El secretario general de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, ha solicitado la dimisión del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, tras el auto «absolutamente demoledor» del Tribunal Supremo que ha tumbado el adelanto de toque de queda a las 20.00 horas, vigente en la Comunidad desde el pasado 16 de enero.

Sin embargo, «convencido que se va a aferrar a su poltrona cual percebe a la roca», Fernández se ha dirigido directamente al Grupo parlamentario de Ciudadanos (Cs) en las Cortes, puesto que «actualmente podría tener la llave para propiciar que el señor Mañueco deje de ser presidente de esta Comunidad».

«Creo que electoralmente se está demostrando para Ciudadanos que es un error continuar siendo el soporte y el bastón de la derecha corrupta e ilegal que sufrimos en Castilla y León», ha señalado, por lo que ha pedido al partido naranja que «reflexione y que, teniendo en su mano, hacer que el Mañueco deje de ser presidente, tome las decisiones oportunas en ese sentido».

Y es que el auto del tribunal Supremo, según ha aseverado Fernández, ha dejado «bien claro» que Mañueco «ha conculcado los derechos fundamentales de los casi 2.400.000 castellanoleoneses».

«Esto es inadmisible», ha incidido, antes de señalar que Mañueco «no puede estar ni un minuto más al frente de esta Comunidad, ya que se vuelve a poner de manifiesto que Castilla y León sufre un presidente antisistema que constantemente está incumpliendo la ley y que ya el Tribunal Supremo llega a decir que está quebrantando los derechos fundamentales de la ciudadanía».

Asimismo, el líder autonómico de Podemos ha afirmado que el auto del Supremo, además, «desmonta todas y cada una de las falacias que ha ido construyendo el nefasto tándem» de Mañueco y del vicepresidente de la Junta, Francisco Igea.

«El auto del Supremo deja bien claro que, como autoridad delegada del Gobierno de España, el señor Mañueco no estaba facultado para anticipar ese toque de queda, que contraviene la legalidad», ha insistido Fernández, pues a su juicio, ha quedado «muy claro que existían y existen otras medidas para frenar la pandemia y para proteger la salud que no impliquen conculcar derechos fundamentales».

Además, ha agregado, el adelanto del toque de queda se ha demostrado que «aparte de ilegal, es ineficaz porque a día de hoy, Castilla y León sigue teniendo uno de los peores datos de toda España y porque aunque es cierto que ha habido un descenso en el último mes, no hay una correlación entre el adelanto de toque de queda y esa minoración en la incidencia».

Asimismo, ha acusado a la Junta de «enseñarse» con la hostelería y de «criminalizar» al sector, que además es «estratégico» para la región, en relación al cierre de todos aquellos comercios no esenciales a partir de las 20.00 horas.

Una medida que, según ha advertido Fernández, podría, además, tener efectos «colaterales», puesto que puede propiciar que lo que haga la gente sea reunirse en la calle «pero sin mantener las distancias de seguridad que en la hostelería sí se cumplen a rajatabla.

SOBRE EL PRESIDENTE DEL TSJCYL, PABLO HÁSEL Y LA NORMALIDAD DEMOCRÁTICA

Por otro lado, el secretario general de Podemos en la Comunidad, ha insistido en que la formación morada seguirá defendiendo que en España no hay una «plena normalidad democrática» y ha puesto como ejemplo «palmario» lo que ocurre en la región: «Ayer un rapero [Pablo Hásel] entró en la cárcel por cantar y en Castilla y León hay un presidente que ha vulnerado los derechos fundamentales de toda la ciudadanía, según el Tribunal Supremo».

«Y no solamente no dimite ni abandona su cargo, sino que, además, ni siquiera pide perdón, ni siquiera reconoce sus errores y sigue empecinado en una enloquecida huída hacia adelante en un viaje a ningún lado, porque de seguir así, el viaje del señor Mañueco debería concluir donde acaban los destinos de aquellos que quebrantan los derechos fundamentales de las personas», ha apuntado.

Al mismo tiempo, Fernández ha lamentado que en Castilla y León haya también un presidente del Tribunal Superior de Justicia, José Luis Concepción, «que se pasa por el arco del triunfo la separación de poderes y que desde su cargo se pone hacer política adelantando a Vox por la derecha».

Así lo ha indicado después de que Concepción afirmase que «la democracia en España se pone en solfa desde que el partido comunista entra en el Gobierno de España».

«Esto no es una plena normalidad democrática y demuestra que en este país y, muy especialmente en esta comunidad, hay un importante déficit», ha incidido Fernández, que ha reiterado la petición de dimisión o cese de Concepción, pues considera «intolerable, inadmisible e indecente» que un presidente del TSJCyL «quebrante los pilares esenciales del Estado de derecho como es la separación de poderes».

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha respondido negativamente a la sugerencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la ‘popular’ Isabel Díaz Ayuso, sobre la posible fusión del PP con otras formaciones políticas y ha querido dejar claro que Cs es «el único partido de centro» que hay en España y que está «fuerte para seguir».

En declaraciones a Antena 3, Bal ha defendido que el «espacio de centro, liberal y progresista» que representa Ciudadanos se revela, «hoy más que nunca, como imprescindible dentro de una política nacional y territorial radicalizada y polarizada que se basa en la crispación». «Somos los moderados de este país, el único partido de centro», ha subrayado.

El diputado ha asegurado que, independientemente de que los resultados electorales sean mejores o peores –después de que en los últimos comicios catalanes perdieran 30 de los 36 escaños que obtuvieron en el Parlament en 2017–, en la formación naranja están «todos fuertes para seguir» y «unidos en torno a la presidenta», Inés Arrimadas.

Así ha contestado cuando le han preguntado por el mensaje que ha escrito Díaz Ayuso en su cuenta de Twitter. Tras despedirse de la sede del PP en la calle Génova de Madrid, que van a abandonar para romper con el pasado y los casos de corrupción, la dirigente ‘popular’ ha indicado que «es el momento de nuevas ideas pero también, fusiones», para que el PP sea «la casa común de todos los que quieren vivir en paz y en libertad en España».

Respecto a la decisión del PP sobre el edificio de Génova, 13, Bal ha dicho que Cs no tiene esos problemas porque es «un partido limpio», sin casos de corrupción, y su sede «no está siendo investigada por pagar en negro una serie de reformas».

«Somos los únicos que podemos coger la bandera de la regeneración democrática y de la lucha contra la corrupción», ha reivindicado tras recordar las investigaciones judiciales que afectan no solo al PP, sino también al PSOE y a Podemos.

«AUTOCRÍTICA» DE ARRIMADAS TRAS LAS ELECCIONES CATALANAS

Por otro lado, el portavoz de Ciudadanos en la Cámara Baja se ha referido a la reunión que la Ejecutiva nacional de su partido mantuvo el lunes para analizar el fracaso electoral en Cataluña, en la que, según ha dicho, «todos pudieron hablar con libertad», intercambiar opiniones y llegar a conclusiones.

En cuanto a Arrimadas, considera que hizo «autocrítica» al admitir que no fueron capaces de movilizar al electorado de Cs para que acudiera a votar, de manera que gran parte de quienes les apoyaron en 2017 no lo hicieron el pasado domingo y optaron por la abstención.

Además, ha añadido que esto no es «un problema de estas elecciones», pues ya en las generales de noviembre de 2019 –cuando pasaron de 57 escaños en el Congreso a diez– «pasó lo mismo» con la abstención por no lograr convencer a muchos votantes de que fueran a las urnas.

El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha afirmado este miércoles en el Parlamento que «no va a entrar en debates estériles y antiguos» porque «las cuestiones importantes de la educación son otras», en relación al acuerdo firmado la pasada semana con el grupo parlamentaria Vox, mientras que desde el PSOE-A han asegurado que «cualquier instrucción, recomendación o normativa que lleven a cabo para implantar el ‘veto parental’ en Andalucía no solo contará con rechazo del grupo socialista sino que iremos a los tribunales para evitar su implantación».

