Estos días atrás, mientras varios incendios forestales arrasaban distintas zonas de la Comunidad de Madrid y obligaban a evacuar a miles de personas, un grupo de bomberos forestales grababa un vídeo desde su base en Las Rozas. No estaban apagando fuegos. Estaban sentados, uniformados, sin nada que hacer. Habían solicitado ser activados para acudir al incendio de Almorox, pero no disponían de vehículos, camiones ni herramientas para desplazarse. La imagen resume un conflicto que lleva más de un año enquistado y que ha estallado en el peor momento posible.
El jueves, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, declaró la emergencia de interés nacional en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila como consecuencia de los incendios forestales activos en Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias y Burgohondo. La presidenta Isabel Díaz Ayuso había solicitado la activación de la Situación Operativa 3, el nivel más alto de la escala, que transfiere la dirección de la emergencia al Gobierno central. Los fuegos, avivados por las altas temperaturas y el viento, han provocado evacuaciones masivas de miles de vecinos en varios municipios de la región.
La declaración de emergencia nacional ha puesto el foco, una vez más, en el dispositivo de extinción de incendios de la Comunidad de Madrid y en la situación que arrastran sus bomberos forestales. Un colectivo que lleva más de un año denunciando precariedad, falta de medios y abandono institucional, y que en abril ya advirtió de que el verano podía ser catastrófico si no se tomaban medidas.
Los bomberos forestales empleados por TRAGSA, la empresa pública que gestiona el servicio en la región, iniciaron una huelga en julio de 2025 que se convirtió en indefinida al no obtener respuesta. A día de hoy, el paro supera los 370 días y se ha convertido en una de las huelgas más largas del sector público en la comunidad. Por otro lado, los bomberos forestales del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, directamente contratados por la administración, mantienen su propio conflicto desde 2023.
Un convenio caduco, temporalidad y salarios bajos
En el centro del conflicto de los trabajadores de TRAGSA se encuentra la negociación de un nuevo convenio colectivo que sustituya al vigente, firmado en 2008 y que el comité de huelga considera completamente obsoleto.
Jesús Molina, bombero forestal y presidente del comité de trabajadores, lo explicaba al diario Qué! hace unos meses: "El convenio tiene más de 17 años de caducidad y en ese tiempo el IPC ha subido un 34,6 %, mientras que los salarios apenas se han movido. Algunas categorías, como la de peón, cobran en torno a 1.250 euros mensuales, una cifra que roza el salario mínimo interprofesional y que los trabajadores consideran incompatible con el nivel de riesgo que asumen".
Asimismo, los bomberos denuncian la temporalidad estructural del servicio, ya que buena parte de la plantilla solo trabaja cuatro meses al año durante la campaña de verano, sin estabilidad el resto del año.
Según los datos que maneja el comité de huelga, el dispositivo ha perdido efectivos de forma constante, pasando de unos 530 trabajadores a aproximadamente 420, con brigadas que han perdido de media dos componentes cada una. Muchos profesionales han terminado marchándose a otras comunidades autónomas o cambiando de sector, cansados de una situación que no mejora.
La Ley 5/2024 que la Comunidad de Madrid
La aprobación en noviembre de 2024 de la Ley 5/2024, básica de bomberos forestales, debería haber supuesto un punto de inflexión. La norma, impulsada por el Gobierno central y ratificada por el Congreso y el Senado, establece una única categoría profesional de bombero forestal y reconoce pluses de peligrosidad, toxicidad y esfuerzo físico, entre otros. Sin embargo, la Comunidad de Madrid no la ha aplicado a una parte significativa de su plantilla.
61 bomberos forestales del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad llevan desde el mes de mayo acudiendo a diario a la Dirección General de Emergencias, uniformados pero sin tareas asignadas. Sus contratos siguen clasificándolos como conductores de vehículos o personal de mantenimiento, sin acceso a los complementos salariales que la ley reconoce. De los 98 que aprobaron el proceso de estabilización, solo 61 permanecen activos; el resto optó por otros empleos ante la falta de perspectivas.
El salario de estos profesionales ronda los 1.400 euros netos mensuales, y el comité de huelga asegura que la Consejería de Interior condiciona cualquier negociación a que los trabajadores suspendan primero la huelga.
Casi 400 días de huelga por un convenio que lleva más de 17 años caducado y falta de protección suficiente ante agentes cancerígenos
A esta situación contractual se suman las condiciones materiales de las bases operativas. En febrero de 2026, con la huelga ya superando los 210 días, el Comité de Seguridad y Salud presentó una denuncia formal ante la Inspección de Trabajo por graves incumplimientos en prevención de riesgos laborales en 17 de las 25 bases repartidas por la región.
Lo contamos en este medio: las inspecciones revelaron falta de separación entre zonas limpias y sucias, un aspecto crítico cuando los trabajadores están expuestos a agentes cancerígenos derivados de los incendios. En algunas instalaciones, la ropa contaminada se lava en los mismos espacios donde se preparan y consumen alimentos.
El propio Jesús Molina nos decía que, cada vez que acuden a una intervención, compran papeletas para lo que él denomina "la rifa del cáncer". Las bases presentan además deterioro estructural importante, con edificios envejecidos que en algunos casos conservan cubiertas de uralita con amianto, un material catalogado como cancerígeno cuya gestión y retirada están sometidas a una regulación estricta.
Los bomberos forestales ya advirtieron de los incendios de este verano
Como hemos comentado al inicio de este texto, en abril de 2026 (cuando la huelga cumplía 276 días) el comité de bomberos forestales lanzó un aviso del que ahora nos acordamos. Los trabajadores alertaron de que la falta de avances coincidía con un dispositivo mermado y con menos trabajo preventivo, una combinación que incrementaba el peligro para la población y para el medio natural de cara al verano.
El propio comité denunció entonces que los trabajos preventivos se habían recortado en un 50 % durante el invierno previo, lo que significaba menos tratamientos selvícolas, menos limpieza de combustible vegetal, menos mantenimiento de accesos y puntos de agua.
La advertencia era especialmente relevante porque las abundantes lluvias del invierno y la primavera habían favorecido un crecimiento excepcional de pastos y matorral que, con la llegada del calor, se secan rápidamente y se convierten en material altamente inflamable. Es un patrón conocido por los especialistas en incendios forestales y que la Agencia Estatal de Meteorología y el Ministerio para la Transición Ecológica venían señalando en sus informes como factor de riesgo en el centro peninsular.
Los bomberos pidieron entonces a TRAGSA una negociación inmediata y a la Comunidad de Madrid que dejara de mirar hacia otro lado. La respuesta fue el silencio. El comité de huelga sostiene que la empresa pública se ha negado sistemáticamente a sentarse a negociar y que el Gobierno regional se ha comportado como si el conflicto no fuera con él, pese a ser titular del servicio.
La Consejería de Interior alegaba que no se le había solicitado reunión al nuevo director de Emergencias, mientras que los trabajadores aseguran que la Comunidad se levantó de la mesa de negociación en febrero de ese mismo año.
El escenario que los bomberos temían se ha materializado con los incendios que han asolado la región en los últimos días.
La Unidad Militar de Emergencias ha asumido la dirección operativa tras la declaración de emergencia nacional, y sus efectivos trabajan junto a dotaciones de bomberos de la Comunidad, del Ayuntamiento de Madrid y de otras administraciones.
"Seguiremos ahí hasta que la Comunidad de Madrid quiera sentarse con nosotros", dice Toni, uno de los portavoces de los bomberos forestales.
