El Movimiento Feminista de Madrid, que engloba a unas 350 organizaciones, ha reclamado este miércoles ante el Ministerio de Sanidad y Consumo el cierre de las webs de pornografía, al considerar que se trata de una industria que incita a la violencia sexual. "El porno enseña a violar", denuncian.

Una veintena de mujeres, en representación de la entidad, se han congregado --con mascarilla y distancia de seguridad-- ante la sede de Consumo donde han coreado consignas como "la violación no es ficción" o "la pornografía es la teoría, la violencia es la práctica".

Tras su acción, algunas de ellas han entregado una carta dirigida al ministro del ramo, Alberto Garzón, en la que detallan su petición.

En la misiva, denuncian que a través de la pornografía "cualquiera desde su infancia puede instruirse en la cultura de la violación" que, a su juicio, "promueve esta industria" que introduce "en el imaginario colectivo" que las mujeres son "objetos sexuales sobre los que cabe realizar todo tipo de vejaciones" y en el que los hombres "son representados como sujetos titulares del derecho a violentarlas.

CONTROL DE ACCESO A MENORES

Del mismo modo, denuncian la "capacidad" de la pornografía para "naturalizar la jerarquía sexual que ha sometido históricamente a las mujeres" y recuerda que este sector "utiliza a mujeres reales" que "son penetradas, escupidas o agredidas" y que, además, "parecen mostrar una absoluta complacencia frente a la violencia que reciben de los hombres". A su juicio, el contenido del porno es "una violación a la dignidad humana".

Dentro de su reclamación destacan las consecuencias que este contenido puede tener en la infancia y la adolescencia, unos colectivos cuya exposición a este tipo de imágenes es cada vez más temprana.

"Impedir el acceso a esos contenidos a través de un mecanismo de bloqueo es indispensable para evitar que los menores se eduquen en un modelo de relación afectivo-sexual basado en la violencia, la falta de consentimiento mutuo y para proteger su propia integridad física y moral en un momento crucial de desarrollo", recogen en la carta.

Además del cierre de webs con este contenido, el Movimiento Feminista de Madrid quiere que Garzón suprima, además, la publicidad de estas webs.

La Consellería de Sanidad y los expertos del comité clínico no tienen todavía "encima de la mesa" los posibles próximos pasos de la desescalada en Galicia, que podrían pasar por aumento de aforos o de grupos, y creen que es aún pronto para tener un "posicionamiento rotundo" sobre las medidas que deben regir en Semana Santa y que tendrán que ser acordes con la situación epidemiológica en aquel momento.

Así lo ha explicado el conselleiro de Sanidad, Julio García Comesaña, durante la rueda de prensa para dar cuenta de los asuntos tratados en el último comité clínico, en el que se ha decidido, entre otras cuestiones, que las áreas sanitarias de A Coruña y Pontevedra permanezcan perimetradas, mientras se abre la de Ferrol.

Con ello, tanto estas dos áreas como los municipios de Cariño, Tordoia, Porto do Son, Guitiriz, Lourenzá, Pobra do Brollón, Mos, Mondariz, Pazos de Borbén y Boborás, quedan en nivel alto de restricciones, con reuniones de hasta cuatro no convivientes, hostelería solo en terraza al 50% y limitación de movilidad --dentro de las áreas sanitarias cerradas y entre ellos en el resto de ayuntamientos--. Por su parte, el municipio pontevedrés de Soutomaior es el único de Galicia que permanece en el nivel máximo, lo que supone que no se permiten las reuniones de no convivientes, ni la movilidad fuera del ayuntamiento, mientras que la hostelería debe permanecer cerrada.

El resto de los ayuntamientos gallegos queda en el tercer nivel, con restricciones de carácter medio, que permiten un aforo del 30% en el interior de bares, restaurantes y cafeterías y del 50% en las terrazas. Asimismo, está permitida la movilidad con ayuntamientos en el mismo nivel y reuniones de no convivientes con un máximo de cuatro personas.

PRÓXIMOS PASOS

A pesar de certificar que Galicia sigue en una situación de mejora, la Consellería de Sanidad aún no ha precisado cuales podrían ser los pasos a dar y los siguientes niveles de avance en la desescalada de la Comunidad.

Sobre esta cuestión, preguntado por los medios, el conselleiro ha apelado a la "prudencia" y a ir "paso a paso" en la desescalada, por lo que las posibles medidas adicionales "no están encima de la mesa en este momento". "No nos parece prudente pensar en otros pasos", ha dicho.

Aunque "aún es pronto" para ello, García Comesaña ha apuntado a cuestiones como las reuniones de no convivientes o el aumento de aforos como próximos pasos. En la actualidad, el número máximo de no convivientes que pueden encontrarse en los municipios en mejor situación es de cuatro, una cifra que "podría aumentarse" en el futuro, así como los aforos para hostelería y comercio. En cuanto al cierre de la hostelería a las 18,00 horas, el conselleiro cree que "es oportuno" y "no están previstos cambios a corto plazo".

SEMANA SANTA

En cuanto a las medidas que deben imperar durante la Semana Santa, Julio García Comesaña ha afirmado que este mismo martes recibieron el borrador del Gobierno central que se tratará en el Consejo Interterritorial y que se está "analizando". Por ello, ha pedido trasladar primero su postura en esta reunión entre comunidades antes de hacerla pública.

En todo caso, el conselleiro ha afirmado que es necesario "pensar muy bien las medidas para Semana Santa", teniendo en cuenta que "aún faltan tres semanas". "Es francamente difícil, a falta de más de un ciclo epidemiológico --14 días--, tener un posicionamiento rotundo", ha dicho García Comesaña, para quien las medidas deben depender "de la situación epidemiológica que haya en ese momento". Asimismo, ha apostado por acordar un documento de consenso entre las comunidades como mejor vía.

CIERRE PERIMETRAL Y TOQUE DE QUEDA

Finalmente, también a preguntas de los periodistas, el conselleiro se ha referido al cierre perimetral de la comunidad gallega y al toque de queda, que, por el momento, Galicia mantiene en las 22.00 horas.

Sobre la segunda cuestión, el conselleiro ha reiterado que los expertos van "paso a paso" y ha afirmado que, con la hostelería cerrando en la Comunidad a las 18,00 horas, "no se está planteando modificar el toque de queda". No obstante, ha dicho que "no es descartable en las próximas semanas" si los datos evolucionan como hasta ahora.

En cuanto al cierre perimetral de la Comunidad, ha apelado a la misma prudencia que con la desescalada o con el toque de queda, alegando que "de momento se está en la fase de ir abriendo" progresivamente territorios interiores y "todavía quedan cerradas áreas tan importantes como A Coruña o Pontevedra". "Si los datos lo avalan, lo haremos lo más pronto posible", ha garantizado.

La consejera vasca de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia ha pedido al Gobierno central "transparencia" y toda la información "fehaciente" en el reparto de los Fondos Next Generation ya que le preocupa que, parte de esos recursos, "en lugar de destinarse a proyectos transformadores para una economía competitiva, se dediquen a otras actuaciones no tan transformadoras".

Tapia ha hecho estas valoraciones durante un encuentro informativo telemático organizado por Nueva Economía Fórum, patrocinada por Fundación BBK, donde ha reclamado al Ejecutivo central que aclare los "mecanismos de reparto" de los fondos europeos, que estos sean "lo más transparentes posibles" y que se atiendan a las "prioridades" fijadas por la UE para esta financiación.

Asimismo, la consejera ha remarcado que hasta la fecha no tienen todavía "información fehaciente" de cómo llegarán al País Vasco los 11.000 millones que el presidente del Gobierno ha anunciado que se destinarán a Euskadi.

En este sentido, ha recordado que Euskadi ha presentado proyectos "bien definidos" para aspirar a esas partidas presupuestarias del plan 'Next Generation' y ha insistido en que, "como Gobierno", les gustaría tener la información para prepararlos y poder ajustar sus proyectos de la forma "más adecuada" de cara a recibir el dinero europeo.

Sin embargo, ha reiterado que sería un error esperar a los recursos de los Fondos Next para emprender iniciativas tanto desde la Administración como desde la empresa privada, y ha llamado a no poner "excesivo énfasis" para no llevarse "una decepción por el dinero que llega", para lo que, como alternativa hay que buscar ya recursos propios de todo tipo, "los que haya, privados y como gobierno vasco".

Para ello, Tapia ha avanzado que el Gobierno Vasco piensa en iniciativas transformadoras que van desde la industria alimentaria, como el futuro parque acuícola de Lemoiz, a la producción de baterías eléctricas, el reciclaje de residuos o la energía verde (hidrógeno).

Respecto a la recuperación de la economía vasca tras el impacto del coronavirus, Tapia ha afirmado que la "vacunación masiva" hará que el tejido productivo "se recupere" progresivamente, para lo cual, ha considerado "decisivo" que la inmunización se produzca también a nivel internacional.

En este sentido, ha lamentado que eso no está ocurriendo y que, en estos momentos, existe un "cuello de botella" en cuanto a la producción yf abricación de las vacunas en la UE y que la rapidez con la que los avances científicos han dado con un antídoto no haya estado acompañada por el "mismo esfuerzo" en el ámbito comunitario para garantizar que los países reciban las dosis necesarias.

