La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó este viernes que la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, es “la mejor aspirante” para ocupar la presidencia del Eurogrupo y que con ella “Europa ganaría”, al tiempo que sería “una garantía para España”.

Así lo indicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario, después de que este jueves el Ejecutivo y la propia Calviño oficializaran su candidatura al cargo que deja libre el portugués Mário Centeno, y al que también aspiran el ministro luxemburgués de Finanzas, Pierre Gramegna, y el irlandés Paschal Donohoe. La votación para elegir al presidente del Eurogrupo tendrá lugar el 9 de julio.

Según señaló Montero, “el Gobierno está convencido” de que Calviño “puede desempeñar un papel clave, fundamental” al frente del Eurogrupo, y mostró su esperanza de que su candidatura obtenga “el respaldo que merece por la solvencia, rigor, compromisos y valores”.

“Es la persona que reúne las mejores condiciones para poder optar a ese puesto, por capacidad, talento, compromiso, valores y, en definitiva, por su vocación europeísta y de servicio público, que ha demostrado antes de dedicarse a la política y ser vicepresidenta o ministra del Gobierno de España”, declaró Montero.

Además, apuntó que Calviño sería la primera mujer que presidiría el Eurogrupo y que es necesario “seguir avanzando en materia de igualdad” y que “las mujeres tienen que desempeñar papeles relevantes en la construcción europea”. “Necesitamos dar un salto de gigante”, agregó Montero sobre esta cuestión, para acto seguido añadir que “cuando vemos la foto del Eurogrupo o de otros representantes, vemos que sigue habiendo una clara evidencia de ausencia de mujeres en ese entorno”.

En cuanto a los otros dos candidatos a la presidencia del Eurogrupo, Montero afirmó que está dentro de la “normalidad democrática” y que Calviño “está encantada de poder contrastar su curriculum con otras personas”.

Respecto a los apoyos con los que cuenta la candidatura de la ministra española, la portavoz explicó que “no hablamos de cuáles son los países que apoyan esta candidatura, en primer lugar por respeto a quienes lo han manifestado, y porque hasta el último minuto todo es posible”.

Asimismo, resaltó que “España representa una pieza fundamental en este engranaje europeo” y que seguirá “impulsando políticas activas que permitan contar con instrumentos precisos para que los países que han sufrido en mayor medida la pandemia puedan aprovecharla para salir lo antes posible de la depresión económica”, haciendo de la “cohesión social y la justicia” los pilares del fondo de reconstrucción de la UE.

Por ello, aseguró que el Ejecutivo tiene “los cinco sentidos” puestos en la UE y pidió “a todos los partidos, pero sobre todo al principal partido de la oposición, que arrimen el hombro y que no anteponga los intereses partidistas”, para acto seguido agregar que un pacto en Europa “no supone un triunfo para el Gobierno de España, sino para todas las empresas y todos los ciudadanos”

Por todo ello, preguntada sobre si el hecho de que Calviño accediera a la presidencia del Eurogrupo supondría no optar a que la actual ministra de Exteriores, Arancha González Laya presida la Organización Muncial del Comercio (OMC), Montero lo rechazó, asegurando que la intención del Ejecutivo es que España pueda tener el mayor número de cargos posibles en las instituciones internacionales y promover que sean ocupados por mujeres.

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La Plataforma Representativa de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Predif) ha pedido reforzar la apuesta por la asistencia personal y evitar “recortes” sociales en la reconstrucción porque sería “catastrófico” para el sector social.

Así lo ha expresado el presidente de la entidad, Fran Sardón, recientemente relegido al frente de Predif, en una entrevista concedida a la publicación ‘Cermi.es semanal’, donde explica la crudeza de la crisis sanitaria y social actual y el efecto que ha tenido en las personas con discapacidad.

«La situación que hemos vivido con el coronavirus ha sido un varapalo tal, que, si entramos en una nueva época de recortes, puede ser la puntilla para que el Tercer Sector desaparezca y con él numerosas organizaciones de la discapacidad», alerta Sardón, quien entiende que se debe proporcionar “más apoyo que nunca” a las personas con discapacidad por ser población de riesgo.

En este sentido, resalta que la entidad está trabajando para mejorar la protección de las personas con discapacidad reclamando la regulación de unas normas básicas de obligado cumplimiento en toda España. “En una ley como la de Dependencia, generadora de derechos, es contradictorio que el derecho se cambie en función de dónde se viva”, remacha Sardón.

De alcanzarse esta regulación, se convertiría, a su juicio, en “uno de los apoyos más importantes que van a tener las personas con discapacidad para tener una vida participativa, poder vivir en comunidad y ser ciudadanos de pleno derecho”.

Asimismo, anuncia que la regulación de la figura del asistente personal será “el gran objetivo” de la entidad tanto en los próximos meses como en el año 2021, sin olvidar otros temas de especial interés para la entidad como garantizar el pleno cumplimiento de la Ley de Accesibilidad Universal, modificar la Ley de Propiedad Horizontal o mejorar las prestaciones económicas del sistema de dependencia.

