El consejero de Sanidad de Cantabria, Miguel Rodríguez, cree que "lo mejor sería mantener el cierre" perimetral en Semana Santa y no se plantea la flexibilización del toque de queda en la comunidad al menos hasta el 14 de marzo, fecha en la que concluye la prórroga de la medida actualmente en vigor.

Así lo ha afirmado este miércoles en declaraciones el consejero al hilo del debate abierto estos días sobre la flexibilización de medidas ante la favorable evolución de la pandemia en Cantabria y en general en el conjunto del país.

Pese a todo, el consejero cree que hay que ser "prudentes" y, sobre el debate acerca de la Semana Santa cree que "muchas comunidades" van a optar por esta postura y apuestan en estos momentos por mantenerse cerradas. De hecho, es lo que, por ahora, ha recabado de sus conversaciones con varias del norte del país.

Sin embargo, Rodríguez ha advertido que aún falta un mes para la Semana Santa y, por tanto, para analizar cómo evoluciona en esta semanas la pandemia.

Sobre la posibilidad de una postura consensuada de todas las comunidades por la que ayer abogó el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, Rodríguez entiende que si hay comunidades autónomas que ya han tomado una decisión y se plantean abrir puede que no haya acuerdo en el Consejo Interterritorial del Servicio Nacional de Salud.

Ayer, Revilla afirmó que Cantabria pondrá sobre la mesa abrir las comunidades si la incidencia acumulada en la región a los 14 días ronda los 50 casos por cada 100.000 habitantes --según los últimos datos está en 125--, ya que con esa tasa la situación sería "muy controlable" porque se podría hacer un seguimiento "muy firme" de los contactos.

Por su parte, el consejero cree que "para poder plantearse" abrir en Semana Santa tendría que haber "mucha más gente vacunada", como por ejemplo toda la población mayor de 60 años algo que, según ha reconocido, "no va a ser así".

TOQUE DE QUEDA

También se ha referido a la posible flexibilización del toque de queda en la comunidad --que actualmente es de 22.00 a 6.00 horas-- después de que Revilla el lunes afirmara que se estaba estudiando retrasarlo a las 23.00 a petición del sector hostelero y por la reapertura del interior de sus negocios, si bien aclaró que la decisión dependerá en todo caso del informe favorable de la Consejería de Sanidad.

El consejero ha afirmado que la última prórroga adoptada del actual toque de queda está en vigor hasta el 14 de marzo, con lo que no se plantea la modificación antes de esa fecha.

Ha explicado que la semana que viene Sanidad hará un informe sobre la situación que será el que haga plantearse o no la flexibilización del toque de queda.

Por ahora, lo que sí se ha flexibilizado son las medidas a la hostelería, que desde este miércoles puede abrir el interior de los locales --cerrados desde noviembre-- aunque a un tercio de su aforo.

El consejero tiene la "esperanza" de que esta apertura "no altere excesivamente" la evolución de la pandemia. Además, "a corto plazo", al menos hasta que se compruebe el impacto de la medida en los próximos 10 días, no se planteará una mayor relajación de los aforos.

PRESELECCIÓN DE GRANDES RECINTOS DE VACUNACIÓN

Y en cuanto a la vacunación y al posible establecimiento de grandes recintos donde poder administrar las dosis de forma masiva, el consejero cree que "todavía" no es necesario y cree que, de darse, sería ya "para el segundo trimestre del año.

Sí ha señalado que el Servicio Cántabro de Salud (SCS), en cada una de las 42 Zonas Básicas de Salud que hay en la comunidad, ha hecho una "preselección" de posibles lugares donde podrían llevarse a cabo.

Unidas Podemos y formaciones independentistas como Bildu, ERC, Junts, PDeCAT y la CUP defenderán el próximo martes en el Pleno del Congreso una proposición no de ley para acabar lo que consideran una "imposición legal del castellano" en España, y a tal fin reclaman extender el uso de las lenguas cooficiales reconocidas, garantizar su uso en el Congreso, los tribunales de justicia o RTVE, permitir que figuren en el etiquetado de productos, y reconocer nuevas, como el asturiano.

Estos partidos, junto con el PNV, Más País, Compromís y el BNG, justifican la presentación de esta iniciativa en la necesidad de que España cumpla con los acuerdos internacionales que ha ratificado, como la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritaria, así como la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos o el Protocolo para la Garantía de los Derechos Lingüísticos, y garantice, por ende, la diversidad lingüística y el pluralismo.

"Un Estado debe ser excluyente con todas las discriminaciones, sea cual sea su razón, también la lingüística", señalan en el texto, apuntando la situación de "discriminación" a la que, a su juicio, han sido sometidos en algunas comunidades con lenguas propias distintas del castellano.

EL MISMO RECONOCIMIENTO QUE EL CASTELLANO

Así las cosas, en su proposición, de cuya defensa en el Pleno se encargará Bildu, los partidos firmantes instan al Gobierno a impulsar acciones para que lenguas como el catalán, el euskera, el gallego o el valenciano gocen "del mismo reconocimiento" que el castellano, y sus hablantes "de los mismos derechos y deberes", y a garantizar que los funcionarios que prestan servicios en esos territorios la conozcan.

En la redacción original, los proponentes --entre los que inicialmente se encontraba ERC-- también emplazaban al Gobierno a garantizar el uso de las diferentes lenguas en instituciones nacionales, entre las que citaban las Cortes Generales, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, la Agencia Tributaria o la Seguridad Social y empresas públicas como Radio Televisión Española (RTVE).

Sin embargo, la Mesa del Congreso, atendiendo las indicaciones de los letrados de la Cámara, pidió a las fuerzas políticas promotoras de esta iniciativa reformular este punto en tanto que no pueden instar al Ejecutivo a acometer actuaciones que "exceden de su competencia", según argumentaron los servicios jurídicos de la Cámara.

En el texto final aparece este punto ya modificado, con el que Unidas Podemos y el resto de partidos llaman al Gobierno a aprobar las iniciativas legislativas oportunas para garantizar el uso de las lenguas diferentes del castellano las Cortes Generales, los tribunales Consticional, Supremo y la Audiencia Nacional, organismos como la Agencia Tributaria o la Seguridad Social, u otras empresas y entidades públicas como RTVE.

Además, reclaman que el Estado garantice la capacitación de las lenguas propias del personal de todas las administraciones públicas, incluida la Justicia, y el uso generalizado en las páginas oficiales, así como el "reconocimiento internacional" de estas lenguas "en paridad con el castellano.

FOMENTAR EL CONOCIMIENTO DE OTRAS LENGUAS

Además, reclaman que se permita el uso administrativo de las distintas lenguas entre territorios del mismo espacio lingüístico --dentro y fuera de las fronteras administrativas--, y que se suscriban acuerdos para la recepción recíproca de los medios de comunicación dentro de esos espacios lingüísticos.

Exhortan también al Gobierno a que apoye las reformas estatutarias con el fin de que se reconozca la oficialidad de las lenguas propias del país que aún no han obtenido esa condición, como es el caso de Asturias.

Por último, piden poner fin con "la imposición legal exclusiva del castellano" en la normativa estatal por afectar "de manera frontal" al ámbito económico y, singularmente, al etiquetado, y exigen la puesta en marcha de una política que termine con esta "discriminación" lingüística y fomente el conocimiento de otras lenguas.

Los obispos españoles han recomendado la "participación presencial" en las celebraciones de la Semana Santa 2021, "siempre que sea posible" y con "responsabilidad" teniendo en cuenta la situación de emergencia sanitaria por la pandemia de la Covid-19; y aconsejan la retransmisión de las mismas para quienes no puedan acudir físicamente.

Así lo indica la Comisión para la Liturgia de la Conferencia Episcopal Española (CEE) en unas observaciones generales en las que se adaptan a la realidad española las recomendaciones del Vaticano respecto a la Semana Santa.

"Siempre que sea posible, desde un discernimiento responsable que ha de hacer cada fiel, se recomienda la participación presencial en la celebración, formando parte activa de la asamblea", subraya la CEE.

Si bien, precisa que para aquellos fieles que, por razón de edad, enfermedad, o de "prudencia sanitaria", no puedan participar presencialmente en las celebraciones, se debe facilitar la retransmisión por los medios de comunicación.

La Comisión precisa que en todas las celebraciones "se deberán respetar las normas emanadas de las autoridades sanitarias en la lucha contra el virus: el aforo de los templos, las recomendaciones sanitarias e higiénicas, el uso de la mascarilla, disponibilidad de gel hidroalcohólico, distancia social, ventilación de los espacios".

También propone "reducir al mínimo necesario" el número de ministros que intervienen --acólitos, lectores--, y subraya que "el canto no está prohibido, siempre y cuando no exista alguna indicación expresa de las autoritarias sanitarias y se haga con las medidas de precaución adecuadas", como el uso de mascarilla en todo momento. No es aconsejable, según añaden, el canto o la música grabados.

Igualmente, la CEE pide evitar la distribución de subsidios para el canto en soporte de papel o cualquier tipo de folleto para prevenir contagios y aconseja instruir a los fieles para recibir la comunión de manera "segura y ordenada".

Además, "en el caso de que los aforos permitidos en las iglesias sean un grave problema para la participación", la CEE señala que el obispo diocesano puede autorizar a que se hagan "varias celebraciones en el mismo templo en horas sucesivas".

En cuanto a los sacerdotes que estén afectados por el virus y estén confinados, la CEE les pide que procuren también celebrar los distintos ritos, en la medida de lo posible y si su salud se lo permite.

Asimismo, recomienda "vivamente" que se fomente el Sacramento de la Penitencia, a través de una mayor disponibilidad de los sacerdotes para la confesión "con todas las medidas de precaución, distancia social y discreción".

En concreto, sobre el Domingo de Ramos, piden evitar la procesión y proponen en las catedrales utilizar la entrada solemne, mientras que "los fieles permanecerán en sus lugares y se hará la bendición y la proclamación del evangelio desde un lugar, dentro de la iglesia, en el que los fieles puedan ver el rito".

En la procesión al altar, puede participar una representación de los fieles junto con el Obispo y los ministros, según indica. En las parroquias y demás lugares de culto, sugieren utilizar la entrada simple. Atendiendo a la Misa crismal, la CEE propone que el obispo traslade la fecha de su celebración al día que parezca más adecuado.

Sobre el Jueves Santo, la CEE señala que, "de forma excepcional", al igual que el año pasado, "los sacerdotes tienen la facultad de celebrar este día la Misa sin el pueblo, si concurren circunstancias que así lo aconsejen --por ejemplo, el contagio con el virus del propio sacerdote o el confinamiento de una población--". Además, precisa que "ha de omitirse el rito del lavatorio de los pies".

Además, dado que este año la celebración se hará, en la mayor parte de los casos, con alguna participación del pueblo, proponen que "no se omita la procesión y la reserva del Santísimo Sacramento para la adoración y la comunión al día siguiente".

El Viernes Santo, la CEE precisa que se ha de asegurar la celebración de la Pasión del Señor, "por lo menos, en la Catedral, en los templos parroquiales, al menos en los principales", y en aquellos de mayor capacidad dentro de las zonas pastorales establecidas en cada diócesis.

En la oración universal, señalan que se utilizará el formulario habitual con el añadido de la intención especial que la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos publicó el pasado año, en la que se reza "por quienes sufren en tiempo de pandemia": "Para que Dios Padre conceda la salud a los enfermos, fortaleza al personal sanitario, consuelo a las familias y la salvación a todas las víctimas que han muerto".

La consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, ha anunciado que el Gobierno regional reabrirá, a partir de este jueves, los parques y yacimientos arqueológicos dependientes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su visita seguirá siendo gratuita hasta el próximo 31 de mayo.

