Si alquilas una habitación, el nuevo decreto de vivienda te blindará a partir de este martes. El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar un paquete de medidas que refuerza los derechos de los inquilinos, regula por primera vez el alquiler de temporada y de habitaciones, y establece un gravamen a las socimis.
Indignómetro
Nivel de impacto social: 8/10. La medida afecta de lleno a los más de un millón de inquilinos que viven en habitaciones y a los que firman contratos temporales, además de endurecer la fiscalidad de las socimis.
Qué cambia en el alquiler de habitaciones
Hasta ahora, alquilar una habitación no se consideraba vivienda habitual, lo que dejaba al inquilino en una situación vulnerable. El nuevo decreto incorpora este tipo de alquiler a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), lo que supone que los contratos pasan a ser de cinco años —siete si el arrendador es una empresa—, con prórrogas obligatorias y plenas garantías. Eso significa que el casero no podrá entrar sin avisar, y el inquilino tendrá derecho a las mismas protecciones que quien alquila un piso completo.
Además, la suma de los alquileres de las habitaciones no podrá superar el precio total de la vivienda, aunque esta limitación solo se aplicará, de momento, en las comunidades autónomas o ciudades donde ya exista control de precios del alquiler. El objetivo es evitar que los propietarios troceen el piso para inflar la renta.
En paralelo, los contratos de temporada —muy usados para sortear las restricciones de la LAU— tendrán una duración máxima de doce meses y deberán justificar la temporalidad. Pasado ese plazo, se considerarán vivienda habitual.
Los contratos de habitación pasarán a ser de cinco a siete años y el inquilino tendrá derecho a no ser molestado por el casero sin previo aviso.
Nuevos derechos y protecciones para los inquilinos
El decreto refuerza la posición del inquilino en varios frentes. Las pequeñas reparaciones por desgaste correrán a cargo del casero y, para descontar cantidades de la fianza, deberá firmarse un documento de conformidad entre ambas partes. Además, si el inquilino presenta un presupuesto de reforma y el propietario no lo aprueba en unos días, podrá ejecutarlo y descontar el coste de las rentas.
Las reparaciones de vivienda habitual quedarán exentas de IVA. En cuanto a los desahucios, las comunidades autónomas deberán ofrecer una vivienda alternativa a las familias afectadas. Si no lo hacen, el lanzamiento se suspenderá y, si el casero no es gran tenedor, la comunidad cubrirá los impagos.
Otra novedad relevante es la ampliación de las prórrogas: todos los contratos que venzan antes de junio de 2028 tendrán que ser prorrogados de forma obligatoria, salvo que el propietario necesite la vivienda para uso propio. Tampoco se podrán repercutir gastos extra al inquilino para superar el precio tope del alquiler en zonas tensionadas, y las viviendas de alquiler protegido no podrán tener gastos que eleven el coste por encima del 30% de los ingresos del arrendatario.
Un gravamen a las socimis y otras medidas fiscales
Las sociedades cotizadas inmobiliarias (socimis), que hoy tributan al 0% en el impuesto de sociedades, pasarán a pagar un gravamen especial de entre el 15% y el 25% sobre su actividad. La tasa se bonificará si destinan una parte significativa de sus viviendas al alquiler social. Además, el decreto incluye bonificaciones en el IRPF para los caseros que alquilen a jóvenes o a precios asequibles, y para los propios inquilinos jóvenes.
El Gobierno también obligará a incluir el precio del índice de referencia en los anuncios de pisos en alquiler, incluso fuera de zonas tensionadas. Y se habilitan líneas de avales del Consejo de Ministros del ICO por 2.000 millones de euros para financiar vivienda social y 280 millones para construcción industrializada.
El camino legislativo: un decreto que deberá sortear la bronca política
El decreto, que se aprobará en Consejo de Ministros y se publicará en el BOE, necesita después la convalidación del Congreso en un plazo de treinta días. Y ahí no lo tendrá fácil. Junts ya ha avisado de que votará en contra si no se incluyen medidas fiscales para hipotecados e inquilinos en general, y disposiciones antiokupación. La derecha, por su parte, amenaza con tumbar la norma en bloque.
Además, Podemos ha mostrado su preocupación por la modificación de la Ley del Suelo que incorpora el texto: temen que pueda legalizar proyectos urbanísticos irregulares de forma retroactiva y reducir los controles sobre futuros desarrollos. Esta es la línea roja que podría romper la mayoría de la investidura si no se negocia.
El precedente no es halagüeño. El anterior decreto de vivienda, aprobado en 2024, estuvo a punto de decaer en el Congreso y solo sobrevivió gracias a la abstención de Junts. Con un Parlamento más fragmentado, el Gobierno se juega la credibilidad en una materia que toca el bolsillo de millones de españoles. La votación de convalidación será, probablemente, uno de los primeros grandes test del nuevo curso político.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: El Gobierno llevará este martes al Consejo de Ministros un decreto que blinda al inquilino, regula el alquiler de habitaciones y temporada, y crea un gravamen a las socimis.
- Por qué te importa: Si alquilas una habitación o un piso, tus derechos se refuerzan: contratos más largos, reparaciones a cargo del casero y más protección ante desahucios.
- A quién afecta: A millones de inquilinos, especialmente jóvenes que comparten piso, y a las socimis, que pagarán más impuestos.
- Hacia dónde vamos: El decreto deberá convalidarse en el Congreso en un mes, con el voto en contra de la derecha y las dudas de Junts y Podemos.
