La vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán, ha llamado este martes "sinvergüenza" al coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, tras sus declaraciones defendiendo el pacto en los Presupuestos con Pedro Sánchez y Pablo Iglesias porque hay que "parar a la derechona" y "abrir una ventana a la oportunidad".

"Definición gráfica de un sinvergüenza. Otegi, di la verdad: buscasteis parar a la derecha y a la izquierda de este país a base de asesinatos que aún justificas", le ha espetado Beltrán, que es también presidenta del PP en Navarra.

EH Bildu ha propuesto a su militancia que sus diputados en el Congreso apoyen el proyecto de Presupuestos Generales del Estado y ha convocado una asamblea extraordinaria para el próximo jueves para ratificar o no esta decisión.

Otegi ha reconocido en rueda de prensa que EH Bildu está en la Cámara baja para "parar a la derecha fascista, a la derecha autoritaria y para ganar derechos". Hay que mantener abierta esa ventana de oportunidad porque con eso paramos a la derecha y ganamos derechos para la gente", ha añadido el líder de la formación abertzale, en un corte que Beltrán ha difundido en Twitter y en el que le define como un "sirvengüenza.

Asimismo, en una entrevista en la Cope Euskadi, que ha recogido Europa Press, Beltrán ha dicho no entender cómo Pedro Sánchez trata Bildu como "socio preferente" y ha subrayado que ningún gobierno democrático debería cruzar "líneas rojas" como ésta.

"Cuando Sánchez dice que las únicas siglas que le importan son las de los PGE me gustaría saber cómo sienta esto a los históricos socialistas que han sufrido el terrorismo", ha enfatizado la responsable de Organización del PP.

MÁS CRÍTICAS DEL PP POR EL PACTO CON BILDU

Desde el Senado, el portavoz del Grupo Popular en la Cámara, Javier Maroto, ha reprochado a Pedro Sánchez que quiera "abrir una ventana a Otegi y cerrar la puerta a los constitucionalistas del PP dando un portazo". A su entender, ese pacto del Gobierno con Bildu es un "grave error" que va a perseguir en la historia del presidente del Gobierno porque se trata de un "hecho inédito".

"No se trata de coincidir en una votación, se trata de si públicamente se paga un precio político para blanquear a un partido como Bildu que tiene problemas para condenar los atentados terroristas", ha afirmado Maroto en una rueda de prensa en el Senado.

Por su parte, el senador por Almería y miembro de la Mesa de la Cámara, Rafael Hernando, ha censurado que "un viejo criminal terrorista, como Otegi, tenga la desfachatez de dar lecciones sobre democracia al resto de españoles".

Según Hernando, eso es "consecuencia del blanqueamiento que de Bildu vienen realizando Sánchez y el PSOE". "El fin no justifica los socios y el PSOE pagará por esta tropelía", ha avisado en su cuenta de Twitter.

El Principado de Asturias ha registrado 27 fallecimientos este lunes, en una jornada en que se detectaron 221 nuevos casos de COVID-19 y hubo 91 hospitalizaciones de personas con esta enfermedad: 75 en planta y 16 en UCI. Además, se registraron 94 altas hospitalarias.

En concreto, se produjeron 27 fallecimientos: 11 mujeres de 70, 83, 84, 85, 85, 88, 89, 90, 90, 90 y 97 años; y 16 hombres de 63, 64, 70, 71, 75, 75, 76, 76, 77, 86, 86, 86, 90, 93, 95 y 96. Trece de estas personas tenían domicilio en un centro residencial de mayores, según indican este martes desde el Gobierno autonómico.

Actualmente, en Asturias hay 846 pacientes ingresados con confirmación o sospecha de coronavirus y otros 144 permanecen en unidades de cuidados intensivos.

El Servicio de Salud del Principado (Sespa) realizó ayer 4.789 pruebas de diagnóstico de infección activa (PDIA), por lo que la tasa de positividad se situó en el 6,31%, según los criterios fijados por el Ministerio de Sanidad.

Además, el Sespa ha activado el llamamiento a la población de entre 30 y 50 años que reside en las áreas incluidas en los códigos postales 33011 (Oviedo), 33209 (Gijón) y 33401 (Avilés) para la realización de un cribado. Las pruebas están dirigidas a personas de este segmento de edad, que vivan con mayores de 65 o cuiden de ellos, y que no hayan pasado la enfermedad ni se hayan sometido a un test en el último mes.

La Dirección General de Salud Pública insta a las personas residentes en estas zonas a que cumplimenten el formulario disponible en el siguiente enlace de la web Astursalud https://www.astursalud.es/formulario-pcr o llamen al teléfono 984 100 400.

El Sespa les irá citando para realizar una PCR y ruega puntualidad a las personas que acudan a realizarse las pruebas para evitar aglomeraciones y colas.

Para facilitar el contacto, deben incluir en el formulario un número de teléfono operativo para recibir información del día, hora y lugar donde se llevará a cabo la prueba, así como el resultado de la misma. Hasta este mediodía, se habían inscrito 3.840 personas en el cribado del área sanitaria del Nalón (VIII).

RECOMENDACIONES

La Dirección General de Salud Pública advierte de que la situación continúa siendo de riesgo muy alto, lo que provocará un impacto importante en los próximos días, tanto en las hospitalizaciones como en los ingresos en las unidades de cuidados intensivos.

Además, advierte de que en otras comunidades la evolución de la pandemia tiende a estabilizarse, pero con nuevos repuntes, por lo que apela a la ciudadanía para que sea rigurosa en el cumplimiento de medidas como autoconfinarse y limitar la interacción social y de la movilidad, manteniendo relación solo con personas convivientes, salvo aquellas imprescindibles por actividad laboral, comercial o educativa; mantener las medidas de protección individual y colectiva; favorecer que las personas puedan realizar teletrabajo; aislarse y ponerse en contacto con el centro de salud en el caso de que se detecten síntomas; y respetar de forma estricta el aislamiento y la cuarentena si se ha recibido confirmación como caso positivo de COVID o si se es contacto estrecho.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha rechazado el recurso presentado por el Grupo Parlamentario Vox en Madrid y su líder, Rocío Monasterio, contra las medidas restrictivas que el Gobierno de Pedro Sánchez acordó el pasado 30 de septiembre en varios municipios madrileños y en la capital para contener la pandemia del coronavirus.

En un auto, la Sala, que admitió a trámite dicho recurso el pasado 6 de octubre, explica que ni Monasterio, como persona física actuando en defensa de la legalidad, ni el partido, como persona jurídica, tienen legitimidad para impugnar tales medidas.

Por ello, desestima la suspender de forma cautelar la orden del Ministerio de Sanidad por la que se aprobó una serie de actuaciones coordinadas en salud pública para responder ante situaciones de especial riesgo por transmisión no controlada de infecciones causadas por la covid-19.

En cumplimiento de esta orden ministerial, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid dictó el 1 de octubre de 2020 otra orden para ejecutar restricciones con el objetivo de frenar la segunda ola de contagios en la región.

"PERJUICIOS GRAVES E IRREPARABLES"

En el recurso a la Audiencia Nacional, Vox esgrime que la orden ministerial es objeto de "crítica científica por su incoherencia e inefectividad", que "carece de fundamento" ya que ni ha sido adoptada por consenso ni se basa "en estudio científico alguno".

"Sí supone una irreversible violación de derechos fundamentales, así como perjuicios graves e irreparables en su situación económica, laboral social y, por ende, en su vida", reza el escrito.

El mismo día que se admitió a trámite este recurso, la Audiencia Nacional ya rechazó las medidas cautelarísimas solicitadas por el partido de Santiago Abascal contra la orden ministerial al no apreciar "especial urgencia". También lo hizo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra las restricciones implantadas por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en varios municipios madrileños.

En dicha resolución, los magistrados de la Audiencia Nacional ya adelantaron que la legitimación de los recurrentes eran un hecho controvertido que se resolvería una vez llegado el expediente administrativo relacionado con la orden ministerial que acordaba dar publicidad al Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) sobre la declaración de actuaciones coordinadas de las comunidades autónomas en materia de salud pública.

Así, tras recibir toda la documentación y a la hora de pronunciarse sobre la medida cautelar planteada, la Sala de lo Contencioso-Administrativo afirma que, según la jurisprudencia, la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid no puede recurrir la citada orden porque no cumple con lo establecido en el artículo 19 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (LJCA).

ACTIVIDAD POLÍTICA

En cuanto el grupo parlamentario, la Sala considera que tampoco puede impugnar esta orden ministerial porque, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, "la defensa de los derechos de los ciudadanos desfavorecidos en general, como objeto de la actividad de los partidos políticos, no comporta sino uno de los aspectos inherentes a la acción política".

En este caso, Vox "no está defendiendo un interés propio, pues expresamente manifiesta actuar en una defensa genérica de los intereses y derechos de los ciudadanos, razón por la que, en aplicación de la doctrina expuesta, debe declararse la inadmisibilidad del presente recurso", explica.

La Comisión para la Transición Ecológica y Reto Demográfico del Senado ha aprobado por unanimidad el proyecto de ley por el que se modifica la Ley 1/2005 del 9 de marzo, que regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

El proyecto de Ley aprobado busca intensificar las reducciones de emisiones "de forma eficaz" en relación con los costes y adecuar la normativa a los compromisos internacionales de España en materia de lucha contra el cambio climático.

El texto ha sido aprobado en la Comisión, tras desestimar las enmiendas, por 27 votos a favor, sin abstenciones ni votos en contra.

Sin embargo, aún podría incorporarse alguna modificación al texto definitivo, ya que los grupos del Senado que las presentaron pueden presentar un voto particular en las próximas 24 horas para incluir enmiendas que serían defendidas en el pleno de la Cámara alta.

La encargada de defender el proyecto de ley, que se tramita por la vía de urgencia, será la presidenta de la Comisión para la Transición Ecológica y Reto Demográfico del Senado, la socialista María Isabel Moreno Duque.

El proyecto de ley aprobado por la Comisión transpone la Directiva Europea sobre la IV fase del comercio de emisiones de CO2 para el periodo 2021-2030, que es uno de los instrumentos principales de la Unión Europea para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones a 2030, en línea con los compromisos climáticos anunciados por los Veintisiete.

Entre las novedades para este periodo destacan el incremento del factor de reducción lineal del 1,74 por ciento en la fase III (2013-2020) al 2,2 por ciento para el próximo periodo a partir de 2021.

Durante la fase IV se dividirán a efectos de asignación gratuita de derechos de emisión y en relación a las instalaciones fijas en dos periodos, de 2021 a 2025 y de 2026 a 2030. Se mantiene también la subasta como método principal de asignación de derechos de emisión, continúan las asignaciones gratuitas pero con una mejora de las disposiciones sobre fugas de carbono y se crean varios fondos destinados a financiar la transición hacia una economía baja en carbono.

El Consejo de Gobierno andaluz ha acordado este martes, a propuesta del presidente de la Junta, Juanma Moreno, expresar su voluntad de conceder al rey Felipe VI la primera Medalla de Honor de Andalucía, al entender que "ahora más que nunca" el monarca es "el mejor símbolo de la unidad de España, y es más necesario que nunca en los tiempos que vivimos, uno de los momentos más comprometidos de nuestra historia contemporánea".

Así lo ha señalado el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que ha señalado que la concesión de esta medalla constituye "un motivo de orgullo y satisfacción" para todos los miembros del Ejecutivo de PP-A y Ciudadanos (Cs), y está "convencido" de que también lo es "para todos los andaluces".

Bendodo ha explicado que, con esta medalla, Andalucía va a "reconocer los valores esenciales de una sociedad que busca el progreso, la convivencia pacífica, la solidaridad interterritorial y la suma en búsqueda de intereses comunes".

Para la Junta, el rey Felipe VI, "al que unen unos lazos muy estrechos con Andalucía, ostenta méritos más que sobrados para esta alta distinción". "Desde la moderación y con ejemplaridad, el rey Felipe VI se ha hecho heredero de la confianza de todos los españoles y andaluces", ha agregado en esa línea el consejero portavoz del Gobierno andaluz.

"LAZO AFECTIVO SÓLIDO" CON ANDALUCÍA

La Junta ha justificado en la referencia del Consejo de Gobierno la concesión de esta medalla al Rey "por constituir su figura el más sólido lazo afectivo de Andalucía con el conjunto de las instituciones del Estado".

El titular de la Corona "personifica los principios y valores que sustentan y refuerzan nuestra identidad colectiva como Nación española y que aportan a Andalucía el mejor referente de concordia, de serenidad, de entusiasmo y de determinación con el que arrostrar las vicisitudes del presente, emprender la recuperación y trabajar juntos por el porvenir", sostiene la Junta.

En esa línea, desde el Gobierno andaluz argumentan que "su Majestad el Rey responde de forma permanente a la lealtad incontestable de Andalucía con el respaldo de la Corona a sus principales inquietudes e iniciativas", y "la presencia y participación de Don Felipe, a lo largo de los años, en los muchos y muy diversos acontecimientos de la comunidad autónoma, añaden a estos no solo el aval de la más alta institución nacional, sino también un testimonio fehaciente de afecto, de simpatía y de aliento, en consonancia con el histórico vínculo de cariño entre la Familia Real y Andalucía".

"Desde la moderación y con ejemplaridad, Su Majestad el Rey se ha hecho digno heredero de la confianza que los españoles, por amplísima mayoría, depositaron en la institución monárquica como cabeza del Estado en la Constitución Española de 1978, y que para Andalucía supuso el nacimiento de una época de esperanza hasta entonces solo soñada", según expone también la Junta.

Desde el Ejecutivo de Juanma Moreno defienden también que "el espíritu regenerador que impregna Andalucía, y con el cual se impulsa hacia el futuro toma su inspiración, en buena medida, del carácter integrador, reflexivo y comprometido de Don Felipe".

La Junta agrega que "la sociedad mundial en general, y dentro de ella la española y la andaluza, atraviesa uno de los momentos más comprometidos de la historia contemporánea; un desafío que pone a prueba, una vez más, y con inusitada dureza, su capacidad de organización; sus niveles de resistencia como sistema socioeconómico; la solidez e idoneidad de sus instituciones; y, como elemento clave, la colaboración entre estas y la cohesión de la ciudadanía y de sus representantes en torno a sus objetivos compartidos".

"La figura de Felipe VI aporta a los andaluces, en esta coyuntura extraordinaria, un espejo nítido de sus fortalezas y un refuerzo moral de la mayor relevancia para el desarrollo de sus capacidades", según abunda la Junta.