En la actualidad, según expone el presidente de Predif, indica que la organización está reanudando la actividad y los servicios en la ‘nueva normalidad’. “Trabajamos en una creciente normalidad”, señala Sardón, quien no olvida la situación de dramatismo y máxima preocupación vivida durante los primeros días de pandemia.

COLABORACIÓN

Por otro lado, la publicación incluye una entrevista con el delegado del Cermi de Cooperación e Innovación Asociativas, al hilo de la reciente publicación por parte de la entidad del documento ‘Crear un futuro mejor para las personas y el planeta: Una reflexión estratégica desde el movimiento asociativo de la discapacidad’, en el que se incide en la importancia de trabajar de forma conjunta entre diferentes sectores sociales.

Como detalla Azúa, algunas de las propuestas de dicho documento son “profundizar en la actuación de las organizaciones de la discapacidad en los derechos sociales; la preocupación por el empleo; actualizar el propio proyecto de las organizaciones que permita sumar los principales movimientos sociales y ciudadanos en favor de derechos compartidos, que son retos transversales, y una gobernanza de las organizaciones más mixta”.

Paulino Azúa lamenta que en España existan buenas intenciones y luego los responsables políticos no las lleven a la práctica: “En España a veces se nos llena la boca y cuando llega la hora de poner las cosas en práctica es otro cantar. Esa presión social hay que llevarla al ordenamiento jurídico y luego hay que hacer que eso se cumpla, porque aquí se ha suscrito la Convención de la ONU sobre discapacidad”, pero su cumplimiento “dista mucho todavía de ser satisfactorio”.

EMPLEO CON APOYO

La edición 397 de ‘Cermi.es semanal’ contiene también un reportaje sobre una mesa redonda organizada por el Cermi, en la que diferentes personas expertas abordaron la necesidad de fortalecer las políticas de impulso del empleo con apoyos para personas con discapacidad.

En ella, el director general de Políticas de Discapacidad del Gobierno de España, Jesús Celada, expuso su preocupación por los datos de empleo de las personas con discapacidad y apuntó que falta “conciencia social”, pues “las empresas todavía no se atreven a incorporar a personas con discapacidad en sus plantillas y hay muchos clichés y sesgos”. Además, declaró que “falta una facilidad administrativa y es cierto que el real decreto de 2007 es complejo en su aplicación y aunque existe una normativa base, falta una normativa que blinde el puesto de trabajo de las personas con discapacidad, que fomente la promoción y la protección”.

Por su parte, la secretaria general de la Comisión de Inclusión Laboral del Cermi y secretaria general de la Federación Española de Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social (Feacem), Pepa Torres, vaticinó una “crisis social importantísima y, con ella, una importante crisis de empleo”, por lo que apremió a “reforzar las ayudas a la contratación de personas con discapacidad” y aprobar un nuevo marco legal de inclusión laboral. De que “la revolución 4.0” a la que nos veníamos acercando ya es una realidad, y por tanto debemos acostumbrarnos a ella.

El presidente de AESE, Alfonso Gutiérrez, reivindicó la necesidad de aportar estabilidad a los programas de empleo ordinario”, ya que “el empleo con apoyo, mediante la figura del preparador laboral, convierte al trabajador en una pieza fundamental dentro de la empresa, como cualquier otro y son trabajos rentables y efectivos”. Mientras, el gerente de Down España, Agustín Matía, resaltó la experiencia de su entidad para ver “con claridad” lo que no está funcionando y avisó de que, en España, “el empleo con apoyo todavía no ha encontrado el espacio que le corresponde”.

Por último, la directora y gerente de la Federación Española de Familias de Personas Sordas (Fiapas), Raquel Prieto, instó a que se hagan las adaptaciones precisas para que el teletrabajo, “que ha venido para quedarse, no deje fuera a las personas con discapacidad”. En esta línea, Silvia Sánchez, de Cermi Comunidad de Madrid, incidió en los riesgos de la brecha digital y abogó por brindar más oportunidades de formación.

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Las organizaciones colegiales, sociedades científicas y asociaciones de pacientes involucradas en la atención al paciente crónico en España agrupadas en la Plataforma Cronicidad: Horizonte 2025 (CH2025) reclamaron dotar a la atención a la cronicidad de un “reconocimiento estructural propio”, con financiación y recursos propios.

La petición se ha incorporado a un documento que incluye diez propuestas para el abordaje multidisciplinar de la cronicidad en el contexto poscovid. Además, la declaración se ha presentado ante la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados, que estudiará las propuestas recibidas para su inclusión en el documento final que se debatirá en el Parlamento.

La propuesta se basa en un estudio preliminar liderado por Boi Ruiz, director del Instituto Universitario de Pacientes de la Universidad Internacional de Catalunya (UIC) sobre de los elementos clave para el desarrollo de políticas de atención a la cronicidad en el horizonte 2025. El documento señala entre las principales prioridades, la reactivación del acceso del paciente crónico a la Atención Primaria, así como a la Atención Hospitalaria programada, según recoge la plataforma en un comunicado.