RECUALIFICACIÓN

Sobre a qué ritmo se puede recuperar la economía vasca, la consejera vasca ha indicado que va a depender de cuándo se despeje esta "incógnita" de la vacunación masiva a nivel internacional.

Preguntada por los despidos ya anunciados en sectores como la fabricación de tubos o que puedan realizarse en Euskadi por las consecuencias económicas negativas de la pandemia, Tapia ha confiado en que la salida de trabajadores sea "la menor posible", pero ha enfatizado que el Gobierno Vasco trabajará para que estos empleados sean "recualificados" para lograr su regreso al mercado laboral y emplearse en otro tipo de empresas.

Tras pedir un "esfuerzo" a todos, empresas, administraciones y trabajadores para que esas consecuencias laborales sean las menos posibles, Tapia ha destacado que, a futuro, "es importante poner sobre la mesa todos los mecanismos disponibles que no sean despidos".

Si no es posible llegar a un acuerdo, ha añadido, hay que conseguir que se pueda recualificar a esas personas, para lo que las herramientas con las que cuenta el Gobierno Vasco "están a su disposición, y se valorarán uno a uno todos los casos, porque cuentan con sus propias especificidades en función de su actividad, situación de la empresa y de sus respectivos sectores y mercados".

Tapia ha añadido que la pandemia del Covid-19 ha puesto de manifiesto la importancia de contar con recursos y producción de "kilómetro cero", en el sentido de que se consiguen en el entorno cercano y que, en el caso de que los mercados volvieran a verse afectados por otros fenómenos globales, no se verían afectados desde un punto de vista productivo.

El presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado este miércoles que es "intolerable" que el PSOE de Baleares "expropie viviendas" y "atente contra la propiedad privada, la seguridad jurídica y la libertad individual", después de que el Gobierno que dirige Francina Armengol haya iniciado la expropiación de 56 casas de grandes propietarios.

Casado ha censurado así esa decisión del Gobierno balear que abre la expropiación de 56 casas de grandes tenedores para destinarlas a alquileres sociales, una operación que tendrá un coste de 1,8 millones por siete años. Este precio supone una rebaja del 40% respecto a los precios de mercado, con una media de 391 euros mensuales por vivienda.

"Es intolerable que el PSOE de Baleares expropie viviendas y atente contra la propiedad privada, la seguridad jurídica y la libertad individual", ha proclamado Casado en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

A renglón seguido, el líder del PP ha enumerado algunas de las propuestas que defiende su partido en materia de vivienda, como destinar "más suelo público, impulsar seguros de arrendamiento, deducciones fiscales y avales públicos, y combatir la ocupación".

"NO SÉ COMO VAN A VENIR INVERSIONES"

Más miembros de la Ejecutiva del PP han cargado contra esta decisión del Gobierno que dirige Armengol y lo han comparado con el "exprópiese" que aplicó en Venezuela el expresidente del país Hugo Chávez.

La vicesecretaria de Sectorial del PP, Elvira Rodríguez, ha calificado de "muy preocupante" que se quiera "expropiar el uso de viviendas". "Si legalizamos la 'okupación', controlamos los alquileres y expropiamos el uso de viviendas, no sé como van a venir inversiones a España", ha exclamado Rodríguez, para añadir que con estas decisiones se "pierde seguridad".

Según la exministra, con los pasos que están dando el PSOE y Unidas Podemos se va a "convertir al país en un mercado que no es ni libre ni abierto". "Y eso nos va a perjudicar mucho, mucho a todos", ha avisado antes de asistir al 28 congreso de UGT, que se celebra en Madrid.

GAMARRA: "A MÁS INSEGURIDAD JURÍDICA, MENOS INVERSIÓN"

En parecidos términos se ha expresado la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, quién ha advertido que la inseguridad jurídica provoca que haya menos inversiones. "¡Exprópiese! Sánchez e Iglesias ya tienen su laboratorio de ensayo social antes de sacar su Ley de Vivienda", ha enfatizado.

Según Gamarra, el "fracaso" del PSOE y Podemos en "una política pública de vivienda no puede suplirse atacando la propiedad privada". "A más inseguridad jurídica, menos inversión", ha abundado en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

En la misma línea, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha señalado que esta decisión del Gobierno balear supone que "ha llegado a España el exprópiese de Chávez" con "el silencio" del presidente del Gobierno.

MONTESINOS DENUNCIA EL "SILENCIO" DE SÁNCHEZ

"En un país normal, el presidente del Gobierno ya habría llamado al orden a Armengol y se habría reafirmado en la defensa de la propiedad privada", ha declarado en Málaga, tras reunirse con representantes de sindicatos policiales.

Según la vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán, PSOE y Podemos "dan un nuevo golpe a la propiedad privada" y "aspiran a que los ciudadanos paguen por la ineptitud y falta de ideas de sus gobernantes".

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha dado permiso a la Policía Científica para que analice la tarjeta de memoria que le fue sustraída en 2015 a la exasesora de Podemos Dina Bousselham ante la advertencia de la unidad policial de que ésta puede destruirse en su intento.

En un auto con fecha del pasado 1 de marzo, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 explica que la diligencia ordenada es "necesaria, útil y pertinente" antes de tomar declaración a la propietaria de la tarjeta SD.

La resolución recoge que la Unidad de Criminalística e Ingeniería Forense de la Policía Nacional remitió un oficio al juzgado avisando de que para acceder al contenido de la tarjeta se deben utilizar "técnicas de uso invasivo, que pueden conllevar la destrucción o inutilización del vestigio". "Cualquier intento de acceso a la información contenida en esta tarjeta supone que ésta pueda verse dañada irremediablemente para su análisis presente o futuro", informa la Policía.

El magistrado considera que hay que asumir "el riesgo de destrucción irremediable de la tarjeta", puesto que esta posibilidad "no alcanza a superar la utilidad" que tiene el análisis del contenido de la tarjeta.

"NECESIDAD Y UTILIDAD"

En este sentido apunta que la "necesidad y utilidad" de la práctica de la diligencia "ya se valoró por el Tribunal Supremo" cuando resolvió devolver la causa al juzgado de instrucción y añade que el análisis de la tarjeta es "clave" para esclarecer los hechos objeto de investigación.

Su resultado "permitirá aportar elementos objetivos" para corroborar las manifestaciones que la exasesora de Podemos hizo ante el juez instructor, afirma el auto, que recuerda que el objetivo del examen es aclarar que "causas impiden acceder a la información de la tarjeta"; "el sistema o la técnica empleada para proceder al borrado"; "eliminación, deterioro, inservibilidad o inaccesibilidad de los archivos que la tarjeta contenía"; "si es posible proceder a la recuperación de todos estos datos" y "fecha del último acceso".

Será una vez cuando se reciba el informe de la Policía cuando se cite a declarar, no solo a los peritos de la Sección de Ingeniería e Informática Forense para que ratifique el informe pericial sobre daños de la tarjeta que ya obra en la causa, sino también a Dina Bousselham.

Así lo señaló el Supremo en su resolución, recuerda el juez, que suma al interés del interrogatorio las conclusiones que puedan resultar del nuevo análisis de la tarjeta que fue robada en 2015.

DECLARACIÓN DE BOUSSELHAM

En este sentido, apostilla que la citación de Bousselham tiene que ser posterior al examen de la SD, ya que se podrá acceder al contenido e información que almacenaba la misma, si hubo modificaciones posteriores a noviembre de 2015 --fecha en la que fue sustraida--, concretar cuándo fue el último acceso, así como si determinar cuál fue la causa que impide entrar en ella o si la tarjeta se sometió a algún proceso de borrado o deterioro.

Destaca que la declaración de la exasesora de Podemos también atiende "a la necesidad de profundizar de forma 'exhaustiva' en si efectivamente 'denuncia' el presunto acceso por parte de Pablo Iglesias Turrión al contenido íntimo de su tarjeta de memoria, de forma no consentida", así como para "evitar malentendidos" con respecto a lo que declaró en mayo de 2020, cuando señaló que la tarjeta funcionaba cuando el líder de la formación 'morada' se la entregó.

Los casos de Covid-19 en las residencias gallegas siguen la tendencia descendente y se reducen a 44, de ellos 34 de residentes y 10 de trabajadores, pese a haber sido detectado un brote con siete positivos entre usuarios de la Residencia Santa Mariña de Xinzo de Limia (Ourense), donde todos los mayores habían recibido ya la segunda dosis de la vacuna frente a este coronavirus.

En los datos actualizados este miércoles por las consellerías de Política Social y Sanidade se incluyen estos siete positivos en la Residencia Santa Mariña de Xinzo, que entra en la lista de centros con casos de Covid --siete en Galicia--.

Fuentes de la Consellería de Política Social han explicado que se investiga el origen de este brote en una residencia en la que todos los mayores ya habían recibido la segunda dosis de la vacuna contra la Covid-19.

Sin embargo, los casos entre usuarios de residencias de mayores se reducen en uno al haber seis altas por negativizar en Mi Casa Ferrol y una en O Casón de Moeche, así como un fallecimiento.

De este modo, la DomusVi Laraxe de Cabanas se sitúa con 13 casos entre sus usuarios; Mi Casa Ferrol cuenta con ocho; Santa Mariña de Xinzo, con siete; Residencia Milagrosa de A Coruña, con tres; mientras que con uno cada uno se encuentran los centros DomusVi Carballo, Residencia de Viana do Bolo y Fogar Residencial Xardín Castro Lar de Salceda de Caselas.