Estas instalaciones, ha explicado Rosa Ana Rodríguez, cerraron el pasado 21 de diciembre por las vacaciones de Navidad y no han podido abrir hasta este jueves por los efectos de la tormenta Filomena y las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia, según ha informado la Junta en nota de prensa.

La consejera, que ha animado a todos los castellanomanchegos a visitar estas joyas arqueológicas con las que cuenta la Comunidad Autónoma, ha destacado que esta "es una manera de conocer nuestro patrimonio, disfrutarlo y además reactivar la economía de la comarca donde están enclavados".

Por otra parte, ha indicado que, tras la mejora de la situación sanitaria, se ha elevado el número de personas para las visitas guiadas a estas instalaciones hasta diez (nueve más el guía).

Asimismo, desde la Consejería de Educación, Cultura y Deportes también se ha acordado racionalizar los días de las visitas en virtud del número de visitantes que reciben los parques y yacimientos.

Así, se ha estipulado que abran sus instalaciones los jueves y domingos por la mañana, y viernes, sábados y festivos mañana y tarde, los parques arqueológicos de El Tolmo de Minateda (Albacete), Alarcos (Ciudad Real), Recópolis (Guadalajara), Carranque (Toledo) y los yacimientos de Noheda (Cuenca) y Ercávica (Cuenca).

Por su parte, abrirán sus puertas los viernes y domingos por la mañana, y los sábados, domingos y festivos mañana y tarde, el Yacimiento Conjunto de los Casares (Guadalajara), el Yacimiento del Ceremeño (Guadalajara) y los monumentos del Monasterio de Monsalud y de Bonaval, ambos situados en la provincia de Guadalajara.

Las visitas a todos ellos son guiadas y únicamente con reserva previa que se puede realizar a través de la https://cultura.castillalamancha.es/ dentro del apartado de Patrimonio Cultural.

24.000 VISITAS DURANTE 2020

A pesar del cierre durante algunos meses por la pandemia y las restricciones de aforo provocadas por la misma, alrededor de 24.000 personas visitaron los parques y yacimientos arqueológicos dependientes de la Junta durante el pasado año.

En concreto, el más visitado fue el yacimiento de Noheda con 6.115 visitantes; seguido por Recópolis con 4.762; Carranque con 2.678; El Tolmo de Minateda con 2.320 visitantes; Bonaval con 2.120; Alarcos con 2.057; Monsalud con 1.435; Ercávica con 1.346; Ceremeño con 641 y la Cueva de los Casares con 488.

La inestabilidad marcará estos días y dejará lluvias y chubascos que afectarán principalmente al área mediterránea peninsular, Baleares y la ciudad autónoma de Melilla, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) que explica que la situación atmosférica predominante en la Península Ibérica se denomina "antano barométrico".

El portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, ha señalado que este fenómeno se caracteriza por una presión atmosférica muy similar en los diferentes puntos del país. Pero ha añadido que, al mismo tiempo, en las capas altas de la atmósfera hay aire frío y llegan también vientos del este y del sureste impulsados por una borrasca ubicada al norte de Argelia, lo que produce "cierta inestabilidad".

Además, indica que dada la elevada presencia de polvo en suspensión procedente del norte de África, las precipitaciones serán en forma de barro, al menos hasta el viernes cuando la llegada de una borrasca al suroeste peninsular dejará precipitaciones también en aquella zona.

Mientras tanto, prevé que las temperaturas sean normales o ligeramente más altas para la época, especialmente las nocturnas y en la mitad norte.

En concreto, espera que el jueves predomine la nubosidad abundante en el área Mediterránea, Ceuta y Melilla, al tiempo que por la tarde crecerán las nubes de evolución diurna de las que se podrá descolgar "algún chubasco tormentoso y disperso" en zonas de montaña, puntos colindantes del interior, especialmente de la mitad norte y zona centro.

"Es una situación que ya comienza a ser la típica de la primavera, con chaparrones vespertinos de corta duración y que en general no dejan grandes cantidades de lluvia", destaca el portavoz.

Del Campo señala que las precipitaciones "muy probablemente" serán de barro en todas las zonas, por la concentración de polvo en suspensión es elevada en toda la Península que reduce la visibilidad y empeora la calidad del aire.

Respecto a las temperaturas, apunta que subirán en todo el país y se superarán los 20 grados centígrados a orillas del Cantábrico y en el suroeste peninsular.

Para el jueves a última hora, Del Campo anuncia la llegada de un frente asociado a una borrasca atlántica que nublará los cielos en el oeste de Andalucía y Extremadura, sin descartar alguna lluvia débil por allí a últimas horas. Ese día seguirá la calima, aunque será menos intensa y las temperaturas bajarán en la mitad sur pero subirán en el noroeste, de modo que alcanzarán los 20ºC en las costas gallegas. Respecto a los vientos, lo más destacable para el portavoz será el Levante fuerte en el Estrecho.

La borrasca el viernes se paseará por el entorno del Golfo de Cádiz y dejará precipitaciones localmente fuertes o persistentes sobre todo en el oeste de Andalucía, el Estrecho, Ceuta y Melilla.

No obstante, añade que las precipitaciones, aunque más débiles podrían extenderse al resto de Andalucía y sur de Extremadura y un día más, a partir del mediodía crecerán las nubes de evolución que pueden dejar posibles chubascos y tormentas en general débiles y dispersos en Pirineos, Baleares, cordillera cantábrica, interior de Galicia.

Los vientos del este fuertes seguirán soplando en el Estrecho y Galicia; del norte serán en Canarias, donde las rachas pueden llegar a ser muy fuertes, superiores a 70 kilómetros por hora, sobre todo en las cumbres.

En el archipiélago lloverá en el norte de las islas más montañosas y en la Península irá remitiendo la calima mientras que las temperaturas bajarán por el Cantábrico hasta cuatro o seis grados con respecto al día anterior y solo se esperan heladas débiles en el entorno del Sistema Ibérico y también en páramos de la zona centro.

FIN DE SEMANA

De cara al fin de semana, el portavoz no espera cambios importantes y confía en que seguirá la inestabilidad por la presencia de bajas presiones sobre el norte de África y el aire frío en las capas altas de la atmósfera, con flujo de vientos húmedos de procedencia mediterránea.

El sábado y el domingo habrá chubascos que puntualmente pueden estar acompañados de tormenta en Andalucía, especialmente en el sur de dicha comunidad, en Ceuta, Melilla, Región de Murcia, Comunidad Valenciana y nordeste de Cataluña. Los chubascos podrían extenderse por la tarde, con tormentas, a zonas del interior peninsular y Baleares. "Chaparrones típicos de primavera", concluye.

Por último, se ha referido a la cota de nieve que se situará entre los 1.800 y 2.000 metros, así como al viento, que seguirá soplando "con fuerza" en zonas altas de Canarias, con lluvias en el norte de las islas más montañosas, sin descartarlas puntualmente en el resto del archipiélago.

Las temperaturas durante el fin de semana el sábado bajarán por el norte y subirán por el sur mientras que el domingo ocurrirá justo "lo contrario".

El vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha pronosticado que "van a ganar la batalla" para lograr plasmar la regulación del precio del alquiler en la nueva Ley de Vivienda y ha admitido el "esfuerzo incansable" por parte de su espacio político de cara a hacer cumplir el acuerdo de coalición suscrito con el PSOE.

Y es que ha apuntado que la coalición y el Gobierno es un terreno de "combate político", algo que hay que normalizar porque las dos formaciones que componen el Ejecutivo representan "intereses diferentes".

Sin embargo, Iglesias ha especificado que esta descripción de la coalición no compone un elemento negativo, puesto que revela un Gobierno "más democrático" con dos formaciones que deben llegar a acuerdos, que al final son "ley y no palabrería", frente a lo que suele ocurrir con Ejecutivos de un solo partido.

Así lo ha indicado tras participar por videoconferencia en la reunión de eurodiputados de La Izquierda en el Parlamento Europeo (The Left), para aludir al papel que juegan en el Gobierno y la relación con los socialistas, el socio mayoritario de la coalición.

En su intervención ha aludido a la posición de Unidas Podemos respecto a la nueva Ley de Vivienda, que ha suscitado tensiones con el PSOE, y ha apuntado que negocian esta nueva normativa con gran "presión mediática", pues todo el "peso de la patronal inmobiliaria" se expresa a través de los medios.

A su juicio, el sector inmobiliario no quiere que se cumpla el acuerdo de coalición, que pauta la regulación del precio del alquiler, que suscribieron él y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si bien ha augurado que "van a ganar esta batalla" y esta medida se incluirá en la ley.

También ha reconocido el "esfuerzo incansable" por su parte en hacer cumplir el pacto con el PSOE. "Ojalá fuera más fácil y se cumpliera sin esfuerzos, pero la realidad es la que es", ha proseguido.

El PP ha acusado este miércoles al PSOE de querer llevar a Baleares el "exprópiese" que aplicó en Venezuela el expresidente Hugo Chávez y ha avisado que esa actuación frenará la inversión en las islas. Además, ha recalcado que el "fracaso en una política pública de vivienda no puede suplirse atacando la propiedad privada".

El partido que dirige Pablo Casado ha censurado así la decisión del Gobierno balear que dirige la socialista Francina Armengol de iniciar la expropiación de 56 casas de grandes propietarios para destinarlas a alquileres sociales.

Esta operación tendrá un coste de 1,8 millones por siete años. Este precio supone una rebaja del 40% respecto a los precios de mercado en Baleares, con una media de 391 euros mensuales por vivienda. En concreto, se trata de 27 viviendas en Mallorca, 23 en Menorca y seis en Ibiza, que, una vez se finalicen los trámites, se ofrecerán como alquiler social.

RODRÍGUEZ: "¡ASÍ CÓMO VAN A VENIR INVERSORES A ESPAÑA!"

La vicesecretaria de Sectorial del PP, Elvira Rodríguez, ha alertado contra esa decisión del Gobierno de las islas y ha calificado de "muy preocupante" que se quiera "expropiar el uso de viviendas".

"Si legalizamos la 'okupación', controlamos los alquileres y expropiamos el uso de viviendas, no sé como van a venir inversiones a España", ha exclamado Rodríguez, para añadir que con estas decidiones se "pierde seguridad".

Según la exministra, con los pasos que están dando el PSOE y Unidas Podemos se va a "convertir al país en un mercado que no es ni libre ni abierto". "Y eso nos va a perjudicar mucho, mucho a todos", ha avisado antes de asistir al 28 congreso de UGT, que se celebra en Madrid.

GAMARRA: "A MÁS INSEGURIDAD JURÍDICA, MENOS INVERSIÓN"

En parecidos términos se ha expresado la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, quién ha advertido que la inseguridad jurídica provoca que haya menos inversiones. "¡Exprópiese! Sánchez e Iglesias ya tienen su laboratorio de ensayo socios antes de sacar su Ley de Vivienda", ha enfatizado.

Según Gamarra, el "fracaso" del PSOE y Podemos en "una política pública de vivienda no puede suplirse atacando la propiedad privada". "A más inseguridad jurídica, menos inversión", ha abundado en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

Más cargos del PP han utilizado las redes sociales para criticar esta decisión del Gobierno de Armengol. La diputada por Baleares y portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso, Marga Prohens, ha asegurado que la presidenta de las islas es "siempre la más radical y la que "más ataca la propiedad privada" y "las libertades".

PROHENS: UNA "ESTAFA SOCIAL"

"El 'exprópiese' oculta una nula política de vivienda. Y económica. El fracaso dels 'de la gent'", ha aseverado Prohens, que considera que este paso del Gobierno de Baleares supone una "estafa social".

También la senadora por Baleares María Salom ha acusado a Armengol de "traspasar una línea roja", "quebrando en Baleares un principio básico de convivencia" como es "el respeto a la propiedad privada". "Genera inseguridad jurídica que es letal para la economía de una comunidad turística como ésta. ¡Ni la Rusia comunista, ni la Venezuela chavista!", ha proclamado.