Según las entidades que la integran, una vez se hayan tomado las medidas de “vuelta a la normalidad”, será necesario dotar a la atención a la cronicidad de un reconocimiento estructural propio, más allá del modelo actual de Atención Primaria y Atención Hospitalaria.

El documento incluye aspectos relativos a la financiación y dotación de recursos, que van desde la importancia de adecuar la financiación a las necesidades de las personas, hasta contemplar recursos para la promoción de la salud y la prevención, más allá de los destinados a la atención.

La propuesta también señala prioridades como la revisión del modelo organizativo, conceptual y de asignación de recursos de la Atención Primaria y Comunitaria acorde con la realidad actual de los pacientes con enfermedades crónicas, y una mayor coordinación de la atención en residencias de mayores, además de impulsar el desarrollo del papel asistencial y sanitario del farmacéutico comunitario. También contempla puntos como la promoción de un mayor empoderamiento del paciente crónico en la toma de decisiones organizativas y asistenciales.

En esta línea, señala la necesidad de incluir la prescripción social a la enfermedad crónica al catálogo de prestaciones del SNS, además de que los planes de cronicidad contemplen, para todos los pacientes y profesionales, la dimensión de la dignidad y la humanidad de la persona.

La plataforma elaboró un plan de acciones básicas a implementar de ahora en adelante presentadas ante la comisión: reformar el catálogo de prestaciones del SNS, identificando la cronicidad con un carácter propio e incorporando la atención social como prestación; reformar la cartera de servicios para incorporar la atención a la cronicidad como un nivel de resolución multicentro y reformar la estructura presupuestaria y la organización divisional para dar cabida a la atención a la cronicidad, basando su financiación en el coste de la respuesta a las necesidades y en donde se dé, entre otras propuestas.

En la Plataforma Cronicidad: Horizonte 2025 participan organizaciones, asociaciones de pacientes y consejos generales involucrados en el abordaje de la cronicidad: Atención Primaria y Especializada, Medicina Hospitalaria, Enfermería, Trabajo Social, Farmacia, Pacientes, Think Tanks y Compañías Asociadas. Su objetivo es sensibilizar a la opinión pública acerca de la problemática de la cronicidad en España desde una “perspectiva multidisciplinar”.

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El Ministerio de Consumo enviará de nuevo a la Comisión Europea “en los próximos días” el borrador del proyecto de Real Decreto de Comunicaciones Comerciales de las Actividades de Juego que, según su titular, Alberto Garzón, “se parecerá más” a la situación establecida por el artículo 37 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, vigente durante el estado de alarma, que al borrador original, en tanto que “tendrá una acción reforzada» para evitar dicha publicidad y, sobre todo, los “efectos negativos” de la misma sobre la población infantil y la “más expuesta”.

Así lo avanzó este viernes Garzón durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad y Consumo del Senado para dar cuenta de las líneas generales de actividad de su departamento y las consecuencias de la pandemia para los consumidores, en la que admitió que el estado de alarma decretado para contener la pandemia “invita a hacer una reflexión” sobre dicho borrador presentado a principios de año para, con las aportaciones recibidas, “mejorarlo y reforzarlo”.

El titular de Consumo, con competencias en materia de juego, recordó que la autoridad sobre las casas de apuestas presenciales “recae” en las autonomías y resaltó que se trata de un “sector complejo de regular a todos los efectos” por su tipología pública y privada, al tiempo que advirtió de que, dentro del sector privado, también hay una “tipología enorme de juegos». «Además, tienen un tipo de consumidor muy diferente entre sí”, dijo, consciente de que el consumidor del bingo, “en términos socioeconómicos, no se parece casi nada el consumidor de las apuestas deportivas”.

“Muchas” de las denuncias que llegan a Consumo están relacionadas, según su responsable, con la existencia de casas de apuestas en las que, criticó, “no hay controles de accesos suficientes y en las que los menores están, de forma efectiva, jugando a juegos que son ilegales para su edad”. “Somos conscientes de que eso es un problema importantísimo, ya no solo individual sino también social”, afirmó, convencido de que su abordaje “no solo puede ceñirse a la parte de publicidad”, por lo que abogó por un “plan integral”.

Según su punto de vista, como sociedad, “nos tenemos que preguntar cómo hemos permitido que nuestras ciudades se diseñen de tal manera que en muchas de ellas hay más casas de apuestas que parques verdes”. “Esto no es una caricaturización, sino un intento de trasladar la pregunta de qué tipo de ocio les estamos incentivando a hacer a nuestros jóvenes en nuestras ciudades”, puntualizó, en referencia a una realidad que, dijo, “va más allá de la publicidad”.

A su entender, tiene que ver con el diseño de la ciudad, con el urbanismo, con las estrategias de pedagogía en los colegios e institutos, con una “amplia variedad de variables”, agregó, al tiempo que instó a buscar “las soluciones integrales”. “Nosotros acometeremos aquellas específicas que sean de nuestra incumbencia y trabajaremos para que se apliquen otras nuevas”, añadió, para emplazar a “ser capaces de hacer esa reflexión conjunta puesto que, en muchos casos, el problema no es solo de la oferta, sino de la ausencia de ofertas alternativas de ocio”.

