Hace dos años, el Gobierno descartaba restringir el móvil en las aulas con un «poner puertas al campo». Un mes después cambió de idea y pidió un pacto de Estado. Ese acuerdo nunca se selló, pero 14 comunidades autónomas aprobaron prohibiciones o límites. Ahora, un estudio del Ministerio de Educación revela que el 40% de los institutos permite el teléfono con fines pedagógicos, y desvela una notable brecha entre los centros públicos y los privados.
Los datos, recogidos en la primera estadística oficial sobre digitalización escolar, reflejan disparidades territoriales muy acusadas. En La Rioja solo el 17% de los institutos de ESO usa el móvil como herramienta educativa, mientras que en Extremadura lo hace el 76%. Entre ambos extremos se sitúan autonomías como Baleares (29%), Cataluña (31%), Madrid (36%) o Andalucía (39%), con niveles de uso moderado.
Radiografía del móvil educativo: de Extremadura a La Rioja
La ESO es la etapa donde más contrasta la aplicación de las restricciones. El estudio muestra que el móvil con fines didácticos se usa mucho más en Bachillerato (50%) y en Formación Profesional (entre el 55% y el 59%) que en la educación obligatoria. La estadística, sin embargo, no es uniforme ni siquiera dentro de la ESO: la Comunidad Valenciana (41%), Cantabria (45%), Canarias (46%), Aragón (48%) y Castilla-La Mancha (51%) forman un bloque intermedio, mientras que Navarra (55%), Castilla y León (59%), Murcia (62%) y Asturias (63%) superan la media nacional del 40%.
Todas estas comunidades tienen normas restrictivas sobre el uso de teléfonos en clase, pero los matices son muy diferentes. En Castilla y León se veta el móvil salvo que esté previsto en el proyecto educativo; en Andalucía la excepción exige «criterios debidamente justificados»; en Galicia, la Comunidad Valenciana, Canarias o La Rioja se permite con supervisión del profesor; y en Extremadura se requiere incluso una autorización paterna por escrito.
Por qué la escuela pública usa más el móvil (y los ordenadores)
La fotografía que deja la encuesta oficial es clara: los centros privados son más restrictivos con el uso educativo del teléfono. Solo el 29,9% de los institutos de titularidad privada permite el smartphone con fines pedagógicos, frente al 47,5% de los públicos. La brecha se repite con los ordenadores: en la escuela pública hay una media de 1,9 alumnos por dispositivo (portátil, tableta u ordenador de sobremesa), mientras que en la privada la ratio sube a 2,7 estudiantes por equipo. Durante la pandemia del covid la diferencia fue menor —2,3 alumnos por ordenador en la pública y 2,8 en la privada—, lo que indica que la distancia se ha ensanchado en los últimos años.
Este desfase responde en parte a la disparidad de recursos, pero también a la cultura digital y a las decisiones de cada claustro. Las comunidades con mayor peso de la pública, o con políticas educativas más proactivas en la digitalización, tienden a mantener el móvil como una herramienta más dentro del aula, siempre bajo supervisión.
El giro político: del «puertas al campo» a las restricciones sin pacto nacional
La historia de la prohibición arranca a finales de 2023. En noviembre, el Ejecutivo central defendía que limitar el móvil era «poner puertas al campo». Apenas un mes después, la entonces ministra Pilar Alegría anunció un pacto de Estado para consensuar restricciones con todas las comunidades autónomas, ante «la inquietud de las familias». Aquel pacto nunca se materializó, pero la mayoría de autonomías terminó regulando por su cuenta.
Solo tres regiones carecen hoy de una normativa autonómica clara: el País Vasco, que ha dado pautas genéricas y deja la decisión en manos de los centros; Asturias, que convirtió sus instrucciones en meras orientaciones tras un recurso judicial; y Navarra, que aplaza la aprobación de un decreto foral de convivencia. El resto de territorios comparte la idea de vetar el móvil como norma general, pero introduciendo numerosos portillos para el uso pedagógico.
Los centros públicos permiten el móvil educativo casi el doble que los privados, una diferencia que se ha ampliado desde la pandemia.
¿De verdad sirve prohibir el móvil en clase?
Mientras las consejerías aseguran que las restricciones «han mejorado la convivencia» y reducido conflictos, las primeras investigaciones internacionales que han evaluado el veto ofrecen conclusiones más cautas. Un estudio publicado en The Lancet tras comparar a 1.227 adolescentes de entre 12 y 15 años en 30 centros ingleses —unos restrictivos y otros permisivos— concluyó que retirar los teléfonos del aula reduce su uso durante el horario escolar, pero no mejora el bienestar mental ni disminuye el tiempo de pantalla fuera del colegio.
Los autores, de la Universidad de Birmingham, subrayan que las políticas escolares restrictivas, en su forma actual, no influyen de manera significativa en la salud mental, física o cognitiva de los adolescentes. Recomiendan un enfoque integral que aborde el uso del móvil tanto dentro como fuera del entorno escolar. Este debate, todavía abierto, añade una capa de complejidad a la fragmentada regulación española y a los datos del Ministerio de Educación, que muestran la dificultad de traducir las prohibiciones en una práctica homogénea.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: El Ministerio de Educación ha publicado un estudio que muestra que el 40% de los institutos permite el móvil con fines educativos, a pesar de las restricciones autonómicas.
- Por qué te importa: La forma en que los centros usan el móvil afecta a millones de estudiantes y familias, y revela diferencias claras entre la educación pública y la privada.
- A quién afecta: Alumnos de ESO, Bachillerato y FP, así como a sus padres y al profesorado, especialmente en las comunidades con normas más o menos estrictas.
- Hacia dónde vamos: Sigue pendiente un pacto educativo nacional, y la investigación científica cuestiona que las prohibiciones por sí solas mejoren el bienestar juvenil.