En este sentido, el consejero ha señalado que su departamento «mejorará» la información y la transparencia para las familias, implementando mecanismos para que los padres puedan conocer mejor el plan de centro y las actividades que se llevarán a cabo», para añadir que «partimos de una base incuestionable que marca toda nuestra actuación que es la absoluta confianza en los docentes y en los proyectos educativos de los centros».

En este sentido, Imbroda ha aclarado que a partir de ese principiofundamental, «mi compromiso con Vox es impulsar y mejorar las vías deinformación y de comunicación de esos proyectos educativos a lasfamilias, para que puedan elegir, libremente, el proyecto educativo que quieren para sus hijos».

Durante su intervención, el consejero ha avanzado que en los próximos meses su departamento «va trabajar en mejorar la información de ese proyecto a las familias», un proyecto «que, a veces, por las circunstancias que sean, no les llega. Y de esta forma, podrán decidir libremente la opción educativa que quieren para sus hijos sin ningún tipo de imposiciones».

Por último, el consejero ha incidido en que «no voy a entrar en debates estériles y antiguos, si ustedes quieren llevarlo al conflicto ideológico, ahí no me van a encontrar, las cuestiones importantes de la educación son otras».

Por su parte, la diputada socialista Soledad Pérez ha expresado «la máxima de las preocupaciones» y ha añadido que Vox «ya se lo ha dicho, el documento suscrito es el ‘veto parental'» y «no es más que la ratificación del acuerdo de enero de 2019 de los tres partidos políticos –PP, Cs y Vox– para la investidura de Juanma Moreno». «Lo que hacen ahora es ponerle plazo, decir que lo van a hacer en este semestre».

Así, Pérez ha asegurado que «cualquier instrucción, recomendación o normativa que lleven a cabo para implantar el ‘veto parental’ en Andalucía no solo contará con rechazo del grupo socialista sino que iremos a los tribunales para evitar su implantación, en defensa de la educación igualitaria e inclusiva de esta tierra». «Ninguna actividad en defensa de la igualdad de género, contra la violencia machista ni contra la lgtbifobia dejará de realizarse en Andalucía si el PSOE puede impedirlo».

«NO SIGAN ALIMENTADO EL MONSTRUO QUE LOS DEVORA»

«No traiga el conflicto, respete la planificación en los centros, cumpla con el Estatuto de Autonomía, con la Ley de Educación o de Igualdad», añade Pérez, quien ha instado a Cs y a PP «a no seguir alimentando al monstruo que los devora, que devora nuestra democracia, y no manipulen a las familias». «No generen desconfianza en los profesores, protejan el derecho a una educación de calidad, no rompan el consenso y abandonen el acuerdo con la extrema derecha». «No vuelvan a la sección femenina, es una página de nuestra historia ya cerrada», ha añadido.

Desde Adelante Andalucía, Jesús Fernández ha señalado que el 10 de febrero «pasará a la historia negra de la educación andaluza por llegar a un acuerdo con la extrema derecha para imponer el ‘pin parental'» y por «ser el consejero que escucha antes a la extrema derecha e ignora a la comunidad educativa». Ha añadido que «son los cínicos de la política, porque presentaron una PNL para el reconocimiento de la labor docente, pero hacer unos días llegaron a una acuerdo con Vox desacreditando la labor docente y fomentando la desconfianza».

«Dejen de escuchar a Vox, no le importan ni la escuela pública, ni los docentes, ni las familias», y «escuchen a la comunidad educativa, al alumnado, a los sindicatos, a la inspección y, sobre todo, a la comunidad docente», ya que «no tienen derecho a cuestionarlos porque ninguno de los que estamos aquí les llega a la suela de los zapatos», ha concluido.

El portavoz del PSE-EE en el Parlamento Vasco y secretario general de los socialistas guipuzcoanos, Eneko Andueza, ha afirmado que no se entiende que Unidas Podemos «contribuya a tensionar el Gobierno desde dentro» y no distinga «cuando está en un gobierno o en campaña». Asimismo, ha lamentado que en Euskadi Elkarrekin Podemos está «fagocitada» por EH Bildu.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Andueza ha criticado la actitud de Unidas Podemos en el Gobierno español y, en este sentido, ha apuntado que, antes de las elecciones catalanas, «se podía presumir que algunas tensiones provocadas por Unidas Podemos eran fruto de que estaban inmersos en una campaña electoral y muchas veces no saben distinguir muy bien cuándo se está en un gobierno, en una tribuna del parlamento, en campaña…».

Sin embargo, ha añadido, ahora han pasado los comicios en Cataluña y no se entiende que «se contribuya a tensionar el gobierno desde dentro» por parte de Unidas Podemos. Según ha indicado, los partidos deben actuar «con máxima responsabilidad» cuando están en un órgano de gobierno y ha apelado a «esa responsabilidad para no caer en este tipo de situaciones».

En esta línea, ha deseado que «la estabilidad reine» y ha reconocido, tras las críticas de distintos partidos como el PNV a las diferencias entre los dos socios de gobierno, que «a todos nos cansan las peleas».

Por otro lado, preguntado sobre si Elkarrekin Podemos-IU podría tener cabida en un gobierno en Euskadi, ha señalado que «podría tener sitio siempre y cuando encontrara cuál es su camino» porque, en estos momentos, está «fagocitado absolutamente por EH Bildu».

Según ha indicado, «parece que no han aprendido la lección después de la pasada legislatura», en la que Elkarrekin Podemos se dedicó a «hacer seguidismo» y los resultados electorales que logró en las últimas elecciones «son incontestables».

«Elkarrekin Podemos tiene que buscar su sitio en la vida, y en Euskadi parece que no lo acaban de encontrar porque siguen pegados a EH Bildu», ha opinado. De este modo, ha insistido en que «no saben qué quieren ser de mayores y, sin una brújula clara, sin un proyecto de país y de partido, es muy difícil hacer política».

CATALUÑA

También ha valorado la victoria de Salvador Illa en las elecciones catalanas de este domingo, que ve «importantísima» pese a que no pueda lograr los apoyos para ser investido porque «significa que vuelve la esperanza, la ilusión por la política de verdad y que a través del diálogo podemos conseguir cosas que redunden en el beneficio de Cataluña y de toda la nación». En esta línea, ha esperado que «Cataluña salga del bloqueo, de ese callejón sin salida en el que le han metido los soberanistas».

Asimismo, ha indicado que Salvador Illa tiene «la responsabilidad» de presentarse a una investidura por ser el candidato más votado por los catalanes y no va a cometer «el mismo error» que la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, tras los anteriores comicios. «De aquellos polvos, estos lodos, 30 parlamentarios menos», ha advertido en relación a los resultados de Cs de este domingo.

En otro orden de cosas, ha asegurado que le «gustaría» que le fueran retiradas a título póstumo las condecoraciones concedidas al exgeneral de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo, que fue condenado por «actuar de manera absolutamente incorrecta».

«Y cuando las actuaciones son incorrectas, desde luego, ese tipo de condecoraciones no deberían existir», ha manifestado el portavoz socialista.

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 39 años y nacionalidad marroquí como presunto agresor sexual y explotador laboral de una joven que había estado sometida, durante aproximadamente dos años y medio, a una situación precaria, tanto laboral como personalmente, informaron fuentes del Cuerpo en un comunicado.

Fue la propia víctima quien acudió a Comisaría en busca de ayuda. A raíz de esta denuncia, agentes de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental (UCRIF) de Murcia comenzaron una investigación que culminó el pasado 9 de febrero con la detención del presunto autor por los delitos de agresión sexual, explotación laboral, favorecimiento a la inmigración irregular, delito contra la integridad moral, agresión sexual, lesiones y amenazas.

Al parecer, la víctima, además de ser denigrada moralmente por su jefe y explotador, era presuntamente golpeada y amenazada de manera habitual en su puesto de trabajo, sufriendo amenazas no solo hacía su persona, sino también hacia su hija pequeña, que estaba en Marruecos.