El Gobierno de PP-A y Cs agrega que, "durante los años transcurridos desde el inicio de su reinado, Don Felipe y Andalucía han estrechado el fuerte enlace que los une, constituyéndose como apoyo mutuo en su trayecto por la historia, y subrayando los valores compartidos, como son la convivencia pacífica; la solidaridad interterritorial; el carácter enriquecedor de la diversidad; la necesidad de construir sobre la generosidad, la cordialidad y la suma de todos en la búsqueda de los intereses comunes; la importancia de alcanzar una prosperidad sostenible y el papel de la educación y la cultura en la felicidad de los pueblos, entre otros.

ACTO DE ENTREGA

Para la Junta, "es manifiesto, por tanto, que en Su Majestad el Rey Felipe VI concurren, en grado de excelencia, los méritos suficientes para hacerse acreedor a la primera Medalla de Honor de Andalucía", tal y como ha acordado el Gobierno andaluz de conformidad con el artículo 27.23 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, a propuesta del presidente, y previa deliberación del Consejo de Gobierno.

A preguntas de los periodistas, el consejero portavoz, Elías Bendodo, ha indicado que la entrega de este reconocimiento "no tiene por qué" celebrarse el 28 de febrero, día de Andalucía, y al respecto ha avanzado que, "de acuerdo con Casa Real, se articulará una fecha para celebrar un acto para la entrega" de esta medalla.

El Tribunal Supremo (TS) ha acordado no admitir la querella presentada por la Asociación Abogados Cristianos contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en relación con la suspensión de actos de culto religioso por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante el confinamiento y el estado de alarma en distintos lugares de España entre marzo y abril.

La Sala de lo Penal del TS, ponencia de Vicente Magro Servet, señala que en la querella de esta entidad de juristas no hay ningún indicio que avale razonablemente la intervención del ministro en los hechos denunciados que pudieran acreditar su responsabilidad en los delitos que se le imputan --prevaricación, prohibición y suspensión de culto-- ,"y más aún dadas las circunstancias de excepcionalidad en la que se realizaron las actuaciones de las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

En su auto, señalan que, como indica el fiscal, las actuaciones que se citan en la querella se producen en diversas localidades del país y con diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, lo que da a entender que "se trató de una actuación homologada nacional que tuvo por base la razón del confinamiento, dadas las fechas en las que se relata que ocurrieron los hechos en pleno estado de alarma y confinamiento operado en el país desde el 15 de marzo de 2020 en adelante".

A juicio de los letrados cristianos, el ministro del Interior era "responsable de las numerosas interrupciones de celebraciones religiosas que tuvieron lugar en diversos puntos de España durante el estado de alarma", ya que además de su mando sobre la Policía Nacional, Marlaska tenía transferido el mando sobre las policías autonómicas y locales.

Denunciaban que esas interrupciones de actos de culto religioso se habían producido en lugares concretos y en un "abanico" de fechas comprendidas entre el 22 de Marzo y el 13 de abril de 2020, momento en el que la primera ola de la pandemia elevaba el número de fallecidos por la Covid día a día.

Ahora el alto tribunal afirma que las fechas coinciden con el estado de alarma y se centran en las medidas de extraordinaria urgencia adoptadas para preservar la seguridad colectiva en evitación de reuniones que facilitaran los contagios por el coronavirus, reduciendo al máximo las reuniones o actividades que pudieran entender como necesarias o inaplazables.

NO HAY PREVARICACIÓN

Sobre la imputación de un delito de prevaricación administrativa, los magistrados entienden que para que se dé, debe existir una resolución arbitraria en un asunto administrativo. Y apuntan que lo que se refiere en la querella es una interrupción de actividades de culto pero no se cita ninguna resolución "concreta y específica delquerellado que haya sido dictada a sabiendas de su ilegalidad".

Asimismo, los magistrados indican que no puede apreciarse una vulneración de la libertad religiosa puesto que la excepcionalidad de la situación del estado de alarma conllevó la adopción de medidas de vigilancia de las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de todo el país para evitar reuniones que propiciaran la propagación del virus.

"Con lo que no concurren los elementos de los tipos penales de los artículos 522 y 523 del Código Penal en cuanto a que por los medios que se citan (violencia, intimidación, fuerza, apremio ilegítimo, etc.) impidan a una persona llevar a cabo actos propios de una confesión religiosa, ya que la restricción de la libertad de circulación tenía este fin indicado de evitar que las reuniones permitieran coadyuvar con la extensión de la pandemia en un periodo en el que estaba decretado el estado de alarma". señalan.

"VELARON POR VALORAR CADA CASO"

Asimismo, apuntan que aunque el artículo 11 del Real Decreto que limitaba la circulación y que era relativo a medidas de contención en relación con los lugares de culto y con las ceremonias civilesy religiosas fijara la posibilidad de asistencia a los lugares de culto y a las ceremonias civiles y religiosas, la Sala concluye que resultaba evidente que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de todo el país "velaron y vigilaron por valorar cada caso y adoptar las medidas de seguridad y contención que la casuística aconsejaba en cada caso".

"En ningún momento se ha demostrado, ni siquiera como prueba indiciaria, que el querellado haya tenido participación intelectual en ninguno de los delitos, lo que sin duda resulta necesario para ejercer la acción penal, dado que la querella se interpone en ejercicio de la acción popular, por lo que solo procede la inadmisión a trámite de la querella como propugna el Ministerio Fiscal ante esta Sala", concluyen.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha asegurado al comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para cambiar las mayorías por las que se eligen los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cumplirá los estándares europeos y se someterá al debate parlamentario.

Campo y Reynders hablaron el lunes por videoconferencia, en el marco de la ronda de contactos del comisario con las capitales por la puesta en marcha de la Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés), pero en el que también abordaron la reforma sobre el CGPJ porque desde que se anunció, Bruselas esperaba más explicaciones de España.

Según un portavoz comunitario, el comisario y el ministro hablaron sobre la proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos para reformar el CGPJ, y Campo dio a Reynders "explicaciones adicionales sobre los principales objetivos de las reformas previstas", esta y otras, y le aseguró que se ajustarán a lo indicado por la Comisión de Venecia del Consejo de Europa.

Reynders, por su parte, destacó el apoyo de España al Estado de Derecho y compartió las planes de Campo en el camino a seguir, "incluido su compromiso de continuar las discusiones con todos los diputados nacionales". Con todo ello, Bruselas ha considerado que las cosas van en la "buena dirección", si bien ha reiterado que estará pendiente de cómo evolucionen.

El Ejecutivo comunitario publicó en octubre su primera evaluación del Estado de Derecho en cada Estado miembro y, en el caso de España, no detectó riesgos graves en su sistema democrático pero alertó de que la situación del CGPJ en España era un "desafío" que se debía afrontar. Posteriormente, mostró su preocupación por la reforma propuesta y advirtió de que el órgano de gobierno de los jueces no debe ser percibido por los ciudadanos como "vulnerable a la politización".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, finalmente anunció la paralización del trámite parlamentario de la proposición de ley para facilitar las negociaciones con el PP sobre la renovación del actual CGPJ, cuyo mandato expiró hace casi dos años. La Comisión lo valoró como "un paso en la buena dirección", pero quedó pendiente de recibir más explicaciones de España.

PUESTA EN MARCHA DE LA FISCALÍA EUROPEA

En cuanto a la Fiscalía Europea, el comisario trasladó a Campo que los estados miembros deben acelerar su proceso de nominación de los fiscales europeos delgados y la trasposición de las normas pertinentes para que la EPPO pueda comenzar su andadura cuanto antes. Asimismo, le señaló que tanto la Comisión como la fiscal jefe de la UE, Laura Codruta Kövesi, están dispuestos a ayudar a las capitales con los preparativos finales para evitar mayores retrasos.

Campo, según informó el Ministerio de Justicia en un comunicado, reiteró el pleno compromiso de España con la Fiscalía Europea, indicando que se está trabajando en el proceso de selección de los fiscales europeos delegados y en la legislación para incorporar la EPPO al sistema procesal español. De hecho, le avanzó que llevaría esta reforma al Consejo de Ministros de este martes, donde efectivamente se ha aprobado el anteproyecto de ley de la Fiscalía Europea.

Además, hablaron de la prueba electrónica, de la digitalización de la justicia y de la lucha contra el terrorismo. Sobre ello, Campo expuso la necesidad de avanzar en la prueba electrónica, apuntando que el acceso transfronterizo a la misma es una prioridad para España, y subrayó la importancia de lograr una rápida digitalización de la justicia a nivel nacional y europeo.

En cuanto a la lucha contra el terrorismo, el portavoz comunitario ha comentado que hablaron de ello brevemente, abordando en concreto la acción europea en el campo de la justicia para combatir las amenazas terroristas.

Con todo ello, Campo y Reynders, que era la primera vez que intercambiaban opiniones sobre la puesta en marcha de la Fiscalía Europea, acordaron continuar con estas discusiones en el próximo Consejo de ministros de Justicia de la UE.

El Ayuntamiento de Madrid ha retirado el homenaje improvisado a Cristina Ortiz, conocida como 'La Veneno', en el pilar donde debería estar su placa en el Parque del Oeste porque las velas llevadas por sus admiradores prendieron algunas fotos y flores que habían colocado.

Así lo han señalado fuentes del Consistorio que han explicado que se apagó el fuego y se retiraron los restos. "No ha tenido nada que ver con una actuación en contra de La Veneno, sino por seguridad", han remarcado.

Este lunes varios usuarios de redes sociales compartieron el pilar vacío, tras casi un mes de ofrendas llevadas hasta esta zona donde Cristina Ortiz ejerció la prostitución.

Entre las voces que se alzaron contra la retirada se encontró el senador de Más Madrid, Eduardo Rubiño, quien cuestionó la "necesidad" que había de "ordenar destruir el homenaje de cientos de personas" a La Veneno.

Los seguidores de Cristina comenzaron a llevar flores, fotos y demás objetos tras el último capítulo de 'Veneno', serie que narra la vida de esta mujer desde su nacimiento en Adra hasta su muerte en la capital. Entre los que se acercaron se encontraron, entre otros, los creadores de esta producción, que ha sido comprada por HBO para su distribución internacional, Javier Calvo y Javier Ambrossi.

En este pilar se colocó, durante el mandato de Manuela Carmena al frente del Consistorio, una placa que rezaba 'En memoria de Cristina Ortiz, La Veneno, mujer transexual visible en los años 90' y que fue arrancada una semana después de su instalación. El Gobierno local actual ha asegurado que la repondrá "en breve".

Cristina Ortiz se hizo popular en los 90 por sus apariciones en programas como 'Esta noche cruzamos el Missisipi' Y 'La Sonrisa del Pelícano' y falleció en 2016 tras pasar cuatro días en coma en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital La Paz de Madrid, a la que llegó después de ser encontrada en su casa con un golpe en la cabeza.

El consejero de Educación del Gobierno Vasco, Jokin Bildarratz, ha realizado este martes un llamamiento expreso a cumplir todas las medidas sanitarias en las vacaciones navideñas con el fin de poder culminar el actual curso escolar "en condiciones de total seguridad".

Bildarratz, en su comparecencia tras el Consejo de Gobierno, ha recordado que, hasta el momento, se ha podido garantizar la presencialidad en las aulas y ha insistido en la necesidad de "seguir manteniendo todas las medidas dictadas por las autoridades sanitarias". "Todo empieza por cada persona, por cumplir las medidas de prevención y autoprotección", ha indicado.

Por ello, "de cara a las vacaciones de la Navidad, un momento crítico para el cumplimiento de todas las medidas sanitarias", ha realizado "una llamamiento expreso" a guardar estas medidas. "Es imprescindible hacerlo para que podamos garantizar que podamos culminar el curso en condiciones de total seguridad", ha aseverado.

Según ha explicado, el nivel de afección de la pandemia se mantiene cerca del 1%. "Tenemos 17.554 aulas en estos momentos en el sistema educativo vasco, en estos momentos hay afectados 124, lo que supone el 0,71%. En los peores momentos de la pandemia, que fue hacia el 3 de noviembre, hemos llegado hasta el 1,09%. Esto nos da un dato de que verdaderamente el sistema de educación que ha respondido muy bien, muy fuerte y que los centros escolares son lugares seguros", ha señalado.

Además, ha indicado que "garantizar la educación presencial es el objetivo central de este curso". "La presencialidad es un valor en sí mismo porque nada sustituye a la explicación y acompañamiento de un profesor, de una maestra, en el aula o la propia socialización que se da entre los propios alumnos. La presencialidad, además, contribuye a facilitar la vida familiar y comunitaria", ha indicado.

Asimismo, ha destacado que el "esfuerzo" de la comunidad educativa es "encomiable" y ha puesto en valor el trabajo conjunto de equipos directivos de los centros, profesorado, familias y Administración.

"Estamos culminando el primer tercio del curso escolar en una situación que, como todos sabemos, es excepcional. Gracias al esfuerzo de la actividad educativa, estamos logrando mantener la educación presencial", ha insistido.

Tras reiterar que "culminar el curso escolar en condiciones de seguridad para el alumnado es un objetivo social de primer orden", ha agradecido el esfuerzo de toda la comunidad educativa y de todos los centros, y ha hecho un llamamiento a "seguir manteniendo todas las medidas que dictan las autoridades sanitarias".

La red de recursos de acogida para mujeres víctimas de violencia de género de la región atendió el pasado 2019 a un total de 334 mujeres y 349 menores de edad, mientras que los 84 centros de la mujer de Castilla-La Mancha atendieron 105.571 consultas, de las que 21.382 estuvieron relacionadas con violencia de género.

Así lo ha explicado este martes la directora del Instituto de la Mujer, Pilar Callado, durante la celebración de la Comisión de Igualdad del Parlamento autonómico, en la que ha detallado el informe correspondiente al pasado año sobre la Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género.

Callado ha remarcado el seguimiento que desde los recursos puestos en marcha por el Gobierno regional se hace de las víctimas de violencia de género desde que piden ayuda, que finaliza con la ayuda para procurar una vivienda digna a estas mujeres y, desde el pasado año, también con un programa de acompañamiento para apoyar que tengan una "vida normalizada".

Además, ha reseñado también, en referencia al papel de los centros de la mujer, su labor a la hora de realizar actuaciones fuera de los propios centros, con 4.505 acciones en diferentes localidades castellanomanchegas y otras 1.059 en centros educativos de la región, llegando a un total de 396.483 personas.

