Miles de mujeres víctimas de violencia de género esperan hasta un año para que un juzgado valore su caso, según un reportaje publicado este 11 de junio. La saturación de los equipos psicosociales provoca demoras que mantienen a las víctimas en una situación de incertidumbre y angustia.
Aurora (nombre ficticio) es una de ellas. Denunció a su maltratador y pidió una valoración del equipo técnico del juzgado. Esperó ocho meses para que le hicieran la evaluación y lleva otros tres aguardando los resultados. Su historia refleja una realidad sistémica: los retrasos superan los doce meses en casos de violencia machista y pueden llegar a dos años en procesos de divorcio.
La misma saturación afecta a los juzgados de familia, donde los informes para determinar la custodia de los hijos en casos de divorcio se demoran hasta dos años. Los equipos psicosociales, formados por un psicólogo y un trabajador social, acumulan expedientes sin descanso.
Por qué se producen estos retrasos en los juzgados
Los juzgados especializados en violencia sobre la mujer y los de familia llevan años alertando de la falta de personal. Un solo equipo puede tener que realizar decenas de valoraciones al mes, y cada una requiere entrevistas análisis de documentación y un informe detallado. La demanda no deja de crecer y los recursos se mantienen insuficientes. Según el reportaje de El País, la situación se ha vuelto crítica en varias comunidades autónomas, especialmente en aquellas con mayor carga judicial como Madrid o Andalucía.
El impacto en las víctimas: vidas en pausa
Para una víctima de violencia machista, la espera de un informe psicosocial no es un mero trámite burocrático. Mientras el juzgado retrasa la valoración del daño, la mujer sigue enfrentándose a su agresor en el día a día si hay medidas de alejamiento insuficientes o hijos en común. El miedo se cronifica. Cada mes de demora añade una losa psicológica y económica que dificulta la recuperación.
En los divorcios contenciosos, la tardanza en el informe pericial retrasa decisiones sobre la custodia de los menores, alimentando el conflicto familiar. La mayoría de los afectados carecen de recursos para acelerar por vías privadas un proceso que ya resulta emocionalmente agotador. La falta de informes también puede llevar a que los jueces dicten medidas cautelares menos restrictivas por falta de evidencia pericial, según advierten voces del ámbito judicial.
Detrás de cada expediente acumulado hay vidas que no pueden avanzar mientras la justicia tarda.
Un colapso que viene de lejos
La crisis de los equipos psicosociales no es nueva. Hace años, los tribunales ya señalaron la necesidad de reforzar estas unidades para cumplir con los plazos. La pandemia y el aumento de denuncias por violencia de género agravaron aún más la saturación. Sin una inversión específica y un plan de refuerzo, los tribunales continuarán lastrados por un atasco que convierte en papel mojado el derecho a una tutela judicial efectiva.
El informe forense es clave para acreditar el daño y orientar las medidas de protección. Pero cuando el sistema tarda un año en emitirlo, la víctima puede quedar desprotegida y el agresor sin la respuesta penal que le corresponde. La lentitud erosiona la confianza en la Justicia y disuade a muchas mujeres de denunciar.
Si eres víctima de violencia de género, puedes llamar al 016, un teléfono gratuito y confidencial que no deja rastro en la factura. En emergencias, el 112 está disponible las 24 horas.
📌 El foco social: las claves
- 🔎 Qué es lo importante: Los juzgados especializados acumulan retrasos de más de un año para emitir informes psicosociales en casos de maltrato.
- 👥 Quiénes son los afectados: Mujeres víctimas de violencia machista y familias atrapadas en procesos de divorcio contencioso.
- ➡️ Qué consecuencias puede traer: Prolongación del sufrimiento, desprotección de las víctimas y pérdida de confianza en el sistema judicial.