Una de las amenazas, en las que al parecer el detenido le decía que iba a hacer todo lo posible para que la expulsaran del país, derivó en continuas agresiones sexuales.

LARGAS JORNADAS LABORALES SIN REMUNERACIÓN

La víctima realizaba jornadas de 15 horas diarias durante el primer año y medio de trabajo. Con la llegada de las restricciones por la pandemia, las horas laborales se redujeron, pero aún así rondaban las 12 horas al día de lunes a domingo, sin derecho a vacaciones.

Por otro lado, su salario dependía de la recaudación del día y de la decisión de jefe, con lo que si a este le parecía que no había hecho una buena caja, la víctima no cobraba. Además, la mujer, que se encontraba en situación irregular en el país, había sido instruida para identificarse con otra identidad en el caso de que apareciera la Policía.

El día de la detención, la Policía Nacional practicó dos registros en los establecimientos regentados por el arrestado, en los que se intervino una gran cantidad de documentación que podría vincular a esta persona con la explotación laboral.

Ya que la máxima prioridad de los agentes era la protección de la víctima, se pusieron en contacto con una ONG para que esta recibiera ayuda y fuera asistida del trauma sufrido.

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia por su presunta participación en los delitos de explotación laboral, favorecimiento a la inmigración irregular, delito contra la integridad moral, agresión sexual, lesiones y amenazas.

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dejado este miércoles visto para sentencia el juicio por los atentados en Cataluña el 17 y 18 de agosto de 2017, que dejó 16 víctimas mortales y más de un centenar de heridos.

La vista oral contra Mohamed Houli Chemlal, Driss Oukabir y Said Ben Iazza comenzó el pasado 10 de noviembre y tras 32 sesiones ha concluido a la espera de que el tribunal determine el grado de implicación de los tres acusados en los atropellos masivos en La Rambla de Barcelona y el paseo marítimo de Cambrils (Tarragona).

Antes de dar por finalizado el juicio, los tres acusados han hecho uso de su última palabra insistiendo en que no tenían nada que ver con la célula yihadista que atentó en Barcelona y Cambrils. Houli Chemlal ha insistido en que actuó bajo amenazas de lo miembros del grupo; Driss Oukabir ha asegurado que no tenía ningún interés en lo que ocurrió y que habría intentado evitarlo de conocer el plan de atentar; y Ben Iazza confía en que «las pruebas hablen por sí mismas».

La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide penas que van entre ocho y 41 años de prisión al entender que, aunque contribuyeron a los objetivos de la célula yihadista, ninguno de los acusados tuvieron una participación directa en los atentados.

Por ello, rechaza acusar por el delito de asesinato terrorista, discrepando así con muchas de las acusaciones particulares y, en particular, con las acusaciones populares –ejercidas por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y la Asociación 11-M–, que solicitan para Houli Chemlal y Oukabir la pena de prisión permanente revisable.

UNO MOSTRÓ ARREPENTIMIENTO Y LOS OTROS DOS NEGARON LOS HECHOS

En la primera sesión los acusados ya dejaron ver cuál sería su estrategia de defensa durante el juicio. Mohamed Houli Chemlal, único superviviente en la explosión de la vivienda de Alcanar (Tarragona), donde se prepararon los explosivos para atentar, se acogió a su derecho a no declarar, aunque mostró arrepentimiento por lo sucedido e insistió en su colaboración con la justicia.

No obstante, los otros dos acusados se limitaron a responder a sus abogados, desmarcándose de la tesis acusatoria de la Fiscalía. Así, Driss Oukabir aseguró que «jamás» había estado en Alcanar, que no es religioso y que se dedicaba a «salir de fiesta», «consumir drogas» e «ir con chicas de compañía.

Asimismo, trató de desmontar la principal línea de acusación señalando que alquiló una furgoneta días antes del atentado porque su hermano Moussa y los amigos de éste Mohamed Hichamy y Younes Abouyaaqoub –abatidos tras los atentados– le dijeron que querían hacer una mudanza.

Por su parte, Said Ben Iazza también negó los hechos de acusación y dijo que no había tenido contactos ni con el imán de Ripoll (Girona) Abdelbaki Es Satty, a quien se considera líder de la célula yihadista, ni con Alcanar.

La acusación contra él se centra en la supuesta ayuda que prestó a la célula al dejar la furgoneta con la que Younes Abouyaaqoub realizó el atropello masivo en La Rambla, así como su documentación personal para, según la Fiscalía, ocultar la verdadera identidad del comprador de los productos químicos. El acusado explicó que prestó la furgoneta porque le comentaron que querían «transportar productos de limpieza».

DECLARACIONES DE LAS VÍCTIMAS

A lo largo de los tres meses de juicio han pasado ante el tribunal varias víctimas de los atentados que revivieron lo ocurrido. «Mi vida cambió ese día y hasta el día de hoy no he pisado La Rambla», afirmó con voz temblorosa una de las testigos.

«Todos los sentimientos que tiene uno en la vida para luchar quedaron rotos en el suelo de La Rambla», dijo Francisco Javier Martínez, padre del niño de tres años que falleció tras ser atropellado por Younes Abouyaaqoub.

Martínez, representado por los abogados Agustí Carles y Jaume Alonso-Cuevillas –diputado y abogado del expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont–, ejerce una de las acusaciones particulares, que ha cuestionado parte de la investigación: duda de que el imán Es Satty muriera en la explosión de Alcanar. Una cuestión que también han puesto encima de la mesa las defensas de Houli Chemlal y Oukabir.

Todas las víctimas relataron las secuelas psicológicas que padecen desde entonces, como estrés postraumático, ansiedad, dificultad para conciliar el sueño. También lo hicieron los agentes de Mossos d’Esquadra que abatieron a Younes Abouyaaqoub en Subirats (Barcelona) y a los cinco miembros de la célula que atentaron en Cambrils.

CAMBIO DE PLANES

Estas testificales completaron los testimonios de los mossos que desarrollaron la investigación abierta sobre la célula yihadista. El jefe de la unidad antiterrorista de la policía autonómica en el momento de los hechos y el instructor de los atestados policiales destacaron que de las pesquisas practicadas se concluyó que la intención era atentar el 20 de agosto en el estadio de fútbol Camp Nou, la Sagrada Familia de Barcelona y la Torre Eiffel de París.

La noticia de que la vivienda de Alcanar había saltado por los aires fue lo que provocó un cambio de planes en la célula yihadista: Younes Abouyaaqoub modificó la ruta que había iniciado y se dirigió hacia Barcelona, donde murieron 14 personas, explicó el instructor de los atestados policiales y recogió en su informe el Ministerio Público. En su huida, robó el coche de Pau Pérez, quien también falleció tras recibir una puñalada.

Horas después de lo ocurrido en La Rambla, añadió este agente, Mohamed Hichamy, su hermano Omar, Said Aalla, Moussa Oukabir y El Houssaine Abouyaaqoub fueron a Cambrils, en cuyo paseo marítimo quisieron «emular a Younes Abouyaaqoub», dejando otra víctima mortal antes de ser abatidos.

Sin embargo, para la mayoría de las acusaciones particulares y las populares, la única intención que tenía la célula era «matar y dañar», por lo que creen que la explosión de Alcanar no alteró su objetivo. Por ello creen que los acusados deben ser considerados responsables de los atentados porque participaron en los preparativos de atacar.

El tribunal también ha visionado imágenes en las que aparecen miembros de la célula yihadista preparando explosivos o duros vídeos inéditos de las cámaras de seguridad posicionadas en La Rambla de Barcelona que recogieron la trayectoria de la furgoneta. Hace un recorrido en forma de ‘s’ yendo a buscar donde hay más concentración de gente en La Rambla en aquel momento», describió uno de los mossos que analizó las cintas.