En cuanto a la atención telefónica, Callado ha comentado que el número 900 100 114 --Servicio de urgencia ante malos tratos-- atendió 6.555 llamadas, de las que el 72% se hicieron por parte de las propias mujeres víctimas de estos malos tratos. Mientras, el teléfono 016, servicio del Ministerio de Igualdad, recibió 2.396 llamadas de víctimas castellanomanchegas, y el servicio de emergencias 112 atendió otras 3.300 llamadas relacionadas con la violencia de género, de las que el 42% se hicieron por estar sufriendo o haber sufrido agresiones físicas.

Además, en cuanto a la seguridad, ha desarrollado que entre el servicio telefónico de atención y protección, de ámbito estatal pero gestionado por la Comunidad Autónoma, y los dispositivos de localización inmediata se ha brindado protección a 853 mujeres, 742 usuarias del servicio telefónico y 111 de los dispositivos de localización.

De otro lado, la directora ha recalcado la importancia de los programas de atención psicológica que mantiene el Ejecutivo castellanomanchego, tanto el programa de atención a menores víctimas de violencia de género, del que se han beneficiado 184 niños y niñas, como el Programa Contigo para mujeres mayores de 18 años, en el que se ha atendido a 73 mujeres.

AYUDAS ECONÓMICAS

En el ámbito socioeconómico, Callado ha mencionado la variedad de ayudas para todas las mujeres víctimas de violencia de género, como las de solidaridad, las sociales o las ayudas a la autonomía, así como las becas 'Leonor Serrano' para cursar estudios universitarios, de las que se han concedido 12, o las ayudas a menores en situación de orfandad, que llegaron a once niños por valor de 36.000 euros.

También ha citado las ayudas al alquiler, que han recaído en 107 mujeres por 180.000 euros, o el programa de inserción laboral, con cinco millones de euros que han beneficiado a 686 mujeres, así como los cursos de formación para el empleo, la atención de tutores en oficinas de empleo, el Programa DANA, el Programa Adelante o el convenio con la FEMP para la realización de un programa formativo en igualdad y prevención de la violencia de género.

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN

De otro lado, Callado ha explicado las acciones de sensibilización, divulgación y prevención que se llevaron a cabo en 2019, divididas en siete líneas para contribuir a erradicar todo tipo de violencia, sensibilizar y concienciar sobre esta. En ellas se invirtieron 1,3 millones de euros, un 98% más que el año anterior, que permitieron realizar 222 proyectos.

También ha mencionado el inicio del segundo plan estratégico para la igualdad, con 371 planes que han llegado a casi 120.000 alumnos con una inversión de casi un millón de euros, así como la gira teatral didáctica 'Don Juan. La sombra de Inés ensangrentada', que llegó a más de 2.000 alumnos.

Igualmente, en el ámbito docente, junto a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes se han llevado a cabo ocho paquetes formativos con los que se han formado 329 docentes.

De igual modo, ha hecho referencia a las 51 emisiones pedagógicas de la cuarta edición de la campaña 'Sin un sí, es no', que llegaron a 48 localidades de la región, con un impacto directo en más de 7.000 personas, y también a las campañas específicas contra la trata y los juguetes sexistas.

Además, se han llevado a cabo protocolos de formación en violencia de género e igualdad para profesionales de la red de recursos para estas mujeres, profesionales de la Junta y personal de bibliotecas públicas, la Escuela de Protección Ciudadana y profesionales de distintos ámbitos.

Asimismo, ha citado también la cátedra de investigación 'Isabel Muñoz Aravaca', conveniada con la Universidad de Alcalá y cuyos "primeros frutos" han sido dos proyectos de investigación iniciados por esta universidad.

En cuanto a la biblioteca digital 'Maleta violeta', ha explicado que están suscritos 40 centros educativos castellanomanchegos y están disponibles para 13.000 alumnos, con más de 1,5 millones de contenidos digitales.

Finalmente, Pilar Callado ha querido remitir a la Comisión algunos datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial y la Delegación del Gobierno, entre los que destacan las 5.862 denuncias recibidas por los juzgados de violencia de género, las 1.400 órdenes de protección y 3.818 medidas cautelares impuestas por los jueces y los 7.833 procedimientos penales iniciados.

GRUPOS POLÍTICOS

Por parte de los grupos políticos, el parlamentario de Cs David Muñoz Zapata ha considerado que el informe no contiene objetivos cuantificables ni un apartado de evaluación para ver si estos objetivos se han cumplido o no, lo que impide conocer el impacto de las políticas del Instituto de la Mujer.

Muñoz Zapata ha reprochado a Callado que "no puede ser todo siempre una cuestión de intangibles" y ha demandado "algo que demuestre que el presupuesto del Instituto de la Mujer vale para algo". "Los eslóganes están muy bien y es una de las partes de cualquier campaña de sensibilización, pero al final con la violencia de género se acabará con políticas públicas y con una labor de evaluación", ha añadido.

Mientras, la diputada 'popular' María Roldán ha pedido "más implicación" al Gobierno regional con la violencia de género, asegurando que el Ejecutivo "vive en otra realidad paralela" respecto a este tema y su labor "deja mucho que desear".

Para Roldán, algunos datos son "esperanzadores" pero "otros son demoledores", como los porcentajes de ayudas concedidas con respecto a las solicitadas, poniendo como ejemplo las ayudas sociales, con un 35% de concesiones con respecto a las solicitudes, "un porcentaje muy bajo". "Me preocupa que estos criterios sean tan restrictivos y que dejen fuera a ese alto porcentaje de las ayudas solicitudes. Todos los recursos y toda nuestra defensa para que no haya ninguna mujer que se quede sin ayuda debería ponerse en marcha", ha apostillado.

Finalmente, la diputada socialista Charo García Saco ha felicitado al Gobierno regional y al Instituto de la Mujer por su "compromiso, trabajo e implicación" con las políticas transversales para intentar eliminar la violencia de género.

García Saco ha resaltado algunas medidas como las relativas a la educación, poniendo de manifiesto la "importancia de la educación para eliminar la discriminación", así como las campañas de prevención, "fundamentales" especialmente entre la juventud, o el seguimiento de todos los recursos a todos los casos "para que una mujer nunca esté desatendida".

El cantante Raphael ha criticado que la nueva ley para la reforma educativa, conocida coloquialmente como 'Ley Celaá', elimine el castellano como lengua vehicular en la educación española.

"Pienso que no se debe producir. Me parece una barbaridad, espero que sean razonables y cojan otro rumbo. Es mi opinión, claro que mi opinión no cuenta", ha señalado en una entrevista a Europa Press el artista.

Raphael, que ha presentado el proyecto que celebra sus 60 años en los escenarios 'Raphael 6.0', ha lamentado que en el sector musical "ahora está todo muy parado" por el coronavirus. Pero a los que nos gusta esto seguimos trabajando en la intimidad, seguimos trabajando para cuando podamos enseñarlo a la gente", ha precisado.

Asimismo, ha criticado que la cultura sea la "gran olvidada" cuando es el sitio donde "no se ha contagiado nadie. "Es la gran olvidada y no entiendo por qué. Ir al cine o al teatro hasta ahora no ha contagiado a nadie, debería estar más apoyada", ha defendido.

El cantante ha explicado que pasó las semanas de confinamiento "encerrado" en casa, "igual que todo el mundo", y que aprovechó esos días "para descansar, para planear qué tenía que hacer y para grabar".

"Me sentía muy mal, pero ahora ya me siento bien, el 19 diciembre empiezo a cantar en el Wizink. Vamos a empezar, siempre pensando en la seguridad del público y en mi propia seguridad, despacito pero vamos a empezar ya", ha celebrado.

Como cada año, Raphael volverá a amenizar las cenas familiares de Navidad con un programa especial el próximo 24 de diciembre en TVE, acompañado de varios artistas. "Hay programa de televisión mío, voy a estar presente como cada año. Está muy basado en lo que es el disco", ha concretado.

Tienen más oportunidad de escucharme porque todos vamos a estar en casa, lo que es complicado es salir por ahí, la mayoría de la gente lo viviremos en casa", ha subrayado el cantante al ser preguntado por cómo van a ser estas fiestas navideñas en situación de pandemia.

Asimismo, Raphael ha destacado que "indudablemente" está aquí "como un clásico, pero un clásico que sigue estudiando y sigue mejorando con el tiempo".

"Más bien parezco un chico joven que empieza, tengo las mismas o mejoradas mis fuerzas. Estoy muy practicado, soy una persona muy sana, mis fuerzas no pueden ser mejores con los años que tengo", ha explicado el artista, al tiempo que ha indicado que tiene "ganas no, lo siguiente" de poder subirse a un escenario de nuevo.

El intérprete del éxito 'Mi gran noche' ha comentado que, aunque ha tenido la "inmensa suerte" de tener muchas grandes noches, su gran noche "siempre es la próxima". "Recuerdo muchas, no podría escoger sólo una, la próxima será la mejor", ha dicho.

Respecto a su nuevo disco, ha señalado que lo encuentra "precioso y sobre todo muy original". "He cantado canciones que me gustan, que no son mías porque las mías son otra cosa, y las he querido cantar con compañeros fenomenales todos", ha celebrado.

NUEVO ÁLBUM

En su nuevo álbum, que verá la luz el próximo 27 de noviembre, Raphael interpreta clásicos como 'Me olvidé de vivir' junto a Manuel Carrasco, que ya vio la luz el pasado 22 de octubre; 'Vivir así es morir de amor', junto a Gloria Trevi; o 'Lucha de gigantes' junto a Mikel Izal.

En el disco también han colaborado artistas como Luis Fonsi, Vanesa Martín, Pablo Alborán, Alejandro Fernández, Mon Laferte, Omara Portuondo y Luciano Pereyra. Además, incluye dos temas inéditos compuestos e interpretados con Pablo López y Natalia Lafourcade.

"A mí las canciones que me gustan a lo largo de mi vida siempre las guardo en mi cabeza y me da muy buen resultado. Todo son grandes canciones que me han gustado mucho", ha indicado Raphael, quien ha asegurado que le gustan "todas" las colaboraciones del disco ya que todos "están fenomenal".

Sobre cuál de estas canciones le gustará más a sus seguidores, el cantante ha respondido que eso lo podrá decir cuando las estrene en un escenario. "Nada tiene que ver una canción grabada en un disco a cantarla en directo. Cuando la cantas en directo es cuando le sacas todo el partido que esa canción tiene", ha precisado.

Por último, Raphael ha explicado que para ser artista "primero tiene que ser artista, hay que nacer, un artista no se hace, nace, como nacen pintando, esculpiendo o escribiendo".

"Eso se lleva dentro, es la semilla que llevas dentro, no se aprende. Cantar se puede aprender, si tienes una voz medianamente bien puedes sacarle partido, pero si eres pésimo artista no hay forma", ha concluido.

La RAE ha publicado la Crónica de la Lengua Española (Espasa), una obra en la que incluye un apartado sobre las dudas y consultas "más relevantes" del español con sus recomendaciones, como por ejemplo las referidas a la escritura de la onomatopeya de la risa.

En este sentido, la Real Academia explica que la convención para la onomatopeya de la risa es 'ja ja ja', separando los elementos repetidos con comas. "Cada 'ja' de la risa es un elemento tónico independiente, de ahí como queno resulte adecuado escribirlos pegados, como si se tratara de una sola palabra", ha aclarado.

Además, ha defendido que la grafía 'ha' corresponde a la representación de la risa en inglés o en francés. "Hay que recordar que, salvo en voces procedentes de otros idiomas, la hache no representa ningún sonido en español", ha matizado la RAE en la 'Crónica de la lengua española 2020'.

Otra explicación a una duda habitual incluida en el libro es la de por qué se dice 'conmigo' y no 'sintigo'. "Para explicar esta anomalía, hemos de remontarnos a la lengua latina. La preposición latina 'cum' ('con') se posponía a los nombres personales ('mecum', 'conmigo'), algo que no ocurría con la preposición latina 'sine' ('sin), que siempre aparecía antepuesta ('sine me', 'sin mí').

También incluye otras respuestas curiosas, como la recomendación de escribir un 'emoji' detrás de un punto cuando "afecte a todo el mensaje" o la de usar siempre después de un saludo en cartas y correos electrónicos los dos puntos --puesto que el uso de coma en este contexto es "una costumbre anglosajona"--.

Además, la docta casa aclara que se debe escribir 'no te rayes' en lugar de 'no te ralles' cuando "en el habla coloquial juvenil" uno se refiere a "volverse loco". Asimismo, resalta que la fórmula de saludo más adecuada es tanto 'buenos días' --la más usada en el ámbito hispanohablante-- como 'buen día' --del área rioplatense--.

Al hablar del femenino de 'árbitro', los hispanoparlantes deberán referirse a 'la árbitra', mientras que la RAE admite también el uso de plurales como el de 'gentes' cuando es 'expresivo' o 'estilístico', "llamado así porque aporta mayor expresividad o énfasis".

Por otro lado, la obra hace referencia a antiguos debates como una posible incorrección al usar el pronombre 'yo' delante de una enumeración de personas. "Se aconseja situarlo al final por razones de cortesía, pero no es lingüísticamente incorrecto que aparezca al primer lugar", explica.

LAS PALABRAS "MÁS FRECUENTES" DE 2020

La 'Crónica de la lengua española 2020' incluye también un espacio para recopilar las diez palabras más frecuentes durante este año en el espacio hispanohablante. Al igual que con las nuevas entradas del diccionario, la enfermedad ha sido la protagonista, con 'cuarentena' y 'pandemia' entre las preferidas de los usuarios.

Además se incluyen en esta lista otros términos como 'coronavirus', 'confinamiento', 'contagio', 'distanciamiento', 'mascarilla', 'teletrabajo', 'asintomático' o 'incertidumbre'.

La Comisión de Educación y FP del Congreso ha rechazado este martes, por los votos en contra de PSOE y Unidas Podemos, que la ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, comparezca en dicha Comisión para dar explicaciones sobre la investigación que la Fiscalía del Tribunal Supremo (TS) está realizando de la orden ministerial del 21 de abril que suponía la modificación de la ley de educación al permitir a los alumnos pasar de curso sin límite de suspensos, un hecho que podría constituir un delito de prevaricación.