Garzón hizo hincapié en que, durante el estado de alarma, el cierre de las casas de apuestas presenciales supuso un trasvase hacia el juego online, si bien insistió en que “no todos los juegos son iguales”. “Los más peligrosos y con más riesgos desde el punto de vista de la salud pública son aquellos que se producen de forma instantánea e inmediata, que no tienen diferido el momento de la compra con el momento del premio y te incitan al juego compulsivo”, precisó.

En este sentido, defendió que la publicidad “no agota las explicaciones de por qué suceden estos casos de juego patológico y trastornos, pero, desde luego tiene una incidencia” y avanzó que su departamento pondrá en marcha campañas “específicas” de prevención del juego “problemático” e impulsará la coordinación en el seno del Consejo de Políticas del Juego con las autonomías para “regular la homogeneización” de las casas de apuestas al entender que la “gran magnitud” del problema que puede generar esta actividad reside en ellas.

Finalmente, también continuará “investigando” para regular las cajas botín de los videojuegos que, según su parecer, “en la propia dinámica del juego, pueden hacer acceder a comportamientos de juego compulsivo”. “Con ellas se obtienen mejoras para el juego o incluso monedas virtuales que promueven un juego compulsivo que algunos expertos han denominado las tragaperras modernas del siglo XXI”, sentenció.

“Es un ámbito específico no regulado y nuestro objetivo es caminar hacia la prohibición como algunos países de la UE ya han empezado a hacer”, concluyó.

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Voluntarios de ‘la Caixa’, entidades sociales y personas pertenecientes colectivos vulnerables, participan mañana en un programa de actividades sobre medio ambiente y sostenibilidad con el objetivo de concienciar sobre la necesidad de cuidar el entorno.

Asimismo, expertos como Manu San Félix, biólogo marino y explorador de National Geographic, o Arantxa García Soto, del equipo de Educación Ambiental de Fundación MONA, compartirán experiencias y talleres relacionados con la sostenibilidad.

La acción se celebra de manera conjunta en toda España en colaboración con cerca 200 entidades sociales con el objetivo de concienciar sobre la necesidad de cuidar el entorno natural.

Se enmarca en el Día del Voluntario de ‘la Caixa’, que se organiza anualmente con el objetivo de promover un día de convivencia entre los voluntarios, las entidades sociales y las familias de colectivos que participan en las diversas iniciativas de cooperación y proyectos de voluntariado.

En esta ocasión, debido a la situación provocada por la Covid-19, la jornada se celebra íntegramente ‘online’ y se ha elegido un tema monográfico, el medio ambiente, como eje conductor del programa.

En este sentido, expertos expondrán experiencias inspiradoras acerca de la importancia del medio marino, así como de las principales amenazas de este ecosistema. Los participantes también podrán conocer de cerca los primates a través de una visita guiada a la Fundación MONA, un centro dedicado a la recuperación de esta especie.

Mikel Tejada, realizador audiovisual, guionista y creativo de la Fundación Best World, ofrecerá una experiencia medioambiental teatralizada para representar los diferentes retos medioambientales a los que se enfrenta la humanidad.

Por otra parte, la jornada incluye diversos talleres sostenibles de la mano de Zero Waste para cuidar del medio ambiente. Los asistentes aprenderán, por ejemplo, a elaborar cosmética natural para minimizar el consumo de productos químicos y envases.

También habrá una actividad dedicada a minimizar el desperdicio alimentario. Para los más pequeños, la jornada incluye actividades para aprender a dar una segunda vida a prendas de ropa como calcetines o residuos como el tetrabrik para hacer

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La gran mayoría de autonomías no han restringido el uso de dinero en efectivo tras el levantamiento del estado de alarma por el Covid-19, algo que se produce después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) haya apuntado que no hay ninguna certeza de que monedas y billetes transmitan el coronavirus.

Así lo ha destacado la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser), que agrupa a la mayoría de las empresas de España y que viene alertando de que prescindir del dinero en efectivo perjudicaría a sectores con menos ingresos, como los mayores y los jóvenes, y aumentaría los costes de muchos comercios.

Por este motivo, Aproser celebró que la gran mayoría de las comunidades ha evitado desaconsejar el uso del dinero en efectivo en la llamada ‘nueva normalidad’, que alude a las condicionales sociales creadas por la pandemia.

Al mismo tiempo, las empresas de seguridad emplazaron a Extremadura, Baleares, La Rioja, Cantabria y Andalucía a reconsiderar la recomendación que han hecho a sus conciudadanos de evitar los pagos en efectivo.

Aproser añade que “existe una falta de criterio unificado a nivel nacional” sobre la seguridad sanitaria del uso de monedas y billetes “que produce interpretaciones erróneas tanto por parte de las personas como en el tejido empresarial del país”. Por este motivo se recuerda que “el efectivo es un método de pago válido y seguro que permite igualmente la opción de realizar pagos sin contacto”.