LAS BRONCAS DEL JUEZ GUEVARA

El presidente del tribunal, el magistrado Alfonso Guevara, ha sido uno de los protagonistas del juicio por el trato dispensado hacia los letrados. Su comportamiento llevó al Consejo General de la Abogacía Española a presentar una queja formal ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que la remitió a la Audiencia Nacional y finalmente archivó.

Una de las broncas más sonadas fue la que mantuvo con el abogado Jaume Alonso-Cuevillas, quien tras preguntar varias veces sobre qué no podía preguntar porque «no oía» las indicaciones del presidente, el letrado formuló protesta y agradeció la «amabilidad», algo que llevó al juez a regañarle.

«La ironía a otro lado, se lo advierto. Creo que no he faltado el respeto a ninguno, si me ha pedido que hable alto es por lo que estoy hablando alto, pero a mí no se me contesta de esa forma. A mí personalmente sí, a lo que estoy representando, no. Si ahora es moda no respetar las instituciones, aquí se respetan», dijo entonces Guevara.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha defendido la decisión de mantener el cierre de las actividades no esenciales a las 20.00 horas para evitar más contagios por Covid-19 después de que el Tribunal Supremo rechazara el adelanto del toque de queda y ha considerado que, pese a ser una medida «dura», «lo más fácil e irresponsable es no hacer nada».

Fernández Mañueco ha explicado la situación en la que se encuentran ahora las medidas impuestas por la Junta para reducir los efectos de la pandemia en un encuentro virtual con más de 500 empresarios de la Comunidad para explicar el reparto de fondos para la recuperación impulsados desde la UE.

En este foro, el presidentes ha insistido en que el anticipo de toque de queda ha sido una medida «efectiva y útil», además de «necesaria» en un momento en el que los datos de contagios estaban disparados. No obstante, ha explicado que se ha suspendido como consecuencia de la decisión del Supremo, lo que ha llevado a la Junta a adoptar otras decisiones «dentro de su responsabilidad» y dado el alto índice de ocupación sanitaria como ha sido el cierre a las 20.00 horas de actividades no esenciales.

«Sé que son medidas duras para empresas y familias y por tanto hay que hacer ese reconocimiento y agradecimiento de ese esfuerzo», ha defendido el presidente, quien ha recordado ante los empresarios que en el momento en el que se decidió adelantar el toque de queda la disyuntiva era adoptar esa medida o cerrar la actividad a las 18.00 horas. Optamos en aquel momento por la medida menos gravosa para la economía«, ha insistido.

Para el presidente de la Junta es esencial ahora luchar para reducir los contagios y los ingresos en los hospitales. «Cuanto antes reduzcamos el impacto del virus más rápidamente se recuperará la economía. Lo más sencillo es no hacer nada y también lo más irresponsable», ha insistido Fernández Mañueco.

El presidente de la Junta ha defendido igualmente que desde la Junta se han adoptado medidas para hacer frente a la crisis económica generada por la pandemia dentro del marco competencial y presupuestario de la Administración regional con acciones que han ayudado a aportar liquidez y ayudas directas.

Por último, el presidente de la Junta ha lanzado un mensaje de «esperanza» ante la llegada de las vacunas y la estrategia de cribados masivos iniciadas por la Junta. «Hay una puerta abierta a la esperanza en las vacunas, desde la seguridad sanitaria apostamos por la recuperación económica y de empleo», ha concluido.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido este miércoles el incremento hasta los 960.000 euros de las ayudas para las asociaciones de víctimas del terrorismo, cuya labor ha ensalzado por «crear memoria en el reconocimiento de la victoria contra ETA» y por llevar a cabo unas actividades que merecen una «valoración altamente satisfactoria».

Grande-Marlaska se ha pronunciado de esta forma tras pedirle el diputado de Vox Ignacio Gil Lázaro que se disculpara por «insultar» a las asociaciones al incluir «manifestaciones insidiosas» en la orden ministerial del 30 de diciembre sobre el plan de subvenciones, además de por la política penitenciaria y los acercamientos «masivos» de presos de ETA.

El ministro del Interior ha puesto en duda que Gil Lázaro haya leído la orden ministerial y se ha remitido al anuncio de convocatoria de estas subvenciones que este año aumentan en 30.000 euros y han sido adelantadas para hacer frente a las dificultades de la pandemia del Covid-19. Además, ha ligado su defensa del trabajo de las asociaciones con la petición del Gobierno para solicitar que en 2021 se celebre en España el Día Europeo de Víctimas del Terrorismo.

El diputado de Vox, no obstante, le ha reprochado la orden ministerial de finales de año: «Diga lo que diga, desde su Ministerio se realizan afirmaciones insidiosas, veladas, sobre la gestión de las víctimas del terrorismo, y así lo hace la orden ministerial de 30 de diciembre, que incorpora una especie de velada amenaza diciéndoles que si quieren recibir subvenciones en el futuro tienen que dejar de criticar la política de su Ministerio y además invitarle a usted a sus actos».

Grande-Marlaska ha ironizado sobre que Gil Lázaro puede «progresar adecuadamente» a la hora de exponer sus críticas en la sesión de control al Gobierno, subrayando que en la orden ministerial criticada se pone de relevancia «la excelencia del conjunto de proyectos de las asociaciones, dentro de la evaluación necesaria para el plan de subvenciones de 2021-2023».

AGRADECIMIENTO DE LAS ASOCIACIONES

«Se le ha pasado a usted por alto», le ha dicho a Gil Lázaro, «que las propias asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo dan las gracias a la unidad de la Dirección de Apoyo a las Víctimas del Ministerio por la ayuda para el desarrollo de esos proyectos que han propuesto».

Grande-Marlaska ha añadido que el reconocimiento de las víctimas del terrorismo forman parte de los principios de un Gobierno que «no se dedica a lanzar soflamas», citando de nuevo el incremento hasta los 960.000 euros para subvenciones. «Porque creemos en ellas, creemos en la labor creando la memoria, los valores democráticos y el reconocimiento a la victoria contra la organización terrorista ETA, donde tuvieron tanto que ver».

Gil Lázaro le ha dicho que preguntara «cara a cara» a las asociaciones de víctimas por su malestar, mencionando las excarcelaciones o que se consientan homenajes a presos de ETA, además de plantear por parte del Ejecutivo la despenalización del delito de enaltecimiento del terrorismo para que «tipos de la calaña de Hasel –en referencia al rapero Pablo Hasel– puedan verter su basura». «Usted ha pasado de azote judicial de ETA a mamporrero político de Bildu», le ha reprochado a Grande-Marlaska.

El pasado viernes, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) criticó los último acercamientos de presos de ETA con alusiones al anuncio para despenalizar el delito de enaltecimiento del terrorismo y también censuró que Interior se refiera a los programas de algunas asociaciones como «desfasados o no adaptados a la realidad actual».

En un comunicado, la AVT mencionaba el plan estratégico de subvenciones para los próximos tres años, en concreto por la orden ministerial publicada en el BOE el 30 de diciembre, que recogía textualmente: «La mayor parte de estas entidades continúan solicitando todos los años subvenciones para los mismos programas, muchos de ellos desfasados o no adaptados a la realidad actual y a las nuevas necesidades de las víctimas del terrorismo».

El grupo municipal de Más Madrid ha interpuesto este miércoles una denuncia en la Fiscalía Provincial por la comisión de un posible delito de odio en el homenaje el pasado sábado a la División Azul al «enaltecer la persecución a judíos y comunistas y trivializando el genocidio».

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha afirmado que las imágenes y discursos contra judíos y comunistas «no pueden permitirse en una sociedad democrática».

La denuncia argumenta que lo sucedido podría ser constitutivo de delitos de odio y racismo en base a los artículos 510 y 515 del Código Penal. Los hechos «podrían ser constitutivos de delito y que afectan de modo gravoso a los derechos, a las libertades y a los intereses generales de la ciudadanía», ha señalado Maestre.