La iniciativa, a petición de Cs y de UPN, ha sido sometida a votación en la Comisión porque la Mesa de la Comisión, en su reunión del pasado día 18 de noviembre, decidió, por mayoría, no celebrar las comparecencias referidas. Pero como no se obtuvo unanimidad, el acuerdo sobre la celebración de dichas comparecencias tiene que ser adoptado por la Comisión, que finalmente ha votado este martes en contra por los votos de PSOE y Unidas Podemos, frente a los votos a favor de PP, Cs, Vox y UPN.

La Orden sobre la que la Fiscalía está investigando, que se enmarca en la investigación que abrió la Fiscalía General del Estado (FGE) en su momento tras la denuncia de un particular, recoge los acuerdos alcanzados por el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Educación del 15 de abril.

Dicho documento, que contó con el respaldo de 12 comunidades autónomas (País Vasco, Andalucía, Murcia, Comunidad de Madrid y Castilla y León mostraron su "disconformidad" con las directrices) establece que la repetición de curso debía ser "muy excepcional" para evitar que la pandemia del coronavirus, que mantuvo suspendidas las clases presenciales desde el 16 de marzo, pudiese perjudicar al alumnado afectado por el cambio a la enseñanza a distancia.

La orden ministerial firmada por Celaá, que entró en vigor el 25 de abril, permite a las comunidades autónomas competentes "flexibilizar" los criterios de evaluación, promoción y titulación "sin tener en cuenta limitaciones que afecten al número de áreas pendientes".

La Orden suscitó las críticas de la comunidad educativa, que aseguraba que era contraria a la ley de educación vigente (que además es una ley orgánica), la LOMCE, ya que ésta sí establece un límite para poder pasar de curso (se repetirá con más de tres materias pendientes en Secundaria o dos en Bachillerato), y recoge que no se puede obtener el título de Bachiller sin haber aprobado todas las asignaturas. Asimismo, indicaron que la Orden era contraria a la Constitución, ya que delegaba competencias a las comunidades autónomas que son propias del Estado.

Precisamente, la LOMLOE, la reforma educativa también conocida como 'Ley Celaá', (que fue aprobada el pasado jueves en el Congreso y tendrá que continuar su tramitación en el Senado), que derogará la LOMCE, recoge la excepcionalidad de repetir curso.

"La permanencia en el mismo curso se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno o alumna. En todo caso, el alumno o alumna podrá permanecer en el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo a lo largo de la enseñanza obligatoria", reza el texto del proyecto.

HECHOS "GRAVÍSIMOS"

Durante el debate, el diputado de UPN, Sergio Sayas, ha criticado que desde el Gobierno no se permita a la ministra dar explicaciones sobre dicha investigación en el Congreso, crítica que ha sido compartida por Marta Martín (Cs), que asegura que "los españoles tienen derecho a saber qué ha pasado" con unos hechos que tacha de "gravísimos", mismo calificativo que ha utilizado para definir este veto o, en sus palabras, "censura".

"Tiene la suficiente gravedad e enjundia como para que la ministra venga a informarnos y a explicar por qué tomó esa decisión; lo que se ha producido es suficientemente grave", considera por su parte Joaquín Robles, de Vox, mientras que desde el PP, Óscar Clavell, ha reprochado al PSOE que cuando se encontraba en la oposición, pedía comparecencias "a diario" y ahora que está en el Gobierno no quiere que se celebre "ninguna".

Por su parte, el PSOE y Unidas Podemos se han opuesto a que la ministra tenga que acudir a la Cámara Baja a dar explicaciones sobre tal asunto. Así, la diputada socialista Luz Martínez Seijo, en respuesta al 'popular' Clavell, ha recordado que cuando el PP gobernaba con Rajoy solo comparecían sus cargos cuando era "preceptivo", es decir, para presentar los Presupuestos "y poco más". Martínez Seijo ha justificado su 'no' a que es un "tema menor" utilizado, a su juicio, por los medios de la derecha y porque se trata de una acusación que "no ha tenido recorrido" ni "fundamento".

También Joan Mena (Unidas Podemos) ha defendido su voto en contra de la celebración de la comparecencia: "No es un asunto que, de alguna manera, requiera de una comparecencia de ese tipo". Además, considera que la ministra ha comparecido "en muchas ocasiones" en el Congreso y desde la formación 'morada', dice, están seguros de que Celaá "volverá a comparecer cuando convenga".

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP), ha aprobado este martes dos Reales Decretos que actualizan el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP).

Con esta aprobación, se establecen siete nuevas cualificaciones profesionales (tres de la familia Electricidad y Electrónica y cuatro de la de Edificación y Obra Civil) y se actualizan otras 20 pertenecientes a diferentes ámbitos. Con la entrada en vigor de estos dos Reales Decretos, el catálogo sumaría un total de 676 cualificaciones.

Las nuevas cualificaciones de la familia profesional Electricidad y Electrónica son 'Operaciones eléctricas en subestaciones de tracción y centros de autotransformación ferroviarios', 'Instalación y mantenimiento de sistemas de control-mando y señalización en infraestructuras ferroviarias' e 'Instalación y mantenimiento de sistemas de telecomunicaciones y servicios auxiliares en infraestructuras ferroviarias'.

La primera de ellas recoge la labor de ejecutar operaciones en subestaciones eléctricas de tracción y centros de autotransformación para suministrar energía a las instalaciones ubicadas en distintos tramos de líneas ferroviarias. En cuanto a la segunda, contempla la realización de operaciones de instalación, puesta en servicio, mantenimiento y reparación de sistemas de control-mando y señalización en infraestructuras ferroviarias en los ámbitos de electricidad, electromecánica y electrónica. La última recoge la realización de operaciones auxiliares de montaje de redes eléctricas aéreas, subterráneas e instalaciones de alumbrado exterior.

Todas ellas siguen los criterios de calidad, aplicando las técnicas y los procedimientos requeridos, y cumplen con la normativa vigente y de protección medioambiental.

Pertenecientes a la misma familia profesional, se actualizan 'Reparación de equipos electrónicos de audio y vídeo', 'Operaciones auxiliares de montaje de redes eléctricas', 'Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión' y 'Desarrollo de proyectos de infraestructuras de telecomunicación y de redes de voz y datos en el entorno de edificios'.

En cuanto a las cualificaciones de la familia profesional Edificación y Obra Civil, se crean 'Operaciones de manutención de cargas con grúa-torre', 'Operaciones de manutención de cargas con grúa móvil autopropulsada categoría A', 'Operaciones de manutención de cargas con grúa móvil autopropulsada categoría B' y 'Construcción de piedra en seco'.

La primera recoge la realización de operaciones de manutención de cargas, verificación y control, así como de mantenimiento de grúa-torre para obras u otras aplicaciones. La segunda y la tercera se refieren a la ejecución de operaciones de manutención de cargas, conducción, verificación y control, así como de mantenimiento de la grúa móvil autopropulsada categoría A y categoría B, respectivamente, en obras de construcción y en otros sectores.

Y, por último, la 'Construcción de piedra en seco' contempla la labor de realizar y mantener construcciones mediante la técnica de piedra seca, sin argamasa, preparando y seleccionando la materia prima para su utilización en elementos constructivos.

Por último, el MEFP también ha actualizado otras 16 cualificaciones pertenecientes a diversas familias profesionales relacionadas con la construcción.

Para la elaboración y modernización de las cualificaciones profesionales se han tenido en cuenta las técnicas más actualizadas del mercado utilizadas en el desarrollo de la actividad laboral que reconocen. Además, se ha contado con la participación de profesionales de los sectores productivos implicados.

El MEFP continúa así con la actualización del CNCP, imprescindible para adecuar la oferta formativa de FP a la realidad de los perfiles profesionales. Esta renovación se enmarca dentro del Plan de Modernización de la Formación Profesional puesto en marcha por el Gobierno de España.

El CNCP es el instrumento del Sistema Nacional de las Cualificaciones y Formación Profesional que facilita el carácter integrado y la adecuación entre la FP y el mercado laboral, así como la formación a lo largo de la vida, la movilidad de los trabajadores y la unidad del mercado laboral. Está constituido por las cualificaciones identificadas en el sistema productivo y por la formación asociada a las mismas.

La Consejería de Sanidad de Castilla y León ha diseñado y puesto en marcha un protocolo de atención integrada a víctimas de agresiones sexuales y trabaja con el Gobierno central en la elaboración de uno común para todo el país.

Así lo ha señalado la consejera de Sanidad, Verónica Casado, quien ha destacado que Castilla y León es una de las pocas comunidades que cuenta con protocolo como éste para la atención de estas víctimas.

Casado, en una rueda de prensa para informar sobre la evolución de la pandemia en la Comunidad, se ha referido en este marco al Día Internacional de lucha contra la violencia de género, una "lacra" que ha recordado que sigue sucediendo pese a la situación de pandemia mundial, que en ocasiones lo "empeora".

Por ello, ha llamado a estar todos "vigilantes" y contribuir a este tipo de violencia y, además de expresar su apoyo a las víctimas, a las que ha pedido que contacten con los profesionales, ya que hay muchos sanitarios que trabajan en la materia y lo cuenten aunque tengan la sensación de que no se las puede ayudar o sientan vergüenza y se sientan "encorsetadas" con estos problemas. "Podemos ayudar, pidan ayuda", ha dicho la consejera, quien ha recordado el teléfono de atención a víctimas de violencia de género, el 016.

En esta línea, ha explicado que llevan meses trabajando y poniendo en marcha un proceso de atención integrada agresiones sexuales que contempla el daño físico y psicológico, la atención integral específica y especializada, con un equipo sanitario multidisciplinar.

Así, se pretende facilitar la continuidad y la atención integral, de manera que en el proyecto elaborado por la Consejería se contemplan desde signos para detectar agresiones, síntomas o secuelas hasta el asesoramiento o circuitos y recursos asistenciales para las víctimas.

Verónica Casado ha añadido que hasta el momento "pocas" comunidades autónomas disponen de un sistema como éste y Castilla y León participa en un grupo de trabajo con el Ministerio de Sanidad para elaborar un protocolo común en estos casos. "Somos un referente en esta materia", ha agregado.

Las asistencias a víctimas de violencia de género superaron las 7.200 durante 2019, según consta en el Informe sobre los datos relativos a la justicia gratuita en la jurisdicción de violencia de género en 2019 elaborado por el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM).

En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el ICAM ha presentado su informe sobre las asistencias a las víctimas, durante 24 horas, los 365 días del año.

Profesionales de la abogacía, formados y experimentados, son designados para la asistencia y defensa de la víctima de forma inmediata, desde el momento en que desea interponer denuncia.

"Son las únicas víctimas de un delito que tienen este derecho", ha detallado Marisol Cuevas, directora de Servicios a la Ciudadanía del ICAM, quien ha indicado que "para que un abogado les guíe durante todo el procedimiento, incluso sin que medie la propia denuncia".

Cerca de 2.000 profesionales están inscritos en Madrid el turno de Violencia de Género, para lo cual han tenido que realizar previamente diferentes cursos de formación y acreditar experiencia para gestionar este tipo de conflictos.

Junto a la formación de Justicia Gratuita enfocada en el Derecho Civil y el Derecho Penal (con el que se accede a los turnos de estas jurisdicciones), los letrados inscritos al turno de VioGen deben completar un tercer curso específico.

Además de nociones jurídicas que aglutinan varias ramas del Derecho que afectan a la violencia de género, les permite adquirir las habilidades necesarias para llevar a cabo una intervención efectiva con las víctimas, sin olvidar la importancia del aspecto psicológico.

Este ámbito de la psicología incluye un módulo de Sensibilización que prepara a los abogados sobre las características psicológicas de las víctimas y las consecuencias psicosociales, al objeto de que puedan acercarse y ofrecer un asesoramiento más completo que acompañe y proteja a la denunciante durante todo el proceso.

FORMACIÓN EN ESTA MATERIA

Además, desde el ICAM y su Centro de Estudios, así como desde el Centro de medios alternativos de resolución de conflictos (ADRs), se ofrece un programa curricular en constante actualización a través del cual los miembros de la abogacía madrileña pueden continuar y ampliar la formación en materia de violencia de género.

Uno de los datos significativos que arroja el informe es el aumento de las órdenes de protección, que se tramitan en la oficina de enlace del ICAM sito en la sede de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Madrid.

En el 2019, sólo en el partido judicial de Madrid, se gestionaron 2.662 órdenes de protección, lo que supone un incremento del 3% respecto del año anterior y de hasta un 20% respecto de los datos de 2015.

Igualmente, las designaciones durante 2019 alcanzaron las 11.206, suponiendo un 4% de aumento en cuanto a las realizadas durante el año anterior.

Durante el primer semestre del 2020, se han realizado 4.787 designaciones, un dato inferior a las 5.656 del mismo periodo de 2019. Aunque, una vez concluya el año habrá que analizar más detenidamente las estadísticas, la crisis sanitaria y el encierro durante la pandemia, han implicado en muchos casos un incremento en la situación de vulnerabilidad de las víctimas.

Aspecto que se puso de manifiesto durante la VIII Cumbre de Mujeres Juristas que celebró la Comisión de Igualdad del Colegio de Abogados de Madrid el pasado octubre en el Senado, señalando las dificultades que muchos letrados han tenido que afrontar para poder contactar e informar a las víctimas.

"Hay que insistir en la formación y sobre todo en la prevención", apunta Cuevas, "es importante que las víctimas sepan que tienen acceso al asesoramiento desde el momento en que quieran emprender acciones, y que estarán acompañadas por un profesional sensibilizado con su situación y capacitado para ofrecerle la mejor atención posible".

LA ABOGACÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

A punto de concluir el 2020, de acuerdo con los datos del Ministerio de Igualdad, 41 mujeres han sido víctimas de la violencia de género en el territorio nacional. "Y no hay que olvidar el impacto que cada víctima genera en su entorno familiar, social o laboral", advierte Cuevas.

Desde el ICAM se ha puesto en marcha una campaña para expresar la repulsa hacia este tipo de violencia, reivindicar la necesidad de combatirla y conmemorar a todas sus víctimas.

Navarra detectó este lunes 141 nuevos casos positivos de infección por Covid-19, según los datos facilitados por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), tras realizar en el sistema público de salud 2.039 pruebas (1.189 PCR y 850 test de antígenos), con un 6,9% de positivos.