Por su parte, los trabajadores con coronavirus en estos centros descienden a una decena al habar un alta por negativizar en la residencia de Laraxe en Cabanas y otra en la San José de Arzúa --que se queda sin ningún caso entre el personal--.

Por tanto, la DomusVi Laraxe en Cabanas baja a dos casos; mientras que con uno se encuentran la DomusVi Matogrande, Fogar Residencial de Cerceda, Residencia de Maiores de Caranza, Mi Casa Ferrol, Nuestra Señora de las Virtudes de Pontedeume, Servisénior Brión, As Gándaras de Lugo y Nosa Señora do Carme de Sarria.

CENTROS DE DISCAPACIDAD

Por su parte, los centros de atención a la discapacidad se mantienen sin cambios con cuatro usuarios con Covid; de ellos dos en la Residencia Adultos Pai Menni de Betanzos, uno en la Aspanaes de As Pontes de García Rodríguez y otro en Nuestra Señora de Fátima y Cristo Rey de Crecente.

Asimismo, los trabajadores con Covid de estos centros se mantienen sin cambios con un único caso en la Residencia DomusVi Bóveda.

La consejera de Igualdad y portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña, ha asegurado que la comunidad de Extremadura celebrará el Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo, "conforme a las normas" sanitarias vigentes por la pandemia y ha criticado que la "extrema derecha" y otros sectores "vienen intentando silenciar" este día.

"No les vamos a dejar desde las instituciones y los gobiernos que, como hoy el de la Junta de Extremadura, aprueba una declaración institucional para conmemorar lo que todavía tiene muchos motivos para conmemorar", ha asegurado Gil Rosiña en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.

Así, ha dicho, este día tiene que poner "relieve" las discriminaciones que las mujeres en todo el mundo siguen sufriendo, por lo que la consejera extremeña ha considerado que las razones y los motivos para celebrar el 8M están "más vivas que nunca".

Así ha explicado que la crisis provocada por la pandemia ha situado a las mujeres en los escenarios "más vulnerables" para afrontar los efectos sociales y económicos derivados de ella, por lo que entiende que la Junta de Extremadura "no debe ignorar" la situación de las mujeres sino que debe reafirmar su "compromiso" con la igualdad.

En su intervención, Gil Rosiña ha recordado que este año el Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX) va a cumplir 20 años, momento en el que ha expuesto la evolución de las políticas en favor de la mujer en la región.

Así, ha apuntado que lo que empezó siendo una "asesoría para las políticas de las mujeres" en los primeros gobiernos de Rodríguez Ibarra dio paso a una primera Dirección General de la Mujer en los años 90, a los Planes Generales de Políticas para las Mujeres, al IMEX y a tener en la actualidad una Consejería de Igualdad en la estructura de la Junta.

También ha expuesto Gil Rosiña que se han empezado a hacer los Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) con perspectiva de género y tener unidades de igualdad en todas las estructuras gubernamentales de la Junta.

"La igualdad no es una manifestación, las políticas públicas de igualad no son un día, la igualdad es un compromiso de un gobierno que quiere que sus ciudadanos vivan en igualdad de condiciones y aboga por los derechos humanos y por mejorar la democracia, y la democracia se mejora fortaleciendo la igualdad entre hombres y mujeres", ha aseverado.

De esta forma, la consejera de Igualdad extremeña también ha mandado un "mensaje claro" a la ciudadanía, a la que ha dicho que el 8M se conmemorará acorde a las celebraciones en tiempo de pandemia y "conforme a las normas" sanitarias.

"No hay en el último año ninguna celebración que responda a cómo era la vida antes del coronavirus, por tanto el 8 de marzo se celebrará conforme a las normas Covid-19", ha aseverado, al tiempo que ha pedido no desviar el "foco", porque hay "quienes quieren subirse al caballo de la Covid-19 para silenciar el 8 de marzo y no los vamos a dejar".

En esta línea, la consejera de Igualdad, a preguntas de los medios por los actos que prepara la comunidad para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, ha informado de que este próximo jueves presentará la campaña de la Junta.

También, ha dicho, se celebrará un acto institucional, así como una serie de manifestaciones, reflexiones y acciones desde el Ejecutivo regional "en aras a esa transversalidad que siempre es necesario señalar".

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

La declaración institucional aprobada por el Consejo de Gobierno expone que durante los últimos 20 años se han producido varios hitos en pro de la igualdad en la región como la creación del Instituto de la Mujer de Extremadura, que ha sido capaz de "remover obstáculos" y producir "cambios sociales" gracias a la aportación fundamental del movimiento feminista y de las mujeres extremeñas, así como la aprobación de la Ley de Igualdad entre Mujeres y hombres y contra la Violencia de Género en Extremadura.

En este sentido, a lo largo de las dos últimas décadas, las políticas públicas de igualdad han sido una "prioridad" de la agenda política de la región y, un año después del inicio de la pandemia, la igualdad entre mujeres y hombres ocupa un papel "aún más relevante" que en el año 2020 porque, como en otras muchas crisis, son las mujeres las que han visto "agravada su situación de vulnerabilidad".

En este contexto, el compromiso de la Junta de Extremadura es hoy "mayor", como así lo refleja la Agenda para la Reactivación Social y Económica de Extremadura y los Fondos de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea y del Gobierno de España.

Por ello, mediante esta declaración institucional, el Consejo de Gobierno de la Junta reafirma su "compromiso" con la igualdad y la aplicación de la transversalidad en las políticas públicas, como "objetivo compartido" en la acción gubernamental, la interlocución con los agentes sociales y económicos y la colaboración con las asociaciones comprometidas con la defensa de la igualdad.

"Que presidirá todas las actuaciones de la toma de decisiones de este Gobierno para transformar la realidad de Extremadura y lograr una sociedad más justa y más igualitaria", se indica en la declaración institucional.

La Fiscalía Provincial de Madrid ha archivado las diligencias de investigación sobre el chat de militares en el que se hablaba de dar un golpe de Estado o "fusilar a 26 millones de hijos de puta" al no apreciar delito de odio por considerar que los participantes se expresaron "en la confianza de estar entre amigos".

El Ministerio Público comenzó a investigar el grupo de WhatsApp formado por miembros de la XIX promoción del Ejército del Aire a raíz de un escrito enviado el pasado mes de diciembre por la ministra de Defensa, Margarita Robles, después de que algunos mensajes trascendieran a los medios de comunicación, por si pudieran ser constitutivos de delito.

Según ha informado la Fiscalía madrileña, se ha acreditado el contenido de los mensajes hechos públicos pero no el resto debido a que, conforme han señalado tanto el propio Ministerio como la Brigada Provincial de Información, se trata de un chat privado denominado 'La XIX del Aire' que forman militares retirados, algunos hace más de 40 años.

Para el Ministerio Fiscal, "no concurren elementos que permitan inferir que el chat fue creado al objeto de promover, fomentar o incitar al odio, la hostilidad o la violencia hacia un colectivo de los expresamente contemplados como grupo", por lo que ha descartado un posible delito de odio.

A su juicio, se trata solamente de un chat privado "donde los integrantes exponen con libertad sus opiniones a los demás partícipes" sin que exista voluntad alguna "de dar publicidad a las mismas fuera de dicho grupo y en la confianza de estar entre amigos".

PALABRAS "INAPROPIADAS" PERO NO DELICTIVAS

La Fiscalía ha explicado que "los términos utilizados podrán reputarse inapropiados, excesivos y desafortunados, pero no nacieron con voluntad de publicidad, por lo que la intencionalidad de los mismos no puede ser equiparada a actos materiales del mundo exterior, sino más bien a una forma de expresar un descontento con la situación política actual".

Además, ha señalado que, al no poder contextuatilizar los mensajes que se han hecho públicos con el resto del contenido del chat, "aisladamente" contemplados solo "constituyen la exteriorización de una oposición a acciones indeterminadas y generales del Gobierno".

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Así, los interpreta como una crítica "dura" enmarcada en el derecho a la libertad de expresión y de opinión, "constituidas como garantías institucionales para el debate público y que posibilita la formación de una opinión pública libre".

En este contexto, ha querido recordar que la libertad de expresión tiene un campo de acción "más amplio" que la libertad de información, "que se refiere a la narración de hechos susceptibles de ser contrastados", de ahí --ha expuesto-- que un criterio fundamental para valorar su legitimidad sea la veracidad.

No ocurre lo mismo con la libertad de expresión, que "alude a la emisión de juicios personales y subjetivos, creencias, pensamientos y opiniones y la veracidad no entra en juego, puesto que las ideas y opiniones no pueden ser calificadas como veraces o inveraces en una sociedad democrática avanzada", ha indicado.

Junts, ERC y la CUP han registrado este miércoles una propuesta de resolución conjunta en el Parlament para mostrar su apoyo a los miembros de la Mesa del Parlament querellados por la Fiscalía y para pedir que se garantice el derecho de los diputados a hablar de cuestiones políticas como el derecho a la autodeterminación y la monarquía.

