, el Juzgado Mercantil 10 de Barcelona condenó a todos los miembros del consejo de administración, entre ellos Ferran Soriano, el que fuera su presidente, y a la sociedad de la Generalitat Avançsa a pagar solidariamente la cantidad de 10,8 millones de euros.

En cuanto al aeropuerto de Ciudad Real, cuya construcción costó unos 450 millones de euros, acumula una deuda con Hacienda de 3,45 millones de euros. La deuda es de los antiguos propietarios del aeródromo, no de los actuales.

Cabe destacar que la mayoría de empresas del sector turístico y aéreo que aparecen en la lista de Hacienda ya han desaparecido por quiebra o se encuentran en concurso de acreedores.

AIR COMET DEBE CASI 14 MILLONES.

En la lista también figura un año más Air Comet, con una deuda de 13,9 millones a Hacienda, compañía a la que se le retiró su licencia de vuelo a finales de 2009 por insolvencia, dejando a 24.000 afectados (equivalentes a 45.000 trayectos vendidos sin realizar).

TAG Aviation España, filial de TAV Aviation y especializada en vuelos chárter que entró en la lista hace dos años tras declararse en concurso de acreedores, adeuda 11,9 millones.

Entre otras empresas que se mantienen en la lista, destaca Iberoworld Airlines (antes Orbest), con una deuda de 7,2 millones, propiedad del grupo turístico Orizonia Travel Group, que adeuda 3,9 millones de euros al fisco. También repite en la lista Gadair European Airlines (1,33 millones).

HOTELEROS Y TUROPERADORES

En el listado de morosos de Hacienda figuran varias de las filiales del desaparecido grupo Orizonia: Viajes Iberia (8,1 millones), Viajes Iberojet Transcontinental (1,74 millones) e Iberotravel Vacations Holding (1,72 millones). Entra en la lista Vialmar Galicia con 3,5 millones de deuda.

Entre las hoteleras con una deuda al fisco que superan el millón de euros figuran: Hotel Almería (9,8 millones); Rustic Hotel (9,59 millones), Hotels Rosincs Unipersonal (9,82 millones) y Hotel Brasilia Playa (5,4 millones); Hotels Works 2012 (3,88 millones); Hoteles Europeos (3,9 millones); EveMarina Hoteles (2,2 millones) y Hotel Rincón Andaluz (1,68 millones) y Hoteles Costa Oriental (1,2 millones).

Se mantienen en lista Sudafricana de Hoteles (5,8 millones); la Compañía Internacional de Parques y Atracciones de Benalmádena que adeuda 4 millones; Apartamentos Arenas (2,6 millones). En la lista, también figura Apartamentos Paseo Marítimo (1,31 millones), Siddaharta Hotel (1,76 millones) y Tropical Hotels (1,38 millones).

NUEVO LIMITE DE DEUDA.

La octava lista de morosos de la Agencia Tributaria incluye un total de 7.277 deudores de más de 600.000 euros con Hacienda a 31 de agosto de 2021, mientras que el importe global de deudas recogido en el nuevo listado alcanza los 18.200 millones de euros, según fuentes de la Agencia Tributaria.

Si se compara con la anterior lista publicada en junio de 2021, el número de deudores se ha disparado un 88%, mientras que el importe global de la deuda lo ha hecho un 29,4%, si bien hay que tener en cuenta que 3.000 millones del importe total (18.200 millones) aparecen duplicados como consecuencia de la inclusión de las derivaciones de responsabilidad solidaria.

Homogeneizando criterios con los de los listados anteriores, el número de deudores sería de 3.439, un 11% menos con respecto al listado anterior, mientras que el importe ascendería a algo más de 12.800 millones de euros, por lo que la variación respecto al último listado publicado es, en términos homogéneos, de un 9% menos.

Del total de 7.277 deudores que figuran en este último listado, 1.367 son personas físicas por importe de 2.081 millones de euros (en la lista anterior eran 312 por importe de 673 millones de euros) y 5.910 son personas jurídicas por importe de 16.150 millones (frente a los 3.557 de la pasada lista de junio y 13.426 millones).

Del importe total, más de 7.200 millones de euros, el 40% del total, se corresponde con deudores en proceso concursal (más de 2.176 deudores, el 30% del total) y, por tanto, es deuda afectada por un proceso en el que las posibilidades de cobro efectivo de las deudas se encuentran limitadas mientras dure el propio proceso concursal.

En el listado anterior, la proporción era mayor, con algo más de 7.270 millones de euros (el 51%) y más de 1.696 deudores, el 44% del total.