«Las instituciones, tanto desde la judicatura como desde la política, deben defender la democracia y a todos los colectivos que caben dentro de esa democracia», ha remarcado la portavoz de Más Madrid. La denuncia presentada por el grupo municipal adjunta fotogramas y enlaces de vídeo y redes sociales de la manifestación.

Durante la marcha, encabezada por una persona que portaba la cruz celta (símbolo habitual del movimiento neonazi y supremacista) hubo cantos y gritos de apoyo a Hitler y Franco, además de gritos antisemitas y anticomunistas, han descrito.

A lo que han sumado que en el Cementerio de La Almudena se pronunció un discurso «claramente antisemita». «El enemigo siempre va a ser el mismo, aunque con distintas máscaras, el judío», exclamaron, seguido de proclamas anticomunistas. Entre los promotores, Más Madrid ha identificado a Ignacio Menéndez González Palenzuela, abogado de uno de los autores de la Matanza de Atocha, Carlos García Juliá.

«En ningún país mínimamente democrático se permiten este tipo de manifestaciones», ha insistido Rita Maestre, que ha insistido en que «la defensa de los derechos humanos y de los colectivos más vulnerables tiene que ser una seña de identidad» de los demócratas.

El alcalde de Vigo y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, ha señalado este miércoles que las corporaciones locales no están cuestionando las decisiones de Sanidad sobre la gestión de la crisis de la Covid-19, pero ha querido dejar claro que las administraciones que reciben los fondos europeos, como las comunidades, deben indemnizar a los sectores afectados por las restricciones: «El que cierra, paga», ha sentenciado.

En el coloquio telemático ‘Los municipios ante Europa’, organizado por Executive Forum y recogido por Europa Press, el regidor socialista ha añadido que «si una comunidad autónoma o si el sistema sanitario decide que es preciso cerrar la hostelería por bien común, hay que indemnizarlos».

Así, ha criticado que haya autonomías que pretendan que los ayuntamientos paguen la mitad de las indemnizaciones a la hostelería o a los autónomos, mientras las comunidades «lo hacen con fondos europeos». «Si a nosotros se nos hace presión política, tendremos que recibir fondos REACT-EU de Europa», ha añadido sobre esta cuestión que ha calificado que «serio problema».

Para Caballero, «esto se llama la ruptura de la forma constitucional de entender la lealtad constitucional porque si las comunidades reciben recursos, deben hacerlo con los fondos que reciben» y ha remarcado que «no vale el te cierro y te aguantas» porque, en sus palabras, si la hostelería recurre estas restricciones ante los tribunales «seguramente» gane.

En resumen, el regidor gallego ha pedido que, al igual que hay un fondo para el transporte, lo haya para este sector y ha zanjado este asunto haciendo hincapié en que «si las instituciones toman la decisión, los tendrán que indemnizar» porque ha explicado que el coste deberá asumirse globalmente.

«SECUESTRO DE FONDOS MUNICIPALES»

En este contexto, Caballero también se ha remontado a la Europa antes de llegara el coronavirus con objeto de explicar qué es lo que tienen que hacer los ayuntamientos. En este sentido, se ha referido a la arquitectura constitucional del Estado y ha señalado que en la anterior crisis económica hubo un «intento de disminuir la capacidad de actuación en el ámbito local».

Ha explicado que a partir de 2012 se iniciaron leyes que «impiden» a las corporaciones locales desarrollar su actividad con la capacidad propia de una administración con autonomía, tal y como recoge la Constitución. «Leyes que trae como consecuencia una especia de secuestro de fondos municipales», ha precisado.

«Los famosos remanentes los tenemos secuestrados a través de una ley orgánica que no nos los deja utilizar», ha remarcado, al tiempo que ha añadido que la situación «empieza a tener una salida distinta» a partir del año 2018 con el cambio de Gobierno. Sin embargo, ha lamentado la irrupción de la Covid en un momento de financiación «insuficiente» con un volumen muy importante de ahorros que no pueden utilizar.

En este sentido, ha destacado que las corporaciones locales vertebran España porque tienen «formas comunes de atenderla y atienden problemas comunes» al margen de su color político y ha celebrado que por primera vez en la historia constitucional de España «los ayuntamientos tienen voz» con su participación en las conferencias sectoriales del Estado con la comunidades autónomas. «Esto es un gran avance», ha asegurado, tras mencionar su participación regular en la Conferencia de Presidentes y en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

«Por tanto, estamos incorporados a esta nueva forma de entender la arquitectura constitucional», ha remarcado, aunque preguntado por la necesidad de realizar una reforma en la Constitución ha aseverado que «tan pronto como la haya los ayuntamientos van a estar» y, en ese momento, presentarán las competencias municipales que tienen que venirse a los ayuntamientos.

Ciudadanos (Cs) ha acusado este miércoles al vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, de presionar a la prensa para tapar las «miserias» de su partido, y éste ha afirmado que los medios son «un poder real» que no tiene «ningún elemento de control democrático».

«¿Sabe cuál es la diferencia del poder mediático con respecto al poder ejecutivo, al poder legislativo y al poder judicial? Que no hay ningún elemento de control democrático», ha afirmado Iglesias al ser interpelado en el Pleno del Congreso por el diputado de Ciudadanos Guillermo Díaz.

El parlamentario de la formación naranja ha afirmado que Iglesias «ha recrudecido su ofensiva contra la prensa y periodistas españoles» porque quiere «silenciar» a quienes le son «incómodos». «Hay quien dice que usted quiere silenciar a la prensa porque denuncian la corrupción de Podemos», ha añadido.

«Con actitudes así, persiguiendo el periodismo, señalando a periodistas para que no denuncien sus miserias es el inicio de la muerte de la democracia», ha manifestado Guillermo Díaz, quien considera que la situación actual es «muy delicada» ya que «desde La Moncloa, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, el señor Iglesias dijo que había que naturalizar el insulto a los informadores».

En este sentido, ha advertido de que el insulto es «el eufemismo de mucho más» y ha añadido que «busca la coacción, el señalamiento, busca que la prensa hoy no informe de que Monedero ha sido imputado o que no informe de las facturas falsas de las obras de su sede».

En el turno de réplica, el vicepresidente segundo del Gobierno ha dicho que el papel de los medios de comunicación en la conformación de sociedades democráticas es «un tema tabú del que parece que está prohibido hablar.

«Creo que eso es el síntoma de una carencia de nuestra democracia que es necesario superar», ha manifestado, para después añadir que el poder mediático tiene un papel y una influencia «determinante» en la opinión pública y en la democracia. Así, ha afirmado que son quienes deciden las agendas, «los temas de los que se habla y de los que no se habla», y ha insistido en que «deciden buena parte de todo lo que se puede ver, oír y leer» en España.

Por otro lado, Iglesias ha indicado que «los poderes mediáticos han tenido históricamente y siguen teniendo una capacidad enorme para ejercer presiones sobre los actores políticos». ¿Sabe quién dijo esto de manera clarísima en televisión en directo? El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez», ha recordado.

Iglesias también se ha preguntado «cuáles son los dispositivos de control de la ciudadanía sobre un poder tan inmenso que además es un poder empresarial, un poder empresarial concentrado en pocas manos, fundamentalmente, en manos de bancos y grandes empresas y fondos buitres».

«Es un peligro para el periodismo que el sistema mediático esté dominado por los bancos y por los fondos buitre tiene consecuencias sobre la libertad en el ejercicio del periodismo», ha insistido. Además, ha señalado que Madrid tiene un «protagonismo excesivo» en canales estatales y cree «necesario democratizar los poderes mediáticos en España para que haya más pluralidad».

CS: EL CONTROL «LO EJERCE LA CIUDADANÍA»

Según Guillermo Díaz, «el control sobre los medios lo ejerce la ciudadanía escuchando, leyendo o comprando medios». De este modo, ha explicado que hay medios de comunicación que son propiedad de periodistas y otros de bancos, que «dependen de que los lectores o los oyentes los sostengan». «Usted perderá y no conseguirá callar a la prensa», ha zanjado, para reclamar el cese de los ataques y su dimisión «si no es capaz de controlarse».