Así lo han explicado en rueda de prensa en el Parlament la diputada de Junts, Gemma Geis, la de ERC, Anna Caula, y la de la CUP, Maria Sirvent, después de que la Fiscalía Superior de Cataluña presentara el lunes una querella contra el actual presidente del Parlament, Roger Torrent, y otros tres miembros de la Cámara catalana por presunta desobediencia al Tribunal Constitucional (TC) "por haber permitido la tramitación de una serie de mociones vinculadas al proceso independentista".

En la resolución, los tres grupos critican que las "reiteradas injerencias del TC sobre el Parlament buscan limitar el debate democrático, lesionan la soberanía y la inviolabilidad de la Cámara, y atentan contra los derechos de los diputados prohibiendo que se pueda debatir y votar sobre el derecho a la autodeterminación, la reprobación de la monarquía y el reconocimiento de la soberanía de Cataluña y su derecho a decidir".

Por ello, además de expresar su apoyo y solidaridad a los miembros de la actual Mesa, critican la "judicialización de la política catalana enmarcada en una causa general contra el independentismo y la disidencia política" y expresan su compromiso de garantizar que en el Parlament se pueda debatir de todos los temas que interesen a los ciudadanos, incluida la autodeterminación y la monarquía.

Así, constatan que el Parlament ha aprobado decenas de resoluciones políticas sobre el derecho a la autodeterminación desde 1989, y piden que se comprometa "a seguir haciéndolo si ésta es la voluntad de los diputados de la Cámara".

También expresan su preocupación por el hecho de que la Fiscalía presente una querella por expresiones incluidas en iniciativas parlamentarias que rezan que el Parlament "reitera y reiterará, tantas veces como lo quieran los diputados, la reprobación de la monarquía, la defensa del derecho a la autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del pueblo de Cataluña para decidir su futuro político".

COMUNS

"Seguiremos garantizando que en la Cámara se pueda seguir hablando de todo. Queríamos mostrar nuestra preocupación sobre que en el Parlament no se pueda debatir sobre estas cuestiones", ha asegurado Sirvent, que ha explicado que intentaron que los comuns se sumaran al texto.

"Intentamos que fuera una propuesta de resolución lo más amplia posible", ha explicado la diputada de la CUP, que no ha querido entrar en los motivos que han llevado a los comuns a no firmar el texto.

Euskadi ha contabilizado 51 fallecidos por Covid-19 durante la semana comprendida entre el 22 y el 28 de febrero, lo que supone 17 víctimas mortales menos por la pandemia que la semana precedente. Además, este pasado martes se han registrado 340 nuevos contagios de coronavirus, 26 menos que un día antes, y se ha reducido también la tasa de positivos en relación a las pruebas realizadas hasta el 4,1%, pero se han incrementado los nuevos ingresos en planta y los pacientes en UCI.

Según el último boletín epidemiológico del Departamento vasco de Salud, a lo largo de este pasado martes se han efectuado 8.213 pruebas diagnósticas (4.960 PCR y 3.253 test de antígenos), por debajo de las 8.514 del día anterior. De esta forma, la tasa de positividad se ha reducido en dos décimas, del 4,3% al 4,1%.

La trazabilidad de los casos en los últimos siete días se sitúa en el 50,3%, porcentaje de casos detectados por ser contactos de otros positivos, frente al 36% de positivos registrados tras presentar síntomas de covid.

La razón de tasas de incidencia (que compara la tasa de incidencia acumulada en 14 días actual con la de hace una semana) se sitúa en 0,78 (igual que en la jornada anterior) y el número reproductivo básico, que mide a cuántas personas contagia cada caso positivo, ha subido a 0,88 (el mismo indicador que en el día previo).

La tasa de incidencia acumulada en 14 días por 100.000 habitantes sigue reduciéndose y se sitúa en Euskadi en 243,85, lo que supone siete puntos menos que la registrada en la jornada del lunes (251,08). Guipúzcoa presenta el indicador más bajo de los tres territorios (186,55), mientras que Álava (260,74), que es el único que registra subida, y Vizcaya (269,96), superan la media.

De total de positivos, 174 se han detectado en Bizkaia (16 menos que el lunes). De ellos, las mayores cifras se dan en Bilbao, con 58 nuevos positivos (cinco más), seguido de Getxo, con 18, y Barakaldo, con 17.

La tasa de incidencia en la capital vizcaína es de 296,12 casos en 14 días por 100.000 habitantes y en el territorio siguen en 'zona roja' las localidades de más de 5.000 habitantes de Derio y Santurtzi.

Por su parte, Guipúzcoa suma 93 nuevos contagios (17 menos), de los que diez corresponden a San Sebastián (uno menos), once a Eibar y seis a Oñati. La capital guipuzcoana presenta una tasa de incidencia de 116,23 y en este territorio continúa en 'zona roja', por encima de los 500 casos en 14 días por 100.000 habitantes, únicamente Oñati.

Por su parte, Álava ha sumado 68 contagios el martes (seis más), de los que 58 corresponden a Vitoria (seis más que en la jornada anterior). La capital alavesa presenta una tasa de incidencia al alza de 286,19 casos en 14 días por 100.000 habitantes.

Por otro lado, se ha registrado siete casos correspondientes a personas con residencia fuera de la Comunidad Autónoma Vasca, mientras que en la jornada de lunes fueron cuatro.

Además, tras analizar los datos acumulados en la semana comprendida entre el 22 y el 28 de febrero, se han contabilizado 51 fallecimientos con covid como causa directa, lo que supone 17 menos que en la semana del 15 al 21 de febrero.

HOSPITALES

En los hospitales vascos, se han producido en la última jornada 45 nuevos ingresos por covid en planta (nueve más). En la actualidad hay hospitalizados en planta 267 personas con coronavirus, una menos que el lunes.

Por su parte, los pacientes positivos en Covid-19 que permanecen en las UCI se han incrementado hasta los 126, cinco más que en la jornada del lunes.

EDADES

Por edades, el mayor número de nuevos contagios registrados el martes se corresponde con las personas de entre 40 y 64 años (121 nuevos positivos), seguidas de la franja de edad de 19-39 años (91 casos) y de los menores de 18 años (90 casos). Los mayores de 65 años contabilizan 37 casos, de los que 12 corresponden a personas de más de 80 años y 25 a personas de entre 65 y 79 años.

La tasa de incidencia acumulada en 14 días por 100.000 habitantes más elevada se da entre la población menor de 18 años, con 333,83, y entre las personas de entre 19 a 39 años (268,15). La más baja es la de la población de 65 a 79 años, con 135,48.

Andalucía suma este miércoles 3 de marzo 474 casos de coronavirus, superior a los 359 de la víspera --que era el menor dato desde agosto-- pero inferior a los 1.311 del miércoles pasado, según datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), que ha contabilizado 69 fallecidos, cifra superior a las 24 muertes del martes e inferior a las 93 de hace siete días, y que ha situado la tasa de incidencia en 143 casos por cada 100.000 habitantes, la más baja en este 2021.

En concreto, la tasa de incidencia acumulada de la comunidad autónoma ha bajado en esta jornada hasta 143 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, que es 18,3 puntos inferior a la tasa de 161,3 de la víspera y se sitúa 92,11 por debajo de la tasa de 235,11 del miércoles pasado. La tasa de incidencia en la región no era tan baja desde el 31 de diciembre de 2020, cuando se situaba en 140,6 casos por cada 100.000 habitantes.

Los 474 casos son algo superiores a los 359 de la víspera, pero son menos de la mitad de los 1.311 del miércoles pasado. Entre medias, el lunes se sumaron 610, el domingo 940, el sábado 1.097, el viernes 1.197 del viernes y el jueves 1.256.

Málaga es la provincia que más positivos ha sumado, con 127, seguida muy de cerca de Sevilla, con 126. Por debajo del centenar de casos se sitúan el resto de provincias con 63 en Almería, Córdoba y Cádiz con 48, Granada con 38, Jaén con 19 y Huelva con cinco.

Respecto a los fallecidos, las 69 muertes son superiores a las 24 del martes, pero inferiores a las 93 de hace siete días. Entre medias, el lunes se sumaron doce, el domingo 13, el sábado 38, el viernes 33 y el jueves 58.

Málaga es también la que más decesos ha registrado en esta jornada, con 18, seguida de Sevilla y Almería con diez cada una, Cádiz con nueve, Córdoba con siete, Huelva con seis, Granada con cinco y Jaén con cuatro.

SUBEN LOS HOSPITALIZADOS TRAS SIETE DÍAS CON BAJADA

Andalucía registra el primer aumento de pacientes hospitalizados por coronavirus tras siete días consecutivos con bajada hasta 1.717, dos más que el martes y 491 menos que hace una semana, de los cuales 410 se encuentran en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), cinco menos que la víspera y 128 menos que hace siete días.

Por provincias, Málaga continúa como la provincia con más hospitalizados con 357 y 51 de ellos en UCI, seguida por Granada con 293 y 79 en UCI --mayor número de pacientes en UCI--; Sevilla, con 268 y 75 en UCI; Cádiz con 248 y 62 en UCI; Almería, con 196 y 57 en UCI; Jaén, con 143 y 30 en UCI; Córdoba, con 132 y 37 en UCI, y Huelva, con 80 y 19 en UCI.