En la misma línea, el senador por Almería y miembro de la Mesa de la Cámara Alta, Rafael Hernando, ha afirmado que en Baleares "ha comenzado el experimento chavista del ¡Exprópiese!". Dicho esto, ha criticado que, "en vez de usar dinero público para construir viviendas sociales, se usa para hacer arbitrarias incautaciones". "A la izquierda no le gustaban los turistas en Baleares, y ahora, que no hay, persiguen propietarios", ha asegurado.

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (FSS-CCOO) y la Asociación MIR España han exigido equiparar las condiciones laborales y retributivas del personal en formación sanitaria especializada.

"Creemos que la situación formativa y laboral de los MIR en España tiene que cambiar, actualizarse y llegar al siglo XXI. Muchas de las carencias de los MIR se han hecho aún más patentes con la pandemia", ha lamentado este miércoles en rueda de prensa el presidente de Asociación MIR España, Luis Tejedor.

Sobre las propuestas concretas, su vicepresidente, Alex Mayer, ha explicado que en el bloque formativo "hay mucho margen de mejora". "Tenemos que mejorar el ratio máximo de residentes por especialista porque en muchos sitios el exceso de residentes va en detrimento de su formación y, por tanto, de la atención al paciente", ha avanzado.

De la misma forma, reclaman una "cantidad mínima de horas semanales que se deba dedicar a formación académica no práctica": "Porque en la actualidad nos vemos haciendo labor asistencial que nos impide una formación adecuada y esta formación es a costa de horas libres". Los MIR reclaman "limitar el número máximo de guardias, mejoras en el cumplimiento de rotaciones externas u obligatorias" y que se cuente con representantes de los residentes elegidos por los comités de empresa en el Ámbito de Negociación del Sistema Nacional de Salud (SNS).

En asuntos laborales, los MIR ven, igualmente, "muchas deficiencias y desigualdades entre las comunidades autónomas". "Un primer punto básico es establecer espacios de descanso digno, no lo eran previamente a la pandemia y ahora mucho menos. Hay habitaciones de ocho o diez residentes en literas", ha denunciado.

Dentro de este apartado, también instan a fijar una jornada laboral de 35 horas a nivel estatal y que después de una jornada de 24 horas se fije un descanso mínimo de 12 horas. "Se ha de asegurar el descanso mínimo de 36 horas o proponer algún sistema de compensación", ha precisado Mayer.

Por último, piden "actualizar" sus sueldos, que tienen actualmente una base "aproximadamente de 1.900 euros mensuales". "Nuestro sueldo está regulado por decreto de 2006 con actualizaciones desiguales según la comunidad autónoma, deben actualizarse estos sueldos", ha esgrimido Mayer. Concretamente, el secretario general de la FSS-CCOO, Antonio Cabrera, ha precisado que se debe fijar un mínimo "en torno a 28.000 euros anuales para asegurar condiciones retributivas dignas".

"Lo que se persigue con este acuerdo es dotar de la mayor calidad posible a nuestro sistema de formación, que es la joya de la corona. Hemos presumido de que la formación especializada es la mejor del mundo, pero la realidad demuestra que tiene muchas carencias hoy en día. Hoy los MIR son mano de obra barata, no puede ser. Hemos ido empeorando muchísimo las condiciones del personal y no hemos puesto en valor a nuestros profesionales", ha criticado Cabrera, quien ve "urgente" modificar el "anacrónico" estatuto del personal residente.

La organización sindical ha anunciado que enviará este mismo miércoles una carta al director general de Ordenación Profesional, Vicenç Martínez, para exigir una reunión conjunta en el que se debata la posibilidad de crear un grupo de trabajo que analice sus condiciones laborales y retributivas de este personal. "Hemos tenido contactos bilaterales con el director de Ordenación Profesional y parece que hay buena acogida", ha aplaudido.

En este mismo sentido, Cabrera ha reclamado la convocatoria de un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) para que "las CCAA asuman los acuerdos que les tienen que comprometer". "Tenemos un SNS descentralizado, pero eso no quita que el Gobierno tenga competencias para establecer unas mínimas condiciones", ha resaltado.

Los MIR y el sindicato también reivindican la necesidad de que el personal residente tenga "una voz propia en la negociación". "No se les puede excluir. Pedimos al Ministerio que regule la participación de este personal en las negociaciones que les afecten. Todas estas son propuestas asumibles, no es la quiebra del sistema ni mucho menos, pero requiere compromisos políticos concretos y en espacio de tiempo corto. No podemos seguir retrasando la negociación. Deberíamos tener un acuerdo antes de la incorporación de los nuevos MIR", ha remachado Cabrera.

El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, propone en un informe "promover" traslados a la Península de los migrantes llegados a las islas Canarias, algo que, a su juicio, se ha producido con "lentitud" en 2020, y evitar espacios "improvisados" de acogida como el Muelle de Arguineguín.

Así lo indica en su informe 'La migración en Canarias', publicado este miércoles, fruto de las visitas al archipiélago canario que realizó el propio Fernández Marugán, en diciembre, así como dos equipos técnicos de la institución el pasado mes de noviembre de 2020.

Según precisa en el documento, hay dos principales "carencias": "la falta de instalaciones adecuadas y la inexistencia de protocolos de identificación ágiles y eficaces para la derivación de personas vulnerables". Según precisa, estas carencias "restan credibilidad a la Administración y provocan constantes quejas".

El Defensor considera "imprescindible" buscar espacios adecuados en Canarias, pero también "promover traslados a la Península, fundamentalmente de aquellas personas en una situación más delicada". Asimismo, apunta que es "especialmente relevante la rápida identificación y derivación de los solicitantes de asilo a recursos en la Península".

El Defensor dedica un apartado específico al Muelle de Arguineguín, el cual recibió una visita no anunciada por parte del personal de la institución el día 16 de noviembre. Según denuncia, las personas que permanecían en el improvisado campamento "se encontraban en una situación de total hacinamiento, lo que impedía el cumplimiento de las más mínimas normas de distanciamiento social que exige la situación de alerta sanitaria".

El Defensor recomendó al ministro del Interior la clausura de las instalaciones, algo que se produjo el 29 de noviembre. En su lugar, se habilitaron otras instalaciones provisionales, en unas dependencias militares situadas en Barranco Seco. El Defensor destaca la conversión de estas instalaciones en un CATE para alojar a 600 personas.

Sobre el sistema de acogida, indica que durante 2020, se incrementaron a 11 centros de acogida integral, con 388 plazas pero advierte de que "al no contar con plazas suficientes, una vez más, se ha tenido que acudir a recursos de emergencia", planteándose soluciones temporales como el alquiler de hoteles.

También pone en valor la labor de las ONG que "representan sin duda, junto a la labor anónima de muchos ciudadanos canarios, la mejor cara de la sociedad española" pero echa en falta un "sistema de supervisión" y "una planificación de los recursos existentes" por parte de la Administración.

El Defensor del Pueblo reconoce el "esfuerzo" para poner en marcha "en un tiempo récord" un número de plazas de acogida de emergencia. Si bien, le preocupa "la lentitud de los traslados desde Canarias a la península que se ha detectado durante todo el año 2020".

MANIFESTACIONES XENÓFOBAS

Sobre las "manifestaciones xenófobas" que han surgido en varios municipios canarios, el Defensor pide "perseguirlas con contundencia" pero, al mismo tiempo, aconseja "evitar a toda costa la concentración de grandes centros de personas migrantes, en barrios especialmente castigados por la grave crisis" por la pandemia.

Por otro lado, en los centros de acogida humanitaria visitados en Canarias, el Defensor detectó un número importante de personas, en varios de los centros, que afirmaban ser menores de edad, por lo que ha dado traslado urgente de un listado con los datos de estas personas a la Fiscalía General del Estado, aunque aún no había recibido respuesta.

También recuerda que en torno a un 15% de las personas que han accedido de manera irregular a las costas canarias durante 2020 eran menores de edad, unos 2.666 menores extranjeros no acompañados. A la institución le "llama la atención el alto número de ellos que se encuentran pendientes de realización de pruebas de determinación de la edad: 2.030".

A la vista de esta situación, la institución ha apoyado la iniciativa de la EASO y del Consejo de Europa y ha llevado a cabo la traducción en wolof, bambara y dialectal marroquí de un vídeo informativo sobre el procedimiento de determinación de la edad.

Asimismo, Fernández Marugán considera que "no es razonable que los servicios de protección de menores canarios asuman en solitario el reto que esto supone" para garantizar su "derecho a la educación, asistencia sanitaria y servicios, en las mismas condiciones que los menores españoles".

TRASLADO DE MENORES SOLOS

Por ello, considera "muy necesario" que las comunidades autónomas lleguen a acuerdos con las islas para asumir la tutela y custodia de estos menores, para "descongestionar".

Según señala, han iniciado ya contactos con dos comunidades autónomas, que habían ofrecido un total de 65 plazas. Asimismo, plantea otra vía consistente en que "la Administración General del Estado y las comunidades autónomas podrán establecer convenios con ONG, fundaciones y entidades dedicadas a la protección de menores, con el fin de atribuirles su tutela ordinaria".

En cuanto a la identificación de personas vulnerables, Fernández Marugán precisa que en unas mismas instalaciones, se han podido encontrar personas en situaciones muy diferentes: "inexpulsables, solicitantes de protección internacional y otros perfiles vulnerables.

CARENCIAS EN LA ASISTENCIA LETRADA

A su juicio, las "carencias significativas en la asistencia letrada y de intérprete, tanto en el momento inicial de notificación de los expedientes de devolución, como durante la estancia en los centros de acogida, dificulta la identificación de estos perfiles".

Además, propone que junto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, estén presentes desde un inicio personal especializado de otros organismos de la Administración General del Estado y de las administraciones autonómicas y locales, organizaciones internacionales, y reforzar el papel de Cruz Roja española.

Igualmente, el Defensor recomienda elaborar protocolos claros de actuación sobre tres temas: los desaparecidos en la ruta --para identificarlos y dar respuesta a los familiares--; los menores acompañados de adultos --para evitar los casos de menores separados de sus madres-- y las personas con necesidades de protección internacional --que se les proporcione información comprensible y que los policías se especialicen para realizar las entrevistas--.

LÍMITES A LA LIBRE CIRCULACIÓN

Acerca de las restricciones a la libre circulación, el Defensor del Pueblo considera que "no puede convertirse a determinadas zonas costeras del sur de Europa en lugares de privación de derechos tales como la libre circulación, con el argumento del control migratorio y de evitar el efecto llamada".

Entre sus recomendaciones, el Defensor propone, entre otras medidas, poner en marcha centros de acogida con un conjunto de instalaciones de carácter permanente "que eviten tener que improvisarlas sobre la marcha"; y protocolos de actuación bien definidos, para la acogida inicial de los migrantes y para que se respeten "escrupulosamente" el ejercicio de sus derechos.

Asimismo, pide normas de aplicación "claras y precisas" para regular cada situación (menores, madres con hijos, solicitantes de asilo y protección internacional). En este campo, considera que sería "fundamental" el desarrollo reglamentario de la Ley de Asilo, pendiente desde su aprobación en el año 2009.

Igualmente, propone sistemas de identificación de personas desaparecidas en el trayecto y crear una oficina de atención a los familiares; y desarrollar medidas para evitar que se generen fenómenos de xenofobia en la población, especialmente en aquellas localidades que reciben una mayor presión. También reclama "un sistema de coordinación dentro del Gobierno de la Nación" y "solidaridad" de las comunidades autónomas para la acogida.

Ciudadanos ha pedido en el Congreso detalles sobre el plan de vacunación contra el Covid-19 en el seno de las Fuerzas Armadas para conocer el orden en el que van a recibir la vacuna los militares, las fechas previstas para su administración o su distribución territorial, entre otros asuntos.