Iglesias ha respondido que «hay muy pocos medios de comunicación que sean rentables, algunos incluso reconocen abiertamente que viven de la publicidad institucional». «¿O cómo se han generado estructuras de poder en determinados territorios? No es rentable, señoría. No es rentable, no es rentable Por eso, algunos entienden que no hay ningún problema en perder dinero si con eso se puede tener influencia mediática», ha agregado.

A su juicio, «una sociedad en la que solamente los millonarios pueden tener grandes medios de comunicación es una sociedad limitada democráticamente». «Los dueños de los medios de comunicación tienen más poder que usted, que ha sido elegido por la ciudadanía, e incluso tienen más poder que yo, que soy vicepresidente del Gobierno y usted no sabe», ha apostillado, para concluir: «Dígame con el corazón en la mano que eso le parece normalidad democrática».

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha evitado este miércoles rectificar sus palabras sobre la conveniencia de que la Unidad Militar de Emergencias (UME) hubiera intervenido hace un año en el derrumbe del vertedero de Zaldibar, aunque ha trasladado su «apoyo y empatía» al Gobierno vasco.

«No puedo entender que en algunos sitios se diga que la UME no puede venir, cuando a lo mejor si la UME hubiera intervenido hace un año, un cadáver no estaría en un sitio», dijo hace una semana Robles en la presentación de una revista. Estas palabras provocaron la protesta del Gobierno vasco y del PNV, que exigieron una inmediata rectificación.

Este miércoles, el diputado vasco Joseba Agirretxea ha vuelto a pedírselo en la sesión de control al Gobierno en el Congreso y Robles ha evitado rectificar, aunque tampoco ha repetido sus polémicas palabras.

«En este momento lo importante es la solidaridad, la empatía y el apoyo con quienes trabajan en el vertedero; sin ninguna duda con el Gobierno vasco, las administraciones vascas y sobre todo el cariño y apoyo a las familias de Alberto y de Joaquín», ha respondido la ministra aludiendo a los dos trabajadores fallecidos en el suceso.

PALABRAS «FRÍVOLAS» Y «PATÉTICAS»

El diputado del PNV ha defendido que el cadáver de Joaquín Beltrán lleva siendo buscado «incansablemente» desde hace un año y ha calificado de «impresentable» la acusación de la ministra de Defensa. «¿Está diciendo que el Gobierno vasco no hizo todo lo que estaba en sus manos para salvar vidas?», ha preguntado.

En este sentido, ha aludido a las labores de «especialistas de alto nivel» que tuvieron que intervenir antes de llevar a cabo las labores de búsqueda y ha asegurado que la propia Robles dijo hace un año al Gobierno vasco que «no tenía ningún sentido que la UME se desplazara allí porque no iba a aportar nada».

Para Agirretexea, las palabras de la ministra podrían calificarse de «frívolas» y «patéticas» si no fueran «dramáticas», ya que se está hablando de dos vidas «que tienen nombres y apellidos». «Sabe que no se han escatimado recursos ni esfuerzos», ha reivindicado recomendando a Robles que, si quiere ensalzar la labor del Ejército, no «embarre el terreno» con «mezquinas declaraciones».

«La pandemia nos ha enseñado a todos, o nos lo debería haber enseñado, que cuando hay un drama humano como el ocurrido en Zaldibar lo único importante son las personas y sus familias», ha respondido Robles, que además ha asegurado que se siente muy «solidaria» con el gobierno al que le toca gestionar un «drama».

«El Gobierno vasco, como la administración vasca y todos los que están trabajando, tendrán siempre mi respeto, mi solidaridad y mi empatía. Y en su caso, si fuera necesario y cuando fuera necesario, el apoyo y colaboración entre administraciones», ha apuntado.

«¿POR QUÉ NO RECTIFICA?», INSISTE EL PNV

En este sentido, ha sostenido que lo más importante en política debe ser la «humanidad» y «pensar en los que sufren». «Me consta que el Gobierno vasco ha pensado en quien sufre, me consta que ha hecho todo lo que está en su mano, pero lo importante en este momento es la empatía y el apoyo», ha ahondado segura de que el Ejecutivo vasco comparte esta idea.

«La pregunta sigue estando en aire, ¿por qué no ha rectificado todavía? Independientemente de las condolencias y apoyos», ha ahondado el diputado del PNV, a lo que Robles ha respondido insistiendo en la necesidad de «solidaridad» y apoyo a las familias de los fallecidos.

El juez de lo Contencioso-Administrativo número 28 de Madrid ha dado un plazo de diez días al Ayuntamiento de Madrid para que informe sobre el patrimonio financiero de la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena, en ejecución de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

Así consta en una diligencia de ordenación dictada el pasado 9 de febrero, a la que ha tenido acceso Europa Press y adelantada por ‘La Razón’, en la que se solicita también al Consistorio madrileño que le informe del órgano encargado, dentro del Ayuntamiento, de ejecutar la sentencia.

La causa tiene su origen en la petición realizada en 2016 por el escritor Guillermo Rocafort Pérez para poder acceder a la información en relación «a la declaración de bienes de la entonces alcaldesa de Madrid en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Madrid en la que solicita que se le informe del nombre del SICAV o Sicavs donde tiene invertidos los 430.000 euros que declara».

El pasado junio, el TSJM ordenó al Consistorio capitalino revelar información pública sobre una inversión privada que consta en la declaración de bienes de la exalcaldesa madrileña, publicada en 2016 en el Portal de Transparencia de la web del Consistorio madrileño.

En la sentencia, se rechazaba el recurso de apelación formulado por el Ayuntamiento de Madrid, entonces en manos de Ahora Madrid, contra la sentencia de 14 de noviembre de 2018, dictada por el juez de lo Contencioso-Administrativo número 28 de Madrid.

En noviembre de 2018, el juez de instancia instó al anterior Consistorio a que procediera a tramitar una solicitud de acceso a la información pública en relación a la citada inversión de Carmena al estimar en parte un recurso interpuesto contra la denegación del Consistorio en acceder a la citada petición.

El instructor acordó entonces estimar el recurso y anular la resolución recurrida al no ser conforme a Derecho al vulnerar la Ley de la Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno en lo que respecta el patrimonio de la regidora.

La sentencia señalaba que «teniendo en cuenta que supone la restricción de un derecho constitucional recogido en el artículo 105.b», la inadmisión de la solicitud de información «debe estar necesariamente fundada en algunas de las causas previstas en el artículo 18 de la Ley 19/2013» de la citada norma.

El denunciante ha señalado que «la Ley de Transparencia ha sido un avance muy importante en la posibilidad de la ciudadanía española en escrutar y exigir a nuestros dirigentes las más altas cotas de honradez y de probidad».

Así, ha destacado que es «evidente que Manuela Carmena no ha pasado dicho filtro y esto es algo que sin duda marca un antes y un después, pues como se decía de la mujer del César, no basta con ser honesta, sino que hay que parecerlo, y en este caso, Manuela Carmena, con su falta de colaboración, ni lo es ni lo parece».

Sobre el asunto, Carmena manifestó que se trataba de «un bulo» afirmando que todo estaba en su declaración de Hacienda y en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento.

«Me veo obligada a desmentir el bulo sobre mis supuestas inversiones en una SICAV. No tengo una SICAV y tampoco es un dinero opaco u oculto. Está en mi declaración de Hacienda y en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Madrid», dijo entonces

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha lanzado al PP que entiende que se cambien de sede, como anunció ayer su líder Pablo Casado, tras los casos de corrupción que han asolado a la formación, pero ha advertido de que la ciudadanía querría «simplemente que dejara de robar».