MÁS DE 8.500 FALLECIDOS EN LA PANDEMIA

De acuerdo con los datos de la Consejería de Salud, Andalucía ha registrado desde el inicio de la pandemia 476.922 casos confirmados --474 más en 24 horas-- y ha alcanzado las 8.539 muertes tras sumar 69. Por su parte, la cifra acumulada de hospitalizados sube hasta los 38.158, 255 más. La cifra de pacientes que han pasado por UCI alcanza los 3.784, tras sumar 62 en la última jornada, y el número de curados es de 329.854 después de sumar 2.353.

En cuanto a los datos provincializados acumulados, de los 8.539 fallecidos desde el inicio de la pandemia --69 más--, Sevilla con 1.701 se mantiene como la provincia con más muertes --diez más--, seguida por Granada con 1.483 --cinco más--, Málaga con 1.427 --18 más--; Cádiz con 1.265 --nueve más--, Jaén con 865 --cuatro más--, Córdoba con 860 --siete más--; Almería con 648 --diez más-- y Huelva con 290 --seis más--.

Por su parte, los casos confirmados por PCR o test rápidos de antígenos alcanzan los 476.922 desde el inicio de la pandemia --474 más--, liderados por Sevilla con 100.487 casos --126 más--, seguida de Málaga con 84.471 --127 más--, Cádiz con 70.270 --48 más--, Granada con 68.820 casos --38 más--, Almería con 45.087 --63 más--, Córdoba con 43.080 --48 más--, Jaén con 40.220 --19 más-- y Huelva con 24.487 --cinco más--.

Los casos acumulados de coronavirus que han requerido hospitalización son 38.158 --255 más en 24 horas--, con Sevilla a la cabeza con 8.221 --22 más--, seguida por Málaga con 7.013 --36 más--; Granada con 5.929 --54 más--; Cádiz con 4.835 --nueve más--; Jaén con 3.835 --14 más--; Córdoba con 3.741 --38 más--; Almería con 2.873 --37 más--, y Huelva con 1.711 --45 más--.

62 NUEVOS INGRESOS EN UCI EN UN DÍA

De ellos, 3.794 han pasado por la UCI en Andalucía --62 más en 24 horas--, con la provincia de Sevilla a la cabeza con 766 --ocho más--, seguida de Granada con 637 --siete más--; Málaga con 592 --cuatro más--; Almería con 445 --cuatro más--; Córdoba con 438 --dos más--; Cádiz con 462 --32 más--; Jaén con 339 --uno más-- y Huelva con 105 --cuatro más--.

Finalmente, la cifra de curados alcanza los 329.854 en toda la región, 2.353 más que en la víspera, con Sevilla a la cabeza con 70.114 --388 más--, seguida de Málaga con 56.456 --460 más--; Granada con 51.072 --485 más--; Cádiz con 42.668 --373 más--; Jaén con 31.920 --49 más--; Almería con 30.953 --315 más--; Córdoba con 30.721 --201 más-- y Huelva con 15.950 --82 más--.

ALMERÍA BAJA SU TASA A 250

Según los datos consultados por en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), la incidencia acumulada en los últimos 14 días se sitúa de media en la región en 143 casos por cada 100.000 habitantes, con la provincia de Almería a la cabeza con 250,6. Detrás se sitúan Granada con 176,4; Sevilla con 139,4; Cádiz con 132,4; Málaga con 131,7; Córdoba con 114,8; Jaén con 112; y Huelva con 88,1.

La diputada de la Asamblea de Madrid Carla Antonelli ha apoyado este miércoles la autodeterminación de género --incluida en el borrador de la futura ley 'trans'-- porque es "inhumano y agotador" que se cuestione continuamente la identidad de las personas 'trans'.

"Estamos hartas de tutelas y tutelajes", ha comentado en una intervención ante la comisión parlamentaria de Derechos Sociales en la que ha expuesto su experiencia como ponente de la ley autonómica de Madrid.

Así, ha criticado que estén "en tela de juicio" desde pequeñas y "dependiendo" de la tutela de un juez o un psiquiatra, porque crea "inseguridad", más aún en los últimos años cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) sentenció en 2018 que la transexualidad no es un trastorno mental.

"No estamos locas, no necesitamos que un psiquietra confirme que soy una mujer", ha indicado.

Ha defendido, también como activista, que las personas 'trans' se han convertido en "resilientes" para "construir escaleras y sobrepasar muros" en la defensa de los derechos y frente a una "inmensa presión social" que explica la alta tasa de suicidios en el colectivo.

Además, no entiende que "se haya creado un falso debate y un problema donde no existía" con la futura ley estatal porque el feminismo les "recibió con los brazos abiertos" desde los años 90 y ahora "no se entiende ni se comprende" que hayan convertido en un "peligro" para las mujeres y los españoles.

"No somos un peligro para nadie, solo personas que intentamos levantar la cabeza", ha indicado, lamentando que hay menores que "viven una tortura psicológica" y mucha "presión en redes sociales" que no escandaliza porque se ha "devaluado" a las personas trans.

"Nos han despojado de nuestra alma como seres humanos, el maltrato es intolerable", ha señalado.

En esa línea, ha alertado también de la "inmensa brecha de desigualdad" que afecta a las personas 'trans' con "heridas que no terminan de cerrar" como una "insufrible" tasa de paro, la discriminación laboral o las dificultades para llegar a final de mes.

Antonelli ha advertido de que los ataques físicos y agresiones sexuales a personas 'trans' han aumentado un 32% en los últimos cinco años y ha crecido también el abandono escolar, y remarcó la "desazón" que sufren las personas 'trans' al sentirse continuamente "vigiladas".

"UNA LEY QUE NO RESTA A NADIE"

Por ello, ha pedido a los diputados canarios que aprueben la ley integral 'trans' --ya en la recta final de las enmiendas-- para que las islas se conviertan en un "referente" de derechos y en un "espacio seguro".

"Aprobamos una ley que no resta nada a nadie, suma derechos y nos enriquece como pueblo, como personas, aprobemos la ley para que nadie tenga que abandonar su hogar o exigir ser tratada desde el respeto. Esta ley se trata de eso: respeto, libertad y dignidad de un colectivo que lleva demasiadas décadas reclamándolo", ha señalado.

Antonelli sí ha pedido que se respete el "espíritu" de los colectivos y sin miedo al Tribunal Constitucional porque ninguna de las once leyes autonómicas "ha sido tumbada", recordando que la ley canaria de 2014 "salió adelante porque era lo menos malo" y permitía la atención sanitaria pero era una "ley patologizante" que ahora "no tiene ni pies ni cabeza".

"No queremos que nos toleren, queremos que nos respeten, de tolerancia vamos bien servidas, ahora vamos a la siguiente casilla", ha indicado.

Melodie Mendoza (ASG) ha comentado que el objetivo es hacer una ley "vanguardista y que sea referente" y espera que haya "consenso" en la Cámara porque es una iniciativa "que viene de la calle" y que viene a pedir "respeto" a la diversidad sexual y de género.

Ha criticado que las persona 'trans' sufran "violencia" casi a diario y también en el ámbito familiar por lo que propone "castigar" a quienes hacen sufrir a estas personas, al tiempo que ha pedido más "sensibilización" desde los centros educativos.

EL DERECHO A LA IDENTIDAD NO ES UN CAPRICHO

María del Río, de Sí Podemos, ha comentado que "hay un debate en la sociedad" al derecho a la autodeterminación, "a ser quien eres y no te penalicen por ello", tildando de "muy cruel" que no se entienda la "cara de sufrimiento" que arrastran las mujeres 'trans'.

Ha pedido "ponerse en la piel" de estas personas y entender que su derecho a la identidad "no es caprichosa", y aunque se ha ido "avanzando" en derechos, hay una "deuda histórica" con las personas 'trans'.

Además, ha criticado que se hable de "borrado de las mujeres" con las nuevas leyes 'trans'.

Carmen Hernández (NC) ha dicho que Antonelli es un "ejemplo vivo" de que "el cambio y el progreso es posible" si bien aún "insuficiente" para las personas 'trans', que deben seguir "peleando cada día" en defensa de sus derechos.

Ha lamentado que se quiera "imponer" la identidad a otras personas y defendido, por contra, el movimiento "potente y organizado" del ámbito de la LGTBI en Canarias y el "consenso" alcanzado en la Cámara --a falta del Grupo Popular--, que debe ser avalado por los propios colectivos. "Esta es una línea roja para nosotros", ha comentado.

Luz Reverón, del Grupo Popular, ha comentado que su grupo no va a ayudar a "retroceder ni un ápice" en los derechos de las personas 'trans', con un Parlamento canario que está "en el siglo XXI", y recordando que la ley canaria se aprobó por consenso en 2014, "pionera y a la vanguardia", aunque no desarrollada en su integridad.

FALTA DE CONSENSO CON EL GRUPO POPULAR

Sobre la nueva ley que tramita la Cámara, ha lamentado que no hubo consenso en la presentación de enmiendas y se dejó al Grupo Popular al margen. "No pasamos por la imposición", ha indicado, advirtiendo de que la nueva norma tiene "inseguridad jurídica" según los criterios del Consejo Consultivo.

Jesús Machín, del Grupo Nacionalista, ha comentado que los grupos parlamentarios han dado un ejemplo de "unidad de acción" a la hora de lesgislar en favor de las personas 'trans' y sostiene que la nueva ley autonómica les dará más "protección", incluso en materia de empleo.

Omar López, del Grupo Socialista, ha apoyado que Canarias cuente "cuanto antes" con una nueva ley que "elimine trabas" y garantice el cumplimiento de los derechos de las personas 'trans' e intersex y se acabe con la "cultura patologizante.