Este lunes se produjeron en la Comunidad foral ocho nuevos ingresos relacionados con esta enfermedad, cuatro en la UCI, y se registró el fallecimiento de un hombre de 50 años. Además, se notificaron cuatro más de días previos, mujeres de entre los 87 y los 96 años. El número total de muertes por esta causa se sitúa, por tanto, en 852.

Por otro lado, Navarra continúa siendo, una semana más, la comunidad autónoma que más pruebas diagnósticas de Covid-19 realiza en relación a su población: 678,59 por cada mil habitantes, según la estadística oficial del Ministerio de Sanidad. La media estatal se sitúa en las 366,23 por cada mil habitantes.

Por zonas, en Pamplona y Comarca se registra el 59% de los positivos, en el Área de Tudela el 25% y en la de Estella, el 9% de los casos. El resto de positivos (7%) se reparten por otras zonas de Navarra.

En cuanto a la distribución de los casos registrados por franjas de edad, el grupo mayoritario es el de menores de 15 años, con un 29%; seguido por el de 45 a 59 años, con el 24%; el de 15 a 29 años, con el 15%; y los grupos de 30 a 44 años y los mayores de 75 años, con un 12%, respectivamente. Finalmente, se sitúa el grupo de 60 a 75 años, con el 8%. La edad media de los nuevos casos se sitúa en los 38,8 años. Respecto al género, el 66% de los casos son mujeres y el 34%, hombres.

Desde la perspectiva de la ocupación hospitalaria, según informa el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O), tras el balance de ingresos y altas, 221 personas permanecen ingresadas con y por Covid-19 (25 menos que ayer), 41 de las cuales se encuentran en puestos UCI (igual que ayer) y otras 25 en hospitalización domiciliaria (9 menos que ayer). Los demás, 155 pacientes, están en planta. Todas estas personas dieron positivo en una prueba PCR, sea esta infección o no el motivo de su ingreso hospitalario, y ocupan espacios Covid-19.

La incidencia acumulada de infecciones por el virus, según los reportes diarios, se sitúa en Navarra en 38.789.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Plan de Vacunación contra COVID-19, que recoge que los residentes y el personal sanitario de residencias y centros de grandes dependientes serán los primeros en vacunarse una vez lleguen las primeras dosis, a partir de enero de 2021, según ha anunciado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en rueda de prensa este martes.

Después, les seguirá el resto de personal sanitario y los grandes dependientes no institucionalizados. En total, en la primera etapa de la vacunación se vacunará a 2,5 millones de personas, ha informado Illa. El ministro no ha pormenorizado cuáles serán el resto de grupos después de esta población más vulnerable: "Los daremos a conocer oportunamente".

Illa considera que en el mes de enero "se podría empezar a vacunar con las primeras dosis" que lleguen a nuestro país. Según ha destacado, una vez sea aprobada una vacuna a nivel europeo llegará en un breve período de tiempo a España, una vez sea ratificada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS): "La entrega va a ser inminente una vez sea autorizada. No habrá dilación de tiempo entre ambas aprobaciones".

El Ministerio ha establecido tres etapas de priorización de los grupos a vacunar en función de las dosis disponibles: el primero será entre enero y marzo, cuando se prevé un "suministro muy limitado; en la segunda, entre marzo y junio, se irá realizando un "incremento progresivo" en el número de personas vacunar; finalmente, en la tercera etapa, a partir de junio, el objetivo es haber cubierto ya a "todos los grupos prioritarios".

Según el ministro, la priorización se va a realizar "en base a un marco ético": "principio de igualdad, necesidad, equidad, protección a la discapacidad, beneficio social, reciprocidad y solidaridad". Illa ha explicado que se han establecido 18 grupos poblacionales en función de cuatro tipos de riesgo: mortalidad, exposición a la enfermedad, impacto socioeconómico y transmisión de la enfermedad.

La estrategia persigue dos objetivos principales: "Reducir lo máximo posible que la población fallezca o ingrese en un hospital, y que estemos listos para vacunar desde el mismo momento en que empecemos a recibir dosis de vacunas aprobadas". Tiene cuatro líneas estratégicas: establecer un orden de prioridad para vacunar a la población, establecer los elementos logísticos, crear un registro de vacunación para vigilar posibles reacciones adversas y la comunicación tanto a los profesionales sanitarios como a la población general.

Sanidad prevé que España podrá contar con hasta 140 millones de dosis de vacunas contra COVID-19 a través de los acuerdos firmados por la Comisión Europea (CE) con las distintas compañías farmacéuticas desarrolladoras. Así, el departamento dirigido por Salvador Illa calcula que se podrían realizar 80 millones de inmunizaciones en nuestro país, es decir, casi el doble de la población española (47,32 millones). En el Consejo de Ministros de este martes se ha autorizado la compra de 20,83 millones de dosis de la vacuna de Pfizer para inmunizar a un total de 10,4 millones de personas en España.

Los contratos firmados por la Comisión Europea van a llegar hasta 1.400 millones de dosis, unas 800 millones de inmunizaciones, ya que casi todas las vacunas desarrolladas hasta el momento, como las de Moderna, Pfizer o AstraZeneca, constan de dos dosis. Por el momento, la candidata de Janssen es la única que se administraría en una sola dosis. Europa ya ha firmado cinco contratos para acceder a vacunas en desarrollo, mientras otras dos están en estados "avanzados" de negociación.

"Calculamos que recibiremos 140 millones de dosis, para inmunizar a 80 millones de ciudadanos. Obviamente, más de la población que tenemos en nuestro país", ha indicado Illa. El motivo es asegurarse un número suficiente de vacunas en caso de que alguna de ellas no termine siendo aprobada por la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés), algo posible hasta que no se cuente con más datos definitivos. De la misma forma, en caso de que haya exceso de vacunas, se realizará su distribución hacia otros territorios no comunitarios, según fuentes ministeriales.

ILLA DESCARTA QUE LA VACUNACIÓN VAYA A SER OBLIGATORIA

El ministro ha descartado que en las etapas iniciales la vacunación sea obligatoria. "Vamos a partir de la voluntariedad para la vacunación", ha comentado. Fuentes ministeriales, sin embargo, no descartan que tenga que adoptarse esa medida en caso de que Sanidad lo estime necesario dentro de la evolución de la pandemia, ya que aseguran que existen las herramientas necesarias para la obligatoriedad de la vacunación. En este contexto, recuerdan que en otros países cercanos, como Francia, las vacunas son obligatorias, mientras que en España son voluntarias. A pesar de no serlo, las coberturas de vacunación en nuestro país son muy altas en población infantil y ligeramente inferiores en adolescentes.

Illa ha recordado que la vacuna será "gratuita" y se administrará a través del Sistema Nacional de Salud (SNS). Así, ha defendido que "será igual de segura que las del calendario de vacunación" habitual. La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha celebrado los últimos resultados de los ensayos clínicos sobre vacunas y la presentación de este plan de vacunación: "Parece que comienza a verse, con toda la prudencia, la luz al final del túnel".

El grupo que ha elaborado esta estrategia está formado por el Ministerio y ocho CCAA, junto con dos miembros del Comité de Bioética, un sociólogo de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), un experto en la metodología sobre la investigación sobre evaluación de programas de vacunación, cuatro especialistas en modelización matemática del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), representantes de sociedades científicas como la Asociación Española de Vacunología (AEV) o la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), el Centro Nacional de Epidemiología, el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) liderado por el doctor Fernando Simón o la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este viernes que el objetivo es que "una parte muy sustancial" de la población española esté vacunada, "con todas las garantías", en el primer semestre de 2021. Con la presentación de esta estrategia, Sánchez aseguró que España será "el primer país de la Unión Europea junto a Alemania" en tener un plan completo de vacunación. "Hemos estado trabajando desde septiembre en este plan. Estamos preparados", resaltó.

Sánchez avanzó que el plan de vacunación contará con 13.000 puntos de vacunación para garantizar un "acceso equitativo a las vacunas" a través de la Atención Primaria. Ayer, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, defendió con rotundidad que el sistema sanitario español tendrá la capacidad suficiente para poder realizar esta vacunación masiva. "Tenemos una amplia red de Atención Primaria. Tienen capacidad para realizarlo. La capacidad del sistema es más que suficiente, y más sabiendo que las vacunas van a llegar progresivamente", añadió.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha anunciado que el Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) para adaptar la normativa española a las exigencias de la Fiscalía europea, aunque también por "coherencia constitucional", justificando así el cambio de modelo por el cual la instrucción pasa del juez al fiscal.

Campo ha informado, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que de hecho el Gobierno ha dado luz verde a dos anteproyectos de ley, el de la nueva LeCrim y el de la Fiscalía Europea (EPPO).

El ministro ha esgrimido que este cambio era necesario por "coherencia con el mandato europeo". Así, ha revelado que en la videoconferencia celebrada el lunes con el comisario de Justicia, Didier Reynders, se comprometió a llevar este anteproyecto de ley de la EPPO al Consejo de Ministros de este martes. Reynders ha pedido celeridad a los estados miembros para hacer los ajustes internos necesarios para poner en marcha la Fiscalía Europea.

"Por tanto, teníamos que establecer un procedimiento penal, conforme a lo que establece el Reglamento (de la UE de 2017), que dice que son los fiscales los que instruyen", ha dicho Campo. A este respecto, ha apuntado que en todos los países de nuestro entorno, a excepción de Francia y Austria, el fiscal instruye y el juez se ocupa del respeto a las garantías.

En segundo lugar, Campo ha señalado también a la "coherencia constitucional", aduciendo que con esta reforma legal "el rol constitucional del juez y del fiscal adquiere un grado superlativo". Lo ha ilustrado con un símil en el que la investigación penal se hace con un escudo y una espada: "el fiscal es la espada y el juez, el escudo", porque el primero dirige las pesquisas y el segundo garantiza que no se vulneren los derechos y libertades fundamentales.

Junto a ellos, ha explicado, surge la figura del juez de audiencia preliminar, que será quien decida si se abre juicio oral y expulse del proceso a las personas y las pruebas que considere oportunas.

Campo ha destacado como otro "eje" de la nueva LeCrim el refuerzo de las garantías de la víctima, que ahora "ocupa el papel central del proceso". En este sentido, ha detallado que aborda el tratamiento procesal de las personas con discapacidad y de los menores, así como la figura del acusado, al que se le reconocen "un elenco de derechos que no se habían recogido" hasta ahora, incluido el desarrollo pormenorizado de la presunción de inocencia.

Otro eje son las "nuevas herramientas", ha comentado, destacando que en este punto España puede sentirse "orgullosa" porque "nos situamos a la cabeza del mundo". "Estamos hablando de una regulación de pruebas científicas (...), de la digitalización al servicio de la administración de justicia y de rectas políticas criminales, obtención y tratamiento a través de automatización de datos, de vigilancias e investigaciones encubiertas o electrónicas", ha aclarado.

UNA LEY ABIERTA AL DEBATE

Asimismo, el titular de Justicia ha incidido en que era necesario reformar una "ley magnífica" pero que tiene 138 años y ha sufrido hasta 77 reformas, 54 de ellas solo en democracia.

Ha recalcado igualmente que "esto es la primera palabra", por lo que "ahora se abre un proceso intenso de consultas" para mejorar lo que ha definido como un "texto rico". En este sentido, ha anticipado que se abrirá al "debate público", se solicitarán los informes preceptivos y se someterá a la discusión parlamentaria. "Es una ley con la que no hay que tener prisa pero no debemos pararnos porque la sociedad lo reclama", ha sostenido.

OTRAS NOVEDADES

El principal cambio que plantea la nueva LeCrim es el destacado papel que otorga al fiscal, no solo como instructor sino porque también controlará la información sobre los procesos penales en fase de instrucción para para limitarla a "lo esencial desde el punto de vista del interés informativo" y evitar así un "grave atentado" a la presunción de inocencia.

Otro punto polémico, de acuerdo con el borrador del anteproyecto de ley al que ha tenido acceso Europa Press, es la nueva configuración de la acusación popular, que ya no podrán ejercerla las personas jurídicas públicas, los partidos políticos y los sindicatos, aunque se fija un catálogo de delitos que resultan idóneos para que los ciudadanos puedan defender una visión de la legalidad penal alternativa a la del Ministerio Fiscal, como en el caso de los delitos de corrupción política.

Se crea además una segunda forma de detención preventiva "más leve", con una duración máxima de 24 horas frente las 72 actuales, destinada a facilitar las actuaciones procesales que requieran la presencia del arrestado; se crea una comisión nacional de seguimiento de la prisión provisional; y se contempla un cese automático de los cargos públicos investigados por delitos de rebelión y terrorismo. En cuanto a diputados y senadores, solo será necesario tramitar el suplicatorio "si se solicita al juez una concreta actividad cautelar o si efectivamente se ejercita la acción penal".

La Consejería de Sanidad de Castilla y León hará cribados con test de antígenos en la Zona Básica de Salud de Eras de Renueva, en León, y Guijuelo y Peñaranda de Bracamonte (Salamanca) y muestra preocupación por la alta incidencia en las localidades vallisoletanas de Medina del Campo y Laguna de Duero y la capital zamorana.

Así lo ha señalado la consejera de Sanidad, Verónica Casado, quien ha comparecido en rueda de prensa para analizar la evolución de la pandemia en Castilla y León junto al coordinador de Medicina Interna, Carlos Dueñas.

En concreto, la consejera ha apuntado que se harán pruebas masivas con test de antígenos en la Gerencia de León, en la Zona Básica de Salud de Eras de Renueva de la capital, o en las localidades salmantinas de Guijuelo y Peñaranda de Bracamonte (Salamanca), en ambos casos por encima de los 800 casos por cada 100.000 habitantes de incidencia acumulada y con tendencia al alza.

La consejera de Sanidad ha recordado que los criterios para la realización de test masivos son la incidencia elevada, una tendencia ascendente y la pérdida de trazabilidad por la transmisión comunitaria.

Además, ha asegurado que es "clave" la estrategia de realización de pruebas con antígenos de segunda generación en Atención Primaria, que va a continuar, ya que "funciona" y se apoya "de forma clara" su uso con este tipo de pruebas que, dada su rapidez, permite detectar rápidamente un positivo, iniciar el aislamiento y cortar la transmisión.

Por otro lado, Casado y Dueñas han coincidido en señalar la preocupación existente por la situación de Laguna de Duero y Medina del Campo (Valladolid) y la capital zamorana.