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La AVT no acudirá este sábado al homenaje anual que el Congreso celebra en recuerdo de las víctimas del terrorismo, al entender que el Gobierno ha traspasado “líneas rojas”, como los pactos con EH Bildu y el acercamiento de presos de ETA.

La entidad que preside Maite Araluce informó de que, aunque no estará en el interior de la Cámara Baja, a las doce del mediodía leerá un manifiesto frente a esta sede parlamentaria para explicar su postura y las actuaciones que reprochan al Ejecutivo.

La AVT señaló que otras asociaciones han anunciado públicamente que tampoco acudirán al homenaje oficial y se sumarán a este acto frente al Congreso, como hará la Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo (Apavt).

El manifiesto que se leerá frente a la Cámara Baja explica que “el Gobierno ha traspasado una serie de líneas rojas” que impiden a la AVT asistir al homenaje oficial, al que esta entidad ha venido acudiendo con regularidad en años anteriores.

“MAS PREOCUPADO” POR LOS ETARRAS

Para la asociación que preside Araluce, el Gabinete de Pedro Sánchez está dando “ protagonismo político y reconocimiento” a “los herederos del brazo político de ETA”, en referencia a EH Bildu, partido con el que se han pactado “reformas legislativas relevantes”, en alusión a cuestiones como la modificación del mercado laboral.

Además, la AVT critica que Unidas Podemos, formación que forma parte del Ejecutivo, “está más preocupado por los presos por delitos de terrorismo que de las víctimas”, como lo prueba que firmara con los partidos nacionalistas un manifiesto en favor de excarcelar a los presos de ETA.

También que el Gobierno haya apostado “por el acercamiento de presos condenados por graves delitos, incluidos de sangre, a cárceles próximas al País Vasco”, en alusión a los reclusos etarras, a los que la AVT denuncia que no se les exige “ni la colaboración con la Justicia ni la deslegitimación de la violencia terrorista”.

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El 79% de los docentes reclaman guías de actuación de calidad que respondan a multitud de cuestiones para afrontar el próximo curso con garantías tras el atípico fin de curso por el Covid-19.

Están preocupados por saber, por ejemplo, qué distancias deben mantener en los centros, qué recursos sanitarios se implantarán o cuánto personal de limpieza será necesario.

Es una de las conclusiones que se expusieron este viernes en el encuentro digital ‘Los retos del próximo curso escolar’, en el que se presentó un estudio ‘Panorama de la educación en España tras la pandemia del Covid-19: la opinión de la comunidad educativa’, impulsado por la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), BBVA y elaborado por investigadores de la Universidad de Granada, la Universidad de Málaga y miembros del Observatorio de la Infancia de Andalucía. El estudio se ha basado en 5.179 cuestionarios a alumnos, docentes y familias de toda España y de diversos perfiles y en las conclusiones de 12 grupos de discusión con docentes, familias y estudiantes.

Fernando Trujillo, profesor de la Universidad Granada y coordinadores de la investigación, aseguró que el 1 de septiembre tienen que estar solucionadas cuestiones que ha planteado la crisis del coronavirus en la educación: necesidad de personal, recursos didácticos e higiénico sanitarios; estrategias de coordinación y planificación escolar; atención a la diversidad; aumentar la participación de las familias y garantizar la conciliación.

El investigador también hizo referencia a que el 67,2% de los profesores encuestados ven con preocupación el uso educativo de dispositivos en el hogar y de las competencias para educar en formato híbrido; y que el 78,3% se muestra incertidumbre por el ajuste de tiempos y espacios a la nueva situación. “La presencialidad no va a eliminar el riesgo de virus. Puede haber un momento que haya que volver al confinamiento”, añadió, planteando la cuestión de “cómo vamos a seguir ahí con la enseñanza”.

Según el profesor, el estudio revela también que hay un “clamor” por mejorar las infraestructuras y que “la principal fortaleza del sistema educativo español es el profesorado”, que ha sido “el que ha inventado este nuevo sistema educativo” a raíz de la crisis del Covid-19, cuando “nadie ha dicho cómo hacerlo”.

Asimismo, la principal preocupación de los profesores de cara a septiembre es “recuperar la motivación por el aprendizaje”; pero también la gestión de mociones y habilidades sociales, sobre todo en las etapas de infantil y primaria; y la autogestión de procesos de aprendizaje y uso de las TIC, en las etapas superiores y en “la gran olvidada”, la educación de adultos.

En este punto, Trujillo se refirió al anuncio de la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, de incluir en su reforma educativa el “ajuste del curriculum a las necesidades del alumnado”, dejar a un lado el aprendizaje “enciclopédico” para dar paso a una educación “en competencias” y trabajo práctico.