El diputado de Cs Miguel Gutiérrez, su portavoz parlamentario en Defensa, ha registrado una pregunta por escrito para que el Ministerio de Defensa explique cómo está llevando a cabo el proceso de vacunación de los miembros de las Fuerzas Armadas.

Según apunta, los militares se encuentran dentro del segundo grupo de vacunación de los establecidos en el protocolo aprobado por el Ministerio de Sanidad, dentro de los colectivos que realizan una función esencial para la sociedad.

Sin embargo, dado lo "exiguo" de este plan, pregunta cómo es el plan de vacunación específico de las Fuerzas Armadas, "en términos de número de dosis a recibir y a suministrar, por fechas y colectivos concretos".

También quiere conocer cuál es la fecha prevista para que se termine de suministrar la vacuna a todos los militares españoles y si se va a realizar algún tipo de distinción entre los militares según las funciones que desempeñen o sus destinos.

El diputado 'naranja' se interesa además por el tipo de vacuna que se les suministrará y si depende de su edad, dado que la vacuna de AstraZeneca no se está administrando a mayores de 55 años.

"¿Qué medidas tiene pensado adoptar el Gobierno para asegurar la igualdad de trato entre los funcionarios de las Fuerzas Armadas a la hora de recibir la vacuna, sin distinción según el territorio en el que presten servicio?", continúa Gutiérrez, que pide que este proceso se lleve a cabo con "transparencia y eficacia".

El pasado 12 de febrero, el Ministerio de Defensa ya informó de que había iniciado la vacunación de los miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME) menores de 55 años y se disponía a completar la vacunación de todo el personal del Hospital Gómez Ulla de Madrid con 1.200 vacunas de Moderna facilitadas por la Consejería de Sanidad de la comunidad autónoma.

POLÉMICA EN EL PROCESO DE VACUNACIÓN

El proceso de vacunación en las Fuerzas Armadas se vio envuelto en la polémica al conocerse que altos mandos del Estado Mayor de la Defensa (EMAD), incluido el entonces JEMAD, el general Miguel Ángel Villarroya, habían recibido la vacuna; lo que acabó provocando su cese.

Sin embargo, el general Villarroya defendió haber seguido el protocolo, ya que EMAD asegura que las Fuerzas Armadas tenían asignado un cupo de vacunas dentro del que al Estado Mayor de la Defensa le corresponde un porcentaje para el que se estableció un orden de prioridades: personal sanitario, militares que van a participar en misiones internacionales y, por último, la estructura de mando siguiendo un criterio de edad.

Así, vacunó a todo su personal sanitario, a los efectivos que iban a formar parte de operaciones internacionales y comenzó con el tercer grupo del orden de prioridades, la estructura operativa para asegurar el mando de las operaciones. Dado que en este caso el criterio es la edad, los generales fueron los primeros en recibir la primera dosis de la vacuna, incluido el JEMAD.

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha asegurado que existe una "enorme indignación" ante los "nuevos escándalos" que afectan a la familia real y ha subrayado que la sociedad española no acepta que miembros de la Casa Real se vacunen contra el coronavirus en Emiratos cuando el resto de la población espera su turno.

Así lo ha indicado tras participar por videoconferencia en la reunión de eurodiputados de La Izquierda en el Parlamento Europeo (The Left), en referencia a la información adelantada por 'El Confidencial' sobre la vacunación contra la Covid-19 de las infantas Elena y Cristina durante un viaje a Abu Dabi (Emiratos Árabes) para ver a su padre Juan Carlos I.

"En la sociedad española, y hay que decirlo así, existe un debate sobre la utilidad de la monarquía, que va creciendo cada vez que desde la propia Casa Real ofrecen nuevos escándalos que causan una enorme indignación a la mayoría de la sociedad", ha desgranado Iglesias.

Con ello, hacía alusión también a la nueva declaración voluntaria del rey emérito por valor de 4,3 millones de euros, que ha sido muy criticada por Unidas Podemos, llegando incluso a pedir que el Ministerio de Hacienda investigara al antiguo monarca por presunto delito fiscal.

También ha dicho que la sociedad "no acepta que miembros de la Cara Real se vacunen en Abu Dabi cuando el resto de españoles están disciplinadamente a la cola para cuando tengan disponibilidad de las vacunas que les corresponde.

LA PRESUNTA CORRUPCIÓN DE JUAN CARLOS ACERCA LA REPÚBLICA

Pero además el vicepresidente y líder de Podemos ha enfatizado que los casos de "presunta corrupción" que afectan a Juan Carlos I "empujan" el "horizonte republicano".

En este sentido, ha defendido que en términos económicos, de respeto a las identidades y de "reconocimiento a la plurinacionalidad", España será mejor cuando se implante una República.

De este modo, ha garantizado a los eurodiputados de izquierda que su espacio político va a trabajar para que haya un sistema republicano en el país, aunque ello moleste a esferas mediáticas y sectores "profundos del Estado" que "tienen muchas dificultades para aceptar los resultados democráticos cuando no gobiernan los suyos".

PODEMOS CENSURA LA FALTA DE EJEMPLARIDAD

El portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, censuró ayer la falta de ejemplaridad que supone la vacunación de las infantas Cristina y Elena en Emiratos y subrayó que esta "ostentación permanente del privilegio jurídico y económico" acerca cada día más la República en España.

También se ha pronunciado hoy la ministra de Igualdad, Irene Montero, para destacar que, en la línea de Iglesias, esta vacunación fuera del país abre un debate sobre la "utilidad de la monarquía" y acerca un "horizonte republicano" que está "más cerca que lejos".

NO DESCARTA PLANTEAR UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

Unidas Podemos no descarta plantear en el Congreso una comisión de investigación sobre el patrimonio del rey Juan Carlos, habida cuenta de su segunda regularización ante Hacienda, pues su diputado Gerardo Pisarello insistió ayer en que hay un "clamor" para aclarar el origen de esas actividades que "el propio presidente Pedro Sánchez ha calificado de perturbadoras".

Las formaciones independentistas, junto con el PNV, Más País, Compromís y el BNG, volvieron a plantear esa comisión de investigación, y Unidas Podemos apoyará su tramitación en la Mesa del Congreso, donde hasta ahora todas las iniciativas han sido vetadas.

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Alejandro Hernández, ha anunciado que este viernes mantendrán una reunión " a nivel técnico" con la Consejería de Educación y Deportes, de la que esperan que salga un calendario para la implantación en Andalucía de lo que llaman el "pin parental", esto es, la autorización previa de los padres sobre la participación de los hijos en actividades escolares complementarias.

En rueda de prensa, Hernández ha manifestado este miércoles además que Vox se reitera en su posición, anunciada en el Pleno del Parlamento de la pasada semana, de no apoyar ninguna iniciativa del Gobierno o de los partidos que lo sustentan, PP-A y Ciudadanos, hasta que se implante el "pin parental". Ha insistido en lamentar que el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, haya hecho un anuncio expreso de "no cumplir" con el acuerdo de Vox sobre el llamado "pin parental" como si su consejería fuera un "ente independiente" del Gobierno andaluz.

Hernández ha señalado que, en cambio, sí quieren confiar en "la palabra" del presidente de la Junta, Juanma Moreno, ante el Pleno del Parlamento, "comprometiéndose a dar cumplimiento a lo suscrito y a realizar los cambios normativos necesarios para que esa autorización de los padres para realización por parte de sus hijos de determinadas actividades complementarias sea una realidad y la podamos ver negro sobre blanco" en este primer semestre del año.

Ha confiado en que en la reunión del viernes con Educación se les traslade una calendarización para la implantación de esa "autorización" de los padres en relación con la participación de sus hijos en actividades complementarias, con "independencia de como se quiera llamar". "No vamos a hacer cuestión de la semántica, lo que nos importa es el contenido y que los padres puedan acogerse a ese derecho", ha apuntado.

Según ha explicado Hernández, lo que ellos han venido llamado "pin parental" consiste en que los padres tengan la posibilidad de no autorizar la participación de sus hijos en una actividad complementaria si consideran que puede ser "perjudicial" para su educación.

"Que puedan decidir si acuden o no sin que ello suponga problema", ha dicho Hernández, quien ha apuntado que este mecanismo también lo puede utilizar un padre que no quiera que su hijo vaya a una charla sobre la "tauromaquia o la caza".

Asimismo, el portavoz parlamentario ha señalado que si con la actual legislación no es posible implantar esto, por eso plantean que se lleven a cabo los cambios normativos que sean necesarios y de los que "también habló" el presidente de la Junta.

"Esa capacidad la tienen que tener los padres y está puesto negro sobre blanco en los pactos presupuestarios y en el acuerdo firmado con Imbroda", según ha recalcado Alejandro Hernández.

Asimismo, Hernández ha querido dejar claro que Vox estará además muy atento al cumplimiento de los acuerdos suscritos con el Gobierno andaluz de índole económica y social, porque en los próximos meses van a cobrar gran relevancia.

Los positivos en las residencias de mayores y personas con discapacidad de Castilla y León durante la semana del 15 al 22 de febrero fueron un total de 23, frente a los en torno a 800 que se registraron entre el 18 y el 25 de enero, según el informe semanal sobre la situación del coronavirus en residencias publicado por el Imserso.

Se trata de la primera semana en la que el Instituto ha publicado este informe en el que se reflejan las cifras oficiales de fallecidos en las residencias durante toda la pandemia, si bien se advierte de que hay carencias de información en algunas autonomías.

La última semana que detalla este informe es la del 15 al 22 de febrero, en la que en Castilla y León ya se había completado la pauta de vacunación a un porcentaje muy elevado de las personas residentes en centros de mayores y personas con discapacidad.

En esa semana, en la comunidad castellanoleonesa se notificaron 23 nuevos positivos confirmados por COVID-19, lo que representa un 0,1 por ciento de la población residente --41.321 según el informe del Imserso--. En esos siete días, además, se registraron 23 fallecimientos a causa del COVID-19, la segunda cifra más alta del país, solo por detrás de Andalucía.

Aunque todavía no se conoce con precisión los datos de inmunidad que han generado las vacunaciones en la población residente, la evolución de los positivos a lo largo de las últimas semanas es de un rápido descenso, ya que en la semana del 18 al 25 de enero --la peor de la tercera ola-- Castilla y León notificó unos 800 positivos en estos centros de modo que la cifra de la última semana conocida es casi 35 veces menor.

En el conjunto del país los casos se han reducido de 4.895 en la tercera semana de enero a 243 en la tercera de febrero, 20 veces menos.

EL COVID-19 SIGUE CAUSANDO MUERTES EN LAS RESIDENCIAS

Eso sí, Castilla y León es aún la quinta comunidad autónoma con más positivos y la segunda con más fallecidos en esta semana. En el primero de los registros le superan Comunitat Valenciana, con 65 casos; Castilla-La Mancha y Cataluña, con 45; y Canarias, con 26. Según el informe, son ya cuatro las autonomías en las que no se han notificado positivos en el periodo analizado --Asturias, Murcia, Navarra y La Rioja, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla--.

En cuanto a los fallecimientos, solo en Andalucía, con 45, se han registrado más fallecimientos en las residencias entre el 15 y el 22 de febrero que en Castilla y León.

En la comunidad, como recuerda el informe del Imserso, han perdido la vida a causa del COVID-19 desde marzo de 2020 un total de 2.936 residentes con positivo confirmado y otros 1.105 con síntomas compatibles.

El desmayo de quien fuera jefe del servicio de Informática de la Conselleria de Solidaridad Javier Murcia, acusado en la pieza 5 del caso Cooperación, relacionada con un presunto amaño en contratos de informática, ha obligado a suspender la vista que había arrancado pasadas las 10.30 horas en la Audiencia de Valencia.