Precisamente el doctor Dueñas ha señalado que estas zonas tienen una incidencia elevada, lo que puede significar días después un aumento de ingresos hospitalarios que además podrían coincidir con el puente de diciembre, lo que complicaría algo la hospitalización, tras lo que ha apelado a la responsabilidad para evitar colapsos.

En cuanto a la tendencia, ha explicado que una tendencia descendente de la incidencia acumulada que se mantuviera podría permitir una desescalada de las plantas de hospitalización COVID-19.

El Gobierno ha propuesto este miércoles una renovación del Pacto de Estado social, institucional y político contra las violencias machistas, aprobado por el Congreso en 2017, con el objetivo de que "todos luchen de forma decidida contra" esta lacra y ha señalado la "reparación" de las víctimas como una de sus prioridades en esta materia.

Ante la conmemoración, este miércoles 25 de noviembre, del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Ejecutivo ha aprobado en el Consejo de Ministros una declaración institucional sobre esta materia. Además, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha realizado un vídeo sobre el tema.

Tanto en la declaración como en el vídeo, el Ejecutivo ratifica su compromiso en la lucha contra la violencia machista, recordando que se trata de una "vulneración de derechos humanos".

Además, enumera la implicación de España en los diferentes convenios, declaraciones y acuerdos internacionales, así como las medidas llevadas a cabo, junto con las comunidades autónomas, para paliar las consecuencias de la pandemia en la lucha contra estas violencias.

UNA REALIDAD "INNEGABLE"

Del mismo modo, recuerda algunas de las principales cifras recogidas en la macroencuesta sobre las violencias machistas realizada por la Delegación del Gobierno en esta materia, entre las que destacan que una de cada dos mujeres han sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida, que más de 1.300.000 mujeres han sufrido la violencia sexual fuera de la pareja y cerca de 1.700.000 niños y niñas viven en hogares en los que la mujer está sufriendo algún tipo de violencia.

Para el Gobierno, estas cifras "ponen de manifiesto una realidad innegable" que les "interpela" y que les "obliga a una acción decidida en pro de la erradicación de la violencia contra las mujeres y de las actitudes sociales que la toleran, la justifican o incluso la banalizan".

Es preciso intensificar los esfuerzos para combatir el machismo y condenar socialmente todas las actitudes, prácticas y conductas que consienten y reproducen estas violencias", ha apuntado el Ejecutivo en la declaración, recogida por Europa Press.

En este sentido, ha señalado que el Gobierno está promoviendo reformas y nuevos instrumentos normativos --como la ley de libertades sexuales, la ley de protección de la infancia o la ley contra la trata de mujeres-- así como una Estrategia Nacional contra la Violencia Machista, garantizar la consolidación e institucionalización del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

"NO ESTÁIS SOLAS"

Tal y como ha señalado la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. España reconoce la lucha contra esta lacra como "central" para la consecución de un país "más justo, libre igualitario" y ha indicado la necesidad de "seguir redoblando esfuerzos" en esta materia que, a su juicio, "dura ya demasiado tiempo".

Las políticas de homenaje y reconocimiento de las víctimas, así como el "establecimiento de medidas de reparación" son "una prioridad para este Gobierno", indica el texto.

La ministra de Igualdad, por su parte, ha llamado "este año más que nunca" a renovar el Pacto de Estado para "luchar contra todas las formas" de violencia contra la mujer y que desde el Gobierno se garanticen los derechos de todas las mujeres y sus hijos víctimas de esta lacra.

Montero ha lamentado que "muchas" víctimas no denuncien por "miedo a no ser creídas" y se ha comprometido, "frente a los discursos de extrema derecha que niegan la violencia de género", a poner todas las herramientas necesarias como Estado para garantizarles a estas mujeres "que no están solas" y que tienen "puertas de entrada grandes y seguras para denunciar y ser acompañadas y reparadas". "No estáis solas", concluye el mensaje.

El PP ha exigido este martes que el plan para Navidad que se va a poner en marcha por el coronavirus se base en criterios técnicos y científicos, y que las decisiones se tomen en coordinación con las comunidades autónomas, según han informado fuentes de la cúpula del PP.

Así se ha pronunciado el partido que dirige Pablo Casado tras conocer el borrador 'Propuestas de medidas de salud pública frente a la Covid-19 para la celebración de las fiestas navideñas', en el que el Gobierno propone limitar a seis personas las reuniones familiares en Navidad y toque de queda a la 1.00 horas en Nochebuena y Nochevieja.

En concreto, el documento --al que ha tenido acceso Europa Press-- señala que en las reuniones en el ámbito familiar se recomienda limitar la participación a los miembros que pertenezcan al mismo grupo de convivencia, si bien en el caso de que haya algún miembro externo no conviviente habitual, las reuniones serán de hasta un máximo de seis personas y se debe garantizar las medidas de prevención, independientemente de si son familiares o no.

Además, pide evitar o minimizar las reuniones en el ámbito social (celebraciones del trabajo, antiguos alumnos o clubs deportivos, entre otros) y, en el caso de celebrarse, deberán ser de un máximo de seis personas y preferiblemente en el exterior.

El texto recuerda que en todos los contexto se deben mantener las medidas de prevención, como el uso de mascarilla, lavado de manos, mantenimiento de la distancia, ventilación y actividades al aire libre.

EL PP VE "FUNDAMENTAL" LA COORDINACIÓN CON LAS CCAA

Al conocer este primer borrador para Navidad, el PP ha reclamado al Gobierno que el plan se base en criterios científicos y técnicos y ha recordado que es una exigencia que ha venido demandando el presidente del Partido Popular, Pablo Casado.

Además, el primer partido de la oposición --que gobierna en cinco autonomías-- ha subrayado que las decisiones ante las vacaciones navideñas deben tomarse "en coordinación con las comunidades autónomas".

"El Gobierno no debe caer en los mismos errores de siempre. Esa coordinación es fundamental", han señalado fuentes 'populares', que ponen el acento en que el Ejecutivo debe consensuar este plan con las comunidades autónomas.

'COVID', 'coronavirus', 'desconfinamiento' o 'cuarentenar' son algunas de las nuevas palabras añadidas a la versión digital del Diccionario de la Lengua Española, que también incluye nuevas adiciones en definiciones como las de 'confinamiento'.

La presentación ha tenido lugar en la sede de la RAE, junto a la obra 'Crónica de la lengua española'. En total, son 2.557 novedades. En el caso de 'COVID', con mayúsculas, se define como síndrome respiratorio agudo producido por un coronavirus. Además, se aclara que el acrónimo proviene del inglés ('coronavirus disease', 'enfermedad del coronavirus').

Mientras, el 'coronavirus' es "un virus que produce diversas enfermedades respiratorias en los seres humanos, desde el catarro a la neumonía o la COVID". Y 'cuarentenar' habla o bien de "poner a alguien en cuarentena" o "pasar un período de cuarentena".

Esta nueva edición del diccionario (la 23.4) también ha incluido otros artículos relacionados con la enfermedad como la palabra 'ébola' o con la pandemia, como 'desconfinamiento' --"levantamiento de las medidas impuestas en un confinamiento"-- o 'desescalada'.

Asimismo, en la definición de 'confinamiento' se ha incluido una adición de acepción para hablar de "un aislamiento temporal y generalmente impuesto a una población, persona o grupo por razones de salud y seguridad.

La directora del DLE, Paz Battaner, ha aclarado algunas dudas respecto a las nuevas incorporaciones relacionadas con la pandemia. Así, para COVID ha explicado que tiene dos géneros gramaticales, por lo que por el momento se podrá usar con 'el' o 'la' indistintamente. "Los hispanohablantes decidirán si es masculino o femenino", ha señalado Muñoz Machado.

También con 'confinamiento' se ha decidido añadir otro significado que no sea el de "pena punitiva" para desplazados de su domicilio. "En un principio se pensó en matizar esta acepción, pero desde América se nos advirtió que el confinamiento como pena todavía existe en algunas zonas con ese uso", ha añadido el director de la RAE.

En cualquier caso, el nuevo DLE incluye también numerosas novedades en términos no relacionados con el coronavirus. Por ejemplo, se acepta 'fascistoide', con la definición de persona "que tiende al fascismo o autoritarismo" o de 'parafascista' --"que tiene semejanza con el fascismo"--.

También a la palabra 'democracia' se le añaden acepciones 'de forma compleja', con términos como 'orgánica', 'representativa' o 'popular'. El diccionario ahora recoge 'intifada', para hablar de"insurrección popular palestina protagonizada por los jóvenes frente a las fuerzas israelíes de ocupación".

Battaner no cree que haya numerosas modificaciones relacionadas con la política por el contexto actual. "Las que son novedad no son recogidas solo este año, sino de hace tiempo. Es verdad que este año se ha vivido políticamente de manera exaltada, pero las palabras recogidas tienen que ser sostenidas en el tiempo", ha matizado.

Es novedad también la palabra 'provida', que habla de quien "se opone al aborto inducido, a la investigación con embriones humanos y a la eutanasia". O 'macho alfa', que alude al "macho dominante en un grupo de animales sociales".

'FINDE', 'EMOJI' O 'TROLL'

'Finde', como "reconocimiento al uso que se da en España" a esta forma abreviada de fin de semana, 'emoji' --palabra diferente de 'emoticono'--, la acepción de 'hilo' para referirse a las cadenas de mensajes en Internet o 'trol', son otras de las incorporaciones. "Eso de 'el inglés nos invade' no es cuestión de gran preocupación para la academia: muchas palabras se transforman o castellanizan y sigifican poco dentro de la inmensidad del castellano", ha afirmado Muñoz Machado.

El director de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz Machado, ha reconocido que la elaboración de estos diccionarios es "un trabajo severo, laborioso y muy riguroso", muchas veces expuesto a la crítica. "No pretendemos en modo alguno inventar nada. Somos testigos y notarios de cómo hablan los hispanohablantes", ha destacado.

El portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha advertido de que en la actualidad hay una serie de medidas restrictivas frente a la covid-19 que están en vigor, que van a tener que seguir estando vigentes "hasta que se supere la situación de contagio de la enfermedad" y que van a estar en vigor "también en Navidad". "Son fechas en las que este año no vamos a poder desenvolvernos como lo hacemos habitualmente", ha subrayado.

En la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Gobierno, Zupiria ha sido preguntado sobre el borrador del Gobierno central de las medidas para la celebración de las fiestas navideñas que propone limitar a seis personas las reuniones familiares y sociales y un confinamiento nocturno entre las 1.00 horas y las 6.00 horas los días 24 y 31 de diciembre, Nochebuena y Nochevieja, respectivamente.

Zupiria ha informado de que la consejera de Salud le ha trasladado que esta mañana ha recibido un documento borrador remitido por el Ministerio de Sanidad que recoge "diferentes aportaciones que se han realizado desde el Gobierno de España y desde las comunidades autónomas, y que será objeto de discusión en el Consejo Interterritorial que se celebrará este miércoles. "Todas las comidas autónomas tienen opción, hasta ese momento, de presentar sus propuestas", ha indicado.

Asimismo, ha explicado que "al margen de decisiones puntuales sobre algún horario determinado que habrá que ver en qué queda y que a día de hoy no está decidido", la mayor parte de las propuestas que se recogen en ese documento tienen que ver con las medidas que "ahora mismo están en vigor".

"Estas medidas hacen referencia al uso de mascarilla; al mantenimiento de las distancias entre personas, evitar los movimientos para visitar a personas con las que habitualmente no convivimos, evitar juntarnos en grupos de más de seis personas o hacerlo con personas con las que no vivimos habitualmente o estar en espacios abiertos aireados", ha enumerado.

Además, ha recordado que las instituciones públicas recomiendan "evitar, en lo posible, las reuniones y fiestas con compañeros de trabajo" y han pedido que este año "no se celebren".

"Hay una serie de medidas que están en vigor, que van a tener que seguir estando con nosotros hasta que superemos esta situación de contagio de la enfermedad, que van a estar en vigor también en Navidad y que deberíamos respetar todos", ha explicado.

En este sentido, ha señalado que al hablar de Navidad se refiere a la fiesta de Santo Tomás, Nochebuena, Navidad, Año nuevo, Nochevieja y Reyes. "Son fechas en las que este año no vamos a poder desenvolvernos como lo hacemos habitualmente", ha reiterado.

Preguntado sobre si el Gobierno Vasco tiene previsto abrir la hostelería tras el puente de diciembre, Zupiria ha explicado que "es muy previsible" que en vísperas de Santo Tomás Euskadi presente una tasa de contagios entre 400 o 500 por cada 100.000 habitantes y también "es muy probable" que se mantenga en niveles "altos" de ingresos en hospitales y UCI, lo que "nos va a exigir mantener una presión en las medidas que se establezcan".

SEGUIMIENTO SEMANAL

Asimismo, ha recordado que en la reunión del Consejo asesor del Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI) del pasado jueves se acordó que se iba a hacer un seguimiento semanal de los datos sanitarios que estuvieran en vigor y también de las restricciones que se han impuesto, especialmente algunas actividades.

"Vamos a atender a esa revisión, y en función de la evolución que muestren los datos sanitarios, se tomarán las medidas correspondientes con respecto al ámbito hostelero, al ámbito de la celebración de eventos deportivos, etc", ha indicado.

Preguntado sobre si tras el puente de diciembre se podría reabrir el sector de la hostelería o eliminar la limitación de la movilidad, Zupiria ha insistido en que esta decisión le corresponde al LABI y al lehendakari, "en función de los datos" de Euskadi.

"El objetivo de las instituciones es revisar, semana a semana, los datos sanitarios, analizar la evolución, y en función de los resultados, tomar las decisiones que correspondan", ha reiterado.

La consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado, ha desgranado este martes el documento que la Comunidad ha presentado para consensuar medidas de cara a la Navidad y que contempla, entre otras acciones, mantener el cierre perimetral de la región y valorar los provinciales, siempre que haya una postura común.

Casado se ha referido a este asunto en su comparecencia semanal para informar de la evolución del Coronavirus en la Comunidad, donde ha aprovechado para señalar que las propuestas de la Junta están "en concordancia" con las plasmadas por el borrador del Gobierno y que también abogan por reuniones de seis personas no convivientes y cabalgatas y campanadas en televisión.

"Las medidas que hemos propuesto son muy concordantes con las medidas del Ministerio, en relación a la entrada de personas en nuestra Comunidad seguimos insistiendo en que tenemos que intentar tener el menor nivel de movilidad", ha defendido Casado, quien ha considerado "importante" que en la adopción de estas decisiones haya una "unidad de criterio" para que todas las regiones "hagan lo mismo".

