Si los mensajes que imputan a José Luis Rodríguez Zapatero por tráfico de influencias se obtuvieron sin las garantías que exige la justicia española, su defensa está a punto de pedir que se anule todo. Y para saberlo ha puesto la lupa en Estados Unidos: el equipo legal del expresidente pide ahora que se amplíe la comisión rogatoria —el mecanismo de cooperación judicial internacional— para conocer al milímetro cómo llegó a manos de la Policía española el teléfono del empresario Rodolfo Reyes Rojas.
El instructor del caso Plus Ultra, el juez José Luis Calama, tendrá que decidir si acepta la petición y reclama a Washington los detalles del volcado. La defensa, liderada por el procesalista Víctor Moreno Catena, argumenta que la información facilitada hasta ahora por el Homeland Security Investigations es tan escueta que genera «dudas razonables» sobre la licitud de la prueba.
¿Qué reclama exactamente la defensa de Zapatero?
El escrito registrado este miércoles en la Audiencia Nacional va mucho más allá de un simple formalismo. La defensa quiere saber, punto por punto, cómo se incautó el dispositivo, si había una orden judicial que lo amparara, de qué manera se extrajeron los mensajes y cómo se custodiaron durante los cinco años que tardaron en ser remitidos a España. Sin esa trazabilidad, sostienen, la prueba no puede usarse ni como indicio en la fase de instrucción.
Entre los extremos que se solicitan figuran la «concreta resolución judicial» o autorización administrativa que dio cobertura al clonado, los informes y actas del departamento estadounidense que realizó la extracción, el software utilizado y hasta los hashes —las huellas digitales del archivo— que acreditan que los mensajes no han sido manipulados.
¿Por qué estos mensajes son la clave del caso?
Las conversaciones halladas en el teléfono de Reyes Rojas fueron las que convencieron al instructor para imputar a Zapatero como «núcleo decisor y estratégico de la red» de tráfico de influencias. En ellas aparecen frases como «Nuestro pana Zapatero detrás» o «Mañana Zapatero interviene directamente» que la acusación sitúa en el corazón de la trama.
El problema es que esas comunicaciones llegaron a la UDEF en marzo de 2025, cinco años después de ser copiadas por el Homeland Security, en un momento de máxima tensión entre la Administración de Donald Trump y el Gobierno de Pedro Sánchez. La defensa sospecha que el retraso y la ausencia de documentación técnica esconden un procedimiento que no respetó las garantías constitucionales españolas.
El precedente que podría invalidar la prueba
No es la primera vez que un tribunal español se enfrenta a una prueba obtenida en el extranjero sin una cadena de custodia clara. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional exige que cualquier material probatorio, venga de donde venga, se someta a los mismos estándares de licitud que si se hubiera obtenido en España. Si no se acredita que la incautación del teléfono respetó el derecho a un proceso con todas las garantías, la imputación de Zapatero quedaría en el aire.
La defensa recuerda en su escrito que «es imprescindible que aquellos contra los que las actuaciones procesales se dirigen puedan disponer […] de una posibilidad real y efectiva de discutir y controvertir acerca de la autenticidad, integridad y trazabilidad» de los materiales. En otras palabras, sin los datos que ahora se reclaman a Estados Unidos, el expresidente no podría ejercer plenamente su derecho de defensa.
El volcado del teléfono se hizo en 2021 pero la información no llegó a España hasta 2025, sin que se hayan detallado aún los pasos intermedios.
Mientras el juez Calama resuelve si amplía la comisión rogatoria, el caso Plus Ultra se dirige a un punto de inflexión. Si el instructor acepta la petición, Estados Unidos tendrá que desvelar un procedimiento que hasta ahora ha permanecido opaco; si la rechaza, la defensa tendrá un argumento de peso para pedir la nulidad de la prueba. Lo que está en juego no es solo el futuro procesal del expresidente, sino también la confianza en que la cooperación policial internacional no sirva de atajo para esquivar los derechos fundamentales.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: La defensa de Zapatero ha pedido al juez Calama que amplíe la solicitud de cooperación a EE. UU. para obtener todos los detalles del volcado del teléfono de Rodolfo Reyes.
- Por qué te importa: La validez de una prueba obtenida en el extranjero sin garantías puede sentar un precedente sobre cómo se protegen los derechos fundamentales en procesos penales de alto perfil.
- A quién afecta: Al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, imputado por tráfico de influencias; al empresario Rodolfo Reyes, cuyo teléfono fue intervenido; y, en última instancia, a cualquier ciudadano que pueda verse investigado con pruebas de origen internacional.
- Hacia dónde vamos: El juez decidirá si amplía la comisión rogatoria. Si acepta, Estados Unidos deberá detallar el procedimiento; si no, la defensa probablemente recurrirá la imputación por falta de garantías.