Por otro lado, ha acusado a la formación que dirige Santiago Abascal de hacer «permanentemente apología» de la «dictadura» y el «terrorismo de Estado», como revelan los mensajes de condolencias trasladados por cargos de este partido ante la muerte del exgeneral de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo, condenado por el terrorismo de Estado del GAL.

En la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, Iglesias ha recordado a Casado que le advirtió en el pasado, en esa misma tribuna, del riesgo que suponía su estrategia de «alimentar a la bestia», en alusión a Vox, y que las elecciones catalanas del pasado 14 de febrero han revelado que dicha «bestia les está devorando».

CASADO, EL «PAGAFANTAS» DE VOX

«Está usted rodeado de corrupción, de carreras y másteres falsos y va a terminar como pagafantas de la ultraderecha. Patético, señor Casado», ha sentenciado el también líder de Podemos.

Iglesias ha sido cuestionado por el secretario general del PP, Teodoro García Egea, por sus polémicas declaraciones de la semana pasada en las que cuestionaba la «plena normalidad democrática del país» a cuenta de varias situaciones, como la marcha del país del rey emérito Juan Carlos I o el bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

García Egea ha aprovechado el arranque de su intervención para replicar una referencia previa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien previamente había aconsejado a Casado que visionara la película ‘El Sirviente’, de Joseph Losey.

Y es que, a su juicio, a Sánchez le gusta este film porque es «autorreferencial», pues entiende que su papel es ser el «señorito de Iglesias» pero, con una diferencia, y es que en la película «el señorito paga con su dinero al sirviente y aquí se paga con dinero público».

PP: LA ANORMALIDAD ES ESTE GOBIERNO

El ‘número dos’ del PP ha dicho que entiende sus palabras sobre anormalidad democrática con este Gobierno de coalición, que acosa al Poder Judicial, pone a una exministra como Dolores Delgado al frente de la Fiscalía, que defiendan a los okupas y cuenta con la presencia de un partido «imputado por corrupción», en alusión a Podemos.

También ha incidido en la anormalidad que implica tener tres ministros salpicados por el «escándalo de Isofotón» y la labor de un vicepresidente que defiende más a un rapero, en referencia a Pablo Hasel, que a un «hostelero y a un autónomo».

Posteriormente, ha recriminado al vicepresidente, que tiene sueldo público pero «no está claro que trabaje», se dedica a decir «sandeces». A continuación, ha instado a que RTVE, que puso un «vergonzoso rótulo» sobre la Princesa Leonor, debería destacar de «cara al servicio público» que Iglesias es el dirigente de un partido imputado o que la diputad autonómica de Podemos, Isa Serra, está condenada a 19 meses de cárcel.

En esta línea, ha recomendado otros rótulos como: «Alberto Rodríguez, diputado o apaleador de policías e Irene Montero, ministra de Igualdad con asesor y niñera». Finalmente, García Egea ha asegurado que no hay rótulo que tape su incompetencia y está convencido que muchos votantes no hubieran votado al PSOE si hubieran sabido que iba a ser vicepresidente.

En su turno de réplica, Iglesias ha dicho que «ojalá hubiera plena normalidad democrática» y cree que el diputado popular comparte esa anomalía pero por razones distintas, pues uno de las situaciones que han llevado a ese cuestionamiento es que el PP se financiara ilegalemente desde casi antes de su fundación o que la expresidenta del PP, Crisitna Cifuentes, se «vaya de rositas» del caso máster y el rapero Hasel ingrese en prisión.

Por tanto, ha afeado a los populares que vengan al Congreso a «insultar y patalear», para augurar que van a seguir en esa actitud mucho tiempo mientras ellos gobiernan.

VOX: IGLESIAS ES UN «PIRÓMANO»

Además, la diputada de Vox Macarena Olona ha cuestionado la aportación al Gobierno de Iglesias, más allá de que cuente con coche oficial y que garantice un cargo público a su entorno más inmediato, para criticar que en el pack de ministro socialista venga «una niñera financiada con dinero público».

«Tenemos un autentico pirómano en el Consejo de Ministros», ha dicho Olona parafraseando el manifiesto de excargos del PSOE, PP y Cs pidiendo el cese de Iglesias y también ha aludido a las palabras del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, quien afirmó que «la democracia en España se pone en solfa desde que el Partido Comunista forma parte» del Ejecutivo.

La presidenta del BBB del PNV, Itxaso Atutxa, ha afirmado este miércoles que espera que en Cataluña se forme un Govern que «traiga estabilidad», y ha destacado «el talante y la posición favorable al acuerdo y a la colaboración» de los candidatos a president del PSC y de ERC, Salvador Illa y Pere Aragonés, respectivemente, para recordar que «Illa no es Borrell, ni Aragonés es Torra o Puigdemont».

En una entrevista concedida a Bizkaia Irratia, la dirigente jeltzale ha reconocido que la campaña electoral ha sido «dura por momentos», y ha lamentado que «los vetos y las líneas rojas se pusieran demasiado pronto».

Así, ha indicado que, además del resultado logrado por las formaciones independentistas, «hay otra cosa importante, que es el que el candidato del PSC es otro», en referencia a Salvador Illa.

«Creo que Illa no es Borrell, y Aragonés, que quizá será el presidente, no es ni Torra ni Puigdemont. No quiero decir nada malo con eso, sino que ambos han mostrado el talante y la posición favorable al acuerdo y a la colaboración», ha reiterado.

En este sentido, ha destacado que lo que pide la situación es diálogo, sobre todo porque, en su opinión, «la estabilidad es necesaria, y seguramente una estabilidad transversal». Por ello, ha afirmado que la postura que ERC mantiene en el Congreso con el PSOE y el Gobierno «puede tener influencia».

«Quizá los partidos impulsores de la mesa de diálogo pueden poner más voluntad ahora en buscar un verdadero Govern estable, o que, si el PSC está en la oposición, sea con otra actitud», ha dicho.

Asimismo, ante los malos resultados cosechados por el PDeCAT, aliado histórico del PNV, Atutxa ha destacado que «se ha visto que en una separación nadie sale ganando».

La dirigente jeltzale ha asegurado que es «una gran pena» para el PNV que el PDeCAT se haya quedado sin representación en el Parlamento catalán, «porque históricamente ha hecho un gran esfuerzo para que en Cataluña hubiera otra opción de nacionalismo».

En todo caso, ha recordado que la formación aún mantiene cuatro diputados en el Congreso y «mucha fuerza» en los ayuntamientos, aunque ha reconocido que «va a ser duro para ellos reestructurar de nuevo el partido».

ROBLES

Por otro lado, Itxaso Atutxa ha afimado que sintió «enfado» cuando la ministra de Defensa, Margarita Robles, dijo que. «si hubiera ido la UME, quizá no habría un cadáver desde hace un año» en el vertedero de Zaldibar, «porque ella sabía bien que lo que estaba diciendo no era verdad».

«En su momento nos dijo que no tenían nada más que ofrecer, porque nosotros ya pusimos en marcha todos los recursos para realizar los trabajos que había que hacer. Dicho eso, no podemos entender a qué vinieron esas declaraciones», ha lamentado.

En este sentido, ha indicado que la ministra de Defensa quizá dijo esas palabras en el contexto de «una reivindicación ciega del Ejercito, y digo ciega porque tuvo que caer en la mentira para realizar esa defensa».

La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido la decisión de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de acordar la puesta en libertad del comisario jubilado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo por las tres piezas por las que será juzgado.

Fuentes fiscales han confirmado que el motivo del recurso es que hay una falta de motivación para la puesta en libertad, y que al ser un solo procedimiento (las tres piezas se enjuiciarán en una sola vista oral) las tres causas no pueden utilizarse para fragmentar la situación de prisión acordada en la causa principal eludiendo la preferencia en el señalamiento de las causas con preso.

Hace exactamente una semana la Sala acordaba libertad para Villarejo pero la decisión no suponía su excarcelación porque pesa sobre él la prisión provisional acordada por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García-Castellón, por el resto de piezas.