Murcia se había sentado este miércoles en el banquillo de los acusados junto con el exconseller y exdiputado 'popular' en Les Corts Rafael Blasco; el empresario Augusto César Tauroni; y la exsecretaria general de la Conselleria Agustina Sanjuán.

A los pocos minutos de comenzar el juicio, en el turno de cuestiones previas, Murcia se ha acercado al tribunal algo aturdido y se ha desmayado, lo que ha obligado a suspender la vista. Se ha desalojado la Sala y un médico forense ha acudido para atenderle. Tras ello, se lo han llevado en ambulancia.

Tanto acusados como letrados y defensas han abandonado la Sala de la Audiencia y está previsto que el juicio se retome el 29 de marzo en el punto en el que se habían quedado, es decir, mientras la defensa de Blasco exponía sus cuestiones previas, han informado fuentes jurídicas.

En esta pieza, la Fiscalía reclama dos años y ocho meses de prisión para el exconseller y el pago de una multa de 400.000 euros por un delito continuado de tráfico de influencias en concurso con delitos continuados de prevaricación y fraude a la Administración; dos años de cárcel para Sanjuán y una muta de 300.000 euros; año y medio de prisión para el exjefe de Informática y 300.000 euros de multa; y dos años y medio de cárcel y multa de 400.000 euros para el empresario Tauroni.

Por su parte, la Coordinadora Valenciana de ONGD --acusación popular-- reclama cinco años de prisión para Blasco, Tauroni y Tina Sanjuán y el pago de una multa de 350.000 euros para cada uno de ellos. Así mismo, solicita tres años de cárcel para Javier Murcia.

Se trata de la pieza 5 del llamado caso Cooperación y la Fiscalía cifra en 289.363 euros el perjuicio ocasionado a las arcas públicas autonómicas.

Los hechos se remontan a los años 2008 a 2011 y se ha investigado un presunto amaño de contratos informáticos adjudicados desde la Administración valenciana a Fujitsu y a otras dos empresas, que terminaron siendo subcontratos a las sociedades de Tauroni. Las empresas interpuestas recibían una comisión de alrededor del 7% del total del contrato.

Los contratos presuntamente amañados eran para el desarrollo del Portal del Inmigrante, Portal de la Ciudadanía, herramientas de participación ciudadana y para el control telemático de la gestión de escuelas de acogida, entre otros.

Blasco ya ha sido condenado por las piezas 1, 2 y 3 del conocido caso Cooperación, relativas al desvío de ayudas a ONGs y al proyecto fallido para la construcción de Haití. Salió de prisión con tercer grado a principios de 2019 por la condena de seis años y medio de la pieza 1.

El primo del Rey emérito, Álvaro de Orleans Borbón, niega ser el "testaferro" o "fiduciario" de Don Juan Carlos y rechaza que Zagatka sea una sociedad pantalla. Además, afirma en un comunicado que esta Fundación no está siendo objeto de "ningún procedimiento penal en Suiza, España o cualquier otro país".

Según Álvaro de Orleans-Borbón, él es el "único" fundador y propietario de la Fundación Zagatka y por lo tanto, recalca que "es falso que sea una sociedad pantalla o instrumental o esté acusada de serlo". Y añade que al equipo legal de D. Álvaro de Orleans-Borbón le consta que no se ha recibido citación de ningún tipo por parte de autoridad alguna.

El primo del Rey emérito ha realizado estas afirmaciones tras la regularización voluntaria llevada a cabo por Don Juan Carlos en relación con los vuelos que le financió la Fundación Zagatka por unos 8 milllones de euros y por la que ha pagado casi 4,4 millones de euros a Hacienda.

Según el comunicado, la decisión de Don Juan Carlos es "ajena" a Álvaro de Orleans-Borbón y se trata de una iniciativa de una "tercera persona, un contribuyente español, que tributa por los fondos de que ha dispuesto". Por tanto, insiste, "no le afecta en ningún caso".

Según expone, la Fundación Zagatka se constituyó con el objetivo de "gestionar a nivel administrativo y financiero una parte del patrimonio de D. Álvaro y al mismo tiempo materializar su ayuda a la Casa Real española, como parte del legado transmitido por su padre, S.A.R D. Álvaro de Orleans-Borbón y Sajonia-Coburgo-Gotha, y su abuelo, el Infante D. Alfonso de Orleans y Borbón, específicamente a S.M. el Rey D. Juan Carlos, Rey en el momento de la creación de la misma".

Por este motivo, alega que parte del objetivo de la Fundación, fruto del compromiso heredado de su padre y su abuelo, ha sido el de poner "voluntariamente" a disposición del Rey Don Juan Carlos "ayuda financiera" para la atención de gastos de viaje.

RECHAZA CONTRADICCIÓN

También rechaza que se haya producido contradicción entre la versión ofrecida por Alvaro de Orleans-Borbón y la regularización llevada a cabo por el Rey emérito, aunque no da más datos al respecto. Los Técnicos de Hacienda apuntaban como contradicción, en un comunicado reciente a raíz de la regularización de Don Juan Carlos, el hecho de que, en la comisión rogatoria del 16 de agosto de 2019, el fiscal suizo relatara que el primo del Rey había declarado que le había financiado viajes por valor de 3 millones de euros.

Además, la Asociación de Técninos de Hacienda recordaban que en esa misma comisión rogatoria se exponía que Alvaro de Orleans había reclamado al Rey parte del importe de los viajes al conocer que los había realizado Corinna, ya que esta persona no era de su agrado. Tras lo cual y por mediación de Dante Canónica, le fueron ingresados 2,86 millones de euros el 4 de enero de 2011 a la cuenta de la Fundación Zagatka.

Según Alvaro de Orleans, el comunicado de la defensa legal del Rey don Juan Carlos no afirma en ningún momento que éste haya prestado servicios a la Fundación Zagatka. Y precisa que los "servicios" a los que se refiere el comunicado forman parte de los gastos de viaje, como pueden ser servicios de agencias de viaje.

En este punto, insiste en que "el hecho de que el Rey haya regularizado su situación tributaria no significa, en absoluto, que la Fundación Zagatka o sus fondos fueran de su propiedad" y reitera que ésta "pertenece única y exclusivamente a D. Álvaro de Orleans-Borbón, fundador y único propietario de la misma".

En el comunicado se añade que Álvaro de Orleans-Borbón desciende de una familia que, "dada su elevada posición económica, ha transmitido a sus generaciones el compromiso de apoyo a otras monarquías". Recuerda que la madre de D. Álvaro, Dña. Carla Parodi-Delfino, heredó, junto a sus dos hermanas, una "importante" fortuna de su padre, D. Leopoldo Parodi-Delfino, uno de los industriales italianos más relevantes del Siglo pasado. Y remacha alegando que "tanto sus progenitores como D. Álvaro han administrado este patrimonio de forma exitosa aunque discreta".

El hombre detenido ayer en Torrejón de Ardoz por presuntamente matar a su expareja, Mari Carmen M.V., en el bloque de viviendas donde trabajaba como conserje y limpiadora pasará previsiblemente mañana jueves por la mañana a disposición judicial, han indicado fuentes policiales.

El arrestado, Julián P.A., de 48 años y nacionalidad española, ha dormido esta noche en los calabozos de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid. Se desconoce si ya ha sido interrogado y si ha reconocido los hechos. El supuesto asesino no tenía antecedentes ni órdenes de alejamiento en vigor.

Los hechos ocurrieron sobre las 10 de la mañana de este lunes cuando a través del 091 se recibió una llamada que informaba de una mujer herida por arma blanca estaba malherida en el rellano de la escalera del cuarto piso de un edificio situado en el número 86 de la avenida Constitución de Torrejón de Ardoz.

Los sanitarios del Summa-112 llegaron al lugar pero solo pudieron certificar la muerte de la víctima de violencia de género, una mujer de 46 años, que estaba desangrada y sin posibilidad de reanimación, ha indicado un portavoz de Emergencias Comunidad de Madrid.

Los agentes de seguridad ciudadana han acordonado el lugar para que se pudiera prestar correctamente la asistencia sanitaria y proteger la escena del delito. Allí, han comprobado que la difunta, Mari Carmen, trabajaba en varios portales de la zona donde fue asesinada realizando tareas de conserje, mantenimiento y limpieza.

De hecho, era muy apreciada por los vecinos, que la han homenajeado con un fuerte aplauso cuando a las 14 horas ha salido su cuerpo tras el levantamiento judicial. "Era muy servicial y te echaba una mano para lo necesitabas. Era muy maja, muy maja. No tenía pereza para nada. Se va una persona buenísima y es una pena", ha afirmado Victoria, una vecina.

La Policía ha detenido al presunto autor de los hechos cerca del conocido Parque Europa, a unos minutos andando del lugar. Iba a entregarse a la comisaría de Policía. Entonces, le han colocado sobres protectores en las manos del arrestado para preservar pruebas del presunto homicidio, ya que podría tener heridas defensivas provocadas por la víctima.

Por otro lado, integrantes de Policía Científica realizaron ayer una inspección ocular técnico policial junto con agentes del Grupo V de Homicidios que se han hecho cargo de la investigación. Están analizando el cuchillo de grandes dimensiones y con el mango partido que el autor dejó en el lugar del crimen.

El detenido no tiene antecedentes ni ninguna medida de alejamiento sobre su expareja. La mujer no había informado ni denunciado ningún episodio de malos tratos en el Punto Municipal de Violencia de Género y no había ningún expediente sobre ella, han indicado fuentes municipales.

Víctima y presunto asesino estamos empadronados en Torrejón de Ardoz, en dos domicilios diferentes aunque cercanos. Ambos estaban separados y tenían dos hijos en común, uno de 21 y otro de 17 años. El primero vivía con la madre en la misma avenida de la Constitución y el segundo con el padre. La misma vecina ha explicado que la separación de su marido había sido "bastante mala y un poquito dura" y que su exesposo "no le pasaba pensión".

En caso de confirmarse como un nuevo caso mortal de violencia de género, sería el tercer asesinato machista en la región este año y el cuarto en toda España, en lo que va de año. En Torrejón sería el segundo crimen machista en poco más de dos meses, tras el ocurrido el día de Nochevieja.

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha insistido en que España tiene "una imagen sólido" a nivel internacional si bien ha reconocido que eso no significa que a nivel interno "todo sea perfecto" y no haya cosas que se puedan mejorar.

"La imagen que de España se tiene en el mundo es sólida", ha defendido rotunda la ministra, que ha participado en una conversación organizada por la Fundación Alternativas para hablar de la nueva Estrategia de Acción Exterior del Gobierno.

Esto es así, ha añadido, porque "está fundamentada sobre bases sólidas" y se ha ido construyendo a lo largo de décadas y siglos, por lo que "no se puede cambiar o deteriorar de un día para otro".

No obstante, "el que tengamos esa imagen sólida", ha subrayado, "no significa que todo sea perfecto en España". Así ha reconocido que "hay cosas que mejorar" entre las que ha citado por ejemplo "los niveles insoportables de pobreza infantil" o "el paro juvenil insufrible".

"No es contradictorio tener una imagen excelente internacionalmente y querer seguir mejorando la situación de todos y cada uno de los españoles", ha sostenido la ministra.

"Sigamos construyendo solidez en España, sigamos construyendo respuestas a la pobreza, al desempleo, a la fragilidad democrática, sigamos reforzando nuestros derechos y libertades porque cuanto más lo hagamos más vamos a poder ponerlos en valor internacionalmente", ha reivindicado.

APUESTA POR EL MULTILATERALISMO

González Laya ha repasado junto al vicepresidente de la Fundación Alternativas, Diego López Garrido, el contenido de la Estrategia, que aún no ha sido aprobada de forma definitiva por el Gobierno, la cual hace una firme defensa del multilateralismo y también de un papel de más peso a nivel mundial de la UE.