Ha apuntado que el nuevo texto "no es un capricho" y está consensuado con los colectivos LGTBI y defendió que Antonelli es un "ejemplo vital" que ha abierto "muchos caminos" a las personas 'trans'.

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, insisten en que la Agencia Tributaria tenía, desde 2018, la obligación de abrir una inspección al Rey emérito, a la vista de los "numerosos indicios de posibles incumplimientos tributarios" que se desprendían de las conversaciones de Corinna Larsen con el excomisario Villarejo publicadas en los medios, así como de las conclusiones de la Fiscalía especial contra la corrupción y la criminalidad organizada.

De hecho, aseguran que sólo la apertura de un proceso penal habría impedido la apertura de esa investigación y que la Fiscalía Anticorrupción esperaba ya en septiembre de 2018 que la Agencia Tributaria la hubiera emprendido.

En este sentido, Gestha afirma en un comunicado que en el informe de 7 de septiembre de 2018, de los dos fiscales anticorrupción al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, en el marco de la Pieza Separada de investigación "Carol" de las Diligencias Previas n° 96/2017, expresaron que: "Las potenciales contingencias tributarias que indiciariamente revelan las conversaciones sí es posible que merezcan la atención de las autoridades tributarias y, en su caso, pudieran derivar en el futuro en las correspondientes denuncias por delitos fiscales."

Añaden que el mismo día, el Juez Central número 6 levantó el secreto de esta pieza y dictó el sobreseimiento provisional, y la Fiscalía cerró esta investigación que, según afirman los Técnicos de Hacienda, "habría podido concluir en el descubrimiento de posibles delitos fiscales del Rey emérito que, obviamente, ni siquiera podía notificarle por estar aforado al Tribunal Supremo".

Por tanto, Gestha califica de "simples excusas" la afirmación de algunos portavoces de que la Agencia Tributaria no podía actuar, pues la vía de iniciar una inspección tributaria "siempre ha estado abierta porque en ningún momento ni el Tribunal Supremo ni la Fiscalía han notificado al Rey emérito ninguna investigación para averiguar posibles delitos fiscales".

LA ACTIVIDAD DE FISCALÍA ES PREPROCESAL Y NO HAY INCOMPATIBILIDAD

Recuerda, además, que tanto el principio de no duplicidad sancionadora, derivado del artículo 25 de nuestra Constitución, como el de litispendencia penal, del artículo 114 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, están referidos al procedimiento penal.

Así, afirman que la actividad investigadora de la Fiscalía tiene carácter de "preprocesal", por lo que no puede extenderse a la misma la incompatibilidad entre el procedimiento penal y el administrativo.

Gestha entiende que la Ministra de Hacienda pudo recibir una "información incorrecta", a la vista de las declaraciones que efectuó ayer en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, al "utilizar excusas no fundamentadas para justificar que no se hubieran abierto inspecciones". Estas excusas, añaden, también se han repetido para "ocultar la falta de eficacia de la AEAT para reducir la economía sumergida y mantener las limitaciones en la lucha contra el fraude fiscal.

Igualmente, los Técnicos de Hacienda rechazan totalmente las propuestas, que se han conocido, de sustituir a Fiscales en la persecución del delito contra la Hacienda Pública, duplicar estructuras administrativas, o incluir en inspección a los ciudadanos que esté investigando la Fiscalía por delitos fiscales.

Según el presidente de Gestha, Carlos Cruzado, los técnicos del Ministerio de Hacienda están convencidos de que simplemente tratando a todos los contribuyentes de la misma manera puede disminuir la percepción social de que existen 'escudos fiscales' y "de que no es en absoluto necesario aumentar el gasto administrativo, ni tutelar el trabajo de la Fiscalía, ni atribuirse competencias del Ministerio del Interior".

Uno de cada 10 jóvenes españoles cree que si una mujer ha consumido mucho alcohol se expone a que un chico tenga relaciones con ella, aunque no esté consciente. Además, el 8,9% de los chicos piensa que, si una chica se viste de manera provocativa y anda sola por la calle a altas horas de la noche, se está exponiendo a que le pase algo.

Esta es una de los datos del informe 'Rompiendo Moldes' publicado este 3 de marzo por Oxfam Intermón en el marco del 8 de marzo, Día de la Mujer, una investigación realizada durante 2020 que ha realizado una encuesta online a 1.500 jóvenes y adolescentes de entre 15 y 25 años en España para comprender los comportamientos sociales de este colectivo vinculados a las violencias machistas.

Entre las principales conclusiones, destaca que los jovenes y adolescentes han normalizado violencias machistas como las prácticas sexuales no deseadas o sin consentimiento previo o violencias derivadas de la práctica del 'sexting' (enviar mensajes, fotos o vídeos de contenido erótico y sexual personal a través del móvil) y que culpabilizan a las víctimas cuando se llevan a cabo.

Así, el informe, concluye que las violencias machistas entre jóvenes y adolescentes son una realidad y están poco identificadas y visibilizadas desde el mundo adulto. Además, destaca el hecho de que se culpabilice a las chicas en el caso que se viralice el contenido sin su consentimiento, mientras que en los chicos se normaliza que puedan ejercer esta práctica.

En la misma línea, el 44% de los chicos opina que "si alguien hace 'sexting' está asumiendo el riesgo de que alguien pueda reenviar el contenido", culpabilizando así a quien experimenta este tipo de violencia y quitando la responsabilidad a la persona que la está ejerciendo.

El documento también destaca que la falta de comunicación en las relaciones sexoafectivas promueve prácticas sin consenso o sin consentimiento, normalizándolo y ocultándolo como una forma de violencia sexual.

Por otro lado, el 58,6% de personas encuestadas niega que "es común que un chico quiera tener sexo sin condón" mientras que el 22,3% lo afirma. En los distintos grupos de edad se destaca que, a medida que aumenta la edad, más creen que es habitual que un chico quiera tener sexo sin condón: un 16% en el grupo de 15 a 18 años, un 23% en el de 19 a 22 años y un 24,5% en el de 23 a 25 años.

CAE EL AMOR ROMÁNTICO

En cualquier caso, el informe constata "avances significativos" como el cuestionamiento de los mandatos de género y los mitos del amor romántico, dos pilares donde se reproducen imaginarios que legitiman violencias machistas, según los autores del documento, que insisten en la importancia de cambiar estas creencias sociales, promoviendo modelos de relaciones sexoafectivas sanas.

Sobre los mitos del amor romántico, el documento constata que, en general, adolescentes y jóvenes cuestionan los mismos aunque este cuestionamiento y rechazo es más evidente entre las personas con identidades no normativas y en las chicas que en los chicos.

El informe detalla que entre las personas jóvenes y adolescentes se mantienen presentes tres imaginarios sobre la masculinidad: la invulnerabilidad emocional; el deseo heterosexual incontrolable y la actitud dominante como rasgo atractivo. Éstos se construyen en contraposición con los femeninos, destacando el mandato de complacer a las demás personas y el de la sumisión.

Según los resultados de la encuesta, 2 de cada 10 chicos piensan que "el amor duele" y 1 de cada 10 piensa que la capacidad de dominar hace un hombre más atractivo. Además, 2 de cada 10 chicos y 1 de cada 10 chicas afirman que los hombres tienen mayor deseo sexual que las mujeres.

Por otra parte, las personas encuestadas afirman que prácticas como el control a través de los teléfonos móviles o los celos se identifican como nocivas y que por tanto las rechazan, reconocen que siguen presentes en sus entornos.

Por todo ello, el estudio advierte de que prevalece un modelo de masculinidad basado en la creencia que los hombres son menos vulnerables a las emociones, que tienen un deseo sexual incontrolable y que si son dominantes resultan más atractivos.

EDUCACIÓN SEXOAFECTIVA CON PERSPECTIVA DE DERECHOS

Ante esta situación, ve imprescindible "una educación sexoafectiva feminista, transversal y con perspectiva de derechos" que aborde aspectos como la comunicación en las relaciones sexuales y la gestión emocional.

También señala que las campañas de prevención y sensibilización de las violencias machistas deben generar mensajes positivos y deben interpelar a los chicos promoviendo masculinidades diversas y críticas.

El informe 'Rompiendo Moldes' forma parte de la línea de trabajo de Oxfam de los últimos años con Rompiendo Moldes Latinoamérica y El Caribe en 2018, así como su réplica en Argentina en 2020. El estudio se ha realizado, en alianza con Oxfam Intermón, por el Centre Jove d'Atenció a les Sexualitats de Barcelona (CJAS).

El técnico especialista en Ayuda Humanitaria de Cruz Roja, Xavi Díaz, que se encuentra en el campamento Canarias 50, en Las Palmas de Gran Canaria, ha asegurado que no dependen de la organización el regreso o no de los 64 inmigrantes que salieron del mismo el pasado fin de semana y a los que ha afirmado intentaron frenar para que no abandonaran el lugar y por ende el programa que se realiza con ellos.

Díaz, que estaba presente el día que los 64 migrantes del Canarias 50 abandonaron el lugar, ha explicado que la base de lo ocurrido se encuentra en la notificación que la organización recibió por parte del Ministerio competente entre el miércoles y jueves de la pasada semana en la que se informaba de que había que desplazar a las personas que estaban en las carpas de la fase uno a la dos para empezar a construir unos módulos con el fin de mejorar la condiciones de habitabilidad.