Entre las propuestas que ha planteado la Comunidad se encuentran el cierre perimetral de la Comunidad y valorar los cierres provinciales de acuerdo con la incidencia de casos, limitar a seis personas las reuniones familiares, al tiempo que recomiendan no celebrar las tradicionales comidas o cenas de trabajo y, de hacerse, no superar las seis personas.

La Junta plantea también que se viaje "lo menos posible", que el toque de queda se mantenga en una situación similar a la actual aunque se barajan excepciones para el 24 y 31 de diciembre y el 5 de enero.

Casado ha defendido también que se evite la asistencia de público a las cabalgatas, limitar las visitas a belenes y no celebrar las campanadas de fin de año. A esto se suma el mantenimiento de las actividades deportivas típicas de esta época del año pero sin público y estudiar las movilidad de los estudiantes.

El Parlamento de Canarias ha convalidado este martes por unanimidad el decreto ley del Gobierno regional que exige a los viajeros que llegan a las islas aportar un test negativo de Covid-19 para poder acceder a un alojamiento.

El test, tanto en forma de PCR como rápido de antígenos, deberá haberse realizado un máximo de 72 horas antes de la llegada al establecimiento, o al llegar al destino, y serán los alojamientos, tanto hoteles como viviendas vacacionales o apartamentos, los responsables de garantizar el cumplimiento de esta norma y ejecutar sus correspondientes protocolos.

No obstante, los grupos que apoyan al Gobierno han descartado que el decreto se tramite como proyecto de ley por procedimiento de urgencia.

La consejera de Turismo, Yaiza Castilla, ha comentado que el decreto busca "garantizar la seguridad" en toda la cadena de valor del turismo, en línea con los criterios el plan 'Canarias Fortaleza', y defendió la urgencia de la medida en la "necesidad de tomar decisiones urgentes" para afrontar la crisis sanitaria y económica.

Ricardo Fernández, del Grupo Mixto (Cs), ha dicho que el decreto "llega tarde" pues debió aprobarse en junio, y mostró su extrañeza de que los menores de seis años no estén incluidos en la medida ni tampoco los residentes canarios.

"Lo veo flojo y voluntarista, aunque es un avance", ha destacado, y aunque hasta ahora está funcionando bien, ha mostrado dudas con la veracidad de los documentos que pueden presentar los turistas.

Jesús Ramos (ASG) ha comentado que el decreto ha sido "novedoso" en España para regular la llegada de turistas y "no contradice en nada" al del Estado, con medidas que han sido consensuadas con agentes del sector turístico. "Es la única medida para tener corredores seguros", ha indicado.

Francisco Déniz, de Sí Podemos, ha comentado que el decreto está justificado por la "urgencia" de la crisis turística y sanitaria, y aunque hubiera preferido que se aprobara "un poco antes", entiende que estas decisiones "no se toman de la noche a la mañana", porque también afectan a otros países y comunidades autónomas.

Ha dicho que "se complementa bien" con el decreto estatal y al igual que Cs, se ha mostrado a favor de que hubiera test a todos los viajeros.

Sandra Domínguez, de NC, ha comentado que uno de los grandes "errores" de la pandemia ha sido la "falta de coordinación" en la Unión Europea "y la inacción", y frente a ello, ha resaltado la iniciativa del Gobierno de Canarias por sacar adelante el decreto para ayudar a afrontar "una crisis sin precedentes".

"El decreto es una obra de pura ingeniería jurídica", ha destacado, dado que la comunidad autónoma tiene escasas competencias.

En su opinión, el decreto trata de combatir la "parálisis turística" y espera que el Gobierno central también admita los test rápidos de antígenos para complementar las medidas de las islas, que no han generado rechazo entre los turistas.

CC Y PP CARGAN CONTRA LOS DECRETOS CANARIO Y ESTATAL

Carlos Ester, del Grupo Popular, ha pedido que el decreto se convierta en proyecto de ley --al igual que Cs-- para dar más seguridad sanitaria a las islas, y espera que la obligación de test se abra a todos los viajeros, incluidos los canarios, y los menores de seis años.

Ha dicho que el decreto estatal "tiene fugas" y es un "caos absoluto" porque la petición de la prueba en los aeropuertos es aleatoria. "Debemos ir a la máxima seguridad e intentar pillar a todas las personas que puedan entrar con la Covid en Canarias", ha comentado.

Nereida Calero, del Grupo Nacionalista, ha tildado de "disparate" la mezcla de decretos de los gobiernos regional y estatal que "vuelve locos" a los turistas, pidiendo que "copien" el modelo de Madeira, que hace test desde el verano. "Déjense de inventos y chapuzas", ha agregado.

Ha apuntado que el Estado "está hundiendo" a Canarias y el decreto canario "es una chapuza" porque deja fuera a los viajeros que van a segundas residencias o casas de amigos.

Rosa Bella Cabrera (PSOE) ha comentado que la pandemia "es un castigo" para la industria turística pues en el caso de Canarias, aunque se controlen los contagios, depende de las restricciones que impongan los mercados emisores, como Reino Unido o Alemania.

Ha dicho que el decreto no cubre algunos aspectos por falta de competencias pero resalta que Canarias "siente las bases de la nueva normalidad" pese al "desasosiego" que genera la prohibición del Estado de admitir los test de antígenos.

El pleno del Parlamento europeo ha aprobado este martes las nuevas reglas negociadas con los Veintisiete para ampliar las posibilidades de defensa colectiva de los europeos al crear un modelo armonizado de representación en todos los Estados miembro para reforzar la protección del consumidor frente a fraudes masivos u otros problemas como las acciones legales abusivas.

Las nuevas normas se publicarán ahora en el Diario Oficial de la Unión Europea momento a partir del cual entrarán en vigor, aunque los Estados miembro tendrán un plazo de 24 meses para transponerla a sus legislaciones nacionales y de otros seis meses para aplicarla. De este modo, las reglas solo afectarán a las demandas interpuestas a partir de la fecha de la aplicación de la norma.

Estas reglas obligan a los Estados miembros a establecer un sistema de acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores frente a las infracciones del Derecho de la Unión y abarca acciones tanto de cesación como de reparación.

Con el modelo europeo de acción colectiva, sólo las entidades habilitadas (como las organizaciones de consumidores), y no los bufetes de abogados, podrán representar a grupos de consumidores y presentar demandas ante los tribunales en áreas como los servicios financieros, los viajes y el turismo, la energía, la salud, las telecomunicaciones y la protección de datos.

Estas organizaciones tendrán que cumplir los criterios comunes para poder interponer acciones transfronterizas, por ejemplo demostrar estabilidad, que llevan a cabo una actividad pública y que carecen de ánimo de lucro. En el caso de las acciones nacionales, las entidades tendrán que cumplir los criterios establecidos en la legislación nacional, según ha precisado la Eurocámara en un comunicado.

La normativa también introduce medidas de protección contra las acciones legales abusivas mediante el principio de 'quien pierde, paga', por el que las costas procesales de la parte vencedora recaen en la parte perdedora.

Para evitar el uso indebido de las acciones de representación, deberán evitarse las indemnizaciones punitivas. Las entidades habilitadas también tendrán que establecer procedimientos para evitar los conflictos de intereses y la influencia externa, en particular si están financiadas por un tercero.

El Tribunal Supremo ha confirmado que los permisos o beneficios a aplicar a Luis Gallego Fernández, conocido como 'violador del ascensor', computen sobre los 96 años de cárcel impuestos por las agresiones sexuales que cometió en 2017 dada su "extrema peligrosidad" y al haber cometido los delitos cuatro años después de haber sido puesto en libertad por otras tantas violaciones.

Así consta en una sentencia, a la que ha tenido acceso, en la que se desestima el recurso interpuesto contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que confirmó su condena de 96 años de cárcel.

Se le condenó por dos delitos de detención ilegal, dos delitos continuados de agresión sexual, otro delito de agresión sexual, dos delitos intentados de detención ilegal, dos delitos de lesiones, y dos delitos de robo con violencia, cometidos entre diciembre de 2016 y 2017 en Madrid y Segovia contra cuatro mujeres a las que atacó en la calle.

La condena se impuso al violador del ascensor por varios delitos de agresión sexual cometidos en Madrid en 2017, cuatro años después de que fuera puesto en libertad por la derogación de la denominada doctrina Parot.

El recurso se dirigía contra la aplicación del artículo 78 del Código Penal, de modo que, aunque el límite máximo de cumplimiento de las penas impuestas es de 25 años de prisión, el cómputo de plazos aplicables a los beneficios penitenciarios, permisos de salida, clasificación en tercer grado y tiempo para la libertad condicional, se hará sobre la totalidad de las penas impuestas, es decir, los 96 años, debido a su peligrosidad.

Según expone el Alto Tribunal, esa aplicación se hizo por expresa petición de la Fiscalía, a la que se adhirieron las acusaciones particulares.

EN CONTRA DE SU REINSERCIÓN

El recurrente afirmaba que ello conculcaba el principio de reinserción social y reeducación de los presos previsto en el artículo 25.2 de la Constitución, al suponer una condena que rebasaba su cronología de vida humana.

AVALA EL CÓMPUTO

El Supremo avala la decisión de aplicar en este caso el artículo 78 del Código Penal al cumplirse los tres requisitos que exige: que la pena a cumplir efectivamente sea inferior a la suma total de las penas impuestas; que el Tribunal haga uso expreso de la facultad discrecional establecida en dicho artículo, y tercero, que lo motive adecuada y extensamente por razones de peligrosidad del condenado.

La sentencia, ponencia del magistrado Andrés Palomo del Arco, recuerda que, entre 1987 y 1996, Gallego Fernández recibió cinco condenas por violación, asesinato y robo, entre otros delitos, antes de los hechos por los que ahora es condenados a 96 años de prisión.

Para el Supremo, "en definitiva, si desde una perspectiva general, la previsión del artículo 78 en los amplios términos que se establece, puede originar lógicas suspicacias; sin embargo, en el supuesto de autos, tras la motivada justificación de su aplicación, dada la patente y extrema peligrosidad del condenado, en orden a la comisión de nuevos delitos contra la libertad sexual desvanece cualquier exceso de desproporción o injustificado desconocimiento de derecho constitucional alguno del penado".

Asimismo, recuerda que precisamente para posibilitar los derechos invocados, en aplicación del artículo 76 del Código Penal, la inicial condena de 96 años, se reduce a 25 años de cumplimiento efectivo. Además de que el artículo 78, según subrayan los magistrados, no impide la reeducación del penado, sino que, por contra, presupone tratamiento al efecto.

En cualquier caso, el Supremo recuerda que el mismo artículo abre la posibilidad al juez de vigilancia penitenciaria para retornar al régimen general, atendiendo no solo a las circunstancias personales del penado, sino también a la evolución del tratamiento reeducador, exigiéndose en ese sentido un pronóstico individualizado y favorable de reinserción social.

"Lo que impide la colisión con el artículo 25.2 de la Constitución, que exige que las penas privativas de libertad estén orientadas a la reinserción social del delincuente", según recoge la sentencia.

El Gobierno Vasco ha aprobado una declaración institucional con motivo del 'Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres' en la que expresa su "firme repulsa" ante todas las expresiones de violencia sexista.

A través de este texto, el Ejecutivo autonómico muestra su compromiso de seguir trabajando para avanzar hacia una sociedad libre de violencia machista.

El Gobierno ha explicado que, desde el inicio de la crisis del coronavirus, ha priorizado el mantenimiento y la adaptación al nuevo contexto de los servicios de atención para los casos de violencia machista y el acceso a dichos servicios de todas las víctimas.

RESPUESTA "INTEGRAL"

Además, ha reafirmado su compromiso con la incorporación de la perspectiva de género de forma "integral" en la respuesta a la pandemia, ya que la crisis sanitaria, económica y social ha incrementado el grado de vulnerabilidad de muchas mujeres.

El Gobierno seguirá trabajando en la "mejora continua" para dar una respuesta adecuada a la violencia "estructural" contra las mujeres. En este sentido, ha recordado que tiene previsto aprobar una modificación de la ley vasca para la igualdad, y que se ha un Departamento de Igualdad en el seno del Ejecutivo.

Asimismo, ha hecho un llamamiento a toda la sociedad para que permanezca "atenta" y pueda detectar cualquier expresión de violencia contra las mujeres. Además, considera "absolutamente necesario" recordar que la raíz de la que nace la violencia contra las mujeres es la desigualdad entre sexos, por lo que considera "indispensable" seguir trabajando para impulsar la igualdad.

La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha afirmado este martes que la Generalitat tomará sus "propias decisiones" sobre el plan que se aplicará para celebrar las fiestas de Navidad ante la pandemia.

Lo ha dicho en rueda de prensa telemática tras el Consell Executiu, después de que el Gobierno haya propuesto limitar a seis personas las reuniones que se celebren durante las fiestas navideñas y un confinamiento nocturno entre las 1.00 y las 6.00 horas los días 24 y 31 de diciembre, Nochebuena y Nochevieja respectivamente.

Budó ha sostenido que esto es un borrador del Gobierno que debe pasar por el Consejo Interterritorial y que el Govern lo escuchará, pero ha defendido que la Generalitat tiene las "competencias" para tomar sus propias decisiones.

"Nosotros iremos, escucharemos y veremos qué se plantea en este borrador, pero nosotros tenemos la capacidad de poder tomar nuestras decisiones", ha argumentado, aunque no ha aclarado si mantendrá su posición de que en Cataluña se puedan reunir 10 personas esas fechas y con un toque de queda hasta las 22.00 horas, en lugar de reuniones de 6 personas y alargar el toque de queda como propone el Gobierno de Pedro Sánchez.

La portavoz del Govern ha subrayado que durante los últimos meses el Ejecutivo catalán ha decidido qué restricciones y qué medidas aplicar en Cataluña para frenar la segunda ola del coronavirus, por lo que considera que también debe poder tomar las decisiones sobre qué limitaciones habrá durante las fiestas navideñas.

La inestabilidad regresará a la Península durante la segunda mitad de la semana por la influencia de una Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que dejará tormentas y lluvias "abundantes" y "ocasionalmente torrenciales" en muchas zonas del país aunque serán especialmente intensas en las precipitaciones intensas, primero en la vertiente atlántica y a partir del jueves y viernes en la Mediterránea, según ha informado Meteored.