En este sentido, la ministra ha destacado que el Gobierno considera que a través de Europa tiene "una mayor capacidad de influir en el resultado final" tanto en el multilateralismo como en la reforma de los principales organismos internacionales.

"Nuestra capacidad de construir consensos internacionalmente pasa por que la UE sea más fuerte para articular consensos en el mundo", ha insistido González Laya, reivindicando la necesidad del entendimiento para resolver cuestiones como el cambio climático no solo con países socios, como puede ser Estados Unidos, sino con otros como China o Rusia con lo que no siempre se está de acuerdo.

También ha apostado por "más consenso" dentro de la UE a la hora de tratar "cuestiones de fondo", mencionando en particular la fiscalidad y los problemas de dumping fiscal a los que se enfrentan los Veintisiete con respecto a países terceros pero también entre ellos. Este es un asunto, ha añadido, sobre el que el Gobierno español va a insistir.

VÍAS LEGALES PARA LA MIGRACIÓN

Por otra parte, en el plano de la migración y el asilo, ha reiterado la apuesta del Ejecutivo por las vías legales y seguras, "la puerta de delante y no la de atrás". A este respecto, ha puesto en valor los esfuerzos que se hacen en este sentido para ofrecer protección a quienes buscan asilo y refugio.

Según ha dicho, España es el primer país de la UE en solicitudes, las cuales proceden principalmente de centroamericanos, venezolanos o colombianos, "lo cual a veces colapsa nuestro sistema" pero existe un "compromiso claro".

También se hacen esfuerzos para facilitar la llegada de migrantes económicos, como el acuerdo con Marruecos que permite que miles de ciudadanos viajen cada año a trabajar a España y el que se va a firmar ahora con Senegal. Esto no quita, ha admitido, que no haya "cosas que cambiar y trámites que agilizar".

Pero además de esas vías seguras, ha señalado, el Gobierno insiste en que se debe abordar la "dimensión exterior de la migración", es decir, ayudar a los países de origen y de tránsito ya que en muchos de los casos ellos mismos se enfrentan a un problema migratorio.

Por ello, lo "inteligente es acompañar y dar un impulso a la transformación económica de estos países", trabajar en materia de empleo juvenil, formación y capacitación, así como luchar junto a ellos contra las mafias del tráfico de personas.

El Pleno del Congreso debatirá la próxima semana la propuesta de Más País-Equo y Compromís de crear una comisión de investigación sobre las posibles irregularidades en la gestión de las vacunas contra el coronavirus, que también pretende funcionar como órgano independiente de seguimiento del plan de vacunación que España comenzó a aplicar a finales de 2020.

Segun el orden del día del próximo Pleno, la iniciativa se debatirá y votará el día 11 de marzo, pero desde Más País confían en que salga adelante ya que hubo un apoyo mayoritario en la última Junta de Portavoces donde se habló de ella.

El portavoz de Más País, Íñigo Errejón, sostiene que esta comisión de seguimiento del proceso de vacunación debe servir para que "se cumplan los plazos y se contrate el personal suficiente", pero también para que "no haya más caraduras que se saltan la cola"

QUE NO HAYA MÁS CARADURAS

Y este martes, tras publicarse noticias de que el rey Juan Carlos y las infantas Cristina y Elena se habían vacunado en Emiratos Árabes, Errejón confirmó su intención de aprovechar este nuevo órgano para investigar este caso. "La comisión que propusimos sobre los que se saltaron la cola en la vacunación debe servir para esto", escribió en la red social Twitter.

La iniciativa se registró a principios de febrero con el objetivo de reforzar y mejorar esos protocolos establecidos por el Ministerio de Sanidad y saber quién se los ha "saltado" a fin de que asuman "todas las consecuencias políticas". "La vacunación es el primer reto y no estamos dispuestos a que nadie lo enturbie. Queremos llegar hasta el final", advirtió Errejón al presentar la iniciativa.

Más allá de las posibles responsabilidades legales y/o administrativas, los proponentes abogan por que el Poder Legislativo investigue los hechos para depurar las responsabilidades políticas que se puedan derivar, así como para asumir las medidas que se consideren oportunas para no repetir estas prácticas "irregulares" en lo que resta del proceso de vacunación.

Y es que, según denuncian, en plena tercera ola ha seguido habiendo "fallos en la ejecución del plan de vacunación, "con dosis echadas a perder, problemas con la distribución, fallos en la logística o falta de jeringuillas adecuadas para el máximo aprovechamiento".

Así, plantean abrir una comisión para que durante el presente periodo de sesiones --que culmina en julio-- se investiguen "las irregularidades, los fallos y los retrasos en la gestión de las vacunas" así como el plan de vacunación en España. Ese plazo, no obstante, puede ser ampliado si así lo acuerdan los grupos parlamentarios.

¿EXISTEN ESTRUCTURAS DE TRAFICO DE INFLUENCIAS?

En concreto, quieren que se analice la posible existencia de estructuras de tráfico de influencias que hayan posibilitado prácticas irregulares de vacunación, y que se investigue a sus beneficiarios y los fallos en el control del protocolo.

Asimismo, sugieren averiguar las posibles irregularidades, falta de transparencia y cláusulas abusivas que han podido darse en relación con los contratos con las farmacéuticas, y las actuaciones relativas a estos hechos por parte de la UE como de los Estados miembros por separado.

MEl portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este miércoles que no hay "perjuicio" en la vacunación contra el Covid-19 de las infantas Elena y Cristina, de quienes ha reseñado que "no son Familia Real" y "no le han quitado la vacuna a ningún español".

Así se ha expresado el también regidor madrileño desde la recién inaugurada plaza de Torcuato Fernández-Miranda sobre la información de que las infantas Elena y Cristina y el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán se hayan vacunado en los Emiratos Árabes aprovechando un viaje para ver a su padre, Juan Carlos I.

Martínez-Almeida ha indicado que "no conviene mezclar a la Monarquía con el debate que puede suscitar eso", ya que "desde 2011 no son Familia Real sino familia del Rey", por lo que "no es una cuestión de Monarquía, sino una cuestión privada".

Además, ha añadido que "a diferencia de todos los que se han aprovechado de su cargo, (ellas) no lo han hecho, ni han quitado la vacuna a ningún español; no ha habido perjuicio". Por contra, sí ha apremiado al Gobierno de la Nación a "proveer de vacunas al resto de españoles".

El vicepresidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès, ha condenado este miércoles "todo tipo de violencia" que se haya podido producir en las últimas semanas durante las protestas por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél y también que una joven perdiera un ojo durante las movilizaciones.

"Condenamos sin paliativos todos los actos violentos que no tienen nada que ver con los derechos democráticos como la libertad de expresión y de manifestación", ha dicho en una comparecencia sobre los disturbios en la Diputación Permanente del Parlament, y ha expresado su apoyo a los Mossos d'Esquadra y todos los cuerpos policiales.

El también candidato de ERC a la Presidencia de la Generalitat ha insistido en que no son tolerables actos vandálicos contra comercios y mobiliario urbano, y los ataques contra cuerpos policiales: "La violencia no es ni un derecho ni una forma de protesta democrática", y ha mencionado especialmente al ataque a la comisaría de Vic y el intento de incendio de una furgoneta de la Guardia Urbana en Barcelona.

Así, ha agradecido la actuación de los Mossos y los cuerpos policiales ante estos actos: "Los Mossos d'Esquadra cuentan y contarán con el apoyo del Govern de la Generalitat, como no puede ser de otra manera".

INVESTIGAR POSIBLES NEGLIGENCIAS

Sin embargo, ha reconocido que algunas actuaciones policiales de los últimos días han sido controvertidas: "Evidentemente tenemos que lamentar y condenar la pérdida de la visión de un ojo de una joven. No solo nos duele inmensamente", sino que ha sostenido que el Govern, la Conselleria de Interior y los Mossos están comprometidos para aclarar cómo se produjo este hecho y dirimir responsabilidades si se demuestra que ha habido una actuación negligente.

Además de pedir no criminalizar a todo el cuerpo de los Mossos por este hecho, Aragonès ha defendido abrir el debate sobre el modelo de orden público e introducir modificaciones si es necesario.

En este sentido, ha apostado por hacerlo desde la "serenidad y la participación de todas las partes implicadas e interesadas", y contando con expertos, una vez se constituya el nuevo Parlament y el Govern.

Sobre esta cuestión, que se ha colado en las negociaciones de la formación de gobierno, especialmente en las reuniones entre ERC y la CUP, también ha reclamado desligar este debate de la "batallita de corto vuelo" entre los partidos.

PROBLEMAS DE LOS JÓVENES

Además, ha avisado de que no se puede hablar de los disturbios sin tener en cuenta el descontento social que hay detrás de las protestas y ha recordado que las movilizaciones comenzaron por el encarcelamiento de Hasél por "las letras de sus canciones".

Para él, este encarcelamiento demuestra que el Estado tiene baja calidad democrática y una "falta de derechos y libertades", ha recriminado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no haya acabado con iniciativas como la conocida como 'Ley mordaza', y ha abogado por derogar el delito de injurias a la corona y cualquier tipo penal que, a su juicio, limita la libertad de expresión.

Asimismo, Aragonès ha advertido de que no se debe criminalizar al conjunto de jóvenes catalanes, que vieron afectadas sus expectativas por la crisis de 2008 y que ahora lo ven por el coronavirus: "Es evidente que la pandemia ha actuado en el estado de ánimo de las personas más jóvenes que participan en las protestas".

"Debemos entender, que no significa justificar, lo que hay detrás de determinadas protestas y actos violentos. Hay que buscar soluciones estructurales", ha avisado el vicepresidente, que ha remarcado que se debe ir a la raíz del problema para abordarlo en su totalidad, y no quedarse en la superficie.

Ha insistido en la necesidad de abordar el malestar que genera la precariedad, que no sólo afecta a los jóvenes, y ha pedido evitar "que las ramas de los artefactos incendiarios no dejen ver el bosque del malestar social que hay en muchos ámbitos y que hay que atender de forma urgente".

El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, considera "perfectamente asumible" la previsión realizada por la Unión Europea (UE) de que el 70% de la población estará vacunada contra la COVID-19 a finales de este verano.

"Los cálculos están hechos por la UE, que son los que hacen los contratos con las industrias y son los que saben la previsión a futuro de suministro, y está hecha con bastante margen, por tanto ese cálculo es perfectamente asumible", ha afirmado el ministro este miércoles en un coloquio online organizado por Executive Forum.

A juicio de Duque, está todo "muy bien organizado" y de ello no tiene "ninguna duda" la UE. Además, recalca que como la UE tiene "planes A, B y C para todo", es incluso "bastante posible" que se alcance esa previsión "antes". "Es perfectamente alcanzable, en mi opinión", ha manifestado.

"Estamos vacunando al ritmo del suministro que pueden dar las fábricas al principio, cada mes que pasa, vamos a recibir muchas más vacunas que el mes anterior y, por tanto, la extrapolación matemática tiene que tener en cuenta esta curva ascendente de suministro", ha explicado.

LOS 11 PROYECTOS DE VACUNA ESPAÑOLA

El ministro también ha hablado sobre los proyectos de vacuna española. Según ha indicado, la pandemia ha demostrado "ciertas carencias tecnológicas" en España, pero también "la capacidad de España de adaptación".

En este sentido, ha recordado que desde el Gobierno se tomaron medidas para aprovechar las capacidades del país como potencia mundial en la producción de vacunas veterinarias para adaptarlas a la producción de vacunas humanas. Así, desde marzo de 2020 se han financiado 11 proyectos empresariales de vacuna contra la COVID-19, para los que se han movilizado 10 millones de euros, de los cuales el CDTI ha aportado 4,7% millones en forma de subvención.