Para todo ello, el experto llamó a impulsar “alianzas poderosas” entre instituciones para la educación “a medio y largo plazo”. “La inversión en educación genera riqueza. No sólo hoy a través de contratación de personal o construcción de nuevas unidades. Sobe todo mañana. No podemos ahora pensar que invirtiendo en lo más cortoplacista vamos a conseguir crear una sociedad mejor para el futuro. La clave es la educación, no entendida sólo como actividad de los docentes, sino como responsabilidad social que nos compete a todos: padres, docentes, profesionales, representantes políticos”, aseguró.

PALANCA PARA CAMBIAR EL MUNDO

Durante la presentación, el Director Global de Negocio Responsable de BBVA, Antoni Ballabriga, apuntó que “la educación es la mayor palanca para cambiar el mundo” e insistió en que el Covid-19 ha planteado “grandes retos” al sistema educativo en cuestiones como la conexión, la falta de dispositivos y competencias digitales, la motivación de los alumnos, la inclusión de los más vulnerables y la resiliencia de los educadores.

La directora general de Fad, Beatriz Martín Padura, aseguró que “estamos en un momento clave para despejar enormes incertidumbres”. “Hay que hacer cambios estructurales profundos. No se trata de poner parches sino de acometer una verdadera transformación. Y para eso nos tenemos que poner a trabajar todos”, aseveró, llamando a que los jóvenes se comprometan con la educación de forma colectiva como ha ocurrido con el cambio climático.

Finalmente, en la presentación participó la directora técnica de FAD, Eulalia Alemany, que dijo que las prioridades son “adaptar los centros a la nueva realidad”, la reducción de la brecha de uso digital; dar apoyo a las familias vulnerables y reducir la brecha de acceso a las nuevas tecnologías. Alemany subrayó que un cuarto de la población española está en riesgo de exclusión social, que la mitad tiene competencias básicas digitales, y que la brecha de acceso a las tecnologías ronda el 10% de la población escolar.

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Las oficinas de la Agencia Tributaria prestarán todos los servicios habituales de forma presencial a partir del 1 de julio, aunque para ello será necesario pedir cita previa.

Así lo indicó la Agencia Tributaria en un aviso en su página web en el que concreta que, “en todo caso, las actuaciones relativas a procedimientos de comprobación e investigación que requieran la presencia del obligado tributario o de su representación se realizarán con cita concertada en los términos indicados en las comunicaciones remitidas a dichos obligados”.

Además, la apertura de las oficinas y la atención en las mismas “queda supeditado al cumplimiento de los requisitos sanitarios exigibles en cada momento”.

En este sentido, fuentes de la Agencia Tributaria consultadas por Servimedia explicaron que, en lugares o zonas que vuelvan a tener algún tipo de restricción por un rebrote de los contagios por Covid-19, sus oficinas se mantendrán abiertas y prestando los servicios. Así, sólo se contempla una hipotética limitación de su actividad por condiciones específicas que afecten directamente a una oficina, como que hubiera que mantener en cuarentena a sus trabajadores por algún caso de contagio.

La atención presencial en las oficinas de la Agencia Tributaria se reanudó a finales de mayo, ofreciendo algunos servicios esenciales, con la reapertura de aquellas situadas en territorios que se encontrasen en fase 2 del proceso de desescalada elaborado por el Gobierno. Además, el 8 de junio comenzaron la atención presencial para la Campaña de la Renta 2019, que termina el próximo martes, 30 de junio.

Sobre la vuelta al trabajo presencial de la plantilla de la Agencia, las fuentes consultadas señalaron que en estos momentos se trabaja en la aplicación de la Resolución del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, que establece que la modalidad de trabajo ordinario es la presencial, pero que permite que, en función de la esencialidad y ciertas circunstancias particulares de los trabajadores, parte de la plantilla pueda seguir trabajando en la modalidad telemática.

Las vías para pedir cita previa para la atención en las oficinas de la Agencia Tributaria son los teléfonos 901 200 351 o 91 290 13 40, en horario de lunes a viernes de 9 a 19 horas; a través de la aplicación móvil de la Agencia Tributaria; o a través de la web ‘https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/GC29.shtml’.

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Fundación ONCE estrena este viernes un nuevo capítulo de la serie animada ‘ON Fologüers’ que en esta ocasión alertará de las barreras que ha creado la ‘nueva normalidad’ para las personas con discapacidad.

Bajo el hashtag #BarrerismoCovid, los protagonistas abordan con humor cómo se enfrentan las personas con discapacidad a la situación que ha dejado la pandemia del coronavirus y que incluye cientos de normas poco accesibles, mamparas, mascarillas o geles hidroalcohólicos que dificultan su vida cotidiana.

José Luis Martínez Donoso, director general de Fundación ONCE, pone de manifiesto que la ‘nueva normalidad’ “no debe dejar a atrás a las personas con discapacidad. Durante el estado de alerta muchas personas con discapacidad vivieron situaciones de discriminación, encerradas en sus casas y vimos cómo se recriminaba a jóvenes con autismo y sus acompañantes que salían a dar paseos terapéuticos. En esta nueva etapa las personas con discapacidad no debemos quedarnos fuera y debemos de poder realizar nuestra vida diaria con total libertad”.