El meteorólogo de Meteored Francisco Martín ha señalado que este martes se forma una borrasca atlántica al oeste de la Península que se irá desplazando hacia el Mediterráneo pero antes, los dos próximos días, la inestabilidad afectará al oeste peninsular y a Canarias.

Asimismo, el meteorólogo ha precisado que el movimiento de la borrasca será "lento" lo que provocará precipitaciones "copiosas" en el Golfo de Cádiz, Andalucía occidental, zonas andaluzas del mar de Alborán y áreas de la fachada peninsular mediterránea centro y norte.

Las lluvias abundantes llegarán este miércoles por la borrasca al norte de Galicia que, según ha explicado el meteorólogo José Miguel Viñas irá descolgando un frente nuboso muy compacto y activo.

La borrasca continuará con su paso hacia el sur y se quedará situada frente a las costas del centro de Portugal al final del día, lo que favorecerá la entrada de vientos húmedos por el Golfo de Cádiz.

De esta manera, las precipitaciones tendrán especialmente fuerza en la Sierra de Gredos y durante la noche del miércoles y la madrugada del jueves se podrá registrar acumulados entre 50 y 80 litros por metro cuadrado en algunas zonas del suroeste peninsular.

Además, José Miguel Viñas ha aclarado que el tiempo se caracterizará por la inestabilidad atmosférica y "un descenso general de las temperaturas, sobre todo de las máximas".

Ya el jueves, además de la borrasca en superficie también se formará en altura una DANA en las proximidades del Golfo de Cádiz que permanecerá "casi estacionaria", tal y como ha expresado el meteorólogo José Antonio Maldonado, que añade que las lluvias que se produzcan el jueves tendrán su origen en los vientos húmedos del este que soplarán provenientes del Mediterráneo y que favorecerán la formación de precipitaciones torrenciales en Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana, Región de Murcia y la mitad este de Andalucía.

En alguna de estas regiones se podrán alcanzar los 100 litros por metro cuadrado en 24 horas o 48 horas. Maldonado prevé que la situación siga hasta el sábado, pero avisa de la importancia de estar "ojo avizor" porque los modelos muestran otra "profunda" borrasca en el Atlántico que se desplaza hacia el este con movimiento errático y que el martes o miércoles de la próxima semana podría estar centrada al norte de Canarias o del cabo de San Vicente.

Los sindicatos UGT, CCOO y CSIF han advertido de que el riesgo de exposición a las violencias machistas y la vulnerabilidad de las mujeres han "aumentado" debido a la crisis provocada por la Covid-19 y han pedido al Gobierno más recursos para "atajar" estas violencias, con motivo del Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres, que se celebra este miércoles 25 de noviembre.

La Cumbre Social Estatal, integrada por más de un centenar de organizaciones, entre ellas UGT y CCOO, ha advertido de que la crisis provocada por la Covid-19, "ha incrementado el riesgo de exposición a las violencias machistas, y ha obstaculizado en mayor medida el acceso de las mujeres afectadas a los recursos de atención y protección en materia de violencia de género".

En todo caso, los sindicatos avisan de que "no es solo la pandemia" y reclaman "la activación y efectividad" de las medidas contenidas en el Pacto de Estado contra las violencias machistas, fundamentalmente, "las que implican recursos presupuestarios y servicios públicos de prevención y atención integral a todas las víctimas de las violencias machistas".

Asimismo, consideran fundamental "atajar estas violencias desde sus causas, especialmente las que tienen que ver con la educación e igualdad y con mejor acceso de todas las mujeres al empleo y a la autonomía económica".

La Cumbre Social Estatal demanda al Gobierno la aplicación del Convenio de Estambul sobre la prevención y asistencia a las víctimas y la lucha contra todo tipo de violencia contra las mujeres, así como la ratificación de los Convenios de la OIT 189, sobre las trabajadoras y trabajadores domésticos, y 190, sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.

También hace un llamamiento a la ciudadanía para que se sume a la denuncia y repulsa de todos los actos de violencia machista, y participe en el minuto de silencio por las víctimas, las asesinadas y las supervivientes, convocado por la Delegación del Gobierno contra la violencia de género, que tendrá lugar ese mismo día a las 12.00 horas (11.00 horas en Canarias).

Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) también ha advertido de un "aumento" de la vulnerabilidad de las mujeres víctimas de violencia de género durante la pandemia y ha reclamado "más y mejores medios" en la Administración de Justicia para atender a las víctimas y reducir el tiempo de respuesta en los juzgados.

Además, CSIF ha anunciado que está negociando un protocolo para que la Administración ofrezca asistencia jurídica y psicológica a las empleadas públicas que sufran violencia de género y que los centros de trabajo actúen de enlace con las oficinas de asistencia a las víctimas cuando se detecte un caso entre las trabajadoras.

Este protocolo está incluido en el III Plan de Igualdad de Género para la Administración General del Estado que están negociando, según precisa CSIF, que plantea además que este protocolo pueda servir también en la empresa privada. El Plan también contempla promover la movilidad o el teletrabajo para empleadas públicas víctimas de violencia de género.

Igualmente, CSIF defiende crear en España la figura del delegado sindical especializado en violencia de género para actuar como agentes de prevención, asesoramiento y apoyo a las víctimas.

El Ministerio del Interior ha informado este martes de la "culminación" del proceso de implantación del Registro de Nombres de Pasajeros (PNR) iniciado en 2016 por parte de la Comisión de la Unión Europea como mecanismo para reforzar la seguridad en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia grave.

El Registro de Nombres de Pasajeros está en pleno funcionamiento desde el pasado viernes a través de la Oficina Nacional de Información de Pasajeros por vía aérea (ONIP), integrada en la estructura del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) del Ministerio del Interior.

En su primer día, la ONIP chequeó un total de 165 vuelos (97 de llegada y 68 de salida), que transportaban, entre pasajeros y tripulación, a 7.802 personas.

Según ha explicado Interior, se culmina un proceso que comenzó en 2016 con la aprobación por parte de la Comisión de la Unión Europea de una directiva que obligaba a los estados miembros a iniciar los trámites normativos internos pertinentes con el fin de crear "un instrumento imprescindible" en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia grave.

El sistema PNR se puso en marcha tras la aprobación el pasado mes de septiembre de la Ley Orgánica sobre la utilización de los datos del Registro de Nombres de Pasajeros para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de los delitos de terrorismo y delitos graves.

El tratamiento de los datos del PNR por parte de la ONIP va a suponer, como marca el preámbulo de la Ley Orgánica que lo regula, "una garantía en la protección de la vida y de la seguridad de los ciudadanos, que constituye el objetivo principal del espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea".

También se especifica en la propia norma, según recuerda Interior, que "el tratamiento de los datos PNR va a mejorar la respuesta a la amenaza del terrorismo y la delincuencia grave, mediante el cotejo de tales datos con la bases de datos disponibles y pertinentes".

El diputado del PSC en el Parlament Ferran Pedret ha alertado de que "aún existe la brecha digital que por cuestiones de edad, conocimiento y por razones socioeconómicas" podría perjudicar a la solicitud telemática del voto domiciliario de cara a las elecciones en Cataluña el 14 de febrero.

Lo ha dicho este martes en rueda de prensa en el Parlament, después de que el conseller de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia de la Generalitat, Bernat Solé, anunciara que los catalanes podrán pedir el voto por correo de forma telemática y entregar su sufragio al cartero inmediatamente después de recibir la documentación electoral en el domicilio, para poder votar sin salir de casa en las próximas elecciones al Parlament.

De este modo, Pedret ha reclamado que se garantice un método de voto "equitativo y que tenga en cuenta que hay dificultades de acceso previas, relacionadas con los conocimientos, accesibilidad y conectividad", además de que se lleve a cabo la petición del PSC de reunir a los grupos parlamentarios para abordar y concretar mecanismos y medidas de cara a los comicios con el mayor consenso posible, en sus palabras.

Por otro lado, ha insistido al Govern en que "no especule y añada incertidumbre" sobre un posible aplazamiento de las elecciones, y ha reprochado que salgan a relucir desavenencias entre socios de Govern, en sus palabras, después de que el viernes la consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, cuestionara que los comicios se puedan celebrar el 14 de febrero por la Covid-19.

Además, pese a que ha evitado posicionarse sobre la petición que ha hecho este martes la Mesa del Parlament --al reclamar el indulto para las ocho personas condenadas por un delito contra las instituciones del Estado por el bloqueo de la Cámara catalana en 2011--, Pedret ha asegurado que el PSC "en principio estaba en una posición concordante con el resultado final de la posición de la Mesa".

El transporte público madrileño contará con un total de 7.200 láminas de 18 autores, entre los que destacan algunos como Benito Pérez Galdós, Miguel Delibes o Mario Benedetti, que se instalarán en Metro de Madrid y los autobuses de la EMT e interurbanos con la iniciativa cultural 'Libros a la calle'.

La consejera de Cultura y Turismo, Marta Rivera, junto con el consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras, Ángel Garrido, y el presidente de la Asociación de Editores de Madrid (AEM), Manuel González Moreno, han presentado hoy en la estación de Chamartín esta iniciativa que celebra su vigesimotercera edición.

Rivera de la Cruz ha destacado que "las calles han estado siempre vinculadas a la literatura". "Son fuente de inspiración y escenario donde se desarrolla la vida de los personajes que viven en los libros", ha expresado.

Durante la campaña 'Libros a la Calle', la consejera ha señalado que los medios de transporte son además "centro y difusión de la lectura, invitando a los madrileños y visitantes a un doble viaje: mientras se mueven por Madrid en transporte público tienen la oportunidad de adentrarse en las increíbles historias narradas en los fragmentos literarios seleccionados".

Por su parte, Garrido ha destacado que esta iniciativa "es un ejemplo de fomento de la lectura y de acercamiento de la cultura a los millones de usuarios que utilizan Metro en sus desplazamientos.

"Además, 'Libros a la calle' no solo nos permite recordar a los autores clásicos y las grandes obras de la literatura sino que apuesta por ofrecer nuevas perspectivas sobre autores y géneros menos conocidos", ha apuntado.

El consejero madrileño ha aludido también a la seguridad en el transporte, en el que ha asegurado que no se ha conocido ni un solo brote de casos, y ha lanzado un "mensaje de tranquilidad" en un transporte que recoge más de tres millones de viajes cada día.

Por su parte, González ha resaltado que a través de la lectura "el tiempo pasa" y permite evadirse a una "dimensión distinta". Además, ha subrayado el "aprecio" que le tienen los madrileños a esta iniciativa.

En la presentación ha participado también el director gerente de la EMT, Alfonso Sánchez, que ha defendido que se trata de una iniciativa "magnífica" para fomentar la lectura entre los usuarios, especialmente en los autobuses municipales ya que ha señalado que casi 2.000 circulan todos los días por las calles de la capital.

También, ha incidido en que el transporte de viajeros en Madrid es "seguro", algo que ha asegurado que hay que resaltar porque han perdido 600.000 usuarios en la EMT y son "lectores que faltan".

LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL

El objetivo de esta iniciativa es "despertar la curiosidad y generar la inquietud lectora" de los madrileños y visitantes que utilicen los transportes públicos, al compartir los textos de los autores galardonados en el último año, además de conmemorar las efemérides y abrirse a géneros, autores y perspectivas menos conocidas.

Cada texto está acompañado por el trabajo de una ilustración. En esta ocasión, la campaña ha contado con un grupo de artistas como Fernando Vicente, Al Sánchez, Marga Lliso del Hoyo, Lara Lars, Andrea Reyes, Enrique Robles, Elena Pancorbo o Jorge Arranz.

Además, en esta edición se ha intentado llevar esta iniciativa a todos los lectores. Por ello, se han incluido textos de literatura infantil y juvenil en un año en el que han destacado que la lectura ha tenido "especial importancia" para las generaciones más jóvenes permitiéndoles "imaginar, reflexionar, aprender y jugar en los momentos más complicados".

Uno de los objetivos de 'Libros a la calle' es despertar la curiosidad por la lectura. Así, la población madrileña cuenta con el índice lector más alto del país: un 72,8% frente a la media nacional de 62,2%, según el informe 'Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España 2018', realizado por la Federación de Gremios de Editores de España.

UNIÓN CON EL CENTENARIO DE GALDÓS Y MIGUEL DELIBES

Por otro lado y entre los seleccionados en esta edición han resaltado algunos de los autores reconocidos con los principales premios de literatura en el último año: Joan Margarit, Premio Cervantes 2019, con su poema 'Libertad'; Bernardo Atxaga, Premio Nacional de las Letras 2019 con 'Obabakoak', y Pilar Pallarés, Premio Nacional de la Poesía 2019, con 'Tiempo Fósil.

En 2020, 'Libros a la calle' se une a la celebración del centenario del escritor Benito Pérez Galdós con un fragmento de 'Napoleón' en Chamartín, quinta novela de la primera serie de los Episodios Nacionales.

La presencia del escritor en la campaña se suma a la acción conjunta de la Asociación de Editores de Madrid y Metro de Madrid, también en colaboración con CEDRO, con la que el pasado 13 de noviembre se engalanó el Metro de Galdós, cubriendo la estación de Ríos Rosas con la obra completa de 'Fortunata y Jacinta'.

'Libros a la Calle' se une también a la conmemoración de los centenarios de Miguel Delibes, con un fragmento de 'Señora de rojo con fondo gris'; Mario Benedetti con el poema 'No te salves'; Joan Perucho, con unos versos de 'Rosas, diablos y sonrisas', y el bicentenario de Carolina Coronado con el poema 'Libertad'.

También está representada la poesía en los versos de Gabriela Mistral y Pedro Salinas, la nostalgia de María Victoria Atencia y Cristina Peri Rossi y el surrealismo de Concha Méndez.

La narrativa cuenta en esta campaña con la participación de Soledad Puértolas con un fragmento de 'Gente que vino a mi boda''; el relato del Madrid de la guerra en Juego Limpio', de María Teresa León, y 'Relámpagos de agosto', de Jorge Ibargüengoitia.

Finalmente, la literatura infantil y juvenil encuentra su espacio con un fragmento de 'Biografía de un cuerpo', de Mónica Rodríguez, y con una página del comic 'Esther y su mundo' de Purita Campos.

A través del QR que figura en los textos, se puede acceder a la web https://www.editoresmadrid.org/libros-a-la-calle/ para conocer más información sobre cada obra, su autor y el ilustrador que ha trabajado en la lámina.