Tal y como ha explicado, una de estas empresas es Biofabri, que trabaja en colaboración con el CSIC "en la que puede ser la primera vacuna que pueda alcanzar los ensayos clínicos en humanos". Ligado a todo este trabajo con el CSIC, esta empresa afrontó una transformación en su equipamiento y los desarrollos científicos necesarios, y ya está produciendo a nivel industrial la vacuna de Novavax, "desde la materia prima hasta la botella". Duque espera que esta vacuna esté aprobada en abril o mayo.

"Otra empresa, Hipra, también ha adaptado sus capacidades para poder fabricar los lotes técnicos de otro proyecto de vacuna española, la liderada por Felipe García del Hospital Clínic". Esta empresa incluso ha desarrollado una vacuna propia que "próximamente" verá la luz pública y empezar con los ensayos.

Por su parte, Reig Jofre tuvo apoyo para poder colaborar en la lucha contra el COVID con el llenado y envasado de la vacuna de Janssen, que llegará "próximamente", igual que hacen la empresa Rovi con la vacuna de Moderna y Subfarma con la de AstraZeneca.

El presidente de Fomento del Trabajo, Josep Sánchez Llibre, ha expresado este miércoles profunda indignación porque "los actos vandálicos dañan la reputación catalana y frenan las inversiones" en el territorio, y ha pedido que se forme Govern tras las elecciones celebradas el pasado 14 de febrero.

Por estos motivos, ha explicado en una entrevista en Antena 3, más de 200 organizaciones (entre las que también se encuentran Pimec o Círculo Ecuestre) realizarán este jueves un acto en Barcelona con el lema '¡Basta! Centrémonos en la recuperación'.

Sánchez Llibre ha asegurado que los empresarios catalanes no quieren "que Barcelona se convierta en una capital vandálica" y pretenden demostrar confianza en que es una ciudad dialogante y europeísta.

La movilización de la sociedad civil se centrará, además, en mostrar la preocupación por el futuro de la economía y para pedir a los partidos políticos que den apoyo a los Mossos d'Esquadra, a los policías municipales y al cuerpo de bomberos, "que son el estandarte de la libertad y la democracia.

Sobre la posible asistencia al acto del Consejo de Cámaras de Cataluña, Sanchez Llibre ha explicado que este martes se les invitó formalmente después de que el Consell emitiera un comunicado condenando la violencia en las calles catalanas.

Por último, el presidente de la patronal ha pedido al futuro Govern que se centre en gobernar para todos los catalanes con el objetivo de reconstruir el tejido empresarial porque "las empresas son un pilar fundamental del estado del bienestar y quienes pueden dar trabajo".

La vacunación de los docentes de la Región de Murcia comenzará este fin de semana y se realizará de forma progresiva las próximas semanas. Así lo ha anunciado el consejero de Salud, Juan José Pedreño, durante su comparecencia en el Pleno de la Asamblea Regional. Según ha dicho, "en la Región de Murcia comenzará este fin de semana la vacunación de docentes de una forma progresiva".

En ese sentido, ha indicado que se calcula que entre los profesionales de Educación Primaria y de Educación Secundaria, se calcula que se inmunizará a 28.340 docentes, mientras que en Educación Infantil y en Educación Especial se prevé la vacunación de 10.572 profesionales.

Durante su intervención, ha expuesto que en el último Consejo Interterritorial la Comunidad solicitó que se incluyera en el protocolo de vacunación a los docentes universitarios, que actualmente no se recoge como tal en los grupos que define la estrategia de vacunación.

El consejero, que ha comparecido por primera vez en la Asamblea tras su toma de posesión, ha aportado información sobre las vacunas administradas a día de hoy en la Región de Murcia, 153.535 dosis recibidas y 124.534 administradas. "El objetivo de la vacunación es prevenir la enfermedad y disminuir el impacto de la pandemia protegiendo a los grupos con mayor vulnerabilidad", ha dicho Pedreño.

En este sentido, el consejero ha afirmado que la Región de Murcia fue la primera comunidad en terminar la vacunación en residencias de mayores, con 21.095 (el 92,9%) residentes y personal sanitario de residencias vacunados con la primera dosis y el 80,4% con la segunda dosis. Asimismo, ha anunciado que esta semana se empezará a vacunar a los primeros grandes dependientes, 8625 mayores de 80 años han recibido la primera dosis.

Pedreño también ha asegurado que ya se ha iniciado el proceso de vacunación también en centros penitenciarios y centros de drogodependencia, así como a agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

El consejero de Salud ha hecho referencia al nuevo equipo incorporado al Servicio de Microbiología del Hospital Virgen de la Arrixaca, un robot que tendrá la capacidad de realizar 6.000 PCR en un día.

Por parte de los grupos parlamentarios, la socialista Antonia Abenza ha solicitado "transparencia" al Gobierno de la Región y ha denunciado una vez más el incumplimiento del proceso de vacunación. "El gobierno de López-Miras se centra en blanquear su imagen echándose fotos que ponga vacunas para todos junto a mayores de 80 años y en incumplir la estrategia de vacunación cuando todavía quedaban grandes dependientes por vacunar", ha manifestado.

El portavoz de VOX, Juan José Liarte, ha manifestado que "cuesta entender que en una situación de esta gravedad no se utilicen los recursos, la agilidad y la seriedad de la sanidad privada y concertada para el proceso de vacunación". Liarte ha afirmado que "no es momento de prescindir de cuantos recursos podemos poner a disposición y la sanidad privada en el pasado ha demostrado sobradamente su capacidad", ha concluido.

La portavoz del Grupo Mixto, María Marín, ha mostrado el apoyo del partido al consejero de Salud por los cambios en la cúpula de la sanidad regional. Asimismo, Marín ha reivindicado que se publique el listado de personas que se han vacunado indebidamente. "Algunos siguen sosteniendo que fue un error de interpretación del protocolo, pero todos sabemos que fue una campaña paralela de vacunación VIP y eso explica el ritmo tan lento", ha manifestado.

Por su parte, Juan José Molina de Ciudadanos ha instado a involucrar a profesionales de todos los ámbitos que estén capacitados en el proceso de vacunación como las Fuerzas Armadas, veterinarios u odontólogos. "Está claro que cada vez vamos a tener más capacidad y ritmo para poner vacunas, así como instalaciones, más de 200 se han anunciado. Lo que no tengo claro es si tendremos personal sanitario suficiente para ponerlas", ha manifestado.

La 'popular' María del Carmen Ruiz ha aplaudido la labor del nuevo consejero de Salud, afirmado que "tiene una tarea compleja y difícil, pero sus éxitos serán también los de toda la Región". Además, Ruiz se ha dirigido a la 'socialista' Abenza, "le aconsejo que disimule un poco porque ha quedado claro que lo que busca el PSOE no es saber de la estrategia de vacunación, sino seguir lapidando al Partido Popular", ha concluido.

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha suspendido cautelarmente la modificación del calendario escolar 2020-2021, estimando una reclamación de Comisiones Obreras (CCOO), y ha dejado sin efecto la Resolución del Departamento de Educación al respecto por lo que se mantienen como festivos los días 8 de marzo para la provincia de Zaragoza, 5 de abril, para las de Huesca y Teruel, y 30 de abril para toda la comunidad autónoma.

Estos días se habían elegido para recuperar las dos jornadas del 11 y 12 de enero pasado en las que se suspendieron las clases a causa de la borrasca 'Filomena' en todo Aragón.

CCOO interpuso este lunes, 1 de marzo, una denuncia ante la sala de lo contencioso-administrativo del TSJA contra la resolución del Departamento de Educación que modifica el calendario escolar por no haber sido negociado este cambio con los representantes de los trabajadores, entendiendo que se ha dado una vulneración de Derechos Fundamentales.

La Federación de Enseñanza de CCOO ha expresado su satisfacción en una nota de prensa ante la decisión del TSJA, que la Administración educativa ya ha anunciado que va a recurrir.

El sindicato ha considerado que el tribunal "avala el argumento" de que el calendario escolar debe negociarse con la representación de los trabajadores. CCOO ha subrayado que lleva "varios años" señalando este principio, "que ya ha sido sentenciado por el Tribunal Supremo en 2004, pero que el Departamento de Educación de Aragón se niega a cumplir y se limita meramente a informar en la mesa sectorial".

ACUERDO DE MÍNIMOS

El sindicato ha indicado que en esta comunidad autónoma rige un "acuerdo de mínimos" alcanzado en el seno del Consejo Escolar de Aragón, "que el Departamento incumple hasta en lo más sencillo, como el hecho de que el calendario escolar se publique bianualmente".

CCOO ha asegurado que ha insistido en el seno del propio Consejo Escolar en la necesidad de cumplir con dicho acuerdo y avanzar hacía un calendario "pedagógico" que reparta "mejor" los periodos de actividad y descanso del alumnado "para garantizar así una mejor calidad de los aprendizajes".

La Federación de Enseñanza de CCOO ha lamentado haber tenido que recurrir a instancias judiciales para dirimir estas cuestiones, pero como organización sindical ha sostenido que debe defender la "dignidad del profesorado y su derecho a la negociación colectiva, tal y como emana de nuestra Constitución".

PROTECCIÓN CIVIL

CCOO ha precisado a que los días 11 y 12 de enero las clases se suspendieron por indicación de Protección Civil, pero el modo en que se había de aplicar dicha suspensión competía al Departamento de Educación, que, después de anular las clases, no envió hasta el 8 de febrero una propuesta al Consejo Escolar sobre cómo recuperarlas, "que hasta este 1 de marzo no ha sido firme al no haber sido publicada en el Boletín Oficial de Aragón (BOA)".

La Federación de Enseñanza ha recurrido el mismo 1 de marzo la resolución del BOA y ha recalcado que ha sido la Administración educativa "quien ha marcado los tiempos y que ha habido tiempo y espacio para negociar".

Como esto último no ha ocurrido, CCOO ha interpuesto una denuncia por vulneración de Derechos Fundamentales en la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

El sindicato también ha explicado que en la mesa sectorial celebrada el pasado 22 de febrero, en la que se informó de la modificación del calendario escolar, la Federación de Enseñanza de CCOO apeló a la "responsabilidad" de la Administración "para generar un buen ambiente laboral en los centros educativos".

A su entender, esto es "indispensable", "más aún en estos momentos en los que tanto el personal docente, como no docente están haciendo un gran esfuerzo para sacar adelante un curso con todas las dificultades que entraña la situación" de pandemia de coronavirus SARS-CoV-2-.

CCOO espera que esta decisión de TSJA "haga que el Departamento de Educación reconsidere su postura a la hora de negociar tanto éste, como otros aspectos laborales con los representantes de los trabajadores y las trabajadoras de la educación aragonesa".

El candidato del PSC a la Presidencia de la Generalitat, Salvador Illa, ha acusado este miércoles a los partidos independentistas de querer repetir un "Govern en contra de todo: contra los Mossos, contra España, contra el PSC, contra el poder judicial".

En una entrevista en TV3, ha mantenido que eso supone reeditar el pacto de gobierno que llevó al adelanto electoral en Cataluña: "Lo que ya teníamos fracasó. ¿Tenemos que volver a repetirlo?".

Frente a ello, ha reivindicado "el derecho de los catalanes a la estabilidad y a la certidumbre", y ha afirmado que sigue negociando con los partidos para lograr los apoyos para ser presidente de la Generalitat, después de que el PSC fuera el partido más votado en las elecciones del 14 de febrero.

Ha sostenido que lo "más normal del mundo es que quien gana las elecciones se presente a la investidura", por lo que seguirá trabajando para cerrar un acuerdo de gobierno con los comuns que cuente con apoyos parlamentarios desde fuera.