El primero de los dos capítulos, que se distribuirán por redes sociales, está protagonizado por Dani, que es un joven con discapacidad intelectual, y María, que se mueve en silla de ruedas. Bajo el título ‘Madre mía la nueva normalidad’, Dani pone de manifiesto las dificultades que tienen las personas con discapacidad intelectual para comprender toda la información, el lenguaje y la normativa generada para luchar contra la pandemia.

Por su parte, en su día a día María debe sortear las mamparas y barreras que se han instalado en los espacios públicos para que los ciudadanos mantengan la distancia de seguridad. También advierte de las dificultades para acceder a un gel hidroalcohólico situado muy alto para alcanzarlo.

Paralelamente a este material audiovisual, Fundación ONCE ha publicado junto con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y el Real Patronato sobre Discapacidad el tríptico ‘11 claves para una ‘nueva normalidad’ accesible’, en el que se hacen recomendaciones teniendo en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad en la adecuación de los espacios y edificios públicos a esta nueva realidad fruto de la lucha contra la Covid 19.

La publicación aborda, de manera fácil y sencilla, once elementos como son las ‘Pautas de conducta’, ‘Información en diferentes formatos’, ‘Adecuación de Equipos de Protección’, ‘Dispensadores de Gel Hidroalcohólico’, ‘Espacio de separación mínima’, ‘Mamparas separadores de protección’, ‘Terrazas y veladores’, ‘Sistemas de activación de elementos’, ‘Espacios higiénicos de uso público’, ‘Transporte colectivo’ y ‘Reducción de aforo de espacios públicos’.

‘ON Fologüers’

Tras el éxito de la primera temporada, estrenada en junio de 2016, Fundación ONCE volvió a insistir en este formato para visibilizar y tratar de normalizar el día a día de las personas con discapacidad retratadas en una pandilla de amigos que se enfrentan a situaciones cotidianas y que resuelven con mucho sentido del humor.

Gracias a su apuesta por normalizar la discapacidad, la serie de Fundación ONCE fue reconocida en 2008 con el Premio Cermi.es en la categoría de Comunicación e Imagen Social de la Discapacidad.

Después de 16 capítulos, emitidos en dos temporadas, la serie vuelve ahora para sumarse a la lucha contra el coronavirus y las desigualdades y barreras que genera.

La serie se emite en los canales de redes sociales de Fundación ONCE y también puede accederse a ella a través de la web de Fundación ONCE (‘www.fundaciononce.es’).

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El 84% de las empresas del Ibex promueve activamente el emprendimiento corporativo, aunque cerca del 80% reconoce que lleva menos de diez años incentivando estos procesos, lo que indica que se trata de un fenómeno relativamente nuevo.

Así lo revela el ‘II Informe sobre Emprendimiento Corporativo en España: Enseñando a bailar a los elefantes como gacelas’, un estudio realizado por el Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE), con el apoyo de Banco Santander a través de Santander Universidades.

Coordinado por Deusto Business School, con la colaboración de académicos de Icade y la Universidad Autónoma de Madrid, el estudio constata el aumento de la cultura emprendedora dentro de las organizaciones, pero también evidencia la necesidad de que las grandes corporaciones adopten una gestión más ágil y con espíritu de innovación, similar al que desarrollan las startups, para ser más competitivas.

El informe revela que el emprendimiento corporativo en España ha pasado de ser una realidad desconocida en las grandes empresas a convertirse en un tema estratégico.

Este crecimiento se refleja también en el número de corporaciones que han decidido apostar por la innovación abierta (entendida como fórmulas de colaboración con startups y emprendedores independientes), que ha pasado de un 23% en 2017 a superar el 78% en la actualidad.

En cuanto a las metas que persiguen la mayoría de las empresas cuando incorporan programas de emprendimiento corporativo, destacan innovación continua (90%) y el rejuvenecimiento de la cultura de la organización (92%), mientras que la búsqueda de innovación disruptiva es un objetivo presente pero menos extendido (en torno al 60%).

La apuesta por la innovación abierta y el intraemprendimiento en España se ve reflejada también en los diferentes instrumentos que las grandes corporaciones han incorporado en su actividad y en el desarrollo de modelos organizativos propios para poder ponerlos en marcha.

La herramienta más extendida para fomentar el emprendimiento corporativo son los eventos (70%), probablemente por su menor complejidad, mientras que los instrumentos más sofisticados como las incubadoras corporativas y los fondos de Corporate Venture Capital tienen una extensión más limitada (46% y 41%, respectivamente) aunque superior a la registrada en el primer Informe (27% y 32%, respectivamente).

En cuanto al modelo organizativo, alrededor del 70% opta por una estructura centralizada y posee al menos un empleado a tiempo completo dedicado a gestionar esta actividad.