Esto desde Cruz Roja se percibió como algo "positivo", ya que se había producido algún tipo de inundación, por lo que pensaban que era un hecho que los inmigrantes valorarían.

Sin embargo, Díaz puntualizó que cuando se planteó, "no" recibieron "muy bien" la noticia y los inmigrantes empezaron a exponer cuestiones que "no tienen nada que ver con el cambio" de fase que físicamente, matizó, implicaba un desplazamiento de unos 10 metros entre una carpa y otra.

Todo ello originó un debate que se prolongó entre una hora y media y dos en los que, ha incidido Díaz, se intentó dialogar con ellos y explicarles que "no" existía connotación alguna, si bien el "sentimiento de frustración" que los inmigrantes tienen --al no poder continuar con su periplo hacia la península-- acaba llevando a un ambiente, dijo, que "se enrarece", donde hubo "insultos" y se produjo una "situación complicada", desembocando en el abandono de los 64 inmigrantes del campamento.

"ABANDONAN DE FORMA VOLUNTARIA"

En relación con ello, Díaz ha reiterado que en varias ocasiones se les intentó hacer ver a los inmigrantes que "no" cometieran "ese error porque tiene una repercusión sobre ello, abandonan el programa y eso significa que se quedan en la calle, si abandonan de forma voluntaria".

A pesar de todo "no" escucharon y decidieron irse, puntualizando que "no han sido expulsados por Cruz Roja, han abandonado voluntariamente el campamento", de ahí que subraye que "no" depende de la organización el que puedan o no volver.

Los 64 inmigrantes que salieron del campamento, sobre los que Díaz apuntó que "no" hay medidas disciplinarias, se encuentran ahora en las calles de Las Palmas de Gran Canaria y el lunes, 1 de marzo, volvieron para presentar una solicitud de readmisión.

Al respecto, el técnico especialista en Ayuda Humanitaria de Cruz Roja ha señalado que se les trasladó la posibilidad de presentarla en la sede central de la organización en Las Palmas de Gran Canaria, para podérsela hacer llegar al Ministerio competente porque su readmisión "no es una potestad" de Cruz Roja, pero ha afirmado que están abiertos a cualquier medida que se les pueda solicitar.

LA FRUSTRACIÓN "ES INNEGABLE"

Xavi Díaz ha reconocido que la "frustración" entre los inmigrantes "es innegable", señalando que muestra de ello es la pancarta que este fin de semana había a las puertas del campamento y que "no decía nada más que dejarnos continuar nuestro camino".

"Ellos quieren continuar su camino. Nosotros por desgracia no podemos dar esos papeles", apostilló para agregar que mientras los migrantes consiguen su objetivo, que es llegar a península, Cruz Roja trabaja con un programa en el que hay psicólogos que buscan frenar esa frustración, posibles vulneraciones que sufran o enseñarles el idioma.

IMPOTENCIA

Esta labor que desarrolla Cruz Roja también hace que cuando ocurran situaciones de este tipo, dice Díaz, se sientan "impotentes" porque ven como personas con las que trabajan, optan por abandonar un campamento, un programa, con las consecuencias que eso les puede acarrear.

En este sentido, consideró que se están dando situaciones fuera del campamento que "habría que abordarlas", si bien en el mismo apuntó que Cruz Roja debe proteger a la gente que hay dentro --321 migrantes--, así como a sus trabajadores que se enfrentan a situaciones "muy tensas", afirmando que con el abandono de estas 64 personas "hubo algún trabajador que acabó llorando porque son gente que estás intentando cuidar.

Por último, en relación a si ha habido un cambio de actitud en cuanto a las peticiones para mejorar protocolos o instalaciones, ha admitido que "han cambiado las cosas para bien", ya que señaló que cuando es necesaria una reparación, se realiza "sin ningún tipo de problema", a lo que se suma que ellos intentan hacer efectiva peticiones que le hacen los propios inmigrantes, tales como adecuarles un lugar para rezar o facilitarles el cambio de ropa, entre otras cosas, para que se de "una paz" en la que poder llevar a cabo el trabajar con ellos.

Las denuncias por violencias machistas han ido creciendo en los últimos años hasta sumar 601.416 entre 2015 y 2019, según los datos recogidos en un estudio realizado por el Ministerio del Interior. El documento destaca que la violencia psíquica y la física son las que más de denuncian, por delante de la sexual y la económica.

Tal y como ha explicado el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, se trata de la primera iniciativa que aborda a nivel nacional y de una manera global todos los hechos violentos que sufren las mujeres.

Los datos se han obtenido a través de la información de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de mujeres víctimas y perjudicadas por este tipo de hechos violentos, tal y como se hace en otros informes como el del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Así, el estudio recoge la evolución de las denuncias, que han pasado de las 119.036 en 2015 a las 131.591 en 2019. Por tipología penal, la mayoría (59,9%) corresponden a malos tratos en el ámbito familia, seguido de los malos tratos continuados (10,7%), el quebrantamiento de órdenes de protección (7,7%) y las amenazas (6,9%).

El estudio también destaca las lesiones (que suponen el 4,1% de los delitos contra la mujer), el abuso sexual (3,9%), el impago de prestaciones económicas (2,8%), el acoso (2,1%) y las coacciones (1,8%). El 9,1% restante corresponden a otras violencias.

Del mismo modo, indica que el 75% de los delitos denunciados de violencia contra la mujer afectan a ciudadanas españolas y que, en conjunto, el 68 por ciento de los actos violentos conocidos por las fuerzas de seguridad están relacionados con la violencia de género, que, indican los expertos, es a su vez el tipo de violencia contra la mujer que más ha crecido en los últimos años, especialmente en violencia psíquica.

LA MAYORÍA EN EL ÁMBITO DE LA PAREJA O EXPAREJA

De hecho, la violencia psíquica ha sido la más denunciada, más de la mitad de las medidas interpuestas en estos cinco años (305.271) corresponden a este tipo de violencia.

Según el estudio, son las mujeres de entre 31 a 40 años las que más la han denunciado, en concreto más de 91.000 entre 2015 y 2019, seguidas e las de entre 18 y 30 años, con 81.366 denuncias, aunque el documento destaca un incremento de los casos en mujeres mayores de 65 años en estos cinco años. Además, se precisa que en un 72% de los casos anuales esta violencia psicológica se produce en el contexto de la pareja o la expareja.

La segunda violencia más denunciada es la física. Desde las 48.515 de 2015, a las 49.608 de 2019, se han contabilizado un total de 233.577 denuncias en cinco años. En este caso son las mujeres entre 18 y 30 años las que más han acudido a las comisarías por este motivo, por delante de las que cuentan entre 31 y 40.

En cuanto a la relación entre víctima y agresor, en este caso, también es el contexto de pareja o expareja el que más casos de este tipo registra, en torno al 77% anual, frente a la violencia doméstica (relación familiar), que es el 15% anual de estos caso, mientras que otras relaciones (fuera del entorno familiar) suponen en torno al 8% anual de las denuncias de violencia física.

MÁS DE 17.000 DENUNCIAS DE MENORES

La violencia sexual, por su parte, supone el 7% del total de denuncias por violencias machistas entre 2015 y 2019 (44.333). El documento destaca que se ha ido detectando un crecimiento progresivo de ellas en estos años. Así, en 2015 fueron 6.692 las denuncias registradas, mientras que un año más tarde serían 7.506 las contabilizadas. En 2017 fueron 8.239; en 2018 10.371 y en 2019 11.525.

En cuanto al perfil de las víctimas, en este tipo de violencia la mayoría de denuncias lo hacen ante actos sobre menores (17.453), seguido de las denuncias de mujeres de entre 18 y 30 años (14.650). Los datos señalan que son estas últimas las que sufren más agresiones con penetración.

En una media anual del 86% estos delitos se cometen en el contexto que el estudio recoge como "otras relaciones"; en torno al 8%-10% en el ámbito de la violencia doméstica, mientras que entre un 4% y 5% anual es un caso de violencia de género.

En último lugar, el 3% restante de denuncias son por actos de violencia económica (18.235) que, en este caso se dirigen contra mujeres sobre todo entre los 31 y los 40 años. En este supuesto, indica el documento la tipología delictiva se concentra en torno al impago de prestaciones económicas (91,8 por ciento) en el marco del fenómeno de la violencia de género.

Finalmente, el estudio destaca que, en términos cuantitativos, la cifra más elevada de denuncias se produjo en el año 2019 salvo en el caso de la violencia económica, que fue en 2015 coincidiendo con la reforma del Código Penal que revisó los tipos penales incluidos en esta categoría.

Fuentes del Ministerio han explicado que Grande-Marlaska anunciará en próximos días un paquete de medidas relacionados con la violencia de género y que son resultado del análisis de los datos de este informe.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Navarra ha condenado a 3 años y 1 mes de prisión y 3 años de libertad vigilada, por un delito de agresión sexual, a un acusado que realizó tocamientos a una joven de 19 años con la que se había citado para contratarla como empleada del hogar, como niñera de su hija menor, en una localidad de la Ribera de Navarra.

Según recoge la sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), el encausado, de 38 años, deberá indemnizar con 9.000 euros a la víctima, a la que no podrá acercarse ni comunicarse durante 5 años.