"Tampoco veo que lo otro sea una propuesta positiva. Estoy viendo propuestas en contra de todo. Conocimos, antes de votar, que se había firmado un acuerdo contra el PSC", ha insistido, y ha pedido trabajar a favor de la salud y la recuperación económica, y dar apoyo a los Mossos.

Preguntado por puntos de su programa que planteaban cambios en la policía catalana, ha dicho que ve "pertinente siempre" debatir sobre ello, y que lo que censura es criticar el modelo en el mismo momento en el que hay disturbios, en lugar de apoyar a los agentes, ha dicho.

FISCALÍA Y PARLAMENT

Tras la querella de la Fiscalía al presidente del Parlament, Roger Torrent, y otros tres miembros de la Cámara catalana por presunta desobediencia al Tribunal Constitucional (TC), Illa ha afirmado que los fiscales actúan con autonomía y, ante la nueva legislatura, ha defendido ejercer la actividad parlamentaria "sin tensionar constantemente el Estado de Derecho".

Ha defendido que el Parlament debata sobre el cierre de Bosch en Lliçà d'Amunt (Barcelona), dé apoyo a los Mossos d'Esquadra, aborde los fondos europeos Next Generation, y garantice que nadie se quede atrás: "Mi grupo llevará estos temas al Parlament, porque son los temas que preocupan a los catalanes, aunque cada grupo tiene derecho a hablar de lo que quiera".

También ha afirmado que el PSC tiene "derecho a presidir el Parlament", que considera que debe ajustar su actividad al Estado de Derecho y, al mismo tiempo, garantizar el derecho de todos a expresarse.

Ha defendido que debe presidirlo la número 2 del PSC, Eva Granados, como "mujer de izquierdas competente", y ha avanzado que, una vez se vote al presidente o presidenta del Parlament, él propondrá su candidatura para someterse a una investidura.

MESA DE DIÁLOGO Y CONGRESO

Ha considerado "importante" volver a negociar en la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat --que se reunió por última vez en febrero de 2020--, pero también ha defendido hacerlo en el propio ámbito autonómico, entre los actores catalanes.

Sobre si un acuerdo de gobierno entre Junts y ERC con apoyo de la CUP afectaría a las relaciones de los republicanos y los socialistas en el Congreso y el Gobierno, ha dicho: "Soy muy partidario de que cada ámbito institucional sea cada ámbito institucional".

PANDEMIA

Un año después del inicio de la pandemia del Covid-19, el también exministro de Sanidad ha considerado que España gestionó la crisis "con decencia y ni mucho peor ni mucho mejor" que otros países.

"El estado alarma fue un éxito y un instrumento clave para derrotar la primera ola", y ha subrayado que el Gobierno aplicó esquemas de gobernanza a partir de la segunda ola, al preguntársele por las críticas del entonces secretario de Salud Pública Joan Guix, que lamentó este lunes que se centralizaran competencias.

Euskadi buscará un consenso con el resto de comunidades autónomas en la comisión interterritorial de Sanidad que se celebrará este miércoles de cara a afrontar la Semana Santa en la actual situación epidemiológica de la covid-19, aunque, en todo caso, el Gobierno Vasco cree que es "aveturado" alimentar la expectativa de abrir la movilidad entre autonomías, según ha afirmado el coordinador de la Comisión Técnica del LABI, Jonan Fernández.

Además, ha afirmado que el Plan de Protección Civil de Euskadi estudiará el viernes la posibilidad de levantar el confinamiento municipal dentro del mismo territorio en la Comunidad Autónoma Vasca. "Es una medida que se va a valorar y que podría modificarse", ha explicado.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, Fernández ha indicado que, con los datos actuales, cree "muy aventurado alimentar la expectativa de que en Semana Santa se vaya a poder abrir la movilidad entre comunidades autónomas" porque "no sería prudente".

En este sentido, ha dicho que el Ejecutivo vasco tratará que buscar el consenso en esta materia también en la comisión interterritorial de Sanidad que se celebrará este miércoles. "Nos parece que es mejor que actuemos de mutuo acuerdo que cada uno por su cuenta en una cuestión tan delicada como esta", ha asegurado.

Asimismo, ha recordado que el Ejecutivo vasco mantiene "una relación fluida" con las comunidades colindantes a Euskadi y habría que intentar llegar a un acuerdo con ellas, si no es posible el consenso entre todas las autonomías.

Jonan Fernández considera que la situación del próximo verano tendrá mucho que ver con el volumen de vacunas que lleguen. "Si conseguimos vacunar a una parte considerable de la población, nos estaremos acercando a un verano que podremos disfrutar con una cierta normalidad. En la medida en que la vacunación no avance, no se reciban vacunas suficientes, estaremos expuestos a los vaivenes de la pandemia, que a veces son ascendentes y a veces descendentes, y eso nos hará tener que seguir gestionando la incertidumbre en la que estamos ahora", ha manifestado.

También cree que el 'pasaporte covid' que plantea la UE "es una opción que debe valorarse" y en la que conviene que haya un consenso de todas las partes.

LABI

Jonan Fernández ha señalado que mañana, jueves, se reunirá la mesa técnica del Plan de Protección Civil de Euskadi y trasladará sus reflexiones al Consejo Asesor del LABI, presidido por el Lehendakari, Iñigo Urkullu, que mantendrá un encuentro el viernes.

Según ha apuntado que la situación en Euskadi "no da para muchas aventuras", porque se está en una situación de "un cierto impasse". En todo caso, ha admitido que hay que reconocer y felicitarse por "la buena evolución que está teniendo en la última semana la situación epidemiológica", porque se ha bajado "prácticamente 400 puntos en tasa de incidencia acumulada". De hecho, se ha reducido esta tasa de 650 o más a 250, "que está muy bien".

No obstante, ha indicado que existe "una gran incertidumbre sobre cuál pueda ser la evolución en las próximas dos o tres semanas". "Si la tasa de incidencia acumulada siguiera bajando, aunque fuera lentamente, esto estaría augurando un pronóstico interesante para el futuro inmediato, pero no lo sabemos con seguridad", ha insistido.

Por ello, ha asegurado que no se puede correr ahora el riesgo de adoptar "grandes aperturas" en las medidas a tomar "con esa incertidumbre". Por ello, ha dicho que no se esperen "grandes cambios o grandes sorpresas", aunque se podrá hacer "algún ajuste".

A su juicio, es "muy aventurado" establecer hipótesis "con una cierta certeza" sobre la causa de la ralentización en la reducción de casos de covid. En todo caso, ha insistido en que "los contextos de riesgo y altamente peligrosos" son los espacios cerrados en los que se permanece un tiempo continuado "con uso inconstante" de la mascarilla.

Jonan Fernández también ha destacado "la escasez" de vacunas existente en la actualidad y, sobre las nuevas variantes de la covid, ha considerado que su incidencia podría alterar la tendencia descendente en Euskadi, ya que "parece ser que tienen una mayor capacidad de transmisión". En este sentido, ha admitido que preocupa que la cepa británica "adquiera un papel dominante".

LEY ANTIPANDEMIA

El coordinador de la Comisión Técnica del LABI se ha referido a la Ley Antipandemia que el Gobierno Vasco plantea impulsar en el Parlamento Vasco, para considerar que "aunque no resolvería todos los problemas" que pueda plantear una situación como la generada por la covid-19, sí "reforzaría la seguridad jurídica con la que debe actuar" el Ejecutivo.

Fernández ha dicho que, además, habrá que valorar si se pueden plantear trámites más ágiles para poder aprobar esta norma, teniendo en cuenta la situación "excepcional" que se vive en Euskadi con la pandemia.

En todo caso, se hará dentro del marco de competencias del Gobierno Vasco. Lo contrario, según ha señalado, sería "absurdo y hacer un recorrido que no conduciría a ningún sitio".

Vox ha decidido seguir adelante con su querella contra el Colectivo de Víctimas del Terrorismo Covite por la publicación de un artículo sobre terrorismo de extrema derecha en el que se menciona a la formación de Santiago Abascal junto a otros partidos como el Frente Nacional en Francia o Amanecer Dorado en Grecia.

Vox denuncia que Covite vincula a su partido con hechos delictivos de carácter terrorista y por ello interpuso el pasado mes de septiembre ante los juzgados de Primera Instancia de San Sebastián un escrito de conciliación, previo a la interposición de querella, por el delito de injurias y calumnias.

Fuentes de la formación de Abascal han explicado que el acto de conciliación tuvo lugar este martes y, ante la negativa de Covite a retirar el artículo, Vox ha decidido seguir adelante con la querella.

Según denuncian, Covite relaciona a Vox con unos hechos que nada tienen que ver ni geográfica, ni políticamente con el partido, "mostrando una clara intención de dañar la imagen de una formación que ha condenado siempre la violencia".

"La manipulación es tan burda que llega a relacionar los crímenes de Anders Breivik con los principios políticos de Vox, a pesar de que los crímenes se cometieran dos años antes de la fundación de Vox y de que no exista vínculo alguno", ponen como ejemplo haciendo referencia al atentado perpetrado por el terrorista de extrema derecha en Noruega en el año 2011.

Vox denuncia además que el mismo informe establece también acusaciones calumniosas contra ellos al definir la ideología de esta formación, dentro del marco de un grupo de partidos europeos, como "una ideología política que se centra en uno o más de los siguientes elementos: nacionalismo, fascismo, racismo, antisemitismo, antiinmigración, machismo, nativismo y/o xenofobia".

La vicesecretaria jurídica de Vox, Marta Castro, explica que el partido, "defensor de las víctimas del terrorismo", ha dado el paso de querellarse contra una asociación que también las representa porque no está dispuesto a "consentir" que se les identifique de forma "falaz y falsa" con postulados que "no corresponden a la realidad", como los de nazismo, racismo o incluso actos terroristas.

También ha mostrado su respaldo a la querella el diputado de Vox Francisco José Alcaraz, expresidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). "Ningunas siglas, por mucho que digan representar, pueden servir para amparar el delito", sostiene.

COVITE: "LOS HECHOS NOS RETRATAN"

"Los hechos nos retratan", respondió Covite en Twitter, enlazando de nuevo el artículo del Observatorio de estudios sobre terrorismo que ha generado la polémica, redactado por Cristina y Rogelio Ariza hace ya más de un año.

En su momento, Covite ya advirtió de que no sucumbiría a presiones políticas y sostuvo que es "absolutamente falso" que haya tratado de "terrorista" a Vox, defendiendo a la vez la "seriedad y rigurosidad" de sus investigaciones.

El documento apunta que "Occidente está experimentando una nueva ola de radicalización violenta de extrema derecha" y señala que, "al mismo tiempo, Europa ha visto un aumento de los éxitos electorales para los partidos nacionalistas y de extrema derecha", entre los que incluye a Vox. "Entre otros factores, los partidos de extrema derecha han ganado apoyo como resultado de la actual crisis de refugiados y de los ataques terroristas yihadistas", sostiene.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez que instruye la causa 'Tándem' la libertad provisional para el comisario jubilado y que permanecía en prisión preventiva José Manuel Villarejo. El comisario permanecía en la carcel de Estremera desde noviembre de 2017.

Fuentes fiscales confirman que el juez instructor Manuel García-Castellón tiene ya esta petición sobre su mesa. Llega después de que la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazara el recurso de Anticorrupción y confirmara la decisión de poner en libertad provisional al comisario con respecto a las tres piezas separadas que se juzgarán en diciembre.

Estas mismas fuentes apuntan que su puesta en libertad permitiría que hubiera un remanente de meses (nueve en concreto) que podrían ser usados posteriormente como prisión preventiva en caso de que interese ante la celebración de próximos juicios.

Se da la circunstancia de que en noviembre de este año Villarejo cumplirá cuatro años desde que ingresó en presión, tiempo máximo que se puede permanecer en al cárcel sin sentencia condenatoria.