No obstante, pese al consenso en torno a la importancia del emprendimiento corporativo y a que el 87% de los encuestados afirma que crecerá en los próximos años en su empresa, son pocas las corporaciones que le dan el mismo peso en el organigrama que a otras actividades estratégicas: sólo el 40% de los responsables de estas áreas forma parte del comité de dirección y apenas el 5% tiene dedicación exclusiva.

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El periodo de inscripción en el Máster sobre Discapacidad, Autonomía Personal y Atención a la Dependencia 2020-2021 ya está abierto. Se trata de un título propio propuesto desde la Fundación Derecho y Discapacidad junto a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) orientado a ofrecer una formación integral sobre las materias relacionadas con la discapacidad, la autonomía personal y la dependencia.

Este máster va dirigido a personas con licenciatura, diplomatura o grado en: Ciencias Sociales y Jurídicas (Sociología, Trabajo Social, Derecho, Administración y Dirección de Empresas, Antropología, Marketing e Investigación de Mercados, Relaciones Laborales y Recursos Humanos, etc.), Ciencias de la Salud (Psicología, Enfermería, Medicina, Terapia Ocupacional, Fisioterapia, Logopedia, etc.) , Ciencias de la Educación (Pedagogía, Magisterio, Educación Social, Psicopedagogía, etc.) e Ingeniería y Arquitectura, según informan sus organizadores.

«Se trata de un posgrado de referencia en el sector de la discapacidad y dependencia que aborda todas las materias necesarias y clave para un profesional, impartido a través de contenidos eminentemente prácticos y multidisciplinares», aseguran en la página web del master.

El máster incluye un programa de becas para personas con discapacidad y el campus virtual en el que se imparte la formación es un entorno accesible que ofrece la posibilidad de participar en las videoconferencias en directo o en diferido. También contempla un programa de prácticas voluntarias en organizaciones relacionadas con el sector de la discapacidad, si así lo permiten las autoridades sanitarias. En la web ‘http://www.fderechoydiscapacidad.es/info-master/’ se puede obtener más información.

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Unos 75.000 hogares de España van a cobrar este viernes por primera vez el Ingreso Mínimo Vital (IMV), la nueva prestación social aprobada por el Gobierno de España en plena crisis sanitaria por la pandemia de Covid-19 para paliar las dificultades económicas de miles de personas.

Así lo confirmó ayer el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en un encuentro online organizado por la agencia de noticias Servimedia junto a Plena Inclusión, en el que explicó que los primeros beneficiarios de la nueva prestación serán hogares perceptores de prestaciones por hijo a cargo, a los que este derecho «se les ha reconocido de oficio». Es decir, cobrarán la ayuda sin necesidad de haberla tenido que solicitar.

Unas 75.000 familias percibirán así la prestación en primer lugar, y subrayó que de ellas, la gran mayoría son monoparentales. También hay un 7% de estos hogares en los que viven personas con discapacidad.

Con todo, aseguró que la Seguridad Social y el Ministerio trabajan para ampliar el número de beneficiarios a la mayor velocidad posible. Cuando el IMV «funcione a pleno rendimiento», estimó que llegará «a unos 850.000 hogares», con un coste aproximado de 3.000 millones de euros.

Escrivá indicó que se está trabajando para que las «comunidades autónomas faciliten en bloque (a la Seguridad Social) los datos de los beneficiarios de sus rentas mínimas de inserción», que de este modo podrán ser también «reconocidos de oficio» como perceptores del IMV si cumplen los requisitos generales.

Además, en pocos días se firmará un convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que permitirá que la solicitud de esta prestación «se pueda gestionar también en los servicios sociales de los ayuntamientos».

Otra posibilidad que se contempla es que las organizaciones del Tercer Sector participen también en su tramitación. «Hemos previsto un sistema multicanal con el que pretendemos llegar al mayor número posible» de hogares en riesgo de pobreza, según apuntó el ministro, quien participó en la reunión junto a representantes del sector de la discapacidad.

350.000 SOLICITUDES DESDE EL 15 DE JUNIO

Por otro lado, Escrivá destacó que ayer jueves se abrieron «al público las oficinas de la Seguridad Social», con lo que los posibles interesados ya pueden presentar sus solicitudes de manera física, «siempre con cita previa».

«El plazo para reclamar estas ayudas arrancó el 15 de junio y, desde entonces, se han registrado 350.000 peticiones online», declaró Escrivá. Entre estas hay muchos hogares con hijos a cargo, aunque también se han registrado adultos solos.

El ministro destacó que todas aquellas solicitudes aprobadas hasta el 15 de septiembre se cobrarán con carácter retroactivo desde el 1 de junio, fecha en que se aprobó la norma.

En cuanto a la financiación de la medida, el ministro se mostró abierto a aumentar los 3.000 millones previstos inicialmente «si vemos que hay más beneficiarios».

Asimismo, indicó que será compatible con las rentas de inserción de las comunidades autónomas, que «ahora podrán decidir a qué destinan» dichas partidas.

Finalmente, confirmó que el Ingreso Mínimo Vital es una prestación no contributiva de la Seguridad Social, que se financiará a cargo de los Presupuestos Generales del Estado.

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