Según ha informado el TSJN, en el juicio, celebrado el 18 de diciembre del pasado año, el Ministerio Fiscal y la acusación particular solicitaron una condena de 8 años por un delito de agresión sexual, mientras que la defensa reclamó la absolución.

El acusado contactó a través de mensajes de WhatsApp con la víctima, con quien había contactado a raíz de que ella hubiera publicado una oferta de trabajo como empleada del hogar interna a través de una página web.

Tras varias conversaciones en las que él se interesó por la situación y circunstancias personales de la joven, ambos acordaron que ella se desplazara desde Zaragoza, donde residía, hasta una localidad de la Ribera de Navarra en la que el procesado tenía su domicilio. La idea era que la denunciante conociera a la hija menor del procesado, a la que supuestamente iba a cuidar.

Sobre las 18.30 horas del 5 de agosto de 2018, el inculpado la recogió en la estación de tren y la llevó a su vivienda. Una vez allí, comenzó a hablarle de "temas personales", le dijo que necesitaba "una mujer fiel", se aproximó a ella y comenzó a abrazarla.

Según se considera probado en la sentencia, intentó desvestirla y besarla, a lo que ella se opuso. Después la cogió del brazo y la llevó "a la fuerza" a su dormitorio, donde le quitó la ropa interior y "le tocó por el cuerpo". Ante la oposición reiterada de la joven, el encausado cesó en su actitud.

De nuevo en el salón de la vivienda el procesado retomó su actitud anterior y volvió a realizarle tocamientos contra su voluntad. Por la fuerza volvió a llevarla al dormitorio, en donde continuó con los tocamientos.

Finalmente, depuso su actitud, la llevó a la estación de tren y le pagó el billete de regreso a Zaragoza. En la capital aragonesa la víctima fue reconocida en el servicio de urgencias de un hospital. No se observaron lesiones físicas.

La joven, de nacionalidad venezolana, se encontraba entonces sin familiares ni trabajo en España, en una situación calificada como "vulnerable". A consecuencia de los hechos ha precisado de seguimiento psicológico, recoge la sentencia.

Por esta causa el inculpado estuvo encarcelado provisionalmente desde el 9 de agosto de 2018 hasta el 8 de febrero de 2019.

"INTIMIDADA Y BLOQUEADA"

La Sección Primera de la Audiencia de Navarra considera que los hechos son constitutivos de un delito de agresión sexual. Expone que la víctima ratificó en la vista oral sus declaraciones previas ante la policía y el juez instructor.

Para el tribunal, la declaración prestada por la perjudicada es "coherente" salvo en un aspecto relativo a un sangrado que en un primer momento refirió haber sufrido, lo cual la Sala lo atribuye a la situación de "miedo y bloqueo" que padeció la víctima, así como a su inexperiencia sexual.

Respecto a las supuestas contradicciones alegadas por la defensa, los magistrados comprenden que las diferentes declaraciones no resulten idénticas y presenten variaciones debido al tiempo transcurrido y al entorno en que se llevó a cabo el interrogatorio, pero aseguran que se mantuvieron "en lo esencial" respecto a los hechos constitutivos del delito "en los matices y detalles aportados", lo que determina su "credibilidad".

Tampoco aprecian los jueces motivos espurios para formular la denuncia, puesto que no se ha probado que haya obtenido beneficio alguno.

El tribunal valora que la víctima es una persona "mucho más joven y de menor experiencia que el acusado, frente a quien se encontraba en una situación de inferioridad", ya que por sus circunstancias personales y sociales se hallaba en "una situación de vulnerabilidad", extremo que él conocía.

Todo ello dio lugar a que, según el tribunal, la joven se viera sorprendida por el cariz que tomaba la conversación con el procesado, "y por su actitud se sintiera asustada, intimidada y finalmente bloqueada" ante la actuación de aquel, quien utilizó "este ambiente intimidatorio" para someterla a "actos sexuales que no deseaba".

Sobre el delito de agresión sexual con acceso carnal imputado por las acusaciones, la Sala estima que no existe prueba objetiva alguna que permita concluir que se realizara una penetración por parte del encausado.

La número dos del PSC, Eva Granados, ha advertido este miércoles al vicepresidente del Govern en funciones, Pere Aragonès, de que no se pueden defender a los Mossos y a la vez pactar con la CUP: "ERC, Junts y la CUP son la combinación de los que animan a apretar, los que dicen que mejor esperar, y los que creen que cualquier excusa es buena para apretar. O respeto, o apretar. O Mossos, o CUP".

En la Diputación Permanente del Parlament, Granados ha exigido a Aragonès responder si el Govern se presentará como acusación particular contra los autores de los altercados, si prestará defensa jurídica a los agentes que "puedan ser denunciados por el trabajo hecho", y de qué herramientas disponen los Mossos d'Esquadra para disolver protestas violentas.

"¿Cómo hemos podido llegar hasta aquí? Hace demasiado tiempo que el Govern está tolerando actuaciones vandálicas en las calles", ha aseverado Granados, que ha dicho que todos recuerdan que el expresidente del Govern Quim Torra animó a apretar a representantes de los CDR en el primer aniversario del 1-O.

Granados ha acusado a Aragonès de haber sido ambiguo ante las protestas, algo que cree que da más oxígeno a los violentos, y ha añadido que la pasada legislatura fue la de los ejercicios de equilibrismo, pero que ahora "pasan del equilibrismo a los malabarismos".

Ha criticado que Aragonès haya apostado en su comparecencia por abordar la raíz del problema y el malestar de los jóvenes, cuando llevan años gobernando y no lo han hecho, según ella, y ha dicho a Aragonès que el descontento de los jóvenes "puede explicar pero no justificar en ningún caso la violencia, porque es la negación de la libertad y la democracia".

El consejero de Sanidad de Cantabria, Miguel Rodríguez, cree que "lo mejor sería mantener el cierre" perimetral en Semana Santa y no se plantea la flexibilización del toque de queda en la comunidad al menos hasta el 14 de marzo, fecha en la que concluye la prórroga de la medida actualmente en vigor.

Así lo ha afirmado este miércoles en declaraciones el consejero al hilo del debate abierto estos días sobre la flexibilización de medidas ante la favorable evolución de la pandemia en Cantabria y en general en el conjunto del país.

Pese a todo, el consejero cree que hay que ser "prudentes" y, sobre el debate acerca de la Semana Santa cree que "muchas comunidades" van a optar por esta postura y apuestan en estos momentos por mantenerse cerradas. De hecho, es lo que, por ahora, ha recabado de sus conversaciones con varias del norte del país.

Sin embargo, Rodríguez ha advertido que aún falta un mes para la Semana Santa y, por tanto, para analizar cómo evoluciona en esta semanas la pandemia.

Sobre la posibilidad de una postura consensuada de todas las comunidades por la que ayer abogó el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, Rodríguez entiende que si hay comunidades autónomas que ya han tomado una decisión y se plantean abrir puede que no haya acuerdo en el Consejo Interterritorial del Servicio Nacional de Salud.

Ayer, Revilla afirmó que Cantabria pondrá sobre la mesa abrir las comunidades si la incidencia acumulada en la región a los 14 días ronda los 50 casos por cada 100.000 habitantes --según los últimos datos está en 125--, ya que con esa tasa la situación sería "muy controlable" porque se podría hacer un seguimiento "muy firme" de los contactos.

Por su parte, el consejero cree que "para poder plantearse" abrir en Semana Santa tendría que haber "mucha más gente vacunada", como por ejemplo toda la población mayor de 60 años algo que, según ha reconocido, "no va a ser así".

TOQUE DE QUEDA

También se ha referido a la posible flexibilización del toque de queda en la comunidad --que actualmente es de 22.00 a 6.00 horas-- después de que Revilla el lunes afirmara que se estaba estudiando retrasarlo a las 23.00 a petición del sector hostelero y por la reapertura del interior de sus negocios, si bien aclaró que la decisión dependerá en todo caso del informe favorable de la Consejería de Sanidad.

El consejero ha afirmado que la última prórroga adoptada del actual toque de queda está en vigor hasta el 14 de marzo, con lo que no se plantea la modificación antes de esa fecha.

Ha explicado que la semana que viene Sanidad hará un informe sobre la situación que será el que haga plantearse o no la flexibilización del toque de queda.

Por ahora, lo que sí se ha flexibilizado son las medidas a la hostelería, que desde este miércoles puede abrir el interior de los locales --cerrados desde noviembre-- aunque a un tercio de su aforo.

El consejero tiene la "esperanza" de que esta apertura "no altere excesivamente" la evolución de la pandemia. Además, "a corto plazo", al menos hasta que se compruebe el impacto de la medida en los próximos 10 días, no se planteará una mayor relajación de los aforos.

PRESELECCIÓN DE GRANDES RECINTOS DE VACUNACIÓN

Y en cuanto a la vacunación y al posible establecimiento de grandes recintos donde poder administrar las dosis de forma masiva, el consejero cree que "todavía" no es necesario y cree que, de darse, sería ya "para el segundo trimestre del año.

Sí ha señalado que el Servicio Cántabro de Salud (SCS), en cada una de las 42 Zonas Básicas de Salud que hay en la comunidad, ha hecho una "preselección" de posibles lugares donde podrían llevarse a cabo.