En concreto, se dictaba su libertad por las piezas 2, 3 y 6 de ‘Tándem’ conocidas como Iron, Land y Pintor, cuya instrucción ya finalizó en 2020 y están pendientes de celebración de juicio oral. El comisario se encuentra en prisión provisional desde el 5 de noviembre de 2017, y el tribunal entiende que debe ser puesto en libertad provisional teniendo en cuenta los escritos de calificación, el tiempo que lleva privado de libertad y que está en prisión provisional a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 6 por el resto de piezas de ‘Tándem’.

De hecho, la razón de esta puesta en libertad es la naturaleza del delito más grave por el que se le juzga en estas piezas, el cohecho. Según fuentes jurídicas consultadas, este tipo está penado con hasta seis años de prisión, y Villarejo ya permanece en el Centro Penitenciario de Estremera desde hace tres años y cuatro meses aproximadamente, por lo que no debería seguir en prisión preventiva a la espera de juicio oral.

En el auto, los magistrados se apoyaban para adoptar esta decisión en los artículos 503, 504 y 528 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En el punto 2 del artículo 504 se detalla, en concreto, que la duración de la prisión provisional no podrá exceder de dos años si la pena privativa de libertad señalada para el delito (cohecho en este caso) fuera superior a tres años. Pero deja abierta la posibilidad de que, si las circunstancias hacen que no pudiera ser juzgada la causa en plazo, el juez o tribunal podrá acordar una prórroga de hasta dos años si el delito tuviera señalada pena privativa de libertad superior a tres años.

MÁS DE CIEN AÑOS POR LAS TRES PIEZAS

Los tres ‘proyectos’ a los que se refiere la Sala son los primeros sobre los que el Juzgado Central de Instrucción número 6 ha finalizado las pesquisas. Si se suman las penas que solicita el Ministerio Fiscal para Villarejo por las tres, el comisario podría ser condenado a más de 109 años de prisión.

En concreto, en ‘Iron’ la Fiscalía Anticorrupción solicita 57 años de cárcel y una multa de más de 700.000 euros para Villarejo y una pena de 52 años de prisión para el comisario Enrique García Castaño, por el encargo de un despacho de abogados de espiar a un bufete de la competencia.

Entre los delitos se incluye el cohecho, el tráfico de influencias, el descubrimiento y revelación de secretos y la falsedad en documento mercantil. Junto al comisario y a García Castaño se sientan otras 12 personas (entre ellos a policías y abogados) y el bufete Herrero & Asociados.

Por su parte en ‘Land’, Anticorrupción solicita 38 años y 10 meses de cárcel y una multa de 252.000 euros para el comisario. En esta pieza se ha investigado el encargo de labores de espionaje por la disputa por la herencia del fundador de urbanización de lujo ‘La Finca’.

En esta pieza número 3 de la macrocausa el juez considera que hay indicios suficientes para juzgar además a la esposa del comisario, Gema Alcalá, a su socio Rafael Redondo, a García Castaño, a los administradores de la ya extinta inmobiliaria Procisa Susana García-Cereceda y Francisco Lorenzo Peñalver, y a su jefe de seguridad David Fernández Aumente. Los delitos que imputa son cohecho, descubrimiento y revelación de secretos, y un delito continuado de falsedad en documento mercantil.

En cuanto a la pieza ‘Pintor’, por la que Fiscalía solicita 14 años de cárcel para el comisario, versa sobre el encargo que le habrían hecho unos empresarios para extorsionar a un exsocio y al abogado de éste, el exjuez Francisco Javier de Urquía.

COINCIDENCIA DE VARIOS ACUSADOS

La Sala de lo Penal, acordaba la semana pasada enjuiciar las tres piezas a la vez atendiendo a recursos de varios de los acusados, y al entender que coinciden varios de ellos en las tres, que el delito de revelación de secretos aparece en todas, y que el de cohecho activo y pasivo se halla en dos. Suma que el hecho de que el resto de delitos por los que se ejerce la acusación, es decir, falsedad documental y tráfico de influencias o extorsión en grado de conspiración, no son incompatibles con los anteriores.

También tiene en cuenta que los delitos ocurren en un determinado lapso temporal, y que hay coincidencia de las pruebas pedidas por Fiscalía en las tres y por Abogacía del Estado en dos de ellas. Así, y con el objetivo de agilizar, el tribunal señala que a pesar de que son hechos diferentes hay una conexidad legal entre ellos y la pieza principal de la dimanan.

En el mismo auto, los magistrados rechazaban la inhibición de la causa planteada por algunos investigados y mantiene la competencia de la Audiencia Nacional.

La vicepresidenta cuarta del Gobierno, Teresa Ribera, y los ministros de Hacienda, María Jesús Montero, y de Agricultura, Luis Planas, han rechazado este miércoles en el Congreso las reiteradas peticiones de dimisión del PP por el caso de las subvenciones que el Gobierno socialista andaluz concedió a la empresa Isofotón.

«Es una lista de mentira, infamias y difamaciones», ha espetado la vicepresidenta Ribera a una pregunta del diputado del PP Juan Diego Requena Ruiz, que ha acusado a la dirigente ‘socialista’ de haber borrado de su currículum su pasado en la empresa Isofotón y de haber recibido ayuda de sus actuales compañeros de Gabinete, María Jesús Montero y Luis Planas.

En este sentido, Ribera ha negado una antigua relación con María Jesús Montero, asegurando que conoció a la actual ministra de Hacienda cuando coincidieron en el Consejo de Ministros, durante la primera legislatura de Pedro Sánchez. La vicepresidenta cuarta ha acusado al PP de «embarrar» el debate y le ha pedido que se tome «en serio» los desafíos del sistema.

«POLÍTICA DE TIERRA QUEMADA»

La Fiscalía Anticorrupción apunta al Gobierno andaluz del socialista José Antonio Griñán, del que formaron parte los ministros María Jesús Montero y Luis Planas como consejeros entonces de Salud y Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, en la investigación de la concesión de una ayuda de 8,3 millones para la empresa Isofotón en 2012.

Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, el PP ha formulado hasta tres preguntas relacionadas con el caso Isofotón, siendo una de ellas para la ministra portavoz. Aquí, Montero ha incidido en que las afirmaciones de los diputados ‘populares’ eran «mentira e injurias», después de que la parlamentaria del PP Carolina España le haya recordado también el caso de los EREs y le haya pedido con insistencia su dimisión.

En línea con los demás ministros, Montero también ha arremetido contra el PP recordándole su debacle electoral en Cataluña y el cambio de la sede nacional que anunció ayer el presidente de la formación ‘popular’, Pablo Casado, para romper con el pasado y con la corrupción.

«Dejen de difamar y dejen de practicar esa política de tierra quemada que en las urnas le critican», ha sentenciado la Portavoz del Gobierno.

PLANAS: ESTÁN INTENTANDO CALUMNIAR

Por su parte, el ministro de Pesca, Agricultura y Alimentación, Luis Planas, ha vuelto a repetir la idea de sus compañeros de Gobierno que le precedían en el uso de la palabra y ha acusado a los ‘populares’ de intentar «difamar y calumniar» a los miembros del Gobierno con sus incriminaciones sobre este caso Isofotón.

En concreto, la diputada del PP Milagros Marcos ha cuestionado a Planas si su «nula defensa del sector agrario y su atronar silencio tienen algo que ver con la trama de Isofotón». «La respuesta a la pregunta formulada es no», ha sostenido brevemente el ministro.

Por último, Planas ha defendido su trabajo al frente del Ministerio y no ha dado más explicaciones sobre el caso de Isofotón, aunque sí que ha vuelto a recordar el resultado electoral de los ‘populares’ en los últimos comicios catalanes. Además, el ministro se ha llevado la crítica al terreno de la agricultura y la alimentación, acusando a Casado de limitarse a actuar en este ámbito a través de una foto con un cochinillo en brazos.